Ene 2, 2018 | Entrevistas, Novedades
Sanmartiniano Painefil lleva adelante la organización de su pueblo desde que tiene memoria. En los ´80 estuvo junto a las comunidades de la “Línea Sur”, a través del Consejo Asesor Indígena (CAI), y hoy, en Bariloche, en el Espacio de Articulación Mapuche (EAM), una organización abierta a comunidades, familias, agrupaciones y todas las personas que se acercan, ya sean mapuche o huincas (personas no mapuche). Painefil fundó el EAM en 2010, con el objetivo de preservar, difundir y reproducir el conocimiento de la cultura mapuche, además de fortalecer la organización para el reclamo por las tierras, que quedaron en manos de grandes empresarios internacionales.
Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desaparecido hace casi un mes, acompañaba los reclamos del pueblo mapuche cuando Gendarmería Nacional reprimió la manifestación. El 11 de agosto pasado, miles de personas en distintas ciudades del país, se movilizaron por su aparición con vida. En Bariloche la cita fue en el Centro Cívico. Allí, los manifestantes taparon con una gran bandera la estatua de Julio A. Roca, líder del genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia. “Que hoy Santiago Maldonado este desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y que el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y que hoy existimos y nos deben un reconocimiento real”, denuncia Painefil en diálogo exclusivo con ANCCOM y en referencia a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra la comunidad mapuche.
¿Cómo fue su primera experiencia de organización junto al pueblo mapuche en Río Negro?
Mi primera experiencia fuerte fue con la Federación de Cooperativas, que se conformó después de la nevada de 1984, cuando casi todos los pobladores se quedaron sin animales, sin nada. Acostumbrados al intercambio, las familias vendían la lana en valores que no eran para nada rentables, y la situación se hacía cada vez más difícil. Primero armamos la Federación, y después se conformó el Consejo Asesor Indígena (CAI), porque se estaba discutiendo la Ley de Comunidades Indígenas en el Congreso y queríamos participar del contenido. En el CAI había referentes de cada comunidad, y el objetivo era aparecer en el documento, que diga explícitamente que las tierras usurpadas deben ser restituidas. También reclamábamos para que se especifique “pueblo mapuche” porque el proyecto de ley solo decía “comunidades indígenas”. En 1985 se sancionó la ley, y los diez años siguientes estuvimos trabajando para que se implemente, pero las leyes no cambian las cosas: los terratenientes estaban con el Gobierno, como ahora.
En una entrevista reciente con Radio Mitre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que el Gobierno no aceptará una “república mapuche” que desconozca al Estado argentino, ¿qué significa para el pueblo mapuche?
Nosotros no planteamos la creación de una república ni desconocemos al Estado argentino, lo que se reivindica es la autonomía y la libre determinación de las personas mapuche. Antes decían “malones”, ahora nos dicen “terroristas”. Lo que están buscando es crear un enemigo real para generar un rechazo hacia el pueblo mapuche, para que la gente piense que somos peligrosos.
Sin embargo hay quienes, como Santiago Maldonado, acompañan la lucha, ¿qué implica su desaparición?
Que hoy esté desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y no sólo en la Patagonia sino también en Santa Fe, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires. Somos un pueblo que existe y eso es lo que les molesta, que acá estamos y nos deben un reconocimiento real.
Y en la actualidad, ¿en qué situación se encuentran las comunidades de la “Línea Sur”?
En el campo la situación sigue siendo la misma, de abandono: en muchos lugares no hay caminos, no hay servicios. Por eso los más jóvenes, los que pueden, se van a las ciudades, a Bariloche, Neuquén o Viedma. En los últimos diez años hubo un vaciamiento terrible en el campo, ya casi no hay animales, no hay proyectos ni hay un sostén desde el Estado para que se mantenga la actividad rural. La gente se va empobreciendo, desgastando, y los recursos no llegan. Y encima están los fenómenos de la naturaleza que hay que afrontar, como hace unos años fue con las cenizas.
A principios de mayo de este año, realizaron una movilización hacia Viedma para exigirle al gobernador que frenara el nuevo Código de Tierras en Río Negro. ¿Por qué se rechaza esta normativa? ¿Recibieron algún tipo de respuesta al respecto?
En primer lugar, el Código fue conformado sin consultarnos. La razón es muy simple: así es más barato. Si nos hubieran avisado, cada comunidad hubiera querido que el Estado vaya y vea cómo son las cosas allí. Y también opinar, debatir. Pero todo eso es muy costoso, entonces prefieren hacerlo puertas adentro. En segundo lugar, el Código califica como fiscales las tierras que son ancestrales, que son del pueblo mapuche. Una vez que figuran como fiscales, las venden o dan la concesión para mega proyectos económicos. Nosotros creemos que en la tierra existe un determinado equilibrio: si vos le sacás algo, tenés que devolverle otra cosa. La forma que las empresas tienen para explotar la tierra, desequilibra ese estado. En la reforma que propone el Gobierno, se prioriza el capital y nosotros, que no somos rentables, nos quedamos sin tierras.
En Bariloche, ¿cómo es la situación en las distintas comunidades mapuche?
Acá la mayoría de las comunidades están todavía dentro de territorios del Ejército, es decir, territorios mapuches que fueron tomados por el Ejército. Y las que no están tomadas por el Ejército, dependen de Parques Nacionales. Lo peligroso de esto es que si llega a haber algún conflicto, las personas quedan en manos de una u otra institución, ambas pertenecientes al Estado. En una época, el Ejército usaba el espacio junto a una de las comunidades, para hacer las prácticas de tiro, ahí mismo, junto a las viviendas de la gente. También sucede que algunas, a pesar de anotarse en el Registro de Comunidades Indígenas y obtener la personería jurídica para tener el derecho legal sobre la tierra, quedan dentro de loteos que se venden salteando el derecho de la comunidad que lo habita. ¿A quién le vamos a reclamar respuestas si los reclamos son contra el mismo Estado? La lucha por el territorio es larga y muy agotadora.
Dentro de las distintas organizaciones que hay en la Patagonia, una de ellas, el movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es criticado por sus métodos, ¿Qué opina sobre esta organización?
Nosotros no compartimos la acción de RAM porque preferimos no generar violencia sabiendo que hay un Estado que permanentemente es violento, que nos criminaliza y nos persigue. Hoy tenemos detenido a un peñi, un compañero, Facundo Jones Huala. Más allá de las diferencias, yo exijo su libertad porque está preso injustamente. Es muy fuerte la agresión que hay por parte del Estado, incluso desde las palabras, las declaraciones también son parte de la violencia que hay. Todo esto genera miedo en el pueblo, hay temor de hacer y de hablar, entonces creemos que lo mejor es salir a las calles y estar organizados. No hay otra opción: si combatimos la violencia con más violencia, no llegamos a nada.
Actualizado 30/08/2017.
Mar 8, 2017 | Géneros
El 40 por ciento de las mujeres que concurrieron a la marcha organizada el pasado miércoles por el colectivo Ni una menos dijo haber sufrido algún maltrato psicológico o algún tipo de hostigamiento por su condición de mujer en el último año. Casi el 20 por ciento dijo haber pasado por alguna situación de abuso o intimidación sexual y un 12 por ciento reconoció haber padecido agresiones físicas en el mismo lapso. Los datos se desprenden de un estudio realizado por el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (Copes), perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales realizado en plena Plaza de los Dos Congresos mientras se llevaba adelante la convocatoria, tras el Paro Internacional de Mujeres. El estudio fue realizado sobre un total de 462 encuestas, realizadas a personas del sexo femenino.
Entre otras cosas, la investigación revela que el 44% de las participantes se dirigió con amigas o amigos al lugar, mientras que muchas otras fueron solas (22%) o con familiares (17%). Sólo un 8% dijo haber ido con compañeros de militancia. Estas cifras, que podrían sorprender por el bajo grado de participación en agrupaciones políticas, se explican debido a que el enfoque con el que se dirigió la encuesta, tenía como objetivo conocer la opinión de las mujeres “sueltas”, aquellas que se encontraban alrededor de las columnas formadas por los grupos militantes.
Además, la mayoría de las presentes reconoció haber participado de ediciones pasadas, también convocadas por el colectivo Ni Una Menos. Otro dato a remarcar es que gran parte de las encuestadas eran universitarias recibidas o al menos habían llegado a ese mismo nivel de estudios pero sin recibirse. Esto podría llegar a hacer suponer que la problemática feminista interpela a un cierto escalafón social, pero también hay que tener en cuenta que quizás la participación de sectores populares se dé a través de otras redes, como las organizaciones sociales, que no fueron precisamente el blanco de la encuesta.
Por su parte, la gran motivación que encontraron las participantes para unirse a la convocatoria fue el apoyar las consignas de la marcha (76%) y en bastante menor medida, la causa fue por tener alguna conocida (7%) o ellas mismas haber sido víctima de violencia de género (6%).
Cuando se les preguntó a las encuestadas si las situaciones de hostigamiento y violencia padecidas u otras hechos como el hecho de recibir comentarios humillantes en la vía pública, o sufrir la subestimación de sus capacidades laborales, discriminación y acoso en el trabajo eran válidas para realizar una denuncia, más de la mitad dijo no considerarlo pertinente. Y entre aquellas que consideraron que sí había que denunciar, casi el 80% señaló después no haberlo hecho. Entre las razones que dieron las mujeres, la más importante fue la de no considerar grave la situación (35%), mientras que también señalaron que descreían de la efectividad de la denuncia (23%), y otras tuvieron miedo de las repercusiones por hacerlo (12%).
Por otro lado, la cuestión política también estuvo presente en el estudio, ya que se comparó la opinión sobre la gestión del gobierno macrista con la del kirchnerismo: para casi un 65% el actual gobierno no hace “nada” en materia de violencia de género, y si bien un 46% calificó al anterior como que hacía “poco”, para un 32% había hecho “bastante”.
Actualizado 09/03/2017
Sep 14, 2016 | inicio
“Así obtenía la policía la confesión de ‘Josele’”, titulaba el videograph de Corrientes TV, uno de los principales medios de comunicación de la provincia mesopotámica. La imagen: el joven José Altamirano –22 años- con el ojo en compota, esposado a una silla de madera, siendo interrogado por un policía que lo filmaba con su celular.
¿Y a qué hora fue eso? –le pregunta el oficial.
Más o menos a eso de las ocho, diez, creo que era –responde el joven.
No, no. A qué hora le mataste al pendejo, boludo, no era a esa hora.
Más temprano era, a eso de las seis o siete de la tarde, por ahí.
Esta mañana fue que hiciste eso, boludo –lo corrige el interrogador.
Ese video circuló por distintos canales de televisión de la provincia e Internet, pocos días después de que se diera a conocer el hecho: la muerte de Maximiliano Aquino, un estudiante de Agronomía del barrio de San Roque de clase media, quien fue asesinado de quince puñaladas a la salida de una peña universitaria a las seis de la mañana del 1° de agosto de 2015. En la copia colgada en Internet por el diario Norte de Corrientes, el título es más provocativo aún: “Confesión del asesino de Maxi”. En la causa judicial que lleva el caso, el audiovisual no es tomado en cuenta como elemento de prueba, pero resultó suficiente para convencer a la opinión pública local de la culpabilidad del joven oriundo de Seminario, un barrio de viviendas precarias de la ciudad de Corrientes.
Aquino -21 años- caminaba por el barrio Aldana a las seis de la mañana junto con Melisa Arrúa, una compañera de Facultad, cuando fue interceptado por una moto en la que viajaban dos personas encapuchadas. Quien iba en el lugar de acompañante descendió del vehículo y comenzó un forcejeo con el joven estudiante que aún hoy resulta poco claro. Posteriormente, la misma persona hirió con arma blanca reiteradas veces a Maximiliano Aquino, que cayó sobre el piso ensangrentado y murió en el Hospital Escuela media hora después. Lo que se puede ver en los registros de las cámaras de filmación de seguridad del lugar del hecho no echan más luz sobre lo ocurrido.
Si bien los medios informan que el móvil del asesinato fue el robo de un celular y la calificación legal que se imputa a Altamirano es “robo en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa”–con Josele como único imputado-, en sus declaraciones la estudiante que acompañaba a la víctima, afirma que ni ella ni su compañero Maximiliano caminaba con el celular en la mano, también manifiesta que no existió ningún pedido ni frase amenazante propias de una situación de robo en el momento del hecho. La sentencia del juicio que busca cargar el asesinato a Josele –como lo llaman sus familiares- está programada para el próximo 21 de septiembre, y todo indica que el joven será condenado a cadena perpetua en una causa plagada de irregularidades.
En Corrientes, la policía está facultada para realizar tareas de investigación, y así lo hicieron en este caso. A las once de la mañana de ese mismo día, cinco efectivos policiales se presentaron en la casa de Analía Altamirano y Alejandrino Sáenz –madre y padrastro de José- y sin autorización judicial realizaron una inspección de la vivienda.
¿Esta es la casa de José Altamirano? –preguntaron.
Sí, yo soy el padrastro de Josele, esta es mi casa y él vive acá. ¿Para qué lo buscan? –respondió Sáenz, recién llegado de la iglesia.
Estamos buscando una tele que robó. Anduvo robando teles anoche. ¿Podemos pasar a ver?
Para cuando pidieron la autorización para entrar, ya habían atravesado el portón. Alejandrino les mostró los televisores viejos que tienen en su casa. “Un plasma es lo que buscamos”, insistían los oficiales. Entraron a la habitación de Josele y a la de su madre y padrastro. “Anda haciendo macanas tu hijo”, comentaban mientras revisaban.
¿Quién les dijo que Josele se robó una tele? –inquirió el padrastro.
No le contestaron. Unos oficiales salieron de la habitación del hijo, que en ese momento se encontraba trabajando. “Ya tengo el paquete”, expresó uno frente a Alejandrino, quien no entendió lo que quiso decir. Salieron y se fueron. Todo esto es parte de la declaración de Sáenz en el marco de la causa. Recién a las seis de la tarde la Brigada volvió a visitar el hogar de Josele, esta vez con una orden de allanamiento aprobada por el juzgado. Se llevaron algunas pertenencias del acusado, a las que les tomaron fotografías. También fue secuestrada la moto de su padrastro, una de las herramientas de trabajo de la familia. No fue posible demostrar que ese hubiera sido el vehículo en el que se trasladaban el asesino y el conductor en la mañana del crimen. Ni siquiera se sabe con certeza cuál era el color o el modelo de la motocicleta, un medio de transporte muy utilizado en la ciudad. “Las brigadas hacen lo que quieren acá, porque entran siempre sin orden. Yo ya sabía que si no los dejaba pasar la primera vez, me llevaban preso a mí, entonces les dejé entrar, no tenía nada que ocultar”, aclaró el padrastro de José en conversación telefónica con ANCCOM.
Ilustración: Duro // Coloreado digital: Daniela Yechúa
A las tres de la mañana, los efectivos volvieron a visitar a la familia de Josele. “Estamos buscando cuchillos”, afirmaron, pero no se llevaron nada. “Yo sé que no está bien que se realicen allanamientos así, pero bueno, la verdad es que acá nosotros le tenemos más miedo a la policía que a los delincuentes. En todo este tiempo hemos recibido amenazas anónimas, nos dicen que nos van a prender fuego la casa”, explicó Alejandrino.
En las horas posteriores al crimen, Josele se encontraba desenrollando el mallón en su canoa a la orilla del Río Paraná junto con tres compañeros de trabajo. Un viejo pescador que andaba por ahí lo llamó: “¡Eh, Josele!”. Inmediatamente efectivos que se encontraban a metros de él realizando tareas investigativas, lo identificaron y lo detuvieron: “El jefe de la Brigada quiere hablar con vos”, y allí lo trasladaron. “Para que una persona pueda ser detenida, debe haber indicios vehementes de culpabilidad o elementos que generen una sospecha razonable que cometiste o estás por cometer un delito, y acá solo hubo una denuncia anónima porque fue acusado a través de una denuncia de vecinos de Cichero, un barrio cercano a Seminario, quienes no quisieron revelar su identidad: así consta en el expediente. Esta es la primera irregularidad de la causa”, explican las abogadas Gabriela Granada, integrante del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) y Teresa Rossetto, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP).
La defensa de Altamirano siempre fue alterna e irregular. El caso pasó por un Defensor Público y por varios defensores particulares, que por diversos motivos, algunos poco precisos, dejaron el caso. Mientras tanto, la instrucción de la causa seguía avanzando. Ante la sensación de desamparo, la familia de Josele vendió sus muebles y su canoa de trabajo para viajar a Buenos Aires y contactarse con agrupaciones de derechos humanos a fin de pedir su intervención en la causa. Finalmente su mamá, Analía Altamirano, y su padrastro, Alejandrino Saez, se contactaron con el OPPLeC y el MPP que comenzaron a trabajar en el caso.
“Originalmente nos contactaron para que colaborásemos en relación a la situación de torturas que está viviendo Josele desde que fuera detenido el 1º de agosto. Luego terminamos encontrando un montón de irregularidades en la causa y decidimos tomar intervención de alguna manera para ver qué podíamos aportar en relación a lo técnico-jurídico, y no solo por los apremios a los que fue sometido el acusado para armar la causa”, explica la abogada Verónica Gostissa. Ella junto con Gabriela Granada del OPPLeC viajaron a Corrientes este año para conversar personalmente con el imputado en la Unidad Penal Nº 6 de Corrientes. Conocieron a su familia y al barrio en el que vive, se reunieron con integrantes de organismos de derechos humanos locales y asistieron a la primera audiencia del juicio oral que comenzó el 24 de agosto de este año.
En la madrugada del día siguiente, Analía y Alejandrino vieron por primera vez el video que circuló en las redes. Intentaron denunciar el hecho en Corrientes, pero nadie les quiso tomar su descargo. Finalmente viajaron a Resistencia (Chaco), donde fueron mejor recibidos. “Nadie se arrimó a nosotros cuando denunciamos la tortura de nuestro hijo, ni siquiera los medios. Mi hijo no podía caminar en ese momento”, recordó Alejandrino en conversación con ANCCOM y pasó el teléfono a su señora. Él ya no podía seguir hablando.
“Corrientes tiene la particularidad de que la Defensoría Oficial no es independiente, sino que obedece a una misma persona junto con la Fiscalía. Esta situación contradice el programa constitucional y el principio de igualdad de armas. En la provincia de Corrientes, un mismo procurador es la autoridad máxima de los fiscales y los defensores. El mismo órgano que controla a los funcionarios que ejercen la persecución penal estatal controla a los encargados de defender a los imputados de esa persecución”, explica la abogada Granada del OPPLeC. “Se excusan en que la provincia aún no cuenta con los recursos suficientes para implementar la reforma constitucional del año 2007 que consagra la existencia de un Ministerio Público de la Defensa autónomo y autárquico”, agrega la abogada Nadia Rivas. En este contexto de disparidad, principalmente en la primera parte de la instrucción en que el imputado fue asistido por defensor oficial, se llevó adelante la causa que investiga a José Altamirano por el asesinato de Aquino.
En el momento de la detención, el defensor oficial no realizó ninguna objeción a la forma en que fue aprehendido Josele. Posteriormente, en instancia de apertura del debate, la defensa de Altamirano planteó la nulidad absoluta de la detención por haberse efectuado de forma irregular, a partir de denuncias anónimas realizadas por testigos imposibles de interrogar ya que no revelaron su identidad. El Tribunal decidió no hacer lugar al planteo de la defensa. Los vecinos anónimos que señalaron a Altamirano aquél 1º de agosto también indicaron que existía otro joven del barrio que podría ser autor del crimen -Ariel Molina-, quien también fue detenido en ese momento y resultó liberado casi inmediatamente, pero al igual que José, fue objeto de torturas en manos de la Brigada. Sus declaraciones, que describen los tormentos a los que fue sometido, también forman parte de la causa.
Filas de policías recibieron a Josele en medio de aplausos y festejos, aquel mediodía de agosto. Más de una vez lo sacaron de su celda para colgarlo de un brazo en el medio del patio general del cuartel y lo azotaron en la planta de los pies y el resto del cuerpo. “Hacete cargo de lo del pibe”, le gritaron entre golpe y golpe. Luego sumergieron su rostro en un fuentón con agua. Lo dejaron descansar diez minutos y lo llevaron a hablar con el comisario. Ante la negativa a confesar por un crimen que no cometió, le mostraron la cabeza suelta de un muñeco y lo amenazaron: “Así vamos a hacer con tu familia”. Acto seguido lo llevaron a un cuarto solo, lo obligaron a desnudarse y un policía lo sometió a abusos sexuales. José relató con pudor estos hechos a su defensor y a las abogadas Rosetto y Gostissa. Constituye parte de sus declaraciones indagatorias en la causa en su contra. Finalmente, los oficiales le pidieron al imputado que se vistiera y filmaron el video que circuló en los medios y las redes sociales.
Existen diversas declaraciones testimoniales y conversaciones telefónicas que surgen de las intervenciones judiciales incorporadas a la causa, que vinculan a otros individuos con el homicidio de Aquino. Sin embargo, estas vías de investigación que surgieron durante el proceso fueron ignoradas tanto por la fiscalía como por el juez de Instrucción y el Tribunal Oral.
El lunes 3 de agosto, el detenido fue trasladado a la Comisaría Cuarta de Corrientes donde conoció a su defensor oficial, quien no reparó en sus lesiones y le indicó que debía negarse a declarar. Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de Maxi Aquino recorrieron las calles de la ciudad en una marcha del silencio.
El Código Procesal Penal de Corrientes establece bajo pena de nulidad absoluta que ante pericias de laboratorio -como la que se llevó a cabo sobre las manchas de sangre del pantalón secuestrado-, se tiene que notificar a todas las partes: fiscal, querella y defensa. Esto no se cumplió cuando se llevó a cabo la pericia de tipo y especie de sangre en el laboratorio de Corrientes. De esta manera, la defensa no tuvo oportunidad de controlar la única prueba pericial que lo imputa. “Es muy cuestionable que la única mancha en el jean que sirve como prueba, no se pueda ver en la fotografía que se tomó en el momento del secuestro”, afirma la abogada Gostissa.
Luego, trascendió que una de las manchas de sangre que había en el pantalón de jean que fue secuestrado por la policía en el allanamiento en la casa de Josele era de tipo humano -a diferencia del resto, que era de tipo animal-, y era compatible con el perfil genético de Aquino. Inmediatamente, los medios contactaron a los familiares del joven asesinado, quienes dijeron que con el resultado de la pericia podían estar seguros de quién fue el autor del crimen. Sin embargo, hasta el momento no se había trazado el perfil genético del imputado para poder comparar con el pantalón de jean. Es decir, no se podría afirmar de manera indubitada que ese pantalón hubiera sido utilizado por el imputado el día del hecho.
Además, la mancha que luego fue analizada genéticamente, no había sido fotografiada al momento del secuestro de la prenda. Es decir, se tomó fotografía únicamente del plano interno pero no de su parte externa sobre la que se efectúo el recorte para analizar. En este procedimiento pericial tampoco existió el documento de cadena de custodia en el que deben constan los detalles de quién registra las evidencias, en qué circunstancias fueron recolectadas, quién las manipula, dónde se guardan, cómo se etiquetan, quién las traslada y en qué lugar se depositan hasta ser remitidas al laboratorio pericial con el fin de garantizar que no existe ningún tipo de manipulación de las muestras.
La protesta del perejil
La primera audiencia del juicio oral tuvo lugar en una pequeña sala del Tribunal Oral Penal N°2, ocupada casi en su totalidad por familiares de Aquino, quienes llegaron antes que los de Altamirano. Frente a los jueces y ante la enorme cruz católica que cuelga de la pared del lugar, el acusado declaró que en el momento del crimen se encontraba en su casa durmiendo. Se despertó, se cambió, vio a su familia y a un vecino desayunando en la mesa, los saludó y salió a trabajar. Un clima tenso se generó en la sala en tanto describió las torturas a las que fue sometido en el cuartel de la Brigada, que la familia del joven asesinado seguramente desconocía. Se declaró inocente, mientras los fotoperiodistas en la sala le apuntaban con sus cámaras. El vecino que vio a Josele el día del hecho antes de ir a trabajar y que estaba desde muy temprano de la mañana del 1º de agosto de 2015 en la casa de la familia Altamirano, estaba propuesto en la causa como testigo sujeto a la necesidad del Tribunal de oír su declaración. Sin embargo, en la pasada audiencia del 7 de septiembre, los magistrados entendieron al testimonio de este vecino como inncesario.
En la segunda audiencia, la familia de Josele protestó frente al juzgado sosteniendo plantas de perejil, en alusión a que el joven es sólo un chivo expiatorio que carga con un hecho que no cometió. El caso cuenta con más irregularidades: en el lugar del hecho se hicieron las pericias necesarias en las que se levantaron pelos que se metieron en un frasco y muestras de sangre en formato hisopado, que se mandaron al juzgado y nunca se analizaron. Cuando el cuerpo de Aquino fue llevado a la morgue, se extrajo el material que había quedado debajo de sus uñas durante el forcejeo, y tampoco se realizó una pericia sobre ese material. Ni siquiera se realizó un perfil genético de José Altamirano para contrastarlo con dichas muestras. “A partir del video tomado en la Brigada de Investigaciones que fue viralizado en diversas redes sociales y medios de comunicación y la presión mediática, se buscan pruebas para condenar a Altamirano, dejando de lado la búsqueda de justicia por el homicidio cometido contra Maximiliano Aquino. No se busca al verdadero responsable” afirma Rossetto.
Desde agosto de 2015 hasta marzo de este año que duró el proceso de instrucción de la causa, tiempo que las partes tienen para presentar las pruebas, los abogados particulares que fueron tomando el caso renunciaron y no hicieron los planteamientos necesarios para proteger al acusado. Cuando finalmente llegó a manos de Hermindo González, quedaban apenas días para el cierre de la instrucción y la jueza rechazó el pedido de extender el plazo para el cierre, que era necesario para que el letrado pudiera estudiar la causa. Recién tres meses atrás el OPPLEC y el MPP fueron informados acerca de este proceso, cuando ya estaba fechada la primera audiencia del juicio oral.
“Toda nuestra familia sufre –aseguró Analía, madre de Josele-. Tuvimos que vender todo lo que teníamos para poder viajar y pagar abogados, y más abogados. El único que está pudiendo hacer su trabajo es Hermindo, el actual defensor, porque el resto de los que tomaron el caso han sido intimidados, apretados, ninguno pudo llegar a presentar nada en su momento porque no los dejaban”. En Corrientes, la familia ya agotó los recursos para proteger a su hijo: “Espero que desde la Nación alguien nos ayude, porque acá la corrupción es terrible. Estamos luchando prácticamente contra el gobierno, contra el poder –afirmó Analía-. Mi hija que cursaba primer año tuvo que abandonar sus estudios porque hasta el preceptor le recriminaba ser la hermana de Josele, se reían en la escuela. Lo mismo pasó con mi otro nene”, afirmó indignada y agregó que “todos en Corrientes saben, incluído el Poder Judicial, quiénes son los verdaderos asesinos. No sé por qué lo tienen a mi hijo ahí. Hay videos del momento del hecho que los tienen ocultos. Estoy desesperada por todo lo que le han hecho a mi hijo, y lo que sigue pasando”.
Las abogadas de OPPLeC y del MPP tomaron conocimiento del caso cuando ya estaba determinada la fecha de inicio del debate oral. Estiman que el fiscal de la causa pedirá cadena perpetua en sus alegatos previstos para el 21 de este mes, el Día del Estudiante. Está prevista la sentencia para esta misma fecha. La Defensa planea apelar y –de ser necesario- llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Actualizado 13/09/2016
Ago 11, 2016 | inicio
Por la incomodidad que causaban en Córdoba tanto sus declaraciones irónicas como su inconcebible cercanía a los obreros y estudiantes, por la manera errática y a veces inexplicable en la que ocurre la historia, en julio de 1968 Enrique Angelelli fue nombrado obispo de La Rioja. Un mes después, la ruta 38, entre Chamical y la capital provincial, se llenó de familias que querían saludarlo en su llegada. Así empezaba un trabajo intenso, con los conflictos que supone enfrentarse a los poderosos, que terminaría ocho años más tarde, el 4 de agosto de 1976, en esa misma ruta, con un asesinato disfrazado de accidente por el Poder Judicial y la indiferencia de la jerarquía eclesiástica. A 40 años de su muerte, la ruta vuelve a abarrotarse de riojanos que llegan a homenajear a un santo que no necesita canonización.
«Les acaba de llegar un hombre de tierra adentro, que les habla el mismo lenguaje. Un hombre que quiere identificarse y comprometerse con ustedes. Quiere ser un riojano más”, se presentó Angelleli ante a la comunidad y añadió: «No vengo a ser servido, sino a servir; a todos, sin distinción alguna de clases sociales, modos de pensar o de creer. Como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres; de los que sufren espiritual o materialmente; de los que reclaman por ser considerados en su dignidad humana, como hijos del mismo padre que está en los cielos». Sus palabras acabarían de cobrar sentido en el trabajo de su pastoral.
En la mañana de este 4 de agosto, frente a la catedral de San Nicolás, una mujer de unos 80 años, con bastón, se acerca al micrófono abierto que ha sido dispuesto para quien quiera recordar al obispo. Es Alba Lanzillotto. Trabajó con Angelelli en La Rioja. Tuvo que exiliarse en 1976, primero en Uruguay, después en España. Sus dos hermanas fueron desaparecidas durante la dictadura. Una de ellas, Ana María, estaba embarazada de ocho meses al momento de su secuestro. Alba formó parte muchos años de Abuelas de Plaza de Mayo, aunque todavía no pudo encontrar a su sobrino o sobrina apropiado. Recuerda la época de Angelelli como la más feliz de su vida cristiana. «Soy creyente y para mí Angelelli era lo que Dios quería. El proyecto de Dios para nosotros no es un proyecto de sufrimiento sino de felicidad. Dios quería que nosotros construyamos aquí el reino, no el de los cielos sino en la tierra».
Aunque en el programa oficial figuraba como una “peregrinación”, todos los participantes insisten en llamarla “marcha.
“Va a estar linda La Rioja”, cuenta Alba que repetía Angelelli en las situaciones más difíciles. «Para él todos eran iguales, negros y blancos, pobres y ricos -afirma-, pero los que necesitaban defensa, una voz que hable por ellos, eran los pobres. Él los hacía tomar conciencia de sus derechos. Como decía doña Ramona (una vecina de Chamical): ‘Yo por él me enteré que soy persona y que puedo entrar en la catedral’».
Fuera de micrófono, Alba dialoga con ANCCOM. Para ella, el mensaje de Angelelli tiene hoy más actualidad que cuando fue predicado: «Si alguien lee sus homilías, es como si estuviera describiendo al gobierno de Mauricio Macri. Y esa es la condición del profeta, ver más allá de lo que está pasando en su momento».
El arribo del obispo, a finales de la década del 60, marcó un punto de quiebre para el pueblo riojano. Según Alba, hay que mantener viva su memoria porque él llegó para enfrentar “a los apellidos que parecían destinados a gobernar la provincia, mientras todo el resto tenía que obedecer, ser explotado. Si La Rioja se olvida de Angelelli, va a caer cada vez más en eso», dice Alba y destaca: «Cristo era subversivo porque ser subversivo es querer que cambien las cosas que están mal. No es un pecado, es una virtud. La revolución sería lo mismo. Yo como soy esencialmente cristiana, creo en las revoluciones».
«Así como él, cuando llegó, dijo ‘soy un riojano más’, como un riojano dio también la vida por su pueblo. Eso creo que es la mayor riqueza que tiene su muerte, su entrega, su servicio para nuestro pueblo», explicó el seminarista Lucas Barroso.
La Iglesia sale a la calle
«La juventud de la patria ha lanzado un grito de rebeldía, grito que se une a todo el continente latinoamericano, grito que trasciende los mares y se une a la juventud de Europa y del mundo. Este grito profético, anunciador de una sociedad en desequilibrio, con estructuras deshumanizantes, debe ser escrutado como uno de los signos de los tiempos», anunciaba Angelelli en 1969. Los jóvenes, a quienes abrió las puertas de la catedral para que militaran -sean católicos o no-, eran uno de los pilares de su pastoral.
Lucila Maraga fue una de esas jóvenes. Ella se unió en 1968. Si bien venía de una escuela de monjas, no era practicante, y la opción por un colegio religioso respondía a una necesidad económica de su familia. «La idea de Angelelli era que debíamos organizarnos para luchar por un cambio al reconocer nuestros derechos en la búsqueda de justicia», explica Lucila en la previa de la marcha. «Participamos de muchas actividades en aquella época. Acá vivimos un Cordobazo también, con represión, con una misa hermosa que hizo monseñor Angelelli», recuerda.
Apenas llegado a La Rioja, el obispo se propuso conocer las realidades profundas de la provincia. Para ello recorrió cada departamento con un grabador de cinta, registrando las charlas que tenía con cada riojano. «No buscaba imponer una visión de las cosas. La Iglesia salía hacia afuera a tomar lo que encontraba, a organizar, articular. Fue una persona respetuosa de los pensamientos de todos. Convocaba a la construcción y a que cada uno descubriera sus derechos para poder reclamar. Eso era algo que tenía clarísimo: si vos no conocés tus derechos, tampoco vas a luchar por ellos o los vas a defender», cuenta Lucila.
En 1975, un grupo de jóvenes de la pastoral, entre ellos Lucila, fueron secuestrados. Los vendaron y los trasladaron a un centro clandestino donde los torturaron y a algunos también los abusaron sexualmente. En noviembre de ese año, “blanqueada” la detención, monseñor Angelelli los visitó en la cárcel, como hacía tantas veces. “Él quería celebrar la misa de Navidad con nosotros y no se lo permitieron. Entonces acude en desobediencia, tanto a la cárcel de mujeres como a la de hombres, y nos convoca a que hagamos la misa igual, aunque a él no lo dejaran. Sin dudarlo, por la firmeza y la ternura con la que nos lo planteó, celebramos la misa. Una misa inolvidable, custodiadas por las fuerzas militares», evoca Lucila. El obispo que sucedió a Angelelli fue dos veces al penal: la primera les llevó chocolates, y la segunda un papel para que firmen que decía que se arrepentían de todo lo que habían hecho. Luego las mujeres fueron trasladadas a Devoto y los hombres a distintos lugares del país, y fueron presos políticos hasta el final de la dictadura.
«Angelelli llegó para enfrentar a los apellidos que parecían destinados a gobernar la provincia, mientras todo el resto tenía que obedecer, ser explotado», afirmó Alba Lancillotto, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.
«De la muerte de Angelelli nos enteramos en la cárcel por el comentario de las celadoras. Incluso pusieron una radio a todo volumen para desmoralizarnos, haciéndonos escuchar que había muerto en un accidente, que había sido una imprudencia, que no le importaba la vida. Nosotras no teníamos dudas de que había sido un asesinato. Ya desde el año 70 comenzaron las primeras detenciones, persecuciones, amenazas. No fue una cosa exclusivamente del golpe, sino que se venía gestando en los anteriores gobiernos, desde el 68 cuando asumió como obispo». Más allá de la desazón que les causó la muerte de Angelelli, Lucila reconoce que sus enseñanzas, en aquel momento, se enraizaron con más fuerza que nunca y la ayudaron a resistir en prisión: “En la cárcel buscan aislarte, que vos sólo te cuides a vos misma sin pensar en el resto. Y eso que creés que te protege, te termina destruyendo. Eso fue lo que nos imprimió Angelelli en la pastoral: la fuerza de lo colectivo. Y es algo que ya teníamos adentro nuestro, una manera de sentir», subraya.
Pastor de multitudes
Aunque en el programa oficial figura como una “peregrinación”, todos insisten en llamarla “marcha”. El recorrido cruza el modesto Barrio 20 de Mayo, en la ciudad de La Rioja, hasta llegar a la Comunidad Enrique Angelelli, en el barrio Difunta Correa. La columna, encabezada por el actual obispo de la provincia, Marcelo Colombo, avanza lentamente y se detiene en distintos puntos. Colombo, con sus manos, va bendiciendo escuelas, comedores y un hogar para chicos en situación de calle. La tarde cae detrás de las montañas y las velas reemplazan su brillo tenue.
En el punto de llegada, la calle Paraná está cubierta de sillas. Frente a ellas se eleva un escenario decorado con cactus y, en el centro, un retrato de monseñor Angelelli con una sonrisa liviana. Mientras arranca la misa, en el edificio de la Comunidad, el locro se va apelmazando en la olla y van llegando los músicos que tocarán en la peña, cuyo cierre estará a cargo de Peteco Carabajal. Durante la homilía, el obispo repasa el proceso de conmemoración que se inició el 18 de julio, día en el que se cumplieron 40 años del asesinato de los sacerdotes de Chamical Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. Una semana después, se homenajeó a Wenceslao Pedernera, laico y dirigente del Movimiento Rural Católico, asesinado en su domicilio la noche del 25 de julio de 1976. Habían tocado la puerta de la casa. Su esposa le insistió para que no abriera pero Wenceslao le dijo que podía ser alguien que necesitaba ayuda y así dejó pasar a sus propios verdugos.
“En la cárcel buscan aislarte, que vos sólo te cuides a vos misma sin pensar en el resto. Y eso que creés que te protege, te termina destruyendo. Eso fue lo que nos imprimió Angelelli en la pastoral: la fuerza de lo colectivo», afirmó Lucila Maraga, ex presa politica y participante de la pastoral de Angelelli.
«Fue un mes en el que quisimos confrontar aquel espiral de la muerte en un espiral de la memoria. Aquel círculo que dramáticamente se cernía sobre el buen pastor, ahora es una línea abierta de esperanza al futuro que nos compromete a ser una comunidad fraterna. Queremos que sus gritos sean los nuestros, queremos traerlos del olvido a este presente donde se hace el hombre nuevo según Cristo», expresa el obispo y cierra la primera parte de la misa. Lo acompañan en el escenario sacerdotes de diversas comunidades religiosas y distintas regiones del país.
Marcelo Colombo fue nombrado jefe de la iglesia riojana por el papa Francisco, en septiembre de 2013. Los cuatro años anteriores había oficiado como obispo en una diócesis en San Ramón de la Nueva Orán, una ciudad salteña sobre el límite con Bolivia. Conoció a Angelelli en sus primeros años de seminarista. Pero sólo siendo obispo, y estando al frente de la representación diocesana en el juicio, pudo “verlo” en concreto, en sus cartas, sus escritos, en la documentación aportada en la causa. Ante la consulta de ANCCOM, el obispo resalta el valor del esclarecimiento judicial: «Como sacerdote, no puedo alentar la revancha o la venganza, pero sí la plena aplicación de la ley y la búsqueda de verdad como un camino de realización del hombre y de la sociedad. Sin verdad no hay justicia ni hay paz», sostiene. Su labor está signada por el trabajo pastoral de Angelelli y la dinámica propuesta por el papa Francisco. Esta herencia, si bien marca un camino a seguir, es también una exigencia. «La función del obispo es una función pastoral que tiene consecuencias, sea que juegue a favor de los pobres en las instancias límites, sea que opte por silenciar la voz de la Iglesia y conducirla hacia adentro, lo cual también es una forma de tomar posición. La Iglesia es la familia de los cristianos en la calle. Tenemos que tender a la transformación de la sociedad por la participación activa en ella. Participás como padre de familia educando a tus hijos, pero también participás militando y actuando en distintos sectores sociales», destaca.
En La Rioja, una provincia de raigambre católica, la Iglesia es un actor de peso. A poco de haber asumido como obispo, monseñor Colombo tuvo que mediar en varios conflictos. Uno fue la toma de la Universidad Nacional de La Rioja por parte de los estudiantes, en reclamo de la destitución del rector que llevaba más de 20 años en el cargo, y que finalmente lograron. Otra situación fue la represión a las organizaciones autoconvocadas contra la minería en Famatina. En uno y otro caso, Colombo acompañó a las partes más débiles, estudiantes y asambleístas.
Para el actual obispo, tener “un oído en el Evangelio y otro en el pueblo», como decía Angelelli, es la mejor forma de recuperar su obra: «La visita pastoral es una herramienta de conducción. Por un lado, consiste en hacerse presente en un determinado lugar y tomar contacto con las instituciones, con la vida de la parroquia y de sus capillas, y también controlar si se cumplen algunas cuestiones de naturaleza administrativa como registros de bautismo y de casamiento. Por el otro lado, se trata de entrar en la vida de un pueblo, dejarte tocar por el corazón de ese pueblo y dialogar con él. En este sentido, Angelelli era un maestro. Hacía lo uno y lo otro. Era común verlo con su grabador preguntándole a la gente qué sentía, qué rezaba, qué pedía, qué agradecía. Angelelli es el pastor de personas concretas. ¿De multitudes? Sí. Pero en La Rioja prima el diálogo personal».
Para el obispo actual, tener “un oído en el Evangelio y otro en el pueblo» – como decía Angelelli – es la mejor forma de recuperar su obra.
“Ardor pastoral”
«Si analizamos nuestras experiencias personales y sociales en la vida de cada día, encontramos que siempre hay en ella una lucha entre la luz y las tinieblas. Pero podías resumir esta disputa de este modo: hay hombres ciegos y que no pueden ver. Hay también hombres cegados que no quieren ver las cosas como son, sino como ellos las juzgan. Y hay hombres cegadores que pretenden que los demás no vean la realidad como es, sino como ellos quieren que sea», señaló Monseñor Angelelli el 9 de marzo de 1975.
La sobreviviente Lucila Maraga recuerda el sufrimiento que significaron los juicios para esclarecer en el Poder Judicial el asesinato de Angelelli y para condenar a sus responsables. Terminada la dictadura, ella y su marido recuperaron la libertad y dedicaron sus energías a impulsar las investigaciones judiciales, para lo cual contaron con el acompañamiento de distintas agrupaciones políticas y el ninguneo de la jerarquía de la Iglesia y los sucesivos gobiernos provinciales. «Durante cuarenta años, hasta que comenzó el juicio, la Iglesia nunca tomó la figura de Angelelli como hoy se la está tomando. Durante cuarenta años, el pueblo ha conmemorado en Punta de los Llanos, en la marcha que se hace todos los años acá en la plaza. El pueblo siguió reivindicando siempre a Angelelli».
En 2014, Luciano Benjamín Menendez, Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Angelelli. Para Lucila no es suficiente “porque faltan todavía los civiles y otros sectores militares que han participado, pero ha sido muy bueno para que la sociedad riojana escuche, de la voz de los jueces, que ha sido un asesinato. Porque siempre ha sido la voz del pueblo la que habló de asesinato. Ahora ya no pueden negarlo porque la Justicia lo ha comprobado». No obstante, el Poder Judicial todavía tiene deudas impagas, como el enjuiciamiento a los asesinos de Wensceslao Pedernera y el reclamo es que se unifique esta causa con la de los sacerdotes de Chamical, Gabriel Longueville y Carlos Murias.
«Hay hombres cegadores que pretenden que los demás no vean la realidad como es, sino como ellos quieren que sea», señaló Monseñor Angelelli el 9 de marzo de 1975.
Jóvenes seminaristas riojanos participan de la marcha, entre ellos Lucas Barroso, de la diócesis de La Rioja, quien enfatiza la importancia del juicio: «Es muy importante para La Rioja poder descubrir la verdad sobre la figura de Angelelli, sobre todo de su asesinato. Porque es parte de nuestras raíces, de nuestros orígenes, y un pueblo sin raíces no podría sobrevivir en el tiempo. Es una reconciliación con la propia historia. Así como él, cuando llegó, dijo «soy un riojano más», como un riojano dio también la vida por su pueblo. Eso creo que es la mayor riqueza que tiene su muerte, su entrega, su servicio para nuestro pueblo. El saber que su sangre está en nuestra tierra, y que es una sangre que la fecundiza. Descubrir la verdad sobre su ser, sobre su vida, su pastoral, y sobre su muerte, principalmente, nos ayuda a reconocernos, a identificar nuestras raíces más profundas como riojanos».
Lucas opina que que lo fundamental es continuar con la tarea de Angelelli: «A monseñor Enrique se lo mandó a la Rioja por ser un pueblo postergado en esa época. Había que acallar a ese pastor que en Córdoba estaba movilizando mucho. Dijeron: ´Lo mandamos a un pueblo que ya está postergado, y el mismo pueblo va a callar a este obispo porque están olvidados’. Y esto fue lo que encendió más su ardor pastoral, misionero, su ministerio episcopal. Llegar y encontrarse con una realidad postergada, donde la pobreza estaba muy arraigada, donde había explotación de los pobres. Ante esa situación había dos posturas: o quedarse silenciado y no decir nada, o la actitud del profeta, que es acudir al pueblo, ayudarlo y denunciar. El mayor legado es la memoria de todas aquellas personas que estuvieron con él, que compartieron con él, y que descubrieron en él un verdadero discípulo de Dios. Alguien que estaba dispuesto a dar su vida para ayudarlas social y espiritualmente. Fue un obispo que desde el primer día que llegó a esta diócesis vivió según Cristo, que implica dar la vida. Sabemos que él dio la vida, pero aún vive en el pueblo».
La capilla que se construyó en el lugar en donde fue el asesinato del obispo Angelelli.
Actualizada 11/08/2016
Jul 14, 2016 | inicio
“El Isauro Arancibia amaneció con una triste noticia”, comunicaron desde el centro educativo para chicos y chicas en situación de calle ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Si ya estaban preocupados por la amenaza de demolición –debido a la construcción del Metrobus programada para inicios del 2017–, los docentes y estudiantes de la escuela recibieron otro duro golpe. En la madrugada del 13 de julio, la puerta lateral del edificio fue violentada para robar y destrozar el establecimiento. Se llevaron materiales del jardín maternal y maquinarias del emprendimiento gastronómico autogestionado por los jóvenes que asisten allí.
Según detallaron los trabajadores del centro educativo, luego de violentar la entrada ubicada sobre la calle Cochabamba y de destrozar varias puertas, los intrusos llegaron a las salas donde funciona el jardín maternal y robaron ropa de bebé, leche, pañales y juguetes. Además, rompieron los armarios y se llevaron materiales didácticos. “Había un montón de cosas. El día anterior habíamos recibido una donación de leches maternizadas y de cremitas para los bebes. Se afanaron todo”, contó a ANCCOM la docente Lila Wolman. También atacaron el lugar donde los estudiantes realizan los emprendimientos gastronómicos. Destruyeron armarios, se llevaron elementos que se utilizan para cocinar, comida que tienen los chicos para desayunar, un horno industrial de mucho valor –donado por la Embajada Suiza–, dos microondas, cafeteras, y mercadería. “O sea, usaron un auto, o una camioneta. A la noche hay una chica de seguridad puesta por el Gobierno de la Ciudad, pero dice que no escuchó nada. Es rarísimo”, opinó Wolman. Según explicó Susana Reyes, directora del centro educativo, la empresa que se encarga de la seguridad es gestionada por el Gobierno y hace años que custodia el edificio. “No se puede creer lo que pasó. Incluso a la policía, cuando hicimos la denuncia, le resultó raro”, aclaró Reyes.
El 13 de julio a la madrugada fue violentada la puerta de la calle Cochabamba, destrozaron varias puertas, entraron al jardín de infantes, se robaron ropa de los bebés, juguetes, rompieron armarios y sustrajeron materiales didácticos.
“Los chicos están destrozados. Todos los que están en el emprendimiento de cocina lloraban, porque dicen que esto les va a significar un gran retroceso, porque no van a poder trabajar”, lamentó Wolman. Pero agregó: “Tenemos que reciclar para seguir. No bajar los brazos. No lo van a conseguir”.
El episodio contra la Isauro Arancibia ocurre en el mismo mes en que una patota destrozó las instalaciones donde funciona el diario Tiempo Argentino y Radio América, sin impedimento policial, y al igual que el saqueo y destrozo de la parroquia de Isla Maciel, y el intento de detención de un hombre que viajaba en el tren con un cartel contra las políticas de ajuste del gobierno. “Ese mismo día le rompieron un vidrio al Club Atlético. No parecen chorros. Hay que tener una organización para llevarse todo esto. No sabemos quién fue, pero estamos preocupados, y asustados. Porque esto parece una provocación”, agregó Wolman. Laura Duguine, arqueóloga del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético, contó a ANCCOM que horas antes el área administrativa de este Sitio de Memoria también sufrió un intento de robo. “Rompieron un candado, entraron a un área de tránsito del Gobierno de la Ciudad y ahí rompieron un vidrio para acceder a la sala de exhibición. No llegaron a pasar porque todavía había gente y los escucharon”, explicó. Por otro lado, también hubo un intento de ingreso a la plaza “30.000 compañerxs” –frente al Sitio de Memoria– que fue desalentado por personal de seguridad de dicho espacio.
“Los chicos están destrozados. Todos los que están en el emprendimiento de cocina lloraban, porque dicen que esto les va a significar un gran retroceso, porque no van a poder trabajar”, lamentó la docente Lila Wolman.
El Centro Educativo Isauro Arancibia logró detener, en 2014, la construcción del Metrobus de Paseo Colón que hubiera implicado la demolición del edificio. Ahora, las autoridades porteñas volvieron a la carga con el proyecto y otra vez el emprendimiento educativo se encuentra amenazado. Luego de lograr que el Gobierno de la Ciudad comience con las reformas edilicias comprometidas con el Instituto –con un presupuesto de 14 millones de pesos, aprobado en 2011 a partir de la venta de terrenos en Catalinas– y a días de su inauguración, permanece en la incertidumbre ante el nuevo peligro de demolición que implica el trazado del Metrobus de la avenida Paseo Colón, previsto para 2017.
A pesar de haber realizado un pedido de informes sobre su situación, la comunidad del Isauro Arancibia no recibió ninguna información oficial. “Respecto a la demolición no tenemos respuesta. Suspendieron otra vez la Comisión de Educación en la Legislatura. No entendemos qué pasa, por qué no laburan. Los que tienen el quórum son los del PRO, entonces ellos dicen que no, y es no. Es la tercera vez que nos cancelan. Encima ahora entran en feria y hasta agosto no tenemos posibilidad”, expresó Wolman. El viernes 24 de junio, en Radio del Plata, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre la construcción del Metrobus en Paseo Colón, y ante la pregunta de un oyente sobre la situación del Isauro Arancibia aseguró que “la idea es trasladarlo”. Afirmó que incluso ya está acordado el predio alternativo, que será en la misma zona y respetará las vacantes actuales. Sin embargo, según explicó Susana Reyes a ANCCOM, en el centro educativo no recibieron ninguna información al respecto. “No contestan. Suspendieron todas las reuniones. Larreta anunció que nos trasladarían pero nunca nos contactó para notificarnos, ni para hablar sobre el tema”.
«Larreta anunció que nos trasladarían pero nunca nos contactó para notificarnos, ni para hablar sobre el tema”, explicó la directora de la institución, Susana Reyes.
Este viernes a las 9.30 se realizará una conferencia de prensa en la sede del centro educativo –Paseo Colón 1318– para comunicar lo sucedido y debatir sobre la coyuntura que transita la escuela. La inauguración oficial de la sede reformada está prevista para los últimos días de agosto. “Nosotros vamos a seguir. Vamos a continuar trabajando y festejando todo lo que tenemos y todo lo que hemos conseguido. Esto no nos va a tirar abajo”, concluyó Reyes.
Actualizado 14/07/2016
