El tenso clima electoral que vive el Congreso impidió que el Senado sancione una nueva ley de protección a las infancias. Algunos especialistas, de todas formas, dudan de su eficacia.
El caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes por su madre y su pareja, conmocionó a la sociedad y dejó en evidencia las falencias del Estado en el tratamiento de las violencias en las infancias. Es que las distintas denuncias realizadas a las agresoras ante la justicia y los reiterados ingresos a guardias médicas no fueron suficientes para evitar el trágico final. En este contexto, diputados de Juntos por el Cambio propusieron la denominada “Ley Lucio”, que ya tuvo media aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados.
El proyecto tiene como objetivo la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la capacitación obligatoria para todas las personas que ejercen la función pública en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No cumplir con la instrucción se considerará una falta grave. Si bien la norma se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, su tratamiento en el Senado se vio postergado luego de la escandalosa sesión del pasado 30 de marzo, donde una discusión sobre el temario del encuentro terminó con los bloques de Juntos por el Cambio y Unidad Federal abandonando el recinto y dejando sin quórum al oficialismo.
En su texto, la iniciativa propone la realización por parte del Estado de campañas de concientización que ayuden a prevenir, detectar y denunciar posibles situaciones de violencia. De igual manera, prevé la implementación de la línea 102 en todo el territorio nacional para la promoción de derechos de las infancias y atención gratuita.
Otro de los puntos salientes de la ley es la incorporación de la reserva de identidad como herramienta de protección, con el objetivo de preservar la integridad física, psíquica, económica, laboral y social de aquellas personas que realicen una denuncia.
En diálogo con ANCCOM, Martin Maquieyra, diputado perteneciente al interbloque de Juntos por el Cambio y firmante del proyecto, cuenta que apenas ocurrió la muerte de Lucio se acercó a hablar con el padre y el abuelo del niño: “Me encontré con una familia muy dolida pero dispuesta a ayudar a que ningún otro niño pase por ese calvario, fue en ese momento en el que nos pusimos a trabajar en el proyecto”
El diputado por La Pampa reconoce que “con una sola ley no alcanza, pero puede colaborar a salvar vidas”. En sintonía, agrega que la iniciativa se propone fortalecer las leyes existentes en tres aspectos: concientización, capacitación y reserva de identidad. Maquieyra agrega: “Es importante capacitar a todo el personal del Estado para la detección de alertas tempranas, aquellos indicios de que un niño está siendo víctima de violencia y que de esa manera un docente o médico pueda realizar la denuncia a tiempo”. Al mismo tiempo, reconoce que a menudo la denuncia no se realiza por miedo a represalias, pero que el Estado deberá oficiar de protector de esas personas, ofreciendo herramientas para que las instituciones puedan tratar estos casos en un marco de confidencialidad.
Por su parte, Nora Schulman, Directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención por los Derechos del Niño (CASACIDN), considera que la ley es reparadora para la familia de Lucio, pero que en términos generales no trae novedades a la legislación existente: “Repite lo establecido en la Ley 26021 de protección integral, la cual tampoco se cumple”. No obstante, también remarca: “Bienvenida sea siempre que permita salvar la vida de algún chico en peligro”.
Para Schulman, con una sola ley no alcanza: “Es evidente que en este caso y en tantos otros el Estado es el que falló, por eso es necesario una política pública que cuide a los niños”. Y agrega: “Es un tema que no está en agenda a menos que haya un caso como el de Lucio”.
Finalmente, Sonia Almada, psicoanalista y directora de la asociación civil ARALMA, se mostró crítica respecto a la iniciativa: “Me horroriza que se intenten ganar votos con la muerte de un niño, se trata de un proyecto que busca maquillar la inacción del Estado”. Al igual que Nora Schulman, sostiene la importancia de cumplir con la Ley 26021, la cual considera una norma de excelencia en la materia.
Almada, por otra parte, destaca el proyecto de ley presentado en abril de 2022 por su asociación, en conjunto con otras organizaciones, el cual propone la creación de un Ministerio de la Infancia en nuestro país: “Su función principal será la de atender de manera integral y federal a la población infantil y garantizar su desarrollo sostenido y saludable, al mismo tiempo, busca cumplir con los objetivos en materia de derechos reconocidos en los tratados internacionales en los que nuestra nación es parte”.