Ene 17, 2018 | Comunidad, DDHH, Noticias en imágenes
Al cumplirse dos años de su detención, este martes cientos de personas marcharon desde el Obelisco porteño hasta la Casa de Jujuy en Buenos Aires para exigir la liberación de la dirigente social y legisladora del Parlasur Milagro Sala, primera presa política del gobierno de Mauricio Macri. En la marcha hubo cuestionamientos al gobernador Gerardo Morales, al Poder Judicial provincial y a la Corte Suprema de la Nación. Entre los manifestantes participaron organismos defensores de los derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales.
Actualizado 17/01/2018
Jul 6, 2017 | Trabajo
A poco más de 48 horas de la intervención al sindicato dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, los trabajadores del gremio de repartidores de diarios se reunieron en asamblea frente a la sede ubicada en Venezuela 2365 y declararon el estado de alerta y movilización. El secretario general desplazado, Omar Plaini, volvió a repudiar la medida: “Hay una intención jurídica y política, porque esto es cosa juzgada. Además, es incomprensible porque el juez no tiene facultades, es un juez penal correccional”, dijo en diálogo con ANCCOM.
La asamblea de los canillitas contó con el apoyo de la CGT, a través del Movimiento de Acción Social Argentino (MASA) y la Corriente Federal, las regionales de la CTA, las juventudes sindicales de diferentes centrales obreras y otras organizaciones sindicales como aeronáuticos, curtiembre, dragado y balizamiento y alimentación. Con el de los repartidores de diarios ya suman cuatro los sindicatos que fueron intervenidos por la Justicia desde que Mauricio Macri asumió como presidente.
En la calle Venezuela, entre Alberti y Pichincha, se montó un escenario en el que, luego de enumerar las organizaciones sociales, políticas y sindicales que manifestaron su solidaridad, Plaini se dirigió a sus compañeros. El dirigente se refirió a la tradición de lucha del gremio y enumeró las seis intervenciones anteriores sufridas entre 1955 y 1989.
Además, cruzó al gobierno nacional por sus políticas, señaló el aumento de la pobreza, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la deuda. Finalizó con una convocatoria a la unidad de los dirigentes gremiales de cara a un “cese de actividades con movilización”.
Consultado por los motivos políticos detrás de la intervención, Plaini declaró a ANCCOM: “Este es un sindicato comprometido que ha peleado contra los grandes monopolios de la comunicación y se ha expresado públicamente a favor de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en el frente de Unidad Ciudadana. Estas cosas después te las cobran”.
La orden judicial se cumplió el lunes cuando más de cien efectivos de Gendarmería allanaron el edificio que al día de hoy permanece ocupado por esa fuerza. Solo quedaron disponibles para los trabajadores la planta baja y el primer piso, necesarios para el funcionamiento de la obra social. La decisión de Martínez de Giorgi se basa en una causa del año 2013 a raíz de una impugnación de las elecciones de ese año presentada por una lista opositora, que derivó en una denuncia en el fuero laboral. La elección fue convalidada por la Cámara 10 de dicho fuero y luego apelada. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia se expidió de manera unánime a favor de las autoridades electas.
Desde que asumió en 2006, la actual conducción mantuvo un enfrentamiento con el Grupo Clarín por los porcentajes del precio de tapa y los días no laborables para los trabajadores del gremio. Gracias a la lucha, los canillitas lograron tener libre su día, el 7 de noviembre, lo que se consagró por ley en el año 2007.
Con el apoyo de organizaciones sociales, políticas y sindicales, Plaini aseguró que darán pelea para recuperar el sindicato y señaló que trabajarán en una doble vía con ese objetivo. “Por un lado las presentaciones en la causa penal y en el fuero laboral, y por el otro la calle”, puntualizó. Todavía sonaban los aplausos y voces de aliento.
Actualizada 06/07/2017
Oct 26, 2016 | inicio
La Ley 25.674 establece la representación femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales en un mínimo del 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores. En la nueva estructura de la Confederación General del Trabajo (CGT) hay 37 Secretarías, de las cuales solo dos están a cargo de mujeres: Sandra Maiorana (de la Asociación de Médicos de la República Argentina), en la Secretaría de Salud y Noemí Ruíz (del sindicato de Modelos Argentinos), en la de Igualdad y Oportunidad de Género.
Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida. “Lo que sucede en la CGT, lamentablemente, es la regla de lo que pasa en el resto de los sindicatos”, asegura Magalí Brosio, integrante de Ecofemini(s)ta, espacio que discute asuntos sobre economía con perspectiva de género.
Laura Sotelo ATE Capital en la sede de Carlos Calvo.
CONDICIONANTES Y CRÍTICAS
Aunque la ley fue sancionada en 2002, el Instituto de la Mujer de la CGT realizó un informe en 2008 donde mostraba que sobre 1.448 cargos directivos a nivel sindical, solo 80 (un 5%) eran ocupados por mujeres. Un relevamiento del Ministerio de Trabajo de este año refuerza estos datos: sobre 25 sindicatos analizados, en 20 hay mujeres que ocupan cargos, pero en ninguno lo hacen en los puestos jerárquicos, como Secretarías Generales o Secretarías Adjuntas. “Los lugares que ocupamos tienden a ser de formación, acción social o cuestiones de género, labores que el sistema vincula a lo femenino”, subraya Laura Sotelo, responsable de Géneros por el Consejo Directivo en la Asociación Trabajadores del Estado de Capital (ATE Capital). Y agrega: “Es fundamental lograr estar en la mesa de negociación salarial, algo que no podemos hacer desde las secretarías que nos toca ocupar”.
Sotelo reflexiona sobre la letra fría de la ley: “En algún punto, el 30% funciona como un techo. Porque si el porcentaje de trabajadoras en el gremio es menor, el número de los cargos a ocupar baja. Pero si sucede al revés, ese número de roles directivos no sube. Y, en realidad, en muchísimos sindicatos las trabajadoras superan ampliamente el 30% y de todos modos la ley no se cumple”. Sin embargo, no deja de destacar que la ley es un gran avance y que “ante una gran desigualdad, se legisló en torno a eso y ahí hay un logro”. También resalta: “En los doce años anteriores se ampliaron derechos en término de representación y participación, lo cual impacta en los sindicatos”. No obstante, por el tipo de estructuras de los gremios, los cambios tarden mucho más que en otros sectores.
Carolina Brandariz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género en Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), gremio que cumple con la ley 25.674, aporta sobre el tema: “Nuestro sindicato representa a un 80% de trabajadoras. De la totalidad, el 60% somos jefas de hogar. Eso quiere decir que los estereotipos que se reproducen en la sociedad no son verídicos. Las mujeres que trabajamos, que somos responsables del hogar y además militamos, tenemos una triple tarea. Eso muchas compañeras lo ven como una carga, se ponen una barrera a sí mismas, reproducen un discurso machista como si fuera propio”.
En esa línea de pensamiento, Magalí Brosio afirma que “las tareas de cuidado en el hogar siguen siendo vistas socialmente como una obligación de la mujer. Y eso es una carga, porque quita tiempo para dedicarse a la actividad gremial”.
Otro límite que se reproduce históricamente es el de entender a los gremios como un ambiente únicamente masculino. “Cuesta mucho que los compañeros pierdan privilegios, porque estar en paridad de representación sindical implica eso. Algunos sindicatos quieren regirse por pautas culturales de hace cincuenta años. Pero tendrán que tomar nota que los tiempos avanzaron”, explica la representante de UTE. Brosio, a su vez, marca una contradicción que genera una imposibilidad material para cumplir con la ley: “Cuando una compañera quiere denunciar el incumplimiento, tiene que hacerlo frente a una junta electoral sindical elegida por el mismo consejo directivo del sindicato. O sea que se estaría topando con la misma estructura que le niega el lugar”.
Carolina Brandáriz, Secretaria de Género de UTE.
LO QUE NO SE DISCUTE
Si la mujer no es parte de las discusiones más importantes al interior de los sindicatos, quedan excluidos muchos temas. “Principalmente queda afuera la familia. Hay que entender que nosotras no somos las únicas responsables del hogar, tiene que ser una responsabilidad compartida. Y también que no es un tema únicamente del ámbito privado, que la organización sindical tiene que contemplar eso”, describe Brandariz. Por su parte, la integrante del espacio Ecofemini(s)ta brinda más ejemplos: “Incluir a las madres en el mercado laboral es algo primordial a discutir. También temas relacionados al acoso laboral, que muchas veces son tratados livianamente y que para las mujeres son una carga tremenda, porque pasan la mayor parte del día en esos ambientes”.
Como un ejemplo de esta temática, Sotelo comenta que desde ATE impulsan un proyecto sobre “licencias parentales”. La idea apunta a poder adaptar los nombres al nuevo código civil, sin distinguir entre padre y madre, si no haciendo referencia al nacimiento (o adopción) y consiguiendo la paridad en los tiempos de licencia, lo que implicaría igualdad de responsabilidades respecto a los temas del cuidado del hogar. Otro punto que queda fuera de las negociaciones colectivas en la mesa chica de los sindicatos, son los jardines infantiles o lactarios, que al no haber, limitan la participación activa de la mujer en la actividad gremial. “La igualdad real de oportunidades y el acceso a los cargos jerárquicos también se pasan por alto en las discusiones salariales si no aparece nuestra voz”, aporta Sotelo.
«Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida».
RIESGOS y DESAFÍOS
Desde los distintos espacios sindicales coinciden en remarcar la importancia de la creación de las múltiples Secretarías de Género o Igualdad. Entienden que son un avance, pero destacan que no es suficiente. Brosio describe: “La gente que participa en estos espacios ya tiene un interés preexistente sobre el tema. Y lo rico es ir a dar la disputa con los sectores que falta convencer”. En la misma línea, Brandariz plantea que la creación de este tipo de espacios muchas veces logra sectorizar los debates y reclamos: “Las Secretarías de Género son vistas como un lugar para la mujer, pero las Secretarías Generales no”, dice.
“Hay una alianza entre el patriarcado y el capitalismo que genera una división sexual del trabajo. Y ahí el sindicalismo debe dar pelea, porque los géneros y el trabajo organizan a la sociedad”, afirma Sotelo. Según señala, la mujer no solo debe ocupar cargos, sino que, desde esos lugares, no debe reproducir la segregación que hay en el mercado laboral. “El gran desafío es visualizar la falta de representación femenina en los sindicatos, que haya políticas transversales al respecto, hacia el interior de los gremios y no permitir que queden encajonados en el espacio de una secretaría en particular”, acentúa Sotelo.
REPRODUCCIÓN DE LAS VIEJAS ESTRUCTURAS
A mediados del mes de septiembre, el Gobierno Nacional otorgó un reconocimiento parcial a la nueva estructura de la CGT que había surgido en el Congreso de Unidad, celebrado en agosto en el estadio de Obras Sanitarias. Una de las demandas del Ministerio de Trabajo (aunque no la principal) hacia la conducción de la central obrera era el incumplimiento de la Ley de cupo sindical femenino.
No obstante, el miércoles 12 de octubre hubo una reunión en la sede de la obra social del gremio de la Sanidad entre el Ministro de Trabajo Jorge Triaca y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, con los líderes del Triunvirato cegetista Juan Carlos Schmidt, Héctor Daer y Carlos Acuña. Una semana después, se repitió el cónclave al que se le sumó esta vez un grupo de empresarios. En ese encuentro, con la promesa de un bono de fin de año de dos mil pesos, el Poder Ejecutivo logró desactivar, el paro general con el que los gremialistas amenazan debido al deterioro del salario real, los más de 100.000 despidos entre el sector público y privado o la necesidad de reapertura de paritarias, entre otras cuestiones. En esa mesa donde se tomaron decisiones que afectan directamente la vida de muchos trabajadores y trabajadoras, no había ninguna mujer.
Actualizado 25/10/2016
