Sep 13, 2017 | Comunidad
La contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un hecho, y la demora en la relocalización de las familias que viven a la vera del río, otro. Aún quedan más de 1.800 familias por relocalizar, lo que implica que falta mudar a más del 80 por ciento de la población afectada. Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dan respuestas concretas y se sigue dilatando la urgente relocalización de los vecinos de la zona. ANCCOM recolectó testimonios de distintas personas y organizaciones vinculadas al tema.
María Gutiérrez, vecina de la zona, cuenta: “Hace como treinta años que nos vienen diciendo que nos van a relocalizar, pero pasa el tiempo y seguimos en el mismo lugar. Además, en caso de que nos cambien de lugar, tiene que ser por la zona. Hubo casos anteriores que mandaron a los vecinos a cualquier lado. Ya no se aguanta vivir acá, nuestros pozos de agua están pegados a los de la cloaca. Con la contaminación que hay en el río, vivimos con mal olor, basura, y chicos con problemas respiratorios”.
Aún quedan más de 1.800 familias por relocalizar, lo que implica que falta mudar a más del 80 por ciento de la población afectada.
Natalia Machain, coordinadora regional de política de Greenpace Andino (oficina regional que agrupa a las sedes de Argentina, Chile y Colombia), da un panorama de algunos de los problemas que trae seguir viviendo allí: “Los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo ven afectada su salud por falta de agua potable, los altos niveles de contaminación del agua por efluentes industriales y por hidrocarburos en aguas subterráneas en algunas áreas. Esta contaminación provoca afecciones y enfermedades varias en la piel, enfermedades respiratorias y tiene incidencia en algunos tipos de cáncer”.
El presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, afirma que “el beneficio de trasladar a los habitantes a nuevas viviendas es obvio, la gente está viviendo de manera muy precaria, y estas nuevas viviendas son realmente confortables. Es cierto que la gente tiene un arraigo muy fuerte a sus hogares, algunos tienen un núcleo de relaciones allí establecidas que le ayudan a su supervivencia, por lo que la relocalización se trata de que sea lo más cercana a donde ellos están viviendo actualmente”.
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dan respuestas concretas .
En consonancia con Alberti, Santiago Cané de la ONG “Fundación Ambiente y Recursos Naturales”(FARN), dice: “El beneficio es que las casas a las que se relocalizarían son de concreto, y están en mejores condiciones edilicias, la obligación de relocalizar incluye que tengan agua y cloacas y además dejan de estar asentados sobre basura y tierra contaminada con plomo entre otros tóxicos”. Cuando a Cané se le consulta sobre la demora del Gobierno en la relocalización, ilustra: “Se puede imaginar que hay intereses inmobiliarios en los terrenos que, por ley de la Legislatura de la Ciudad, están destinados a la construcción de viviendas para relocalización”.
La Corte Suprema dispuso en 2008 la obligación de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires de llevar adelante el saneamiento del Riachuelo, en forma coordinada, para garantizar la calidad del agua y el bienestar de los vecinos de la Cuenca.
A nueve años, el fallo de la corte sigue sin cumplirse. Machain, de Greenpeace, asegura: “Las empresas identificadas como agentes contaminantes siguen vertiendo sus desechos al agua y las compañías del Polo Petroquímico de Dock sud, cuya contaminación fue la causa de la denuncia judicial que terminó con el histórico fallo, no sólo no fueron reconvertidas sino que eventualmente podrían quedar exentas de responsabilidad, si se achica el área de influencia de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). A pesar de los progresos cosméticos en la Cuenca, queda mucho por hacer”.
«Ya no se aguanta vivir acá, nuestros pozos de agua están pegados a los de la cloaca»,dice una vecina.
Hay quienes se preguntarán si más allá de la relocalización de los vecinos es posible una recuperación ambiental del Riachuelo. En este punto son varias las voces que coinciden. Desde FARN, Cané dice: “La recomposición es posible, depende de la decisión política de las máximas autoridades de Nación, Ciudad y Provincia, además del esfuerzo de la Corte Suprema en la persecución de ese objetivo. Esto implicaría tener el agua, el suelo y el aire de todo el territorio de la cuenca no contaminado. Las industrias funcionando sin verter sustancias nocivas, el tratamiento de residuos sólidos urbanos en buen funcionamiento (no en basurales a cielo abierto), los asentamientos precarios urbanizados, etcétera”.
Machaian coincide con que la recuperación ambiental es viable: “La recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo es un imperativo ambiental y social, urgente para la Argentina. La tecnología está disponible y las herramientas legales también. Es necesaria la voluntad política y el ejercicio del control y sanción por sobre las industrias contaminantes que hasta el momento avasallan el derecho a la salud de la población”, destaca.
Actualizado 12/09/2017
Ene 3, 2017 | Entrevistas
En 1963, un grupo de veinteañeros arribó a la estación de Retiro en el ferrocarril San Martín. Venían de San Rafael, Mendoza. Habían juntado unos pesos durante la cosecha y querían probar suerte en la Capital. Recién llegados, se sorprendieron de la cantidad de vehículos y de gente. El hermano de uno de ellos los esperaba. No hace falta tomar un colectivo para ir a la villa, les dijo. No sabían qué era una «villa», se imaginaban terrenos amplios, tal vez como quintas. Caminaron varias cuadras hasta una esquina arbolada -donde hoy está la terminal de ómnibus- y desembocaron en una calle amplia y asfaltada. A medida que avanzaban, a los costados, iban viendo cada vez más ranchos de madera y chapa. Uno de esos jóvenes, nacido en Jujuy y de chico migrado hacia Mendoza, era Teófilo Tapia, quien en ese momento no sabía que estaba entrando a un territorio que, con el tiempo, se convertiría en la lucha de su vida.
Cincuenta y tres años después, en el comedor «Padre Carlos Mugica», en la calle 12, a dos cuadras de la avenida Carrillo, Tapia recibe a ANCCOM y repasa su historia y la de la Villa 31 (que son una sola). Además, con una serenidad que contagia, recuerda a Mugica, al cumplirse 42 años de su asesinato, el 11 de mayo de 1974.
¿Cómo era el barrio cuando llegó?
En la parte de Güemes había casas de madera, chapa y cartón. El barrio “Inmigrantes” estaba un poco mejor. Durante el gobierno de Perón habían hecho unas casitas prefabricadas, con techo de zinc a dos aguas y un jardín adelante, con ligustrinas, para las familias de inmigrantes que llegaban. También estaba el “Barrio YPF”, que se había armado alrededor de unos depósitos de la empresa. Era un barrio organizado que quería mejorar. Nadie quería vivir en ranchos, ya se empezaba a pensar en la urbanización. En esa época no teníamos luz, sólo lámparas de querosene y velas.
¿Cuándo llega Mugica al barrio?
En 1964. Por entonces, este comedor era una escuela. Al lado se levantaba una iglesia bastante linda a la que llegó Mugica. Del otro lado había un descampado y ahí empezó a juntar a los pibes para jugar a la pelota. Así comienza su trabajo pastoral. Se puso a recorrer las calles, a conocer el barrio y a participar en las reuniones vecinales.
¿Cómo era personalmente?
Una persona sensible y humilde. Salía sin la sotana, de vaquero y campera. En las reuniones, la mayoría eran obreros o trabajadores portuarios. Eran bravos, puteaban mucho, y Mugica también puteaba. Todos se sorprendían de que un cura viniera acá, se metiera entre nosotros, y no tardaron en encariñarse con él. Nunca buscó ponerse a la cabeza, más allá de todo lo que había estudiado y de que trataba con gente que tal vez no había terminado la escuela. Nunca se mostró superior. Trabajaba con José Valenzuela, dirigente del barrio Comunicaciones, lo consultaba antes de hacer cualquier cosa, le pedía opinión. Mugica apoyaba, aportaba, pero nunca rebajaba a nadie. Solía dar consejos y animar a los vecinos para que sigan luchando, siempre con humildad. Por eso era tan querido acá y en todas las villas de Capital, porque las recorrió todas. Y así fue que muchos curas se fueron acercando a él, siguiendo la idea de los curas tercermundistas, para pelear en los barrios marginados.
¿Cuándo levanta Mugica la capilla del Cristo Obrero?
Cuando se enteró de la muerte del Che Guevara, viajó a Bolivia para pedir la repatriación del cuerpo y la liberación de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. En 1967 viajó a Europa en donde formó parte del inicio del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. También lo visitó a Perón en Puerta de Hierro. Pero cuando volvió a la Argentina se encontró con que el obispo había puesto a otro cura en su iglesia, Julio Triviño, que había sido capellán del Ejército. Entonces Mugica fue al barrio Comunicaciones y, en un terreno al lado de una canchita de fútbol, armó la Capilla del Cristo Obrero. Ahí fue donde profundizó su trabajo pastoral y también con la Juventud Peronista Montonera. Conocía a los pibes porque daba cursos en las universidades y en los colegios. Conocía a Firmenich, a Vaca Narvaja, a Abal Medina, a toda la cúpula de Montoneros. Ellos venían a la villa a militar y ahí conformaron ese movimiento que salió a dar la lucha. Él se integró a la organización porque le parecía que la gente necesitaba vivir mejor, sobre todo en esas tierras donde había tanta miseria. La juventud quería un cambio radical y Mugica lo apoyaba. Se sumaron muchos jóvenes del barrio que tal vez no entendían de política pero no querían seguir pisando el barro. Luchaban por tener una universidad acá en la villa, ¿por qué no? Y el día de mañana ser ingenieros, o diputados, para que las villas tengan los representantes que hasta hoy no tienen.
¿Cómo vivió la época de la Triple A y el asesinato de Mugica?
Lo primero que hizo la Triple A fue desmantelar el barrio. Conocían a los dirigentes, a los presidentes, a los delegados, a los que sobresalían porque tenían reuniones en la Casa Rosada, López Rega los tenía a todos fichados y fotografiados. Tenía planos con las ubicaciones donde estaba cada uno, donde eran las casas. Así los empezaron a perseguir, algunos fueron presos, a otros los torturaron… Los presidentes de los barrios tenían reuniones en la Casa Rosada o en Olivos. Fueron a ver a Perón para decirle que querían urbanizar la Villa 31. Había un proyecto con arquitectos, profesionales, todo listo para arrancar. Perón les dijo que no, seguramente porque López Rega ya tenía pensado qué hacer. Los compañeros salieron decepcionados. Perón ya tenía mucha edad, estaba cansado, enfermo, muchos años en el exilio, no estaba consciente como para darnos una mano. La urbanización tendría que haberse logrado en la época de Cámpora, que venía mucho a la villa, traía cosas a los chicos que lo apreciaban, y por eso le decían «el Tío». El 11 de mayo del 74 Mugica fue a visitar al cura de la Iglesia San Francisco Solano. Ese día había un casamiento, así que se quedó a la misa. Cuando terminó, salió y se encontró a unos tipos de bigotes que preguntaban por él. Una vez que lo reconocieron lo ametrallaron ahí mismo. Antes ya habían matado al compañero Alberto Chejolán, el primer mártir de la Villa 31, aunque en realidad buscaban a su hermano, Roque, que era dirigente montonero, ahijado de Perón. Los compañeros Carmelo Sardina (presidente de los vecinos de Güemes), Valenzuela, los dirigentes montoneros, habían jurado que no se iban a ir de la villa, pero después de que lo mataron a Mugica la situación empeoró y algunos lograron escaparse, entre ellos Valenzuela que se escondió por la zona de La Salada, en Budge.
¿Qué pasó durante la dictadura?
Quedamos 33 familias. Los militares venían y arrasaban. Elegían la casa que querían voltear, sacaban a la familia con la Policía o el Ejército, y la derrumbaban. Ponían todas las cosas en un camión de basura y lo tiraban del otro lado de la General Paz. Así hicieron con todas las villas. Nosotros logramos mantenernos porque estaba el cura José María «Pichi» Meisegeier. Antes de la erradicación compulsiva se habían juntado los curas villeros y armaron cooperativas de viviendas. Usaban terrenos que les regalaba la Iglesia, por ejemplo en San Miguel, donde armaron el Barrio Copacabana. Y como los obispos estaban aliados a los militares, los represores respetaban a algunas organizaciones como Cáritas. Marcaban las puertas de las casas con una «C» y sabían que no había que demolerlas.
¿Cómo se organizaban con los vecinos?
De las 33 familias éramos muy pocos los que nos movilizábamos. Fuimos a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos conformados como una comisión demandante del barrio. Ahí nos encontramos con Eduardo Pimentel (uno de los fundadores de la APDH), que nos presentó a dos abogados recién recibidos para llevar nuestro caso, María Victoria Novellino y Horacio Rebón. Ellos juntaron a otros abogados -algo difícil porque nadie se animaba- para defendernos de los atropellos. Así iniciaron, a principios del 79, la causa para parar la erradicación compulsiva. En primera instancia perdimos porque nos pusieron a los 33 representantes de las familias a declarar en una audiencia pública y muchos no se animaron a ir. Creían que si iban no volvían más a la casa. Era razonable. La abogada insistió, apeló a la Cámara, y apareció un juez que salió defendiendo los derechos de los habitantes. (El intendente Osvaldo) Cacciatore, antes de empezar la erradicación, había sacado una ordenanza donde decía que todos aquellos que eran desplazados de sus casas debían acceder a una vivienda digna y decorosa en otro sector de la Capital Federal. Eso no se estaba cumpliendo, y por esa razón se logró ganar el juicio.
¿Con la democracia el barrio volvió a crecer?
Sí, todas las villas se empezaron a reorganizar y a reconstruirse. Cuando asumió el radicalismo quedó Facundo Suárez Lastra como intendente de la Capital. Él sacó, en las pautas programáticas de las soluciones para los barrios, una parte que decía que todos aquellos que habían sido desalojados podían volver. De todas formas era difícil porque había dirigentes, como Fray Medina, que no querían que viniera más gente. La Policía tampoco quería que se repoblara. Fue entonces cuando con dos compañeros, Bressan y Vásquez, empezamos a traer gente que no tenía donde vivir, o que era desalojada de casas tomadas, como las 40 familias de un edificio que quedaron en la calle cuando agrandaron la avenida Córdoba. Les ofrecimos que vengan a la 31, les explicamos la situación, les dijimos que vengan de noche y que en lo posible trajeran carpas o lo que sea para armar un rancho. Estábamos en democracia, no los podían desalojar. El procedimiento era siempre el mismo: armábamos todo a la noche, marcando bien los terrenos y dejando calles amplias para que el día de mañana se pueda urbanizar. Avisábamos a los medios, si podíamos a algún diputado, y al otro día la policía ya no los podía sacar. Así armamos el barrio Comunicaciones, las manzanas 28 y 29, y así logramos la reconstrucción de la Villa 31.
¿Usted vivió aquí todos esos años?
No. Durante el gobierno de Alfonsín salió un plan de viviendas en el Barrio Illia. Mi compañera quería que nos anotemos y nos mudemos para allá. Yo no quería al principio, pero al final la acompañé. La casita que yo tenía acá en la manzana 29 era grande, de material. Había una familia que se había acercado al comedor y me comentaron que no tenían donde vivir. Así que les regalé la casa, no les cobré nada. ¿Para qué quería dos casas? Les expliqué a los vecinos que me iba a mudar con mi familia, pero que iba a seguir luchando acá. Ellos me tenían como un referente.
Y llegaron los 90, el menemismo…
Sí, y las topadoras del intendente Jorge Domínguez. Todo empezó por un decreto para la construcción de la autopista. Desalojaban a familias por monedas. En el Concejo Deliberante se había votado que les den 12.000 pesos-dólares. Era una estafa, con esa plata no llegaban a comprar otra vivienda. Hubo traición de muchos dirigentes que vendieron todo. Algunos curas también fueron cómplices, como (Enrique) Evangelista, que era bastante jodido. La autopista iba a pasar sobre la iglesia en donde él trabajaba, se tendría que haber plantado para que la desviaran, pero vaya a saber cuánto le dieron y se terminó haciendo. Hizo lo mismo que había hecho Triviño, que permitió que voltearan la capilla y la escuela que estaban acá, donde está ahora el comedor. Yo con el menemismo me quedé sin laburo, así que pasaba todo el día trabajando en la Villa.
¿Cómo fueron los últimos años?
Desde que ganó Macri en Capital la urbanización se volvió muy difícil, aunque se votó una ley de urbanización estando Macri en el gobierno. No sé cómo logró el ex legislador Facundo Di Filippo convencer a sus colegas para que la votaran. Se aprobó la ley pero no el dictamen, que es lo que da forma al proyecto. No se logró porque el PRO era mayoría y no bajaban la ley al recinto, siempre quedaba en comisiones. Y con Macri como presidente está más difícil todavía.
¿Qué significó para usted haber sido nombrado en 2015 ciudadano ilustre?
Lorena (Pokoik, legisladora porteña), a quien conozco desde chica, me trajo la propuesta de postularme como ciudadano ilustre en la Legislatura. No me gustaba la idea. Son cosas para gente como Tinelli, Mirtha Legrand, cualquiera de esos. Yo soy un luchador de la villa. Después otros compañeros me convencieron. Ojalá Mugica hubiera sido nombrado ciudadano ilustre, o cualquiera de los que dieron la vida como él. En nombre de ellos acepté. Es irónico, porque el macrismo firma reconociéndome ciudadano ilustre pero no aprueba la urbanización. Ese es el reconocimiento que necesitamos acá en el barrio.
Actualizada 11/05/2016
Sep 29, 2016 | inicio
Sesenta sillas instaladas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Acoyte, en el porteño barrio de Caballito, trazan una metáfora viviente. Buscan emular las sesenta bancas que componen el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sillas de plástico color negro, más austeras que aquellas sobre las que reposan los legisladores durante las sesiones. En la calle, los ocupantes de los asientos son los vecinos del barrio que, por quinta vez, resisten la instalación del “shopping más grande de la Capital” que auguran los adalides del negocio inmobiliario.
La cita fue convocada para conformar un “Parlamento de Vecinos” desde el que se llamó a participar a los habitantes de Caballito y barrios aledaños como Almagro, Boedo, Villa Crespo, y Flores. Algunos de los organizadores no están agrupados, mientras que otros pertenecen a Encuentro en Defensa del Espacio Público, Corredor Verde del Oeste, SOS Caballito, Asociación de Comerciantes de Gaona y Adyacencias, y partidos políticos. El objetivo de conjunto es rechazar proyecto de ley enviado el 15 de septiembre por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura para permitir la instalación de un shopping del Grupo Irsa en los terrenos aledaños a las vías del tren y laterales al Club Ferrocarril Oeste. Por quinta vez, el gobierno porteño intenta aprobar la “deszonificación” de los terrenos ubicados sobre la Av. Avellaneda entre Fragata Sarmiento y Olegario Andrade, para que puedan ser destinados a la construcción de un megacentro comercial.
Corte de calles Acoyte y Rivadavia, en rechazo al nuevo intento de construir un shopping.
La acción del martes por la tarde no escapa a ciertas normas de civilidad: se corta medio carril de cada avenida y, cuando el semáforo se pone en rojo, los vecinos se despliegan sobre los otros carriles. Todos se repliegan cuando llega el verde.
Algunos vecinos funcionan como capas tectónicas; vienen organizados “desde la asamblea conformada en 2001”. Otros fueron parte de la resistencia a los anteriores intentos por parte de un gobierno del PRO de instalar el shopping. Hay banderas y pancartas ya gastadas, otras hechas para la ocasión. “S.O.S Caballito, barrio de casas bajas”, “Ningún shopping vende oxígeno”, “Basta de priorizar el negocio inmobiliario sobre nuestra calidad de vida” y la que más se repite: “Sí al Parque Caballito, No al shopping de Irsa”.
Las contrapropuestas al shopping no son ajenas a los impulsores del Parlamento de Vecinos que proponen que los terrenos en cuestión sean destinados a la creación de un parque. “Estamos cortando la calle porque desde 2013 se vienen presentado proyectos en la Ciudad, también hubo en Congreso, para que esos terrenos se destinen a un parque. Creemos que tiene que haber un proyecto alternativo al del Ejecutivo que garantice más espacios verdes, públicos. Ahora se está consensuando un nuevo proyecto y aspiramos que se consiga la firma de todos los integrantes de la Legislatura. Sabemos que no vamos a contar con las del PRO que tiene 28 votos y necesita 31 para su shopping. Y nosotros debemos reunir 31 para el parque”, dice el ex comunero y actual integrante de Proyecto Parque Caballito – Encuentro en Defensa del Espacio Público, Martín Iommi.
El objetivo de conjunto es rechazar proyecto de ley enviado el 15 de septiembre por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura para permitir la instalación de un shopping del Grupo Irsa en los terrenos aledaños a las vías del tren y laterales al Club Ferrocarril Oeste.
Al proyecto inmobiliario de Irsa, se suma el caso de un colegio que podría ser demolido para la edificación de emprendimientos inmobiliarios. “También estamos sufriendo muchos cortes (de servicios) frente a tanta construcción, y en particular porque en el ex Colegio Santa Rosa se pretenden construir torres donde nosotros queremos que haya una escuela y un jardín público”, agrega Iommi. Y concluye: “Estamos pensando que no solo es un momento de resistir, sino que estamos en condiciones de soñar con un parque, una escuela y un jardín, para empezar a construir, desde los barrios, la Ciudad que queremos y no que lo haga el Jefe de Gobierno con las corporaciones”
“Para construir el shopping se debe rezonificar la parcela, si lo hacen están en condiciones de levantar un edificio de 75 mil metros cuadrados, con un estacionamiento de 50 mil metros cuadrados. Estamos hablando de un barrio en donde, por ejemplo, este verano, de madrugada, los vecinos no conseguían llenar el tanque de agua ni siquiera en viviendo en un PH. Va a ser un colapso y el único interés que se está contemplando es el de IRSA. La ley dice que debe haber una audiencia pública previa a la presentación del proyecto y todavía no hubo nada, además de que no son vinculantes. Los vecinos no queremos más cemento, queremos parques”, apunta Estela mientras sostiene una pancarta.
Juan Carlos vivía en Caballito y se mudó a unas cuadras hacia Flores pero igual participa en el reclamo. “Hay una invasión tremenda de edificios por la especulación inmobiliaria, después vienen los cortes de luz, la baja presión de agua, se tuvieron que cambiar las líneas de gas. Otro problema son las torres que están sobre la Avenida Lorca, al lado de Ferrocarril Oeste, que consumen el equivalente a 16 manzanas de casas bajas. Por eso, ya sabemos lo que pasa. Y los días en que hay partido se llena de autos, imaginate lo que va a pasar con más torres o con el shopping”, explica.
“Sí al Parque Caballito, No al shopping de Irsa”, una de las consignas de la protesta.
Algunos vecinos concurren después de buscar a los chicos del colegio, hay quienes visten camisa, caras de señoras maquilladas y con perlas, y jóvenes con el termo y el mate. Tres patrulleros custodian el corte.
Con 26 años, Daniela piensa en las actividades culturales que hacen con su agrupación Felipe Vallese en el playón que está detrás de los terrenos en cuestión, y en las “cerca de 40 familias que están asentadas ahí y que pueden verse afectadas por este proyecto”. Mientras tanto, algunos pasan y preguntan por qué el alboroto, los vecinos de este lado –de la organización de la protesta- exhiben en detalle y con calma los argumentos que empiezan, finalizan y se sintetizan en #SiAlParqueNoAlShopping
Todos los consultados repiten el mismo dato: la Organización Mundial de la Salud recomienda cerca de 10m2 de espacios verdes por habitantes. La Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, sobre la base de datos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, indica que la Capital Federal no llega a los seis metros cuadrados por habitantes. “Esta es la comuna con el menor promedio, tenemos menos de un metro cuadrado de espacios verdes por persona. Entonces no necesitamos más torres, ni más negocios, necesitamos verde. Acá los parques están colmados. La alternativa no es shopping o baldío, nosotros decimos sí al parque, que esté urbanizado y donde puedas cruzar desde la avenida Avellaneda a Rivadavia sin dar vueltas”, dice Carlos, de 60 años, mientras alienta a que la gente ocupe las “bancas”.
Rodríguez Larreta aparece en la máscara de un comediante. “Sobran alumnos y sobran escuelas”, dice. Y sigue: “Estaría buena la Ciudad de Irsapolis”. La tribuna grita y chifla. Después de la alegoría, desfilan actuales y ex legisladores: Gustavo Vera (Bien Común), Javier Andrade (Frente para la Victoria), Claudio Heredia (Bloque Peronista), los radicales Hernán Rossi y Marcelo Guouman (Suma +), Alejandro Bodart (MST), y María José Lubertino (FpV). También comuneros, y referentes de partidos y organizaciones sociales.
Además de banderas y pancartas, hay una mesa que colecta firmas para el petitorio de apoyo. Mientras algún orador lanza consignas o críticas a la gestión actual se escuchan aplausos, arengas y abucheos, según corresponda. Un vecino pasa y grita: “Acá a tres cuadras, no hay luz”.
Actualizado 28/09/2016
Sep 22, 2016 | inicio
El pasado 8 de septiembre fue aprobado el proyecto de ley para comenzar la urbanización de la Villa 20 de Lugano. Con 55 votos a favor, la Legislatura porteña dio curso positivo al programa presentado por el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y dejó sin efecto los concursos de anteproyectos de viviendas sociales realizados durante la gestión de Mauricio Macri, en 2015.
En su momento, aquellos concursos habían sido divididos en cuatro etapas para las que se dictaron partidas presupuestarias –correspondientes a los presupuestos del 2014 y 2015- por orden de un fallo de la justicia porteña. Pero en junio de este año, la nueva gestión de la Ciudad informó la suspensión de las etapas tres y cuatro y solo se limitó a pagar los premios de los ganadores de las dos primeras –el estudio Bares y los arquitectos Matías Beccar Varela y Miguel Altuna- que recibieron una suma de casi un millón de pesos. Un mes después, la legisladora porteña por la Coalición Cívica, Paula Oliveto, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo haga públicos los motivos de la suspensión de los concursos.
El Gobierno de la ciudad descartó así los proyectos ganadores y propuso encarar la urbanización desde cero. El nuevo proyecto urbanístico elegido está basado en un diseño presentado por los arquitectos Beatriz Pedro y Miguel Estrella y según trascendió costará unos 730 millones de pesos. Para financiarlo, el Gobierno pedirá créditos al Banco Interamericano de Desarrollo y realizará fideicomisos en el ex Parque de la Ciudad, donde también se está construyendo la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud, en 2018. Para ello, planea vender unas 36 hectáreas de tierras públicas al sector privados a través de la Corporación Buenos Aires Sur.
Pintando la fachada
El proyecto de ley diseñado por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta no entrará en vigencia hasta tanto no se realice -este viernes- una Audiencia Pública con los vecinos y referentes villeros, instancia imprescindible para la aprobación definitiva. Tras el dictamen de la Legislatura vecinos del barrio, legisladores y diputados porteños expresaron sus dudas al respecto. “El macrismo utiliza la construcción de viviendas con un afán de exterioridad, pero urbanísticamente actuarán como pantalla. Ellos entienden que urbanizar es hacer pequeñas intervenciones periféricas y puntuales, como la construcción de canchitas de futbol o plazoletas. Acciones que mejoran el barrio, pero no cambian el problema de base, que es la calidad de vida y el acceso a la vivienda”, opinó Javier Gentilini, politólogo y diputado porteño por el Frente Renovador.
El programa propone la creación de una Mesa de Gestión Participativa (MPG), mediante la cual se busca garantizar la participación de los vecinos del barrio en las decisiones y etapas del proceso. El MPG estará integrado por representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (SSHI), delegados barriales y vecinos.
Diosnel Pérez, vecino del barrio hace más de veinte años, dijo que la aprobación del proyecto en principio es positiva, pero que no quieren adelantarse hasta no ver hechos concretos: “Yo festejé hace once años la sanción de la ley 1.770 –que ordenaba al Gobierno porteño urbanizar la villa- y nunca se cumplió, los vecinos no estamos seguros de que los funcionarios cumplan lo acordado, las cosas que el Gobierno ha hecho siempre fueron a medias, como el caso de la pavimentación, lo que hicieron fue poner pequeños parches de hormigón en lugar de asfaltar en su totalidad el largo de la calle, por eso ahora vamos a estar atentos a los pasos que den.”
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro expresó que su bloque votó el proyecto desde una posición crítica. “Con el proyecto se dan dos discusiones que van de la mano: la urbanización del barrio por un lado y la construcción de la Villa Olímpica, por el otro. Nosotros creemos que las viviendas y modificaciones que se harán serán sobre los márgenes del predio, como una suerte de pantalla para el afuera. Buscan mostrar una falsa realidad al mundo, pero en el interior del barrio las cosas no serán modificadas”.
¿Por qué ahora?
La urbanización de la villa 20 es ley desde hace once años. Fue sancionada el 11 de agosto del 2005 y en aquel entonces fijó un plazo de treinta días al IVC para la realización de un censo que determinará la cantidad necesaria de viviendas que debían ser construidas, plazo que no fue cumplido. En el año 2006 la ley tuvo una modificación que determinó un nuevo plazo de treinta días al IVC, pero tampoco se cumplió. En 2014, el Barrio Papa Francisco, predio ubicado en entre las calles Pola y Avenida Cruz, fue tomado por unas 700 familias. El desalojo fue brutal, efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Metropolitana arrasaron con topadoras las improvisadas construcciones. Frente a esto, la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario federal, Elena Liberatori, ordenó la inmediata urbanización del barrio, fijando la fecha límite para diciembre de 2015. A dos años del último fallo, el gobierno porteño promete urbanizar la villa para el 2020.
En junio de este año, funcionarios del IVC realizaron finalmente el censo poblacional en la Villa 20 y aunque todavía no fueron publicados los resultados definitivos, se habla de un estimativo de 60.000 personas residentes en el barrio. Frente a este número, el Gobierno propone realizar un total de 1.600 viviendas para el 2020. El proyecto se llevaría a cabo en dos etapas, la primera comenzaría en octubre de este año con el llamado a licitación para la construcción de 552 viviendas a realizarse en tres bloques de 184 casas cada uno, las mismas serían edificadas en los terrenos del barrio “Papa Francisco” que se encuentra en los márgenes de la Villa. Esta primera etapa se encontraría terminada para mediados del 2018, en cuanto a las 1048 viviendas restantes su construcción comenzaría en el 2019.
Otro de los ejes del proyecto radica en el trazado de calles y su integración al circuito formal de la ciudad. En este sentido, una de las primeras medidas sería la de extender el recorrido de las calles Chilaver y Araujo y Corvalán para que desemboquen sobre la Avenida Fernández de la Cruz. Sobre este punto existen denuncias y dudas en los vecinos del barrio, dado que para realizar la prolongación de las mencionadas calles es necesario demoler más de 70 viviendas de dos o tres pisos cada una. “A aquellas familias afectadas por el trazado de calles, les dijeron que se les otorgarían nuevas viviendas en otra parte del barrio, pero por el momento no brindaron información acerca de cuándo ni dónde sería esa reubicación. Algunos vecinos denunciaron que funcionarios del Gobierno les ofrecieron una especie de “subsidio” por un tiempo para poder mudarse a otro lugar. A muchas compañeras bolivianas y peruanas les han dicho que si no aceptan irse de sus casas, podrían deportarlas”, denunciaron Susana Atahuchi y Victoria Vacaflor, vecinas y referentes de la corriente Villera y del colectivo La Dignidad.
Eric Campuzango, responsable del área de la Secretaría de Tierra y Vivienda de la Junta Vecinal y militante del PRO, niega las denuncias y dice que las familias afectadas por el trazado de calles serán reubicadas en nuevas viviendas que se harán en una construcción paralela que ya cuenta con presupuesto aprobado. “Lo que sucede es que en su mayoría los vecinos no quieren acceder al cambio de su vivienda por un departamento porque en algunos casos son dueños de tres o más pisos que subalquilan a otros y no quieren perder ese negocio, como tampoco resignar metros cuadrados. Hay mucho egoísmo entre los vecinos. Lo cierto es que es fundamental empezar con las obras lo más rápido posible, para no perder el presupuesto de este año”, dijo Campuzango.
Julia Mamani y Armando Champi, vecinos del barrio cuentan que fueron muchas las promesas de urbanización y muchos los funcionarios que las hicieron, pero que ahora es distinto porque hay otros intereses detrás: “Esto empezó hace unos meses cuando representantes de la IVC vinieron a la villa a decirnos que se iba a urbanizar el barrio, que era necesario hacerlo para poder construir la Villa Olímpica. Nosotros queremos que se urbanice la villa, por el futuro de nuestros hijos, para que puedan conseguir trabajo cuando salen a buscarlo y que no se los discrimine más por su lugar de origen. Queremos pagar los servicios como cualquier persona y tener los mismos derechos que las personas que viven afuera de la villa”.
Actualizada 22/09/2016
Jun 21, 2016 | inicio
“Este barrio empezó con un amor clandestino”, cuenta Darío desde atrás del mostrador mientras prepara un churrasco a la plancha. Su esposa Joaquina y Mirta lo miran desconcertadas. “Una mujer dejó a su marido y se escapó con dos hombres. Hicieron una casita entre los vagones y vivían ahí, los tres escondidos. Así empezó La Carbonilla”, explica Darío mientras invita café y cuatro empanadas fritas. “Los cafeteros son chusmas”, lo acusa Joaquina mirándolo de reojo. Tanto ella como Mirta viven en el barrio desde que era un terreno baldío, en 2001. Pero Darío lo conoce desde 1991, cuando arrancó a vender café en los galpones del ferrocarril, en donde circulan camiones que se llevan lo que trae el tren carguero. “¿Sigue viviendo en el barrio esa mujer?”, pregunta Mirta que no se quiere quedar con la duda. “Sí, pero con un solo hombre, del otro se divorció”, contesta Darío dando vuelta el churrasco.
Joaquina vivió siempre en el sector 1 –donde está el bar de su marido–, forma parte de la agrupación Militancia Popular y trabaja en el programa “Ellas hacen” (que la gestión de Cambiemos quiere eliminar). Mirta es delegada del sector 3, cartonera y militante kirchnerista. La historia, relatan, crece como el barrio: heterogénea, un poco desprolija, fragmentada. Sin embargo, los recuerdos de ambas convergen en el año 2008, los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad, y el intento de desalojo. “Ahí nos dimos cuenta que nos teníamos que organizar porque si no nos pasaban por arriba”, dice Mirta. “Sola no podés hacer nada, no tenés peso. Tenemos que estar juntos y organizarnos –agrega Joaquina–. En ese momento nos salvaron las agrupaciones Militancia Popular y Frente Transversal. Nosotras no sabíamos qué hacer”.
La Carbonilla, que debe su nombre a una leñería cercana, creció a espaldas de la Comuna 15, en un terreno que pertenecía al Ferrocarril San Martín. Para muchos es un caserío fugaz que se ve desde las ventanillas del tren entre la estación Paternal y Villa del Parque. Los pasajeros frecuentes lo habrán visto ampliarse desde 2001, cuando se disparó la crisis y la recolección de cartón fue la única opción para muchos. Además de fuente de ingresos, era el material con el que se erigían las casas, reforzado con las maderas y las chapas que se podían encontrar desparramadas. Hoy las casas de ladrillo alcanzan los tres o hasta cuatro pisos. “Los primeros en venir fuimos los cartoneros. Cuando nos quedamos sin trabajo yo vivía abajo del puente. Ahí empezamos a recorrer los reciclajes de cartón. El carguero frenaba acá. Nosotros dormíamos arriba hasta que bajamos y nos instalamos”.
El barrio se estira pegado a las vías del tren, desde la estación Paternal hasta el puente de avenida San Martín. Se divide en tres. Mirta se instaló desde el principio en el sector 3, lindero al puente. “No teníamos nada. Ni luz, ni agua, ni cloacas. Íbamos a buscar agua con bidones a una estación de servicio acá a tres cuadras. Iluminábamos con velas. Una vez volví de cartonear y se había prendido fuego mi casa, con los documentos, todas mis cosas. Fueron tiempos muy duros”, cuenta mientras cruzamos el barrio. En 2014, Mirta fue elegida delegada en las elecciones que el kirchnerismo le ganó a Corriente Villera Independiente por 29 votos.
En el Sector 2 vive Rocío, que llegó a La Carbonilla cuando sólo había tres casas. Recuerda los incendios, los intentos de desalojo de la seguridad ferroviaria y todo lo que les faltaba. “Este sector también era de cartoneros. En esa época murió un nene envenenado. Vinieron de un juzgado y a esa familia le sacaron los otros hijos por mal cuidado. Pero el nene no había muerto por eso sino por la falta de luz. Tomó de una botella que tenía veneno para ratas porque no se veía nada. Con ayuda de los vecinos que reclamamos, a la familia le devolvieron los otros chicos”.
Joaquina y Dario, vecinos de la Villa La Carbonilla
Rocío también es militante kirchnerista y forma parte de la comisión directiva del barrio. Hasta hace unos meses trabajaba de mantera en la avenida Avellaneda, en Flores, pero fue desalojada y desde entonces no encuentra lugar para trabajar. Como Mirta y Joaquina, reconoce el año 2008 como un punto de quiebre: “Militancia Popular puso a los abogados para que no nos desalojen. Ellos fueron los primeros que resistieron. Después se fue afianzando el barrio, cuando fueron llegando más organizaciones sociales y los vecinos nos organizamos también, más gente empezó a instalarse y a construir”.
Rocío y Mirta caminan por una calle sin nombre, amplia, que corre paralela a las vías del tren. “Desde el principio dejamos calles anchas pensando en la urbanización -puntualiza Mirta-, y no tienen nombre porque todavía no están legalizadas, para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es como si no existiéramos”. Hasta el Sector 2 la calle es de tierra y después empieza un adoquinado prolijo, color gris pálido. “Hasta acá llegó la primera parte del proyecto de obras que empezó el año pasado”, cuenta Mirta. El proyecto fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, en un acuerdo con el Ministerio de Defensa que designó personal del Ejército como mano de obra. “La segunda parte está presupuestada pero nos dijeron que el Ejército no puede seguir trabajando –afirma Rocío–. Les reclamamos que actualicen el presupuesto pero no nos contestan. Tienen la plata estancada, hace seis meses que no sabemos nada”.
Unos metros más adelante, la calle desemboca en una canchita de fútbol. “Este es el corazón de barrio”, comentan las dos con un discreto orgullo. La canchita también fue parte de la primera etapa de la obra. Mirta no es optimista: “El gobierno del PRO, en ocho años, sólo puso una estación atmosférica y un camión Vactor para destapar las cañerías. El resto lo hizo Cristina: las cloacas, el agua potable, los transformadores para que tengamos luz. Por eso en el barrio somos muchos kirchneristas”. Todos los que pasan saludan a Mirta. “Es que acá los vecinos nos conocemos, no es como afuera que no se conocen entre ellos. Acá le pasa algo a alguien y salimos a reclamar por él”, remarca.
Sobre una de las construcciones más altas flamean la bandera peruana y, abajo, la argentina. Según Rocío, el 90 por ciento de los habitantes (sobre un total de 3500) son peruanos que llegaron en los últimos años. En las elecciones que ganó Macri el año pasado, sólo 126 personas estaban empadronadas. Ahora todo está empapelado con afiches de las presidenciales peruanas en los que podían votar casi todos.
El barrio se estira pegado a las vías del tren, desde la estación Paternal hasta el puente de avenida San Martín.
Atravesando en diagonal la canchita, se puede llegar otra vez al Sector 1 por una calle que separa las casas del alambrado paralelo a las vías. Por allí se accede a la unidad básica de La Cámpora, donde funciona un merendero para los chicos de La Carbonilla. Hace unos meses la agrupación está intentando transformarlo en comedor, pero el espacio no cumple con las condiciones infraestructurales que demanda el Gobierno y por ley no puede funcionar en un local político. “Lo vamos a arrancar igual, con lo que hay –sostiene Mirta–. Los vecinos tienen cada vez menos y cada día hay más chicos que no comen”. Llegando a la básica, aparece “La Rubia”, vecina del Sector 3, decidida a sacar la olla. Mirta le dice que sí, que la saque, que consiguió algo de carne. A La Rubia los muchachos que vinieron hoy le trajeron un cajón de verduras. “Los muchachos -cuenta Mirta- son unos cartoneros de provincia que están hace un par de días. Hoy los invité a casa a ver el partido de Argentina”.
Adentro del local, mate de por medio, se suma Ada. Ella es peruana y vive en el Sector 2 desde hace 12 años. Todavía no milita, aunque Mirta, por lo bajo, dice que está a punto de convencerla. Ada colabora en el merendero y cuenta que la comida que les mandan está casi siempre vencida. La situación actual la preocupa: “Teníamos los camiones del Ministerio de Salud pero los sacaron. Lo mismo con los camiones para hacer el documento y los papeles”. Al igual que Rocío, Ada es mantera y fue desalojada. “En el barrio hay muchas familias manteras. Primero allanaron los 24 depósitos y se llevaron todo. Siempre hablan de la mafia de los que nos dan la mercadería, pero la mafia es la policía que te cobra el espacio. En (la avenida) Avellaneda te cobran 500 por semana de lunes a viernes y sábado aparte”. Su marido trabaja en la construcción y hace dos meses que está sin empleo. “Acá se pararon casi todas las construcciones. A los manteros ya no los dejan vender. A los cartoneros les cierran los galpones y cada vez hay menos cartón en la calle. La gente está desesperada”, resume Mirta.
Las opciones para continuar la urbanización, explica Rocío, son renovar el convenio con el Ejército o actualizar el presupuesto. Pero desde el cambio de gestión a nivel nacional no tuvieron respuesta. “El último regalo de Cristina fue que cedió las tierras a la Secretaría de Hábitat y Vivienda (dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda). El papel está en el expediente de Hábitat y no nos quieren recibir. Está en manos de ellos, pero es del barrio. La Secretaría tiene un presupuesto para todas las villas de emergencia que no está ejecutando”, detalla Rocío. Hace tiempo que agotaron las vías institucionales de reclamo. “Tenemos que ir todos. Nosotros ponemos la cara por los vecinos pero en estas situaciones tenemos que movilizar el barrio hasta la Secretaría -opina Mirta- para que vean que no somos invisibles”.
Actualizada 21/06/2016
