La carpa azul

La carpa azul

“Si no luchamos por lo nuestro, nadie nos va a dar nada”. La declaración es de Ana Clara Sarabia, quien en el escenario montado en Callao al 100, expresó sus sensaciones. Es que después de un mes de aquel 20 de junio, en el que los trabajadores de PepsiCo se enteraron de su condición de despedidos de la planta de Florida, la lucha sigue en pie.

Junto con el apoyo y la solidaridad de varias decenas de miles de personas, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales, los operarios cesanteados se concentraron en el Obelisco desde las 17 para exigir la reincorporación en sus puestos de trabajo. Además, hubo una fuerte presencia de fuerzas de izquierda como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), con Nicolás del Caño y Myriam Bergman como referentes, el Partido Obrero y el Nuevo Más. La protesta implicó el corte de la 9 de Julio y Corrientes y, por momentos, también del Metrobús. Asimismo, la presencia policial fue mínima: a diferencia del desalojo ocurrido el jueves pasado, los efectivos se limitaron a controlar el tránsito vehicular.

Poco después de las 17.30, comenzó la movilización hacia el Ministerio. La marcha, encabezada por los trabajadores de PepsiCo, se desarrolló por la avenida Roque Sáenz Peña hasta la Casa Rosada, al canto de “Unidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode”. En un momento de la movilización se hizo presente Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien expresó: “La herramienta que tenemos la demostramos acá, en la calle. Las Madres hace cuarenta años que estamos en la calle. Basta de despidos y sí a la reincorporación absoluta de todos los trabajadores que se quedaron sin trabajo”, al tiempo que enfatizó: “La vergüenza que nos da esta política de destrucción que hay sobre el pueblo”.

La marcha continuó por Avenida de Mayo, con cantos contra Rodolfo Daer, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), y el presidente de la Nación Mauricio Macri. “No hay excusas, la planta es una multinacional que no tiene crisis. Necesitamos trabajar, queremos trabajar”, sostuvo Sonia Brizuela en diálogo con ANCCOM. La trabajadora, una más del 70 por ciento de mujeres perjudicadas por la medida de la patronal, dirigió sus declaraciones contra el Jefe de Estado: “Está trayendo hambre y miseria. No lo digo porque no respete el voto democrático sino porque es lo que se está viviendo actualmente y es lo peor que le puede hacer al pueblo, sacarle su sustento, las fuentes de trabajo”. Consultada por la posible reincorporación en la planta de Mar del Plata, la segunda que posee PepsiCo después de la de Vicente López, Sonia negó tal ofrecimiento y en cuanto a las indemnizaciones indicó: “Las sumas millonarias son una patraña y es comprobable en el libro abierto de cuentas”.

Poco después de las 17.30, comenzó la movilización hacia el Ministerio.

La movilización tomó luego la avenida Rivadavia y dobló por Callao, pasando por el Congreso de la Nación. En la manifestación, apoyaron comisiones internas de otras empresas como Mondelez, Felfort, Knorr Unilever, Hellmans Unilever y Lodisser. También se solidarizaron las organizaciones sociales Tupac Amaru y Barrios de Pie y las centrales sindicales CTERA, CTA, ATE, FOETRA (telefónicos) y AGTSYP (Subte). Una vez llegados a la sede del Ministerio de Trabajo, los trabajadores despedidos subieron a un escenario montado entre Bartolomé Mitre y Juan Domingo Perón para expresar sus sensaciones. “La empresa, el gobierno y los medios, y también el traidor de Daer, nos decían que éramos unos pocos que estábamos resistiendo a los despidos. Nos decían que la mayoría había arreglado y que solo quedábamos unos pocos protestando. Acá hay muchos compañeros y compañeras que apoyan nuestra lucha a pesar de que hayan arreglado”, expresó Camilo Mones, delegado de la comisión interna de PepsiCo.

“Ya va a ser un mes de la decisión de la empresa y estamos todos muy mal porque perder tu fuente laboral es realmente feo y más en este momento en que no hay trabajo”, señaló Mariano, operario de la planta de Florida, a ANCCOM. Consultado por los dichos circulados en los grandes medios, sobre las jugosas indemnizaciones y la correcta aplicación del preventivo de crisis, dijo: “El procedimiento preventivo de crisis que se presentó fue una mentira y las indemnización se cumplieron pero te las ofrecían bajo presión” y agregó que “había una oficina abierta que se encargaba de eso y el que quería, podía ir y arreglar, pero como nadie iba, lo que hicieron fue cerrar de golpe la planta”. El viernes último, la Cámara de la justicia laboral falló a favor de los trabajadores cesanteados, ordenando así la reincorporación a sus puestos de trabajo. Los jueces Luis Rafaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo fundaron su decisión en el hecho de que la Ley Nacional de Empleo establece que las cesantías no pueden darse antes del procedimiento de crisis, por lo que la empresa violó la reglamentación. Además, los camaristas dispusieron de una multa de cinco mil pesos por cada día en que la empresa no reincorpore a los operarios.

Al tiempo que se desarrollaba la oratoria en el escenario, los trabajadores, con ayuda de otras organizaciones, montaron una carpa frente al Congreso de la Nación. “Es para demostrar a todos que seguimos en la lucha y de pie”, explicó Mones.

 

Actualizada 19/07/2017

Cambiemos (de periodistas)

Cambiemos (de periodistas)

Enzo Moreira, periodista de la agencia estatal Télam, preguntó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre las denuncias de sobreprecios en la obra pública de su gestión. Al día siguiente, el trabajador de prensa se quedó sin trabajo. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunciaron que el caso es un “un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento”, mientras que las autoridades niegan que haya sido así y alegan que finalizaba el plazo de su contrato.

Los trabajadores despedidos son Moreira y Alejandro Ledesma, ambos del sector audiovisual, y a ellos se le suma Andrea Holgado, dejada sin trabajo con anterioridad. “Coarta la libertad de prensa y disciplina a los demás -afirma Francisco Basualdo, delegado de Sipreba en la agencia-, porque si ves que eso le pasa a un compañero, ¿cómo salís a trabajar y preguntás libremente? No podés”.

Durante la cobertura del anuncio de la demolición del “Elefante Blanco”, el edificio de Lugano que hace setenta años se pensó como un hospital pero donde se terminó estableciendo un barrio de emergencia hace décadas, Moreira le había preguntado a Rodríguez Larreta sobre denuncias que proliferaron acerca del pago de sobreprecios en la obra pública. Tras el episodio, las autoridades le reprocharon su accionar. Y al día siguiente, la gerenta de su sector, Magdalena Cash, le informó que no se le renovará su contrato. Argumentó razones presupuestarias.

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunciaron que el caso es un “un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento”.

En las únicas declaraciones que dio sobre lo sucedido el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, le negó a Romina Manguel,  en su programa de Radio Nacional,  que existiera el reproche. Pousá aseguró: “La pregunta desde el punto de vista periodístico es correcta” y añadió: “El periodista no fue despedido, tenía contrato por tres meses y a los dos implicados se les vencía el 10 de julio y no se les iba a renovar”. Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, que tiene bajo su órbita a la agencia, estuvo de acuerdo con Pousá y hasta sugirió que la pregunta pudo haber sido formulada por Moreira con la intención de permanecer en Télam a pesar de saber que terminaba su contrato.

Desde Sipreba rechazaron los dichos de Lombardi y señalaron que Pousá miente respecto a que no hubo recriminaciones y que a los periodistas no se les iba a renovar el contrato. Raúl Ferrari, otro delegado de Sipreba, afirmó: “Al día siguiente de los reproches por la pregunta a Larreta le dijeron a Moreira que no venga más. Hasta ese momento iba a continuar, de hecho, estaba acreditado para la cumbre del Mercosur que se hace esta semana (del 17 al 21 de julio) en Mendoza”. Los sindicalistas de prensa cuestionan la validez de los contratos temporales; aducen que el convenio colectivo del sector marca que después tras 28 días de labor el periodista debe ser incorporado a la planta permanente del medio.

A raíz de los despidos, los trabajadores de Télam realizaron una asamblea y decidieron hacer un paro el martes pasado desde las 15 hasta las 22. También hubo un cese de actividades durante dos horas el jueves. Las demandas, según tres delegados de Sipreba son: que reincorporen a los periodistas despedidos, que se abra la discusión sobre la paritaria  y el rechazo al proyecto oficial de achicar el área publicitaria. Por su parte, otro delegado, Mariano Suárez, añadió: “(las autoridades) pretenden que Télam tenga la misma agenda que Clarín y La Nación. Quisiéramos participar en los contenidos de la agencia”.

Respecto al reclamo sobre el sector publicitario, Basualdo señaló: “El proceso administrativo y contable de la pauta oficial aún estaba en Télam, si bien se fue descentralizando hace varios años. Hoy, por decisión de la Jefatura de Gabinete, ese trabajo pasa a sus manos”. Ferrari, por su parte, teme un vaciamiento del sector y destacó: “Entre 100 y 120 trabajadores están sin funciones por esa medida, hay incertidumbre de lo que pueda pasar tras las elecciones por el ajuste del que se habla”.

Los delegados esperan negociar con las autoridades y obtener soluciones. Sin embargo, advirtió Basualdo: “Asumimos como comisión gremial interna en octubre pasado y Pousá nos recibió una sola vez” y Ferrari concluyó: “Vamos a esperar el llamado del Directorio, sino en diez días vamos a llamar a otra asamblea y veremos qué se decide”.

A raíz de los despidos, los trabajadores de Télam realizaron una asamblea y decidieron hacer un paro el martes pasado desde las 15 hasta las 22.

 

Actualizada 18/07/2017

Ado Petinari, la lucha continúa

Ado Petinari, la lucha continúa

Una fábrica vacía, sueldos e indemnizaciones adeudadas, policías en la puerta, los obreros en la calle y sin respuesta, familias enteras con incertidumbre sobre su futuro. Tras el veto de la Ley de Expropiación a mediados de 2016, llegó el desalojo el 3 de marzo. Y la semana pasada se realizaron allanamientos en viviendas de ex delegados. Hoy, los 120 trabajadores de la Cooperativa Acoplados del Oeste (ADO ex Petinari) se encuentran en el medio de una lucha dispar.

Más de 120 días  han transcurrido desde que el juez Ricardo Fraga, del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, ordenó el desalojo de los integrantes de ADO a través de un enorme operativo que contó con la presencia de 600 efectivos de distintas fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal y Policía Local). Cien días en que los obreros han tenido que acampar en una carpa blanca situada en la puerta de la fábrica, velando porque no vacíen sus instalaciones y pidiendo colaboraciones para poder llevar comida a sus hogares. Hoy la situación se vuelve insostenible.

ADO-Petinari se encuentra a la altura del kilómetro 32 de la Ruta Provincial 200, ubicada en el partido de Merlo. El predio tiene alrededor de 16 hectáreas, ocupadas entre galpones, maquinarias y extensos espacios de terreno. Desde agosto de 2015 la bandera que se podía ver en la entrada (junto a la nacional y a la provincial) era la de la cooperativa Acoplados del Oeste. Hoy la bandera de ADO fue reemplazada por la de Petinari.

Los trabajadores reunidos en Asamblea, luego de una reunión con directivos del municipio.

Pese a que la fábrica es una de las tres más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de acoplados y repuestos en general, actualmente la actividad está suspendida. Según cuentan los ex empleados de Petinari, solo hay entre diez y doce personas ocupando la fábrica. Ninguno quiso dar testimonio. Según manifiesta Walter Romero (operario de ADO) esto responde solo a una razón: “Tienen miedo, de que los echen y de quedarse en la calle como nosotros, fijate que no preguntan ni por su deuda. Les deben lo mismo que a nosotros y no lo reclaman porque tienen miedo”. Para Fernanda Lizarraga, vicepresidenta de la Cooperativa, la ocupación de la fábrica no es más que “una pantomima” generada por los dueños.

Entre fines de 2014 e inicios de 2015, los operarios comenzaron a evaluar la idea de emprender una cooperativa. Sin embargo, al momento de aventurarse a crear ADO, el sindicato les quitó su apoyo. Así lo cuenta Walter Romero: “Fuimos a hablar con el sindicato (SMATA) pero nos decían que la cooperativa no era algo posible de llevar a cabo. En ese momento nos dimos cuenta que el sindicato no estaba con nosotros, sino del lado de la empresa”. Esto generó que varios compañeros desistieran de la idea. Otro grupo se siguió movilizando en pos de su objetivo. A través del diputado provincial del Frente para la Victoria, Miguel Funes, pudieron viajar y conocer el caso de la Textil Pigüé (Ex Gatic), otra empresa recuperada que se encuentra a 600 kilómetros de Merlo. Esto les dio a los trabajadores la pauta de que su meta era posible. Así lo detalla Walter: Vimos el modo en el que estaban produciendo, y notamos que era algo muy difícil pero no imposible, así que lo emprendimos. Lo hablamos con los compañeros y empezamos con la Cooperativa”.

Hoy, los 120 trabajadores de la Cooperativa Acoplados del Oeste (ADO ex Petinari) se encuentran en el medio de una lucha dispar.

Desde agosto de 2015 los obreros tomaron la fábrica, luego de conseguir que ambas cámaras de la Legislatura Bonaerense dieran sanción a la expropiación de la planta; sin embargo, todo cambió a partir de mayo de 2016. En ese momento la gobernadora María Eugenia Vidal vetó dicha ley a través del decreto 307/2016. La medida trajo como consecuencia dos realidades: por un lado,  los Petinari empezaron a realizar movimientos burocráticos con el fin de recuperar la fábrica, trabando la causa judicial por la quiebra de la empresa. Por otro lado, en los integrantes de ADO se acrecentó el temor por perder su fuente de trabajo. ¿Qué es lo que los ex empleados esperan actualmente? Que el Estado dé marcha atrás con el veto. Es decir, que se reflote en el Senado el proyecto de la Cooperativa.

El veto a la Ley de Expropiación de ADO no es el único. A partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación se han multiplicado los conflictos en torno a las cooperativas. Otros emprendimientos semejantes son la Asociación Pantalón Cortito, de la localidad de Abasto; el Hotel Bauen, de Capital Federal; la Asociación Civil “La Semillita de Algarrobo Colorado”, de Lanús; la Cooperativa de Trabajo “Presidente Néstor Kirchner Limitada” de Bernal; la Cooperativa de Trabajo CDP en Tigre y el caso de la Asociación Civil sin fines de lucro SER.CU.PO de Almirante Brown.

En el caso de Petinari, además, se suman los allanamientos a los domicilios de cuatro integrantes de la cooperativa, ordenados por el Poder Judicial de Morón. Los operativos, realizados durante la noche del martes pasado,  se ordenaron con el argumento de buscar elementos faltantes en la metalúrgica.

Desde agosto de 2015 los obreros tomaron la fábrica, luego de conseguir que ambas cámaras de la Legislatura Bonaerense dieran sanción a la expropiación de la planta.

Decretos, decisiones arbitrarias y un manejo que va por encima del poder legislativo. Para Fabián Malacalza, referente dentro de Acoplados del Oeste, el veto responde a una política de Estado: Es una persecución hacia todas las cooperativas. Este gobierno es empresarial. El empresario tiene mucha impunidad. El favorecido nunca es el trabajador.” Al mismo tiempo, Malacalza  detalla cifras acerca de la situación: Acoplados Petinari adeuda cerca de 65 millones de pesos a sus empleados (entre salarios, aguinaldos y vacaciones impagas), 75 millones de pesos a la AFIP y entre 7 y 8 millones de pesos al Municipio de Merlo. A esos números es necesario sumarle las deudas que la empresa tiene con sus proveedores directos.

¿Qué dice la familia Petinari sobre el conflicto? Adolfo Petinari fue contactado por ANCCOM pero evitó hablar sobre lo sucedido. En su página web la empresa deja en evidencia su postura ante los hechos. Allí tilda a los obreros de “delincuentes disfrazados de cooperativistas” que actuaron “bajo falso ropaje de una cooperativa de trabajo”. Al mismo tiempo habla de “acciones delictivas llevadas a cabo por los usurpadores”. Sin embargo, los cooperativistas se definen como trabajadores y resaltan que los problemas con la empresa no son algo novedoso, sino producto de años de disputa. Como sostiene Walter Romero, quien trabajó durante 18 años en la planta, la precarización laboral era una constante: “El aguinaldo te lo pagaban en dos o tres veces.  Las vacaciones no te las pagaban, te ibas pero te tenías que volver porque no te depositaban la plata.  Me llegaron a pagar las vacaciones en cuatro veces”.

Entre fines de 2014 e inicios de 2015, los operarios comenzaron a evaluar la idea de emprender una cooperativa. Sin embargo, al momento de aventurarse a crear ADO, el sindicato les quitó su apoyo.

Frente a lo que ocurría en la antigua Petinari, la cooperativa ADO manejaba una dinámica de trabajo distinta. Los empleados ya no se limitaban solo trabajar en su sector, sino que se capacitaban entre sí en diferentes tareas y sectores. Al mismo tiempo, inauguraron un comedor dentro de la planta, donde almorzaban todos juntos. De este modo, se establecía un mejor clima laboral. Como contó Julio Ramírez, operario, la dinámica era diametralmente opuesta: “Con Petinari, entre los compañeros prácticamente no nos conocíamos, teníamos que agachar la cabeza y trabajar. Hoy tenemos un compañerismo bárbaro, sabemos cosas de nuestras vidas, de nuestras familias, nos apoyamos entre todos”.

La mayoría de estos obreros superan los 45 o 50 años, por lo que conseguir un trabajo se torna cada vez más complicado para ellos. Sus cuerpos están marcados por el duro esfuerzo que han realizado en esta fábrica. “Acá dejamos nuestra vida”, dice Julio Ramírez mientras aclara que se enfrentan a una lucha desigual. Esta lucha es la que ha conmovido a los vecinos de la zona, que  se acercan a la carpa blanca a brindar su apoyo todos los días y también a compartir las “mateadas informativas” de los domingos. Este es el caso de Carlos (80 años), un vecino que va todos los días a compartir con los cooperativistas: “Siempre estoy acá y tratando de convocar a los vecinos. ADO está presente siempre. Yo soy parte de ADO, tengo hasta mi camiseta. En este tiempo me comprometí a que volveremos a entrar. Y vamos a entrar, no tengas dudas”.

 

Actualizada 12/07/2017

Precarización bajo el agua

Precarización bajo el agua

Son los protagonistas de conflictos “de temporada”. Sus reclamos llegan a las pantallas de TV durante los meses del verano, cuando la atención periodística se traslada a las playas. Sin embargo, la precariedad laboral golpea a los guardavidas durante todo el año.

A pesar de las leyes 27155 (nacional) y 14798 (de la Provincia de Buenos Aires), sancionadas a mediados de 2015, y de los convenios colectivos de trabajo, muchos trabajadores del sector siguen en negro, realizan tareas que no les corresponden y reciben salarios muy por debajo de las normas vigentes.

Según el Convenio Colectivo 179/91 registrado y homologado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 21 de octubre de 2016, el valor hora para un trabajador guardavidas en blanco debería ser de 161 pesos. A contramano de los índices inflacionarios, esos valores no sufrieron ninguna modificación desde entonces. Actualmente, en Capital Federal hay clubes, hoteles y piletas que pagan menos de la mitad de lo señalado y en negro.

Ezequiel Collazos, guardavidas egresado de la Escuela Municipal de Parque Chacabuco, denuncia que “en la mayoría de hoteles y clubes están pagando 65 pesos la hora”. Y, en diálogo con ANCCOM, subraya: “En uno cuatro estrellas, ubicado por Recoleta, te ubican de recepcionista en un lugar donde el espejo de agua no se puede ver”. Otros guardavidas de la Ciudad, que prefieren el anonimato por temor a represalias en su lugar de trabajo, trazan el mismo diagnóstico.

Pileta de natación con personas en el agua.

En las piletas privadas la regla es la multifunción. Los empleadores exigen que además de cuidar a los bañistas, los guardavidas den clases de acua-gym o natación.

En mi pueblo somos cinco guardavidas de la Dirección de Escuelas y todos estamos precarizados. Estamos en la pileta como `auxiliar con función de guardavidas` sin reconocimiento de actividad riesgosa ni responsabilidad civil”, relata Silvio Rubén Guisande.

Por su parte, Camilo Rey de la Cabina es categórico: “Levantás una baldosa y hay un guardavidas precarizado”. Y Pablo Haderne, del interior de la provincia de Buenos Aires, señala: “En mi zona hay muchísimos precarizados. Por no decir todos. Sobre todo fuera de temporada”.

En la Ciudad de Buenos Aires, de todas las piletas públicas que funcionan en la temporada de verano, sólo las de los polideportivos Martín Fierro y Parque Chacabuco quedan abiertas para el desarrollo del deporte acuático fuera de la temporada de verano. Así, las demás piletas techadas de la Capital quedan en manos de polideportivos privados que cobran un arancel de entre 700 y 1.000 pesos por mes para pileta libre. Esa situación deja desocupados a los trabajadores guardavidas contratados por el Gobierno únicamente para la temporada.

En las piletas privadas la regla es la multifunción. Los empleadores exigen a sus trabajadores que, además de vigilar y cuidar a los bañistas, también den clases de acua-gym o natación, a pesar de que la Ley nacional 27155 establece en su Artículo 7º, inciso “l”, que el guardavidas debe “limitarse a sus tareas específicas dentro del horario de trabajo”.

Por la misma plata nos hacen pasar el barrefondo, echarle cloro al agua, mover los andariveles de lugar, guardar los elementos que dejan tirados los profesores y revisar los carnet de los socios”, grafica Manuel Giménez, guardavidas de una pileta de la cadena Sportclub.

La ley también afirma que “la jornada laboral será de seis horas diarias corridas”, pero tanto el Estado como los clubes y balnearios incumplen sistemáticamente con esa reglamentación. En Villa Gesell y Pinamar los guardavidas municipales trabajan nueve horas de corrido durante toda la temporada. La historia se repite durante el transcurso del año en la Ciudad de Buenos Aires. “En Club DAOM, (ubicado en el Bajo Flores) trabajamos ocho horas de corrido todos los días porque si no, no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes”, sentencia Marcial López.

El reclamo sindical es una hoja en blanco. ANCCOM no recibió ninguna respuesta de los sindicatos SIGURA Y SUGARA que nuclean a los trabajadores del sector. Quizás esa sea una de las razones por la cual Franco Caligaris, guardavidas en la Ciudad, enfatiza: “No me manejo con los sindicatos, creo que hay distintas formas de protestar o pedir”. Su realidad es la de casi todos los colegas: cobra menos de 70 pesos la hora, tira los químicos cuando cierra la pileta y trabaja nueve horas por día sin siquiera tener recibo de sueldo.

Ezequiel Collazos posa con un salvavidas.

“En un hotel cuatro estrellas, ubicado por Recoleta, te ubican de recepcionista en un lugar donde el espejo de agua no se puede ver” dice Ezequiel Collazos.

 

Actualizada 14/06/2017

“Somos sujetos de derechos”

“Somos sujetos de derechos”

Las autodenominadas trabajadoras sexuales realizaron un Congreso Nacional, el primero en Argentina, para debatir sobre el proyecto de ley que busca el reconocimiento de derechos laborales. El encuentro, realizado en el Hotel Bauen, reunió a más de cien mujeres de doce provincias durante cuatro días y finalizó con un abrazo al Palacio Legislativo el 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. En medio de la acción, alzaron sus paraguas rojos, símbolo internacional de su actividad.

«Siempre tratamos que nuestro día sea de lucha. Tomamos las calles para visibilizar que estamos organizadas. Reclamamos por la violencia institucional y las detenciones arbitrarias que sufrimos, y para pedir reconocimiento de nuestro trabajo», dijo a ANCCOM Georgina Orellano, la secretaria general nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR).

Las trabajadoras nucleadas en la Asociación ya habían presentado en 2013 un proyecto de ley junto al senador Osvaldo López, pero no fue debatido en el Congreso y perdió estado parlamentario. El nuevo proyecto busca que se las reconozca como sujetos de derechos para poder realizar aportes jubilatorios, contar con una obra social; además de impedir o y contrarrestar la violencia institucional que sufren, como  allanamientos en sus casas, detenciones arbitrarias, pedido de coimas o apropiación de sus pertenencias por parte de la policía. También, suponen, ayudaría a quitar el estigma a social que tiene su actividad.

Mujera con la cara pintada levanta un cartel que dice "DERECHOS LABORALES PARA LXS TRABAJADORES SEXUALES"

Las trabajadoras sexuales realizaron un Congreso Nacional, el primero en Argentina, para debatir sobre el proyecto de ley que busca el reconocimiento de derechos laborales.

Las trabajadoras consideraron debatir el proyecto nuevamente, reformular el que habían entregado en 2013, porque se dieron cuenta que el anterior tenía rasgos higienistas, es decir, de un modelo que considera al trabajo sexual como algo que debe ser controlado desde un punto de vista principalmente médico. Exigía a las trabajadoras libretas sanitarias, carnets, o estar registradas. La abogada de AMMAR, Agustina Iglesias Skulj, explicó a ANCCOM: «Si se formaliza la actividad de las trabajadoras sexuales habrá que crear otro sistema que se corresponda con su propia actividad porque, en realidad, si bien el término de libreta sanitaria se puede utilizar en otros trabajos, consiste en dos tratamientos completamente diferentes. El tratamiento que recibe una trabajadora sexual en un régimen reglamentarista de libreta sanitaria no es la misma opresión ni carga con el mismo estigma que el caso de cualquier otro trabajador o trabajadora».

El trabajo sexual no está penalizado por el Código de Penal de la Nación. Está regulado en los Códigos de Faltas y Contravenciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual, aparece como una falta a la moral y a las buenas costumbres. Según un trabajo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la mayoría de estos códigos penaliza el trabajo sexual ya que diez provincias le confieren multa y/o arresto, seis provincias sólo arresto y en otros casos se aplica multa y/o trabajo comunitario. Además, las mujeres nucleadas en AMMAR dicen que la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, que busca erradicar la explotación sexual, tiene aspectos que recaen sobre su trabajo y lo criminalizan.

María Riot es actriz porno y se autodefine como trabajadora sexual, tiene 25 años y está afiliada a AMMAR. En diálogo con ANCCOM, expresó que para la sociedad y el Estado la trata es igual que el trabajo sexual: «La modificación de la Ley de Trata hizo que se le quitara el consentimiento a las trabajadoras sexuales, es decir, todas quedamos como víctimas o proxenetas». La normativa dice que se reprimirá con prisión a quien capte, traslade o acoja […] cuando mediare  engaño, intimidación […] u otro medio para conseguir el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Integrantes de AMMAR explicaron que muchas veces detienen a una de ellas por el hecho de ser la mayor que reside en la vivienda, o por ser la que tiene a su nombre los servicios, como la luz: por esos motivos es considerada una proxeneta. La abogada de AMMAR explicó: «Tenemos que mirar cuáles son los efectos materiales que producen las normas. Si bien el trabajo sexual no está criminalizado directamente, sí se criminaliza todo el entorno de las trabajadoras y cualquier tipo de vínculo asociativo o laboral para el desarrollo de su actividad, algo que necesariamente se crea, como en cualquier otro rubro o actividad».

Una mano maquillando a una cara con brillantina y piedritas de colores. De fondo se observa un banner de la CTA

«Vivimos en una sociedad que te obliga a sentir vergüenza por esto», dijo una de las trabajadoras.

El trabajador sexual Brune Gigi, afiliado en AMMAR de Mar del Plata, considera que mezclar la trata con el trabajo sexual es lo que no permite solucionar ninguna de las dos cosas. «Debe haber ayuda estatal para aquellas personas que están sometidas a situaciones de prostitución, y también un marco legal para las personas que sí queremos ejercer. Lo que diferencia la trata del trabajo sexual es la decisión de hacerlo por elección. No queremos ser vistos como víctimas, sino como personas que eligen su trabajo», dijo Brune. Él trabaja hace cinco años, siempre había tenido una fantasía de realizarlo pero no creía que pudiese hacerlo porque pensaba que no tenía la belleza asociada a este tipo de trabajo. A partir de mensajes que recibía por Facebook lo empezó a hacer como una picardía, y luego se dio cuenta que podía elegirlo como trabajo. «Vivimos en una sociedad que te obliga a sentir vergüenza por esto, muchas chicas no asisten a las marchas porque todavía lo viven con culpa. Hasta que un día empieza a ser su orgullo», confesó. Otra trabajadora afiliada en AMMAR es Ángeles Del Nilo, quien comenzó a trabajar porque le llamaba la atención, pero al mismo tiempo tenía muchos prejuicios. «Me fui informando, me pareció una manera viable de tener mi propio tiempo y de decidir. Hay riesgos pero como en cualquier otro trabajo. Opté por trabajar de manera independiente para sentirme cómoda y segura, encontrarme con el cliente en otro lugar que no fuera mi casa». Ángeles explica que desde la visión abolicionista del trabajo sexual, desde el Estado y la policía, se considera que ellas no tienen poder de decisión sobre sus cuerpos. «Una parte del feminismo entra en un error cuando cree que por ofrecer un servicio que está relacionado con el cuerpo es reducirnos a un objeto. El tema es tan tabú porque estamos trabajando con determinadas partes del cuerpo, y con nuestra sexualidad. En todos los trabajos uno pone su fuerza de trabajo, y eso no quiere decir que uno se esté vendiendo. Somos sujetos de derechos».

Dos mujeres, una con un antifaz, la otra con la cara pintada de brillantina, posan para la foto bajo un paraguas rojo. Una tiene en su mano un panfleto de AMMAR, la otra tiene puesta una remera con la frase "TRABAJO SEXUAL ES TRABAJO"

Los paraguas rojos, símbolo internacional de su actividad

 

Una mujer hablando por micrófono en el escenario, lleva la frase "PUTA FEMINISTA" en su remera. De atrás se observan las demás oradoras del acto, y unos paraguas rojos, símbolos del trabajo sexual.

«Tomamos las calles para visibilizar que estamos organizadas. Reclamamos por la violencia institucional y las detenciones arbitrarias que sufrimos».

Actualizada 06/06/2017