Entre los retrocesos a los derechos laborales que implica la propuesta de reforma laboral del oficialismo se encuentra la derogación del Estatuto del Periodista, un instrumento que sirve como resguardo de la labor de prensa y como defensa de la libertad de expresión y derecho a la comunicación. Dirigentes de SiPreBA advierven sobre los riesgos.
La reforma laboral que presentó el oficialismo hace pocos días irrumpió en la agenda pública y desató una ola de cuestionamientos en distintos sectores gremiales, entre ellos el periodismo. Esto se debe a que la normativa pretende la derogación del Estatuto Profesional del Periodista, una herramienta fundamental que durante décadas funcionó como escudo y sostén para la prensa argentina. “Si se deroga el Estatuto vamos a quedar desprotegidos y más vulnerables”, advirtió Martina Noailles, periodista y delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
El Estatuto Profesional del Periodista (Ley 12.908) se aprobó en 1944 y fue impulsado por la Secretaría de Trabajo y Previsión, encabezada en ese momento por el coronel Juan Domingo Perón. Su implementación significó un giro fundamental para el periodismo en Argentina, en especial para la protección de la libertad de expresión y para el otorgamiento de derechos fundamentales a quienes ejercen como periodistas. Sobre esto, Andrea Delfino, delegada de SiPreBA en Télam, afirmó: “Todo el Estatuto busca darle al periodista condiciones de trabajo que le permitan ejercer la actividad con libertad”. Si bien para Delfino se trata de una norma que no se cumple en la actualidad en muchas empresas privadas, destaca que tiene que ver con una referencia para las y los trabajadores de prensa para reclamar derechos.
Entre los aspectos centrales del Estatuto se encuentra el reconocimiento de la libertad de expresión, de opinión y de pensamiento como derechos inalienables. Además hay artículos que garantizan el libre acceso a las fuentes y un régimen de estabilidad, es decir que quienes trabajan como periodistas poseen una herramienta para proteger la integridad intelectual si hubiera presiones mediáticas, políticas y/o económicas. “Eso posibilita que nosotros podamos investigar, contar y ejercer nuestro periodismo sin el riesgo de, por ejemplo, ser despedidos”, dijo Noailles al respecto.
Además, la legislación les otorga a los periodistas una indemnización agravada en caso de que los despidos sean sin justificación para evitar despidos por razones ideológicas. De este modo, “con la reforma se va a poder despedir a periodistas sin una causa que lo justifique. No es lo mismo que cualquier otro trabajo, porque en el nuestro está en juego la libertad de expresión y el derecho a informarse de toda la población”, aclaró Noailles. Y especificó que la vigencia del Estatuto del Periodista le da derechos para reclamar también a quienes tienen un trabajo que no está registrado.
Esto último deja entrever las condiciones laborales en las que se ejerce el periodismo en la actualidad. Delfino señaló que el pluriempleo se ha convertido en una herramienta para morigerar los problemas económicos: “Más del 70% tiene dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes”. A esto también se le suman otras cuestiones socioeconómicas. Una encuesta realizada por SiPreBA en junio de este año reveló que el 70,5% de los trabajadores de prensa encuestados cobraba un sueldo por debajo de la línea de pobreza y tan solo el 4,8% afirmaba que lo que cobraba le alcanzaba para vivir.
Por otro lado, Delfino remarcó que no solamente peligra el Estatuto sino que también el oficialismo busca derogar el Artículo 5 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que promueve el pago de impuestos por parte de las empresas de medios para financiar los medios públicos y los autogestivos. “Los medios públicos nacionales – afirmó Delfino – son garantía de soberanía informativa, de comunicación federal y del derecho a la información de la ciudadanía. Y justamente por eso la primera víctima del Gobierno de Javier Milei fue la agencia nacional de noticias y publicitaria Télam. Y ahora se propone el desfinanciamiento”.
Además, esto se da en un escenario en donde la libertad de expresión viene siendo fuertemente atacada. Desde el hostigamiento en redes sociales digitales, las denuncias penales a periodistas, hasta ataques físicos en las coberturas son algunas de las variables que, según el Informe de Libertad de Expresión en Argentina 2025, no han hecho otra cosa más que incrementarse a lo largo del mandato de Javier Milei. En tan solo este año el relevamiento ha registrado un incremento del 66% en los casos de represión y agresiones a periodistas durante las coberturas de manifestaciones con respecto al 2024. “Todas esas limitaciones y búsquedas de achicamiento de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y del derecho a la información lo que están haciendo es afectar que la democracia funcione como corresponde”, sostuvo Noailles sobre este contexto.
Por último, Delfino concluyó: “La modernización no pasa por eliminar el Estatuto. Desde SiPreBA, en las discusiones paritarias no sólo insistimos en mejoras salariales dignas sino en la regulación de temas tales como la inteligencia artificial o el trabajo remoto. Y sin embargo son las empresas las que se niegan a discutir estas “modernidades” con el sindicato.” Y agregó: “Se trata de cómo esta propuesta del Gobierno impacta en la cotidianidad de las y los periodistas, y en el derecho de la ciudadanía a tener información veraz y chequeada. Es el derecho a la información de todes el que está en riesgo”.