Nov 30, 2017 | Novedades, slider
El reciente dato, proporcionado a la fuerza por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de un recurso de amparo presentado por Miryam Bregman y Patricio del Corro (FIT), indica que en 2017 quedaron sin vacante para las escuelas públicas porteñas 11.958 chicos y chicas de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Lejos de revertir la crítica situación de 2016, en la que 11.432 padecieron la misma suerte, el panorama educativo de la Ciudad empeoró, tanto cuantitativa, como cualitativamente.
“El chico que no tiene educación desde temprano tiene cincuenta por ciento menos de probabilidades de no terminar el colegio. Faltan jardines de infantes en Argentina y desde el PRO vamos a construir 3.000 jardines infantes en cuatro años”, prometía el entonces candidato Mauricio Macri en un programa de televisión previo a las últimas elecciones presidenciales.
Transcurridos casi dos años de su presidencia y tras diez de gestión de su mismo partido político en la Capital Federal, con leyes nacionales que instan –y obligan- al Estado a asegurar el derecho a acceder a una educación pública, laica y gratuita, las conclusiones a las que llega el informe Seguimiento del dispositivo de tramitación de vacantes escolares denominado ‘Sistema de Inscripción en Línea’, de la Defensoría del Pueblo de CABA indican que “se ha incrementado el porcentaje de niños, niñas y adolescentes aspirantes a los tres niveles educativos, sin vacante confirmada, al inicio del ciclo lectivo”. La proyección es la siguiente: 39,8 % (ciclo lectivo 2014); 41 % (2015) y 54,05 % (2017).
Esta inquietante realidad de miles de familias hizo que se movilizaran el último miércoles 22 a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad, para hacer llegar el reclamo y la exigencia de hacer cumplir lo que es un derecho: la vacante –el ingreso- a la educación. De diversos colores, las respuestas que allí reciben por parte de los funcionarios son, año tras año, las mismas. En diálogo con ANCCOM, Patricia Pines, madre organizadora de la multisectorial “Vacantes para Tod@s en las escuelas públicas” y docente del Mariano Acosta, afirmó que Juan Pedrazzi, asesor del secretario de Carrera Docente (que atendió los reclamos en la calle), “no tiene mucha injerencia en esta problemática, promete solucionar los casos, pero no cumplió el año pasado. Nunca reconoce que faltan escuelas, siempre nos bicicletea con que ‘bueno, estamos trabajando para solucionar el problema’”.
Lo que no especifica el funcionario es exactamente en qué están trabajando, ya que en los estudios que demuestra el ex legislador Patricio del Corro, hasta mitad de año se ejecutó tan solo un 34% del total asignado para la Dirección General de Infraestructura Escolar.
Inscripción en línea
Una de las causas que se aducen a la ineficiencia en la asignación de vacante es, justamente, el sistema de inscripción, que desde el 2013 -para el año lectivo de 2014- es online. Patricia define esa operatoria como arbitraria y expulsiva, porque “como todo lo que hacen, son medidas inconsultas, y porque el que no tiene computadora no puede inscribir a sus chicos en la escuela; y el que la tiene, la primera semana nunca funciona (el sistema) entonces vos tenés que ponerte el despertador a las 2, 3 de la mañana para enganchar el sistema y tratar de que la inscripción entre y cuando vas a llevar los papeles a la escuela, algo que ellos mismos te obligan, en la institución no hay Internet, no hay facilitador, no hay computadora”. Entre los miles de casos de inscripciones azarosas, Patricia recuerda el de tres hermanos, a los que ubicaron en tres escuelas diferentes. “¿Cómo hace la mamá para llevar a tres pibes a tres escuelas distintas a la misma hora?”.
Esta modalidad contribuye a generar, por ejemplo, un proceso de alejamiento en la relación entre la institución asignada y la familia ya que, en muchos casos, los padres y las madres deben terminar optando entre las posibilidades que les brinda el sistema, que no siempre se ajustan a sus preferencias y/o búsquedas pedagógicas. Así, el Estado nuevamente incumple un mandato, expresado en el artículo 23 de la Constitución porteña: “(la Ciudad) asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo, respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias …”.
La despersonalización del sistema de inscripción online conlleva en muchas familias a tener que aceptar desesperadamente lo que hay, que en la mayoría de los casos no se corresponde con sus propias búsquedas para sus hijos e hijas. Así, se observan diferencias entre las preferencias y la asignación final –en el mejor de los casos- en cuanto al tipo de jornada (simple, extendida o completa), a la propuesta pedagógica de la institución, a la cercanía del hogar o del trabajo de los padres y las madres. De esta manera, el periplo de la inscripción y asignación de vacantes, en su expresión digital, queda relegado a un mero acto administrativo, desconociendo su impronta pedagógica que involucra, entre otros aspectos, las expectativas familiares proyectadas para la trayectoria escolar de sus niños, niñas y adolescentes, es decir, para sus futuros.
Sin un plan integral de construcción de escuelas, especialmente en aquellas zonas críticas de la Ciudad, como la zona sur, en la que abunda la desescolarización de nivel Inicial y Primario, a las familias que no corren la misma suerte de aquellas que consiguieron por lo menos una vacante -aún lejos de sus barrios, de sus “convicciones y preferencias”- no les queda más opción que tener que inscribir a sus hijos en escuelas privadas. Esto explica, entre otras cosas, el aumento de la matrícula de ese sector. A la pregunta de cómo se podría solucionar la falta de vacantes en la educación pública, Pines es tajante: “No hay voluntad política para solucionar el problema, sino para profundizarlo. Muchas veces estuvimos en la Legislatura exigiendo la aprobación del Proyecto de Construcción de Escuelas, que se ejecute el presupuesto.”
¿Alcanza con la asignación de un lugar?
La foto sobre el estado de situación muestra que en el presupuesto nacional de 2017 hubo una pérdida de los fondos asignados a la participación de la función educación de un 13% en relación al presupuesto 2016. La película completa expresa un deterioro en las condiciones de acceso, permanencia y finalización de los estudios en los respectivos niveles de la educación pública nacional, signado principalmente por la falta de inversión en infraestructura, en recursos materiales y humanos.
Patricia lo grafica con sus palabras: “Este año costó muchísimo obtener datos, mucho más que los años anteriores. Hasta el año 2016 venían respondiendo los pedidos de informe de la Legislatura y este año no lo respondieron. Teníamos hasta el año pasado la información de que en los últimos diez años se había sub-ejecutado el presupuesto en 850 millones de pesos. Eso equivale, más o menos, a 60 escuelas. Ese dinero estuvo destinado a infraestructura escolar, pero no sabemos en qué se utilizó. Sí sabemos que no se usó para crear escuelas y entendemos que tampoco se utilizó en mejorar la infraestructura de las instituciones educativas porque todos los años es noticia que los techos se caen, que faltan estufas, ventiladores y los vidrios están rotos. Entonces no sabemos para qué se utilizó.”
En cuanto infraestructura edilicia, a la promesa de construcción de 3.000 jardines de infantes, el Gobierno respondió especialmente con los Centros de Primera Infancia (CPI), los cuales no dependen del Ministerio de Educación, sino del de Desarrollo Social, funcionando como guarderías sin proyectos pedagógicos y con escaso personal docente, contratado en condiciones precarias. Hasta la primera semana del mes de junio 2017, el informe El derecho a la educación en Argentina, ¿hacia dónde van las políticas educativas actuales?, realizado en julio de 2017 por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), arroja que han sido ejecutados 506 millones de pesos, sólo el 9% del total presupuestado para la construcción o ampliación de jardines de infantes ($5.592 millones), siendo hasta el momento la más baja ejecución de las 19 partidas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
Actualizado 28/11/17
Dic 14, 2016 | Entrevistas
Cuando su segundo hijo cumplió un año, Patricia Pines obtuvo una vacante en el jardín de la Escuela Pública N°6 “José María Ramos Mejía” de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez que la obtuvo, el primer día de clases, en reunión de padres, se encontró con una maestra al borde del llanto porque tenía a su cargo cuarenta chicos. La docente anunció que se acercaría al sindicato para saber cómo seguir: la situación era insostenible. Ese día, Pines -también docente- comenzó una lucha que la convirtió en una de las referentes del espacio “Vacante para tod@s”.
¿Cuándo surge Vacantes para tod@s?
En 2014, después de la primera implementación del sistema de inscripción escolar online en la Ciudad. Al principio éramos pocas mamás, pero la problemática afectaba a más de 17.000 personas. Pedíamos por la no inscripción online. Después nos dimos cuenta que el tema era más amplio y tenía que ver con la reducción y la subejecución del presupuesto para estructura, la falta de escuelas y con la negación de un derecho constitucional como el acceso a la educación pública a temprana edad. Hoy somos un grupo numeroso, donde hay muchas familias afectadas, docentes de diferentes sindicatos y militantes de varias agrupaciones políticas, sociales y gremiales. Por eso es muy multisectorial.
¿En qué coinciden actores tan diversos?
En defender la educación pública y reconocer que hay una problemática que, si no nos ponemos todos al hombro en unidad, va a ser muy difícil de solucionar. Este año lanzamos la campaña “Que florezcan escuelas en primavera”, que busca determinar espacios ociosos en la Ciudad donde se pueden crear escuelas públicas.
Vacantes para tod@s surge en 2014, después de la primera implementación del sistema de inscripción escolar online en la Ciudad.
¿Cuál es el problema más urgente?
Hay complicidad de la problemática en los tres poderes. En el Legislativo, desde 2014 hemos presentado, a la Comisión de Educación, proyectos integrales de creación de escuelas para las zonas postergadas: el sur, Soldati y Retiro. Hasta ahora solo dos fueron tomados en cuenta: la escuela recuperada “Carlos Fuentealba” en Parque Patricios, después de una toma de tres meses de las familias y que todavía hoy no figura en la inscripción. Y la otra en Venezuela 3269, un galpón abandonado del Ministerio de Educación, en donde ya debería empezar la obra. No obstante, el presupuesto, que cayó del 27,5% al 18,5% para 2017, siempre es subejecutado por el Ejecutivo. En los últimos diez años, se subejecutaron 850 millones de pesos. A valores de construcción actual, equivale a 127 escuelas que se podrían haber abierto. Es dinero que se usó para otra cosa.
¿Qué consecuencias tienen estas políticas?
Hay una decisión política de vaciamiento y privatización de la escuela pública. El sistema de inscripción, el abandono de las escuelas y la no construcción de otras nuevas, produce una derivación de matrícula a escuelas privadas. Cualquier familia que no tiene vacantes y con muchísimo esfuerzo logra pagar una cuota, lo pasa a su hijo a una privada para no dejarlo sin escolaridad.
¿Y los que no pueden pagarla?
Son la mayoría. A mediados de mayo y junio, he acompañado a familias en el Distrito 19 y 21, cuyos hijos no habían comenzado el primer grado. Solo el que tiene la posibilidad empieza en privada, los otros se quedan sin nada. La inscripción online es expulsiva. Hay lugares como la Villa 1-11-14, Lugano, Retiro, donde la población vive en situación de vulnerabilidad y el sistema es un obstáculo más para acceder a la educación pública. El Gobierno responde que hay personal en las escuelas para solucionar estos temas, pero eso es mentira. Tenemos muchísimas denuncias de establecimientos donde no hay nadie para realizar estas tareas. Y a la vez cientos de casos de maltrato por parte del personal contratado, tercerizado, que les han llegado a decir a las madres que no hay vacantes porque ellas tienen muchos hijos, o porque hay demasiados extranjeros, o porque viene gente de otras provincias. Un argumento falso, que queda demostrado al ver el bajo número de estos casos en la matrícula de CABA. Es un discurso xenófobo y discriminatorio.
«Hay una decisión política de vaciamiento y privatización de la escuela pública».
¿Qué respuestas obtienen del Gobierno?
Pocas o evasivas. Va ligado a la no voluntad política. El presupuesto aprobado para 2017 es de 172.000 millones de pesos. Solo con 600 millones se solucionaría el problema de construcción de escuelas. Pero no lo quieren hacer. Mientras destinan casi 2.000 millones a publicidad. En el Ministerio cierran las puertas y dicen que no pueden dar soluciones, y mandan a las madres a la Supervisión. Y lo único que puede hacer ese organismo es meter a más chicos en una misma aula, algo que hoy pasa: hay salas de 2 años con cuarenta chicos, algo inaceptable. A eso se llega porque el Ministerio de Educación no se hace responsable.
¿Cuántos chicos se quedarán sin vacantes en 2017?
Ese dato no lo han querido dar. Se comprometieron a hacerlo en una audiencia pública el próximo 26 de diciembre. Como dato duro, informado por la Legislatura, tenemos que en 2016 fueron más de 11.400 los chicos sin vacantes.
Hace una semana, gracias a un amparo, tuvieron una audiencia pública con funcionarios de Educación ante la jueza Elena Liberatori, ¿qué pasó allí?
Se negaron a entregar datos hasta que la jueza les dijo que iban a ir los sindicatos a dar los datos de cuántas vacantes hay en nivel inicial y primario. Ahí se comprometieron a publicarlos el 26 de diciembre. Esto muestra un intento de ocultamiento de la información que pasa todos los años. También pedimos saber la tasa de egreso de sala de 5, porque sabemos que en zona sur hay más egresados de preescolar que vacantes en primer grado. En concreto, fueron a no decir nada, a dar excusas. Nosotros lamentamos que el pedido de amparo que generó esta reunión era para todos los niveles y la jueza decidió que sólo se tocaran los casos de primario y medio, quedando los del inicial en otra causa que ya tiene un fallo favorable en otro juzgado en lo Contencioso y Administrativo, que si bien dictaminó a favor, nunca le puso multas al Gobierno, entonces está totalmente parada. La sensación es amarga, las familias tienen muchísima angustia. Pareciera que son funcionarios alejados de nuestras realidades, con poca empatía.
«En el Ministerio cierran las puertas y dicen que no pueden dar soluciones, y mandan a las madres a la Supervisión».
¿Cómo afecta a una familia no obtener vacantes?
En mi caso, al año saqué al nene de la escuela Ramos Mejía porque la condición edilicia era impresentable. Tuve la suerte de conseguir vacante en el Mariano Acosta, donde trabajo, pero para eso tuve que renunciar a mi cargo titular de escuela primaria, porque el horario común de jardín no me da para trabajar en primaria. Tomé un cargo en el inicial para llevar a mi hijo en el mismo horario. Modifiqué mi situación laboral, mi carrera. Mi hijo va tres horas y cuarto al jardín, y eso es lo que yo puedo trabajar. En Balvanera, donde vivimos, no hay opciones con horario completo, que es lo que muchas familias necesitamos.
En los últimos años, el GCBA abrió casi 40 Centros de Primera Infancia (CPI), ¿ayudan a cubrir vacantes?
El problema con los CPI es que no dependen del Ministerio de Educación, sino de Desarrollo Humano y Hábitat. Entonces las personas a cargo de los grupos no necesariamente son docentes y los que sí lo son, no trabajan bajo el Estatuto docente. Son contratados de marzo a diciembre, o sea que están precarizados, trabajan por convenio con las instituciones que pactan con el Gobierno. Y sobre todo nos preocupa que esto es una cuestión asistencialista que carece de un marco pedagógico vital. Los CPI son más parecidos a una guardería que a un nivel inicial con una propuesta lúdica y pedagógica específica. Ofrecen un recorrido escolar diferenciado para ciudadanos de primera, que pueden elegir ir a una escuela, y de segunda, que no tienen los recursos y terminan en estas guarderías.
¿Cuáles son los siguientes pasos de Vacantes para tod@s?
En principio, esperamos los datos del Ministerio el 26 de diciembre. Las familias sin vacantes estamos más organizadas que otros años. La mayoría empiezan a hacer amparos individuales en la Defensoría Pública Tutelar o con abogados que colaboran con las familias. Ojalá que el Poder Judicial nos de las respuestas favorables que no nos dan desde el Legislativo y el Ejecutivo. Y también vamos a seguir con la campaña “Que florezcan escuelas”. Seguimos con los registros de las familias sin vacantes y de los espacios ociosos para crear nuevas escuelas. Y sobre todo denunciando esta política asistencialista que tiene el GCBA por sobre la idea pedagógica en la que creemos desde el espacio. Lo bueno es seguir generando esta red que nos da recursos para continuar peleando e intentar revertir esta situación.
Actualizado 14/12/2016
