Ago 26, 2022 | Comunidad, Destacado 3, slider
El organismo internacional recibió las quejas de la asamblea vecinal, que rechaza el proyecto de un reservorio como aliviador del arroyo Medrano en medio del Parque Saavedra. Retiró los 200 millones de dólares que financiaba la obra.
El Banco Mundial (BM) se puso en contacto con las vecinas y vecinos de Saavedra, que hace meses venían organizándose en contra de la construcción de un reservorio en el parque del barrio, para comunicarles que no financiará el proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad, replicando el pedido de cancelación que la asamblea vecinal había presentado anteriormente.
Desde su Servicio de Atención a Reclamos (GRS por sus siglas en inglés) bajo el asunto “RE: GRS Case Number FY23-GRS-1469; Argentina Flood Risk Management Support Project for the City of Buenos Aires (P145686)” a las 18:51 de este jueves 25, el organismo internacional envió su respuesta al correo emitido en julio por la asamblea vecinal, en el que manifestaba su repudio a la iniciativa del GCBA por no tener como objetivo principal la prevención de inundaciones.
El proyecto en cuestión proponía la construcción de un reservorio de agua pluvial de 400 metros para “mitigar las inundaciones en la zona” y la creación de un curso de agua a cielo abierto, paralelo al entubado subterráneo, con el fin de “recuperar la relación entre las personas y el agua, centrada en el respeto por la naturaleza, el disfrute y la resiliencia”.
Anteriormente, en diálogo con ANCCOM, la ingeniera especializada en hidráulica, María Eva Koutsovitis, quien hizo una revisión al informe de impacto ambiental del proyecto había aclarado que “la eficiencia hidráulica como reservorio no está técnicamente justificada y no se analizaron alternativas hidráulicamente más eficientes”, además de alertar sobre las “sustancias contaminantes” con las que estaba previsto que el zanjón se alimentase.
La obra contemplada dentro del Plan Hidráulico, aunque aún no se había realizado el llamado a licitación, disponía de un financiamiento de 200 millones de dólares por parte del BM.
«Luego de los comentarios recibidos durante el proceso de consulta sobre la intervención en Parque Saavedra (audiencia pública) y de las preocupaciones expresadas en su nota del 4 de agosto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) ha manifestado al Banco la necesidad de continuar con el proceso de participación vinculado a la intervención, ampliando así el plazo previsto para dicho proceso, decisión con la cual el Banco Mundial está de acuerdo», señaló la entidad en el correo electrónico enviado a Jorge Marchini, presidente de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, y posteriormente informó su decisión frente a este pedido, ya que «la necesidad de ampliar el plazo se vuelve incompatible con los plazos del proyecto financiado por el Banco Mundial que finaliza en septiembre de 2023, razón por la cual no se utilizarán fondos del préstamo del Banco Mundial para ninguna actividad vinculada a esta intervención».
Finalmente el organismo se comprometió a derivar las «preocupaciones» de los vecinos al Gobierno porteño con el objetivo de que sean “tenidas en cuenta en el desarrollo de las estrategias de participación asociadas a la implementación de esta y otras intervenciones».
Luego de casi un año de reclamos, el rechazo generalizado en las audiencias públicas y manifestaciones junto a otras asambleas vecinales organizadas frente a iniciativas similares del GCBA y el espacio verde de sus barrios, la comunidad vecinal de Saavedra fue logrando hacerse oír. El proyecto de regeneración del Arroyo Medrano tuvo que retroceder hacia una propuesta únicamente de reservorio para la mitigación de las inundaciones.
A su vez, los vecinos y vecinas insistieron, tanto en las audiencias como en la carta al BM, en la construcción del Reservorio II, una obra cuyos “terrenos ya estaban definidos en el cercano, amplio y mucho más propicio Parque Sarmiento (en terrenos de un exdrive de Golf) en el trayecto del arroyo Medrano, incluido en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de 2006”, indican en la carta.
En cuanto a la situación actual de dicha obra, los vecinos señalan en el reclamo que el proyecto «ha sido llamativamente marginado, pese a haber sido considerado estratégico por el subsecretario de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Marcelo Palacio, ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires». A su vez apuntan que los terrenos previstos para el reservorio «han sido cedidos ahora al club deportivo privado Belgrano Athletic Club».
José Olivo, miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Hábitat del Consejo Consultivo Comunal 12 e integrante de Vecinos X Saavedra celebró «el logro de que no hagan una zanja que dividiría el parque» y recalcó que «lo más importante es la organización vecinal».
Jul 10, 2022 | Comunidad, Destacado 5
La Red de Organizaciones Barriales realizó una concentración frente al Obelisco para defender el patrimonio urbanísto frente al desarrollo inmobiliario que propone el Gobierno de la Ciudad.
En rechazo al avance de las obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) sobre espacios verdes, la Red de Organizaciones Barriales (ROB) se movilizó el sábado pasado frente al Obelisco en defensa del ambiente, la identidad barrial y el patrimonio. Reclamó por un freno a la edificación, el libre acceso al río y efectiva participación ciudadana.
Con el jardín vertical de “BA” de fondo, y al grito de “Parques sí, torres no”, los y las vecinas de los barrios porteños que organizaron “EL 9 EN LA 9” llenaron de pancartas y carteles la plaza del Obelisco. «Basta de especulaciones inmobiliarias» -se podía leer-, «Más cielo, menos cemento», «Basta de demoler patrimonio urbano», «No a los nuevos códigos urbanísticos y de edificación», «No al arroyo artificial en el Parque Saavedra». Además, una reedición del actual flyer del GCBA de «La transformación no para» a «La transformación para turistas y amigos no para de demoler, de mutilar árboles y de matar barrios».
Los motivos de la gran asamblea barrial se concentran en el pedido de un cese a “las políticas urbanas del Gobierno de CABA que están diseñadas desde un concepto mercantil por sobre el del interés público”, expresó el arquitecto Daniel Giglio, integrante del Colectivo Colegiales Participa y Decide. Entre algunas de las líneas de acción se enumeran la recuperación del Playón de la Estación Colegiales como espacio verde público, libre de edificios sobre su superficie; el rechazo del proyecto de “regeneración” del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra; y un freno a “los ilegales proyectos de privatización y ocupación con construcciones de la ribera del Río de la Plata (Costa Salguero, Ciudad Deportiva)”.
La ROB está conformada por más de 30 organizaciones vecinales y ONG. El organismo se creó hace ya un año con el objetivo de lograr una unión coordinada de los barrios que pueda alzar la voz por diversos reclamos en cada uno de ellos y está conformado entre otros por el Colectivo Colegiales Participa y Decide; ¡No A Las Torres! (Parque Chacabuco); Asamblea Villa Pueyrredón; Asociación Vecinos de Bajo Belgrano; Vecinos X Saavedra; Parque de la Estación (Almagro, Balvanera); Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP); Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); Tierras Ferroviarias Verdes; El Movimiento: La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; Basta de Mutilar Nuestros Árboles (BdM); Basta de Demoler (BdD); la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH); Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC).
En diálogo con ANCCOM, la abogada y exconstituyente de la Ciudad, María José Lubertino, trazó un panorama sobre la situación del reclamo acerca de la cuestión ambiental en CABA y expresó que “con la movilización de hoy estamos intentando una articulación porque las luchas no se pueden dar de manera aislada. Esta es una lucha contra el extractivismo urbano en un contexto de cambio climático”. Además, la política agregó que “los problemas que detectamos cuando hicimos la Constitución de la Ciudad hace 20 años se han agudizado y las políticas públicas van en contra de lo que deberíamos hacer para el mejor vivir en la ciudad”.
En la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está instituida la “democracia participativa”. Sin embargo, “lo único que se hace hoy es permitirte votar el nombre de una estación de subte de manera online: eso es una ficción”, afirmó Lubertino. Dentro de los derechos vulnerados, la abogada enumera el derecho a la salud, al espacio verde y público, al ambiente, al patrimonio, la descentralización en las comunas, entre otros.
En la movilización pedían si alguien había traído una Constitución y una vecina sacó la suya de la cartera. “Yo también traje la mía por las dudas”, replicó otra. Los manifestantes hicieron lectura de algunos de sus artículos como el Nº 26 que promulga el ambiente como patrimonio común, el goce de un ambiente sano y su preservación para generaciones presentes y futuras, o el Nº 27 el cual implica que toda acción que suponga un daño en el ambiente debe cesar y conlleva la obligación de recomponer y la garantía de su uso común.
Ana Charrelli, se crió en el espacio verde del Parque Chacabuco hasta que las autopistas lo cortaron por la mitad. De su infancia solo queda un pequeño sector cercado donde hay rosedales, pero las maravillosas fuentes que ella recuerda, con figuras de las que caía el agua desaparecieron, así como los árboles. Hace 40 años se mudó a San Telmo donde formó su familia y crecieron sus hijos. En su cuadra fueron construidas, solo en los últimos cinco años, cinco torres nuevas. El edificio donde ella vive es patrimonio protegido. Hoy reclama por la preservación del casco histórico de su barrio: “Quieren hacer en San Telmo lo mismo que hicieron con Palermo, convirtiéndolo en un polo gastronómico. No entendemos a dónde nos lleva esta ‘transformación que no para’ del GCBA. Destruyen la vida y la identidad del barrio y de los vecinos”.
El arquitecto Giglio analizó, en diálogo con esta agencia, algunos de los problemas que trae aparejado el Código Urbanístico de la Ciudad aprobado en 2018. Este establece, por ejemplo, que en ciertas zonas no pueden construirse torres. Sin embargo, existen más de 100 excepciones a dicho código que fueron aprobadas por la Legislatura porteña. A partir de ellas, se permite la construcción de torres en zonas antes prohibidas “que el desarrollista inmobiliario paga de acuerdo a su conveniencia”, señaló Giglio.
Anteriormente regía el Código de Planeamiento Urbano que “si bien no era perfecto defendía las identidades barriales”. Giglio explicó que, por ejemplo, en un barrio de casas bajas, el código anterior establecía que se construya más o menos en esas mismas condiciones. Además, no permitía construir todo el lote, aseguraba el pulmón de manzana y por sobre todas las cosas regulaba los metros cuadrados construibles en cada parcela. “Ahora no hay un límite y eso aumenta la densidad de edificación, que suma cantidad de viviendas y de habitantes y resta capacidad a la infraestructura urbana, es decir, más agua, más gas y más electricidad, además de menos terreno absorbente y capacidad de asoleamiento. Estos factores implican un decrecimiento enorme en la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires”, expuso el arquitecto.
La licenciada en Ciencia Política y diplomada en Derecho Ambiental, Carolina Somoza, explicó en diálogo con ANCCOM las implicancias de la perspectiva de género en las cuestiones ambientales, como por ejemplo los nombres de las calles mayoritariamente masculinos. “Ha sido construido -señala- por varones blancos, clase media, sanos; un lugar del que fuimos excluidas hace mucho tiempo y ahora que empezamos a tomar más la calle vemos problemas no solo en términos de planificación sino de ejecución”.
Así como lo privado es político, lo público también lo es. “Si el Estado somos todos, nosotras queremos ser parte de esas decisiones. No es que no tengamos ideas ni consciencia, sino que no se nos da el espacio para integrar esa planificación”, agregó Somoza. También hizo mención del rol del cuidado asignado a las mujeres como algo a ser puesto en valor a la hora de planificar el espacio: “Se trata de cómo se piensan los asientos, los baños o los juegos ya que muchas veces somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de llevar a los pibes a la plaza”.
Águeda Lacané, vive hace 34 años en Colegiales. En su momento, disfrutaba de varias manzanas verdes libres al lado de las vías del tren a las que llamaban “zona rural”. Cuando sus hijos eran chicos siempre los llevaba a ese playón de la estación porque, aunque no fuera un parque, era la zona verde que tenía el barrio. De a poco lo fueron cerrando y entregando parcelas a empresas de seguridad o de construcción. El lugar se achicó. Cinco de las nueve parcelas que comprenden el playón fueron vendidas y se encuentran siendo investigadas por la oficina anticorrupción. Las otras cuatro están amparadas por una medida cautelar que impide que se las toque temporalmente. El cartel que está sosteniendo hoy Águeda reza «Todavía estamos a tiempo».
Nov 1, 2018 | Comunidad, Novedades
El 31 de octubre, en el recinto de la Legislatura de Ciudad, comenzó la audiencia
pública para la sanción del Nuevo Código Urbanístico, el cual habilita la construcción de un
estadio para 20 mil personas y la apertura de la calle Zamudio, en el predio de Agronomía, de la Universidad de Buenos Aires. El tratamiento del tema continuará durante tres jornadas más, hasta el 7 de noviembre.
“No es grito la participación, es el ejercicio de la ciudadanía. Todos los barrios tienen grupos organizados de vecinos que hicieron propuestas para este Código. Ignorar el sistema de participación local de los vecinos, se traduce hoy en un proyecto de ley que tiene una legitimidad muy cuestionada, en términos políticos y sociales. Hoy en día la propuesta tiene solo el apoyo del PRO”, dijo Paloma Garay Santaló, oradora en la audiencia, licenciada en Geografía, planificadora y gestora de inmuebles.
Los artículos del Código estipulan la apertura de la calle Zamudio, entre la Avenida
Beiró y Tinogasta, que comprende un tramo de 400 metros, de territorio federal y la
construcción de un estadio, dentro del Club Comunicaciones, que está ubicado dentro del
predio de Agronomía. El artículo especifica: “Se reservarán hasta 6 hectáreas para la
construcción de un estadio cubierto de hasta 20 mil personas, en un sector de la Fracción ‘F’ de la Manzana 54A, Sección 71, Circunscripción 15”.
La Facultad de Agronomía y la de Ciencias Veterinarias de la UBA, junto con los
vecinos del barrio, se unieron para luchar por la conservación del tercer pulmón verde de la
ciudad. “Nosotros no estamos peleando porque están haciendo un estadio, ya que no hay
nadie que lo esté construyendo hoy. Nos dicen que ese no es un plan. Pero lo están
habilitando en el Código y una vez que empiecen a construir, con esas nuevas concesiones,
no habrá marcha atrás. Por eso, lo que estamos pidiendo, es que lo quiten del Código”, dijo
Beto Caletti, integrante del Colectivo Barrio Rawson.
La decana de la Facultad de Agronomía de la UBA, Marcela Gally, presentó, junto al
equipo directivo, una nota de rechazo a la apertura de la calle Zamudio, en la Legislatura
porteña. La nota especifica que la calle atraviesa un tramo de 400 metros que se encuentra en tierra federal, por lo tanto, no pertenecen a la Ciudad, sino a la Casa de Estudios que ella representa: “Los artículos afectarían el normal funcionamiento de la Facultad, en una clara vulneración a la Constitución Nacional”, dice la carta de FAUBA.
La Facultad expresa que los proyectos perjudicarían a seis cátedras de investigación y
a las actividades docentes. Además, remarca el escrito: “La apertura de la calle sería un serio obstáculo para el acceso de los estudiantes a siete aulas y se vería afectado el Jardín Maternal e Infantil que funciona en el entorno”. Es por esto, que piden la derogación de los artículos que afectarían el normal funcionamiento de la institución.
Paloma Garay Santaló, oradora en la audiencia, licenciada en Geografía, planificadora y gestora de inmuebles.
La apertura de la calle generaría polución sonora y produciría tránsito vehicular en
una zona de protección histórica y de gran biodiversidad, con más de cien especies de
pájaros. Además, implicaría la construcción de un túnel por debajo de las vías del tren, que
partiría el pulmón verde en dos. “Es una cuestión de densidad, si vos tenés casas muy bajas y metés 20 mil personas que vienen a un estadio, tenés una cantidad de gente para la que no hay servicios, para la que no dan las calles, para la que no dan los estacionamientos”, expresó Caletti, vecino de la zona. “Hay una cuestión muy concreta de contaminación a nivel sonido, ya tenemos un estadio a 10 cuadras de acá (el Malvinas Argentinas) y escuchamos lo que allí sucede, cada vez que hay un concierto. Esto afecta a la zona, a todos los hospitales que hay alrededor y concretamente a la Facultad y su funcionamiento”, continuó Caletti.
El Club Comunicaciones entró en quiebra en 2010, el Gobierno de la Ciudad se hizo
cargo de la deuda, pero se guardó el derecho de construir un estadio dentro de sus
instalaciones.
Beto Caletti explicó: “El gobierno levanta la quiebra, pero no lo hace gratuitamente,
sino a cambio de poder construir el estadio. Pero el club ya tiene su estadio deportivo, su
cancha y un microestadio de básquet. Entonces no es una cuestión del Club, lo hace la
Ciudad, concesionándolo”.
Los vecinos juntaron más de 32 mil firmas, hicieron un video de protesta, mandaron
un pedido de acceso a la información pública, se contactaron con los legisladores y se
asesoraron con abogados. Estas son, entre otras, las acciones que realizaron los vecinos desde el Colectivo Barrio Rawson, luego de hacer asambleas y de no obtener respuesta por parte del gobierno porteño. Caletti expresó: “Decidimos que la única forma que había de que nos escucharan era con presión popular, para que tuviera un peso político y les afectara, porque fuera de eso no les interesó el tema, para quitarlo del Código”.
“Los padres del jardín de infantes estamos involucrados por las modificaciones que se
pretenden incluir, porque usamos el espacio verde, por la fauna del lugar y por la
contaminación sonora. Estamos juntando firmas, difundiendo el tema vía redes sociales,
visualizando la problemática”, dijo Maia, mamá de un niño de 4 años del Jardín estatal “Los
Árboles”, ubicado en el predio de Agronomía. “A nosotros nos parece fundamental el orden
de las cosas, las prioridades, hay lugares que todavía no tienen cloacas, ni instalación de gas, pensamos que la prioridad es la urbanización de las villas y barrios carenciados”, expresó Maia.
“La apertura de la calle Zamudio nos perjudica a los estudiantes y a los vecinos,
porque afecta negativamente a nuestras actividades estudiantiles, como también a los talleresy las ferias”, señala Estefanía Ferrazza, becaria del Centro de Estudiantes de Ciencias Veterinarias. “Además, la apertura de la calle implicaría el acceso irrestricto a la Facultad y ya estuvimos teniendo problemas de inseguridad y acoso, por lo tanto, esto no colaboraría con la situación”, continúa Ferrazza. Por esta razón, el Centro de Estudiantes y los directivos de la Facultad buscan evitar la sanción del Código mediante petitorios y firmas para presentar ante el Gobierno de la Ciudad.
La Facultad de Agronomía expresa que los proyectos perjudicarían a seis cátedras de investigación y a las actividades docentes.
Desde la Legislatura porteña remarcan que no está en sus planes la construcción del
estadio, y que la apertura de la calle Zamudio es una opción, pero que no están tratándolo por el momento. “Nos contestaron lo que sabemos, que lo de Zamudio está en estudio, pero que no tienen planes por ahora, porque es complejo hacer un túnel por debajo de las vías del tren, y que lo del estadio no está en la intención del Gobierno de la Ciudad. Por eso nosotros decimos: ‘Entonces quítenlo del Código’”, dice Caletti.
A la espera del dictamen, que en principio se extenderá a la próxima semana, el
colectivo de vecinos y las autoridades educativas, sostienen su postura de defensa del espacio verde, con flora y fauna, sin concesiones y con el respeto al funcionamiento de un barrio con actividades múltiples.
Jun 1, 2017 | Entrevistas
“Lo que hace el PRO es maquillar la ciudad y hacer negocios inmobiliarios con eso”. El que habla es el arquitecto Jaime Sorín, miembro fundador de Carta Abierta y actual decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Avellaneda, quien reflexiona sobre las políticas de desarrollo urbano en la Ciudad de Buenos Aires y la influencia del mercado: “Las empresas inmobiliarias forman parte absoluta del gobierno”, establece. Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, advierte que la estrategia del PRO a través del negocio de la obra pública y del sistema de transporte pareciera estar destinada a embellecer sólo un sector de una ciudad con serios problemas de vivienda: tiene un déficit habitacional del 17% y un índice de pobreza que sigue aumentado. “Con la exclusión como base, intentan generar un recambio de población para que aquel que no se banque vivir en la ciudad, se vaya”, dice, en el estudio de su casa en Almagro.
Usted suele decir que “en el urbanismo no hay neutralidad”. ¿Cuál es la orientación de las políticas de desarrollo urbano del PRO en la Ciudad de Buenos Aires?
El PRO tomó una ciudad que ya tenía una distribución espacial muy injusta, el norte y el sur históricamente marcan una diferencia importante para la población. Pero lo que hicieron fue aumentar esas diferencias, porque, de algún modo, las políticas urbanas que están llevando a cabo tienen como base tratar de generar un cambio de población. Tienen la misma lógica que las políticas de Cacciatore durante la dictadura, que planteaba que tenía que ser una ciudad blanca, que había que merecer vivirla, intentando tener una ciudad competitiva con las ciudades europeas. Durante la época de Macri como jefe de gobierno fue muy claro cómo se favoreció el capital especulativo, con la mayoría de las obras realizadas en la Zona Norte. Ahora Rodríguez Larreta, si bien ahonda y profundiza esa política, la maquilla mucho con cuatro intervenciones en villas y algún tipo de política de transporte, pero la realidad es que van a seguir aplicando la política de exclusión que es la base, justamente, de la política urbana del PRO.
¿Cómo desarrollan esa política de exclusión?
Hay un ejemplo claro que es lo que están haciendo actualmente con la Zona Sur: aumentar los valores de la tierra. En el sur las tierras valen cada vez más, y esto es porque uno de los indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo estableció el valor de la tierra como parámetro para medir la calidad de vida en una ciudad. Y, además, el indicador dice que hay que equilibrar este valor, no puede haber sectores con valores muy altos y otros muy bajos. Y de hecho, en la ciudad la tierra aumentó desde el 2003 hasta ahora. Pero en el sur se incrementó aún más el precio, teniendo en cuenta que la mayor parte de los problemas habitacionales están en esa parte de la ciudad. Este aumento hace que la mayoría de la gente que vive ahí no pueda seguir viviendo, porque muchas viviendas son alquiladas.
¿Cómo es el trabajo en villas?
Por más que ellos trabajen sobre las villas, aunque no esté muy claro qué están haciendo, esas villas siempre son cuatro y están ligadas a desarrollos inmobiliarios muy cercanos que necesitan, justamente, de un blanqueo a esa zona para que la clase media no tenga “inconvenientes” en radicarse en las cercanías. Esa supuesta integración de las villas no fue más que pintar algunas casas, dar algunas propiedades, pero no terminaron nada ni tomaron políticas que solucionen los problemas de estos barrios. Así generan una ciudad con mucha exclusión, con poca igualdad, en donde el recambio de población en unos años sea evidente. El problema en América Latina no es la pobreza, sino la desigualdad, las diferencias que hay entre los ricos que son cada vez más ricos y los pobres que son cada vez más pobres. La disputa por lograr la igualdad es muy importante, no hay libertad sin igualdad. Hoy, estos gobiernos del PRO, lo que están haciendo es generar más desigualdad. Nuestra ciudad está pensada así: el que no se banque vivir en la ciudad, que se vaya a otro lado.
¿Cómo es la política de vivienda del PRO en la ciudad?
Ellos plantean que la vivienda la tiene que solucionar el mercado, el Estado tiene que garantizar que se puedan dar créditos básicamente del sector privado. El PRO está desarrollando mucho a nivel Nación -y también va a intentar hacerlo en la Ciudad- los consorcios Estado-Privado, en donde el Estado facilita tierras y el privado financia y construye, dejándole al Estado un porcentaje de viviendas que deberían ir a viviendas sociales. Pero si lo que construyen son edificios en Zona Norte, ¿qué vivienda social podés hacer ahí? Toda la política de vivienda del PRO está basada en los créditos hipotecarios. No construyeron prácticamente nada en los diez años y lo que construyeron es con 60% de aportes del Gobierno Nacional. Además se desfinanció el Instituto de la Vivienda, no se dieron los créditos cooperativos en base a la Ley de Autogestión, el programa de vivienda joven tuvo poco éxito. Teniendo en cuenta que hay 150 mil viviendas en déficit, lo que dieron es prácticamente nada. También fracasó el programa “Alquilar se puede”, que en realidad era un crédito para que vos le puedas pagar a la inmobiliaria lo que las inmobiliarias te piden. Ahora están planteando de nuevo toda una política crediticia porque la base de ellos es el desarrollo del crédito hipotecario, que al fin y al cabo es un negocio bancario. Todos los créditos, tanto a nivel nacional como en la ciudad, están indexados, día por día se va pagando más y luego de unos años tenés que pedir la re-financiación. Llega un momento en que no van a poder pagarse más.
«Hoy, estos gobiernos del PRO, lo que están haciendo es generar más desigualdad. Nuestra ciudad está pensada así: el que no se banque vivir en la ciudad, que se vaya a otro lado».
¿Hay un control sobre los alquileres en la ciudad?
La ciudad de Buenos Aires tiene una ley de control a las inmobiliarias que se debería aplicar, pero no se hace. La Cámara Inmobiliaria tiene varias multas por parte de la justicia por no controlar los montos que se cobran. El problema del alquiler es terrible, porque hemos pasado desde el 22 por ciento de la población como inquilina en 2001 al 33 por ciento actual: una de cada tres personas en Buenos Aires alquila, y no hay ninguna política sobre eso. El año pasado aumentó el alquiler un 40%. No hay ningún control de precios; el que alquila tiene que tener la certeza de que al año siguiente no estará pagando un 40% más. Otro tema importante en la ciudad son las viviendas ociosas y eso se controla poniendo un impuesto a este tipo de vivienda que se encuentra vacía. Este impuesto se aplica en países tanto de Latinoamérica como en Europa. Acá en la ciudad son más de 200 mil las viviendas vacías, muchas de ellas están recién construidas y no se encuentran en venta debido a la especulación financiera.
¿Cree que esta apuesta a una ciudad embellecida y en constante obra es importante para las victorias electorales que logró el PRO?
Capaz que es importante para un sector de la población, la clase media que mira esos aspectos de la ciudad, que no son aspectos profundos pero que en los barrios, sobre todo en la zona norte, le deben dar resultados. En la zona sur hay pocas obras de este tipo. De todos modos, es una política no solo de embellecimiento sino de dar impulso a las empresas constructoras amigas. Todo el tiempo aparecen irregularidades en las formas de contratación. Muchas de estas empresas constructoras son de lo que se conoce como el Clan Macri, donde se destacan Caputo o Calcaterra. Otros son contratistas de la ciudad, no tan conocidos pero que se llenan de plata, empresas que fueron creciendo. Muchas veces las calles se hacen dos veces y uno no sabe por qué, o ponen esas balas de cañón que dividen las calles y no sirven para nada: detrás de todo eso siempre hay algún negocio y alguna empresa beneficiada. Todo esto está cuestionado por auditoría, pero claro, los medios cubren absolutamente todo y no sale más que en alguna página web o de vez en cuando en Página/12 o en Tiempo Argentino. Este es un Gobierno que plantea una ciudad hecha a medida de los empresarios de la construcción. Las empresas inmobiliarias son parte absoluta de este gobierno. El mayor contratista fue una empresa satélite de Caputo. Macri dice que no lo contrata, pero termina contratando a una empresa paralela en la que Caputo tiene el 50 % de las acciones. En todo eso las grandes empresas están por detrás. Es decir, lo que hace el PRO es maquillar mucho la ciudad y hacer negocios inmobiliarios con eso.
¿Cómo es el sistema de transporte en la ciudad de Buenos Aires?
Los sistemas de transporte tienen que estar integrados y en la ciudad esto no pasa. El trazado de las bicisendas, por ejemplo, debería estar integrado a un sistema público de transporte: no lo está, y además costaron una fortuna. Lo mismo pasa con el Subte y el Metrobús, no están integrados. Al igual que el Centro de Transbordo de la estación Constitución, que no tiene una finalidad muy clara. Es decir, hacen cosas sin pensar y el transporte público es una cosa compleja. Está probado que la única forma de que funcione el transporte público en ciudades con un enorme tránsito de superficie es con subtes. Lo que hicieron con el Metrobús es simplemente un sistema de carriles exclusivos que ordena pero es absolutamente incompleto. Sin mencionar los destrozos que hicieron con el patrimonio urbano en la 9 de Julio sin ninguna necesidad. Con el Metrobús del sur que va por Garay pasa lo mismo, lo hicieron sin ninguna necesidad y tuvieron que hacer un destrozo tremendo, hubo un conflicto con un club del barrio y con una escuela. Yo creo que el sistema de transporte está pensado desde el punto de vista de generar obras para decir “estamos haciendo esto y aquello”, pero no para solucionar los problemas de fondo.
¿Qué opina del proyecto para realizar una estación debajo del Obelisco en donde se conecten todas las líneas de ferrocarriles?
Es el colmo del rédito inmobiliario, porque si lo analizás desde el punto de vista del transporte es absolutamente innecesario. ¿Cuál es la necesidad de cruzar toda la ciudad en tren? Es una locura, eso se arregla con subte y colectivos bien ordenados. Ni siquiera está estudiado cuánta gente necesita un tren para cruzar la ciudad. Es una ciudad que no se piensa a partir del uso de los ciudadanos, sino que está en contra de los ciudadanos. Este proyecto va con la idea centralizar cada vez más, en vez de tomar una política de descentralización y focalizarse más en las comunas, que están desatendidas. Está todo hecho desde el marketing y siguiendo políticas que surgieron en la época de los noventa en Europa. Son ciudades pensadas como competitivas, es la idea de la marca-ciudad que en Europa se viene desarrollando bastante. La marca Barcelona en España, por ejemplo, genera turismo, pero mientras hacían eso en el 2008 se les caía el país al piso por la crisis inmobiliaria. Acá está pasando un poco lo mismo con la política crediticia del gobierno.
Suele hablar del concepto de “injusticia espacial” para definir la situación de la mayoría de las ciudades.
Ese es un concepto que retoma la idea de crecimiento por desposesión. El hecho de ir sacándole propiedades al conjunto de la ciudadanía e ir creciendo a partir de eso. Hoy el capitalismo crece mucho por desposesión, no tanto por la acumulación tradicional. Dentro de esta situación, la “injusticia espacial” significa la falta de derechos de unos sectores de las ciudades con respecto a otros. Significa que unos viven muy mal porque otros viven muy bien.La “injusticia espacial” es eso: no hay igualdad de derechos en una ciudad. Hoy en todo el mundo se está buscando la igualdad de derechos. En la Ciudad de Buenos Aires se distingue con claridad quién puede vivir en el norte y quién en el sur. Los problemas de ambos sectores son diferentes. Un ejemplo es la cantidad de gente que vive a orillas del Riachuelo, que es un tema que se está tratando hace años. Hoy, Acumar, que es el organismo que se encarga del saneamiento del Riachuelo, creado durante el gobierno anterior, se encuentra con muchísimos problemas y en la práctica dejó de funcionar.
¿Cómo es su experiencia en la Universidad de Avellaneda?
Hace dos años empezamos la carrera de Arquitectura y estamos con más de 800 alumnos, lo cual es un número muy importante. Sufrimos el ajuste sobre la educación como las demás universidades, todavía estamos peleando para que se acepten muchas partidas presupuestarias que se habían aprobado con el gobierno anterior, la situación es muy compleja. De todos modos nos estamos arreglando para que no se pare ninguna carrera. Hoy, las universidades del Gran Buenos Aires tienen la misma cantidad de alumnos o más que la UBA. Lo que demuestra que fue una política acertada, que hubo una cantidad de ciudadanos que no podían acceder a la universidad y lo están haciendo, muchos de ellos son la primera generación de universitarios de sus familias. Yo tengo muchos alumnos que jamás hubiesen podido ir a la UBA o a la UNLP.
¿Cómo se puede fomentar la articulación entre la academia y lo social? ¿En qué punto se realizaba esto en su época de decano de la FADU?
Uno, cuando enseña Arquitectura, no lo hace ateniéndose a lo meramente profesional, la formación tiene que ser completa y esto incluye la realidad del país en donde uno vive. Se discuten temas de Arquitectura dentro de un contexto. Si vos hablás sobre temas urbanos tenés que plantearte en qué tipo de ciudad estás viviendo y cuáles son sus problemas, y ver qué puede hacer un arquitecto para resolver estos problemas. Con respecto a la FADU, hay que tener en claro que es una comunidad académica muy amplia, compleja y múltiple. Desde el decanato se pueden lograr algunas cosas pero estás muy condicionado. Vos podés hacer cosas hasta un límite, podés orientar. El pensamiento más corporativo te permite tener una salida laboral, pero no te permite generar muchos programas que tengan que ver con una orientación más social. Hay un pensamiento tradicional y corporativo que está mucho más ligado a lo que es la lógica inmobiliaria. En la FADU se dan cursos de emprendimiento, te enseñan a ser emprendedor de la industria inmobiliaria. Es tan amplio todo en la FADU que es muy difícil que se imponga una tendencia más social. Por eso está bueno que hayan surgido estas universidades de GBA, donde tratamos de tener un pensamiento crítico.
¿Cuál es tu perspectiva de cara a las elecciones de este año?
Creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para lograr unidad. Es claro que Macri es el enemigo que está construyendo una sociedad de exclusión y mucha pobreza. Además de retroceder en temas fundamentales, como el de Memoria, Verdad y Justicia. Porque recuperar la memoria y hacer los juicios de la verdad no es sólo para hacer justicia por lo que pasó, sino porque recuperar la memoria significa generar ciudadanía, incluir mucha gente, es avanzar sobre ciertos ideales de construir un país distinto. Estos tipos no quieren eliminar la memoria de los últimos treinta años, sino desde la Revolución de Mayo en adelante. Hay que tratar de cambiar esto, porque el pueblo está sufriendo. Uno de clase media puede bajar sus consumos y achicar gastos innecesarios. Pero el que no puede comprar la leche porque no le alcanza ya es un problema más serio.
¿Cómo se genera esa unidad?
Me parece que hay que trabajar fuertemente un programa, tener un compromiso ciudadano. Y la figura de Cristina creo que es importante, no solo porque crea unidad en el pueblo, sino por lo que significó ella en estos últimos diez años. La vuelta de Cristina debería significar retomar las banderas de estos últimos años pero de otra manera, entendiendo que hay cosas que no se pueden repetir. Hay que generar más democracia, más ciudadanía, más inclusión pero también desde lo político. No es sólo cuestión de generar derechos sociales, desde lo político tenemos que generar mucha más democracia.
¿Cuál es el papel de Carta Abierta en el contexto político actual?
Seguimos pensando que Carta Abierta tiene un rol a jugar, pero yo creo que ha cambiado mucho desde el 2008 hasta hoy. En 2008 con el problema de la soja el Gobierno estaba muy solo. En esa época no era muy claro cuál era el papel que cumplían las organizaciones culturales o intelectuales y nuestra acción sirvió para desenmascarar el papel que cumplían los medios de comunicación. Luego del 2010 se empiezan a sumar varias organizaciones sociales y políticas, se desarrolla La Cámpora. Con este cambio de Gobierno creo que hay que ver cómo se pueden articular con otras organizaciones sociales. Hoy Carta puede servir como un lugar de confluencia de sectores culturales o políticos. Debe pensarse dentro de la unidad para desenmascarar las políticas que está tomando el macrismo o debatir acerca del neoliberalismo.
¿Qué opiná de las obras de Milagro Sala en Jujuy?
Cuando uno ve lo que hizo Milagro Sala entiende la embestida que se realiza contra su figura. Obviamente que a los grandes negocios inmobiliarios del norte del país no les conviene lo que ella hizo. La Tupac hizo más viviendas sociales que el gobierno de Jujuy; además, las cooperativas de vecinos que las realizaban lo hacían con menos costos, de manera más rápida y con mayor calidad. A través de la Tupac se demostró que se pueden hacer las cosas de otra manera, con otra lógica. Es la contracara de la ideología individualista del neoliberalismo, porque no sólo sacó de la pobreza a una porción de la población, sino que el método de trabajo era la absoluta cooperación dentro de una comunidad. Para ellos la palabra de trabajar por lo común, lo comunitario era fundamental. Obviamente que la Tupac tenía por detrás la financiación del Estado. Ella utilizó bien los fondos del trabajo. Construyó viviendas, pero también garantizó el trabajo, el equipamiento, la salud, la educación y la recreación de todo un barrio. Urbanizó de una manera distinta y eso le queda a la gente. Hay un montón de personas que viven en Jujuy que no se van a olvidar tan fácil de esto. Y yo creo que tampoco la gente se está olvidando de lo que se hizo en estos últimos diez años. Me parece que hay que trabajar sobre la memoria de la gente, preguntarle cómo vivían antes y cómo viven ahora.
Actualizada 01/06/2017
Jun 30, 2016 | inicio
Bajo tierra, el paisaje de la Plaza Houssay, en el corazón de la zona de facultades, cambiará de cara. La Legislatura porteña aprobó por amplia mayoría un proyecto que propone entregar por 30 años a una empresa privada la explotación de dos niveles de subsuelo -donde hoy funcionan estacionamientos- para construir locales comerciales, gastronómicos y espacios para actividades culturales. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) porteño y contó con el apoyo casi unánime del arco político de la Ciudad traducido en 54 votos a favor y 4 en contra. Tras la votación del proyecto, a mediados de mayo, la atención política -y algunas dudas- se concentran ahora en el inicio del proceso de licitación.
La plaza Houssay está ubicada en el macrocentro porteño, a quince cuadras del Obelisco, en la intersección entre la Avenida Córdoba y las calles Junín, Uriburu y Paraguay. En el lugar confluyen a diario más de 170 mil estudiantes, 11 líneas de colectivos y una línea de subterráneo. Tres de las cuatro veredas que la rodean pertenecen a edificios públicos: Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Económicas y Hospital de Clínicas. La restante son edificios de viviendas. Hasta el año 1975 se emplazaba allí el Hospital de Clínicas. Tras su demolición, en el año 1980, durante la intendencia de facto de Osvaldo Cacciatore, se construyó una plaza dominada por desniveles de cemento y pasillos angostos. El objetivo de la arquitectura era evitar la aglomeración de estudiantes.
El subsecretario de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Álvaro García Resta, explicó que el proyecto se originó en los resultados de un relevamiento de las necesidades de la zona. “Fuimos, hablamos con los estudiantes, con todos los decanos de la facultades de la UBA, todos apoyaron unánimemente este proyecto”, aseguró.
García Resta trabaja en una oficina amplia y luminosa del “Palacio Lezama”, en el pasado la fábrica de bizcochos Canale, ahora devenido edificio de oficinas del Gobierno de la Ciudad. Es arquitecto egresado de la Universidad de Palermo. Tuvo su propio estudio durante diez años e inició un camino en el sector público convocado por Guillermo Dietrich, en ese momento secretario de Transporte de la Ciudad. “Nosotros creemos que el presupuesto del Estado tiene que ir destinado a educación, salud, urbanización de villas, soluciones habitacionales. La inversión privada para beneficio público es lo que debería pasar en cualquier lugar del mundo donde la construcción de las soluciones para la gente se hace entre sectores. Hacemos ciudades desde la gente y para la gente. No pensamos de dónde viene la inversión”, se sinceró.
Las dudas
La falta de especificaciones de los costos que tendrán las obras y del canon por la concesión del nuevo polo gastronómico, y también la ausencia de informes ambientales y de restricciones de ningún tipo al adjudicatario formaron el núcleo de las observaciones de los legisladores del socialismo y la izquierda que se pronunciaron en contra del proyecto.
Marcelo Ramal, legislador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, vinculó la iniciativa con una “privatización” de la plaza. “Es un espacio muy fuertemente ligado a la comunidad universitaria de todas las facultades que la rodean. Si vamos a hacer algo con los estacionamientos actuales pensemos en algo que tenga que ver con la vida universitaria. Pensar en un polo gastronómico y no por ejemplo en un comedor estudiantil, es objeto de debate”, le dijo a esta agencia.
El proyecto votado en la Legislatura autoriza al Poder Ejecutivo “a realizar el llamado a licitación para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del centro cultural, gastronómico y playa de estacionamiento Plaza Dr. Bernardo A. Houssay.”
Sin embargo, ni en el punteo votado en el recinto ni en los planes de los funcionarios del área de Planificación existen especificaciones sobre cómo se realizará ese proceso. García Resta explicó que para esta licitación el Gobierno de la Ciudad no tiene un proyecto, sino que espera las propuestas de los licitantes: “El 50% del puntaje para ganar la licitación es por el proyecto que propone. No nos da lo mismo lindo, feo, eficiente, ineficiente, amigable a la gente o no. Ponderamos en 50% eso. Vamos a recibir propuestas de privados que van a construir, van a mantener y operar durante treinta años. Estamos llamando a la inversión privada para beneficio público”, señaló el funcionario. Y agregó: “Reducir el estacionamiento es dar un mensaje a que estamos apostando al transporte público”.
Por su parte Ramal, legislador porteño desde 2013 y docente de la Universidad de Buenos Aires y de Quilmes, afirmó que “no está totalmente claro qué se va a hacer, esa es una de las cuestiones que mueve a sospechas”. Sucede que la construcción y explotación del predio por el plazo de treinta años sin que esté publicado ni fijado el canon que la Ciudad cobrará a una única empresa abre interrogantes.
Esas aristas quedaron expuestas en el debate. El diputado Hernan Rossi, del bloque SUMA+ y cercano a Elisa Carrió, lamentó no haber podido introducir cambios en el proyecto. “Planteábamos que se podían incorporar obligaciones para el concesionario que resultara ganador de la licitación pública vinculadas con la obligación de tener precios razonables para los estudiantes que consuman en esos emprendimientos gastronómicos, o brindarles espacios a las facultades de la Universidad de Buenos Aires que rodean a esta histórica plaza para ubicar allí sus propios emprendimientos culturales”, subrayó durante una discusión caliente. Sin embargo, su voto y el de su bloque fue favorable.
José Cruz Campagnoli, legislador por el bloque Nuevo Encuentro-Frente para la Victoria, aceptó que el plazo de la concesión fue eje de discusión. “Se puede discutir si está bien, 25, 20 o 30 años, pero conceptualmente es uno de los pocos proyectos de concesión que me parecen bien. Lo digo como legislador y como persona que va a la Universidad y pasa por ahí a la mañana y se cruza dos cuadras para comprar un café en el kiosco”, señaló.
Además, contó que en muchos de los casos de concesión de predios públicos su voto fue en contra: “A la venta del Buenos Aires Design nos opusimos, en la Feria Masticar publicamos un informe oponiéndonos porque los pibes de la escuela del barrio no iban a poder realizar actividad física por dos semanas”.
Sin embargo, el legislador marcó diferencias con este proyecto. “Se trata de un espacio que tendrá aire acondicionado en verano, calefacción en invierno. Y el café que pago ahí es el mismo que pago en frente. El que no puede pagarlo ahí no puede pagarlo tampoco en el kiosco de enfrente”, argumentó sobre el voto afirmativo que unió en la misma posición al macrismo, la UCR, el FpV y el PJ.
“Los partidos políticos de las fuerzas dominantes de la Ciudad de Buenos Aires viven y se financian de este tipo de proyectos. Cuando uno ve a figuras probas de la política de la Ciudad hablando por televisión y se pregunta cómo se financian, acá tiene la respuesta”, confrontó Ramal.
Y agregó: “El golf en Lugano, el proyecto de Villa Olímpica en la Comuna 8, la entrega de tierras públicas al Arzobispado en la Capital, la venta de tierras de Catalinas Norte, junto a los cambios de zonificación, todo esto constituye una caja fenomenal para el radicalismo, para el kirchnerismo, para el PJ y por supuesto para el macrismo”.
Según García Resta, en los próximos días se hará público el llamado a licitación para la construcción del nuevo polo gastronómico. Sólo queda por delante ver qué empresa se hará acreedora de un proyecto de explotación por treinta años, un público de cientos de miles de estudiantes y sin restricciones de precios razonables ni especificaciones respecto al canon que deberá pagar al Estado.
Actualizada 29/06/2016
