El aislamiento social, preventivo y obligatorio repercute en todos los trabajadores, y las personas con discapacidad no son la excepción. Debido a la interrupción de actividades de los talleres protegidos, se complejiza la situación de los concurrentes (así se denomina a los trabajadores de las instituciones) del Conurbano.
Las personas con discapacidad que asisten a los talleres no lo hacen solo por una cuestión laboral, también reciben allí el desayuno y el almuerzo, además los establecimientos funcionan como espacios de contención y esparcimiento.
En el marco de la Ley 26.816, sancionada en el año 2012, se organizan, a través de una norma específica, los talleres protegidos de producción, que son entidades estatales bajo dependencia de asociaciones con personería jurídica. Tienen como objetivo principal la capacitación laboral y el empleo significativo para personas con discapacidad física o mental.
Jaqueline Sánchez, trabajadora del Taller Protegido de la Asociación Padres y Amigos del Discapacitado (APyAD), más conocido como “San Cayetano”, de la localidad de Merlo, comenta: “Los talleres protegidos venimos teniendo un impacto negativo hace muchos años. Realmente es difícil poder sostener un espacio de trabajo real. Y las normativas que los regulan no están funcionando: los trabajadores de los talleres protegidos no tienen jubilación, no tienen ART, no tienen un sueldo digno y no podemos entrar a los programas de empleo porque pertenecemos a asociaciones civiles.”
Hasta abril, cada asistente a un taller protegido recibía un peculio de 1.800 pesos. Ahora, reciben 3.300 pesos mensuales.
La situación en el Conurbano bonaerense se intensifica con la pandemia; Virginia Ventriglia, responsable del Taller de Ayuda al Discapacitado de Moreno (TADIM) afirma que “desde el 16 de marzo, los trabajadores no asisten a la institución. Empezamos a hacer una vinculación a través de llamados telefónicos, video llamadas y se planteó una asistencia de alimentos”. Y agrega: “Ayudamos también a acceder a los trámites de ANSES o a diferentes trámites ante las necesidades de la familias, hay una contención más allá del concurrente.”
La presidenta del Consejo Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (COMUNIDIS), perteneciente al Partido de Moreno, Rocío Scotto, explica: “Está muy complicada la situación social, familias que antes no necesitaban ninguna asistencia, están necesitando asistencia, sobre todo alimenticia. Se están dando situaciones de violencia intrafamiliar con más frecuencia que antes.”
Ante esta coyuntura, Scotto comenta que “las instituciones son su espacio de referencia, son todo para los discapacitados. Si bien los talleres protegidos están orientados hacia lo laboral, también se trata de garantizarles otro tipo de recursos y actividades que, por su situación social, no acceden.” Y añade: “No es que ellos salen de ahí como si cumplieran un trabajo y después tienen una vida normal. Realmente ellos no acceden por una cuestión de falta de inclusión en la sociedad o por una cuestión principalmente económica.”
Los talleres protegidos están enmarcados en un convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del cual, los trabajadores perciben un peculio, es decir, un salario que, hasta marzo de este año correspondía a 1.800 pesos y a partir de abril subió a 3.300 mensuales. Jaqueline explica que “una parte la cobran con una tarjeta del Ministerio y otra parte la cobran en el banco por ventanilla, como para complejizar aún más la situación.”
Ante esta realidad de los talleres protegidos, en marzo se creó la Red Federal de Emergencia porque, según Sánchez, “ya no podían pagar los sueldos ni las cargas patronales” y aclara que “hay un petitorio que está destinado al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidiendo la acción urgente en beneficio de los talleres protegidos.”
«Los trabajadores de los talleres protegidos no tienen jubilación, ART, ni ingresan a programas de empleo», dice Sánchez.
En el Municipio de Merlo, la Subsecretaría de Educación contrata los servicios de los APyAD para los eventos. “La experiencia siempre fue muy buena, no solo para los trabajadores del taller, es un avance para la inclusión”, según Victor Padula, a cargo de la Dirección de Discapacidad. En cuanto cómo volverán a vincularse con los talleres protegidos, comenta que “cuando esto retorne a la nueva normalidad, veremos cómo incluirlos nuevamente, pero no es una tarea fácil.”
Desde el Observatorio para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Héctor Fillippa, comunica que “el objetivo central de este organismo consiste en monitorear el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de educación, salud, accesibilidad y empleo.” Y cuenta que ante los acontecimientos “solicitamos al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo ser incluidos en la tarjeta alimentaria, y también pedimos accesibilidad en cuanto al IFE.”
El Observatorio está integrado por grupos de trabajos de salud, vivienda, deportes, género, entre otros. Fillippa afirma: “Nosotros tenemos que ver el grado de cumplimiento que tiene la Convención en Argentina y realizar recomendaciones al Estado. Hoy el tema del Covid-19 está en el centro de la cuestión en todas las áreas.”
En materia sanitaria, Scotto afirma que COMUNIDIS, conformada por 30 instituciones, junto con la Secretaría de Salud de Moreno, elaboraron un protocolo específico para abordar casos de Covid-19 positivos de personas con discapacidad.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio afecta al empleo significativo en numerosos aspectos: por la disposición del cierre de los talleres protegidos y el cese de actividades productivas, genera que las empresas que volvieron a funcionar empiecen a trabajar con otros comercios, por lo que, después de la pandemia, no es seguro que continúen solicitando sus productos y/o servicios.
Tampoco es sencillo sostener las instituciones, que perciben gastos fijos de servicios, la mayoría sin subsidios, como luz, telefonía y gas, sin las ganancias que contribuyen al sostenimiento de los mismos. Además, las personas con discapacidad cuentan con dificultades mayormente, de salud que hace que los cuidados sanitarios sean máximos.
Por último, hay que contemplar de la situación particular de cada concurrente, que está atravesada por cuestiones económicas y sociales, y asiste diariamente al taller protegido para trabajar por 3.300 pesos al mes.
Texto: Marina Matos e Indira Alba (Universidad Nacional de Moreno) |Fotos: Camila Bonaudo (Universidad Nacional de Moreno)
Según el último informe del INDEC, el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad y se estima que entre el 75% y el 80% de las que se encuentran en edad laboral está desocupada. Una de sus opciones de empleo es en talleres protegidos de producción, pero el monto que cobran ni se acerca al valor de un salario mínimo, vital y móvil. ¿Qué son estas instituciones? ¿Qué dice la norma sobre estos talleres y cómo repercute en ellos la situación económica actual?
El Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad está establecido por la Ley 26816, sancionada en el año 2012 y reglamentada parcialmente en el año 2015. Los talleres tienen como principal objetivo mejorar el acceso al empleo de las personas con algún tipo de discapacidad, promocionando su desarrollo laboral, y deben favorecer la obtención, conservación y progreso en un trabajo
Actualmente, hay 173 talleres protegidos que tienen convenio con la Provincia de Buenos Aires. En general, estos espacios se sostienen mediante el monto que reciben en concepto de beca por cada persona con discapacidad que incorporan a su matrícula, abonada por el gobierno bonaerense, a lo que se suman las donaciones de terceros y la comercialización de los bienes o servicios que producen.
Por otro lado, las personas con discapacidad que trabajan en estos talleres reciben un monto de 1.100 pesos en concepto de peculio, que también paga el gobierno provincial, más un plus aportado por el Estado Nacional de 500 pesos. Además, en algunos casos, parte de las ganancias obtenidas por la venta de los bienes o servicios producidos se reparte entre los trabajadores.
Lo cierto es que se trata de montos muy bajos si se los considera como lo que realmente son: la remuneración por el trabajo que hacen. “¿Quién trabaja por 1.600 pesos al mes, por una jornada de cuatro horas al día y con las tareas que realizan?”Eso se pregunta Jaqueline Sánchez, coordinadora general de la Asociación Padres y Amigos del Discapacitado, que tiene un taller protegido ubicado en la localidad bonaerense de Merlo, en donde actualmente trabajan cuarenta y cinco personas con discapacidad. Allí se dedican a la producción de bienes y servicios como bolsas de polietileno, panificados, ensamble de piezas plásticas, servicios de lunch, catering y pizza party.
Son trabajadores y, como tales, tienen derechos y obligaciones. Sánchez sostiene que ellos hacen hincapié en esta cuestión: “Cuando ingresan saben que tienen que cumplir un horario, que tienen que presentar certificados médicos si faltan, que tenemos un reglamento interno donde figuran varias causas por las cuales se pueden quedar sin la vacante.”
Si bien ofrecen actividades complementarias más flexibles (recreativas, formativas y terapéuticas), cuenta que las exigencias a los trabajadores responden a un objetivo “La intención siempre es que puedan egresar del taller y conseguir un trabajo en la comunidad. Un trabajo que ellos quieran y elijan.”
El espíritu de la norma, la organización laboral y la responsabilidad que se espera de los trabajadores parecieran responder a la promoción de igualdad en cuanto al acceso al empleo para personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, el monto en la remuneración dista mucho de representar paridad de ingresos. Mientras un trabajador de taller protegido gana 1.600 pesos, el salario mínimo, vital y móvil es de 12.500 pesos, según la última actualización en el mes de marzo. Y el gobierno ya anunció para después de las PASO un incremento de un 12%.
Un trabajador de otro taller protegido de producción, que tiene discapacidad motriz y que no quiso identificarse., sostiene: “No protestar por el aumento en el pago también hace que el monto sea tan bajo.” Y el escaso o nulo reclamo respondería a que “la mayoría son personas que tienen discapacidades mentales y no saben el valor del dinero; para qué alcanza y para qué no, si es mucho o poco.”.
Actualmente quienes asisten a estos lugares no cuentan con obra social ni ART, a pesar de que manejan máquinas y muchas veces, por la dinámica de las tareas, están en la calle expuestos a diferentes peligros. Tampoco tienen garantizado el derecho a una jubilación, aunque algunos trabajan en estos emprendimientos hace más de treinta años, según cuenta Jaqueline Sánchez.
La situación económica de los talleres empeoró debido a la crisis actual del país. Muchas empresas que contrataban los servicios, para recortar gastos, fueron dando de baja progresivamente estos acuedos o sosteniendo únicamente los geográficamente más cercanos, en especial los de la Ciudad de Buenos Aires.
Es el caso del Taller de Ayuda al Discapacitado de Moreno (TADIM) que tiene una matrícula de treinta becas más tres pasantes y actualmente su única actividad productiva es la carpintería. “Hoy no hay nada de trabajo. Hace meses que estamos parados”, afirma María Eugenia Carbonell, psicóloga e integrante del equipo técnico de este taller, quien agrega: “Llamamos a las dos empresas con las que solíamos trabajar y nos dicen que no tienen nada de trabajo; estuvimos buscando otras empresas y la verdad es que el mercado laboral está complicadísimo.”
Actualmente, el único ingreso fijo garantizado a los talleres es el de las becas por trabajador que paga el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, ya que las donaciones que recibían también disminuyeron. Virginia Ventriglia, coordinadora de TADIM, cuenta al respecto: “Teníamos donaciones de Avícola Moreno, pero veníamos recibiendo también de otras empresas,m como por ejemplo Granja Don Eugenio. Nos donaban una vez por semana, después fue cada quince días y ahora, cuando pueden.” Además, las donaciones de particulares y vecinos desaparecieron.
“Viene mucha gente que, como digo yo, lo que menos les pasa es la discapacidad -agrega-, tienen cuestiones sociales que son más importantes. Acá, al mediodía almuerzan siempre. Y a veces lo único que comen en el día es lo que reciben acá. Con toda la situación que se vive hoy, es difícil también poder trabajar cuando hay una cuestión de necesidades básicas que no está cubierta”.
El Estado, en todos sus niveles, mantiene una deuda histórica con las personas con discapacidad: garantizarles la igualdad de acceso al mundo del trabajo, teniendo en cuenta no sólo su capacidad para desarrollar determinadas tareas, sino también sus necesidades y deseos. Mientras los equipos técnicos de los talleres protegidos trabajan para que los concurrentes se asuman como trabajadores, quienes deberían garantizar la posibilidad de acceso a un empleo con un sueldo y condiciones laborales dignas, siguen sin dar respuestas.
