El Gobierno porteño criminaliza a los padres de los estudiantes

El Gobierno porteño criminaliza a los padres de los estudiantes

Les exige cifras millonarias para hacerse cargo del costo de las clases que los docentes no pudieron dar por las tomas del año pasado. La Secretaría de Derechos Humanos ofrece asistencia legal a las familias. 

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intimó económicamente a padres y madres de estudiantes involucrados en las tomas de colegios que tuvieron lugar en 2022. No es la primera vez: ya se habían iniciado causas penales el año pasado. Ante esta situación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ofreció asistencia legal a los padres y madres demandados.

Desde mayo de 2022, los estudiantes de distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a denunciar la falta de realización de obras de infraestructura, el incumplimiento de la implementación del programa de Educación Sexual Integral (ESI), la mala calidad de las viandas o las condiciones de las pasantías no rentadas, entre otros reclamos.

Tras no haber recibido respuesta alguna de parte de las autoridades, los estudiantes decidieron optar por tomar sus respectivos colegios y más de treinta las escuelas resultaron tomadas entre septiembre y noviembre del año pasado. “La toma con pernocte fue la última de una serie de medidas que empezaron a realizar en mayo. Fue muy meditado, decidido colectivamente, con mucha gradualidad y, además, cumpliendo el protocolo de tomas que dispone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, argumenta Daniela, madre de una estudiante involucrada. (N.d.R: Las familias consultadas pidieron reserva de su identidad por el asesoramiento de sus abogados y para preservar a sus hijos adolescentes).

Así, las autoridades de la Ciudad, encabezadas por el jefe de Gobierno porteño y su ministra de Educación Soledad Acuña, llevaron a cabo una segunda tanda de demandas millonarias a las familias de los estudiantes que participaron de las tomas: comenzó en septiembre de este año y aún hay muchos padres y madres que todavía no pudieron ser notificados de las acusaciones. Lejos de resignarse, las familias afectadas se organizaron para que se dé marcha atrás. “El centro de estudiantes es reconocido por el Ministerio de Educación y todos los reclamos eran legítimos”, señala Daniela.

En algunos casos la suma que reclaman llega a los tres millones de pesos, otros plantean un millón y medio por cada día de toma, como surge de los casos del Colegio Mariano Acosta y del Profesorado de Artes Visuales Manuel Belgrano.

«Le llegó a mi vieja una demanda por una suma de casi tres millones de pesos en forma de ‘resarcimiento’, porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeros de la ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Entre distintas cosas, nos demandan por daños y perjuicios», contó la joven Juana D. en sus redes sociales. «Una vez más el Gobierno opta por la persecución a los derechos estudiantiles de protestar contra un sistema que, en vez de resguardarnos, decide mirar para otro lado y esconderse… Que la gente se entere de que el GCBA criminaliza los reclamos de los estudiantes». Juana recordó que durante la toma realizaron intervenciones artísticas en la fachada de la escuela, así como en los baños y aulas, y que luego procedieron a la limpieza.

Sin embargo, ya hay un antecedente referido a demandas hacia los padres de los estudiantes que data de más de un año. Las 21 causas penales que Soledad Acuña decidió abrir en septiembre de 2022 fueron desestimadas por un juez de la Ciudad en el mes de mayo de este año, declarando que no había delito alguno. “Lo que demanda el GCBA (en esta ocasión) es daños y perjuicios por los sueldos pagados a los docentes que no pudieron dar clases”, detalla Gastón, uno de los padres demandados, sobre la multa que recibió.

Este lunes 2 de octubre, la Secretaría de Derechos Humanos se pronunció ante las medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a padres y madres de los estudiantes secundarios: “Si recibiste una de estas demandas porque tus hijos ejercieron el derecho a peticionar a las autoridades, comunicate con nosotros para obtener asesoramiento legal.”

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), por su parte, también difundió un comunicado repudiando la intimación y deslindando responsabilidades: “El Gobierno interpuso una demanda por aproximadamente 2,7 millones de pesos contra una familia relacionada con la toma estudiantil, por compensaciones por supuestos “daños y perjuicios”. Entendemos esta maniobra como un capítulo más de las persecuciones que Rodríguez Larreta y Acuña han realizado durante su gestión a la comunidad educativa.”

La ministra de Educación de Buenos Aires, en respuesta al comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos vía redes sociales, acusó al candidato a presidente y ministro de Economía de la Nación Sergio Massa y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de “apañar a los que están al margen de la ley.” Por otro lado, Karina apuntó que “la Secretaría simplemente está brindándonos herramientas para poder defendernos.”

«Es un mensaje contradictorio: por un lado, hay muchos contenidos en la escuela que hablan de los legítimos derechos que concede la Constitución para participar por una mejor sociedad y después dicen que es un delito”, dice Daniela.

Más allá del momento de incertidumbre que atraviesan los padres y las madres de los estudiantes involucrados en las tomas de colegios, desde el ámbito legal hay optimismo para que el Poder Judicial falle a favor de las familias demandadas: “Los abogados que leyeron las causas dijeron que el caso tiene muy poca viabilidad. Es muy difícil que puedan demostrar daños o utilización de la fuerza, porque no hubo. No tiene sentido desde lo judicial”, afirma Gastón.

Este tipo de conductas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad funcionan como una manera de “disciplinamiento por el bolsillo” y de “criminalizar la protesta”, actitudes que provocan descontento y confusión de cara al futuro. “Es darles un mensaje contradictorio a los estudiantes: por un lado, hay muchos contenidos en la escuela que hablan de la democracia y de los legítimos derechos que nos concede la Constitución para participar por una mejor sociedad y después les dicen que es un delito”, concluye Daniela.

Testimonio de un padre demandado por la toma de escuelas

por Hernán Olivera Agustina Blanco Eliana Rossi Mailén Farias

Testimonio de una madre demandado por la toma de escuelas

por Hernán Olivera Agustina Blanco Eliana Rossi Mailén Farias

¿Cómo va todo por ACAP?

¿Cómo va todo por ACAP?

Qué está pasando con la implementación del Programa de Actividades de Aproximación al mundo del trabajo implementado por el Ministerio de Educación porteño. La mirada de alumnos, docentes y de la jefa de la cartera. ¿Más precarización laboral que derechos laborales?

 A pesar de la movilización estudiantil, contra el malestar frente a la implementación por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del programa de Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo y a los estudios superiores (más conocidas como ACAP) todavía perdura la desorganización de un proyecto presentado desde su inicio como “gradual y progresivo”.

El objetivo pedagógico de aproximarse al mundo laboral que promocionó el Gobierno de la Ciudad cuando anunció las ACAP, se tradujo con ciertas distorsiones en trabajo no pago y desvinculado de los contenidos curriculares, y en empresas como Rappi y Wyndham Hotels. Pasó un año del inicio de las tomas de colegios en Capital Federal que cuestionaron las pasantías no remuneradas y obligatorias. Hoy, son asignadas a los y las estudiantes según su orientación: “Yo voy al Ecoparque. Lo disfruto mucho porque siento que aprendo bastante. Es verdad que nos hacen trabajar, literalmente, levantamos la pala”, cuenta María, estudiante de la orientación en Biología del Normal 1. David, expresidente del Centro de Estudiantes del mismo colegio, comenta: “Está todo un poco más ordenado y los pibes están más enganchados con las ACAP, pero en el medio, los Centros de Estudiantes de Capital Federal hicimos un montón de medidas de lucha”.

La implementación de las ACAP cambia con la institución. En ocasiones, la coordinación de las prácticas recae sobre las escuelas, en un contexto en el que la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, reconoce la dificultad para obtener las vacantes: “Son todos chicos, entonces no todas las empresas se animan. Y es un proyecto educativo, con lo cual la empresa tiene que hacer una inversión en recurso humano, porque sería más fácil sentarlos a hacer algo que hace un trabajador, pero van a aprender”, comenta la jefa de la cartera educativa porteña en una charla de café, organizada para vecinos y vecinas del barrio Palermo. 

 En el caso del colegio Mariano Moreno, al tener en su edificio la supervisión de su distrito escolar, sus estudiantes tuvieron desde el comienzo una experiencia amena: “Mientras otros colegios iban a limpiar hoteles, nosotros teníamos a los pibes de quinto que iban a hacer cosas más piolas”, recuerda Julia, Presidenta del Centro de Estudiantes. Como lo afirma Federico Puy, la posibilidad de adaptar las prácticas a los intereses de la comunidad educativa “depende de la relación de fuerza que hay construida en el interior de la escuela”. 

 La ministra menciona la existencia de un “plus salarial” para docentes que acompañan a los y las estudiantes a las prácticas: “Tampoco les pedimos que a fuerza de pulmón y del esfuerzo docente se haga esto”, aclaró. Desde la gremial docente Ademys, Federico Puy declara no haber escuchado de ese beneficio en ninguna escuela, pero no descarta que se ofrezca a “escuelas o docentes que se disponen a llevar adelante los planes más mercantiles del Gobierno de la Ciudad”.

Mientras tanto, Acuña insiste en que, aún en la actualidad, es el Ministerio quien vincula a las escuelas con las organizaciones: “Soy yo en persona con todo mi equipo los que vamos empresa por empresa, y a las escuelas las liberamos de tener que ir a conseguir lugares”.

Pero cuando los colegios y las familias optan por una propuesta más educativa a fin de evitar el trabajo precarizado, no hay mediación del Ministerio: “Son las Escuelas las que se contactan y nos preguntan si estamos dispuestos a recibir chicos. No tenemos contacto directo con el Gobierno de la Ciudad”, explica Magali Stemberg, coordinadora del Museo y Referente de las ACAP en el Museo Ana Frank, donde actualmente se recibe a estudiantes secundario para realizar las Actividades.     

 En la charla con los vecinos de Palermo, Soledad Acuña pone el énfasis en la importancia de que los y las estudiantes se vinculen con el mundo del trabajo, tras criticar las ayudas sociales que brinda el Estado a muchas de sus familias. Y concluye: “Los docentes que acompañan nos dicen que hay más presentismo en las empresas que en la escuela. Van peinados y vestidos distintos a cómo van a la escuela, se comportan distinto. Se empiezan a generar cosas súper ricas”.

 

Sobran los motivos

Sobran los motivos

Docentes y maestros porteños marcharon hasta la Legislatura para protestar contra el ajuste educativo. La agenda de reclamos es grande: abandono en infraestructura, bajos salarios, desatención a la educación especial, viandas que no alimentan, falta de seguridad, entre otras cuestiones.

Bruno asiste a la Escuela Técnica Ingeniero Huergo y se unió a la movilización convocada por el Centro de Estudiantes Secundarios de Base (CEB) y gremiales docentes ayer, para exigir la desratización del colegio. Denuncia que desde que inició la problemática hace dos semanas, no hubo respuesta por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de las advertencias, hasta que a un compañero lo mordió una rata y el hecho atrajo la atención de los medios: “Es medio raro que te digan que van a desratizar en un día, porque tienen que sacar los cuerpos y las heces, es un desastre”, comenta.

Los docentes que se movilizaron desde el Normal 1 hasta la Legislatura porteña, también hicieron referencia a las condiciones edilicias en las escuelas. Fernando Grisi, profesor del establecimiento punto de partida de la marcha, explicó que el colegio tiene clausurado su patio interno porque desde hace un año permanece una obra sin terminar, que genera la ruptura de vidrios que forman parte del techo. Por su parte, Silvina Cuello, delegada de Ademys, reclamó que hace dos años no funciona el ascensor en el Instituto de Enseñanza Superior Alicia Moreau de Justo, lugar al que asisten personas con movilidad reducida. Además, advierte sobre robos en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V González: “En 2017, como castigo por la lucha contra la Unicaba, nos quitaron la seguridad que tenían las Instituciones de Formación Docente”, denuncia.

La reapertura de paritarias fue el principal reclamo de los docentes. Con la suba que semanalmente presenta el índice de inflación, el salario de maestras y maestros cayó por debajo de la línea de pobreza: “En estos meses cobramos solamente un 14%, que cerró gracias a la burocracia sindical. La proyección de inflación era de 120% y ya fue superada por los problemas con el dólar”, afirmó Cuello. Además del Sindicato Ademys, estuvieron presentes la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), el PTS (Partido de Trabajadores Socialistas), Tribuna Docente y representantes de institutos de educación docente.

Frente a la Legislatura tuvo lugar un escenario en el que Maritza Rodríguez, madre de una persona con discapacidad mental grave, dio a conocer la situación de la educación especial en la Ciudad. Las Escuelas de Formación Integral sufrieron el recorte. Hoy los estudiantes deben culminar su formación a los 22 años, y allí se termina su posibilidad educativa: “No existe un proyecto para la formación permanente de un adulto con discapacidad. Los chicos quedaron recluidos en sus casas sin ninguna posibilidad de formarse en el sistema educativo”, explicó Eliana, mamá de Ignacio, un joven con trastorno de espectro autista. Además, señala que los y las estudiantes que egresan de las Escuelas de Formación no obtienen un título ni una acreditación de saberes: “No se habla ni se ve lo que pasa en la educación especial, y para nuestros hijos es necesaria. Necesitamos que el Estado esté presente”. Ambas madres mostraron su emoción por poder difundir la problemática, ya que aseguran que no se les cedió la palabra en marchas en las que participaron anteriormente: “Darle un lugar a la discapacidad les cuesta a todos”, concluyeron.

La mala calidad de las viandas que se entregan en las escuelas públicas también integró la agenda de la marcha. David, expresidente del Centro de Estudiantes del Normal 1, resaltó que existe una crisis económica. “Es necesario que estas viandas contengan a los pibes, porque hay estudiantes que vienen a consumir alimento además de a estudiar. La comida tiene que venir, ser de calidad y alcanzar para todos”, sentenció, en medio de cánticos y reclamos que se seguirán escuchando hasta que el gobierno porteño brinde una respuesta.

¿En qué quedó la UniCABA?

¿En qué quedó la UniCABA?

Después de un ruidoso conflicto con la comunidad educativa porteña, la UniCABA comenzó a funcionar de manera silenciosa y ya tiene su primera egresada. Dos modelos de docentes en disputa. El proyecto para limitar las huelgas.

Julieta Accari es docente en constante formación. Se recibió de bachiller con orientación docente, es profesora de enseñanza primaria y enseñanza de adultos, y realizó varios postítulos, como políticas de la infancia y seminarios de ecología. Hace dos años se animó a dar un paso más en su formación profesional y comenzó a estudiar la Licenciatura en Enseñanza Integrada de Ciencias Naturales, Tecnología y Matemática para Educación Primaria en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, y el 31 de agosto de 2022 se convirtió en la primera egresada de esa casa de estudios.

La Universidad de la Ciudad de Buenos Aires es una institución pública destinada a la formación de profesionales mediante carreras de grado y de posgrado vinculadas a la educación, la tecnología y la producción de la gestión pública en el área metropolitana. En marzo de 2021 se inauguró el primer ciclo lectivo con más de 350 estudiantes inscriptos. “Mi experiencia en la universidad fue desafiante, ya que hacía años que no tenía una exigencia tan grande en cuanto a cantidad de materias y ritmo de estudio. Yo soy profesora de Matemática y Ciencias Naturales en 6° y 7° grado, soy referente de escuelas verdes y trabajo con la tecnología digital en el aula. Me pareció muy oportuna la temática de la licenciatura de enseñanza integrada en las tres áreas de mi competencia, ya que se nos pide esa integración, pero no se nos enseña cómo hacerlo”, expresó Accari.

Sin embargo, la Universidad de la Ciudad, también conocida como “UniCABA”, presenta un origen conflictivo en el que hay diferentes concepciones y modelos de la educación en juego, así como intereses políticos que hasta hoy generan disputa en la comunidad educativa.

Tiempos de reformas

El 22 de noviembre de 2017 el Ministerio de Educación porteño presentó en la Legislatura el primer proyecto de ley que proponía la creación de la UniCABA, una nueva universidad gratuita que concentrará toda la formación docente de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, se reemplazaría a los 29 institutos de formación docente existentes en la Capital Federal mediante la correspondiente transferencia “de sus patrimonios, personal docente y no docente, matrícula y sus partidas presupuestarias” hacia la nueva institución, como explicita el artículo 6°.

Entre los principales fundamentos de este proyecto se encontraban la falta de docentes en la Ciudad y el descenso paulatino de nuevos graduados en esta área cada año. En aquel entonces, la ministra de Educación porteña Soledad Acuña detalló a Infobae: “La formación docente es el aspecto central en la reforma que queremos para las escuelas del futuro, pero partimos de un problema: no hay docentes”.

En un diagnóstico realizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) sobre la formación de nuevos docentes se observa la cantidad de graduados que año a año disminuye, así como la cantidad de cargos sin cubrir en escuelas. A la vez, se advierten ciertas desventajas de las carreras terciarias frente a las universitarias, por ejemplo, debido a la demora para recibirse o a la rigidez de los formatos.

El GCBA esperaba la aprobación de este proyecto de ley con la intención de que la UniCABA abra sus puertas en 2019. Sin embargo, la polémica no tardó en llegar y la comunidad educativa salió a repudiar estas medidas, alegando que los directivos de los profesorados no fueron consultados sobre las mismas. “La UniCABA se plantea en 2017 con el objetivo de cerrar los 29 institutos de formación docente que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Ese era el proyecto original presentado en la Legislatura, y solo fue impedido a partir de la lucha que llevaron adelante los profesorados”, expresó Enzo Valenzuela, representante estudiantil del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González.

Y esa lucha docente se vio plasmada a lo largo de 2018 mediante paros, movilizaciones, asambleas y reclamos de los 29 profesorados contra el proyecto UniCABA. “Fue muy importante lo que sucedió en 2018 en términos de movilización y se siguen sosteniendo esos mismos principios en términos de lo que debe ser la formación docente y la importancia de los profesorados”, sostuvo Gabriela Gelber, pedagoga y docente en el Instituto de Educación Superior Juan B. Justo.

A mediados de 2018, la ministra Acuña declaró que el proyecto de ley avanzaría, pero con algunas modificaciones. Y en septiembre de ese mismo año se presentó un segundo documento que reconoce la continuidad de los Institutos de Formación Docente, aunque no menciona el respeto a su autonomía.

Aún así, el nuevo proyecto no fue bien recibido por los profesorados y sus voces se hicieron escuchar en la calle. Luego de dos tensos días de acampe y represión que dejaron personas heridas, el 2 de noviembre de 2018 se aprobó la Ley 6053, titulada como “Ley de la Formación Docente del Sistema Educativo y Creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

Así es como en 2019 se puso en marcha la creación de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires con un presupuesto de más de $42 millones para reacondicionar el, hasta entonces, Ministerio de Educación de la Ciudad ubicado en Av. Paseo Colón 255, nueva sede de la UniCABA.

En marzo el GCBA emitió el Decreto 92/2019 que crea un nuevo organismo de regulación para los institutos docentes: la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente. Su principal objetivo es supervisar y coordinar a los profesorados para formular una nueva política para la formación de los maestros.

Mariano Palamidessi, doctor en Educación, fue nombrado director de esta unidad y detalló en su momento a Clarín: “La Ciudad invierte mucho dinero en la formación docente, pero con una eficiencia muy baja. Los institutos tienen un grado de autonomía muy grande pero no hay planificación ni coordinación, lo que genera superposición geográfica y de contenidos. Acá nunca hubo una política de formación docente, así que el sistema está generando egresados con diversos niveles”. Nueve meses más tarde, Palamidessi fue designado como el primer rector de la Universidad de la Ciudad, cargo que actualmente sigue ejerciendo.

El año 2020 fue particular a nivel histórico y mundial. La pandemia del covid-19 detuvo el reloj y por ese motivo se retrasaron algunas cuestiones organizativas de la UniCABA. Se pueden destacar algunos avances: se efectuó la mudanza del Ministerio de Educación al Barrio Rodrigo Bueno (ex villa 31), se terminó de acondicionar el edificio de Av. Paseo Colón y se anunció la apertura de la universidad para el año 2021. Mientras tanto, la incertidumbre de los institutos de formación docente crecía día a día.

¿Qué se enseña a los que enseñan?

La creación de la UniCABA y el enfrentamiento con el cuerpo educativo de los 29 profesorados puso en debate dos modelos distintos de formación docente. Según Enzo Valenzuela “el perfil de docente al que aspira un estudiante de un profesorado es totalmente diferente al propuesto desde el Ministerio de Educación de la Ciudad.” Y argumentó: “El primero apunta a la construcción de un pensamiento crítico, a un conocimiento al servicio del pueblo, a que se trabaje con valores democráticos genuinos en el aula”.

En la misma línea la representante estudiantil del Joaquín V. González, Lourdes Yuguero, comentó a este medio: “Sabemos que la educación a la que apuntan ellos es una educación para el mercado, y la educación que proponen los profesorados es una educación totalmente diferente: una educación liberadora, que más allá de que sirva para salir al mercado laboral, es para ser formadores de futuros ciudadanos críticos, con base y eje en los derechos humanos. Esto no aparece en la UniCABA”.

Si bien a partir de las reformas al proyecto de ley la UniCABA se planteó como una institución que no competiría con los profesorados, su oferta académica coincide, aunque con significativas diferencias en su contenido.

María Mercedes Zambrana, profesora y coordinadora del programa de Enseñanza de las Ciencias de la UniCABA hizo declaraciones a este medio sobre la formación docente de la institución: “Nosotros tenemos carreras que si bien tienen títulos similares tienen un enfoque totalmente diferente, enfoques integrados y novedosos, por lo cual no estamos compitiendo en el momento que no ofertamos lo mismo. El año que viene se abren carreras como la Licenciatura en Tecnologías Digitales, ya nos vamos del rubro exclusivamente educativo”. Y agregó: “La idea es fortalecer al equipo de la Ciudad de Buenos Aires, con otras herramientas conceptuales y didácticas que en este momento no están necesariamente en todos los lugares”.

Una cuestión de prestigio

Para Julieta Accari, la primera egresada de la UniCABA, la universidad implicó todo un desafío: “Nunca había asistido a una universidad por diferentes motivos. Antes la universidad no era tan accesible. Mi familia es de clase media, nunca nos faltó nada, pero los ritmos académicos estaban por encima de mis tiempos, tenía que colaborar con la casa.” También agregó: “El título universitario jerarquiza nuestra profesión y nos abre otras posibilidades”.

Gabriela Gelber, profesora en el I.E.S. Juan B. Justo opinó: “Hay una mirada más elitista de la universidad en términos de la educación superior no universitaria.” 

La UniCABA al ser una universidad, ¿tiene mayor jerarquía que los profesorados? Gabriela Gelber explica que “los dos son de educación superior. A partir de la Ley de Educación Superior está la educación superior universitaria y no universitaria. Me parece igual que hay un efecto más simbólico, ligado al sentido común que la universidad tiene más jerarquía en términos valorativos que un profesorado”.

Aunque la UniCABA tiene rango de universidad, sus títulos emitidos otorgan menos habilitaciones que los títulos de los profesorados. Lourdes Yuguero explica: “Hay varios problemas ahí. Primero, los títulos de la UniCABA son sólo válidos en la Ciudad, no son títulos nacionales. En los profesorados, el título te habilita a dar clases en todo el territorio nacional. Segundo, el título de la UniCABA solo te habilita a ser profesor de Nivel Inicial y Medio. El título para nivel superior no existe y queda reservado para los licenciados. Es un recorte a nivel territorial y a nivel formativo”.

¿Coexistencia o unificación?

 

El 10 de marzo de 2021 comenzó el primer ciclo lectivo en la Universidad de la Ciudad con más de 350 inscriptos. Una vez iniciadas las clases, el debate se centró en si es posible la coexistencia entre la UniCABA y los profesorados históricos, o si el caso culminará con la integración de estos a la nueva universidad.

Lourdes Yuguero manifestó: “Que exista la UniCABA junto a los profesorados implica ir desfinanciándolos de a poco. Lo que están buscando es que la educación sea de tan poca calidad que los estudiantes elijan a la UniCABA. Porque para que haya una educación de calidad también se necesitan condiciones materiales”. En ese sentido, se explayó: “Por ejemplo, en el Joaquín robaron microscopios que son carísimos y que nadie los va a reponer. Imaginate estar cursando el profesorado en biología y no tener un microscopio para estudiar. Eso condiciona tu tipo de educación. De forma directa o indirecta el objetivo es el mismo, que se concentren todos los estudiantes en la UniCABA”.

Por su parte, Gelber analiza: “En la Ciudad de Buenos Aires faltan muchos docentes en el Nivel Primario y Secundario. A mí me llama la atención que no haya una política específica en términos de promoción de formación docente en los profesorados. No termino de entender cuál es la apuesta, si apuntan a una verdadera coexistencia, si apuntan a fortalecer uno en detrimento del otro, o si el punto es ese, que la formación docente sea universitaria”.

El 2021 también fue un año signado por la movilización docente, incluyendo reclamos por la titularización de más de 35.000 profesores del Nivel Terciario, así como el desfinanciamiento de los profesorados en beneficio de la UniCABA. “Con la no titularización masiva están haciendo lo mismo. Que los docentes estén en situación de interinos, que es este puesto intermedio entre suplente y titular, demuestra una intención de querer dejar las instituciones acéfalas. Sin titulares no hay directivos y sin directivos es mucho más fácil cerrar los 29 profesorados”, aclara Lourdes Yuguero. “La UniCABA no es autónoma. Sus autoridades y decisiones son dictaminadas directamente por el Ministerio de Educación de la Ciudad. Tampoco tiene órganos de co-gobierno con participación estudiantil”, afirmó Enzo Valenzuela, del Joaquín V. González.

El mejor estratega

Aunque los años pasan, las estrategias del Gobierno de la Ciudad para vaciar las aulas de los profesorados de la Ciudad persisten. En marzo de este año el Gobierno presentó en la Legislatura porteña el proyecto de la Reforma del Estatuto Docente, que, pese a las movilizaciones y protestas, fue aprobado en mayo.

Según la página del Gobierno de la Ciudad, los objetivos de la Reforma del Estatuto Docente son: “Actualizar la carrera y los contenidos brindando nuevas oportunidades de desarrollo profesional a los docentes, jerarquizar la profesión docente otorgando nuevos incentivos y formas de reconocimiento salarial vinculados al mérito, profesionalizar la práctica a través de propuestas formativas para que los docentes estén más preparados para formar a los estudiantes en los desafíos del presente y del futuro”, entre otros.

A su vez, en junio la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente envió un documento llamado “Propuesta de renovación de la formación docente” a los profesorados de Educación Física, donde propone una fuerte reducción en la carga horaria y la eliminación de 24 cátedras. Dicha propuesta sería puesta en marcha este 2023, eliminando de la currícula materias como filosofía y sociología.

Otra de sus estrategias utilizadas fue la creación de un examen de ingreso para los 29 profesorados de la Ciudad. La evaluación diagnóstica, además de acortar los plazos de inscripción, traía un mensaje agregado: luego de ser tomada, los postulantes a la inscripción recibían un correo electrónico donde les recomendaban guardar un número de trámite para presentarlo en la Universidad de la Ciudad.

Las luchas docentes también persisten. Bajo las consignas «Basta de vaciar a los profesorados», «Titularización Ya» y «No a la UniCABA», profesores porteños se presentaron en la charla que Mariano Palamidessi dictó, la edición en 2022 de la Feria del Libro. 

 Pablo Jaruf, director del Profesorado de Historia del Joaquín V. González, aseguró a este medio la necesidad de revisar y diagnosticar el estado de los planes de estudio para no incorporar reformas impuestas desde el Gobierno de la Ciudad. “Nuestra propuesta es que armemos un gran movimiento de estudiantes, docentes, egresados y egresadas en el que podamos discutir qué tipo de planes necesitamos, cómo hacer mejoras y cómo actualizarlo con la realidad laboral que nos vayamos a encontrar cuando trabajemos en la escuela secundaria”.

 Por el lado de la organización estudiantil, durante el último semestre de 2022 se realizaron clases públicas, asambleas y marchas para hacer frente al nuevo tipo de educación impuesto por el Gobierno. Ante este panorama, Yuguero declaró que lo que queda es “resistir y visibilizar. Crear estrategias, lazos, salir a las calles juntos. Pensando en grande, y siendo muy optimista, diría que queda concientizar a la gente de la Ciudad para que deje de votar modelos que tienden a recortar el gasto público, con una idea de educación mercantil”.

Licitaciones, remates e innovación

La Universidad de la Ciudad, el año pasado comenzó su segundo ciclo lectivo de forma presencial con 1.100 estudiantes. De 2021 a 2022, duplicó la oferta educativa y triplicó la cantidad de ingresantes. A principios de septiembre de 2022, la casa de estudios tuvo su primera egresada, Julieta Accari, quien declaró: “Al ser la primera corte todo nos era muy próximo y es un camino que se está forjando”.

En enero de 2020 se realizó el “Concurso Internacional de Anteproyectos para la Construcción del Edificio para la Educación del Futuro”. El GCBA mostraba una nueva estrategia: la creación de un novedoso espacio en los terrenos que ocupaba anteriormente el Tiro Federal, ubicado en Núñez, donde se instalaría la nueva sede de la UniCABA. Este nuevo proyecto se llama “Parque de la Innovación”.

Seis meses después, Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentó oficialmente el Parque de la Innovación. En la página web oficial de este proyecto se define como “un nuevo espacio de la Ciudad de Buenos Aires que impulsará las actividades de emprendedores, estudiantes e investigadores, facilitando el encuentro entre ellos y generando sinergias con instituciones innovadoras públicas y privadas del país y del mundo con especial foco en educación, salud y tecnologías exponenciales”.

El futuro de la formación docente 

La convivencia de dos modelos de formación docente plantea interrogantes. “Me parece que la UniCABA fue el dispositivo político que se construyó, siendo una de las piezas claves de una estrategia política educativa. Hay un análisis sobre los docentes que existen en el sistema educativo y sobre el docente al que se aspira, que evidentemente no coincide con el modelo docente que quieren fomentar desde el GCBA”, reflexionó Gelber. A su vez, deslizó un debate sobre el rol de la docencia: “Este conflicto plantea también una idea de lo que es el trabajo docente, si la docencia es un trabajo o es un servicio. Hay discusiones en términos de concepciones ideológicas acerca de la educación, de la docencia, de los futuros docentes y de los estudiantes”.

Consultada al respecto, Accari opinó: “El gran debate es para qué sirve la escuela, si es que sirve para algo o es solo una guardería, un comedor y un lugar de contención para los chicos. Espero que podamos volver al rol central de educar y que la sociedad pueda ocuparse de lo demás, mejorando sus posibilidades socioeconómicas”.

En una charla dictada en la UniCABA, en septiembre de 2022, este medio accedió a las palabras del ex ministro de Educación de la Nación y actual diputado, Alejandro Finocchiaro, quien presentó un proyecto de ley vinculado a declarar la educación como “servicio estratégico esencial”, que todavía no tuvo tratamiento.

Esta nueva propuesta plantea evitar la pérdida de clases debido a las huelgas docentes e impulsa la creación de un sistema de guardias escolares para garantizar la apertura de las escuelas. “Vamos a replantear toda la discusión sobre el derecho a la huelga, que claramente debe existir en mi opinión, pero con sanos equilibrios. Está bien que los trabajadores tengan derecho a huelga, pero también está el derecho a aprender, derecho humano básico e inalienable de nuestros chicos. Nosotros decidimos equilibrar los dos derechos. Para eso, en el mismo momento en que la directora entrega la planificación anual, debe entregar un sistema de guardias de directivos, docentes y no docentes. Y entonces, cuando venga la huelga, la escuela se abre”, explicó el exministro. Advirtió: “Nos vamos a empezar a replantear este absurdo de que hay un gremio en la República Argentina que puede hacer 30 días de paro durante un año”.

En caso de que no funcionen las guardias, Finocchiaro respondió “por supuesto que preveré sanciones. También estamos trabajando en una red que se llama Eco Educativo, con la cual le vamos a distribuir a cada mamá y a cada papá un recurso de amparo, para que un juez ordene abrir la escuela inmediatamente. El día que logremos la primera apertura será el día que cambie la historia, porque será el día en que la educación de los chicos triunfe sobre el oscurantismo de la huelga”. Ese mismo día, Sabrina Ajmechet, diputada nacional, agregó: “Con la charla de hoy del profesor Alejandro Finnochiaro estamos iniciando un ciclo que es sobre política educativa, que responde a una de las necesidades que llevó a la creación de esta universidad”.

El GCBA no parece tener reparos que ir contra los derechos de los trabajadores docentes y la autonomía de las trayectorias profesionales. Se vislumbra un futuro agitado en el que ambos modelos de educación siguen enfrentándose. Si bien la UniCABA ya está en funcionamiento y con una expansión notable en su oferta académica, no es desatinado pensar en una nueva etapa de movilización docente, observando los planes a futuro del GCBA. 

Las secundarias después (¿o antes?) de las tomas

Las secundarias después (¿o antes?) de las tomas

Pasaron las medidas de fuerza estudiantiles del 2022 pero los problemas en las escuelas públicas de la Ciudad continúan. Estudiantes y docentes pronostican un 2023 conflictivo.

Los meses de septiembre y octubre del año pasado, se vieron marcados por un clima de tensión constante entre la comunidad educativa y el Gobierno de la Ciudad. Se realizaron diversos tipos de protestas, hasta llegar a la toma en muchos colegios secundarios. Además se realizó  una movilización histórica de más de 10.000 estudiantes, docentes, madres y padres en defensa de la educación pública.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que “no habría diálogo bajo extorsión” por lo que las tomas debían levantarse. Las tomas se levantaron, y si bien existieron canales de comunicación entre las partes, fueron poco útiles e insuficientes.

Después de los reclamos

“Lo único que recibimos fue una reunión. Cada dirección de área se reunió con los colegios de Capital para escuchar nuestros reclamos, pero no fueron encuentros fructíferos. No cambió en nada la realidad de nuestros colegios. La mala infraestructura y la falta de viandas continúan”, explica Paloma Vecchio, secretaria general del colegio Julio Cortázar.

“A pesar de que hubo algunos arreglos mínimos, por ejemplo, colocaron un plástico protector a las ventanas para que los vidrios no estallen, todavía hay muchos arreglos pendientes. La situación no mejoró. No hubo cambios significativos”, dice Ludmila Tassi, vocera del centro de estudiantes del colegio Mariano Acosta.

Vanesa Gagliardi, docente e integrante del comité ejecutivo de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), lo resume en una sola frase: “No resolvieron los problemas planteados”. En su opinión, las mejoras fueron pocas y solo se realizaron en un nivel “cosmético”, sin llegar a modificar a fondo la situación.

El Estado de las escuelas

“Bancos rotos, aulas sin ventiladores o con ventiladores que no funcionan, algunos pizarrones rotos, enchufes en mal estado, rajaduras en las paredes”: así describe Tassi el estado actual del Mariano Acosta. Tampoco hubo mejoras en las viandas que reciben los estudiantes.

La realidad del Cortázar es similar. No solo reciben muchas veces las viandas en mal estado, sino también poca cantidad. “Somos alrededor de 400 y nos llegan menos de 100 viandas. No alcanzan y para muchos es la única comida que tienen en el día”, cuenta Vecchio.

Otro de los temas en discusión son las prácticas profesionales. “El Gobierno insiste con las prácticas, en que los chicos trabajen de manera gratuita en empresas que no tienen nada que ver con lo educativo”, dice Gagliardi. Desde ADEMyS no se oponen a las prácticas, pero sí a su condición de obligatorias. “Se podrían pensar prácticas que aporten a los contenidos que se ven durante el año, no mandarlos a hacer sanguchitos o a volantear en la puerta de un teatro”, agrega.

 Este año, las prácticas no solo seguirán siendo obligatorias, sino que se aplicarán mucho más a fondo en varios colegios. “El año pasado lo que se hizo fue que una sola división de los quintos vaya a las prácticas. Desde la dirección de área de nuestro colegio ya nos confirmaron que ahora los cuatro quintos deberán realizarlas”, afirma Vecchio. En el caso del Acosta, eran prácticas únicas, es decir, se hicieron algunos días con distintas divisiones y terminaron. Aún resta saber cómo se llevarán a cabo durante este año.

Se viene, se viene…

Desde ADEMyS pronostican que todas estas problemáticas (sumado al salario docente), continuarán durante el 2023. “Nuestra intención es seguir con el plan de acción porque es la única manera de defender la educación pública”, asegura Gagliardi.

“Nosotros queremos ser partícipes de la discusión de qué colegio queremos y en qué condiciones lo queremos. Porque somos nosotros quienes lo transitamos, quienes vivimos el día a día y sus realidades. Somos nosotros quienes recibimos las viandas en mal estado, quienes estamos en las pasantías en malas condiciones, a quienes se nos caen los techos. Queremos hablar con la ministra de Educación, Soledad Acuña, y mantener abierto ese canal de diálogo”, afirma Vecchio. “Este año vamos a seguir juntándonos y tomando medidas en conjunto con otros colegios. Entendemos que la gremialidad es de las cosas más importantes. La unidad nos fortalece”.

Los estudiantes del Acosta piensan de igual manera. Así lo resume Tassi y anticipa lo que esperan para este año: “Durante el 2023 seguiremos dando las discusiones según el panorama y tomando medidas de lucha cuando sea necesario. Siempre tratando de acceder al diálogo para efectivamente solucionar los conflictos que tenemos históricamente”.

El diálogo fluido y permanente entre la comunidad educativa y el Gobierno de la Ciudad, acompañado de un plan de acción eficiente que satisfaga las necesidades de los estudiantes, es la única solución para lograr terminar, de una vez por todas, con la mala situación que padecen la mayoría de las escuelas públicas.