El exámen tecnológico determinó que el teléfono celular de Andrés García Campoy tuvo actividad días después de su muerte, mientras estaba bajo custodia judicial, lo que pone en duda la hipótesis de suicidio y refuerza las irregularidades que motivaron la reapertura de la causa por el asesinato del joven en un retén de Gendarmería en Mendoza.
El celular de Andrés García Campoy no debía volver a encenderse después del 13 de junio de 2014, el día en que el joven murió de un disparo en la cabeza tras ser detenido en un retén de Gendarmería en Mendoza. Sin embargo, un reciente peritaje tecnológico determinó que el celular tuvo actividad posterior a su muerte.
Cuando el dispositivo ya estaba bajo custodia judicial, se conectó a Internet, se reinstaló la aplicación WhatsApp, se verificó la cuenta, se eliminaron mensajes y se modificó un estado que había sido utilizado durante años para sostener la hipótesis de un suicidio.
El hallazgo no es menor. La manipulación de una prueba clave se conoce en el marco de una causa que fue reabierta recientemente por la Cámara Federal de Mendoza, que revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados por la muerte de García Campoy –Maximiliano Alonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez– y ordenó nuevas medidas probatorias. Lo que durante más de una década fue presentado como un caso cerrado, hoy vuelve a quedar bajo sospecha, atravesado por irregularidades, omisiones y posibles responsabilidades institucionales.
Actividad posterior a la muerte
El peritaje fue realizado sobre el celular LG que pertenecía a Andrés García Campoy y concluyó que existió actividad de WhatsApp entre el 23 de junio y el 3 de julio de 2014, es decir, varios días después de su fallecimiento. Entre los hallazgos más relevantes, se detectaron nueve mensajes eliminados manualmente, la reinstalación y verificación de la cuenta mediante SMS, la sincronización de contactos y estados, y conexiones efectivas a internet a través de redes Wi-Fi.
Según los peritos, el último momento legítimo en el que el dispositivo podría haber tenido actividad era el 13 de junio de 2014, el día de la muerte de García Campoy. Todo lo ocurrido con posterioridad excede cualquier práctica investigativa regular. “No solo no se preservó la prueba, sino que se la alteró”, declaró a ANCCOM Leonardo Pérez Videla, abogado de Mónica Campoy, madre de la víctima. “Hubo personas que se metieron, borraron mensajes y dañaron una prueba esencial en este caso, que es el teléfono”.
Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con el estado de WhatsApp que aparecía asociado a la cuenta de García Campoy y que contenía un mensaje con tono negativo sobre la vida: “trato de seguir adelante, pero no veo incentivos ni futuro”.
Ese texto había sido utilizado para reforzar la hipótesis de que el joven atravesaba una crisis personal y que se habría quitado la vida. Pero el peritaje determinó que no hay elementos que indiquen que ese estado haya sido escrito por García Campoy. “Ese mensaje fue insertado después de la muerte de Andy, no lo escribió él”, afirmó Pérez Videla.
El abogado comentó que intervino una división de delitos tecnológicos de la policía en la custodia del dispositivo y aclaró: “esa información fue falsa o, en su defecto, el teléfono no estuvo realmente ahí. Lo cierto es que fue manipulado. O engañaron al juzgado o hubo encubrimiento, eso es lo que vamos a esclarecer”.
Una denuncia sostenida durante once años
Para Mónica Campoy –la madre de Andrés–, los resultados del peritaje no hacen más que confirmar lo que viene denunciando hace once años. “Lo primero que tenían que haber abierto era el celular de Andrés. Siempre dije que era raro que no se pudiera abrir un teléfono común y corriente. Andy murió el 13 de junio, ¿cómo va a seguir andando el celular después de ese día y mientras estaba bajo custodia?”, se preguntó.
La mujer recordó que el teléfono fue secuestrado inmediatamente después de la muerte de su hijo y que meses más tarde se lo devolvieron con la explicación de que estaba roto y que no había tecnología para acceder a su contenido. “Cuando me dijeron del estado que había puesto Andy, yo dije que eso nunca lo podría haber dicho mi hijo. Por eso pedí que abrieran el celular. Ahora están las pruebas”, sostuvo.
Campoy deberá declarar a fines de febrero en el marco de la investigación por la manipulación del dispositivo. Para ella, lo ocurrido con el celular es “un delito muy grave” y una señal de que “algo se quiso tapar”.
“Espero justicia”, dijo. “Andy era un chico brillante, le arruinaron la vida. Y lo más triste es no saber por qué lo mataron”.
La causa reabierta
La revelación del peritaje tecnológico se produce en un contexto judicial distinto al que marcó los primeros años del expediente. En 2024, la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza revocó el sobreseimiento de los gendarmes Maximiliano Alonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, imputados por la muerte de García Campoy, y ordenó profundizar la investigación con nuevas pericias balísticas y forenses. “Todo es distinto porque ahora realmente están haciendo lo que no se hizo hace once años atrás”, dijo Campoy.
El tribunal consideró que existían “defectos en la valoración de los elementos de prueba” y cuestionó la forma en que se había cerrado el caso en 2014. La apelación que permitió reabrir la causa fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal y se apoyó en una serie de irregularidades que nunca habían sido debidamente investigadas.
La causa había quedado en manos del entonces juez federal Walter Bento, quien dictó la falta de mérito y luego el sobreseimiento de los gendarmes, sosteniendo la hipótesis del suicidio. Bento fue detenido en 2023 y hoy enfrenta múltiples acusaciones –entre ellas, asociación ilícita, cohecho, prevaricato, falsedad ideológica y encubrimiento–. Su figura aparece de manera recurrente en los cuestionamientos al modo en que se instruyó el expediente, y fue una causa clave para la reapertura del caso y el revocamiento de la sentencia anterior.
“Bento actuaba como abogado de los gendarmes”, afirmó Mónica Campoy. Y aseguró: “investigó a toda mi familia y a ellos los largó. Nunca llegamos a un juicio oral porque él sostenía que mi hijo se había suicidado, basándose en un texto que ahora sabemos que fue manipulado”.
El retén y las dudas
Andrés García Campoy tenía 20 años y era estudiante de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad. El 13 de junio de 2014, conducía su Peugeot 504 por la Ruta 7, en Luján de Cuyo, cuando fue detenido en un retén de Gendarmería. Allí, en circunstancias que nunca fueron esclarecidas, murió de un disparo en la cabeza. “Hay que demostrar que a Andy lo mataron”, dijo su madre.
La versión de los gendarmes fue que el joven se disparó a sí mismo con una vieja carabina que llevaba en el vehículo. Sin embargo, las pericias realizadas en el cuerpo de García Campoy arrojaron inconsistencias: el orificio de bala, de aproximadamente siete milímetros, se encontraba casi en la nuca, detrás de la oreja izquierda, una posición poco compatible con la hipótesis de suicidio. Tampoco se hallaron restos de pólvora en sus manos ni en su ropa, ni sangre dentro del automóvil.
La carabina en cuestión era un arma antigua, heredada de su abuelo, que no funcionaba correctamente y que el joven llevaba para mostrarla a un posible comprador. Justamente, las conversaciones con esa persona podrían haber estado en su teléfono celular, hoy convertido en el centro de la investigación.
Un patrón de irregularidades
Para la querella, la manipulación del dispositivo móvil no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de irregularidades que comenzó desde el primer momento. “La escena no fue preservada, la recolección de pruebas fue deficiente y toda la investigación estuvo atravesada por sesgos cognitivos. Todo apuntaba a una autoeliminación y no se exploraron otras hipótesis con la misma profundidad”, señaló Pérez Videla.
El abogado explicó que, tras la reapertura del caso, solicitaron la intervención de la Defensoría General de la Nación para realizar un nuevo análisis tecnológico del teléfono, luego de que informes previos indicaran que ya no era posible trabajar sobre el dispositivo. “Había una contradicción clara entre lo que decía la Policía Federal y lo que sostenían estos especialistas. Cuando se respetó la cadena de custodia digital y se hizo el análisis, lo que apareció fue conmocionante”, afirmó.
Ahora la querella pidió que intervenga el organismo actual de análisis tecnológico de la Fiscalía Federal para revisar y validar lo actuado, además de nuevas pericias balísticas en Buenos Aires y la posible exhumación del cuerpo de Andrés. “La tesis del suicidio es mecánicamente forzada. El estado de WhatsApp no lo puso Andy. Eso ya cambia todo”, concluyó el abogado.
Esperar justicia
A once años de la muerte de su hijo, Mónica Campoy asegura que nunca perdió la esperanza. “Yo sé quién era mi hijo. Sé que jamás se suicidó, que me lo mataron. Y no voy a parar hasta que salga toda la verdad”, afirmó.
Para ella, el avance de la causa y el nuevo peritaje abren una posibilidad largamente postergada: la de un juicio oral. “Mirá lo que estoy pidiendo después de once años, un juicio. Eso se tendría que haber hecho desde un principio”, dijo.
El celular que no debía haber sido encendido, volvió a hablar. Y con él, una causa que parecía destinada al olvido vuelve a interpelar a la Justicia.