A pesar de que los responsables materiales fueron condenados, aún deambulan en libertad. Mientras tanto, los familiares de la víctima fueron declarados terroristas, perdieron las AUH y les cerraron sus cuentas bancarias.

Rafael Nahuel tenía 22 años cuando fue asesinado de un disparo por la espalda durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, en el marco de un desalojo ordenado sobre el territorio donde la comunidad Lafken Winkul Mapu había recuperado su territorio desde meses antes. Aquel disparo, efectuado tras un operativo que incluyó más de un centenar de tiros con munición de plomo, marcó uno de los episodios más graves de violencia estatal de la última década. Ocho años después, la herida sigue abierta.

En este nuevo aniversario, María —tía de Rafael y una de las figuras más activas en el reclamo de justicia— lo recuerda entre bronca e impotencia: “Es tan injusta la vida, es tan injusto lo que le pasó a Rafita. Hasta hoy no hay justicia. Él ya no está y el que lo mató sigue caminando libre”.

A lo largo del año, la causa judicial tuvo algunos avances. En julio se confirmó la condena contra los cinco prefectos responsables del crimen: Sergio Cavia, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García. La Cámara Federal ratificó lo determinado por el Tribunal Oral Federal de General Roca, que consideró probado que los uniformados cometieron “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, con exceso en la legítima defensa”. Sin embargo, aunque la sentencia marcó un precedente relevante, para la familia y los organismos de derechos humanos el fallo es insuficiente: no responsabiliza a quienes dieron las órdenes políticas y operativas que derivaron en la represión.

Aun así, la misma Cámara habilitó la revisión de las penas –originalmente de entre cuatro y cinco años–, lo que podría generar una reducción. Mientras tanto, ninguno de los condenados está detenido. El dato contrasta con la rapidez con la que se aplican medidas restrictivas contra integrantes de comunidades mapuches en la región.

En aquel momento, la entonces ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, respaldó sin matices el accionar del Grupo Albatros. “Le damos a la versión contada por la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad”, dijo en conferencia de prensa. 

En paralelo al avance del caso por el asesinato, la comunidad Lafken Winkul Mapu enfrentó este año su segundo juicio penal por usurpación y seis miembros fueron condenados. El hostigamiento judicial sobre el lof se profundizó aún más cuando siete de sus integrantes –entre ellos María– fueron incluidos en el listado oficial de “personas vinculadas con actos de terrorismo”, una herramienta administrativa que no requiere decisión judicial y que implica severas consecuencias económicas y civiles.

“Nos llaman delincuentes, usurpadores. Sabemos que a Rafita no lo vamos a recuperar más, pero ojalá pudiéramos tener justicia. No sé si alguna vez el pueblo mapuche la tendrá”, dice María, que perdió la Asignación Universal por Hijo tras ser incorporada a esa lista. Además, tanto a ella (que sufrió un ACV luego de la muerte de Rafael) como a uno de sus hijos les quitaron la pensión por discapacidad. Y como consecuencia directa de esa clasificación, varios miembros de la Lof quedaron sin acceso a sus cuentas bancarias: automáticamente fueron bloqueadas por decisión de entidades financieras obligadas a cumplir la normativa.

Muertos civiles

Gustavo Franquet –de la Gremial de Abogados y Abogadas, entidad que representa a la comunidad– explica que la medida responde a una decisión política: “Los han incluido sin ningún argumento. Listan hechos de todos los conflictos que puedan imaginar de todas las comunidades en un periodo de quince años, incluso causas que terminaron en absoluciones. La sola inclusión obliga a las empresas financieras a cerrar cuentas. Para Bullrich, todos los mapuches son terroristas”. También advierte que la lista no es revisada por el Congreso ni por el Poder Judicial. “No hace falta ni siquiera estar imputado”, agrega.

Esa decisión administrativa tiene efectos concretos en la vida cotidiana. María cuenta que incluso visitar a su hijo se volvió un desafío. Juan Pablo Colhuan, lonko de la comunidad, está detenido desde octubre en la unidad penitenciaria de Rawson por usurpación de tierras y otros hechos atribuidos desde 2017 en adelante. Según Franquet, debía ser trasladado a Esquel, pero el Ministerio dispuso su reubicación en Rawson, donde las condiciones de vida son más estrictas. “No tiene relación con la acusación”, señala el abogado.

Colhuan es hermano de la machi Betiana Colhuan, autoridad espiritual de la comunidad. Sus integrantes fueron condenados por la usurpación del predio que Betiana había identificado como territorio ancestral dos meses antes del asesinato de Rafael. Ese contexto explica por qué jóvenes y adultos del Lof permanecieron dispersos en la montaña durante el operativo de 2017. Rafael llegó al lugar para asistirlos: llevaba comida y abrigo. No estaba armado. Ninguno lo estuvo. En el lugar del hecho se encontraron únicamente piedras y una lanza ceremonial. 

El Grupo Albatros disparó entre 114 y 129 veces con munición de plomo, utilizando pistolas 9 milímetros y subfusiles MP5. La investigación determinó que Rafael fue perseguido montaña arriba y baleado desde atrás. Su muerte ocurrió en el marco de una campaña de estigmatización contra el pueblo mapuche, sostenida desde sectores del gobierno nacional y replicada por medios de comunicación. El hecho coincidió además con un clima social marcado por la conmoción que rodeó la muerte de Santiago Maldonado, desaparecido durante una represión de Gendarmería y encontrado sin vida semanas después. El día que asesinaron a Rafael, el cortejo fúnebre de Maldonado atravesaba Esquel.

A ocho años, la cacería judicial y administrativa sigue más activa que nunca. María lo vincula directamente con la política del gobierno de Javier Milei: “Nos dicen terroristas, nos meten presos y nos matan por la espalda. Es increíble que ya hace ocho años Rafita no esté entre nosotros y sigamos sin justicia. Este gobierno no hace cumplir las leyes”.

También habla del dolor que atraviesa a la familia: “Rafita era muy joven, con muchas ganas de vivir, y se la quitaron en un segundo. A veces recuerdo su sonrisa y esa última conversación en la que le dije que no fuera. Me dijo: ‘Voy a ir porque mi familia está arriba; tengo que llevar comida’. Eso fue lo último que escuché de él”.

Las consecuencias del desalojo siguen marcando la vida de los niños de la comunidad. María lo cuenta con tristeza: “Los niños llegan al lugar y quieren su ruca (casa). Se acuerdan de todo. Juegan actuando lo que pasó ese día. Nadie de derechos humanos vino a preguntar cómo quedaron después del desalojo. El mayor tiene once, los más chicos siete. No pueden vivir en paz”. También denuncia el robo de animales –caballos, gallinas, toros y una vaca preñada–, además de herramientas, máquinas de coser, ponchos y elementos de la vivienda de la machi. “Duele que nos digan usurpadores cuando todo lo que teníamos lo perdimos. No era nada robado. Todo se compró con trabajo”, dice.

Sobre el Gobierno actual, María agrega: “Le roba a los pobres para darle a los ricos. A nosotros nos detienen por nada y nos sacan lo mínimo que tenemos. Ojalá algún día se reconozca todo el daño que nos hicieron a nuestros mayores. Nosotros estábamos primero. Defendemos el agua, los ríos, las montañas. No estamos en contra de la gente que viene a vivir, estamos en contra del Estado que viene y nos asesina”.

María también describe las dificultades para ver a su hijo detenido: “Si me dejaran, me iría a dedo. Solo quiero verlo y darle un abrazo. No hizo daño a nadie. Luchó por un territorio donde se levantó una machi, que nos costó muchísimo. Solo queríamos vivir como mapuches”.

El testimonio de Franquet aporta una lectura jurídica y política sobre el futuro de la causa: “Estoy seguro de que los prefectos que asesinaron a Rafael, con este gobierno, no van a ir presos un solo día”. El abogado recuerda que los propios Albatros reconocieron haber ingresado con armas de guerra cuando el predio ya estaba desalojado: “Declararon que cuando les tiraron piedras empezaron a disparar. A Rafael lo mataron por la espalda. Todo quedó claro en el juicio”.

Hoy, la comunidad sigue reclamando justicia. En Villa Mascardi, las marcas de la represión permanecen visibles. La muerte de Rafael Nahuel no fue un hecho aislado: se inscribe en una política sistemática de criminalización del pueblo mapuche. Para su familia, su ausencia es un duelo que se renueva cada día, pero también un motor para seguir reclamando. “Él siempre va a caminar entre nosotros espiritualmente”, dice María. “Lo que más queremos es verdad y justicia. Nada más”.

El miércoles por la tarde, bajo la consigna “verdad y justicia por Rafael Nahuel: de Roca a Bullrich, el Estado es responsable”, se realizó una manifestación en el Monumento a Julio Argentino Roca, entre Diagonal Sur y Perú, Ciudad de Buenos Aires. En el encuentro se pidió “justicia por Rafita” y “castigo a los culpables”. Y se cerró con la directriz: «Amulepe taiñ weichan», una frase en mapudungun que significa «nuestra lucha continúa».