Cierres de plantas, despidos y conflictos laborales atraviesan al sector metalúrgico. En Zárate-Campana, trabajadores y sindicatos denuncian el impacto de la apertura de importaciones y de una reforma laboral que, de aprobarse, los dejaría en el desamparo.
La crisis en el sector metalúrgico avanza. En el cordón industrial de Zárate-Campana, la apertura de las importaciones y la política de desindustrialización del gobierno de Javier Milei ponen en jaque el empleo de miles de trabajadores. Whirlpool, Sintermetal y KTM son algunas de las plantas que cerraron en la zona.
El secretario adjunto de la seccional Campana-Zárate de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Walter Piriz, se muestra preocupado en su diálogo con ANCCOM: “La situación es crítica. La actividad metalúrgica tiene un abanico muy amplio de empresarios: desde talleres familiares hasta multinacionales. Con políticas aperturistas y poco enfocadas en el desarrollo industrial, las pequeñas y medianas empresas son las primeras en cerrar”.
“Desde que asumió el actual Gobierno se perdieron alrededor de 22.000 puestos de trabajo en la industria metalúrgica a nivel nacional y cerca de 2.000 en nuestra seccional. Eso significa miles de familias que quedan en la calle. Este tipo de políticas hacen que nadie quiera invertir para producir”.
Cuando no hay una política de industrialización, las empresas deciden dejar de producir para traer productos importados, explica Piriz. “Se instala el discurso de que no somos competitivos, cuando en realidad cuidar la industria es cuidar el trabajo y a los trabajadores”.
“El caso de KTM [una ensambladora de motos] es muy claro: se eliminó por decreto la obligación de producir una parte de los componentes en Argentina y de ensamblar acá. Eso hacía que se generara trabajo local”, señala Piriz.
Producir afuera resulta más barato al no tener costos laborales variables. Así entra el producto importado sin generar puestos de trabajo. A la larga, ese “beneficio” deviene en una baja del consumo. “El Estado termina siendo el artífice de la destrucción de puestos de trabajo. Por eso es fundamental su intervención en la regulación de la industria y el empleo”.
En septiembre de este año, el Grupo Simpa puso fin a sus operaciones en la zona, donde se asentaba la producción de las motos KTM. Como cualquier semana, la empresa recibió a sus empleados el lunes y el martes, pero cuando el sol del miércoles se asomaba, las puertas ya estaban cerradas para todo el personal. Con un vago comunicado que anunciaba la centralización de la operación productiva en su planta de Pilar, discontinuó la actividad en Campana, con el despido de 50 empleados.
Jorge Blanco fue uno de ellos. El cierre de la empresa, que le permitía sostener su vida y la de sus dos mellizos, le resultó un baldazo de agua fría. “El cierre fue en septiembre y fue algo muy abrupto. No hubo un aviso previo claro: un día terminamos la jornada normalmente y al otro día ya no pudimos ingresar a la planta. Estaba todo cerrado y no había una explicación concreta en ese momento. Fue un golpe muy fuerte para todos”.
“El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y pensamos que eso podía abrir una posibilidad para volver a entrar o, al menos, para que se nos pague la indemnización completa. Pero el telegrama decía que no lo iban a hacer, que iba a ser solo del 50%, amparándose en un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso generó mucha bronca e incertidumbre”.
Este artículo es el número 247, que permite al empleador despedir a un trabajador abonando una indemnización reducida, aplicándose cuando el despido se produce por falta o disminución de trabajo, o por fuerza mayor, siempre y cuando sean causas no imputables al empleador. En otras palabras, se trata de circunstancias externas.
Tres meses después, Blanco y sus compañeros siguen sin conseguir empleo. “Volver a insertarse en el mercado laboral no es fácil. Uno busca en empresas del mismo rubro o en áreas similares, pero no hay muchas oportunidades. En el sector metalúrgico está todo muy parado. No se ven nuevas contrataciones y cuesta imaginar un futuro estable”.
Blanco cuenta que sigue en contacto con sus excompañeros y que hablan mucho de lo que pasó y de lo que está pasando ahora. “Hay preocupación y también bronca –afirma–. Todos los días se escucha que cierran empresas. No hay una perspectiva clara de mejora ni de crecimiento, y eso desalienta mucho. Somos trabajadores y todos necesitamos trabajar para vivir. Cuando se destruye la industria, lo que se destruyen son proyectos de vida”.
A propósito de las políticas regresivas en materia de empleo en general y del proyecto de reforma laboral en particular, Piriz sostiene que “la idea debería ser formalizar el trabajo, no quitar derechos”. Y agrega: “Los trabajadores que hoy están en la formalidad van a perder derechos que fueron conquistas históricas. En Argentina tenemos convenios nacionales que garantizan igualdad salarial en todo el país, algo que no pasa en otros países de la región”.
“Hay una gran desinformación –opina–. Muchos trabajadores no tienen tiempo para informarse y reciben el mensaje de los medios hegemónicos, que no explican lo desfavorable que es esta reforma para ellos”.
La pérdida de representatividad política, gremial y empresarial deviene en una confusión social total. Desde allí, las personas terminan apoyando medidas que van en contra de sus propios intereses o se mantienen en silencio ante los intentos regresivos, subraya Piriz y completa: “Las decisiones se están tomando con mucha rapidez y de forma estratégica, en momentos en los que la gente está desconectada, como fin de año. Eso dificulta el debate y la resistencia organizada”.
El referente de la UOM señala que es fundamental diferenciar a las personas de las organizaciones. “Las organizaciones tienen historia, luchas y conquistas que trascienden a quienes ocupan cargos circunstancialmente. No se puede manchar a las organizaciones sindicales por algunos nombres. Han sido centrales en la conquista de derechos y en la historia de nuestro país. Hoy hay un desafío enorme porque cada vez menos gente quiere involucrarse. Pero, si se trabaja con honestidad y buenas intenciones, todavía hay una oportunidad de que estas herramientas del pueblo se usen para el bien común”.