Nov 28, 2017 | Comunidad, destacadas, Novedades
“El barrio entero de La Boca está siendo usurpado por el negociado inmobiliario”, denuncia Juana Domínguez, militante del Movimiento Evita y madre del barrio, en el marco de la Caravana que el Colectivo Artístico Vecinal de La Boca organizó el sábado último. La convocatoria de distintas organizaciones y vecinos del barrio tuvo el objetivo de impedir que la dirigencia del club xeneize, encabezado por Daniel Angelici, coloque rejas en los terrenos de Casa Amarilla. Los vecinos reclaman que el lugar siga siendo un espacio verde de cultura y recreación para los vecinos.
A través de la realización de una Caravana Artística, que partió desde las calles Olavarría y Garibaldi, el barrio de La Boca dijo “no a la venta del campito”, intención que tiene el club Boca Juniors de adquirir este espacio público para privatizarlo y realizar un mega emprendimiento inmobiliario. Se trata de terrenos que comprenden cinco manzanas, ubicadas a metros de la mítica Casa Amarilla.
La caravana consistió en una pacífica movilización que recorrió las calles del barrio, expresando su petición con banderas, carteles y la utilización de megáfonos, bombos y otros instrumentos de percusión. “La Caravana Artística es una protesta. La Boca es un barrio artístico y se nos ocurrió que una manera más pacífica de hacerlo sería por medio de una Caravana Artística. Cada uno muestra su arte, pero básicamente es una protesta, y la idea es llamar la atención y hacer ruido para que no nos saquen nuestras tierras. Es la lucha del pueblo, de la gente”, afirma Domínguez.
La Caravana Artística consistió en una manifestación pacífica.
La gestión de Angelici pidió a la Justicia la autorización para enrejar el predio en su totalidad, a pesar de que en junio de este año el juez Guillermo Scheibler prohibió la realización de cualquier tipo de obra hasta tanto se determine la legalidad de la venta. La decisión del juez se basó en el reconocimiento de una serie de irregularidades en el proceso licitatorio que se encuentra bajo investigación por parte del Poder Judicial. Sin embargo, el club xeneize insiste en reclamar el lugar como propio. A esto se suma que quiere cerrarlo para impedir su uso por parte de los vecinos.
El sábado, la caravana artística culminó su recorrido en el campito, precisamente sobre la calle que une los terrenos de los que Boca quiere adueñarse. Allí se montó un escenario en el que las organizaciones realizaron diversos espectáculos, con el objetivo de demostrarle a los dirigentes que continuarán defendiendo este espacio que es de todos. “La idea de la caravana es realizar una protesta pero que sea colorida, festiva, y que invite al vecino a acercarse y participar. Desfilamos por casi todo el barrio haciendo paradas, contándole a la gente cuál es el problema que estamos viviendo con el campito, y cuál es el problema general en el barrio con el negocio inmobiliario, con los incendios, con la expulsión de la población originaria del lugar, y con la pérdida de la identidad del barrio desde la aprobación del Distrito de las Artes, algo que atropella la identidad del barrio permanentemente”, comenta Violeta Fractman, organizadora del Colectivo Artístico Vecinal de La Boca.
En febrero de 2016 el Gobierno porteño, a través de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., llevó a cabo una licitación fraudulenta hecha a medida, en la que solo participó el club, y le vendió a Boca éstas tierras de manera inconstitucional, ya que primero debía pasar por la Legislatura porteña. Desde entonces, los vecinos fueron denunciando en distintas ocasiones las diferentes maniobras para privatizar el espacio, con el objetivo de evitar la venta. Para mayo del mismo año, se convocó a una marcha –en la que ANCCOM estuvo presente- llevada a cabo por diversas organizaciones barriales, políticas y vecinos, en repudio al violento ataque ocurrido días atrás en la Comuna 4, en Nueva Pompeya, durante una asamblea en la que se discutía la privatización de los terrenos, y de la que formaron parte militantes y miembros de agrupaciones vecinales de La Boca, quienes sufrieron heridas por parte de una patota. A su vez, tanto las organizaciones presentes como los vecinos aprovecharon la ocasión para expresar nuevamente su rechazo respecto a la venta de los terrenos de Casa Amarilla al club.
Además de esta violenta situación, se suman también los numerosos incendios en los conventillos, que los vecinos afirman que son “intencionales”. Juana Domínguez, una de ellas, sostiene: “Están incendiando los conventillos, hasta incluso con gente adentro. Los incendios son intencionales. Y además están desalojando a todo el mundo”.
El Gobierno porteño llevó a cabo una licitación fraudulenta hecha a la medida del club.
Para mayo de este año, se permitió la participación como querellantes de las organizaciones del barrio en la causa judicial que investiga si la venta del predio fue lícita. De acuerdo a un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se trata de una venta “ilegal e inconstitucional” debido a que, de acuerdo a las normativas vigentes, está prohibida la venta de tierra pública de la Ciudad sin la correspondiente aprobación por parte de la Legislatura. Como afirma Alejandro Magnin, representante del Movimiento Evita, “hubo numerosas irregularidades, entre ellas, que tendría que haber pasado por la Legislatura y aprobarse allí, y esto no se hizo. Entonces en esa maniobra fraudulenta se quedaron con éstos terrenos que estaban destinados a viviendas sociales o a uso comunitario”.
La operación cuestionada se produjo en 2010, cuando los restantes terrenos, en los que no se habían construido viviendas, se traspasaron del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) al Gobierno de la Ciudad, y de éste a la Corporación Buenos Aires Sur, por medio del decreto 723/10, concretando la venta pero evitando todas las instancias legales. “Estos terrenos son de un gran valor inmobiliario pero, aparte de eso, tienen una función social, desde cualquier punto de vista: para la vivienda social que originalmente habían sido designados o como espacio verde para las actividades del barrio. Es un lugar de esparcimiento y uno de los pocos espacios verdes que nos quedan. Así que estamos tratando de darle un freno a la usurpación por parte del Club Boca Juniors que, en alianza con el Gobierno de la Ciudad, quieren usurpar estos terrenos, sacárselos a la comunidad y quedárselos para beneficio propio”, agrega Magnin.
Distintas organizaciones políticas adhirieron al reclamo de los vecinos.
Es importante destacar el gran apoyo recibido en defensa de los terrenos por parte de las diversas organizaciones sociales, políticas y culturales. Más de 40 organizaciones, entre otras “Casa Popular El Patio”, “La Cámpora La Boca”, “Frente Popular Darío Santillán”, “Movimiento Evita La Boca”, “Fundación CasaSan” se adhirieron, junto al Colectivo Artístico Vecinal de La Boca, en defensa de los derechos de los vecinos sobre el predio.
La convocatoria finalizó cerca de las 19, con la lectura del documento presentado por el Colectivo Artístico en el que expresaron: “Defenderemos cada espacio público donde nuestros pibes juegan a la pelota, las familias hacen un picnic o ensayan con la murga”.
Al momento, la causa por la adjudicación de tierras se encuentra en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, quien debe determinar la legalidad o no de la venta. Sin embargo, los terrenos siguen en manos privadas, a la espera de una resolución judicial.
“La idea de la caravana es realizar una protesta pero que sea colorida y que invite al vecino a participar», dice Violeta Fractman, organizadora del evento.
Actualizado 28/11/2017
Jun 10, 2016 | inicio
El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.
La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.
Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.
La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.
Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados. Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.
La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .
Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó
“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde. “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.
Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.
Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.
Actualizada 10/06
