Jun 30, 2016 | inicio
Bajo tierra, el paisaje de la Plaza Houssay, en el corazón de la zona de facultades, cambiará de cara. La Legislatura porteña aprobó por amplia mayoría un proyecto que propone entregar por 30 años a una empresa privada la explotación de dos niveles de subsuelo -donde hoy funcionan estacionamientos- para construir locales comerciales, gastronómicos y espacios para actividades culturales. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) porteño y contó con el apoyo casi unánime del arco político de la Ciudad traducido en 54 votos a favor y 4 en contra. Tras la votación del proyecto, a mediados de mayo, la atención política -y algunas dudas- se concentran ahora en el inicio del proceso de licitación.
La plaza Houssay está ubicada en el macrocentro porteño, a quince cuadras del Obelisco, en la intersección entre la Avenida Córdoba y las calles Junín, Uriburu y Paraguay. En el lugar confluyen a diario más de 170 mil estudiantes, 11 líneas de colectivos y una línea de subterráneo. Tres de las cuatro veredas que la rodean pertenecen a edificios públicos: Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Económicas y Hospital de Clínicas. La restante son edificios de viviendas. Hasta el año 1975 se emplazaba allí el Hospital de Clínicas. Tras su demolición, en el año 1980, durante la intendencia de facto de Osvaldo Cacciatore, se construyó una plaza dominada por desniveles de cemento y pasillos angostos. El objetivo de la arquitectura era evitar la aglomeración de estudiantes.
El subsecretario de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Álvaro García Resta, explicó que el proyecto se originó en los resultados de un relevamiento de las necesidades de la zona. “Fuimos, hablamos con los estudiantes, con todos los decanos de la facultades de la UBA, todos apoyaron unánimemente este proyecto”, aseguró.
García Resta trabaja en una oficina amplia y luminosa del “Palacio Lezama”, en el pasado la fábrica de bizcochos Canale, ahora devenido edificio de oficinas del Gobierno de la Ciudad. Es arquitecto egresado de la Universidad de Palermo. Tuvo su propio estudio durante diez años e inició un camino en el sector público convocado por Guillermo Dietrich, en ese momento secretario de Transporte de la Ciudad. “Nosotros creemos que el presupuesto del Estado tiene que ir destinado a educación, salud, urbanización de villas, soluciones habitacionales. La inversión privada para beneficio público es lo que debería pasar en cualquier lugar del mundo donde la construcción de las soluciones para la gente se hace entre sectores. Hacemos ciudades desde la gente y para la gente. No pensamos de dónde viene la inversión”, se sinceró.
Las dudas
La falta de especificaciones de los costos que tendrán las obras y del canon por la concesión del nuevo polo gastronómico, y también la ausencia de informes ambientales y de restricciones de ningún tipo al adjudicatario formaron el núcleo de las observaciones de los legisladores del socialismo y la izquierda que se pronunciaron en contra del proyecto.
Marcelo Ramal, legislador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, vinculó la iniciativa con una “privatización” de la plaza. “Es un espacio muy fuertemente ligado a la comunidad universitaria de todas las facultades que la rodean. Si vamos a hacer algo con los estacionamientos actuales pensemos en algo que tenga que ver con la vida universitaria. Pensar en un polo gastronómico y no por ejemplo en un comedor estudiantil, es objeto de debate”, le dijo a esta agencia.
El proyecto votado en la Legislatura autoriza al Poder Ejecutivo “a realizar el llamado a licitación para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del centro cultural, gastronómico y playa de estacionamiento Plaza Dr. Bernardo A. Houssay.”
Sin embargo, ni en el punteo votado en el recinto ni en los planes de los funcionarios del área de Planificación existen especificaciones sobre cómo se realizará ese proceso. García Resta explicó que para esta licitación el Gobierno de la Ciudad no tiene un proyecto, sino que espera las propuestas de los licitantes: “El 50% del puntaje para ganar la licitación es por el proyecto que propone. No nos da lo mismo lindo, feo, eficiente, ineficiente, amigable a la gente o no. Ponderamos en 50% eso. Vamos a recibir propuestas de privados que van a construir, van a mantener y operar durante treinta años. Estamos llamando a la inversión privada para beneficio público”, señaló el funcionario. Y agregó: “Reducir el estacionamiento es dar un mensaje a que estamos apostando al transporte público”.
Por su parte Ramal, legislador porteño desde 2013 y docente de la Universidad de Buenos Aires y de Quilmes, afirmó que “no está totalmente claro qué se va a hacer, esa es una de las cuestiones que mueve a sospechas”. Sucede que la construcción y explotación del predio por el plazo de treinta años sin que esté publicado ni fijado el canon que la Ciudad cobrará a una única empresa abre interrogantes.
Esas aristas quedaron expuestas en el debate. El diputado Hernan Rossi, del bloque SUMA+ y cercano a Elisa Carrió, lamentó no haber podido introducir cambios en el proyecto. “Planteábamos que se podían incorporar obligaciones para el concesionario que resultara ganador de la licitación pública vinculadas con la obligación de tener precios razonables para los estudiantes que consuman en esos emprendimientos gastronómicos, o brindarles espacios a las facultades de la Universidad de Buenos Aires que rodean a esta histórica plaza para ubicar allí sus propios emprendimientos culturales”, subrayó durante una discusión caliente. Sin embargo, su voto y el de su bloque fue favorable.
José Cruz Campagnoli, legislador por el bloque Nuevo Encuentro-Frente para la Victoria, aceptó que el plazo de la concesión fue eje de discusión. “Se puede discutir si está bien, 25, 20 o 30 años, pero conceptualmente es uno de los pocos proyectos de concesión que me parecen bien. Lo digo como legislador y como persona que va a la Universidad y pasa por ahí a la mañana y se cruza dos cuadras para comprar un café en el kiosco”, señaló.
Además, contó que en muchos de los casos de concesión de predios públicos su voto fue en contra: “A la venta del Buenos Aires Design nos opusimos, en la Feria Masticar publicamos un informe oponiéndonos porque los pibes de la escuela del barrio no iban a poder realizar actividad física por dos semanas”.
Sin embargo, el legislador marcó diferencias con este proyecto. “Se trata de un espacio que tendrá aire acondicionado en verano, calefacción en invierno. Y el café que pago ahí es el mismo que pago en frente. El que no puede pagarlo ahí no puede pagarlo tampoco en el kiosco de enfrente”, argumentó sobre el voto afirmativo que unió en la misma posición al macrismo, la UCR, el FpV y el PJ.
“Los partidos políticos de las fuerzas dominantes de la Ciudad de Buenos Aires viven y se financian de este tipo de proyectos. Cuando uno ve a figuras probas de la política de la Ciudad hablando por televisión y se pregunta cómo se financian, acá tiene la respuesta”, confrontó Ramal.
Y agregó: “El golf en Lugano, el proyecto de Villa Olímpica en la Comuna 8, la entrega de tierras públicas al Arzobispado en la Capital, la venta de tierras de Catalinas Norte, junto a los cambios de zonificación, todo esto constituye una caja fenomenal para el radicalismo, para el kirchnerismo, para el PJ y por supuesto para el macrismo”.
Según García Resta, en los próximos días se hará público el llamado a licitación para la construcción del nuevo polo gastronómico. Sólo queda por delante ver qué empresa se hará acreedora de un proyecto de explotación por treinta años, un público de cientos de miles de estudiantes y sin restricciones de precios razonables ni especificaciones respecto al canon que deberá pagar al Estado.
Actualizada 29/06/2016
May 10, 2016 | inicio
La lucha por el boleto estudiantil gratuito nunca dejó de estar presente. Aquello que comenzó en la década del setenta, hoy volvió al centro de la escena. Luego del aumento de las tarifas de transporte –100 por ciento en colectivos y trenes, y, en breve, el 60 por ciento en subtes– dictaminado por el gobierno nacional, cinco proyectos fueron presentados para retomar el tema. El “Boleto Educativo Gratuito” de Patricio del Corro y Marcelo Ramal (Frente de Izquierda); el “Boleto Educativo” de Pablo Ferreyra (Frente para la Victoria); el “Boleto Estudiantil” de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); el “Boleto Estudiantil Metropolitano” de Juan Francisco Nosiglia (Suma +); y el “Boleto Educativo Gratuito” de Graciela Ocaña (Confianza Pública), solo para el transporte de pasajeros de corta distancia.
Los cinco proyectos coinciden en que el boleto estudiantil es indispensable para fortalecer el derecho a la educación y profundizar el carácter inclusivo de la educación pública. Sin embargo, las diferencias aparecen a la hora de determinar si el boleto deberá ser gratuito o una tarifa social; si beneficiará únicamente a la educación pública o, también, a la privada; quién será el encargado de financiar el boleto; si favorecerá a todos los actores: estudiantes, docentes y trabajadores de la educación; y, por último, quién debe ser la autoridad de aplicación, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
El FIT
El proyecto de ley presentado por Marcelo Ramal y Patricio del Corro decide enmarcar su propuesta en la defensa del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. El Frente de Izquierda considera que actualmente no hay condición de gratuidad, ya que para concurrir a las instituciones educativas tanto estudiantes como docentes y no docentes deben abonar un boleto muy elevado, al que asocian al lucro de las empresas privadas en desmedro de la educación. “En este momento, la posibilidad de un boleto educativo se convierte virtualmente en un hecho que puede determinar para muchos jóvenes la posibilidad de estudiar o no”, expresó Marcelo Ramal a ANCCOM.
El FIT propone un boleto educativo gratuito que sirva para todas las líneas de colectivos que circulen en la Ciudad de Buenos Aires en algún momento de su recorrido, para el subterráneo y el premetro, los 365 días del año, las 24 horas. Beneficiaría a todos los estudiantes, docentes, y trabajadores pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada, con o sin aporte estatal, dependientes del Ministerio de Educación porteño en los niveles inicial, primario, secundario, especial y superior. El proyecto también contempla beneficiar a los estudiantes, docentes y no docentes de las universidades públicas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
“Los anteriores intentos de aprobar un boleto gratuito en la Ciudad fueron desoídos por el gobierno. Hay un aspecto que nos interesa destacar de nuestro proyecto, a diferencia de los restantes: nosotros planteamos el financiamiento del boleto gratuito en base a las utilidades de las empresas de transporte. Queremos que se analicen sus costos y beneficios, particularmente después del tarifazo, y que esto no signifique una forma de financiamiento que termine derivándose hacia otra parte de la población”, sostuvo Ramal. Además, manifestó su preocupación frente al tratamiento de su proyecto, ya que solo está siendo trabajado en la Comisión de Transporte y Obras Públicas y no fue girado a la Comisión de Educación: “Eso quiere decir que se está concibiendo esta cuestión como un puro problema de política de transporte y no se aborda como un derecho relacionado con la educación pública”, aclaró a ANCCOM.
EL FPV
“Con el aumento de la tarifa del transporte, los sectores medios y populares se ven afectados. Para acomodar sus gastos y llegar a fin de mes, terminan resignando un derecho fundamental, la educación”, afirmó Pablo Ferreyra quien presentó el proyecto de ley por el Boleto Educativo.
En primer lugar, el fundamento principal en el que se enmarca el proyecto es la defensa del artículo 23 de la Constitución: “Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, la permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo”. Por lo tanto, el eje del proyecto está puesto en la vinculación entre el derecho a la educación y el Boleto Educativo: “El precio del pasaje es parte importante de que todos los estudiantes puedan asistir a la escuela pública, a la formación terciaria o a la educación superior universitaria”, sostiene el proyecto de ley.
En segundo lugar, el proyecto hace hincapié en que el Boleto Educativo no debe estar destinado únicamente a los estudiantes, sino también a los docentes y trabajadores de la educación en los establecimientos de gestión estatal que se encuentren dentro de la Ciudad. “En el caso de los docentes y los trabajadores, muchas veces deben tomarse más de un transporte. Hay docentes que por la extensión geográfica de la ciudad necesitan recorrer gran parte de la Capital en dos transportes. El tarifazo provocó un encarecimiento del gasto que tenían hasta ahora. El Estado debe garantizar tanto el derecho a aprender como el derecho a enseñar”, puntualizó Ferreyra.
Por último, en lo que respecta a la autoridad de aplicación y los gastos, el proyecto sostiene que será el Ministerio de Educación quien aplique la Ley. En relación a los gastos, “todavía no está resuelto el tema presupuesto, es justamente la discusión que tenemos que darle al PRO”, finalizó Ferreyra.
Coalición Cívica
El proyecto presentado por Maximiliano Ferraro propone un boleto estudiantil gratuito para los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario que viajen en colectivos, subte y premetro. El beneficio rige durante el período correspondiente a los ciclos lectivos de cada año.
En segundo lugar, estudiantes de primaria y secundaria de gestión privada; estudiantes de nivel superior, terciario o universitario de gestión estatal; docentes de todos los niveles de la educación pública, así como docentes de los niveles inicial, primario y secundario de gestión privada tendrán una reducción del 60% de la tarifa. A la persona que acompañe a los niños de inicial y primario se le cobrará la mitad del valor de la tarifa común.
Por último, para la financiación plantea crear un Fondo Público para el Financiamiento del Boleto Estudiantil, conformado por los montos que el presupuesto general de la Ciudad le asigne; los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo; donaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas; y los intereses devengados por la inversión de dinero.
Suma +
El proyecto presentado por Nosiglia, en primer lugar, trata el transporte público que depende de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir subte y premetro.
La medida beneficiará a los alumnos y estudiantes de todas las modalidades –primario, medio, terciario y universitario–, de escuelas e institutos de gestión estatal y privada con aporte estatal. Por último, el boleto tendrá vigencia de acuerdo al calendario escolar.
Confianza Pública
El servicio de transporte público de pasajeros de corta distancia será gratuito para los estudiantes, docentes y no docentes pertenecientes a instituciones educativas en los niveles inicial, primario y secundario de la CABA.
La Multisectorial
El Boleto estudiantil gratuito significa un salto cualitativo en relación a la lucha por la inclusión de la educación pública. Por este motivo, un conjunto de agrupaciones estudiantiles, de trabajadores de la educación, gremios del subte y distintas organizaciones políticas y sociales de la Ciudad se unieron para conformar una Multisectorial por el Boleto Educativo. El objetivo: instalar este debate para “poder conseguir grandes victorias como el boleto estudiantil de la Provincia de Buenos Aires, cuya reglamentación aún sigue pendiente, o el Boleto Educativo de Córdoba, ambos gratuitos”,
Desde la apertura al debate, la Multisectorial busca reafirmar que “la educación es un derecho que el Estado debe garantizar en todas sus dimensiones. Por un lado, educadoras y educadores necesitan garantizar su llegada al lugar de trabajo; por el otro: estudiantes de todos los niveles y sus familias asumen en muchos casos altos costos derivados del transporte hasta su casa de estudios todos los días”. De este modo, a partir de una educación integral se pretende que no haya ningún estudiante excluido.
“Para mí el aumento significó una pérdida importante de dinero, ya que gasto más del doble para ir y volver a la facultad. También implica más gasto de tiempo porque en vez de tomarme dos transportes para llegar más rápido, ahora me tomo uno solo y camino. Desde Constitución ya no me tomo algo a Montes de Oca, sino que voy a pie para evitar gastar doce pesos más, entre ida y vuelta”, dijo Paz, estudiante del CBC. Sofía, alumna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, también se manifestó preocupada por el aumento en la tarifa del boleto. “Se me duplicó todo. Entre los tres colectivos que me tomo para ir la facu gasto 50 pesos por día, más o menos. Por suerte, a mí todavía no me afectó lo suficiente como para tener que dejar de estudiar, pero sí es todo un presupuesto, ya que gran parte del sueldo, ahora, se me va en transporte”, expresó.
“Subite al boleto educativo”, es su consigna. Tal es así que el jueves 21 a las 17, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFYL) de la UBA convocó a una marcha donde se unieron el movimiento estudiantil y educativo del país. “Hay que enmarcar la lucha en el contexto actual. Esta situación no nació de la nada, sino que tiene que ver con que hace unas semanas se votó un acuerdo para pagarle 14 mil millones de dólares a los fondos buitres. Todo ese dinero va a tener que ser pagado por el conjunto de los trabajadores, por eso la primera medida del gobierno fue un ajustazo y luego un boletazo, un incremento tremendo en la tarifa de pasajes”, explicó Maximiliano Laplagne, presidente del CEFYL.
Debido a la gran convocatoria que tuvo la marcha, y a la magnitud del problema que afecta directamente al derecho a la educación, la semana pasada el Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad una resolución a favor de la creación del Boleto Educativo, que beneficie a estudiantes y trabajadores de todos los niveles de la educación pública de gestión estatal. Según el documento firmado, el consejo resuelve “exhortar a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Nación, como a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, a avanzar en el tratamiento y la aprobación de los proyectos presentados que plantean la necesidad de implementar un boleto educativo”.
“En estos momentos, la lucha por el boleto educativo gratuito está creciendo como resultado del deterioro en las condiciones de vida. El ajuste de (Mauricio) Macri afecta a todos los sectores, y el descontento que genera plantea la posibilidad de llevar la lucha por el boleto, por el salario docente y por el presupuesto más lejos. El año pasado fue aprobada una ley por el boleto educativo en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, dicha ley jamás fue implementada y la gobernadora María Eugenia Vidal declaró que la misma no es ninguna prioridad para su gobierno. A su vez, en la Capital, en Santa Cruz y en otros puntos del país este reclamo va teniendo más cabida. Entendemos que es necesario nacionalizar la lucha por el boleto educativo gratuito y trabajar unitariamente en el sentido de una Marcha Nacional por el Boleto a Plaza de Mayo”, enfatizó Marcos, estudiante de Ciencia Política y militante del ¡Ya Basta! – Nuevo MAS.
Cuarenta años después de La Noche de los Lápices, el debate por el boleto educativo parece que volvió con más fuerza que nunca.
Actualizada 10/05/2016