Mar 7, 2019 | Novedades, Trabajo
El creciente cierre de locales puso en alerta a la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), que el 14 de enero decretó el estado de “emergencia nacional de las panaderías”. “A nivel nacional hicimos un cálculo de panaderías registradas y en el último tiempo han bajado sus persianas, o continúan trabajando informalmente, cerca de mil panaderías sobre un total de 37 mil”, afirma Miguel Di Betta, presidente de FAIPA, y agrega que “Buenos Aires es una la zonas más afectada junto con Rosario”. En este contexto, a nivel nacional, las ventas en la industria panadera cayeron entre 30 a 35 por ciento en promedio, según las empresas del sector.
De acuerdo a la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), se estima que en la provincia unos 200 locales cerraron sus puertas en 2018, “muchos de ellos con más de 50 años de trayectoria”, según expresó en un comunicado. Mientras que en Rosario, la Asociación de Industriales Panaderos denunció la desaparición de 60 panaderías durante el último año.
Desde el Centro de Industriales Panaderos del Oeste (CIPDO), su presidente Rodolfo Silva puntualiza: “En nuestra zona cerraron un promedio de 40 panaderías, no todas grandes, algunas son panaderías chicas que arrancaron hace tres o cuatro años y con la crisis tan rápida que hubo no pudieron hacer pie”. El cierre de establecimientos panificadores se da incluso en áreas de poder adquisitivo alto, donde no se siente tanto el achicamiento de salarios, como en la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero claro, hay costos impagables. Allí, el alquiler de una panadería ronda los 180 mil pesos. “Tenemos calculado que entre 15 y 20 establecimientos cerraron en este proceso que viene del año 2016, dejando 60 personas en la calle”, detalla Luciano Eberlé, secretario general del Sindicato de Obreros Panaderos de San Isidro y Vicente López (SOPSIyVL).
Los representantes de las distintas agrupaciones de panaderos coinciden en que el aumento de materias primas y servicios, la caída del consumo y la presión tributaria originaron el desequilibrio del negocio. “Uno de los factores que causa la crisis del sector es la caída de las ventas y el otro es el aumento de las tarifas, sobre todo la del gas que en noviembre fue del 100 por ciento. Además, la harina aumentó un 300 por ciento a hoy”, sostiene Silva. Por otra parte, Di Betta indica que “el aumento de los servicios es fundamental para la debacle que ha habido, porque el trabajo nuestro se maneja con gas, luz y agua; son tres esenciales materias primas, como es la harina también”.
Por los barrios
Josefina es propietaria de La Genovesa, una panadería centenaria que funciona sobre la avenida Manuel Belgrano en la localidad bonaerense de Wilde, y aporta datos concretos de los precios: “La bolsa de harina hace un año estaba en 400 pesos y hoy estamos en 1.000. Con la harina a 400, el kilo de pan lo teníamos entre 30 y 40 pesos, ahora lo tenemos a 70 con la bolsa de harina a 1.000 pesos”. Josefina también señala que los aumentos los empujan a congelar los precios para mantener la clientela ya que “en realidad, tendría que estar 100 pesos el kilo de pan, pero si es así no podríamos vender nada”.
La propietaria de La Genovesa ilustra con números contundentes la crueldad de tarifazo: “Hace un año, pagaba de gas 700 pesos, ahora me vino 37 mil. De luz me venía 3 mil pesos y hoy me vino 40 mil pesos. Estamos al límite, no se llegan a cubrir los gastos”, reconoce. Es que mientras los servicios y la materia prima están dolarizados, los sueldos están pesificados.
Otro caso testigo es el de Marcela Pérez que hace 11 meses abrió un local en la calle Las Flores al 800, en el partido de Avellaneda. Pérez confirma que a raíz de los aumentos se dio un cambio en los hábitos de compra de los clientes, dado que ahora “se consume menos, por ejemplo antes llevaban un cuarto de galletitas y ahora te llevan solo 20 pesos”. Lo mismo le sucede a Claudio, dueño de Panadería Bahía Blanca, también en Avellaneda, que reconoce que «los productos más caros dejaron de consumirse, como las tortas que ya no las hacemos». A esto hay que sumarle que en verano siempre bajan las ventas en estos negocios.
Causas y consecuencias
La devaluación del peso, que llevó el dólar a costar más de 40 pesos a fines de agosto de 2018, aceleró los precios de los productos que vienen del campo, los que se importan y la provisión de energía. “Hoy exportar el grano de trigo es más negocio que procesarlo en el país y hacer pan. El grano de trigo está en pocas manos de los grandes exportadores, la mayoría corporaciones extranjeras, por lo que el valor del trigo es el mismo a nivel nacional que la cotización internacional de la bolsa de Nueva York”, explica Xavier De Escalada, encargado del rubro de panaderías y pastelerías de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC).
En este sentido, Silva, el presidente de CIPDO, manifiesta que “el sector triguero es el verdadero formador de precio, están todo el tiempo comparándote a precio internacional. Argentina produce 18 millones de toneladas anuales y 6 millones se utilizan en el país. Lo que nosotros reclamamos cuando hicimos el ‘panazo’ es que tiene que haber un precio interno, porque se escudan en el libre comercio, pero Estados Unidos tiene libre comercio y tiene precio interno”.
Eberlé, por su lado, describe: “Tenemos una situación de incompatibilidad, yo me manejo con una moneda depreciada pero las cadenas que dan el servicio necesario para que funcionen las panaderías se manejan con dólar”. Por su parte, Silva apunta: “Todo aumenta, inclusive los impuestos, porque el IVA, Ingresos Brutos y Aportes Patronales van por encima de la inflación; pero no aumentó el salario del trabajador, o sea que a tu cliente la plata no le alcanza para ir a comprar a su panadería, vos no pudiste subir tus precios, no pudiste cerrar a tu ganancia, entonces estás en un embudo”.
Otra consecuencia de la crisis que atraviesa el rubro es el crecimiento de la venta clandestina de productos panificados que “ya existía y ahora se nota más, porque hay panaderías que han bajado las persianas pero continúan trabajando a puertas cerradas, sin pasar por ningún control de sanidad, no pagan impuestos y venden más barato. Esto abarca a un 40 por ciento de la actividad”, denuncia Di Betta.
Asimismo, la baja de consumo genera una flexibilización laboral. Eberlé, el titular del gremio de obreros panaderos de San Isidro y Vicente López advierte que “cuando empiezan a sentirse en crisis, la solución inmediata de la empresa es pagar media jornada al trabajador, o el ‘trabajen una hora más’. Acá no hay panadería que cierre los lunes, en el convenio dice que es el día de descanso del panadero pero lo sortearon a través de distintos días de licencias; entonces no hay descanso, hay 30 días de trabajo. O también empiezan con la polifuncionalidad”.
El 12 de diciembre pasado envió una carta documento al presidente Mauricio Macri y el 15 de enero hizo un pedido de audiencia urgente, sin respuesta hasta el momento. Entre los requerimientos que realizan se destaca el de “retrotraer el costo de la energía a diciembre del 2017 o una energía diferenciada para la producción del pan, control sobre el precio del trigo para evitar los abusos en esa parte de la cadena formadora de precios y tener previsibilidad del costo de la harina cuidando el precio para el mercado interno, moratorias a 60 meses sin intereses para el pago de deudas impositivas y el control de la clandestinidad”.
Silva cuestiona la falta de respuesta del Poder Ejecutivo: “Está más que claro que la política de ellos es no dar nada. Todas las grandes cadenas reciben préstamos, beneficios impositivos y las panaderías chiquitas no reciben nada”. Así, panaderos y vecinos ven desmigajarse sus ingresos día a día.
Feb 28, 2019 | Novedades, Trabajo
El último 6 de enero, un operario trabajaba en la planta de la Dreyfus, de la localidad santafecina de Timbúes, cuando el piso cedió y lo hizo caer en una fosa llena de líquidos a altas temperaturas. Con el 90 por ciento del cuerpo quemado, el trabajador, identificado como Fernando Peña, murió un día después en el Sanatorio Británico de Rosario. El 12 de
febrero, Pedro Manuel Gauna trabajaba en altura en el parque industrial de la papelera
Samseng, en el partido bonaerense de Pilar. Tras perder la estabilidad, cayó al piso y perdió
la vida. Al día siguiente, también en Santa Fe, Walter Quiroz, operario de una empresa
eléctrica subcontratada por la empresa Cofco -que un mes antes había despedido a 200
empleados- tuvo un destino similar cuando la pasarela de 15 metros de altura sobre la que
se encontraba se desplomó, dentro del predio de aquella multinacional china en la ciudad de Puerto San Martín. Esas muertes, ignoradas por casi todos los medios, son apenas algunas de las causadas por las fallas en las medidas de prevención por parte de las compañías.
Según datos oficiales del informe anual de accidentabilidad laboral, elaborado
en octubre del 2018, por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) “en el año 2017, se registraron -en Argentina- 67.514 casos en los que el trabajador padeció alguna incapacidad permanente. Para los varones, los accidentes de trabajo constituyeron la
principal causa de incapacidad laboral (69,9%), mientras que para las mujeres lo hicieron
los accidentes in itinere (47,5%)”, es decir, que se producen en el trayecto desde el
domicilio del trabajador hasta su puesto de trabajo. El informe especifica que “en el conjunto de los casos notificados, la forma de ocurrencia más frecuente de los accidentes fueron las pisadas, choques o golpes por objetos (26,6%), las caídas de personas (20,7%) y los esfuerzos excesivos (13,5%)”.
Lorenzo Gómez, presidente del Consejo Federal de profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH), destaca cómo se vulnera la normativa vigente en relación a la salud y seguridad de los trabajadores dispuesta por la Ley 19.587: “Uno de los sectores en el que menos se cumple con las normas de seguridad son las obras privadas de construcción. Por los lugares que uno transite, se observan obras en las que es notorio el incumplimiento en materia de prevención, desde la falta de elementos de protección personal hasta los elementos de protección colectiva, como la colocación de mallas anticaídas, señalización, cartelería de obra, etcétera. A medida que nos alejamos de los centros industriales o ciudades capitales se potencian las faltas de medidas de prevención”, asegura.
El 9 de septiembre de 2016 no fue un día más. Sólo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires,
con horas de diferencia, fallecieron tres trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo.
El derrumbe de una medianera en una obra en el barrio de Villa Crespo produjo la muerte
de Richard Alcaraz. David Ramallo, técnico de la línea 60, murió luego de que el elevador
que sostenía el colectivo que reparaba cediera, y el peso de la unidad cayera sobre él. Diego Soraire, otro trabajador, se encontraba trabajando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuando un digestor explotó causándole heridas que terminarían con su vida. Estos tres hechos fueron el puntapié inicial que dio origen al espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que, en su informe sobre el tema, difundido a fines del año pasado, sostiene que «los tres casos no fueron hechos aislados, son el resultado del ahorro en salud y seguridad en el trabajo por parte de las patronales, de la desidia del control estatal y de la complicidad de las burocracias sindicales. Por esta razón, si pudieron evitarse, no son accidentes, son asesinatos».
El espacio BAL agrupa a compañeros y familiares de las víctimas que exigen justicia y buscan poner en evidencia “los asesinatos producidos en el trabajo producto de la negligencia, falta de inversión y falta de interés de los empleadores. También se trata de visibilizar las pésimas condiciones en que se desarrolla el trabajo en forma cotidiana, y las múltiples dolencias, problemas y enfermedades que provoca la forma en que está organizado”, explica el licenciado Oscar Martínez coordinador del taller de Estudios Laborales e integrante de BAL. Además, dice el especialista, “se busca dar apoyo
y contención a las familias de los trabajadores muertos y capacitar a los trabajadores para
que tengan herramientas en defensa de su salud”.
“Muere un trabajador aproximadamente cada 21 horas, pero eso es negado sistemáticamente. Sólo es noticia cuando es imposible de ocultar”, remarca Martínez. La
cifra es resultado de la investigación realizado por BAL a través de “un trabajo de
recopilación de datos combinando información publicada por la SRT, con otra obtenida por
este espacio en forma directa y a través de fuentes periodísticas. La información
proveniente de la SRT sólo abarca a los trabajadores formales, en blanco, es decir, “no
contempla a los trabajadores no registrados, comúnmente llamados ‘en negro’ que según el
INDEC son aproximadamente una tercera parte de los asalariados”, resalta el informe que
abarca desde octubre de 2017 a septiembre de 2018.
En el informe se expone que, en el período señalado se produjeron 375 muertes, de las
cuales la amplia mayoría fueron jóvenes de entre 30 y 40 años. En cuanto a la distribución
sectorial por rama de actividad, la mayor cantidad de muertes se producen en la de
transporte (20%) en donde se destaca como causa principal el choque de vehículos. “Las
extensas jornadas laborales, la falta de descanso y la falta de mantenimiento de los
vehículos explican la mayoría de estas muertes”, se detalla. Le sigue la rama de la
construcción con un 18%, en la que se aclara que el subregistro de muertes es muy amplio ya que “abarca más del 40% de los trabajadores asalariados según datos ofrecidos por el Plan Nacional de Regulación del Trabajo” Las principales causas de muerte suelen ser el derrumbe o desplome de edificios y las caídas de altura. En tercer lugar se encuentra la
rama industrial con un 12%, seguida por la agropecuaria, con un 11%.
Detrás de cada estadística hay cientos de historias, y detrás de cada historia hay un
protagonista y una familia. Los números pueden parecer fríos y distantes, es por eso que en el informe se los humaniza. Las cifras están acompañadas de casos concretos como el de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y portero, respectivamente, de la
escuela N° 49 de Moreno en donde el 2 de agosto de 2018 ambos perdieron la vida en su
puesto de trabajo a causa de una explosión producida un escape de gas. La administración
pública tiene un alto porcentaje de muertes -un 10%- sobre el total de víctimas fatales en
situaciones de trabajo.
Para Gómez, frente a esto “las medidas que deben tomarse son de tono cultural.
Debemos cambiar el paradigma donde el trabajador solo da la fuerza de trabajo y el
empresario el factor económico, debemos apuntar al trabajo mancomunado donde todos los integrantes de la cadena productiva tienen un valor de suma importancia”. En ese sentido, el titular del COFESH afirma que hay que apuntar “a una conducta de seguridad global donde el empresario invierta en medias de innovación para facilitar la actividad laboral, los trabajadores se involucren con las normas de seguridad y el estado controle el
cumplimiento de estas”. Mientras tanto, cada jornada que pasa deja otra víctima fatal en una fábrica, una obra en construcción, una ruta o una oficina estatal.
Feb 14, 2019 | Novedades, Trabajo
“Yo había escuchado de despidos así, sobre todo en el medio gráfico, pero nunca me había tocado vivir algo tan cruel e irrespetuoso”. Con estas duras palabras, Walter Balcedo define la situación que están viviendo los empleados recientemente despedidos de la editorial Atlántida. Crueldad y falta de respeto son dos términos contundentes que grafican no solo el hecho concreto de las desvinculaciones, sino también el modo en el que fueron efectuadas. “El martes 5 llegamos a la empresa y de repente alguien de Intendencia, con una lista en la mano, empezó a nombrar a quienes no podían entrar, así sin más. Yo estaba en esa lista”, detalla.
Balcedo se desempeñaba como jefe de preprensa dentro de la editorial, aunque hace tiempo su actividad excedía a las tareas comunes del sector: “En 2017, la empresa Televisa -a cargo de la editorial desde 2007- decidió eliminar las redacciones de revistas con licencia como Cosmopolitan o Muy Interesante, y empezaron a enviar el contenido desde México para que nosotros lo editemos y lo traduzcamos al modo argentino. Yo nunca fui un obsecuente, pero siempre hice mi trabajo y cumplí favores sin entrar en conflictos. Si tengo que resumir en una palabra lo que hizo la empresa en estos últimos meses, sin duda sería engaño”, asegura.
El término utilizado por Balcedo no es azaroso. En 2018, Televisa le vendió la empresa a un conglomerado de accionistas anónimos, quien se hizo cargo de la editorial creada por Constancio Vigil en los albores del siglo XX. La nueva dirigencia, a cargo de publicaciones masivas como las revistas Gente, Para Ti y Billiken, entre otras, llegó con múltiples propuestas de renovación y promesas de estabilidad laboral. Pero todo quedó a medias tintas.
“Me enteré que estaba en la lista por teléfono, mientras estaba de vacaciones con mis tres hijos y en período de lactancia”, subraya Yasmina Dátola.
“El nuevo directorio nos aseguró en julio que lo último que iban a hacer era despedir gente, y que estábamos en el mejor lugar posible para desarrollar nuestro trabajo. Si bien la venta viene cayendo hace años, nos proponían que aportemos ideas para salir adelante. En siete meses no solo no cumplieron su palabra, sino que encima nos echaron con ´justa causa´ inventando motivos”, sostiene Yasmina Dátola, quien trabajaba hace doce años en Billiken, primero como cronista y luego como redactora. “Me enteré que estaba en la lista por teléfono, mientras estaba de vacaciones con mis tres hijos y en período de lactancia”, subraya.
El caso de la publicación infantil es paradójico, ya que se encuentra vaciada y suspendida en el año de su centenario, cumpliría 100 años en noviembre. Al desprecio por la trayectoria, un mal que parece ser coyuntural, se le suma el agravante del incumplimiento salarial.
“La gerencia nos mandó un mail avisando que iban a depositar el 50 por ciento del sueldo, con la supuesta intención de saldar el otro 50 a la brevedad”, dice Nahuel Machesich, quien hasta el fatídico martes se desempeñaba como jefe de Redacción de la revista. “Nosotros decíamos en broma que los nuevos directores eran estilo ´Marquitos´ Peña (NdeR: Marcos Peña es el jefe de Gabinete nacional), por su juventud y su discurso positivo. Tengo una hija que nació prematura y se encuentra en terapia intensiva, pensé que eso iba a salvarme, pero no. Con estas actitudes te das cuenta que, más allá de las apariencias, se les cae la máscara enseguida”, asegura.
La revista Billiken cumpliría 100 años en el mes de noviembre.
Las justificaciones esgrimidas por la empresa para desvincular a sus empleados son diversas y, como especifica el testimonio de afectados y gremialistas, absolutamente falsas. En la misma línea, varios trabajadores no registrados fueron cesanteados, lo que representa un claro caso de precarización laboral.
Consultado por este medio, Fernando “Tato” Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), explica que en la editorial “la situación complicada viene desde el año pasado, cuando decidieron mensualizar publicaciones semanales históricas como Billiken o Para Ti, lo que produjo la desafección de varios colaboradores no permanentes. La patronal nueva prometió dialogar con la comisión interna, y terminó despidiendo gente con causas inventadas para no pagar las indemnizaciones correspondientes. Llegaron a despedir a una jefa de Arte arguyendo que la gente de su sector se quejaba de malos tratos cuando jamás hubo ni un reclamo”.
La ola de despidos no discriminó sectores ni jerarquías, y si bien en la segunda semana de febrero se dio el mayor caudal, las desvinculaciones vienen desde comienzo de año. En diálogo con ANCCOM, Félix Vallejos, delegado de SiPreBA en Atlántida, aclara que “los primeros dos casos se dieron en enero, con dos compañeras despedidas. El martes 5 se produjeron alrededor de diez despidos, y nos enteramos que el director de la revista Gente, la directora de la revista Para Ti, y la gerenta de Recursos Humanos habían sido notificados de su despido antes de que lleguen a chocarse con la puerta”.
Trabajadoras de la editorial llevando a cabo medidas de lucha.
En paralelo, Dondero reconoce que, además del contexto recesivo que atenta contra la gran mayoría de los trabajadores, hay otros factores que afectan directamente no solo a Atlántida en particular, sino al sector gráfico en general: “Editoriales como Publiexpress, que por ejemplo tiene a su cargo la revista Pronto, también sufrieron despidos recientemente. Las empresas quieren contar con la menor cantidad de empleados posibles, mientras que el consumo de información en papel decrece cada vez más”.
No obstante, tanto empleados que conservan su puesto, como despedidos y gremialistas, tomaron cartas en el asunto e iniciaron medidas de lucha para intentar revertir la situación.”El martes hicimos un paro hasta las 0:00 horas, el miércoles decidimos declarar un estado de asamblea permanente hasta el viernes, mientras que el lunes hicimos un acto en la puerta de la editorial con cese de actividades y amplia participación de todos los sectores involucrados”, destacó Vallejos.
La ola de despidos no discriminó sectores ni jerarquías, y si bien en la segunda semana de febrero se dio el mayor caudal, las desvinculaciones vienen desde comienzo de año.
Feb 6, 2019 | Novedades, Trabajo
Cooperativa Los Cabritos ubicada en el barrio de Mataderos de la Ciudad de Buenos Aires.
El bullicio se transforma en quietud una vez atravesada la puerta de entrada a Los Cabritos, mítico restaurante especializado en parrilla ubicado en la avenida Juan B. Alberdi al 6100, justo en el corazón del barrio -o “la República”, como lo llaman sus orgullosos habitantes- de Mataderos. En el interior, el aroma característico de la carne asada se cuela en cada centímetro del ambiente, más allá del silencio y la penumbra, típicos de un tiempo intermedio entre almuerzo y cena.
Mientras observa el asador y las dos parrillas ubicadas a la izquierda de la entrada, Jorge Jaian (54), secretario y uno de los fundadores de la cooperativa de trabajo, traza un pequeño recorrido histórico del lugar: ”Los Cabritos abrió en mayo de 1979 y creó una gran expectativa tanto en el barrio como en las zonas aledañas. Ocupaba el lugar clásico de la gastronomía de esa época, caracterizado por espacios amplios manejados por grandes sociedades”. Inmediatamente, aclara, que si bien el negocio se vio afectado a nivel general por los vaivenes económicos del país a lo largo de las últimas tres décadas, los conflictos comenzaron al poco tiempo de la inauguración y se acentuaron con la implosión socioeconómica en el 2001. “Yo estoy desde el ’99, acá la crisis golpeó muy fuerte, tanto en la concurrencia como en los sueldos de los empleados. Encima, a los pocos años falleció el gerente y quedamos acéfalos. Además, los socios propietarios nos daban cada vez menos bola, hasta que dejaron de responder”, recuerda con gesto de resignación.
La cooperativa Los Cabritos abrió en mayo de 1979.
Osvaldo Zubeldía, histórico director técnico de Estudiantes de La Plata, sostenía que “a la gloria no se llega por un camino de rosas”. Este axioma parece adecuarse perfectamente al trayecto recorrido por los trabajadores, como deja entrever Jaian. En 2014 la situación estaba tan irregular que nos clausuraron. En ese momento hicimos una reunión y tomamos la decisión de hacer una cooperativa, fue una idea que salió a la fuerza desde una conciencia colectiva. En 2016, tuvimos que sortear un extenso corte de gas y a partir de ahí empezamos a levantar”, detalla. Inmediatamente enumera a diversos actores que fueron preponderantes a la hora de permitir que la determinación diera sus frutos. “El presidente Carlos Carvalho se puso el equipo al hombro, hablamos con los integrantes de Alé Alé (NdeR: cooperativa gastronómica ubicada en Palermo), que fueron tan solidarios como la gente que nos acompañó. Por otro lado, una abogada especializada en el tema y el Movimiento de Empresas Recuperadas (MNER), junto con el diputado Gabriel Fuks y varios legisladores de la Ciudad, fueron clave a la hora de que nos otorguen la habilitación en 2015”, asegura.
La tarde cae en la República mientras los colectivos pasan por la avenida Alberdi, aunque el sonido no logra traspasar la puerta ni las ventanas. Patricio Trías (45), encargado de darle a la carne el punto justo de cocción tanto en el asador como en las parrillas, empieza a distribuir los animales con destino de manjar. “Yo trabajé acá cuando era una empresa, y volví hace dos años ya siendo cooperativa. Muy al tanto no estábamos de cómo se hacía, pero acá se votó a un presidente, un secretario, un tesorero, un síndico y vocales que organizan reuniones frecuentes para la toma de decisiones”, explica, destacando también que, si bien hay ajustes y cuestiones organizacionales que se van aprendiendo día a día, el sistema es por demás democrático.
Jaian sube hacia el segundo piso mientras remarca que, dentro de lo positivo, hay dificultades ineludibles tanto internas como externas: lograr un consenso total en las decisiones es tan arduo como pagar las elevadas tarifas de los servicios. Un pasillo de tramo corto conduce a un salón que todavía no perdió la impronta ni el fulgor de los años ochenta. “Este lugar lo abrimos los fines de semana, cuando viene el mayor caudal de gente”, dice, para luego aclarar que los viernes y sábados llegan a recibir 170 comensales. “La mejor publicidad que tenemos es la calidad y el servicio que brindamos, después eso se ve reflejado en el boca en boca”, sostiene. En la misma línea opina Horacio Barreiro (39), un multifunción que desde hace menos de un año reparte sus quehaceres entre la cocina y la limpieza. “La gente está conforme -asegura-, nosotros siempre tratamos de tirar para adelante para nuestro beneficio y el del público”.
Precisamente la comunidad fue quien ponderó a Los Cabritos como una de las diez mejores parrillas de la Ciudad, en una encuesta organizada por el Gobierno porteño en 2018. Fue una de las dos cooperativas, junto al restaurante Los Chanchitos, en ubicarse dentro del selecto grupo. Este suceso llena de orgullo a Víctor Sánchez (53), quien desde hace 21 años se desempeña como mozo. “Estuvimos siete años trabajando en negro, no teníamos ni un aporte. Desde que somos cooperativa la situación mejoró mucho, la gente siempre nos dice lo bien que estamos trabajando y si tienen que remarcarnos algo lo hacen para que sigamos creciendo. A mí me llena de satisfacción que nos hayan elegido como una de las mejores parrillas”, afirma.
No queda ni un rastro de sol. Dentro del salón, algunas luces comienzan a encenderse y el estatismo se convierte de a poco en movimiento. Mientras se acomoda para comenzar su tarea, el cocinero Juan Carlos Sánchez (40) destaca el sacrificio de todos los cooperativistas para sacar adelante el negocio y mantenerse como uno de los lugares más concurridos en el rubro. “Estoy acá desde hace 18 años, y la diferencia con la etapa anterior se nota mucho. Hay más compañerismo, más colaboración, y se trabaja mucho más cómodo”, asegura. En un abrir y cerrar de ojos, todos están en sus puestos mancomunados por el fuego, para seguir dejando a Los Cabritos en el lugar que se ganó a fuerza de voluntad y perseverancia.
Ene 30, 2019 | Novedades, Trabajo
Con la finalización de la feria judicial, la Cooperativa de Trabajadores del Hotel Bauen reanudará las medidas de lucha para reclamar por la expropiación definitiva del edificio, luego de que la Corte Suprema rechazara a fin de año pasado un recurso extraordinario para no ser desalojados del inmueble de la Avenida Callao.
El primer golpe contra los trabajadores de la empresa recuperada se lo había dado el presidente Mauricio Macri, cuando en 2016 había vetado la ley que les efectivizaba la adjudicación del edificio. En diálogo con ANCCOM, Diego Ruorte, del Departamento de Compras de la empresa recuperada, explicó que “cuando se inicien las actividades en marzo volvemos otra vez a plan de lucha y a replantear el proyecto de expropiación en el Congreso, porque ya una vez vetado por el presidente, si el Congreso lo vuelve a avalar y a aprobar, el presidente no lo puede vetar”. Así, los cooperativistas redoblan la apuesta para defender sus puestos de trabajo.
Juan, uno de los trabajadores de la lavandería del Hotel Bauen.
El Hotel Bauen se inauguró en 1978 con motivo del Mundial de Fútbol. Para poder construirse, contó con un préstamo del Estado que nunca fue saldado y permaneció en manos de una empresa privada hasta 2001, año en que, en medio de la crisis económica, declaró su quiebra. En 2003 fue recuperado por sus antiguos trabajadores y desde ese momento hasta la fecha lo continúan gestionando. Lo hacen en permanente zozobra ante las sucesivas amenazas de desalojo. “Comprobamos que el dueño del hotel es el Estado ya que fue adjudicado en la época de la dictadura y la empresa nunca devolvió su crédito inicial”, justificó Ruorte.
Durante los quince años que lleva el conflicto, los cooperativistas presentaron siete proyectos, en los que participaron economistas, sociólogos y abogados. “Los últimos están hechos con una conciencia económica sustentable ya que el Bauen es una herramienta de trabajo, de inclusión y de sustentabilidad”, expresó Ruorte y agregó que “esto es una causa loable, nosotros tributamos, pagamos todos los servicios, no tenemos ni una deuda, demostramos que los trabajadores somos lo contrario a lo que fue el patrón porque generó deudas, quiebras, a los proveedores les dio cheques voladores… nosotros estamos haciendo todo al revés”.
Cuando la temporada es baja o cuenta con salones libres, el hotel ofrece el espacio para distintas organizaciones que lo solicitan. Actualmente son sede de talleres teatrales de verano. “Dentro de lo que es nuestro formato de cooperativa y asamblea, ideamos promover algunos simbolismos de los trabajadores, que son el espíritu solidario, la cooperación, la colaboración. Anteriormente se hacía solidariamente, hoy pedimos una colaboración para pagar la luz y el resto de los servicios”, agregó.
Los trabajadores Jorge , Abel y Lucas.
Además, en su interior alberga diferentes emprendimientos productivos vinculados a la alimentación orgánica y de producción nacional. “A nosotros nos interesa, dentro del marco de lo que es el Centro porteño, donde tenés a Mc Donald’s y Farmacity por todos lados, dar visibilidad a un emprendimiento que muestre que hay otro tipo de economía y de acción, que no está motivada solo por el dinero. Como todo hotel estamos abiertos a un público mundial y tenemos que mantener la marcas de primera línea, pero dentro de esos productos, incluimos los de las cooperativas”, contó. En esa línea, a fin de año (casi en sintonía con el fallo de la Corte), se inauguró en el hall del hotel el Almacén de la Agricultura Familiar, del Movimiento Popular La Dignidad, con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que vende productos de otras cooperativas.
Ruorte forma parte de Bauen desde hace quince años, luego de suceder a su papá, que integró el staff del hotel desde su fundación. “Nunca recibimos subsidios, nunca fuimos apoyados por el gobierno en ese aspecto. La motivación nuestra es la de mantener nuestros 100 puestos de trabajo y seguir funcionando como cooperativa”.
El fallo de la Corte implica que una vez que se efectivicen las notificaciones a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado comercial que llevan la causa de la quiebra, puede llegar la orden definitiva de desalojo. Mientras tanto, los trabajadores aguardan para dar lucha, una vez más.
