“Son los responsables de que no conozcamos la verdad”
Este jueves finalizó la presentación del alegato de la Asociación Memoria Activa, querella en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, que representa a familiares y amigos de algunas de las 85 víctimas de la explosión en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. Al cierre de su tercera jornada de alegatos, Rodrigo Borda, representante legal de la organización, pidió ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 penas de entre tres años y veinte años de prisión para los trece imputados y explicó sus responsabilidades.
Para el exjuez instructor de la causa, Juan José Galeano, Memoria Activa solicitó 20 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por haber negociado una nueva versión de los hechos con el imputado Carlos Telleldín, lo que implicó el pago de dinero y la coordinación de maniobras para el encubrimiento de la primera causa AMIA. La querella de Memoria Activa también lo acusó del delito de coacción, privación ilegítima de la libertad de los 15 expolicías bonaerenses que estuvieron detenidos y acusados de haber cometido el atentado y prevaricato.
Para Eamon Mullen y José Barbaccia, exfiscales de la causa, imputados también como partícipes de la privación ilegal de la libertad de los policías a quienes se incriminó falsamente en el juicio anterior, la querella solicitó tres años respectivamente e inhabilitación absoluta perpetua.
Borda pidió, además, seis años de prisión -la pena máxima para el delito del que se lo acusa- e inhabilitación especial por diez años para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Nación, Carlos Menem, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
En su alegato, Memoria Activa también solicitó diez años e inhabilitación absoluta perpetua para el extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy, acusado de haber autorizado el uso de los fondos a su cargo para pagarle a un imputado que declarase una versión falsa de los hechos, previamente acordada con Galeano. Y exigió cinco años e inhabilitación absoluta perpetua para el ex agente de Inteligencia Patricio Finnen y seis años de prisión más de inhabilitación especial por diez años para ejercer toda función, cargo o empleo público para el ex subsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchezar, ambos considerados partícipes necesarios de los delitos mencionados.
Para el ex comisario Jorge «Fino» Palacios- quien sería el brazo operativo del armado de la primera Causa- la organización de familiares de las víctimas pidió cinco años de prisión y cinco años con seis meses para el ex policía Carlos Castañeda, más la inhabilitación especial por diez años para ejercer toda función, cargo o empleo público respectivamente. A su vez, solicitó cuatro años y ocho meses, más inhabilitación absoluta perpetua para el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, acusado de ser partícipe del pago ilegal a Telleldín.
Para Carlos Telleldín, último propietario conocido de la Trafic en cuyo interior se hallaría la bomba, quien cobró 400 mil dólares por declarar en contra de 15 agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para plantar una pista falsa, la querella solicitó cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Tres años para su ex esposa, Ana Boragni, quien recibió el dinero del soborno, y tres años con seis meses para Víctor Stinfale, el abogado defensor de Telleldín en el momento en que se le pagó el soborno, más inhabilitación absoluta para ambos. Además, la querella pidió accesorias legales y exigió que los imputados solventen los costos del proceso judicial.
Casi 24 años después del atentado terrorista que mató a 85 personas y dejó más de una centena de lesionados tras la explosión de una bomba colocada en el edificio de la calle Pasteur al 633, el hecho aún permanece impune. Una investigación plagada de irregularidades y maniobras ilegales de encubrimiento por parte de las fuerzas policiales, de los servicios de Inteligencia, y de las propias autoridades judiciales del caso condujo a que el juicio por el atentado finalizara en septiembre de 2004 con todos los imputados absueltos. Los autores materiales de la masacre y sus cómplices continúan libres hasta el día de hoy.
Ahora, en el juicio por encubrimiento iniciado en agosto de 2015, aquellos encubridores que privaron de toda posibilidad de justicia a las víctimas del ataque, así como a sus familiares y seres queridos, deben rendir cuentas por sus procedimientos ilegítimos durante el transcurso de la causa AMIA. “A las personas que represento en este juicio no solo las damnificó el atentado a la AMIA, sino son víctimas del atentado terrorista. También son víctimas de la impunidad, de la falta de verdad y de la falta de justicia”, aseveró Borda. “La participación que les atribuimos a los imputados en las maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación del atentado a la AMIA fue una participación dolosa. Los acusamos por cosas que hicieron de manera intencional para impedir que las víctimas puedan obtener verdad y justicia.”
Presente en cada una de las audiencias, Diana Malamud, referente de la Asociación Memoria Activa y viuda de Andrés, un arquitecto de 37 años que perdió la vida en el atentado expresó: “Ellos son los responsables de que no conozcamos la verdad. Nos quitaron la posibilidad de saber quién mató a nuestros familiares y por eso queremos que paguen por ello”, expresó. En el mismo sentido se manifestó Adriana Reisfeld: “En esta instancia de alegatos, al escuchar a nuestro abogado, nos sentimos reconfortados porque estamos escuchando la verdad”, dijo en diálogo con ANCCOM. Su hermana Noemí, una asistente social de 28 años, estaba en el edificio de AMIA en la mañana del atentado a pesar de que no le correspondía ir a trabajar ese día. La joven había ido a reemplazar a una compañera y falleció en la explosión. “Hoy está clarísimo que todo lo que está diciendo Rodrigo Borda es real. No hay nada para refutarle, ni de parte de los exfiscales ni del exjuez. No sabemos qué va a pasar, pero creemos que esta es la instancia donde la Causa AMIA prácticamente termina, porque en el encubrimiento es donde no nos dejaron saber la verdad.”
Desde el comienzo del alegato, Borda ratificó su intención de acusar a todos los imputados, diferenciándose de la postura de la recientemente disuelta Unidad AMIA, querella que representa al Estado Argentino, que en su alegato no solicitó condenas para los exfiscales Mullen y Barbaccia. Durante su presentación, el abogado querellante refutó el argumento de algunos de los imputados que justificaron su accionar como “inexperiencia”, al atribuir las irregularidades cometidas durante la investigación a la falta de preparación, escaso conocimiento sobre terrorismo y falta de recursos para investigar. Borda también criticó lo planteado por Unidad AMIA para quitar la imputación a Mullen y a Barbaccia, escudada en que su acusación supondría voltear las alertas rojas contra los iraníes. “Es un argumento hipócrita y absurdo porque intenta ocultar las verdaderas razones por las cuales piden la absolución de estos dos personajes, que es lo que dice Cimadevilla, el «amiguismo»”, manifestó Borda, en referencia a la amistad de los exfiscales con el actual Ministro de Justicia Germán Garavano.
Sobre la reciente disolución de la Unidad AMIA y la designación de Mariano Fridman como nuevo abogado de la querella, Malamud declaró: “Me parece bochornoso, escandaloso. Fridman fue abogado de la DAIA, después fue abogado de la querella de DAIA y AMIA, durante el anterior juicio, y sigue en contacto con ellos. Es como si pusiesen a investigar la causa AMIA de nuevo a Galeano. Me da vergüenza ajena tener un Ministro de Justicia como el que tenemos.”
Entre los argumentos esgrimidos para acusar a los imputados de encubrimiento, Borda resaltó el pago ilegal a Telleldín, para que declarara en contra de 15 policías de la Bonaerense, acusados de integrar la “conexión local” y de haber recibido de Telleldín la camioneta Trafic que supuestamente llevaba la bomba. De esta manera se plantó una hipótesis falsa y se desvió la investigación de la llamada “pista siria”, que vinculaba al empresario de origen sirio Alberto Kanoore Edul, allegado al entonces presidente Carlos Menem, y al mullah (clérigo musulmán) y ex agregado cultural iraní en Argentina, Moshen Rabbani. Esta maniobra orquestada por el destituido magistrado Galeano, que según Borda fue “una acción falsa y coordinada”, habría sido avalada por los ex fiscales de la causa y contaría con la complicidad de los agentes de la ex SIDE imputados, y el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja. “Galeano tuvo un rol fundamental en todo el suceso: propició el contexto, acordó la declaración con Telleldín, solicitó a Anzorreguy y a Finnen los fondos públicos para pagar por esa declaración, negoció las condiciones del pago, y dispuso y coordinó con la SIDE el operativo clandestino para darle a esos fondos un destino ajeno a la administración pública”, repasó el abogado. Sobre la participación de Beraja en el encubrimiento, agregó: “No era un dirigente cualquiera. Era el más importante de la comunidad con un enorme poder político. Él mismo reconoció que tenía un trato cercano con el presidente de la Nación y acceso a ministros, legisladores y jefes de policía. Era una persona muy influyente por lo que es significativo el apoyo y la cobertura que dio Beraja desde su posición de poder al emprendimiento delictivo que llevaron a cabo Anzorreguy y Galeano”.
Borda también denunció que Galeano, además de tomar como pruebas las declaraciones falsas de Telleldín, basó su acusación contra los policías de las brigadas de Lanús o de Vicente López en los dichos de testigos coaccionados. “Galeano no era un juez que buscaba la verdad, que pretendía chequear lo que Telleldín y sus testigos decían. Lo que importaba era que avalaran la versión que vendió Telleldín”, expuso el abogado y añadió: “Galeano no presentó ningún elemento que probara la entrega de la camioneta (Trafic) a la policía. Fue una resolución prevaricadora. Más allá de estos testimonios falaces que se pagaron, no había ninguna prueba de que los policías se hubieran llevado la Trafic”. Luego aseguró que los exfiscales eran funcionales al armado de la maniobra policial y a los métodos ilegales que usó Galeano para darle algún sustento a esta pista, ya que sabían que le había pagado a Telleldín. Por este motivo, Borda sostuvo que Mullen y Barbaccia “son responsables no sólo por omisión sino que hicieron una contribución material a la maniobra de encubrimiento del atentado con la construcción de una pista falsa y un pago ilegal”.
Por último, el abogado se refirió a la participación del expresidente Menem en las maniobras de encubrimiento. “Queda en evidencia la parálisis que sufrió esta pista (sirio-iraní) entre agosto del 94 y febrero del 2000, pues entre esos años solo se produjeron medidas superficiales que no aportaron mayores elementos y, sobre todo, se omitieron medidas esenciales para avanzar en las pesquisas. En este contexto surge inevitablemente la siguiente pregunta: ¿por qué se paralizó la pista Kanoore Edul a pocos días del atentado para retomarla recién varios años después? Y la respuesta no puede ser otra más que la intervención del entonces presidente Carlos Menem para que se desvinculara al nombrado de la investigación por el atentado a la AMIA. Esta maniobra de encubrimiento cesó recién luego de que Menem había concluido su mandato presidencial.”, enfatizó Borda y argumentó que Menem incidió sobre los encargados de la investigación del atentado a la AMIA para que favorecieran personalmente a Kanoore Edul, sustrayendo medios de prueba y falseando documentos. “De esta manera se malogró todo resultado que pudiera representar un efectivo avance respecto de esta persona”, aseguró. “Si bien se ha dicho que a partir del año 2000 se reactivó la investigación de la pista sirio-iraní, es decir la pista Kanoore Edul, y se ordenaron numerosas medidas de prueba, esto no implicó deshacer los daños del encubrimiento que se había cometido con esa pista durante todos esos años anteriores.”
Borda cerró su alegato con el pedido al Tribunal de que investigue “hasta las últimas consecuencias. “Si bien esperamos que no haga falta un cambio de gobierno para que se investigue a todos los funcionarios del Ministerio de Justicia denunciados, los familiares, tal como lo hemos demostrado, tenemos paciencia, perseverancia y sobre todo memoria. Lo único que nos falta es justicia y eso sí se lo pedimos a ustedes, señores jueces”, finalizó.
En las próximas audiencias continuará con la exposición de los alegatos del resto de las querellas y de las defensas de los 13 imputados. Recién entonces, en el plazo de unos meses, se conocerá la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel- y se sabrá si las víctimas de del peor atentado terrorista cometido en nuestro país recibirán algo de justicia, luego de más de dos décadas de impunidad. Y si bien hay expectativas entre los integrantes de Memoria Activa de ver a los encubridores tras las rejas, las esperanzas de que los autores del atentado reciban el castigo que merecen son prácticamente inexistentes luego de tanto tiempo. “Ya a esta altura hay varios de los imputados iraníes que ya hasta fallecieron y que ni sabemos si realmente esa es la pista. Entonces esperar y pensar que va a haber justicia en esa área, por el atentado en sí, es imposible. Y menos que menos un juicio en ausencia”, sentenció Reisfeld.
“Si de algo son culpables todos estos delincuentes que están siendo juzgados hoy es precisamente de haber impedido eso, de habernos alejado de la posibilidad de que los verdaderos autores del crimen, los que pusieron la bomba y mataron a mi marido y a otras 84 personas algún día estén entre rejas. Hicieron todo mal desde el primer día, así que uno ya no cree en nada de lo que hicieron”, concluyó Malamud. “Queremos que no vuelva a ocurrir esto, que no haya ningún otro familiar reclamando justicia durante tantos años como nosotros. En la Causa AMIA la Justicia ha fracasado como tal, como institución encargada de brindar justicia.”
