May 11, 2021 | Novedades, Trabajo
En 2015 dos niños perdieron la vida en un taller textil de Flores.
Presentado por Editorial Prometeo, ¿Quién hace tu ropa? es un libro que compila una serie de estudios pormenorizados de la difícil situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la industria de indumentaria textil argentina. Los coordinadores de la investigación son Andrés Matta, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador, y Jerónimo Montero Bressan, geógrafo e investigador del CONICET en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, quienes junto a un equipo de investigadores abordaron las cuestiones estructurales, productivas, laborales, y migracionales que operan sobre los talleres de indumentaria desde una mirada necesaria. En diálogo con ANCCOM, Montero Bressán cuenta que “el libro surge de la necesidad de juntar todos los escritos de quienes trabajamos sobre el tema”. El resultado fue una serie de capítulos que abordan las problemáticas de los talleristas en un escenario repleto de presiones empresariales y carente de controles, donde la informalidad laboral representa el 70por ciento del sector productor.
El libro, que gira en torno a la situación de los talleres de indumentaria, pone de manifiesto el problema de la superexplotación y la tercerización laboral desarrollada a partir de una serie de consecuencias económicas ocurridas a nivel nacional y global que comenzaron a gestarse en la década del setenta, a partir de la inestabilidad económica del país y de un fuerte proceso de desindustrialización. Siguiendo el modelo de abaratamiento de costos liderado por megamarcas como Nike, los empresarios nacionales se lanzaron a la implementación de la tercerización laboral. Montero Bressan explica que “la subcontratación se vuelve masiva a finales de los años ochenta, cuando en vez de producir grandes cantidades de ropa estandarizada, las fábricas empiezan a cerrar y se empieza a importar ropa por poca plata. Entonces las empresas locales se dedicaron a diseñar ropa o a traer de afuera y comercializarla. En el caso del diseño, a los mismos trabajadores, sobre todo mujeres, los mandaban a la casa con la máquina de coser al cerrar la fábrica. Ahí seguían produciendo ya no como obreras industriales que tenían un salario fijo con derechos laborales y aguinaldo, sino que pasaron a cobrar a destajo y a su propio riesgo”.
En 2016 un incendio provocó la muerte de 5 niños y una mujer embarazada en un taller clandestino en la calle Luis Viale.
Ese modelo de subcontratación se extiende hasta nuestros días, representa al 70 por ciento del sector de trabajadores de indumentaria. Esta situación acarrea problemas causados por la falta de derechos laborales, que excluye a los talleristas informales de contar con obra social, seguro, aportes para una jubilación, aguinaldo, vacaciones, entre otras cuestiones. Montero Bressán señala que “la subcontratación es una responsabilidad principalmente de las marcas, y también hay una responsabilidad muy grande de los feriantes de La Salada y los empresarios de calle Avellaneda. Hoy, todas las empresas que se dedican a la comercialización no producen nada, o se dedican -aparte del diseño- al corte, como mucho”. Al ser consultado por la cantidad de talleres informales que operan para la feria de La Salada, explica que “durante el 2013, Matías Dewey (sociólogo y doctor en Ciencia Política) haciendo un estudio muy pormenorizado en La Salada, calculó que detrás de todos esos puestos tenía que haber por lo menos trece mil talleres, todos no registrados”.
¿Quiénes cuidan a los trabajadores?
El 30 de marzo de 2006, un incendio en el taller clandestino que operaba sobre la calle Luis Viale al 1269 en Caballito provocó la muerte de cinco niños y una mujer embarazada. El hecho se dio en un contexto donde sesenta y cuatro personas convivían y trabajaban en condiciones de hacinamiento, lo que produjo que el fuego iniciado a partir de un cortocircuito se extendiera rápidamente por todo el taller. Se supo que en este lugar se producían pantalones de jean que luego eran comercializados en un local del barrio de Flores, ubicado sobre Avenida Avellaneda. Luego del juicio en 2016, se condenó a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, capataces del taller, a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre y estrago culposo seguido de muerte. Una suerte distinta corrieron Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, los dueños del taller, que fueron sobreseídos en 2019 por prescripción de la causa debido a la falta de pruebas. Montero Bressán señala que “después del incendio de la Calle Luis Viale, el subsecretario de la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Lieutier, calculó junto a organizaciones de talleristas que había alrededor de cinco mil talleres en la Ciudad de Buenos Aires. Se puede decir que las más de 120 marcas denunciadas por subcontratar talleres -entre las que se encuentran, por ejemplo, Mimo y Cheeky– están dentro de esos cinco mil”.
En el año 2015, otro incendio similar ocurrió en un taller del barrio de Flores, donde dos niños -que se encontraban encerrados en el lugar- perdieron la vida por negligencia. La falta de controles y de legislación para preservar los derechos de los talleristas provocan un problema que dista de mejorar. Para Montero Bressán “estamos a cinco minutos de un nuevo incendio en un taller clandestino. En el momento en que haya una reactivación económica, va a influiar de manera muy fuerte a este sector. La gente va a salir a comprar ropa, porque es una de las primeras cosas que se recupera, pero esa recuperación del sector va a estar sobre la base del sector informal. Esto es lo que pasó en 2003, 2004 y en ese contexto fue que en 2006 ocurrió lo del taller clandestino de Luis Viale: la industria estaba produciendo a morir pero sobre la base del empleo informal. Tememos que esta vez pase lo mismo, que la recuperación del sector se sostenga sobre la superexplotación de migrantes en talleres. Si hay un nivel de falta de control como hoy en día, probablemente vuelva a suceder”.
Los capataces del taller incendiado en Luis Viale al 1200 recibieron 13 años de prisión, pero los dueños fueron absueltos.
La falta de controles gubernamentales y de organización sindical por parte de los talleristas es potenciada por la situación de precariedad laboral, donde un gran número de los trabajadores informales son migrantes no registrados en una situación de extrema indefensión, quienes además realizan jornadas, en promedio, de doce horas diarias, donde se busca producir la máxima cantidad de prendas por hora. La elevada intensidad laboral es acompañada por una paga muy por debajo de su valor real, malas condiciones ambientales y de higiene, exposición constante a partículas de tela que son inspiradas y acarrean problemas pulmonares, entre otras problemáticas. Esta serie de factores determina un conjunto de riesgos que arremeten fuertemente contra la salud y el bienestar de los trabajadores. En cuanto a las costureras, el libro también visibiliza las situaciones de abuso y acoso de género que repercuten en su salud tanto física como mental.
El futuro de los talleres
Para Montero Bressán “las perspectivas son malas, principalmente porque entre les costureros no hay organización, lo único que existen son cooperativas que en este sector están peleando muy fuertemente por sobrevivir todo el tiempo, porque están compitiendo en un sector en donde el precio de su contratación es muy bajo y comercializar es muy caro y difícil, necesitás otro capital al que las cooperativas no tienen acceso, entonces lo único que pueden hacer es producir a fasón”. Esto significa que los talleristas dependen del trabajo tercerizado que les brindan las marcas, al mismo tiempo que están ligados a los vaivenes económicos que repercuten directamente en su margen de ganancias, que ya de por sí es muy bajo. A falta de medidas concretas a favor de los talleristas, la organización se torna crucial en este punto. “El sindicato SOIVA (Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines), que es de costureros y costureras, no hace nada. Si vos no tenés un sindicato fuerte que reclame, es muy difícil que los gobiernos decidan empezar a controlar el sector, porque no hay quien demande que esto cambie. Las empresas tienen poder de llegada a los medios y tenés un sindicato que hace lo que dicen las empresas”. La fragmentación de los eslabones de la cadena productiva de la indumentaria y la falta de un sindicato fuerte produce un quiebre en la organización del colectivo de trabajadores, que no logra cohesionarse para hacer frente a la situación de precarización laboral.
“Hoy la Cámara de Indumentaria tiene mucho peso en el Ministerio de Producción, pero está pensando solamente en recortarle impuestos a las empresas. Me parece que no va por ahí la solución al sector, lo que hay que hacer es controlar”. De igual manera, y para generar algún tipo de mejora a la situación, Montero Bressán explica que a partir de la publicación del libro “armamos un grupo para impulsar el proyecto de establecer una trazabilidad, para que la ropa tenga una etiqueta más que muestre cuáles son los lugares donde se produjo. Entonces el inspector podría ir al local, escanear las etiquetas y ver dónde se fabricó, si no hay información o no coincide con el taller, es que se hizo en negro”.
Dentro de esta obra que relata las vivencias y abusos a los que los talleristas son sometidos, los autores proponen una serie de propuestas para el desarrollo del sector a partir del fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, basándose en la innovación, la sustentabilidad y los servicios de apoyo que garanticen un trabajo en condiciones dignas y alejado lo más posible de los peligros de la precariedad e informalidad laboral. La denuncia que lleva a cabo este libro fue coordinada y escrita por Andrés Matta y Jerónimo Montero Bressán, y también tiene como autores de los capítulos a los investigadores Cristina Etchegorry, Cecilia Magnano, Carolina Orchansky, Nahuel Aranda, Juan I. Staricco, Ariel Lieutier, Carla Degliantoni, Paula Salgado, Ayelén Arcos y Antonella Delmonte Allasia.
Jun 21, 2016 | inicio
El 30 de marzo del 2006 un pequeño cortocircuito desató un incendio en un taller textil clandestino ubicado en la calle Luis Viale 1269, en Caballito, donde trabajaban y vivían hacinadas varias familias de origen boliviano. Seis personas murieron quemadas, de ellas, cinco eran pequeños y la restante, una mujer embarazada. El episodio parecía inevitable en un lugar con 66 personas trabajando jornadas de 15 horas, con 40 máquinas de coser en la planta baja, dos precarios entrepisos de chapa y madera, donde las habitaciones eran delimitadas por telas, y las excesivas zapatillas eléctricas estaban saturadas de cables.
Ayer, poco más de una década después de la tragedia, la justicia condenó a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condorí, los dos capataces del taller, únicos imputados, a 13 años de prisión por “estrago culposo seguido de muerte” y “reducción a la servidumbre”.
Correa, argentino, era encargado de llevar las telas al lugar para su costura y luego distribuía las prendas a distintos locales de ropa masculina. Sillerico, boliviano, era quien “reclutaba” a los trabajadores y sus familias en Bolivia bajo la promesa de trabajo, techo y tierra, y también trabajaba, como varios de sus hijos, adolescentes, en el taller.
Luis Fernando Rodríguez, padre de una de las víctimas. Foto: Archivo ANCCOM
Ninguno era propietario del lugar ni dueño de JD, Wol y LDV, las marcas de ropa masculina que comercializaban las prendas confeccionadas en el taller. Esos roles los cumplían Daniel Fischberg y Jaime Geiler, quienes conforman según surgió en el juicio, una sociedad textil de la que dependen las marcas mencionadas y son, desde hace años, reconocidos comerciantes de la industria textil. Ni ellos ni ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad, que debía inspeccionar y confirmar la habilitación del lugar, están imputados en la causa. No obstante, el reciente fallo ordenó finalmente investigar a los propietarios del taller.
El caso que desnudó el modo de producción del que se valen marcas de ropa de primera línea, estuvo en un principio investigado por el juez de instrucción Alberto Baños, quien se limitó a develar las causas del incendio y no las implicancias que dieron paso a la tragedia. El expediente estuvo cajoneado durante cuatro años y en dos oportunidades la justicia de primera instancia intentó cerrar la causa con juicios abreviados, siendo la determinación de los sobrevivientes y familiares de las víctimas lo que mantuvo a flote el proceso. Además del oficio de los abogados querellantes Gabriel Chamorro, en la causa civil, y Miriam Carsen, en el proceso penal, y del apoyo de diversas organizaciones sociales, partidos de izquierda y hasta el propio Presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y ex cónsul de Buenos Aires, José Alberto González Samaniego, quien se mostró sumamente interesado.
Todos ellos consiguieron, además de reimpulsar la causa, agregar a la carátula la imputación de “reducción a la servidumbre”, delito imprescriptible, por ser considerado de lesa humanidad, que prevé penas de entre 10 y 20 años de reclusión. Ayer, Adrián Pérez Lance, Rafael Alejandro Oliden y Fátima Ruiz López, integrantes del Tribunal Oral Criminal 5, dictaron sentencia luego de los alegatos que terminaron a principio de mes y que incluyeron, desde la defensa, frases como: “Los bolivianos son más sumisos laboralmente”; “tenemos que entender que estaban mejor que en su pueblo” y, en referencia a Sillerico, “no sabe qué es la reducción a la servidumbre debido a su primitiva educación ya que apenas terminó la primaria”, tal como lo intentó socorrer su representante legal, Norma Bouyssou. Correa tenía como defensor al mediático abogado Marcelo Biondi, quien participó en la defensa de Carlos Mangeri, finalmente condenado por el femicidio de Ángeles Rawson.
Marcha y acto por el 10mo. aniversario del incendio del taller textil de Luis Viale. Foto: archivo ANCCOM
Juan Vásquez es uno de los impulsores de la causa. Su organización Asociación Simbiosis Cultural nació luego de la tragedia de Luis Viale, con la propuesta de buscar justicia y visibilizar el destino que los bolivianos suelen encontrar en Argentina. “Este caso funcionó para destapar la manera en que trabajan en los talleres clandestinos. Tanto aquí como en Bolivia, se empezó a entender de qué se trataba. Fundamentalmente, la vulnerabilidad en la que se encuentra un inmigrante ilegal que debe trabajar jornadas de 14 horas, o más, por día, con una paga que imposibilita el acceso a la vivienda logrando que la única opción sea dormir en los propios talleres. En Luis Viale se pagaban 50 pesos por semana a cada trabajador, apenas alcanzaba para la comida de las familias”.
Vásquez asegura que esto no se termina aquí, ahora irán por los verdaderos responsables de las muertes de Luis Quispe, Rodrigo Quispe Carbajal, Harry Rodríguez Palma, Elías Carbajal Quispe, Wilfredo Quispe Mendoza y Juana Vilca Quispe. “Tenemos la idea de comenzar una nueva causa en donde se impute a Fischberg y Geiler, quienes se hicieron ricos a través de estos métodos de producción y parecen, hasta ahora, totalmente invisibles ante la justicia. Pero su responsabilidad es innegable: sus marcas comercializaban las mercancías que se hacían en el taller para venderlas en la calle Avellaneda y las boletas de los servicios públicos de la propiedad llegaban a su nombre”.
Actualizada 21/06/2016
Abr 6, 2016 | inicio
Juana Vilca Quispe hoy tendría 35 años y un hijo de 10. Wilfredo Quispe Mendoza habría cumplido los 25 y Elías Carbajal Quispe, 20. Luis Quispe y Rodrigo Carbajal Quispe tendría 14, al igual que Harry Rodríguez Palma. Pero el incendio del taller clandestino ubicado en la calle Luis Viale 1269, donde trabajaban hace 10 años en condiciones paupérrimas, los condenó a la muerte. Sus cuerpos fueron encontrados abrazados en un último acto de amor, todos incinerados, todos ciudadanos bolivianos víctimas de un sistema malicioso de corrupción sistematizada que vende prendas confeccionadas con el sudor de los trabajadores extranjeros esclavizados.
La marcha comenzó a las 17 horas en las esquinas Donato Alvarez y Gaona, encabezada por varios familiares y amigos de las víctimas. Junto a ellos se encontraban militantes de una larga lista de agrupaciones: el Colectivo Simbiosis, el Partido Obrero, Nuevo Encuentro, el MST, el Movimiento Evita, Casona de Flores, Patria Grande, Soho, Alameda, Paso a la mujer trabajadora, UTC, Comisión de trabajadores de Paty, Sindicato Argentino de los Trabajadores del Cuero y otras organizaciones y vecinos indignados que se sumaron y fueron hasta Galicia 1241, donde se realizó la primera parada y escrache a una fábrica, propiedad de los antiguos dueños del taller incendiado en 2006.
Delia Colque, de Simbiosis Cultural, contó a ANCCOM :“El juicio oral arranca el 19 de abril. Hay dos posibilidades: que se cambie la carátula, que es a donde estamos apostando, o que se mantenga tal cual esta, lo que implicaría que ningún culpable entre a la cárcel. De esta manera, Luis Siderico y Juan Manuel Correa, encargados de taller y de corte respectivamente, queden libres. Los dueños del taller, Damián Fischberg y Javier Geiler, ni siquiera fueron procesados. El cambio de carátula haría que ellos paguen por esto. Deberían también hacerse cargo todos los responsables políticos.”
Delia, una trabajadora de origen boliviano, que actualmente ha conseguido trabajar en otros talleres, agregó: “Muchos de nosotros trabajamos en grandes fábricas donde nos siguen sobre-explotando. La producción que antes hacíamos en 14 horas, ahora las hacemos en 10. El sistema no se modifica. Pero creemos que con la organización podemos cambiar este sistema. Si no hacemos este tipo de marchas, como recordar lo que paso en Luis Viale, si no mantenemos viva la memoria, las cosas no van a cambiar”.
Por su parte, Marcelo Ramal, diputado porteño por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), presente en la marcha, afirmó: “Recordamos uno de los crímenes más terribles contra la infancia y los trabajadores argentinos. Hay que dejar establecido que está impune, como todos los crímenes que se cometen cotidianamente contra trabajadores y niños en talleres de trabajo semi-esclavo”. El legislador agregó: “En la ciudad hay todavía 30.000 trabajadores en estas condiciones. El año pasado ha habido otro incendio en la calle Páez. El Estado ha establecido una zona liberada en beneficio de las empresas textiles que proveen a las grandes marcas. La marcha de hoy pide el juicio y castigo de los responsables pero también el fin del trabajo esclavo.”
“Para Luis Viale/ Justicia Ya/ los responsables tras las rejas estarán“, gritaban los manifestantes que, junto a las banderas de las diferentes agrupaciones, llevaban muñecos de cartón que representaban las seis muertes.
La segunda parada se hizo alrededor de las 18:30 en el lugar donde sucedió el hecho, en Luis Viale 1269. Allí, los manifestantes pintaron en la pared: “Luis Viale, 10 años, justicia” .
Lourdes Hidalgo fue una de las sobrevivientes del hecho; emocionada, sin poder contener la bronca y la emoción , le dijo a la multitud organizada :“Para nosotros, los que hemos sobrevivido, es muy doloroso ver este lugar donde murieron nuestros compañeros. Nunca me voy a olvidar lo que viví con ellos, no me voy a olvidar esos rostros, vivimos con esas cicatrices que nunca podrán sanarse. Es doloroso ver el lugar, ver donde murieron niños inocentes que tenían la vida por delante.”
Lourdes Hidalgo, sobreviviente del incendio en 2006.
La mujer añadió: “También estamos indignados, con bronca, por estos 10 años de impunidad y el hecho de que los verdaderos culpables están libres, ni siquiera están procesados los dueños, nada más están procesados los encargados. Los grandes burgueses, los grandes capitalistas, siguen explotando a la gente. Y nuestros gobernantes saben muy bien cómo traer a nuestra gente para explotarla. Tengo un gran dolor que siento dentro por todas estas muertes, pero nosotros los que sobrevivimos, no vamos a olvidar a nuestros mártires que han derramado sangre cosiendo ropa. Nuestra ropa, la que usamos, está manchada de sangre.”
Gerónimo Montero, uno de los organizadores de la marcha, contó a ANCCOM: “La causa recayó en un juzgado de primera instancia donde se arregló un juicio abreviado, dándoles 3 años a los talleristas. Los dueños de la marcas nunca estuvieron imputados y lo importante de este caso es que sienta precedentes para todos los casos que se vienen contra las grandes firmas. A lo largo de estos años, la causa estuvo en cajón, hubo dos juicios abreviados, que es algo ilegal y ahora está en el Juzgado Oral Criminal de la Ciudad Nº 5 , desde hace cinco años”.
Montero remarcó: “Los jueces son Adrián Pérez Lance y Fátima Ruiz López y el fiscal es Fabián Celiz consideraron que fue un homicidio culposo, cuando fue un hecho comparable con Cromañón. Había una situación de reducción a la servidumbre muy clara. Exigimos poner presión sobre los jueces para que declaren que este es un delito con dolo eventual y que se suba la cadena de responsabilidad y caigan las marcas.”
Este era un típico taller satélite. Las grandes marcas montan un taller y simulan un alquiler a un empleado jerarquizado que, a su vez, emplea personal en condiciones infrahumanas. La dependencia de los talleristas con respecto a los dueños de las empresas textiles es irrefutable. “Las marcas tienen ahora el discurso de que han blanqueado la cadena productiva -dice Gerónimo-, lo que es totalmente falso.”
Marcha y acto por el 10mo. aniversario del incendio del taller textil de Luis Viale.
Por su parte, Myriam Carsen, la abogada de la familia Rodríguez, explicó a ANCCOM : “El 19 de abril comienza el juicio oral. Nosotros vamos a trabajar por demostrar que lo que hubo aquí fue un homicidio y los que están siendo imputados sabían que las condiciones en que estaban pudieron haber causado muertes y no hicieron nada para prevenirlo”.
El taller estaba habilitado legalmente para cinco obreros. Sin embargo, 69 personas trabajaban y vivían en él. En el entrepiso del taller se habían hecho una serie de construcciones precarias con instalaciones eléctricas más precarias aún que provocaron un incendio por recalentamiento de cables. El fuego se prendió rápidamente y murieron quienes estaban en los pisos superiores, en pleno descanso.
En palabras de Edgardo Castro, inspector de la Ciudad y miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), “Ningún taller puede funcionar actualmente sin la complicidad de los gobiernos de turno”. Hay una intencionalidad desde arriba del Estado para imponer este sistema de trabajo, con servidumbre y persecución de trabajadores inmigrantes.”
Lourdes Hidalgo finalizó el encuentro recitando una poesía de su autoría. Ella llegó a la Argentina para pelear por su sueño de ser escritora, pero quedó -como muchos inmigrantes- inmersa en un circuito de trabajo en negro y en condiciones de explotación. Lourdes declamó:
“Talleres clandestinos, ropa sucia,
por paga miserable del negrero.
Vampiro que secreta en la penuria.
Patrones del infierno de los lienzos.
La máquina no para,
vino tinto y carcajadas en el taller,
suicidas dignidades, colchón,
cama caliente y agotamiento.
Sucio galpón de sótano inmigrado,
veranos de sudor sin almanaque,
para que aguante el lomo alguna coca
morder entre la bronca del obrero,
rutina carcelera que transcurre
sin que el diario lo destaque.
Taller clandestino,
30 de marzo del 2006,
donde mis dos compañeros
Y 4 niños inocentes
perdieron sus vidas.
Taller clandestino asesino
un mundo paralelo y ventajero,
sin sábanas, ni amor ,ni documento.
Y quiero pegar un grito a la liberación ,
después de medio siglo de humillación,
compañeros obreros
todos juntos luchemos
no más al trabajo esclavo
en todo el mundo entero.
Actualizado el 06/04/2016
Sep 16, 2015 | inicio
Baja costura, escrita por Soledad Galarce y dirigida por Mariano Caligaris, devuelve al teatro su función primigenia: la crítica social. Presentada por primera vez en 2011 y reestrenada a principios de este mes, cuenta la historia de dos jóvenes diseñadoras de clase alta que se sirven de un taller clandestino para fabricar sus prendas.
La obra tiene el apoyo de la cooperativa La Alameda –que lucha contra el trabajo esclavo– y es interpretada por Moyra Agrelo y la propia Soledad Galarce en los papeles de Delfina y Catalina.
El público entra a la sala y se encuentra con moldes, hilos, telas y máquinas, como si en vez de un teatro ingresara en un taller. Las dos protagonistas bailan y festejan vestidas con alta costura, cuando de golpe se deben enfrentar a la realidad: una faja de clausura que las hará volverse, paulatinamente, en las costureras de su propia maquila.
Luego vendrá la alienación, los restos de comida rancia que sus trabajadores les dejaron hace apenas unas horas y el polvo que irá llenando sus pulmones. “Elegí la problemática porque tiene que ver con mi contradicción: yo soy vestuarista y disfruto de la ropa y de la moda como expresión de una sociedad. Sin embargo, se le contrapone lo que hay detrás y allí es donde empiezan a surgir las preguntas”, afirma Soledad, quien por su trabajo tomó contacto con una costurera peruana y en ese momento nació Baja costura.
“Elegí la problemática porque tiene que ver con mi contradicción: yo soy vestuarista y disfruto de la ropa y de la moda como expresión de una sociedad. Sin embargo, se le contrapone lo que hay detrás y allí es donde empiezan a surgir las preguntas”, afirma Soledad Galarce
“Cuando la conocí, ella trabajaba en un sótano en el barrio de Once donde había entre cuarenta y cincuenta máquinas. La gente alquilaba las mesas, dos metros cuadrados para cada uno, y en ese sótano gigante comían. De repente, se tiraban a dormir, y también había nenes. Estaban todo el día ahí adentro, no había ventanas, sólo un ventilador en una esquina”, recuerda.
A Soledad la impactó ver ropa de primeras marcas en esas mesas, pero más enterarse cuánto ganaban las mujeres. “Por una prenda que salía 300 pesos, les pagaban 2. Ni siquiera un 10 por ciento”, afirma.
La obra comienza mostrando los prejuicios de las dueñas del taller, que despiertan las risas de los espectadores, y termina con fragmentos audiovisuales y documentales de trabajadores bolivianos que pudieron liberarse de la esclavitud. “Las máquinas de coser, las telas, las tijeras, todo esto, además de ser un material cercano, me parecía teatralmente interesante.
Al principio fue un ejercicio estético pero luego empezamos a investigar y entonces apareció el tema de los talleres clandestinos”, puntualiza Soledad, para lo cual se vinculó con la organización La Alameda.
Guillermo Conde, militante de la organización y ex trabajador de la fábrica Soho, explica que lo que puso al tema en el tapete público fue el incendio del taller clandestino de Luis Viale 1269, en Caballito, ocurrido en 2006, en el que murieron dos adultos y cuatro niños, todos de origen boliviano.
Desde entonces fueron denunciadas 113 marcas ante la Ciudad y la Defensoría del Pueblo. ¿Quiénes tendrían que actuar? La Subsecretaría de Trabajo y la Agencia Gubernamental de Control, las dos dependientes del Ejecutivo porteño.
“El problema está desviado –sostiene Conde– porque la justicia sólo realiza allanamientos pero nadie sabe qué pasa con los costureros que terminan en el taller del primo, del cuñado, del hermano… Es un ´hacer como si´”. Conde se queja de la falta de políticas de Estado que ayuden a las víctimas y de que ningún empresario vaya preso. Después del incendio de 2006, La Alameda presentó en la Legislatura porteña el proyecto de Ley de Auditoría de Marcas pero aún está en comisión.
Con esta normativa, según Conde, se acabaría el círculo vicioso de delito organizado que permite la existencia de los talleres clandestinos que se nutren, sobre todo, de inmigrantes bolivianos. “Les ofrecen el paraíso. La primera coima que tienen que pagar es la del micro especial que los trae sin escala hasta Buenos Aires. Pasan por la frontera y siete provincias. Los bajan a todos en Liniers, los distribuyen en remises y cuando llegan a los talleres les sacan el documento. Los primeros sueldos son para costear la comida y el viaje”, relata Conde y agrega: “Hay perversamente una doble manipulación porque vienen con la familia y por eso no pueden hacer nada para irse. Están indocumentados y con miedo porque les dicen que acá la policía deporta”.
«Baja costura», escrita por Soledad Galarce y dirigida por Mariano Caligaris, devuelve al teatro su función primigenia: la crítica social.
Un costurero en blanco, por hora, debería cobrar unos 60 pesos. “¿Cómo hacen los dueños de las marcas para que ninguna prenda, por unidad, les salga más de 10? Nadie se lo pregunta porque lo que no se quiere discutir es la cadena de valor, que es una cadena de valor trucha sobre la base de los costureros en negro.
Dentro del convenio colectivo aparecen unos 30 mil costureros. Con esa cifra no podría abastecerse ni La Salada”. Soledad Galarce opina que hasta los años 80 años existía una industria textil medianamente formal, pero en los 90 “se estableció lo trucho como las reglas del juego”, y esto vale para las condiciones de los empleados.
“Hay cooperativas que promueven el trabajo en blanco pero son poquitas, unas veinte nomás. La situación debe cambiarse con política. El triángulo del horror son la policía, los empresarios y el Estado, y el problema además es local y global”.
La obra de teatro incluye en la dramaturgia escenas de explotación: desde el incendio en la Triangle Shirtwaist en Nueva York, el 25 de marzo de 1911, cuando 123 trabajadoras de la confección murieron calcinadas porque las puertas de salida estaban cerradas, hasta el caso de Bangladesh, donde hoy decenas de grandes marcas multinacionales utilizan mano de obra esclava –mujeres y niños en su mayoría– para los productos que después venden a valores astronómicamente superiores en el primer mundo.
La autora y protagonista de Baja costura considera que “últimamente no se ve mucho teatro de denuncia” y apuesta a movilizar a los espectadores: “Si vamos a hacer una obra más, por lo menos que sirva para hablar de algo”, destaca.
Baja costura se presenta los sábados a las 20.30 en el teatro La Casona Iluminada (Corrientes 1979). Actualizada 15/09/2015
La obra tiene el apoyo de la cooperativa La Alameda –que lucha contra el trabajo esclavo– y es interpretada por Moyra Agrelo y la propia autora, Soledad Galarce
Jun 30, 2015 | destacadas
“Esta ropa huele a muerte”, anuncia un esténcil sobre un pequeño fragmento de la pared que aún sobrevive del taller textil clandestino de Páez 2796, en el Bajo Flores. Llama la atención junto al mural, pintado días después del incendio que mató a los hermanos Rodrigo y Rolando Menchaca, de seis y diez años. La humedad del día gris hace sentir aún más ese olor penetrante. Es que ahora el paisaje ha mutado. Cientos de prendas y retazos de diferentes telas se apilan por doquier en la puerta del lugar. La lluvia ha hecho lo suyo. Nadie sabe responder por qué toda esa cantidad de ropa yace apilada sobre la vereda detrás del perímetro policial. Van llegando integrantes de la Asamblea Textil de Flores, organizadores del acto que recordará a los niños, junto con vecinos y diferentes colectivos sociales. Unos cuantos paraguas hacen comunidad en esa esquina porteña. Debajo de ellos, unas cuantas personas, dispuestas a no olvidar.
“Cuando nos enteramos de la muerte de los dos nenes, varias de las personas que nos juntamos a hacer actividades sociales y culturales en la Cazona de Flores, dijimos: ´Tenemos que salir a hacer algo´”, explica Juan Vázquez, miembro de Simbiosis Cultural, un colectivo de ex trabajadores de talleres textiles. “Hacer algo” significaba visibilizar la situación del estado general de algunos eslabones de la producción de ropa y empezar a plantear una discusión más amplia. “Por eso –explica- decidimos llamar ese mismo día a un asamblea en la que se acercaron un montón de vecinos, talleristas, organizaciones sociales, sindicales y demás. Lo primero que evaluamos era la complejidad del tema. Más que nada para salir de una mirada comunicacionalmente útil, pero para nada efectivamente útil”.
Una asamblea que nació como un gesto de indignación, ahora crece como un instrumento de organización para decenas de trabajadores textiles que buscan otro modo de producción. “Desde Simbiosis Cultural -explica Vázquez- nuestro objetivo es empezar a buscar un diálogo con los costureros y los talleristas que es muy necesario para empezar a entablar otras formas de trabajo. La propuesta es generar formas alternativas de producción. Estamos creando un Observatorio de Trabajo Sumergido, así lo llamamos nosotros. Que va a tener como pata fundamental al rubro textil”.
Según el manifiesto leído en el acto que homenajeó a Rolando y Rodrigo, el “trabajo sumergido” es todo ese mundo que se oculta detrás de lo legal. Es decir, aquellas prácticas productivas encuadradas en la informalidad, a costa de la explotación laboral. “Pero, además, ese trabajo sumergido –nutrido del esfuerzo, de las aspiraciones de progreso de los y las migrantes- es un poderoso motor económico, por sus bajos costos de producción y porque abastece el mercado con los productos baratos que los pobres puede pagar”. Por eso, Lennis Quispe, de la Asamblea Textil, afirma: “Para nosotros es importante organizarnos en otras formas de trabajo, organizarnos también en lo sindical y empezar a pensar por qué este sistema se sostiene así, con la connivencia de qué organismos y cuáles son los actores necesarios para la transformación de esta forma de trabajo”.
Acto en conmemoración a dos meses de la muerte de los Rolando y Rodrigo, los dos nenes muertos en el taller textil de Flores.
La lluvia no cesa, el dolor tampoco. Hace dos meses, Rolando y Rodrigo dormían en el sótano del taller, en donde trabajaban sus padres y sus tíos. Ese 27 de abril, como había un corte de luz exclusivo de esa propiedad, para iluminarse, sus padres habían prendido una vela que luego ocasionó el fuego. Diez días después, se originó otro incendio, en el que la justicia alegó una “falla eléctrica”, aunque Edesur nunca había ido a reponer la electricidad luego del primer incidente.
De espaldas al taller, dos mujeres sostienen la bandera que el policía de custodia del lugar no ha permitido colgar en los árboles. Es una bandera compuesta de retazos de colores infinitos. Hecha de lo que “no entra en el molde”, como define Quispe que acota: “Como nosotros, que quedamos afuera de los moldes”.
Según la ONG La Alameda, en la Ciudad de Buenos Aires existen cerca de 3.000 talleres textiles clandestinos, entre ellos el de la calle Páez que había sido denunciado por ellos siete meses antes del incendio. Uno de los referentes de esa institución, Lucas Manjón asegura que a dos meses del incendio el Gobierno ha levantado levemente el nivel de los controles que llevan sobre los talleres, pero que de todas formas no llega al nivel óptimo. “La Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha mantenido su misma modalidad de funcionamiento. Van, golpean la puerta, y en caso de no tener respuesta se van y solamente elevan una nota administrativa, sea por una denuncia directa que reciben, o sea porque una fiscalía le está diciendo que puede haber personas reducidas a la servidumbre o puede haber personas víctimas de trata”. Manjón asegura que recientemente se ha descubierto un taller que operaba de modo ilegal y fabricaba las camperas para la Policía Metropolitana. “El Estado –subraya- pasa a ser responsable, no solo porque no controla los lugares sino porque, además de actuar por negligencia, fomenta estos lugares económicamente, contratándolos directamente”.
Manjón explica que desde La Alameda proponen que con la maquinaria incautada a talleres clandestinos, se puedan formar cooperativas con esos mismos trabajadores, como ocurrió en el Polo Textil de Barracas. “Nosotros pretendemos que el Estado contrate a estas fábricas textiles para seguir fomentado la producción. Y por otro lado, estamos exigiendo que no puedan contratar a proveedores que no tengan toda la cadena de producción certificada que está libre de trabajo esclavo”.
Según Vázquez, de la Cazona de Flores, este discurso de “taller clandestino” se funda después de 2006 con la muerte de seis personas en un incendio de otro taller ilegal, en la calle Luis Viale. “El hecho de que hayan sucedido nuevamente más muertes en un taller textil, significa que no se ha modificado nada. Solo se modificaron los lugares donde están los talleres. Se armaron mapas que sirven políticamente, comunicacionalmente”.
Afirma Manjón, el de La Alameda: “De ninguna manera nosotros queremos que los talleres clandestinos se legalicen. De ese modo, lo único que se estaría haciendo sería que los costureros que puedan llegar a tener un mayor crecimiento económico dentro de esa situación de explotación, repliquen este sistema. Porque muchas veces algunos talleristas ponen a los costureros a cargo otros talleres, entonces se siguen reproduciendo cada vez más las condiciones de explotación”.
