Los despidos son bien federales

Los despidos son bien federales

Interior de una fábrica con máquinas.

Parque Industrial Villa Flandria, Jaureguí, Provincia de Buenos Aires.

La creciente cantidad de despidos en lo que va del año es un eslabón en la profunda recesión económica que trajo aparejada la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Un informe emitido por el ex Ministerio de Trabajo, tras un relevamiento llevado a cabo por el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), muestra la pérdida de 106 mil puestos laborales en los primeros seis meses de 2018. Dentro de este grupo, el sector privado se vio particularmente afectado, a tal punto que solo en el mes de mayo se perdieron más de 13 mil empleos registrados. La situación se agrava en las provincias, donde las desvinculaciones arbitrarias se suman a la evasión de leyes y la implementación de artimañas por parte de las empresas para maximizar ganancias y reducir la mano de obra.

Benito Aramayo, licenciado en Economía (UBA) y ex titular de Economía Política en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), sostiene que “las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía, cimentada en el avance de la concentración y monopolización de la producción en la industria y en el campo. En Jujuy, por ejemplo, tan sólo seis empresas monopolizan el 82 % de la producción manufacturera industrial y cinco grandes terratenientes poseen el 45 % de los terrenos con valuación fiscal”.

Aramayo, ex vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) y Profesor Emérito de la institución, entiende que hay sectores particularmente afectados por la crisis económica y el aumento del desempleo.En el NOA y el NEA ya hay despidos masivos en empresas azucareras y pymes. De todas formas, comparado con el centro del país, en proporción podrían haber menos despidos dado que la estructura económica está más monopolizada en la producción: azúcar, tabaco y minería” aclara el economista.

La situación del tradicional Ingenio Ledesma en Jujuy es ilustrativa de la problemática que plantea Aramayo en relación al sector azucarero. “En este último tiempo despidieron a 32 personas, y están rotando gente para, supuestamente, no seguir despidiendo, aunque nadie nos garantiza que esto no suceda”, explica Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL).

Interior de una fábrica vacía, con los tanques amontonados.

«Las causas principales de la crisis y el ajuste tienen como base la estructura dependiente y latifundista de la economía», dijo Benito Aramayo, licenciado en Economía de la UBA.

En la misma línea, Vargas afirma que “desde que está Gerardo Morales como gobernador en Jujuy, se han perdido 400 puestos laborales, han intervenido sindicatos y asambleas. El Ingenio San Isidro en Güemes (Salta) dejó 700 trabajadores en la calle, ahora nos enteramos que reabrió pero con el mínimo de personal posible”. Por su parte Antonio Apaza, delegado de la sección Biocombustibles de la SOEAIL, aclaró que “a los 32 despedidos hay que sumarles 50 que estaban fuera de convenio, y 150 que se jubilaron. Las jubilaciones son una forma de despido encubierto, ya que los puestos no se renuevan”.

“Estuve ocho años trabajando en la empresa y este año por primera vez me adherí a un paro de 24 días. De ser uno de los empleados más calificados pasé a ser perseguido, sancionado, impedido de ascender y finalmente despedido con una liquidación final inferior a lo establecido por la ley”, afirma Daniel Campbell (30), quien era el único trabajador dentro del convenio en la sección de Fermentación de Alcohol y está en litigio con Ledesma.

En la región centro del país la situación es similar. Los últimos informes muestran desvinculaciones y suspensiones en Georgalos (Córdoba), Mercedes Benz (Mar del Plata), y General Motors (Alvear, Santa Fe). Consultado por este medio, Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) de San Lorenzo (Santa Fe), aclara que “en la provincia, DOW-Dupont tiene 22 despedidos disfrazados de ‘retiros voluntarios’, petroquímica Pampa otros 7 y 22 cesanteados sin renovación de contrato. También la aceitera Buyatti cerró sus puertas en enero y les paga la mitad del sueldo a 150 empleados con una proyección de cierre hacia fin de año, mientras que Bunge despidió a 3 empleados en su planta de San Jerónimo”.

Interior de una fábrica, con máquinas y materiales.

La fábrica Extreme Gear S.A. (ADIDAS) de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, cierra sus puertas por la apertura de las importaciones.

Brizuela también se refirió a otros casos a nivel provincial, como el de Motos Guerrero, empresa que en julio cerró sus puertas para luego reabrirlas con turnos y sueldos reducidos; y el de General Motors, que suspendió 1.500 empleados hasta febrero del año próximo. “A principio de mes paralizamos el cordón industrial de Rosario para visibilizar la gran cantidad de despidos y suspensiones en el sector. También hay persecución sindical, hace doce días que estamos de paro en la química IDM porque suspendieron a todos los delegados y la policía se mete adentro de la fábrica e interviene de forma violenta. Este modelo de país para los trabajadores no va más”, asegura el gremialista.

Si el viaje continúa hacia el sur, el paisaje no se modifica. Según el Sindicato de Empleados de Comercio de Chubut, en lo que va del año se perdieron 500 empleos en la región, mientras que un informe de la misma institución afirma que en Puerto Madryn se realizan dos consultas diarias por despidos. En la localidad chubutense de Gaiman, 24 empleados quedaron en la calle tras el cierre de la procesadora de algas Soriano. La ciudad de Catriel (Río Negro) también se vio afectada por los 83 trabajadores despedidos de la petrolera San Antonio, empresa que en mayo del año pasado despidió 334 empleados en su planta de Santa Cruz.

También hay conflictos como el de la distribuidora de frutas, peces y mariscos Agropez en Rawson (Chubut), que en julio había desvinculado a 23 marineros de su personal luego de una huelga. “Hubo una protesta de varios empleados por un descuento de dos mil cajones de langostinos con presunta melanosis (NdeR: formación de manchas oscuras en mariscos), pero nosotros sabíamos que los certificados presentados por la empresa eran truchos. Después de una semana de lucha logramos que reincorporen a los compañeros y les restituyan el dinero descontado injustamente” asegura Ramón Vera, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Entretanto Sergio Balcaza, secretario administrativo de la UOM en Madryn, declaró que “hay una disputa interna con Antonio Caló (NdeR: secretario general de la UOM y la CGT) y la cúpula dirigencial porque más allá de la situación crítica ponen trabas y están en contra de los que luchamos día a día para cambiar esta realidad”. Lejos de la atención mediática concentrada en Buenos Aires, sea en Jujuy, Santa Fe o Chubut, la destrucción de puestos laborales en el sector privado no se detiene.

Interior de una fábrica, con mesas de trabajo vacías y trapos tirados en el piso.

Cierre de la Cooperativa textil Mac Body, ubicada en Villa Urquiza, Capital Federal.

Interior de una fábrica vacía.

Un relevamiento del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) muestra que en los primeros seis meses de 2018 se perdieron 106 mil puestos de trabajo.

La app de la explotación

La app de la explotación

Joven trabajador andando en bicicleta y sobre su espalda la mochila con el pedido.

Cristian Manzano, trabajador precarizado de Rappi.

La empresa de delivery on line Rappi les ofrece a sus trabajadores ser sus propios jefes, manejar sus horarios y hacerles la vida más fácil. “Todo es mentira, nada de eso es verdad”, dice el rappitendero Roger Rojas, que hace algunos meses organiza la lucha contra los despidos y el incumplimiento de la independencia que la empresa propone.

“A veces nos salen viajes de 9 kilómetros por 40 pesos, y si no los aceptamos empiezan los problemas. De repente te asignan el pedido sin que vos estés de acuerdo y si lo cancelas quedas bloqueado, sin trabajar por una hora”, explica y asegura que si “en un día hacés eso dos veces, o tres en la semana, te eliminan de la aplicación, no podés trabajar”.

Uno de los despidos que más indignó a Roger fue cuando un compañero le reclamó a la empresa que le pagara las tres semanas de trabajo que no había cobrado. “Le dijeron que tenía que esperar, les alzó la voz y lo bloquearon de la aplicación”. Por este caso, entre otros, los trabajadores iniciaron una demanda ante el ex Ministerio de Trabajo.

“Lo que están reclamando en sede judicial es que se los reconozca como trabajadores en relación de dependencia y, dado que están siendo despedidos, se les abone la indemnización que corresponde”, aclara Juan Manuel Ottaviano, el abogado que inició la demanda.

Según Roger, la postura de la empresa parece ser siempre la misma: “Ellos nos esquivan, no quieren negociar. ´Si no les gusta se van´, nos dicen. Eso no es así porque tú estás ante un derecho y la misma ley dice que los derechos son irrenunciables”.

Dos trabajadores sentados en un banco, mirando los celulares.

Julio Olivero y Cristian Manzano, trabajadores de Rappi.

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostiene que “se considera nula una renuncia de un trabajador a un derecho de la Ley de Contrato de Trabajo porque es la relación de desigualdad y la necesidad de trabajar la que lo lleva a aceptar. No son dos partes iguales en un contrato cualquiera”.

Para Cremonte, los mensajeros de Rappi, por más que trabajen para una empresa de plataforma digital (como Uber o Pedidos Ya), cuentan con el respaldo de la Ley de Contratos de Trabajo y los artículos de la Constitución Nacional. “El problema que hay está vinculando al fraude laboral. La forma en que se los recluta y se les propone cuál va a ser la forma de relación de trabajo, tratándolos de micro emprendedores, enmascara una relación de engaño”.

Ottaviano sostiene que la relación laboral sí es de dependencia porque “cumplen horarios, una prestación determinada por la empresa que fija un precio a pagarle a los mensajeros, establece los controles para el cumplimiento de la prestación, e inclusive las sanciones”.

“Lo que nosotros pedimos es ser trabajadores independientes, como nos propone la empresa, pero para eso nos tenemos que sentar a negociar con ellos. No puede ser que ellos fijen cuánto cobramos y cuánto pedaleamos, y que si no acordamos nos bloqueen”, argumenta Roger.

Dos trabajadores sobre sus bicicletas mirando a la cámara de frente.

Los trabajadores de Rappi reclaman contra la precarización y los despidos llevados a cabo por la empresa.

Roger llegó a Argentina hace seis meses, es venezolano. Allá se recibió de abogado, en estos días está esperando que le acepten la revalidación del título para poder ejercer acá. “Es increíble que estas empresas ya tienen ganancias exageradas y quieran incrementar sus fortunas mil veces más y los trabajadores quedamos siempre por debajo, es una gran injusticia”, comenta.

¿Te respaldan los otros rappitenderos?

Sí, nosotros somos un grupo grande. Respaldo por lo menos. En este movimiento somos muchos. El 90 por ciento está inconforme y todos los días son víctimas. Hay algo llamado miedo, te apoyan pero no quieren dar la cara. Temen a que sean despedidos, a que no les paguen. Así aceptan todas las condiciones de la empresa, y por eso se aprovechan.

¿Vos tenés miedo?

No, eso es lo que me lleva a estar donde estoy. Y ahora hay muchos detrás de esto.

Sin éxito, ANCCOM intentó comunicarse con representantes de la empresa en Buenos Aires. Nadie contestó a las inquietudes.

La Litoraleña resiste

La Litoraleña resiste

Resistencia organizada

La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Ltda. es una empresa recuperada por sus trabajadores que produce tapas para empanada, pascualina, copetín y pastel en su fábrica del barrio porteño de Chacarita (Girardot al 345) y comercializa sus productos en el local de venta al público ubicado en Boedo (Avenida Juan de Garay 3768).  Al día de la fecha, La Litoraleña se compone de 55 asociados.

En el año 2016 la cooperativa obtuvo su matrícula para funcionar como tal, y actualmente los asociados pagan el alquiler por la explotación de los bienes, con la intención de seguir trabajando allí hasta mayo de 2019, fecha límite autorizada por el Juzgado Comercial Nº 18 para que se sustancie todo el expediente de quiebra de la firma.

Sin embargo, sorpresivamente se dictó remate para el pasado 28 de agosto. Así lo relata Luis Baini, presidente de la cooperativa: “Nos llegó la notificación de que se venía el remate una semana antes, el 21. Tuvimos poco tiempo para movernos, hicimos lo que estaba al alcance con nuestro abogado y los compañeros encargados de la gestión”.

En el año 2016 la cooperativa obtuvo su matrícula para funcionar como tal, y actualmente los asociados pagan el alquiler por la explotación de los bienes.

El 24 se presentó en la fábrica una oficial de justicia, y lo primero que hicieron los trabajadores organizados fue impedir que ingrese al inmueble. Se llamó a la fuerza pública, aunque la resistencia fue totalmente pacífica.

“El 27 volvieron a presentarse para la exhibición pero esta vez estuvimos mejor organizados: vinieron compañeros de cooperativas, federaciones, hubo medios de comunicación también presentes y una vez más pudimos zafar”, comenta Baini.

Durante las primeras horas del martes 28 de agosto, los cooperativistas de La Litoraleña respiraron aliviados: la subasta había quedado sin efecto. Los trabajadores se hicieron presentes en la Liga de Rematadores, en el barrio porteño de Almagro, y allí fue comunicado oficialmente que la cooperativa seguía de pie.

Los trabajadores están muy bien organizados, acompañados por cooperativas y federaciones.

“Lo cierto es que ese inmueble no pertenece a la quiebra, está a nombre de la persona física y por eso mismo lo querían rematar, pero un fallo del Juzgado Comercial Nº 18 nos vuelve a dar la razón”, aclara Baini. E inclusive lograron la habilitación municipal para elaborar productos alimenticios, documentación que nunca había obtenido el anterior dueño.

Los trabajadores agradecen profundamente el acompañamiento de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) durante este proceso y todos los que debieron sortear. Un nuevo revés de la justicia había sido superado.

Acreedores buitres

Maciel Santos es uno de los 55 cooperativistas. Trabaja desde hace 26 años en La Litoraleña y tres desde que es autogestionada. Recuerda con orgullo esos orígenes: «Fue una decisión conjunta tomar la fábrica ante la falta de respuestas del dueño y después de que amenazara con echar a 29 compañeros. Eso nos convenció de que teníamos que resistir y hacernos cargo de la fábrica por nuestra cuenta para poder llevar el plato de comida a nuestras casas”.

Durante un año sostuvieron la toma junto a distintas cooperativas y con apoyo del barrio, exigiendo al juzgado correspondiente el permiso para poder producir. Tras un año y medio de lucha consiguieron el permiso laboral y se constituyeron como cooperativa, con matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y permiso judicial para producir.

“Hace un par de semanas nos enteramos que acreedores buitres que tomaron deuda generada por el ex dueño querían rematar el inmueble donde estamos trabajando. Hay compañeros con mucha antigüedad, muchos con 50 años o más, y ante la situación del país creemos que conseguir otro trabajo nos resultaría casi imposible”, cuenta Santos preocupado.

La Litoraleña se mantiene al día, con todo el esfuerzo que eso significa. Paga a los proveedores en tiempo y forma, y resiste a los agresivos tarifazos de gas y luz para seguir con sus operacione

Por su parte, Fabián Pierucci es el único que sin ser de la planta de trabajadores de la fábrica, logró formar parte de La Litoraleña. Vivió también momentos críticos, que van desde el proceso de toma hasta la constitución como cooperativa. Es integrante de FACTA y economista.

Actualmente está a cargo del área de planificación: desde allí se emprenden los proyectos productivos, la planificación de ventas, financiamiento y compra de insumos. “Nos juntamos una vez por semana los responsables de cada sector y hacemos la tarea de planificación”, sostiene.

Pierucci reconoce el importante aprendizaje de los trabajadores a partir del proceso de quiebra: “Cuando cerraron la fábrica no había quedado ni un solo trabajador administrativo, ni un vendedor, los únicos trabajadores que quedaron eran de planta. Aprendieron las tareas que antes no hacían y hoy tenemos una verdadera gestión obrera de la producción”, relata.

La Litoraleña se mantiene al día, con todo el esfuerzo que eso significa. Paga a los proveedores en tiempo y forma, y resiste a los agresivos tarifazos de gas y luz para seguir con sus operaciones. “La situación económica es terrible, es muy difícil de afrontar con el costo de las materias primas que nosotros utilizamos como trigo y harina, ni hablar de los otros insumos que están dolarizados. Ahora también se suma la persecución de parte de la Justicia”, afirma Baini el presidente de la cooperativa. Una vez más, la economía social es bandera de resistencia frente al ajuste.

 

 

“No es reforma, es ajuste”

“No es reforma, es ajuste”

Los últimos colectivos apuran su paso por la Avenida 9 de Julio y los 25º de temperatura golpean las nucas de los manifestantes que comienzan a marchar encolumnados. “¡No a la reforma laboral! ¡No a la reforma provisional! ¡No a la reforma fiscal!”, gritan los carteles y consignas. Las delegaciones regionales bajan de los micros, anuncian su llegada con bombos y platillos y las banderas se despliegan en el Centro porteño. La plaza Congreso ya está repleta. Dentro del Palacio, 69 senadores comienzan a discutir el pacto fiscal y los cambios en el sistema jubilatorio. En la calle, cientos de miles de personas hacen escuchar su rechazo al paquete de reformas impulsado por el gobierno de Cambiemos. No obstante, casi a la medianoche, la Cámara Alta aprobó el proyecto de reforma previsional por 43 votos contra 23. También al nuevo pacto Fiscal.

La movilización convocada por las dos CTA, el moyanismo,  la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) reunió este miércoles a cientos de gremios en la primera expresión callejera y multitudinaria contra la “política de ajuste” de la administración de Mauricio Macri. Según los organizadores, más de 300 mil personas se sumaron a la convocatoria frente al Parlamento. “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”, fue la consigna más escuchada. El sindicalismo combativo y las organizaciones de izquierda, marcharon en una columna independiente. El triunvirato dirigente de la CGT fue el gran ausente de la masiva movilización.

“No nos queremos arrodillar ante este gobierno de ricos para ricos” arengó Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y uno de los cuatro oradores del acto central. Y agregó: “Somos orgullosamente clase trabajadora y vamos a pelear cada vez que quieran atacar nuestros derechos. Esto no es reforma, es ajuste”. Luego se dirigió explícitamente a los senadores. “El que levante la mano en contra de los jubilados va a salir publicado con nombre y fecha de nacimiento”, advirtió. Y subrayó: “¡Lo que nos quieren sacar ahora son las conquistas de Perón y Evita!”. Después le cedió la palabra a Pablo Micheli.

Hugo Yasky en la concentración en Congreso contra la reforma laboral impulsada por el gobierno.

“Somos orgullosamente clase trabajadora y vamos a pelear cada vez que quieran atacar nuestros derechos», dijo Hugo Yasky.

“Acá hay una decisión política de la mano del presidente, de la mano de sus ministros. Son los dueños de las multinacionales los que están en el gobierno de nuestro país”, subrayó el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma.

Micheli apuntó directo a la conducción de la CGT y a los gobernadores y advirtió que “aquellos que fueron y le dieron consenso a la reforma laboral se equivocaron”. En la misma sintonía, Pablo Moyano, secretario gremial del sector minoritario de la CGT que se hizo presente, sujetó el micrófono y aseguró: “Vamos a dar pelea cada vez que el Gobierno intente llevar por delante a los trabajadores, ese es el compromiso y el objetivo”.

A las 15:40, bajo una lluvia de papelitos, y cuando aún faltaban ingresar varias columnas a una plaza repleta, Sergio Palazzo, titular de la Bancaria, comenzó el último de los discursos. “Hemos venido a la puerta del Parlamento argentino, precisamente a esta hora, donde están reunidos los señores senadores, a decirles sin eufemismo, con contundencia, que rechazamos, repudiamos y le decimos no a la reforma laboral, a la reforma tributaria, y mucho más a la reforma previsional”. Y luego afirmó: “¡Le decimos no al ajuste! Porque este nos es un programa de reforma permanente ¡es un programa de ajuste sin fin!”.

Pablo Moyano dando su discurso en la manifestación contra la reforma laboral impulsada por el gobierno. Atrás suyo estan parados otros sindicalistas y una bandera que dice "Basta!".

“Vamos a dar pelea cada vez que el Gobierno intente llevar por delante a los trabajadores», aseguró Pablo Moyano.

Los bombos suenan con toda la fuerza. Bajo banderas naranjas con la leyenda “Barba Conducción”, Jesús Goitea delegado de la UOM de Quilmes festeja la masividad de la marcha y justifica el estado de movilización en rechazo a los proyectos. “Todas las reformas que está queriendo hacer el gobierno nacional van en contra nuestro, quieren despedir sin pagar nada, quieren cambiar la modalidad de trabajo, sacarnos la antigüedad”, explica a ANCCOM.

Y da cuenta de una realidad de muchos gremios: “La UOM nacional todavía no quiere salir a combatir. Nosotros sí, hacemos asambleas en fábricas y los compañeros quieren salir a lucha, entonces la UOM de Quilmes salió”.

En Avenida de Mayo, una gran bandera verde y blanca envuelve a los trabajadores de ATE. “Nosotros trabajamos para el Estado, estamos en la Comisión de Comunicaciones y creemos que varias de las medidas de este gobierno van en contra de los trabajadores”, explica a esta agencia Javier, trabajador del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) mientras sus compañeros posan en una foto grupal. “En nuestro organismo están avanzando con un montón de despidos y derechos que estamos perdiendo”, explica.

Un hombre entre los manifestantes, sosteniendo un cartel que dice: "No son 'reformas', son un saqueo. Macri miente".

Cientos de miles de personas hacen escuchar su rechazo al paquete de reformas impulsado por el gobierno de Cambiemos.

A su vez, en la otra punta detrás del sindicalismo combativo, José Alejandro Sebriano, delegado ferroviario de la seccional Oeste del Ferrocarril Sarmiento y trabajador de señalamiento, argumenta contra la reforma laboral. “Nos atrasa casi 100 años en la legislación laboral. Es por eso que venimos, por nosotros, por nuestros hijos y por los jubilados también”, argumenta.

Mientras pliega la bandera que agitó durante varias horas, reflexiona que “las centrales de los trabajadores, tanto la CGT como las CTA, tienen que convocar a un plan de lucha con continuidad hasta derrotar esta ley que atenta directamente contra los trabajadores”.  

Con otra línea argumental, Alejandro Lipco, trabajador de la salud del hospital Garrahan, pone el foco en el resultado de la movilización callejera. “Nos movilizamos con la convicción de que, de todos modos, la salida no van a ser estas movilizaciones que tienen características aisladas sino con un plan de lucha sostenido”. Y advierte: “Las direcciones de los sindicatos que convocan no están comprometidos con esa perspectiva  y creemos que no lo están porque tienen vínculos con partidos que han acompañado al macrismo”.  

Actualizado 30/11/2017

«Camarazo»

«Camarazo»

Encabezados por los trabajadores despedidos de DyN -la agencia de noticias que acaba de ser
cerrada por sus accionistas, Clarín y La Nación- los trabajadores de prensa realizaron el pasado
martes un “camarazo” de protesta frente al Congreso de la Nación, donde presentaron un
proyecto para que se declare la emergencia laboral en el sector.
 
El proyecto elaborado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de
Reporteros Gráficos de la Argentina fue entregado a Remo Carlotto, titular de la Comisión de
Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, quien se comprometió a analizar cómo la
Legislatura puede colaborar en mejorar la situación de los trabajadores de prensa que, según las
entidades gremiales, perdieron 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.
 
Mirá la cobertura de ANCCOM:
 
 
 
Actualizado 16/11/2017