Un virus que ataca la salud y también al bolsillo

Un virus que ataca la salud y también al bolsillo

«Veníamos más golpeados que el promedio de la economía mundial”, explica Alejandro Robba.

Y finalmente llegó. La cuarentena obligatoria comenzó el viernes 20, apenas pocas horas después de que así lo anunciara Alberto Fernández en conferencia de prensa. A nadie lo tomó desprevenido: era algo que ya se hablaba desde el inicio de la semana con la suspensión de clases, las licencias extraordinarias y el aislamiento social voluntario.

El gobierno actuó rápido, en carácter de prevención y contención. No sólo en el tema sanitario y lo que respecta específicamente al coronavirus, sino también sobre las consecuencias económicas que traen aparejadas tales medidas. Porque, así como la llegada de la pandemia no se hizo esperar, el impacto económico tampoco lo hará. 

El COVID-19 ya hundió las bolsas y contrajo las principales economías del mundo, al punto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió un Plan Marshall para afrontar la crisis, ya que el crecimiento económico global de este año podría ser incluso menor al 1,5%- reduciéndose más de la mitad respecto del 2019. Y las medidas de aislamiento y de cierre de fronteras contribuye en gran medida a la caída de la producción, el consumo y el desarrollo.

En Argentina, donde apenas se estaban comenzando a ver los resultados de nuevas políticas económicas y de la reactivación del consumo, el panorama podría ser incluso peor. “Somos uno de los pocos países de Latinoamérica que veníamos en recesión en los últimos dos años, o sea que veníamos más golpeados que el promedio de la economía mundial”, explica Alejandro Robba, economista de la Universidad Nacional de Moreno. “Y cuando empezaste a intentar salir de la recesión o, por lo menos, no seguir cayendo, vuelve a estallar esta crisis que te impide la circulación: si no hay ventas, no hay producción y hay desempleo.” 

«Para comparar, hay que encontrar, como decía Merkel,situaciones como la crisis del ‘30 o una guerra», opina Robba.

Mucho se habló del impacto en la macroeconomía -algo muy importante. Pero la historia lejana y reciente muestra que, siempre, el mayor impacto lo sienten las personas. La recomendación de quedarse en las casas afectó directamente a todos los trabajadores, en particular a algunos sectores productivos, a los pequeños comercios y a aquellos que viven del día a día: monotributistas, autónomos y cuentapropistas.

“El aislamiento social tiene un impacto significativo sobre todas las actividades vinculadas con el esparcimiento como así también al comercio de bienes considerados no esenciales en la emergencia sanitaria”, sostiene Agustina Gallardo, economista de la Consultora Contexto. Según ella, “la disposición del aislamiento obligatorio -que prohíbe directamente la circulación- profundiza la situación y amplía el alcance a algunos otros rubros que podían funcionar hasta entonces”.

Sin embargo, por más que los economistas coinciden en que se deteriorará el flujo de las empresas y comercios -empeorado por las obligaciones de pagos que continúan en pie, como salarios, tarifas, impuestos, etc.-; también coinciden que es imposible acertar un pronóstico determinado debido a la situación “inédita y excepcional” que atraviesa el mundo y el país. “Esta situación de aislamiento nunca pasó, entonces es muy difícil saber qué va a ocurrir. Tenés que encontrar, como decía Angela Merkel, situaciones de crisis realmente fuertes como pudo haber sido la crisis del ‘30 o una guerra, en el sentido del aislamiento”, opina Robba.

“No podemos seguir pensando en la rentabilidad de empresas ante una pandemia», dice Putero.

Por esto mismo, el gobierno de Alberto Fernández no tardó en anunciar acciones económicas puntuales para sostener la microeconomía de los hogares. Dentro de la batería de medidas, se destacan la eximición del pago de contribuciones patronales para los sectores afectados; un bono único de 3100 pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de 3000 pesos para jubilados que perciben el haber mínimo; la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para proteger los puestos de trabajo; y el establecimiento de precios máximos durante 30 días (prorrogables) para insumos básicos. Otras medidas para garantizar la producción y el abastecimiento también fueron anunciadas.

Según Robba, “las medidas que tomó el gobierno van todas en el sentido correcto”. “Son medidas de una profundidad muy fuerte en términos de ingresos para la población y de gasto/inversión pública, cercano al 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Hace mucho que no existe en la Argentina un paquete de medidas de ayuda y de colaboración, tanto para los ingresos de la gente -los bonos o algún tipo de ayuda para pagar sueldos-, como en términos de creación de la oferta, como por ejemplo la inversión en obra pública y los 350 mil millones de pesos destinados al financiamiento productivo”, explica el economista.

“Las medidas económicas demuestran que el gobierno tiene registro de la difícil situación que atraviesan los distintos sectores, e intenta hallar un complejo equilibrio entre frenar la actividad lo suficiente como para contener la circulación del virus, y evitar efectos demasiado graves sobre la economía”, sostiene Gallardo.

Lorena Putero, investigadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) y especialista en economía social, también considera acertadas las medidas: “No podemos seguir pensando en la rentabilidad de empresas ante una pandemia. Se habló también de que se debe fortalecer el rol del pequeño comercio. Ahí hay más por hacer, hay que insistir con salir de las grandes cadenas y proveedores e ir a cooperativas y emprendedores, que son los más golpeados por esta situación.También hay que estar atentos a que no se dé el desabastecimiento ni que haya concentración de la producción”, agrega.

Pero más allá de la importancia de las medidas anunciadas por el gobierno, muchos estuvieron descontentos con que ninguna de ellas abarcara a los monotributistas, autónomos y trabajadores informales, los sectores que pierden todos o gran parte de sus ingresos frente a la interrupción de sus tareas. Sin embargo, y aunque se hiciera esperar, la respuesta llegó el lunes para estos sectores: el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, una suma fija de diez mil pesos por única vez durante el mes de abril (pero con posibilidad de repetirse si las circunstancias así lo ameritan) para monotributistas de las categorías A y B y trabajadores  informales. Esta medida alcanza a 3.600.000 personas y viene a complementar la primera batería de anuncios económicos.

Otro punto que causó malestar respecto del aislamiento social fue en el impacto que tiene sobre quienes realizan tareas de cuidado no remunerado en el hogar. “Puso sobre la mesa la importancia de las tareas de cuidado que son realizadas en un 75% por las mujeres, según el INDEC. Justamente la fase inicial del aislamiento, en la que se suspendieron las clases pero aún no había licencia para todos los sectores trabajadores, hizo muy explícitas las dificultades que enfrentan los distintos diseños familiares para encarar estas tareas. Y de un modo similar pasó con el cuidado de adultos/as mayores, personas enfermas y con discapacidad”, explica Gallardo.

“Posiblemente esta pandemia deje un importante saldo negativo para la sociedad en muchos aspectos, pero en este plano creo que va a permitir visibilizar la importancia de las tareas de cuidado y allanará el camino para que estas sean reconocidas por la política pública”, agrega la economista, viendo un lado positivo de esta situación de incertidumbre.

No todo está dicho y todavía queda mucho por verse en este panorama inédito en todos los niveles. Se abren muchos caminos, no solo en lo que respecta políticas que tengan en cuenta sectores históricamente olvidados, sino incluso respecto del sistema global: como expresa Putero, “se abre un debate de qué modelo económico deseamos, si nos sirve estar centrados en el lucro y no poder satisfacer las necesidades de nuestra población.”

Monotributistas de la Argentina, uníos

Monotributistas de la Argentina, uníos

Ailén Lucarelli, referente de Monotributistas Organizadxs.

Ni ART, ni indemnización por despido, ni antigüedad laboral. Mucho menos vacaciones pagas, aguinaldo o licencias. Sin paritarias, ni representación gremial, ni jubilaciones dignas. Sin Convenio Colectivo de Trabajo. Sin estabilidad laboral. En esas condiciones trabaja el 49% de trabajadores activos en Argentina, según el Instituto Nacional de Datos, Estadísticas y Censos (INDEC), todos ellos monotributistas. Sobre este “régimen de precarización y tercerización laboral”, se le sumó un aumento al impuesto al Monotributo del 51% a partir de enero del 2020, en un contexto de congelamiento tarifario generalizado.

Frente a la situación de “presiones tributarias, ausencia completa de derechos laborales, inestabilidad y flexibilidad laboral”, los prestadores de servicios contratados bajo la modalidad de Monotributo, trabajadores independientes y freelancers, se organizaron  dentro de Monotributistas Organizadxs. “Somos un grupo de trabajadorxs monotributistas de distintos ámbitos y rubros que nos organizamos para unirnos en la lucha contra la precarización laboral y para exigir nuestros derechos como trabajadorxs”, se presentan.

La organización se creó a fines de 2019 como forma de lucha contra el aumento, y a partir de Prestadores Precarizados en Salud y Educación, una agrupación que nucléa psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, entre otros. “Al enterarnos del brutal aumento del 51% quisimos coordinar acciones para enfrentarlo, pero como solos no nos daban las fuerzas, creamos el espacio de Monotributistas Organizadxs para articular a todos los monotributistas en una lucha en común para derrotar este impuestazo”, explica Ailén Lucarelli, una de las referentes de la agrupación. “Con una primera asamblea de tan sólo ocho personas comenzamos a organizar el movimiento, que tuvo rápida repercusión debido a que tocamos una fibra sensible de la clase trabajadora argentina, que está sumida en la más absoluta precarización laboral.”

“Ser monotributista en la actualidad es parte de la progresiva «uberización» de la economía”, sostiene Lucarelli, quien es psicóloga y trabaja como acompañante terapéutica de niños con discapacidad. “La patronal o el Estado, dependiendo del caso, queda eximido de pagar los aportes patronales que por ley deben cubrir para contratar trabajadores, y pueden desvincularlos en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización. La contracara, para los trabajadores monotributistas, es la falta total de derechos.”

 

Además de la anulación del “impuestazo” para las categorías que no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar, entre las reivindicaciones de los monotributistas se encuentran también ingresos y jubilación digna -más del 80% de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza y todos, sin importar la categoría, se jubilan con el haber mínimo-; el pase a planta bajo convenio colectivo de trabajo de todos los monotributistas contratados en relación de dependencia encubierta -y derechos laborales de freelancers y autónomos-; y cobertura de salud de calidad garantizada o componente de obra social en carácter optativo.

Respecto de esto último, Guillermo Kühl, otro de los referentes de Monotributistas Organizadxs, explica: “Nosotros pagamos tres componentes: el componente previsional, la simplificación tributarias -que tiene que ver con el pago de IVA y ganancias-, y la obra social. En los últimos años, a los monotributistas no nos están dejando afiliar a casi 20, 30 obras sociales porque, según ellos, el componente que pagamos de obra social no alcanza al valor de un Plan Médico Obligatorio.” Frente a esto, los monotributistas exigen que se garantice la libre afiliación -en tanto está establecido por ley y pagan la obra social. O, en su defecto, que el pago del componente sea optativo.

“También estamos debatiendo el componente de la simplificación tributaria porque nosotros no somos una empresa y no tenemos mucha claridad de por qué deberíamos pagar el IVA o ganancias al Estado”, agrega Kühl.

Debido al aumento del 51% -impuesto que hoy en día los monotributistas están pagando y asunto que organiza las medidas más urgentes de Monotributistas Organizadxs-; los trabajadores precarizados y tercerizados se movilizaron hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde se les dijo que nada podían hacer por ser solo un “órgano de aplicación”. Frente a esta respuesta, votaron en asamblea la realización de una audiencia pública en el Congreso de la Nación para presentar un proyecto de ley que anule el “impuestazo” de forma retroactiva al pasado enero y modifique en favor de los monotributistas las regulaciones actuales. Para ello, la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, se puso a disposición de la agrupación.

Asimismo, luego de una movilización al Ministerio de Trabajo y la presentación de un pliego de reivindicaciones con 70 mil firmas, consiguieron una reunión que se llevó a cabo el 20 de febrero. Estuvieron presentes los funcionarios Adrián Perrone y Alberto Tomassone, quienes se comprometieron a avanzar en las negociaciones y seis delegados de Monotributistas Organizadxs. El siguiente paso sería la conformación de una “mesa chica” para tratar con los diferentes organismos los reclamos que presentan.

El día a día 

Lejos del ideal de independencia y libertad presentado como una de las ventajas de este tipo de contratación, los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de Monotributo -o, al menos, la gran mayoría-, enfrentan muchas dificultades en su vida diaria. En muchos casos, incluso, el monotributo no es una opción personal: “Soy monotributista porque el Estado me obliga a eso”, cuenta Emilia, quien prefiere no dar a conocer su apellido para resguardar su identidad. “Trabajo como psicopedagoga en el ámbito de la discapacidad. Le facturo a las obras sociales de forma independiente y, en el caso del centro categorizado para el que trabajo, es una relación de dependencia encubierta porque facturo mis honorarios y ellos a su vez le facturan a la obra social. O sea que mis ingresos son un parcial de lo que debería recibir en esta relación de dependencia encubierta.”

La mayoría coincide en dos aspectos del Monotributo: la precarización laboral y la incertidumbre.

“No tengo acceso a licencias por enfermedad, por embarazo; no tengo vacaciones pagas; no se tiene en cuenta mi antigüedad; no estoy bajo ningún convenio que fije mi salario, no tengo posibilidad de paritarias. No accedo a aguinaldos o bono, y tampoco a indemnización en el caso de que algún empleador decida suprimir el vínculo laboral. Y además de esto, estoy condenada a la jubilación mínima, sin importar a qué categoría haya aportado en mis años laborales”, enumera Emilia, en una lista que parece no acabar.

En una situación similar, Ailén Lucarelli, psicóloga y acompañante terapéutica de niños con discapacidad (APND) en escuelas, relata las diferencias que hay entre su trabajo y el de otros trabajadores escolares: “Cumplo el mismo horario que los docentes, debo firmar asistencia, realizar funciones pedagógicas, hacer adaptaciones curriculares, de acceso y de contenido, redactar informes, articular con los distintos actores de la escuela, las familias y el equipo tratante del niño. Todo esto  con poco más de la mitad de lo que cobra un docente que recién ingresa a dar clases (es decir, sin antigüedad). Luego de lo cual debemos pagar nuestro propio monotributo, matrícula, seguros de accidentes personales y de mala praxis, etc. Además, los contratos son de marzo a diciembre, por lo cual hay dos meses enteros que no cobramos nada.”

Tal realidad laboral tiene implicancias directas en las decisiones personales de los monotributistas: desde recurrir a la ayuda económica de familiares y conocidos hasta tener un segundo -o tercer- trabajo, tal como la venta de productos, que hasta puede generar mayores ingresos que la fuente laboral principal. “No puedo vivir de lo que amo porque mis ingresos son de hambre. La mayoría de los APND buscamos trabajar de cualquier otra cosa, desde cajero de supermercado hasta microemprendimientos como compra/venta de mercaderías, porque se gana más que con esta profesión”, explica Ailén: “Mi mamá, que es docente, me tiene que ayudar a llegar a fin de mes, y la ayuda se redobla en los dos meses de hambre de las vacaciones de verano, en los que no cobro nada. Me gustaría ser mamá y no puedo porque implicaría tener que dejar de trabajar y, ergo, no poder darle de comer a mi hijo o hija.”

«Atravesamos el racismo en nuestros procesos identitarios»

«Atravesamos el racismo en nuestros procesos identitarios»

«Soy ayudante de cátedra y cuando llegan los pibes al aula me miran raro, dudan que sea docente», dice Aymara.

Las cuadras que rodean la Plaza Lavalle parecieran ser consideradas un centro importante de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires. En unos pocos metros concentra desde el prestigioso Teatro Colón hasta Tribunales, repleto de profesionales y universitarios. En el medio, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), colegio dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA); y a unas pocas cuadras, el Centro Cultural Borges. 

Entre los habitués que recorren esas cuadras se mezclan decenas de turistas a cada hora, cuyo lugar preferido es el Petit Colón, uno de los cafés notables de la ciudad. En aquella esquina, Libertad 505, repleta de mármol claro, madera oscura, tapizados bordó y decoraciones doradas, está ya sentado Alejandro Mamani, abogado e integrante de Identidad Marrón. De traje y con un café frente a él, es uno más de los tantos que se encuentran en el bar; pero  no lo es. Entre la gente -judiciales, turistas, visitantes del teatro, señoras-, es el único no blanco, el único marrón. 

Marrón. Así se identifica, así se autopercibe y así se presenta. 

Poner sobre la mesa su color de piel es la forma que tiene de sacar a la luz el racismo. “Nuestro planteo está en el debate de lo no visual y lo visual. Es por donde vemos el racismo, que claramente es visual, es fenotípico. A pesar de tu autopercepción o de tu conocimiento de cuáles son tus orígenes, si tu fenotipo es indígena, la dinámica de los valores y los contravalores se activa. Y es estética, es visual”, explica Mamani. 

Junto a otros profesionales de diversas ramas -la mayoría, universitarios de primera generación-, Mamani conforma Identidad Marrón, un “colectivo de personas marrones hijxs y nietxs de indígenas y campesinos de América”, y llevan como bandera algo que tantos otros niegan o son incapaces de ver: su color de piel. “Lo visual es construcción y es un campo de batalla. Como también lo es la cuestión de las representaciones”, sostiene Mamani, sentado en ese espacio que, inconscientemente -o no-, está pensado por y para blancos. 

Más tarde llega Aymara Choque, también abogada y parte del colectivo que reúne personas marrones; ella, además, pertenece a la red Tejido de Profesionales Indígenas. Desde su perspectiva, también entran en juego la identidad indígena -asumida y en proceso-, y el feminismo.

Dentro de Identidad Marrón se sostiene la idea que el racismo es “estructural, que se da en todos los espacios y en los progresistas”. Por eso, el grupo se construye como un lugar de reflexión y acción desde distintos campos -arte, humanidades, educación, jurídico, entre otros-, con el objetivo de visibilizar el racismo, pensar respuestas a las problemáticas que afrontan las personas racializadas marrones, e incidir en la transformación de la realidad.

«Hay un saber que siempre nos termina aplastando y que no tiene en cuenta nuestro propio saber», dice Aymara.

¿Por qué cuesta tanto identificar la racialización de las personas marrones?

AM: Ha sido tan poco debatido el tema del racismo en la parte hispanoparlante latinoamericana que es complejo. Desde el grupo no planteamos respuestas sino que trabajamos dudas, y ponemos la cuestión contextual para dar cuenta de cuáles son los elementos que conforman o activan la maquinaria racista en nuestras sociedades. 

Wendy Sulca, Yalitza y More Rial son ejemplos de cómo se ataca por el color de piel, de cómo se ha hecho una dinámica de discurso racista. En silencio, porque no decimos que sea racismo. No se lo puede pensar porque asimilamos que racismo es el Ku Klux Klan, es la imaginación de la segregación yanqui. Hay una cristalización en el binomio blanco/negro-afro, muy relacionado al contexto anglosajón.

¿Esto tiene algo que ver con la “apropiación cultural”?

AM: Lo de apropiación cultural también depende de cuáles son los grupos y cuales están legitimados. Hay una legitimación social académica para hablar de racismo y afro en Argentina, para cuestionar desde ese lugar. Podemos hablar de qué es apropiación cultural, hacer una traducción literal de todo lo que plantea la academia anglosajona. Pero claramente somos un contexto diferente y tenemos que encontrar aquí cuál es la forma en que el racismo existe, cuál es la forma que toma acá. 

¿Qué objetivos tienen cuando plantean la categoría “marrón”? 

AM: Las personas blancas saben que son blancas, o de última sabemos que son blancas. Las personas negras y afros tienen toda una construcción académica teórica bastante interesante y reivindican el color negro. Pero ¿nosotros no tenemos color? Hay una cuestión identitaria, una cuestión muy compleja respecto a todo lo del racismo en América Latina. Y eso es lo que queremos tratar a partir de la categoría “marrón”. No decimos que sea el término correcto. Hemos recogido rastreos de insultos a personas con rasgos aindiados, como “color caca” o “color puerta”, pero no te dicen “marrón de mierda”. 

El color lo que termina haciendo es demostrando que claramente no soy negro. Pero, a diferencia de Aymara, no quiero utilizar la categoría indígena como una imposición. Mi fenotipo es este, me puedo mirar al espejo y sé cómo funciona la estructura racista contra mí. Voy a hablar de eso, desde mi lugar. Nosotros revalorizamos lo indígena, nuestros antepasados, lo campesino. Pero nuestro punto fuerte de discusión es el racismo. Y a partir de eso, algo que encontramos como una forma de aglutinar a los descendientes de indígenas y campesinos, fue lo marrón.

Aymara Choque: Lo que me pasaba cuando era más chica era que me decían «negra de mierda», y yo me miraba y decía «no soy negra», no era de ese color negro que veía en las cosas. Y mi mamá decía «nosotros somos hijos de la tierra», porque la tierra es más parecida a mi color.

Entonces, el racismo está, y eso es algo que nos unifica. A mí desde la perspectiva indígena y ellos desde la perspectiva que no se reconocen como indígena y quizás están en el proceso y quizás no. Todos los que conformamos Identidad Marrón, hemos atravesado el racismo desde nuestros distintos procesos identitarios.

«El que agarra el micrófono en una marcha es el blanco, y el que agarra las pancartas es el marrón», dice Mamani.

¿Qué clase de respuestas ofrecen?

AM: Respuestas políticas. Queremos crear políticas públicas posibles, tratar de modificar la realidad en cierta forma. Hace cuatro o cinco años llevé al INADI una denuncia por racismo de un chico al que lo habían discriminado en un boliche de Palermo y no le habían tomado la denuncia. Fuimos con otra abogada indígena que trabaja dentro del INADI, y le preguntaron si la denuncia era por xenofobia. Pero no, porque era argentino. Y la persona del INADI no sabía por qué era la denuncia. Era racismo. Y su respuesta fue  «¿Cómo va a ser racismo si no es afro?».

Queremos habilitar las líneas, las herramientas administrativas para denunciar las situaciones de racismo real y no banalizarlas. No queremos símbolos, queremos crear derechos para las generaciones futuras, que pueden sentir que el rechazo es personal, que hay un tema de exclusión social personal cuando en realidad es algo estructural. Pero también para las generaciones pasadas, para la vejez, personas que han trabajado precarizadas sin un solo aporte, que han colaborado con la construcción de un país y han sido olvidadas. Ya sea desde planes de incidencia social donde se tenga en cuenta el racismo como una variable, como se tiene en cuenta el feminismo en ciertas variables; hasta la modificación de la Ley Antidiscriminatoria respecto de la carga de la prueba: que el comercio, bar o boliche tenga que probar que no discriminó, que cumple la ley y que las diferenciaciones son objetivas. Que el derecho de admisión no sea una excusa para discriminar. 

Mencionaron también la cuestión de la identidad indígena, ¿qué papel juega Identidad Marrón en eso y cuál es su postura frente a dicha identidad?

AM: Identidad Marrón es un lugar de proceso de asumir la identidad indígena. Es un proceso personal y no es obligatorio, no todas las personas con rasgos indígenas tienen que reconocerse indígenas; y si lo hace, tiene que ser con sus propios tiempos. Pero, independientemente de este proceso en el que con Aymara estamos en instancias totalmente diferentes, el racismo nos termina llegando en la misma forma y en la misma instancia. Y eso es lo que nos une para trabajar. Otro debate que tenemos es el cómo se ha delimitado lo indígena como concepto y a qué personas le cabe la identidad. En América Latina el concepto de indígena ha quedado tan reducido que si no estás en una comunidad, no sos pobre, tenés estudios primarios, secundarios, universitarios, o sos de una ciudad, no sos indígena. 

AC: Hay también un estereotipo de lo que debería ser un indígena. Asumir mi identidad dentro del colectivo fue como repensarme nuevamente. Ahí me di cuenta de un montón de cosas respecto del mundo indígena, como que sí había gays, lesbianas y personas trans. Pasa que tenés 527 años de conquista que están atravesados por la institución de la Iglesia, y hay toda una cuestión ahí. Es como una deconstrucción también hacia eso. Y creo que eso es lo que me llevó a estar dentro del colectivo.

AM: Hay también una negación a la hora de hablar del color. Cuando se habla de lo indígena y respecto de lo marrón, en Latinoamérica se utilizan un montón de categorías, pero nunca se da un color. Este era nuestro lugar, América era nuestro lugar, tenemos preexistencia. Y la forma de anular esa preexistencia, de anular el color, y de usar el mestizaje y el criollismo como una estrategia de anulación, estuvo a través de los años y caló hondo. 

«Los dos somos abogados, y muchas veces la gente no asume que lo somos, nos piden créditos», señala Mamani.

¿Consideran que en el tratamiento diferente de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel hay una cuestión racista?

AC: En el caso Maldonado, en relación con la muerte de Rafael Nahuel, hay una cuestión de valores. Porque Maldonado era una persona blanca pero que estaba muy metido en la militancia indígena, y la comunidad lo termina aceptando. En cambio, Nahuel era indígena, era parte de la comunidad, entonces ya estaba en otro contexto. Hay una cuestión de valores ahí.

AM: Es un tema tabú. Pero si decimos que las vidas no valen lo mismo es porque sabemos que las vidas no valen lo mismo. Porque la vida de Rafael Nahuel no vale lo mismo que la vida de Santiago Maldonado. Es muy cruel, pero es verdad. La vida de los ocho chicos wichis que se murieron de hambre y sed en el norte no valen lo mismo que la vida de un niño de Capital. Si acá se hubiese muerto un niño de clase media, esto hubiese sido un escándalo nacional. Entonces de verdad las vidas no valen lo mismo. 

Hace unos días hubo bastante revuelo a partir de que Elizabeth “La Negra” Vernaci dijo que “Jujuy es Bolivia”. ¿Qué opinan de tal enunciado? ¿Y qué piensan de la postura del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al respecto?

AM: Lo de Vernaci fue un exceso pero jugaron todos ese juego. Es una pequeña frase que es chocante y esconde algo de racismo. Que una nacionalidad se utilice como insulto da cuenta de qué estamos hablando: porque no es solo una nacionalidad, sino que la nacionalidad refiere a un fenotipo y el fenotipo es lo indígena. No es que no queremos ser bolivianos o no queremos ser indígenas. En 24 horas hubo todo un revuelo alrededor de los dichos, pero en lo que va del año murieron ocho niños wichis de hambre y sed, y no generó lo mismo. 

En Salta y Jujuy es muy común que se diga «esta persona es boliviana» como un insulto a pesar de que fenotípicamente sean iguales: no hay una diferencia estética, mis pómulos y ojos son del mismo tamaño, los rasgos de mi cara son iguales, mi color de piel es el mismo, mi apellido, incluso, es el mismo. Asumimos que todo lo indígena es de afuera. Lo que plantea Vernaci es mucho más complejo, porque claramente se piensa que Jujuy o Salta no es Argentina, pero ¿por qué? No porque sea Jujuy o Salta, sino porque hay pobreza y hay indígenas.

AC: Creo que también tiene que ver con una cuestión de ciertos nacionalismos que se fueron implementando respecto de las migraciones buenas y las migraciones malas. Una migración de los países limítrofes no es la que el argentino o el estereotipo de la Argentina quiere. No es lo mismo decirte que “sos italiano” que decirte “sos boliviano”, porque claramente hay una cuestión más despectiva. Y el hecho de que todos salieran con los tapones de punta, me da la sensación de que es como si ser boliviano fuera un insulto. Tiene que ver con todo un contexto histórico: es el pensarse como un país tan atrasado como Bolivia en su momento, antes de que llegara Evo Morales; con el tema de que el boliviano es sumiso, que en muchos casos viene a la Argentina a trabajar y ser explotado; y, sobre todo, con un indigenismo que no es asumido. 

Se ponen en juego dos cuestiones paralelas: por un lado, el jujeño que dice no ser boliviano como si fuera despectivo; y por el otro, quien dice «el jujeño es boliviano», porque viene con una mirada de que en el contexto argentino son todos “bajados del barco”. 

AM: Detrás de eso se esconde el racismo, se esconde que yo no quiero ser indígena porque no quiero ser indígena pobre, no quiero ser indígena marginal, no quiero ser indígena con un no status. Hay una cadena asociativa. 

¿Qué sucede con las personas marrones respecto de los lugares de poder o autoridad?

AM: Hay una cuestión que refleja dónde está el poder, de dónde viene. Uno no se cría cuestionando, uno no crece cuestionando la estructura. Uno cuestiona una estructura cuando tiene la capacidad para hacerlo, no antes. Nosotros no cuestionábamos que nuestros profesores de derecho fueran todos blancos. 

AC: De hecho a mí, que soy ayudante de cátedra, cuando llegan los pibes a la comisión me miran raro, como dudando que sea la persona a cargo. Hay un estereotipo.

AM: No se nos puede pensar en posiciones de autoridad ni de calidad académica. Los dos somos abogados, y muchas veces la gente no asume que lo somos, nos piden créditos. Lo llamamos «la sombra de la duda» con respecto de los titulados o profesiones como los artistas. Siempre dudan, como que la pregunta va dos veces: ¿de verdad? A mí me pasa… capaz está enlazado con esta cuestión de hiper validarme en la academia, pero yo tengo tres posgrados, una especialidad, una maestría. Y el tema sigue siendo la duda, la sombra de la duda que nos persigue.

¿Esto se ve reflejado en las posibilidades de acceso a posiciones de poder? ¿Incluso en estructuras que se reconocen como progresistas?

AM: Sí. Por ejemplo, las estructuras estatales son blancas, sean peronistas o sean de cualquier otro color político. Si agarrás la foto de todos los ministerios y sacás a todas las personas blancas, no deben quedar más de 5 personas en cargos de poder. Y eso sí es un tema tabú en la política «copada», porque nos gusta hablar de los pobres, de las minorías, de los cabecitas negras, de lo popular. Pero el poder es el poder. El que agarra el micrófono es el blanco, y el que agarra las pancartas en el fondo es el marrón, somos nosotros. Y nosotros ponemos eso en el tablero. Hablemos.

¿Y qué sucede con el feminismo? ¿También se dan estas dinámicas?

AC: El feminismo que se fue adoptando es un feminismo occidental que no tuvo en cuenta el contexto de las personas que no tenemos o no accedemos a ciertas clases. En mi caso, como indígena, cuando empezó toda esta nueva oleada no me sentía identificada porque no veía a una mujer indígena que estuviera hablando sobre cuestiones de mujeres indígenas. Porque nosotras también atravesamos las diferentes cuestiones que pasan las mujeres pero en otro contexto: el racismo. Además de que las demandas de quienes vivimos en la urbanidad, en el campo o en las comunidades, son diferentes. Todo ese contexto indígena es lo que ese feminismo no entiende, porque viene con otra cuestión identitaria, con una cultura, usos y costumbres totalmente distintos a una sociedad que siempre impuso el cómo tendría que ser una mujer. 

En el 2018 participé por primera vez del Encuentro Nacional de Mujeres y, particularmente, de una mesa sobre pueblos indígenas. Éramos ocho mujeres indígenas, y el resto, blancas. Me hizo preguntarme por la poca participación de mujeres indígenas en los Encuentros, y también en la poca visibilización que tenemos. ¿Qué iba a discutir en una mesa cuando ni siquiera el Estado te reconoce las políticas públicas para pueblos indígenas porque no hay visibilización?

Lo mismo con el feminismo. Hay una cuestión siempre avasalladora respecto de una doctrina de los saberes: hay un saber que siempre nos termina aplastando y que no tiene en cuenta nuestro propio saber. Cuando fue el golpe de Estado en Bolivia y Rita Segato dijo que Evo cayó por su propio peso, desde el colectivo Tejido de Profesionales Indígenas, que conformo, le contestamos que no estaba teniendo en cuenta el contexto de refundación de Bolivia como Estado Plurinacional y la incorporación de 36 naciones indígenas cuando es claro que hay una vocación totalmente avasalladora que nunca entendió la temática de los pueblos originarios. En 527 años de conquista nada se logró con consenso, sino que siempre fue con violencia y con imposición de saberes.

Dentro del feminismo también hay un aplastamiento de saberes ya que no entienden que nosotras nos repensamos cuestiones dentro de nuestras culturas, usos y costumbres. Y también hay racismo. Cuando se hizo una manifestación por el caso de Darthés, que todas las actrices acompañaron a Thelma Fardín -lo que me parece perfecto-; al mismo tiempo había una violación de una niña que no fue noticia porque era indígena y pobre. Pero hasta que no se empiece a visibilizarnos, a generar políticas públicas para los pueblos indígenas, siempre vamos a estar en esa disyuntiva.

¿Consideran que, en el debate sobre racismo, son las únicas personas autorizadas para hablar sobre ello? ¿O cómo es que se tiene que construir conocimiento sobre la racialización de las personas marrones en América Latina y, particularmente, Argentina?

AM: El debate sobre el racismo es un debate que se tiene que dar con toda la sociedad, es un debate abierto. Todos tenemos que poder hablar, entender y tratar de colaborar, porque la lucha por la igualdad es una lucha conjunta. Lo que no tiene que pasar, que sí pasa, es que nos terminen objetivando como objeto de estudio. Nosotros no somos personas sin voz, no necesitamos un curso de racismo dictado por chicos blancos. 

Ese es nuestro debate y crítica también con las teorías anglosajonas y europeas respecto del racismo y la decolonialidad. Hay una tendencia social al tutelaje de nuestra historia, de nuestros relatos, de nuestras realidades, de las comunidades indígenas. Como una postura del salvador blanco que sabe qué es lo mejor para nosotros.

AC: Y eso es algo que pasa todo el tiempo. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hoy está a cargo de una chica blanca. Sabiendo que hay muchos profesionales que son indígenas, la pregunta es por qué no puede estar un indígena a cargo. No niego la capacidad de esta persona, pero dentro de la academia también existen otros profesionales que tienen la capacidad de estar enfrente del instituto. Dentro del feminismo pasa lo mismo.

AM: Nosotros vamos a crear teoría, vamos a crear respuestas, vamos a analizar contextos. No vamos a ceder ante las imposiciones de esta neocolonialidad, que lo que hacen muchas veces es silenciarte. 

Las prioridades de Alberto Fernández: reforma judicial, despenalización del aborto y reestructuración de la deuda

Las prioridades de Alberto Fernández: reforma judicial, despenalización del aborto y reestructuración de la deuda

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La escena parecía casi un déjà vu: el auto gris avanzando lentamente, primero por Avenida de Mayo y luego por Rivadavia, hasta llegar al Congreso; la militancia en la plaza, aclamando bajo un sol fulminante, aunque ya no de diciembre, sino de marzo; el gesto peronista de los dedos en “V” de Alberto Fernández a través de la ventanilla del auto, esta vez desde el asiento trasero. Casi tres meses -81días, precisaría después el Presidente- pasaron desde aquel 10 de diciembre y del discurso de asunción del, entonces, nuevo mandatario de la República Argentina. En este 1° de marzo, el motivo de la reunión en el Parlamento -y en la Plaza de los Dos Congresos- fue otro: conocer el camino a seguir en materia política y económica durante el año en curso.

La Asamblea Legislativa comenzó a las 11:15, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de conformar las comisiones que recibirían al presidente de la Nación a su llegada al recinto. Luego de ello, pasó a un cuarto intermedio hasta que Alberto Fernández arribó junto con Fabiola Yáñez, su pareja.

En el mientras tanto, algunos diputados hablaron sobre las expectativas respecto del discurso del presidente. José Luis Ramón, diputado por Mendoza, dijo esperar anuncios relacionados con el desarrollo productivo y en beneficio del pueblo, en contraposición del camino transitado por el gobierno anterior, en el que “se sancionaron 36 leyes que sólo favorecieron a un pequeño grupo de empresarios.” Se mostró optimista, a diferencia de los representantes del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes sostuvieron que el gobierno ratificaría su rumbo de “estructurar toda su política en función de los pagos de la deuda a los acreedores privados y al FMI, lo que ya ha implicado ajustes al pueblo trabajador.”

Por su parte, Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete, habló minutos antes de que comenzara la sesión y expresó que “hoy, esas cuestiones que son más instrumentales y de gestión quedan subsumidas al mensaje esperanzador que el presidente les va a dar a los argentinos y las argentinas.”

“Nunca más endeudamiento insostenible», pidió el Presidente.

Fue a las 12 en punto cuando Fernández comenzó su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias Legislativas 2020. Con Cristina sentada a su izquierda y Sergio Massa, a su derecha; fue directo desde el principio: “Vengo a darle a mis palabras el valor del compromiso”, porque “gobernar no es mentir”.

Con un tono calmo, muy distinto al que usara Mauricio Macri un año atrás, dio un diagnóstico de la “pesada herencia” producto de los últimos cuatro años. Luego detalló, punto por punto, las medidas adoptadas en los primeros 81 días de gobierno del Frente de Todos. “Comencemos por los últimos para llegar a los primeros”, expresó el presidente en línea con la campaña, llevándose el primer aplauso de la jornada. Sin embargo, el momento más celebrado fue la mención a los jubilados y el relanzamiento del Plan Remediar.

El discurso duró apenas poco menos de una hora y veinte minutos e incluyó citas al expresidente Raúl Alfonsín -como pareciera ser una costumbre ya-, Manuel Belgrano, Juan Domingo Perón y Max Weber, e incluso, un agradecimiento al Papa Francisco. A pesar de la extensión, el Presidente fue conciso y concreto -si bien algunos diputados de la oposición, como Waldo Wolff, dijeron luego que el presidente había dado a conocer generalidades-, sin caer en metáforas y eufemismos. Tuvo varios puntos fuertes que resultaron acompañados por los aplausos de toda la Cámara. Uno de ellos fue la mención a las negociaciones de reestructuración de la deuda pública y a la investigación de la misma por parte del Banco Central: “Debemos saber qué es lo que pasó, quiénes permitieron que eso suceda, y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”, sostuvo con firmeza Alberto: “Nunca más endeudamiento insostenible.”

Sobre el campo, uno de los temas “calientes” del debate actual -como lo fue en 2008, cuando se alejó del kirchnerismo-, no hubo anuncios concretos. Sin embargo, el mensaje fue premonitorio, casi una advertencia: “Deben hacer el esfuerzo los que producen y exportan”. También habló sobre analizar la estructura de costos en todos los eslabones de la producción: “Vamos a terminar con la viveza de los que se enriquecen a costa de los pobres bobos que están condenados a pagar por lo que consumen”, sostuvo Fernández.

El presidente también hizo hincapié en la necesidad de “derrotar al hambre que azota a nuestros compatriotas”.

El presidente también hizo hincapié en la necesidad de “derrotar al hambre que azota a nuestros compatriotas”, con un fallido -primero dijo “derrotar al hombre…”- que hizo recordar a su desliz durante el discurso de asunción, cuando sostuvo que habían vuelto “mujeres”, en lugar de “mejores”.

Otro punto importante y esperado del discurso fue la reforma de la Justicia Federal, con el objetivo de terminar con “el oligopolio de los jueces” que actúan con “la manipulación de sorteos y la concentración de procesos”. A esto se le sumó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificará la Ley de Inteligencia para “impedir a los miembros de organismos de inteligencia realizar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”. Varios legisladores de Juntos por el Cambio – Brenda Austin, Silvia Lospennato, Pablo Tonelli y Martín Lousteau- aplaudieron estos anuncios, tal vez los mejores recibidos por la oposición.

Al respecto, el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri expresó luego de la sesión: “Me parece bien lo de los jueces amigos, yo lo aplaudí porque desde el ‘83, la mayoría en el Senado la han tenido ellos y han nombrado a los jueces. Pero lo que me llamó la atención es que nunca hizo referencia a que los jueces deben investigar los hechos de corrupción, sin importar el color político. Es un discurso que en el tono de voz parece conciliador, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace.”

El Primer Mandatario describió a su proyecto como de equilibrio social, ecológico y fiscal.

Los pañuelos verdes atados a la bancada del Frente de Todos ya insinuaba cierto rumbo del discurso. Y cuando Fernández habló sobre derechos de la ciudadanía, miles de corazones verdes se agitaron de emoción. “En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar el derecho individual de cada uno de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, comenzó el presidente, y los aplausos ya amenazaban con tapar su voz: “Por eso, en los próximos 10 días presentaré un proyecto de interrupción legal del embarazo.” Muchas de las presentes se pusieron de pie, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, una de las primeras. “Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede, el aborto es un hecho.”

El anuncio sobre la presentación del proyecto también fue acompañado por otras medidas de protección y acompañamiento a las mujeres, como el Plan de los Mil Días (para garantizar apoyo a personas gestantes embarazadas y a sus hijos, hasta los 2 años) y el Plan de Acción Contra la Violencia, en un contexto en el que muere una mujer cada 35 horas en el país. “Me pareció esperanzador”, expresó Malena Galmarini, presidenta de AySA. “Me da una profunda admiración escuchar prioridades tan claras de la boca del presidente. Me voy contenta”

«El aborto sucede, el aborto es un hecho”, argumentó Fernández al anunciar el envío del proyecto de IVE.

Alberto Fernández también subrayó la importancia de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del país. E hizo hincapié en el sistema educativo y en la necesidad de “educar para que haya futuro”. Así mismo, anunció una nueva Ley de Educación Superior, con el objetivo de fortalecer el sistema universitario. “Queremos construir con todas las universidades nacionales una nueva ley que surja de los consensos, que recorra todas las universidades y pueda tener la perspectiva de todos los claustros -docentes, egresados y estudiantes”, explicó Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, y agregó: “Y a partir de eso, lograr que el sistema universitario argentino se consolide, siga siendo un sistema pujante pero que también sea una universidad muy comprometida con el desarrollo de nuestro país.”

El Presidente también se refirió a la centralidad de los Derechos Humanos y al rol activo que tomará el Estado en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en un recinto con la presencia de las madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Taty Almeida y de la presidenta de Abuelas, Nora Cortiñas. En su discurso también hubo espacio para una fuerte mención a Malvinas; a los nuevos lineamientos de la seguridad nacional -con ciertas críticas implícitas a la gestión de Patricia Bullrich- y a los 44 submarinistas del ARA San Juan, a quiénes se ascenderá post mortem, según anunció. También anunció la desclasificación de los archivos del atentado a la AMIA y la creación del Consejo Social y Económico para el Desarrollo de la Argentina, y la reactivación del sistema productivo con perspectiva de género, federal y ambiental.

El discurso presidencial tocó todos los temas de una agenda política y económica de un país que quiere comenzar a ponerse de pie. El peso que Alberto Fernández le dio a la importancia de alcanzar un “equilibrio social, económico, ecológico y federal”, desde la “integración social, justicia y democracia”, dejó en claro el rumbo que empieza a transitar el país. Y dejó en evidencia, también, que el 2020 será un año de intenso trabajo en la Asamblea Legislativa.

Despiden a los agentes de tránsito que reclaman contra la precarización laboral

Despiden a los agentes de tránsito que reclaman contra la precarización laboral

El 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito despedidos.

Una larga planilla contiene la lista de 82 nombres. Son los agentes despedidos. Junto a ellos, las razones por las que ya no pertenecen al Cuerpo de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En una sala de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Lucas Dávolos y Silvio Piera leen por primera vez los motivos que, aparentemente, justifican sus desvinculaciones y la violación de la medida cautelar emitida por la jueza Patricia López Vergara, de noviembre pasado, que impedía al Gobierno de la Ciudad despedir a cualquier trabajador de es repartición. “Tuvo cuatro suspensiones, fue informado en tres ocasiones, debe destacar que desde el día 8/9/19 el agente no labró acta alguna”, lee Dávolos con incredulidad y una sonrisa que enuncia sorpresa: el enojo y la impotencia ya se superaron. Su trabajo consistía en ser chofer. “Tengo una sola suspensión, que me la hicieron en estos casi cuatro meses de lucha. Me la hizo un coordinador que, además, es delegado del gremio. Cuando empezó el conflicto, aprovecharon a los que tienen nivel jerárquico dentro del Cuerpo y que también pertenecen al sindicato para justificar medidas disciplinarias y poder rescindir el contrato, darnos de baja o echarnos.”

Los despidos comenzaron poco antes del 1 de enero y fueron notificados como no renovación de contratos. Llegadas tarde, ausentes injustificados y falsificación de certificados médicos fueron los motivos que el Gobierno alega para violar la cautelar. Sin embargo, los trabajadores niegan que estos argumentos sean las verdaderas razones: “De los 82, más o menos 55 fuimos los que impulsamos los reclamos y tratamos de asesorarnos con otro gremio, ya que el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) siempre se comportó bastante funcional al Ejecutivo y de una manera violenta y agresiva hacia con los trabajadores. Y en ese grupo estamos los referentes, delegados normalizadores de ATE, y nuestros amigos y personas cercanas”, sostiene Dávolos, quien llevaba cuatro años en el Cuerpo.

El caso de Silvio Piera es similar: con seis años de monotributista para el Gobierno de la Ciudad y realizando los estudios para su pase a planta permanente fue notificado por teléfono que su vínculo con Tránsito había cesado. El motivo: no haber realizado multas, incluso cuando esa no era su función. El verdadero motivo: político, tal como se lo confesó su supervisor. Los despidos fueron la última represalia para los que decidieron organizarse por sus derechos, y un mensaje para los agentes que quedaban dentro de la Dirección de Tránsito.

Frente a esto, Rodolfo Arrechea, secretario gremial y parte del Consejo Directivo de ATE, aseguró que acudirán al INADI: “Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral, y porque una patota que agredió a las mujeres, mandada por una organización sindical empresarial que es la que sostiene al Gobierno de Larreta. Presentamos la denuncia en la comisaría y acá la respuesta fue ‘los echamos a todos’

Por otra parte, el pasado 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito desvinculados del Cuerpo con posterioridad a la cautelar de López Vergara, en un nuevo capítulo de esta saga.

“Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral», dice Arrechea.

La situación que atraviesan los agentes del Cuerpo de Tránsito dista mucho de ser la ideal desde hace mucho tiempo. Su precaria situación laboral se conoció luego de que en la madrugada del 8 de septiembre de 2019, Cinthia Choque muriera durante su horario laboral tras ser atropellada por Eugenio Veppo, quien también hirió de gravedad a otro agente, Santiago Siciliano. “Esa noche, Cinthia y Santiago ya no estaban parando autos porque se habían cortado los controles desde supervisión: ya no había lugar en las playas de acarreo”, cuenta Dávolos, quien también era amigo de las víctimas. “Pero los chicos quedan ahí parados en la calle, no los dejan ni subirse al móvil ni subirse a la vereda. Se tienen que quedar ahí como una especie de campaña de márketing”, agrega.  Una exposición que es  doblemente peligrosa cuando los trabajadores no cuenta con ningún tipo de cobertura por parte de la Dirección de Tránsito: ni ART, ni obra social, ni posibilidad de licencias médicas debido a su condición de monotributistas, es decir, de trabajadores  sypuestamente“independientes”.

A partir de ese momento, lo que antes fueron quejas aisladas y puntuales se convirtió en un reclamo organizado. Comenzaron las movilizaciones, las asambleas y la unidad para denunciar las condiciones en las que trabajan. Sin embargo, en medio de una campaña electoral y con bastante presencia de los medio de comunicación, la respuesta del “Ejecutivo” -las autoridades de la Dirección de Tránsito- no se hizo esperar: “Primero nos sacan de la calle con la excusa de que durante una negociación no se podía cortar la calle”, relata Piera. “En la primera mesa de trabajo nos prometieron un montón de cosas, estábamos todos felices. Pero antes de que se lleve a cabo la segunda mesa, renuncia el director y asume el que hasta entonces era jefe de Operativos, que también es delegado de SUTECBA. Ahí hacen un negocio para ellos y a nosotros nos dejan afuera.” Lo que sigue, cuentan, es una serie de persecuciones y aprietes tanto en el ámbito laboral -suspensiones, cambio de horarios y funciones, acoso- como por fuera de éste e incluye amenazas de muerte, patotas y golpizas.

Verónica Báez, trabajadora en planta permanente que también forma parte de la lucha en contra de la precarización laboral, recuerda que anteriormente “otros compañeros intentaron organizarse en un sindicato distinto, pero fueron amenazados violentamente.” La frase “SUTECBA o muerte” logró disuadir a los demás agentes por un tiempo. “Nosotros teníamos muy en claro que no podíamos organizarnos. Pero todo tiene un límite, y la muerte es un límite. Cuando te dicen ‘SUTECBA o muerte’ era literal, nuestra compañera murió. Eso fue el detonante para querer organizarnos”, sostiene Báez. La afiliación en ATE no fue una opción hasta que, agotados todos los recursos propios y habiendo hablado con todas las personas posibles, el asesoramiento legal y laboral que ya recibían del gremio se convirtió en su base de resguardo.

La presión siguió en aumento, al punto que supervisores y coordinadores acudieron durante su horario laboral -como si estuvieran cumpliendo sus funciones- a una reunión de los trabajadores en Parque Chacabuco, en la que sacaron fotos y filmaron. “Se lo dije al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, porque esta cuestión es gravísima en el marco de la democracia, y dijo que iban a averiguar”, dice Arrechea. Pero esa averiguación prometida culminó en una lista de despedidos en la que se encuentran todos los fotografiados aquella tarde. “Ahí te das cuenta que en esa lista no está el justificativo. El justificativo es todo lo que venimos aguantando y que expusimos”, argumenta Dávolos. Los despidos fueron tan solo el paso final.

La lucha por la reincorporación no es menor, pero los trabajadores no quieren que esta situación corra del eje central la cuestión más importante: la precarización laboral. “Estamos en el año 2020 y estamos pidiendo derechos del 1900. ¿Cómo puede ser que a esta altura en la Ciudad de Buenos Aires -no un lugar perdido en el mundo-, un trabajador no tenga obra social, y no tenga una ART o el derecho a pasarse un médico?,” sostiene Báez.

Piera sostiene que “ya de por sí la condición de contratado es violencia pura porque la gente no sabe si al otro día va a tener trabajo o no, hay dependencia total de la persona que te contrata y así no se puede proyectar nada.” Por otra parte, y si bien el Cuerpo de Tránsito aporta el mayor caudal de ingresos al gobierno después de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), los trabajadores de esta dirección son los peores pagos entre los trabajadores municipales de la Ciudad, tal como sostiene Arrechea. A esto se le suma que pueden llegar a no cobrar durante enero, febrero, marzo y, en ocasiones, abril. “Interrumpen la facturación, que es por una cuestión fiscal para que no salte la relación de dependencia encubierta”, explica Dávolos y añade: “Si facturás los doce meses durante cuatro años, como es mi caso, claramente hay una relación de dependencia. Estás completando el ciclo anual de facturación al mismo ente una y otra vez y seguís siendo monotributista.”

Según Báez, también “hay que ver lo político y lo económico en cómo está armado el Cuerpo de Tránsito para que las cosas no cambien”. Desde lo político, “algo importante es qué hace el gobierno de la Ciudad, por qué decide contratar”. “No es solo una cuestión burocrática, es una manera de presionarte, diciéndote y amenazándote con que no te van a renovar el contrato. Entonces, si a vos te piden hacer mil multas, lo vas a hacer por el miedo de quedarte sin trabajo. Es una pistola en la cabeza”, expresa la agente.

Otra cuestión de gravedad que denuncian es la utilización de los agentes de Tránsito como militantes políticos por parte del gobierno  y del PRO. “Si superabas los 45 días por médico que tienen los monotributistas y, por alguna razón, tenías que faltar, te daban los días a cambio de que fueras a timbrear. Una persona que hacía política para el PRO o que es afín al gremio y al poder tiene franco”, cuenta también Báez, y Dávolos agrega: “Hay gente que se jacta de que recibió la planta permanente por estar siempre presente en el timbreo y de que ‘vos sos un boludo’, te lo dicen así.” Es de este modo que “una persona que va a timbrear los fines de semana y que entró hace dos años tiene más derechos que Cinthia, que falleció estando seis años y medio como monotributista.” “Hicieron clientelismo con los recursos que nosotros habíamos conseguido en nuestra lucha. Hay clientelismo y corrupción”, resume Piera.

Respecto de los motivos económicos, la recaudación supone el objetivo principal y la contracara de la presión sobre los trabajadores en términos de productividad. “Ellos no quieren funcionarios públicos, no solo por el tipo de contratación y la plata, sino porque no quieren personas que estén a  favor del ciudadano y que ayude en lugar de recaudar”, sostiene Báez, una de las pocas agentes en planta permanente que no es administrativa, sino que trabaja en la calle.

Es por esto que, a pesar de que entre las funciones del trabajador de Tránsito esté el “aportar para cesar la falta y prevención de la falta”, es decir, participar en la educación vial más allá de lo meramente punitivo, desde el Gobierno y la Dirección están lejos de promover este tipo de acciones. “La política de los jefes es esconderte porque ellos lo que quieren es la multa, la plata”, sostiene Piera.

“Eso es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos llenó de luces la avenida Corrientes pero resulta que genera una ciudad profundamente injusta. Por afuera muchas luces y mucha sonrisa, y por dentro están los trabajadores en esta situación,” expresa Arrechea, para quien la situación está lejos de resolverse debido al cerco mediático: “A todo tipo de medios le aporta Larreta para poder sostener un gobierno como este.”

Por su parte, los trabajadores despedidos y los agremiados a ATE continúan en lucha, a la espera de que se cumpla del fallo de Liberatori. “Nosotros creemos que es prioridad el puesto de trabajo, más en un momento tan difícil como el que está atravesando el país, y aún más después de una relación de dependencia durante tanto tiempo, de manera encubierta, y con una limitación de derechos básicos que asquea”, sostiene  Dávolos. También convocaron a una concentración el lunes 3 de febrero para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos y continuar con los reclamos por mejora en los derechos laborales.