Mar 13, 2018 | Novedades, Trabajo
Son tiempos difíciles para los trabajadores de prensa en todo el país. A la ola de despidos iniciada a principios de 2016 y que continúa en la actualidad, se les suman conflictos laborales semana a semana. Ahora, 120 trabajadores de Radio Rivadavia se encuentran a la deriva hace meses y no saben cuándo volverán a cobrar la totalidad de sus haberes. Tampoco tienen certeza si continuarán en sus puestos laborales.
Esta historia de abandono y desidia arranca mucho tiempo atrás. Así lo describe Julián Amado, delegado sindical de la radio por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA): “Venimos hace más de 20 años cobrando en cuotas y viendo vulnerados todos nuestros derechos. La justicia falló en una deuda impositiva a favor del ex dueño de la radio, Luis Cetrá. Habíamos hecho las denuncias correspondientes ante AFIP porque durante todo este tiempo no pagó un solo aporte patronal; increíblemente la justicia lo indultó y quedó todo en la nada”.
120 trabajadores de Radio Rivadavia no saben cuándo volverán a cobrar la totalidad de sus haberes.
El año pasado, el juez en lo comercial Horacio Francisco Robledo decretó la quiebra de Radio Emisora Cultural SA (ex titular de la licencia de Radio Rivadavia) por una deuda con SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) de más de 1.700.000 pesos. Se había establecido un plan de pago en cuotas de 270.000 pesos pero todo indica que no cumplió. La radio pasó a ser manejada por los hermanos Whpei, un grupo empresario rosarino que a través de DIFA S.A. operaba y comercializaba la licencia.
“Los trabajadores tuvimos que pasar obligados por este grupo, tras un acuerdo que hicieron frente una promesa de traspaso futuro de licencia. Después DIFA se fugó cuando les confirmaron que la licencia no iba a salir, tenían el dato de que se iba a dar la quiebra. Finalmente la quiebra se decretó, DIFA se fue y quedamos a la deriva”, sostiene Amado.
Además de decretar la quiebra, el juez Robledo designó un síndico, es el contador Héctor Spagnuolo, quien junto a su equipo llegó a la radio y en lugar de bajar la persiana, decidió darle continuidad. La intención era mantener la radio en condiciones para luego poder venderla en su totalidad: es decir, no desprenderse de la licencia por un lado, y del edificio y la planta transmisora por el otro, sino venderla como un “paquete” que incluyera al personal; todo ello hasta que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) determine qué hacer con la licencia.
La intención era mantener la radio en condiciones para luego poder venderla como un “paquete” que incluyera al personal.
Ahora, el síndico objeta que no puede sostener la radio de esta manera. Para Osvaldo Bergali, delegado de la radio por el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP), “es imposible que la radio no sea viable; con el capital que tiene está valuada en unos 22 millones de dólares. El síndico no sabe cómo se maneja una radio, no puede dejar a 120 trabajadores en la calle».
El trasfondo político es innegable, asiente Nadia Vilela, también delegada de SUTEP: “Tanto la resolución del juez como la del ENACOM es puramente política. Lo que sabemos es que ante cualquier resolución que se tome y perjudique a uno solo de los trabajadores, vamos a estar los gremios de pie, peleando para que los laburantes continúen en sus puestos de trabajo. Esperamos angustiados la resolución”.
¿Pero, cuánto se les adeuda entonces a los trabajadores? “No estamos cobrando desde noviembre, ese mes ahora lo estamos cobrando a prorrateo, esto es, lo que se junta por publicidades y otros espacios y se va pagando por puchitos. Imaginate que recién llegamos a cobrar el 20 o 30% del salario de noviembre. La gente está aguantando la situación como puede, tratando de mantener la radio al aire”, describe Amado.
Pablo Baque, trabajador al que no dejan ingresar a la radio.
Sin dudas, la situación de Rivadavia dista de sus mejores épocas. Es que por sus estudios han pasado glorias de la radiofonía nacional como Héctor Larrea o Antonio Carrizo. La radio siempre fue un faro para futuros trabajadores de prensa. Sin embargo, Vilela explica con resignación que actualmente “algunos compañeros no tienen para viajar, faltan uno o dos días por semana, y la sindicatura los presiona para que continúen cumpliendo su horario. Lo que está pasando acá es totalmente ridículo”.
María Sol Durán es coordinadora de producción en la radio, y al hablar del clima que se respira en los estudios, sostiene que “influye de manera pésima. Sentís que ni siquiera es un trabajo porque no nos pagan. Además, ellos les cobran el espacio a los periodistas importantes de la radio. Es decir, ellos van y pagan el espacio, entonces tienen derecho a exigir a su producción o a la radio. La persona para la cual vos trabajás está poniendo plata como si la radio funcionara al 100%. Y la verdad que se trabaja a desgano y con una profunda desilusión”.
Una reflexión de Bergali sirve para comprimir el momento de angustia que están viviendo a diario: “Hoy nos quieren callar. No pueden seguir cerrando radios y tapando la boca a la gente. Somos gente de radio, vivimos de la radio y queremos trabajar en la radio”.
Los trabajadores aún no cobran la totalidad del sueldo de Noviembre.
Jul 26, 2017 | Trabajo
El ajuste que aplica el gobierno afecta también a los medios de comunicación. En los casos del diario Página 12 y de Radio Del Plata lejos de caer sobre los dueños, perjudica a sus trabajadores. Pago de salario en cuotas y con demora, adeudamiento de aguinaldos y retraso en el pago de haberes previsionales son los mayores problemas con los que deben lidiar, por lo que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) exige una solución inmediata.
Tanto Página 12 como Del Plata tenían afinidad editorial con el kirchnerismo, que distribuía la pauta oficial de manera diferente a la que lo hace el gobierno encabezado por Mauricio Macri y permitía que hubiese medios que se sostuvieran con ese ingreso primario. Fernando Dondero, secretario general de Sipreba, destacó esto como uno de los disparadores de la crisis y dijo: “Se da un quiebre con la gestión de Cambiemos y cómo manejan la pauta oficial”. Además, en el caso de Del Plata agregó: “La radio recibía bastante dinero porque tuvo un uso político”.
Aparte de secretario general, Dondero es delegado de Sipreba en Página 12 y en ese rol expresó que, si bien tienen trato con los directivos del Grupo Octubre, de Víctor Santa María (titular del sindicato de porteros y del Partido Justicialista porteño), no responde a sus demandas. “La patronal está abierta al diálogo, pero no se soluciona el problema. Con quién más nos reunimos es con el director ejecutivo del grupo, Francisco Meritello”, afirmó.
Reclamo salarial de los trabajadores de Radio Del Plata.
Ana Paoletti, otra delegada de Sipreba en Página 12, contó que hace dos semanas se canceló el aguinaldo pagado en cuatro cuotas y también se solucionó la falta de viáticos para los fotógrafos que los llevó a hacer un paro el 7 de julio. Sin embargo, aún tienen reclamos sin respuesta y destacó: “Deben pagar un 12% de aumento correspondiente al insuficiente acuerdo que hicieron con la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) del 20% firmado en mayo (se dará en tres cuotas) y es retroactivo desde ese mes hasta hoy, pero no lo han hecho. Además, se comprometieron a blanquear a los compañeros del portal digital Diario Z y que dependan de Página/12 desde agosto”.
Paoletti dijo que los problemas se desataron el año pasado a partir del pago diferido de sueldos y aguinaldo en cuotas y relató que el Ministerio de Trabajo los convocó varias veces, pero no les ofrecen soluciones concretas. Debido al conflicto, han tomado distintas medidas de fuerza. “Hemos hecho paros, ediciones con retiro de firmas, una mateada en la puerta y hay asambleas constantes”, expresó. Además, marcó que la primera semana de agosto deben pagarles los sueldos y saldarles lo adeudado, “si no cumplen, vamos a seguir con los reclamos hasta que brinden una solución real”, añadió.
La situación en Radio Del Plata es un poco más compleja. Desde diciembre de 2015 se iniciaron las irregularidades, con el pago en cuotas de los salarios. Al principio, si bien fraccionaban el sueldo, pagaban su totalidad dentro del mes, pero a partir de febrero de este año reina la incertidumbre y los trabajadores no saben cuándo van a cobrar. Se les adeudan tres meses de salario, dos aguinaldos, hay falta de pago de haberes previsionales y de obra social que llegan al año. Este último ítem constituye un delito penal, pero pareciera no ser tomado en cuenta.
“La patronal está abierta al diálogo, pero no se soluciona el problema», dijo el delegado de SipreBa.
El miércoles pasado hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo para exigir que intervengan y les den respuestas a los trabajadores damnificados. En esa reunión, los dueños se comprometieron a pagar algunas deudas, pero no han cumplido. “La patronal alega que busca compradores para la radio y que se hagan cargo de la deuda porque no tienen dinero”, dijo Dondero.
La empresa responsable de Del Plata es Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta. Legalmente, el dueño es el Grupo Empresarial Argentino S.A. que componen Sebastián Ferreyra, Santiago Acosta, hijos de los ya citados, y otros accionistas minoritarios como el Swiss Medical Group, de Claudio Belocopitt, y Marcelo Tinelli.
Los 150 trabajadores de la radio (entre contratados y efectivos) esperan una definición de la situación de una emisora que parece agonizar. Paros rotativos y que no salga la programación completa son algunas de las medidas de fuerza que se han tomado durante el conflicto. “Del Plata llegó a ser cuarta en cantidad de oyentes y esto la afectó. Se le fueron conductores, columnistas y se achicó el personal porque algunos se consideraron despedidos por falta de pago”, expresó Dondero.
El viernes pasado otro conflicto gremial de prensa se hizo público, cuando se viralizaron las imágenes de un ruidazo en la redacción del bisemanario Perfil, la forma que utilizaron los periodistas de reclamar el pago atrasado de su aguinaldo.
El secretario general de Sipreba alertó que hubo 1.400 despidos en el área de prensa en la ciudad y 2.500 en el país durante los últimos dos años. “Hay peligro de que se pierda el pluralismo y se escuchen solo unas pocas voces. Sin trabajo no hay libertad de expresión”, reflexionó.
Actualizada 26/07/2017
Jun 15, 2016 | inicio
Sentarse a esperar la llamada telefónica que los convoque a trabajar. Viajar hasta Zepita 3220 para llegar a la hora indicada. Firmar un contrato a ciegas que morirá a las 24 horas, y esperar tener suerte al día siguiente para que todo se repita. Así transcurre la jornada laboral de los trabajadores de una de las plantas impresoras del grupo Clarín. A pesar de que su estatuto determina que a partir de los 30 días de trabajo corrido los operarios deben ser efectivizados, en algunos casos llegan a trabajar como jornaleros trece años sin pasar nunca a integrar la planta permanente. Sin organización gremial consolidada debido a las constantes amenazas por parte de la empresa, en marzo de este año fueron elegidos delegados Alejandro Ontivero y Diego Bruschini, para defender sus derechos laborales. Durante los últimos dos meses Ontivero, que era contratado por día, espera, en vano, que el teléfono suene.
Zepita es la planta encargada de la impresión de los diarios Clarín, La Razón, Olé y Revista Genios, entre otros productos de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA SA – Grupo Clarín). Si bien los empleados del otro edificio de la empresa –ubicado en la calle Tacuarí, sede de las redacciones y de administración– llevan adelante un reclamo por mejores condiciones laborales y un salario digno, los trabajadores de Zepita se encuentran varios pasos más atrás. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. “Yo lo firmo y ellos me lo sacan. No nos dejan verlo. Así como me pasa a mí le pasa a todos los compañeros que son contratados, es una manera en la que ellos se cubren”, explicó Ontivero, que hace 11 años trabaja bajo las reglas de este sistema con la promesa que de algún día ser efectivizado. Mientras que un empleado permanente cobra alrededor de 30.000 pesos, por los mismos días y horarios un contratado percibe menos de la mitad. “Un promedio de 800 pesos por cada jornada”, estimó Bruschini.
Alejandro Ontivero
“Este sistema es ilegal. Nuestro estatuto establece que a los 30 días la empresa está obligada a efectivizarte. De los 30 días a los 14 años está todo fuera de la ley. Pasa que es muy difícil meterle una denuncia al diario”, explica Francisco Rabini, delegado de la comisión interna de Clarín por SiPreBa. El diario tiene un programa de disciplinamiento: “Ellos son personas que a veces hace 11 o 12 años que no se toman vacaciones, porque si lo hacen no los contactan para trabajar durante dos semanas como represalia”, explicó. Y agregó: “Tenés que estar siempre pendiente, porque si suena el teléfono, no atendiste y ese día no fuiste a trabajar y pasas al último eslabón. Tenés que volver a pagar derecho de piso. Ni hablar si te quejás o intentás mejorar las condiciones de trabajo”.
El número de contratados por día va variando de acuerdo a la tirada de ejemplares de cada jornada. Este sistema, según expresó Rabini, es una manera de hacerle pagar al trabajador un costo de fluctuación del que debería hacerse cargo la empresa: “Si el diario tiene problemas por imprimir más los fines de semana y menos en la semana es un tema suyo. No puede hacerle pagar eso a un tipo que no tiene laburo. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Londres, no es una pyme. Nosotros después hacemos notas en el diario sobre talleres clandestinos bolivianos en Flores y nos horrorizamos cómo los someten a esas condiciones. Bueno, nosotros tenemos algo muy parecido”, opinó.
Persecusión sindical
Ante la negativa de la empresa a convocarlo a trabajar desde que asumió como delegado -el pasado 31 de marzo-, Ontivero intentó acercarse para dialogar con Clarín y lograr un acuerdo, pero sólo se encontró con negativas. Por este motivo presentó un recurso de amparo en la justicia: “El que inició el amparo fue mi abogado Guillermo Gianibelli. El 3 de mayo salió una resolución donde le ordenan a la empresa mi reincorporación. La empresa aduce que no le llegó nada, desconoce el fallo, no hace caso a la justicia. Nos presentamos 10 días más tarde con mi abogado y con el escribano a la puerta y no nos dejaron entrar. Esto es claramente una persecución sindical. Porque desde que salí electo no puedo ingresar a la planta”, denunció Ontivero.
El jueves pasado la Justicia impuso una multa a AGEA, que comenzó a tener vigencia a partir de este lunes. Por cada día que la empresa no llame a trabajar a Ontivero, le deberá pagar 5000 pesos. Sin embargo, el trabajador considera que esta no será sanción suficiente para revertir la situación. “El problema es que la empresa lo va a pagar, porque no quiere la organización gremial. No quiere representantes genuinos. Nosotros fuimos elegidos por nuestros compañeros. Ellos no quieren eso, quieren delegados de la patronal, para poderlos manejar. Como ni a Diego ni a mí pueden controlarnos, eligieron este camino, la persecución”, explicó.
Desde la empresa no solo se le negó el trabajo a Ontivero luego de ser elegido delegado, sino que también Bruschini denunció persecución gremial. Aun conservando el puesto, ya que es efectivo, la empresa comenzó a exigirle una metodología de trabajo diferente: “A partir de la nota con Víctor Hugo Morales, el pasado miércoles a la noche, me quisieron cambiar los francos, el horario de entrada, y la jornada en general… ahora me la empezaron a complicar a mí”, reconoció. Asesorado por los abogados de SiPreBa hizo llegar a la empresa un telegrama alertando sobre esta situación ilegal. Hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
Diego Bruschini
Sin actividad gremial consolidada durante los años previos, recién en 2014 los trabajadores de la planta Zepita convocaron su primera elección: “Siempre nos decían que la empresa echó mucha gente en el año 2000, entonces los compañeros tenían miedo. Es más, ahora tienen mucho miedo de hacer algo”, se lamentó Ontivero. Y agregó: “Lo que me está pasando a mí es una manera de asustar a la gente. Es dar un ejemplo. Ellos nos decían: ‘Al que se postule como delegado, la empresa lo va a echar. Al que quiera organizar una asamblea, la empresa lo va a echar’. Siempre recibimos amenazas. Los capataces se hacían llamar delegados”.
Ese año, los representantes gremiales de Tacuarí, que renovaron su comisión interna, decidieron llamar a elecciones en Zepita, que carecía de organización sindical. Sin embargo, unos días después apareció en la planta un papel que convocaba a otra votación: “Esto lo manejaban los capataces de recursos humanos, que son los que aprietan y amenazan a la gente. Entonces al día siguiente fui a Zepita y empecé a juntar firmas en contra de ese llamado, que era muy trucho, sin los plazos y requisitos que son necesarios”, explicó Rabini. Luego de haber juntado 50 firmas en contra, frente a 15 que habían votado amenazados por la empresa, según contó este delegado, el gerente de Recursos Humanos dio por inválida la elección, permitiendo convocar una nueva. Sin embargo, tres días después llegó un telegrama de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) dando por válida esa elección, gracias a lo cual los capataces pasaron a ser los delegados. “La UTPBA es un sindicato totalmente vaciado, burocrático, que ha cometido todas las traiciones que se puedan cometer, razón por la cual nosotros participamos de la creación del nuevo sindicato, que es SiPreBa”, explicó Rabini. Y continuó: “Más bajo no podes caer como sindicato. La empresa defiende sus intereses, quiere pagar los sueldos más bajos posibles, lo entiendo. Ahora, la lógica del sindicato es defendernos a nosotros. Acá le dieron un aval a la esclavitud, al sometimiento de los tipos que ellos mismos tienen que defender”.
La lucha llegó a Zepita
Clarín no sólo desconoce la representación gremial de sus empleados sino que, según denuncian los delegados electos por SiPreBa, se encuentra en proceso de reducción de personal. El método utilizado es la tercerización de tareas realizadas en la Planta Zepita hacia otras empresas pertenecientes al mismo Grupo. Un ejemplo es el caso del sector Depósito: en octubre de 2015, la empresa presionó a los empleados para que firmaran un contrato bajo la denominación “Cesión de contrato de trabajo”, aceptando pasar a formar parte de Unir S.A y, a cambio, se comprometían a pagarles un resarcimiento como parte de indemnización, respetarles los años de antigüedad e, incluso, volver a su lugar de trabajo original si cambiaban de opinión: “Con ese movimiento bajaron línea: ‘Ojo con el que se organiza porque volás’. Lo dicen desembozadamente. Acá el que saca los pies del plato, el que arma quilombo, se va”, denunció Francisco Rabini.
Según la página web de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina “Unir S.A. es una empresa del Grupo Clarín orientada al desarrollo de soluciones integrales en las tareas de Distribución Postal, Logística en general”. Tal como argumentan los delegados consultados por ANCCOM, Clarín no sólo cede a sus empleados en Zepita para realizar trabajos bajo la razón social de UNIR S.A, –empresa que también pertenece a ese Grupo mediático–, sino que aún habiendo sido trasladado a otra rama los empleados deben continuar realizando, en parte, tareas que corresponden al trabajo de la planta impresora. Cuando los empleados comenzaron a entender la situación pidieron a Clarín hacer uso de la cláusula que les permitía volver a sus antiguas funciones pero fueron desoídos por la Gerencia: “Como respuesta les decían que si ahora eran empleados de Unir S.A tenían que arreglar con esa empresa. Y les ofrecían como indemnización sólo la mitad de lo que les habían ofrecido antes de firmar”, explicó Bruschini.
Alejandro Ontivero lleva más de 70 días sin su llamado telefónico, más de 70 días sin trabajar, más de 70 días sin cobrar. “Yo tengo 9 hijos y me siento en una situación bastante complicada, bastante jodida. Hoy me cuesta mucho traer un plato de comida a mi casa, porque estoy sin trabajo”, contó a ANCCOM. Durante estos dos meses recibió ayuda de la comisión interna de Clarín, que hace colectas para aliviar su situación económica. “Ellos están peleando por un sueldo digno y sacan plata de su bolsillo para darme una mano a mí. Eso me enorgullece de mis compañeros. Además quiero agradecer mucho al gremio de prensa SiPreBa, porque está apoyando en todo momento, no solamente a mí, sino a todos los trabajadores”, dijo. Y concluyó: “Es tremendo lo que está pasando. Con mi familia no sabemos qué hacer para pasar el día a día. Pero lo que hicimos nosotros en la empresa con mis compañeros era lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que elegir una comisión interna y pelear por nuestros derechos, que hace mucho tiempo que la empresa los pisa. Yo hoy estoy en mi casa, no tengo trabajo, pero tengo dignidad. No sabes el orgullo que me da haber peleado por mis compañeros, seguir peleando por sus derechos y los míos”.
Diego Bruschini y Alejandro Ontivero fueron elegidos delegados sindicales de la planta impresora «Zepita» del Grupo Clarin
Actualización 15/06/2016
