Enredados en Cuba

Enredados en Cuba

Debido a años de bloqueo, la irrupción de internet en Cuba fue mucho más repentina que en otros países. Una población poco preparada para el aluvión de redes sociales sufrió el impacto. Sobre ese tema y su evolución reciente habló Javier Gómez Sánchez, director del documental “La dictadura del algoritmo”.

La dictadura del algoritmo es un documental estrenado en 2021, dirigido por Javier Gómez Sánchez, periodista y realizador audiovisual licenciado en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual en la Universidad de las Artes de Cuba. En él se retrata cómo Cuba se vio repentinamente atravesada por la interacción digital con la irrupción de internet, un fenómeno que en el resto del mundo se dio de manera más paulatina.

Es que Cuba solo contaba con conexión satelital a internet hasta 2012, cuando accedió a un cable de fibra óptica proveniente de Venezuela; de esa manera multiplicó por 3.000 el ancho de banda disponible. Esta conexión permitió el primer salto en el acceso de la población en 2015, cuando comenzó a ofrecerse un servicio desde puntos con WiFi, aunque seguía siendo lento y caro para los estándares internacionales. El segundo salto se dio en 2018 y 2019, cuando se desplegó la telefonía móvil de 3G y 4G respectivamente; fue entonces que se masificó el acceso casi en simultáneo con la llegada de la pandemia. En la actualidad, aunque aún no hay anuncio oficial, se está conectando al país un segundo cable de fibra óptica desde Santa Lucía, el Caribe, para asegurar más rapidez en la conexión celular en horarios pico. Hoy, recargar entre uno a diez gigabytes de datos en el móvil puede costar de 100 a 950 Pesos Cubanos (CUP) mientras que un sueldo promedio puede llegar a los 4000 CUP, unos 16 dólares. Esa es la principal forma de conexión en la actualidad.

El documental de Gómez Sánchez retrata los efectos de la inmersión rápida de los cubanos a la lógica muchas veces tóxica de las redes sociales. Con una serie de testimonios diversos, se describen las expectativas iniciales de que Facebook permitiera conocer y debatir con personas de todo el país. En la práctica Facebook, junto con la pandemia, terminaron provocando una crisis social que sorprendió a la clase política.

“La velocidad a la que entró la población a un ámbito digital completamente desarrollado fue inédita, en comparación con otros países”, explica Gómez Sánchez. “Muchas personas comenzaron a incorporar dinámicas que veían en Facebook, sin importar si eran informaciones reales, semi-reales o falsas. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que las personas comenzaron a madurar la idea de que debían cuestionarse lo que veían”.

A dos años del estreno, ¿qué avance ves en la sociedad cubana alrededor de la presencia de la interactividad digital en el país?

El aumento de la conectividad. Cuando estábamos haciendo el documental, apareció el reporte de la compañía telefónica ETECSA que decía que se habían alcanzado 4.2 millones de personas conectadas sólo a la red de datos. A eso se suman personas que la usan a través de oficinas o PC. Para entender esta cifra, hay que comprender que Cuba llega a internet con cierto retraso, ligado a su conflicto histórico con EEUU. Durante mucho tiempo no estuvo conectada por cables de fibra óptica: cerca pasan tres cables que conectan Sudamérica, Centroamérica y el Caribe con EEUU. A esos cables no podía conectarse porque eran propiedad de compañías estadounidenses.

 

¿Cómo era el contacto con internet antes de la conexión por fibra?

Antes del 2012 se conectaba a través de una banda por satélite que era extremadamente lenta y permitía un servicio muy restringido, el uso que hacían las personas era a través del correo electrónico, mientras el mundo estaba inmerso en Facebook. Eso fue en los años 2007 a 2010. Aún así se desarrollaron dinámicas colectivas de cadenas de correo sobre determinados temas que llegaron a generar una conectividad digital de redes sociales en sí misma. Para 2012 ocurre la conectividad con un cable a través de Venezuela, llevó un tiempo que se organizara y sólo en el 2015 se comienzan a dar servicios. Primero en zonas Wi-Fi: en las ciudades se empezaron a poner antenas, tenías un reloj que contaba, pagaban una tarjeta y se conectaban. Veías los parques llenos de personas: era la primera forma en que la gente masivamente chocó con los contenidos en la red. Todavía no se hacía un consumo alto de videos; TikTok no había entrado a la escena ni la opción de shorts de Facebook. Era sobre todo Youtube lo que se consumía. Para 2018 comienza a darse la conectividad con datos 3G y en el 2019 la 4G. Ahí empieza a expandirse la cantidad de personas y la importancia de que en el 2021, rodando el documental, se hayan alcanzado los 4.2 millones. Ten en cuenta que Cuba tiene una población, según el censo, de 11 millones y un poco más de habitantes y que los 4 millones representaba la mitad de la población adulta del país. Actualmente es de 6.7 millones. Un golpe en apenas tres años.

 

Al momento de rodar, ¿manejaban alguna hipótesis o preconcepto sobre las dinámicas digitales?

En el momento una matriz fuerte que existía, y que derribamos, era que “Internet no ha llegado al pueblo”, que “ la población llana no estaba en Internet” y que los temas que se movían en la red no era algo que formara parte de una opinión extendida. Según nuestra tesis no era así. Creíamos que había que prestarle atención porque la población estaba conectada a eso, en contra de los que decían que “eran pequeñas burbujas”. Al principio las personas no tenían toda la conciencia de por qué le aparecían las cosas que le aparecían: toda la cultura de comprender qué es un algoritmo, cómo funciona Facebook, todo eso ha venido poco a poco. Eso que llamamos la alfabetización informacional, cómo lidiar con los contenidos. La industria de las plataformas digitales ha ido evolucionando y, como toda competencia capitalista implica modelos de negocio que quedan atrás, modelos de negocio que se imponen. Tik Tok de alguna forma viene a ser una alternativa de uso rápido en comparación con Youtube. Pero hay que comprender que las redes sociales realmente son las personas. Nosotros nos confundimos muchas veces porque los mismos creadores de esas industrias nos han impuesto ese término, porque les conviene vender esa idea. Pero realmente son plataformas digitales para la gestión de redes sociales. Es una gran diferencia.

Amnistía Internacional presentó su primera investigación sobre TikTok en Argentina y las estrategias de los jóvenes para “domesticarlo”. ¿Existe algún tipo de “domesticación” en la sociedad cubana para limitar el impacto de las redes sociales?

Si una persona ya tiene un nivel de conciencia de los algoritmos, ¿por qué tendría que enfrentarse y tratar de domesticarlos? Tengo estudiantes que no tienen Facebook, que buscan otros lados, que no es que no tienen redes. Hay gente se ha ido a los grupos de WhatsApp y Telegram para tener un contacto más real, sobre todo durante la pandemia. Así empiezas a tener ahí una plataforma digital de un manejo de una red social real de gente que conoces y tiene un vínculo más concreto. Ahí cobra importancia el funcionamiento de los estados de Whatsapp como una forma de contenido, hay personas que navegan y tienen todo un vínculo con lo que se pone ahí. Ha resultado ser un consumo alternativo a Facebook sin interferencia de publicidad del tipo “sugerencias para ti” o “personas que tal vez conozcas”. Telegram tomó mucha fuerza por un tema práctico: compraventa en la medida en que han escaseado los productos básicos; pero ya de antes existía una especie de Mercado Libre o Ebay cubano. Como permite más a la hora de formar grupos que Whatsapp, las personas van ahí. Puede que haya personas que no conozcas, pero que están por una inteŕes común. Eso vino a sustituir grupos en Facebook, páginas de mercado, que a las personas le dejaron de funcionar porque les permite estar en un lugar relativamente cerrado.

Whatsapp y Telegram son canales de mensajería digitales más que redes sociales, pero se entiende que la sociedad cubana se reapropia para generar comunidad ahí.

-Se refuncionalizan: lo que vemos es una función más allá de la mensajería. Hay grupos con cientos de personas. No es que han dejado de conectarse. Han sustituido una red por otra. Las personas saben quién les está hablando, no hay trolls, tienes un número de teléfono. Yo sé que eres tú. Las personas son capaces de decirse cosas en Facebook que en la vida real no se dirían. El nivel de agresividad aumenta porque pierdes el contacto con la persona. De ese tipo de cosas es que huyen las personas que se van de Facebook.

Ojo, en los grupos también circula muchísima matriz tóxica: cuando la pandemia se iba terminando y el gobierno empezó a desescalar el aislamiento, se anunció un grupo de medidas. “Mañana atentos todos que va a haber un anuncio en la televisión, la Presidencia va a salir a explicar”, decía. Ese mismo día comienza a circular en los grupos de WhatsApp una lista falsa de medidas, algunas mezcladas, cosas que se sentían más reales con cosas más ficticias. Te hablaban de que los gimnasios iban a funcionar de tal manera, que los hoteles iban a cerrar para el público nacional, cosas muy encaminadas a crear malestar en la población. En dos o tres horas aparece por la prensa de la Presidencia una alerta de que esa lista era falsa. ¿Cuánta gente pudo haber leído eso en tres o cuatro horas? Tú dices: “¿Qué sentido tiene una fake new si puede ser desmentida tan rápido?” Es que lo que les interesa es el estado de ánimo que queda en las personas, de molestia por haber leído eso y dicho “este gobierno de mierda”. A la semana siguiente es otra situación y la noticia falsa va pasando pero el estado emocional queda. Ese es el objetivo. Antes era de información contra desinformación y ahora es de emotividad contra racionalidad.

¿Creés que la violencia en las redes se deba también a que en el afuera uno se calla lo que le molesta?

Recordemos que el internet y las plataformas digitales le dieron a las personas una posibilidad que antes no tenían que era la de ser emisoras de información, irse por delante de los medios tradicionales de comunicación. De eso, que es positivo en gran medida, se pasó a decir “¡Qué mal todo esto!”. Esa se ha transformado en la manera en que se desenvuelve la humanidad. Ahora, se pierde un sentido editorial porque no se está amarrado a una ética básica siquiera. En el caso de Cuba, esa violencia es dirigida y aprovechada a partir de dinámicas psicológicas de grupos humanos. Pero se ha logrado capitalizar y ponerle funciones políticas, ese nivel de violencia no es gratuito. Hay mucho dinero detrás, mucha intencionalidad política. La violencia política no ha disminuido, ha ido evolucionando y también la gente aprende a lidiar con esto. Te encuentras personas que te dicen “Yo ya no discuto en Facebook”, porque incluso llega a buscarse problemas en la vida real por una discusión en el mundo virtual.

¿Cómo es el uso de otras plataformas como Instagram o Twitter?

Twitter es una plataforma que en Cuba ganó más terreno con el tema del trabajo institucional gubernamental, a partir de que todos los presidentes empezaron a tener cuentas oficiales. Las personas no la utilizan tanto desde un sentido individual o personal. Hay un plan del gobierno de incentivar el uso de Twitter: tiene que tener el Jefe, el Director, el Subdirector. Algo muy curioso es que el gobierno y las instituciones están en Twitter y el pueblo está en Facebook: Twitter es mucho más cómodo para un emisor institucional porque no permite el mismo nivel de comentarios o dinámica que Facebook. Nosotros tenemos falsos trolls de izquierda en Facebook que intoxican mucho los ambientes de personas realmente progresistas y revolucionarias. Hay una intencionalidad de derecha de agrietar y crear divisiones en los espacios de militancia. Esto está muy instrumentalizado por cifras millonarias del gobierno de los Estados Unidos hacia la subversión en Cuba. No hay que olvidarse que existe una fuerza de tareas del Ejército de los Estados Unidos para el internet Cuba.

«Meta se ha beneficiado del dolor de los niños»

«Meta se ha beneficiado del dolor de los niños»

Scrolleo Infinito, adicción a la dopamina y extracción ilegal de datos son algunas acusaciones de fiscales de Estados Unidos contra la corporación de Mark Zuckerberg. El juicio puede generar un nuevo paradigma en materia de tecnología y derechos humanos.

El pasado mes de octubre, más de 40 Estados de los EE.UU demandaron a la corporación Meta alegando que sus redes sociales Facebook a Instagram «han alterado profundamente las realidades psicológicas y sociales de toda una generación de jóvenes», provocando una «crisis de salud mental juvenil». Hoy, la empresa dueña de Instagram y Facebook atraviesa un juicio que puede alterar el paradigma de los medios digitales, su modelo extractivista y los derechos del usuario.

“Meta se ha beneficiado del dolor de los niños al diseñar intencionalmente sus plataformas con características manipuladoras, que los vuelven adictos a sus plataformas mientras que reducen su autoestima”, declaró públicamente la fiscal general de Nueva York Letitia James. “Las empresas de redes sociales, incluida Meta, han contribuido a una crisis nacional de salud mental juvenil y deben rendir cuentas”.

La fiscal es parte de una demanda iniciada por Estados gobernados tanto por republicanos como por demócratas en el país norteamericano. En el texto de la demanda se denuncia que, para sostener su modelo de negocios, Meta desarrolla un refinado conjunto de estrategias que maximizan el tiempo que los jóvenes ocupan en pantalla: recomendación algorítmica manipulatoria, estímulos audiovisuales que afectan horarios de clase y sueño, incitación al “scrolleo infinito”, entre otras. A sabiendas de su nocivo impacto físico y psicológico, la corporación se respalda en “informes engañosos”, con tasas sospechosamente bajas de experiencias negativas en sus plataformas.

“Las empresas de redes sociales, incluida Meta, han contribuido a una crisis nacional de salud mental juvenil y deben rendir cuentas”, declaró el fiscal general de Nueva York.

¿Sanciones?

Luis Lozano, licenciado en Ciencias de la Comunicación y especialista en Derecho a la Información, infiere que “lo más probable es que si este juicio avanza, Meta enfrente algún tipo de sanción económica, probablemente muy elevada y que, a su vez, esto derive en un mandato de parte de los tribunales de reforma de las leyes que rigen en Estados Unidos para que esto no pueda volver a repetirse. No es que la ley no sea suficiente, sino que Meta violó la ley que existe”.

El especialista se refiere al Acta de Protección de la Privacidad Infantil en Línea de Estados Unidos (COPPA), que prohíbe recolectar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de los padres. Desde su sanción en 1998, esta ley no estuvo exenta de reformulaciones: “A principios de 2023, se lanzó una iniciativa para una reforma profunda que, entre otras cosas, incluye la prohibición de abrir cuentas en redes sociales a menores de 13 años y un consentimiento real y constatable de los padres para quienes tienen entre 13 y 18 años. Esto no quiere decir que los niños o los jóvenes no puedan usar redes. Lo que pretende es restringir la creación de cuentas propias, porque al armarla comienza a tener lugar la recopilación de información por parte de las plataformas, que es lo que precisamente está en discusión en este caso”, detalla Lozano.

De hecho, en la demanda se acusa a Meta de dirigir sus redes sociales a menores de 13 años para recolectar y monetizar su información personal sin ninguna iniciativa para obtener el consentimiento de los padres.

Foto de Archivo. 

Al scrolleo infinito y más allá

Carolina Martínez Elebi, comunicadora y consultora en el impacto de las TIC en los derechos humanos, profundiza sobre las estrategias empleadas por Meta y reconocidas en la demanda como instrumentos para “enganchar” al usuario: “El método del ‘desplazamiento infinito’ consiste en que la plataforma ofrece contenido ‘nuevo’ al usuario permanentemente. Es decir, cualquier usuario de redes sociales sabe que siempre hay algo nuevo que la red social puede mostrar en su feed. Si ya vio todo lo que se publicó en el día hasta ese momento, seguro alguien publicó otra cosa nueva mientras el usuario scrolleaba”. Esto no siempre fue así, sino que responde a recientes actualizaciones en la lógica del algoritmo. De hecho, Martínez recuerda que “si entraba a Twitter en el 2009, seguramente podía llegar a un punto en el que más o menos ya había leído todo lo de ese día y, en horarios más inactivos, aunque actualizara el feed, era muy probable que no apareciera nada nuevo. Así que uno desistía y hacía otra cosa o quizás tiraba un tuit preguntando en qué andaban los demás, a ver si alguien respondía”.

La especialista enfatiza el daño que esta retención en pantalla puede provocar en jóvenes y agrega que “la situación puede ser incluso más difícil si, además, los contenidos que no pueden dejar de ver los afectan en otros aspectos, como en cuestionarse su cuerpo, que les cree o profundice inseguridades y que, al visualizarlo muchas veces en soledad, no reciba el acompañamiento necesario para contrarrestar sus efectos en una etapa muy importante en el desarrollo de una persona”.

Por último, sobre los cambios que pueden tomarse en dirección hacia un uso más sano de las TIC, Martínez reflexiona: “Creo que las plataformas tienen que tomar las medidas necesarias para dejar de captar la atención 24/7, lo que va contra la tarea a la que se dedican la empresa. Pero la solución, si se le puede llamar así, tiene que ser integral. Tiene que haber políticas públicas que promuevan un uso consciente y responsable de las TIC en general y de las redes sociales en particular. Es necesario que toda la sociedad comprenda los efectos nocivos que tienen en la salud física, mental y emocional, para tomar medidas. Hace no mucho tiempo, se creía que fumar tabaco te hacía ver elegante y el lobby de las tabacaleras para que no se supieran sus efectos nocivos en la salud fue enorme”.

La demanda de casi todo EE.UU. a Meta de ninguna manera compone un hecho aislado. En 2021, la exempleada de Meta Frances Haugen filtró una serie de investigaciones confidenciales de Facebook e Instagram, que demuestran el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes que las utilizan. El pasado noviembre, Amnistía Internacional presentó el primer informe sobre TikTok en Argentina, que también señala el extractivismo de datos, el impacto en el bienestar emocional y la intromisión en la privacidad de sus usuarios. También Europa hace lugar a estas discusiones: el Parlamento Europeo recientemente aprobó una resolución en la que pide que productos y servicios digitales sean más éticos y contengan un diseño menos adictivo para los usuarios.

Lejos de reconocer las acusaciones y reformular sus prácticas, Meta se defendió: “Nos sentimos desilusionados porque, en lugar de trabajar de manera productiva con compañías de la industria para crear estándares de edad claros para todos los jóvenes que usan las aplicaciones, los fiscales generales hayan elegido este camino”.

“Lo que hace la demanda de los 40 Estados de EEUU a Meta es darle al conflicto un carácter muy fuerte a través de un proceso federal, que es una instancia de extrema importancia en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos y que puede motivar una condena que incluya sanciones civiles y económicas, y hasta reparaciones a consumidores”, agrega Luis Lozano, mientras la querella espera durante meses su resolución y amplifica el debate sobre tecnología y derechos humanos.

Tecnología popular y solidaria

Tecnología popular y solidaria

La cooperativa Fray Luis Beltrán, de La Boca, repara computadoras y celulares en desuso para ofrecerlos a muy bajo costo o canjearlas por otros productos.

La Cooperativa Fray Luis Beltrán se dedica al reciclaje de tecnología, a través de computadoras y celulares rotos o en desuso para reutilizar sus partes y donarlas o venderlas a precios muy accesibles. Los modelos de dispositivos que ofrece la organización suelen tener un valor debajo del 40 o 50 por ciento de lo que se encuentra en el mercado.

La cooperativa se ubica en el corazón del barrio de La Boca, en Suárez 421.La inmensa pared de la exfábrica de motores de lancha donde funciona el taller, tiene un cartel en el medio con el nombre de “Los Pibes”, una organización social y política que nuclea distintos proyectos -además de la Cooperativa Fray Luis Beltrán-, como la FM Riachuelo, la Cocina de Suárez”, y el Gimnasio Popular los Pibes.

 

La cooperativa ha bautizado los distintos  modelos de computadoras que vende con nombres de próceres que colaboraron en los ejércitos de liberación nacional: así hay equipos denominados Juan Bautista Cabral, Martín Miguel de Güemes o Juana Azurduy.

Las máquinas más sofisticadas que poseen son computadoras de cuatro núcleos que tienen un buen rendimiento y sirven para cualquier tarea operativas perteneciente al paquete de Office; además soportan algunos programas de edición básica, juegos y pueden ser modificadas para complejizar aún más sus funciones.

El taller de la cooperativa se encuentra en el primer piso. Josué Lucero de 23 años, es uno de sus integrantes y cuenta: “Esta fábrica cerró durante la década de 1990 y nosotros la volvimos a utilizar en el 2004. Primero alquilamos el lugar y después, ante un intento de desalojo que logramos resistir, juntamos el dinero necesario para comprar el espacio”.

Para acceder a las computadoras no es necesario sí o sí contar con el dinero; la cooperativa trabaja con la lógica de la economía popular y tiene sus propios circuitos de ayuda mutua. Bajo esa lógica aceptan trocar sus productos por los que pueda llegar a ofrecer algún interesado. “Hace poco se acercó una vecina que hace pastas caseras, y para llevarse una PC nos dio 11 kilos de ñoquis( 1 kilo para cada integrante de la cooperativa), varias cajas de ravioles que utilizamos en un almuerzo que tuvimos todos juntos y 15 mil pesos”.

Otra manera de acceder a la tecnología que ofrecen es a través de donaciones: la única condición para acceder a la misma es que la organización que reciba la computadora envíe a uno de sus miembros a tomar un curso de reparación en la Fray Beltrán.

Martin Alejandro Sanguinetti es otro miembro de la cooperativa, tiene 22 años  y hace un año está trabajando en ella. “La Beltrán no solo se dedica al armado y reparación de PC sino que también damos clases gratuitas durante la semana para otorgarle a la gente un medio de subsistencia. Intentamos que las actividades que tenemos con Los Pibes sean organizadas en distintos días y horarios para que convivan entre sí.”

La cooperativa nació durante la pandemia con la intención de acortar la brecha digital; algunos de sus miembros provienen de centros de atención y acompañamiento comunitario y hoy poseen un conocimiento nuevo que les permite desarrollar un oficio. Elías  Velázquez, alias Velazquin, es uno de los integrantes más jóvenes de la cooperativa, tiene 17 años y señala: “Nos apoyamos mucho en los compañeros que viven en el barrio y sus vecinos, más que nada porque creemos en el conocimiento colectivo y en establecer lazos de hermandad con la comunidad. Ellos nos comentan la realidad del barrio y nosotros intentamos darles alternativas de apoyo y contención, no solo con los talleres que brindamos semanalmente para los chicos, sino también trabajando en conjunto con los que van al gimnasio, con la gente del comedor, tratamos de ofrecer una opción distinta a estar parado en una esquina y muy cerca de la droga”. 

En un principio la cooperativa intentó conseguir donaciones de empresas y algunas instituciones del Estado, pero no logró la colaboración deseada debido a las trabas burocráticas con las que se encontró. Por esa razón, hoy su mayor fuente de herramientas consta de las donaciones que realiza la gente. La cooperativa se comunica a través de sus redes sociales bajo el nombre de  Cooperativa Fray Luis Beltrán para recibir los equipos usados y realizar sus ventas e intercambios.

Otra conectividad es posible

Otra conectividad es posible

Cooperativas, mutuales y asociaciones civiles hacen de Internet una posibilidad en zonas donde el mercado no se anima a meter mano. Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA presentaron un libro que recopila experiencias de conectividad popular en defensa del derecho a la comunicación.

El pasado jueves, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se presentó Conectividad Popular. Organizaciones sociales prestadoras de Internet en barrios populares y áreas rurales de Argentina. Coordinado por Mariela Baladrón, Larisa Kejval y Diego Rossi, el libro reúne diez experiencias de redes comunitarias, diversas en su trayectoria y geografía, pero cercanas en su tarea de hacer Internet posible en zonas rurales, barrios populares y otros puntos del país donde la teoría del derrame choca con la desigualdad estructural, el desinterés empresarial y las deficiencias del sistema privado.

Las experiencias estudiadas adoptan distintos recorridos y formas institucionales: cooperativas con antecedentes en servicios públicos, organizaciones comunitarias de radio y TV, mutuales de servicios, asociaciones civiles de distinto tipo. No obstante, todas estas organizaciones comparten una matriz económica solidaria, que antepone el bienestar de su comunidad a la obtención de ganancias, diferenciándose de las empresas tradicionales. El objetivo es claro y compartido: brindar conectividad sin fines de lucro, crear redes de Internet en lugares donde no llegan otros prestadores, superar la brecha de acceso a las TIC, capacitar a la población, ofrecer contenidos y más, cada una con sus particularidades y su estilo. En fin, se trata de garantizar el derecho a la comunicación.

Puntualmente, la investigación aborda los casos de La Ranchada IP, por parte de la Mutual Padre Mujica; Atalaya Sur, impulsada por Proyecto Comunidad; Soldati Conectada, que opera en los barrios populares de Villa Soldati; La Poderosa; el Polo Digital de Inclusión Social, que opera en el partido de La Matanza; la Asociación Mutual Mercantil Argentina (AMMA); la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet); la Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada, ubicada en General Pueyrredón; las redes Nono Libre y El Valle Reinicia, en la provincia de Córdoba; y la Red de Internet Comunitaria de Jujuy.

Internet imperfecta

El entorno digital está muy lejos de la “perfecta competencia”. En áreas rurales y barrios populares, sectores de población dispersa o con bajo poder adquisitivo, la conectividad queda atada a la voluntad del prestador, cuya decisión de brindar un servicio depende de la rentabilidad de su inversión antes que de cualquier otra cosa. Según la investigación, esto produce y reproduce relaciones de desigualdad entre los centros urbanos y las zonas rurales y en situación de pobreza. Por ejemplo, el último trimestre de 2022, ENACOM reportó que 14 de las 24 provincias del país se encontraban debajo de la media nacional de acceso a la banda ancha fija (77, 21 accesos cada 100 hogares).

Con la pandemia de covid-19 y el fuerte avance de la virtualidad sobre lo cotidiano, esta problemática se hizo mucho más evidente. Así, las políticas públicas tomaron centralidad en el desarrollo de redes de Internet en diversas zonas de nuestro país. A este respecto, el informe reconoce la incidencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 311/202, que durante la pandemia incluyó a Internet como parte de los servicios esenciales, junto con la provisión de agua potable, energía eléctrica y gas natural, aunque luego su implementación fue bloqueada por los reclamos de las empresas en la justicia y, tras las últimas elecciones, vetado por el Poder Judicial. También se destaca una prolífica elaboración de programas estatales a partir de 2020, destinados a la conectividad en ámbitos comunitarios y públicos, al desarrollo de infraestructura en zonas marginadas, al otorgamiento de tarjetas de prepago para servicios móviles a sectores vulnerables, entre otras iniciativas.

Según el estudio, distintos colectivos desarrollaron un camino significativo en la intervención pública con el reconocimiento de las redes comunitarias, entrando así en valor las diez experiencias relevadas en la investigación, como parte de una política social integral hacia la conectividad popular y democrática.

Una de ellas es Atalaya Azul, cuya red comenzó en 2014 en las calles de Villa 20, en el barrio de Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la red conecta a mil hogares, el 40% a través de fibra óptica (por encima de la media nacional), y promueve la capacitación de sus vecinos en prácticas de operación de redes y producción de contenidos audiovisuales. “Nosotros siempre pensamos Atalaya en tres dimensiones. Una tiene que ver con el acceso a la conectividad, otra con las capacitaciones y la formación tecnológica y la tercera con la producción de contenidos locales. También estamos generando cuadrillas que salen al mercado, y eso permite generar puestos de trabajo cuyos excedentes se vuelquen en la red y permitan su sostenibilidad”, detalla la coordinadora Manuela Gonzales Ursi, en diálogo con ANCCOM. La organización también trabaja con merenderos, talleres de robótica, cooperativas de vivienda y su radio, FM La Patriada. “Hay una sinergia entre el territorio de Villa 20 y la radio. Creo que el desafío de este año es fortalecer los contenidos, que puedan visibilizar no solo las demandas del barrio, sino también las experiencias que existen en el territorio. Eso permite contar cuestiones del día a día, que tienen que ver con la organización, la resistencia, con lo que sostiene a la comunidad frente a las adversidades”, dice Gonzales Ursi.

Otra de las organizaciones presentes en la investigación es la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet), que lleva casi 70 años prestando servicios públicos a ese partido del noroeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires. En 1999, la cooperativa se inició en la prestación de Internet, servicio que hoy provee a más de 12 mil usuarios, de los cuales un 20% vive en barrios populares. Pablo Fernández, gerente de Telecomunicaciones de Coopenet, contó las dificultades que la cooperativa enfrentó durante el año: “Como entidad social, por un lado, la cooperativa encara desde hace tiempo los problemas del tema del tipo de cambio, porque para la conectividad todos los insumos están dolarizados. Por otro lado, este último año nos complicó el tema de la importación de tecnología: se frenó la entrada de equipamiento, y eso nos dificultó concretar algunos proyectos como cubrir con fibra óptica algunos barrios”. Además, Fernández reconoce que la coyuntura actual es de incertidumbre: “Todo el problema va a ser los costos. El acercamiento del dólar paralelo al oficial nos va a generar un gran problema para las nuevas inversiones, en un contexto inflacionario donde la gente no puede cargar con un aumento de tarifas. Nosotros tenemos las tarifas socializadas, con un muy buen precio, pero no sabemos qué va a pasar de acá a tres meses, si vamos a poder seguir dando el servicio o si vamos a tener que hacer un aumento, siempre y cuando el socio-usuario lo pueda absorber. Esa es la gran pregunta que tiene el país en todo sentido”.

Mariela Baladrón, Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del proyecto, también reflexionó sobre el futuro de la investigación e intervención pública en el campo de la conectividad popular: “Estamos en un momento de mucha incertidumbre, porque ni en la campaña ni en la plataforma del gobierno que ganó las elecciones se dijo algo explícito sobre este tema. Pero frente a un gobierno entrante que habla de recortar, de que todo esté en manos de los privados, se puede reivindicar estos modelos de organización comunitarios, y tratar que se sostenga lo que se logró conseguir. Obviamente la expectativa es luchar por más, pero el contexto parece ser adverso”.

En su diseño teórico y metodológico, este trabajo se sirve de distintas perspectivas académicas: los estudios sobre comunicación comunitaria y alternativa, las políticas públicas audiovisuales y de telecomunicaciones y la economía política de la comunicación. Baladrón enfatiza la importancia de involucrar a las Ciencias Sociales en los análisis y debates sobre la conectividad en sus diversas formas tecnológicas: “Me parece fundamental que seamos parte de esta conversación, que aportemos miradas, trabajos y experiencias, porque no se trata de discusiones que tengan una resolución meramente técnica o económica. Es importante tener una mirada y un conocimiento social, sobre todo si pensamos en que la comunicación y el acceso a Internet son un derecho humano”.

«La ciencia y la tecnología permiten a la sociedad expandir y diversificar su matriz productiva»

«La ciencia y la tecnología permiten a la sociedad expandir y diversificar su matriz productiva»

Frente a las declaraciones de Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza sobre su proyecto de eliminar el ministerio de Ciencia y Tecnología y privatizar el Conicet, el Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado, explica la necesidad de que el Estado intervenga en esa materia para generar desarrollo productivo, empleo y crecimiento en el sector privado.

En su búsqueda por reducir el gasto público y tras haber logrado el 30% de los votos en las PASO, el candidato a presidente Javier Milei incluyó dentro de sus propuestas la privatización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación de dicho ministerio y Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), conversó con ANCCOM acerca la actualidad de la materia y qué significaría la pérdida de la inversión de políticas públicas en el área.

 ¿Cómo se hace desde el área de la ciencia y la tecnología para hacer frente a discursos que minimizan su aporte social?

El ámbito de la ciencia y la tecnología es importantísimo. Sobre todo, en una coyuntura electoral porque la sociedad argentina tiene una percepción muy positiva de la ciencia y la tecnología. Esto no es una intuición, está evaluado en encuestas federales hechas por el Ministerio. A partir de varios miles de encuestados, más de 6000, donde más del 80% apoyan a la ciencia y la tecnología argentina, creen que es una actividad muy positiva, valoran el financiamiento del Estado en el área, no quieren recortes, al igual que en salud y educación. Dicho eso, aparece la necesidad de un discurso clarificador. Si aparece alguien y te dice que al CONICET hay que privatizarlo, capaz alguien que está a favor de la ciencia y la tecnología y está interesado en lo que se hace en la institución, vea con buenos ojos que pase a manos privadas con miras de que sea más eficiente. Es un prejuicio de que todo lo estatal es negativo y todo lo privado es positivo. Gran disparate, al cual creo que tenemos que responder que el Estado necesita del sector privado, y el sector privado necesita del Estado. Lo que demuestran las economías desarrolladas es que aquellos países a los que les va bien es donde se logran asociaciones virtuosas de lo público y lo privado, donde el Estado genera políticas públicas que pueden favorecer al mundo de los negocios que maximiza ganancias con las reglas del juego de la democracia y del voto electoral por fuerzas políticas y por ende sus programas políticos.

 ¿Cuál es su perspectiva frente a la idea de privatización del CONICET?

Ya se parte del error de comparar la NASA con el CONICET. Donde Milei dice que la NASA tiene 7.000 personas y en el CONICET son 30.000. Al ser la NASA una agencia espacial, la tendría que comparar con la agencia espacial que es la CONAE, donde trabajan entre 300 y 400 personas. Lo más importante es entender que estamos frente a un economista ortodoxo, que asume posiciones políticas que vimos en los 90 en Argentina, que atrasa muchos años. Todo lo que dice que va a hacer ya lo vimos en la época menemista. Él se posiciona como un economista ortodoxo liberal, pero cuando uno lo quiere encuadrar en el contexto latinoamericano es ignorante y equívoco.

Recuerdo que en el año 1993 un informe del Banco Mundial recomendaba privatizar el CONICET porque así iban a ser abolidos más de 5.600 cargos del gasto público. Íbamos a abolir cargos de científicos y científicas, de tecnólogos. Ese informe fue expuesto en la década neoliberal privatizadora y achicadora del Estado por excelencia. Finalmente, no pasó nada, porque la recomendación era un disparate, significaba privatizar el semillero de agendas de investigación del país.

¿Cuál es el rol del CONICET para el aporte al conocimiento científico?

El CONICET creó más de 50 empresas de avance tecnológico, recientemente asociándose con el sector privado para hacer la primera vacuna nacional para el Covid (N. de la R: la vacuna ARVAC Cecilia Grierson). En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONAE) el reactor Carem es una iniciativa pública, porque además es una tecnología emblemática alrededor de la cual hay más de 120 pymes trabajando, y pasaron más de 1.000 empresas. El cannabis medicinal como un nuevo sector de la economía de alto valor agregado. O el sector espacial en la Argentina como otro sector de valor agregado donde hoy, gracias a la inversión estatal, están apareciendo empresas privadas y están haciendo negocios con el sector espacial. Eso no hubiera sucedido sin políticas de desarrollo de satélites nacionales, las universidades acompañando creando carreras de tecnología espacial para formar profesionales que demanda el sector. ¿Cómo se explica eso sin el Estado invirtiendo en satélites, o sin el CONICET involucrándose en el cannabis medicinal para que hoy las empresas privadas junto con la institución estén generando normativa, un marco jurídico legal para que sea también un ámbito de negocio para el sector privado, respondiendo una demanda de la sociedad argentina?

“El CONICET investiga sobre el Rey León” como dijo la candidata a vicepresidenta Villarruel, y te buscaron una investigación cuyo título puede sonar ridículo, pero después debería verse si es el título y qué incluye esa investigación con su impacto en las infancias. En el CONICET hay 12.000 investigadores, 9.000 becarios de doctorado, y 3000 becarios de posdoctorado ¿Qué pasa con los demás que no estudian al Rey León? Pero ahí está la eficacia comunicacional, porque con un caso se pretende demoler 2.000 proyectos. Eso es falso y una argumentación tramposa que tergiversa. Ahí es donde un votante, que viene de laburar cansado, que no tiene un buen salario, que se siente decepcionado por el gobierno actual, escucha eso y está más predispuesto a indignarse, y pensás que una persona que es candidato a presidente no te va a estar mintiendo en la cara, pero sí, mienten.

 ¿De qué modo la ciencia y la tecnología aportan valor a la sociedad?

La ciencia y la tecnología lo que le da a una sociedad son capacidades para expandir y diversificar su matriz productiva. La diversificación de la matriz productiva sobre todo del punto de vista manufacturero e industrial es lo que genera la demanda de nuevos empleos y nuevas actividades vinculadas a la economía, y eso lo vemos con el cannabis medicinal y el sector aeroespacial, que van cerrando una ecuación que en Argentina no cuadra: queremos tener celulares, pantallas de plasma, pero exportamos soja, para decirlo de una manera simplificada, donde no cierra la balanza comercial, que es un problema de la Argentina de hace muchos años. Hay una necesidad de exportar valor agregado a las exportaciones, que supone conocimiento, porque cuando se habla de valor agregado es una manera a través de la cual la economía alude al conocimiento incorporado a la producción, sea como nuevo producto o proceso, como formas de organización de una empresa, entre otras. Eso es conocimiento. Y hay que agregar al conocimiento de nuevos materiales, instrumentación, sin perder de vista las ciencias sociales.

 ¿Hay una estigmatización de las ciencias sociales por sobre las ciencias duras o exactas, en relación a su productividad?

Las ciencias sociales no tienen buena prensa en la derecha argentina. Para ellos son el management, la administración, y sin embargo son las que producen el conocimiento que necesita un país por ejemplo para hacer políticas públicas: desde una represa y conocer las condiciones socioeconómicas en la zona, hasta estudiar la pobreza, o cómo mejorar la educación pública en la Argentina haciendo un trabajo investigativo del tema a nivel federal, en un país que es complejo a nivel territorial, o entender las economías regionales, todo eso te lo van a dar las ciencias sociales. Cavallo mandó a lavar los platos a científicas y científicos, y entre ellos a Susana Torrado, una socióloga experta en demografía que lo que había hecho era hacer pública su investigación de la estructura socioeconómica de la Argentina, y lo que no le gustó a Cavallo era el sesgo hacia la pobreza y la desigualdad que mostraban sus investigaciones, mientras que ella era una de las mejores sociólogas de América latina, aportando conocimiento vital para cualquier política pública vinculada a pobreza, federalización, o cómo superar la desigualdad. Y del otro lado, un sector privado que es el que adora Milei, con el cual se marea, que sin embargo no invierte en investigación y desarrollo, y ese es el otro punto.

¿Qué rol juega la idea de lo público y lo privado en relación a la ciencia y la tecnología?

Hay un discurso que se propone demoler al sector público, y cuando se analiza con corte estadístico, en el sector público están las mayores capacidades que tiene nuestro país, mayores que en el sector privado, desde profesionales, títulos secundarios, terciarios y universitarios. Cualquiera sea la métrica, en el sector público hay recursos humanos más valiosos y capacitados. El discurso de Milei te monta en 40 años de estigmatización del sector público, y sobre eso las argumentaciones yuxtaponen falsedades con ejemplos que no son representativos.

Desde el Ministerio de Ciencia, para nuestras políticas hay un componente fundamental, que es cómo generamos instrumentos para incentivar la inversión privada mínimamente. Hay confusiones circulando, por lo que hay que ser cuidadosos. Por ejemplo, cuando se dice que en Israel se invierte más de cinco puntos del PBI en investigación y desarrollo. Alguien que sigue a Milei te va a decir que el 4.5% es privado, y el 0,5% es estatal. Pero ese porcentaje privado quizá no hubiese existido sin políticas estatales, así que ojo con tirar números al aire.

 ¿Un ente privado dejaría por fuera ciertas áreas que no considere meramente provechosas?

Claro. Hay un libro de Mariana Mazzucato del 2013, una investigadora ítalonorteamericana que trabaja en Gran Bretaña, que fue un bestseller. y vino a desmitificar la retórica de Milei, de ese sector privado eficiente e innovador, y un Estado elefantiásico, lento. Lo que dice Mazzucato es “Steve Jobs sin el estado norteamericano derramando millones de dólares en defensa, a lo sumo podría haber inventado un lindo juguete”. Desagregando ese argumento, los chips, gps, internet, pantalla táctil, todo lo desarrolló el sector de la defensa de Estados Unidos son inversión pública. Después llegaron los empresarios a usufructuar, porque hay una política pública que fomenta que el sector privado se beneficie de lo que desarrolla el Estado. Así, luego las tecnologías se reconvierten a usos civiles, como es el caso de Internet, que era una red de comunicación resiliente a un ataque nuclear, y hoy es de uso civil, como el GPS en defensa, al que no se puede acceder por su nivel de precisión, y el de uso civil con un nivel menos preciso que es el que se usa cotidianamente.

 ¿Qué se está desarrollando actualmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología en Argentina que podría verse truncado en un próximo gobierno con una política de desfinanciamiento estatal?

Principalmente el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PNCTI) , que hoy está vigente y marca el horizonte de las políticas de ciencia y tecnología porque se elaboró con las 24 jurisdicciones, las dos CTA, la Unión Industrial, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), empresas pymes, foros relevantes del sector de ciencia y tecnología, y con organizaciones sociales de la economía popular. Se buscó convergencia y consenso, y trabajamos dos años y medio con esa meta. Recorrimos el país varias veces, y salió ese plan. Ahí están 10 sectores estratégicos nacionales desagregados en misiones, cada sector estratégico dividido en tres o cuatro misiones, y cada misión desagregada en tres o cuatro estrategias de investigación, desarrollo e innovación, y además de las agendas estratégicas nacionales, elaboramos con cada una de las provincias una agenda de ciencia y tecnología para acompañar cada uno de los planes de desarrollo provincial. Una vez elaborados estos planes, cada gobernador o gobernadora debía avalarlo y así se está haciendo. Esto lo hacemos para que no importa quien gobierne en un futuro, se respete el Plan 2030 en cada provincia.

Cuando fuimos al parlamento para tratar de que se apruebe como ley para darle mayor formalidad, en el Senado se aprobó con 58 votos contra uno, y en Diputados está hace seis meses, porque se meten palos en la rueda para que no llegue a votación, principalmente desde el PRO y no así desde los radicales como Manes, que demostró estar bancando el plan. Mientras tanto, aprovechan para dilatar en medio de la coyuntura electoral donde se sesiona poco, y para luego no verse comprometidos con cuestiones que saben que no van a cumplir.

 

¿Qué mirada tiene a futuro para el sector?

Me parece que la ciencia y la tecnología deben ser nuestra bandera, porque partimos de una percepción social positiva del área. La estrategia sería que las provincias se empoderen de sus agendas sin importar su color político, como componente federal donde cada provincia elabora lo que necesita en un plan nacional, y suponiendo que gane Milei, no le sería tan fácil negar el plan cuando los gobernadores seguramente defiendan la agenda de sus provincias. Fortalecer ese plan 2030 con apoyo sectorial, de las empresas, de las pymes, del sector de ciencia y tecnología, para hacer frente a ideas de eliminar y privatizar la ciencia, por lo que seguramente habrá discusiones por las políticas en el área.