Abr 18, 2018 | Novedades, Vidas políticas
Al ritmo de «Mauricio Macri la puta que te pario» y al choque de las ya clásicas cacerolas, alrededor de las 20, en las esquinas de los principales barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano y también en provincias del interior se llevó a cabo el «ruidazo» contra el «tarifazo» y el ajuste. Los bocinazos, cánticos y carteles con expresiones como «Me sobra mes al final del sueldo» y «Macri para la mano» aparecieron en La Boca, Barracas, Boedo, Villa Crespo, Almagro, Moreno, Hurlingham, Loma de Zamora, Lanús, Varela, Parque Patricios, Ituzaingó, González Catán, Avellaneda, Caballito, Tigre, en la esquina de la Quinta Presidencial de Olivos, en el Obelisco, Santa Fe, San Juan y Misiones, entre otros puntos. A esta medida de protesta se sumaron los inquilinos quienes además de ser golpeados por el aumento de las tarifas de los servicios son asfixiados por la suba de los precios del alquiler. Los manifestantes exigieron frenar con el abuso por parte de las inmobiliarias y poder alquilar bajo mejores y más justas condiciones. La situación es acuciante, según un informe de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN) el 17 por ciento de los hogares de la Argentina accede a la vivienda a través del alquiler.
María Olmedo, asesora e integrante de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados planteó que el principal reclamo de los inquilinos es que el precio de los alquileres son desmedidos, debido a que suben por encima no sólo de los salarios sino, también, de la inflación. «En la renovación, los alquileres están subiendo alrededor de un 30 y un 60 por ciento, anualmente en los contratos ya figuran aumentos semestrales de entre un 12 y un 15 por ciento», dijo la asesora. Según un informe del portal inmobiliario ZonaProp, desde principio de año hasta abril los alquileres aumentaron un 7,7 por ciento en comparación con el 6,7 por ciento de inflación que midió el INDEC. «Actualmente están librados a la voluntad del mercado inmobiliario que los fija. Si se aprueba el proyecto de Ley de Alquileres los precios se actualizarían en función de un promedio entre inflación y salario», agregó Olmedo.
Según una encuesta realizada a nivel nacional por el FIN, el 87 por ciento de los inquilinos cree que nunca podrá acceder a una vivienda propia. Esto se debe a que no poseen capacidad de ahorro ya que destinan un 41 por ciento de sus salarios en los pagos mensuales del alquiler sin contar expensas, tarifas de los servicios e impuestos inmobiliarios.
Uno de los inquilinos que sufre los aumentos es Federico López, tiene 25 años, trabaja como empleado en una fábrica y comparte el alquiler hace un año con su pareja. «Lo más difícil fue acomodarnos económicamente. La tercer parte del sueldo se va en alquiler y un 40 por ciento en servicios», dijo. López tuvo que recortar gastos como las salidas de los fines de semana. Está descontento con ciertas condiciones edilicias del departamento, cuyo mantenimiento debería correr por cuenta de los propietarios. «Hay goteras, problemas con el baño y la puerta del mismo», agregó. Karen Sosa, también se encuentra asfixiada por la cuentas, ella es empleada doméstica y alquila junto a su pareja hace 8 años. El cincuenta por ciento del ingreso total familiar lo utilizan en el alquiler y otros diez en servicios. Ambos cuentan con un sueldo mínimo y debido al «tarifazo» tuvieron que renunciar a muchas cosas, entre ellas, las salidas, tuvieron que acostumbrarse a comer siempre en la casa, comprar cada vez menos ropa y artículos que no son de primera necesidad. «No podés ahorrar, pensás dos veces antes de comprar algo. Limitamos los ingresos a las prioridades y si queda un resto, sí salimos o compramos comida afuera. En cuanto a lo cultural te limita mucho, si antes podías ir al cine o al teatro, ahora olvidate», dijo decepcionada.
Olmedo planteó que las garantías, en tanto título de propiedad inmueble representan un gran problema para los inquilinos que no la poseen, y un gran negocio para quienes sí las tienen. Hay empresas que se dedican a vender garantías para poder acceder al alquiler de una viviendo como FINAER y Monclair, entre otras. El valor de estas garantías suele ser alto y a diferencia del depósito es un dinero que el inquilino no recupera nunca más. Según la asesora, esta traba al momento de alquilar se podría solucionar pidiendo otro tipo garantía como el recibo de sueldo o un monto más elevado de depósito.
Muchos de los inquilinos que no cuentan con garantía son extranjeros. «Las inmobiliarias les hacen contratos temporales, que en realidad son alquileres de vivienda encubiertos, por seis meses o máximo un año», contó Olmedo. Por ley, los alquileres temporales son aquellos que se realizan por hasta tres meses, con fines turísticos, mientras que los inmuebles para ser habitados se alquilan por un mínimo de dos años: «Pagan comisiones, depósitos más grandes, a veces les cobran hasta casi el doble de alquiler, porque consideran que te les están haciendo un favor», agregó. Ese es el caso de la colombiana Marilyn Herrera. Ella alquila hace tres años una habitación individual en Capital Federal, que comparte con más extranjeros. Cuando comenzó a alquilar en Buenos Aires no le hicieron ningún contrato, le pidieron un depósito para entrar a modo de garantía, además del alquiler. «No firmé nada, no me hicieron contrato, sólo de palabra. A los extranjeros por no tener garantía les cobran una locura de dinero para poder ingresar. Se sabe que el dinero lo arregla todo», deslizó. Como tantos otros inquilinos su vivienda no está en las condiciones más óptimas, reclama a los propietarios el arreglo de puertas, vidrios y la mesada de la cocina, entre otras cosas.
Candelaria Gómez, no es extranjera, pero también tuvo problemas para alquilar por no contar con una garantía. Tiene 30 años, alquila de forma intermitente hace 10 años y hace cuatro que comparte los gastos con su pareja. Se aventuró a vivir sola a los 20 años, pero tuvo que volver a la casa de sus padres después de un par de años. «Recién me insertaba en el mercado laboral, estaba estudiando y no me alcanzaba lo que ganaba para vivir», agregó. Cuando empezó a alquilar el único bien de sus padres figuraba como bien familiar, como medida de protección contra un posible embargo. Por lo tanto, Gómez no podía usarlo como garantía. «Se me hizo cuesta arriba independizarme, hasta que conseguí una inmobiliaria que aceptó, en lugar de la garantía, que depositara más plata que lo que corresponde por ley», contó. En la primera renovación le quisieron cobrar prácticamente lo mismo que cuando entró la primera vez. «Lo único que hicieron fue cambiar un par de fechas y datos en el Word del contrato y por eso me querían sacar un montón de plata. Además, la inmobiliaria quería averiguar mi garantía y que yo pagara por ese informe», dijo indignada. A mí me renovaron hace poco el contrato y vino con un aumento del 40 por ciento, sumado al “tarifazo” de los servicios, estamos mucho más ajustados que hace un par de años. Sin embargo, su principal reclamo es contra el silencio que mantienen los propietarios e inmobiliarias cuando llega la época de renovación. «Es muy angustiante porque no me dicen si me van a renovar o no. Con respecto al precio, si uno los conoce y siempre te aumentan un 30 por ciento, uno lo puede prever más o menos. Pero que dos meses antes preguntes qué va a pasar y te digan que tienen que ver porque tal vez la dueña lo quiere vender o se lo quiere dar a la hija, es complicado. No te dan los tiempos para buscar otra cosa», planteó Gómez, frustrada.
El Proyecto de Ley busca extender el contrato de dos a tres años. «No hay inquilinos a los que le alquilen por más de dos años, sobre todo porque no hay previsión sobre cómo va a funcionar la economía en dos años ni siquiera en uno. Al regularizar los precios de acuerdo a cómo va la economía podés hacer plazos más largos de contrato», reclamó Olmedo. Según la asesora esto les daría mayor estabilidad a las personas o familias que alquilan, porque cada dos años deben estar pendientes de la posibilidad de que no les renueven el contrato, viviendo con angustia, sin poder proyectar un futuro. «Lo peor que le puede pasar a una persona es que se tenga que ir de su hogar», agregó Olmedo. Actualmente, no existe negociación de ningún tipo entre las partes, porque el propietario no está obligado. «Si se copa un mes antes te dice bueno vamos viendo, pero sino como suele pasar 15 días antes del fin del contrato te dice cuánto te va a aumentar y al inquilino no le queda otra que aceptar, porque no tiene tiempo de buscar otra casa», contó Olmedo. Según la asesora el Proyecto de Ley propone que 60 días antes de la finalización del contrato el inquilino y el propietario tienen que sentarse a hablar del futuro del inmueble.
Guido Collavini, es empleado en una gráfica, alquila un departamento en Caseros con su pareja hace 2 años y 9 meses. Como a muchos la mayor dificultad que se le presentó a la hora de dejar la casa de sus padres fue el pago del ingreso. «Actualmente no tengo un salario fijo, pero cuando lo tenía alrededor del 35 por ciento del sueldo se iba en alquiler y servicios. Para llegar bien a fin de mes debo privarme de gastos más que nada para ocio».
Actualmente el código civil exige un mes de depósito por cada año de contrato y es el inquilino el que debe actualizar el depósito conforme a la inflación. Según la asesora, el propietario hace circular ese dinero, es decir que lo revaloriza, por ejemplo a través de un plazo fijo. «Nosotros pedimos a través del Proyecto un mes de depósito por los tres años de alquiler y exigimos que el propietario lo devuelva actualizado, en caso de no haber sido utilizado por deudas o arreglo de roturas causadas por el inquilino. Los inquilinos se verían beneficiados en tanto que deberían poner menos plata a la hora de ingresar», planteó la integrante de la Asociación de Inquilinos.
Según Olmedo, las cargas y contribuciones sobre la vivienda como el ABL y el impuesto inmobiliario son algo que debería pagar el propietario, pero por una «mala» interpretación del Código Civil lo termina costeando el inquilino. El Código Civil y Comercial dice en el artículo 1209 que «El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, excepto pacto en contrario». El Proyecto de Ley de Alquileres contempla esta cuestión y propone que estos costos queden a cargo de los dueños. Como así también las expensas extraordinarias destinadas a mejoras del inmueble, con el propósito de su revalorización.
Giselle Paola Verzino tiene 23 años y es Licenciado en Psicología de la UBA, alquila sola un departamento hace seis meses en el barrio de Flores. Alrededor del 30 por ciento de su sueldo lo destina a pagar el alquiler y otros 15 en servicios e impuestos. «Tengo que analizar lo que voy a comprar para comer y luego ver si puedo darme lujos como hacer un curso académico arancelado», dijo Verzino. Ella reclama que la inmobiliaria la hace pagar por contrato cosas que le corresponden al dueño como el ABL y las comisiones de la propia inmobiliaria.
Otro de los reclamos más frecuentes según Olmedo es sobre el mantenimiento, porque las inmobiliarias o los propietarios no dan respuesta a arreglos fundamentales que necesitan las viviendas para ser funcionales. «Es un negocio en el que los dueños no quieren poner un sólo peso, quieren que el inquilino pinte, arreglé absolutamente todo, se rompe el calefón lo tenés que pagar vos». Este es el caso de Luciano Álvarez, quien se tiene que hacer cargo de los arreglos y el mal funcionamiento de las cañerías o instalaciones eléctricas. Álvarez es docente, hace un año que vive solo y alquila. «Lo más difícil fue no tener un sólo mueble. Al no compartir los gastos con alguien más, una gran parte de mi sueldo era para pagar el alquiler y los servicios», dijo. Según el docente debe cuidarse en ciertos gastos como comprar ropa nueva, salidas, viajar en remis y destinar ese dinero, en cambio, para las reparaciones generales del departamento. Olmedo, es inquilina, alquila por dueño directo hace ocho años junto a dos amigas, contó que ella también tiene problema con los arreglos de la casa y que el dueño ya no le atiende el teléfono. «Cuando empecé a alquilar tenía una buena relación con el propietario, pero después comencé a militar en la asociación, a conocer mis derechos y a hacerlos valer. Entonces la relación empeoró», confesó. Gómez, también, ha tenido complicaciones con los arreglos de la vivienda. «Es una pelea constante, si tenés que pintar el baño te dicen te compro la pintura, pero pintá vos. Cuando ya pago todos los servicios, impuestos y el alquiler. Es como si fuera a un restaurante y además de pagar por la comida tuviera que mantenerle limpio el local», dijo enojada.
Olmedo como representante de Inquilinos Agrupados pidió que el Proyecto de Ley de Alquileres se trate en Diputados, ya que cuenta con media sanción en el senado, pero desde 2016 se encuentra cajoneado. «Si este año no se trata va a caer y perder estado parlamentario. Ellos dicen que no lo sancionan porque quieren hacerle mejoras al proyecto. Yo creo que lo que buscan es dilatarlo, no quieren que haya regulación en el mercado de precios de los alquileres porque hay muchos intereses económicos en juego», denunció la asesora. Se refiere a la comisión de los legisladores del PRO, Daniel Lipovetzky y Waldo Wolff -dueño de una empresa constructor – que realizó una serie de modificaciones al Proyecto, perjudicando los intereses de los inquilinos, beneficiando al mercado inmobiliario y provocando la caída del dictamen de la Ley de Alquileres, según Olmedo.
Ago 17, 2016 | inicio
“La única verdad es la realidad”. La frase inicial del ministro de Energía, Juan José Aranguren, provocó un irónico corto aplauso entre los diputados peronistas. Y actuó casi como un mantra argumentativo durante su interpelación por el “tarifazo” en el maratónico plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Energía, Consumidores y Obras Públicas de la Cámara baja.
En el reducido espacio del anexo del Congreso Nacional y ante la presencia de unos 130 diputados, el responsable de la cartera de Energía se presentó para explicar -y defender- el “gradual” aumento tarifario dictaminado por el Gobierno y que, por una decisión de la Cámara Federal de La Plata, actualmente se encuentra suspendida y a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Todos los bloques de diputados, excepto el oficialismo, estamos acá para retrotraer el tarifazo”, sostuvo taxativamente el diputado del Frente para la Victoria y ex ministro de E-Economía Axel Kicillof.
Segundo ruidazo contra el tarifazo de Macri , el 4 de agosto pasado.
En las largas mesas ocupadas por los representantes legislativos del kirchnerismo, la protesta contra el gobierno nacional se manifestó en carteles con las frases “Gobierno para ricos, tarifazo para pobres”, “Los servicios públicos son derechos humanos, el tarifazo los vulnera”, “Bajó el consumo de leche, háganse cargo”, “¿Prueba?¿Error? No somos conejillos de Indias”.
El cuestionamiento de todo el arco opositor se unificó sobre la figura de Aranguren como funcionario público por su rol como ex CEO de la multinacional Shell de la que aún forma parte como accionista mayoritario, una clara violación de la Ley de Etica Pública según la oposición.
“La madre de todas las ilegalidades es que usted está ocupando el cargo de ministro, cada decisión que tome, es para beneficio propio”, sostuvo el legislador por Rio Negro del FPV, Martín Donaite, en unos de los varios tensos pasajes de la discusión.
Entre gritos y aplausos, exposiciones que superaron largamente los tres minutos consensuados y numerosas chicanas, principalmente entre diputados de Cambiemos y del FPV, transcurrió un intenso debate de más de seis horas que se presentó en su arranque, como “respetuoso” y “constructivo”.
Un poco más de 30 minutos duró la fría exposición informativa del ministro Aranguren. El funcionario dio cuenta de los datos que llevaron a que Argentina en estos últimos doce años haya pasado “de tener energía abundante, exportada y barata” a tener “energía escasa, importada y cara”.
“La única verdad es la realidad”, esa fue la frase inicial del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Según sostuvo el funcionario, el actual gobierno recibió un sector que “manifestaba un gran desorden en su funcionamiento, con roles y funciones equivocadas, alta discrecionalidad y falta de transparencia, desabastecimiento y demanda insatisfecha, causada por una distorsión de precios y atraso tarifario, uso ineficiente de energía, caída en la producción y falta de capacidad de generación”.
Entre otras cuestiones, detalló que el aumento de las tarifas se hizo “de la forma más gradual que le permitía la herencia recibida” y remarcó la importancia de la aplicación de la tarifa social, que alcanzó, según el ministro, tres millones de personas en el servicio eléctrico y un millón en el gas. Sin embargo, evitó explicar los costos de la producción del gas y dar detalles sobre cómo el gobierno construyó los indicadores para diseñar el aumento en el servicio.
Finalizada la exposición, los diputados tomaron la palabra para indagar al ministro.
La ausencia del ex ministro de Obras Públicas y presidente de la comisión de Energía, Julio De Vido, fue una decisión política. El jefe de la bancada del FPV, Héctor Recalde, leyó una carta del ex funcionario y advirtió que Cambiemos tenía “la clara intención de enfocar el debate sobre lo hecho en doce años en materia energética en su persona en lugar de dar las explicaciones que espera la sociedad, en relación a cuáles fueron los criterios técnicos para determinar el brutal tarifazo”.
Los abucheos y gritos de “se han robado todo” de parte de diputados del oficialismo no demoraron en aparecer. Recalde preguntó que si al momento de aumentar las tarifas el gobierno pensó “en lo que podían sufrir miles y miles de hogares argentinos que no pudieron pagar tarifas un aumento porcentual exorbitantes, de 1500 y 1700 %”.
Recalde también sostuvo que el “accionista de la multinacional Shell” realizó una especial “interpretación” de la Ley de Etica Pública al negar que exista incompatibilidad en su cargo.
Aranguren se defendió con un argumento llamativo. “Ninguna de las personas que forman parte y que han estado trabajando en alguna de las empresas en los últimos tres años o tengan participación societaria, tomen decisiones particularmente vinculadas con estas empresas, por lo que “no hay conflicto de intereses”, explicó.
“Durante estos doce años que estuve trabajando en el sector privado traté siempre de apegarme a la ley. Cada vez que desde la administración nacional ha habido una denuncia, siempre me presenté en la justicia y he salido eximido”, arremetió.
La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) sostuvo que para las decisiones que tomó el gobierno “había un mínimo de legalidad que tenían que cumplir y no lo hicieron”, ante la falta de la audiencia pública que indica como necesaria la Constitución Nacional para la determinación de nuevas tarifas.
La batería de preguntas de la diputada, que incluía el pedido de números informes al ministro, disparó las críticas del bloque oficialista al demorarse más del tiempo permitido. Camaño refutó afirmando que ella tenía “muchas preguntas como la mayoría de la gente que no tiene la posibilidad de preguntar y que no sabe de dónde se sacó el porcentaje de aumento tarifario”.
“Nosotros hemos hecho una adecuación de los cuadros tarifarios, siguiendo la capacidad que nos da la ley de emergencia pública, la 25,562, que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2017 y en partir de un decreto 120, que se firmó del 2003, que le da capacidad al Estado nacional de ajustar el precio del gas en boca de pozo y por lo tanto todo lo que hemos hecho ha sido legal y obviamente la Corte Suprema decidirá en lo particular”, respondió Aranguren.
El legislador sanjuanino José Luis Gioja (FPV) tomó la palabra y se permitió una de las tantas chicanas de la jornada. Aseguró que se había sentido “casi conmovido” cuando Aranguren comenzó su primera exposición con una de las frases de la liturgia peronista.
El legislador presentó una abultada factura de gas de un trabajador de la provincia de San Juan, fue cuando le consultó directamente al funcionario si sabía realmente “cuál es el costo del gas en boca de pozo en Argentina”.
En el reducido espacio del anexo del Congreso Nacional y ante la presencia de unos 130 diputados, cientos de periodistas cubrían ayer la audiencia.
“Hay distintos valores dependiendo la inversión de la empresa, según la región, me niego a dar un promedio”, respondió Aranguren. Fue uno de los momentos más tensos de la audiencia.
Gioja repreguntó y, ante la falta de respuesta, citó un informe realizado por la Fundación Bariloche que establece un costo promedio de 1,9 dólares el B.T.U de gas en boca de pozo en el país. “¿Por qué esa diferencia de 1,9 a 5,5 dólares que ustedes fijaron para las nuevas tarifas? ¿Por qué los usuarios tienen que pagar ese costo? Doña Rosa, no tiene que pagar esos costos que son excesivos”, interrogó.
También le manifestó la preocupación que le generó el destino de un grupo de trabajadores del Ministerio quienes habían iniciado una medida de fuerza ante el serio riesgo de que los despidan.
En respuesta, Aranguren remarcó que el preció del crudo lo “regula el mercado” ya que la ley argentina lo determina así y si se desea establecer un precio desde el Estado, “hay que cambiar el marco regulatorio desde el Congreso”. Respecto a los trabajadores comentó que se iba a reunir con representantes gremiales para ver que sucederá
“Rechazamos la extorsión del ministro, del gobierno a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional, al decir que la obra pública se va a parar si no se aplica el tarifazo”, dijo el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola durante su alocución, en referencia a las distintas expresiones públicas que han tenido desde el Presidente hasta funcionarios públicos en la semana que la que el alto Tribunal fijará posición sobre el tarifazo. Faltaban apenas unas horas para que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, avalara los amparos contra el aumento.
“Rechazamos cualquier criterio de aumento, queremos ir hasta el hueso de un sistema que fundieron los servicios públicos en los últimos 20 años. ¿Por qué se siguen ocultando las clausulas que heredamos del negocio de (Miguel) Gallucio y Kiciloff con la petrolera Chevron?”, cuestionó Pitrola. Además, denunció que “se están despidiendo miles de trabajadores de empresas petroleras en el norte de Santa Cruz y en Chubut”.
Otro punto de tensión se sucedió con el propio Kiciloff quien fue citado varias veces por el ministro, al explicar el porqué de los precios diferenciales para la producción de gas.
“Esto está mal hecho, hay que hacer tabula rasa”, afirmó vehemente Kiciloff, quien pidió que para salir del atolladero generado por el tarifazo “hay que hacer las audiencias públicas que marca la ley”.
Remarcó que el modelo de “regulación del libre mercado” y “precios internacionales” que tuvo fuerte vigencia durante la década del 90, no es “el modelo que queremos” ya que fueron los causantes de que la cantidad de reservas de gas disminuyeran profundamente, dejando una vez finalizado ese período “reservas de gas para 10 años”.
En contraposición a lo que viene sosteniendo el gobierno nacional, el ex ministro de Economía afirmó que este año “la producción de gas subió un 5%”
Kiciloff pidió que el gobierno nacional “vaya para atrás” respecto a las subas de las tarifas y que luego se discuta “el cuadro tarifario por los próximos cuatro años” y subrayó que “no sirve la austeridad, porque se descarga sobre la gente y la gente no puede vivir, no puede comer, y la industria y la economía inevitablemente se desploma”.
Al finalizar, le preguntó al presidente de la comisión y al ministro interpelado: “¿Van a volver atrás con el tarifazo? ¿Van a escuchar el pedido de las organizaciones sociales, clubes de barrio, sindicatos que ustedes dicen proteger? Porque sino esto es sólo un acto que les permite ganar tiempo para luego continuar con la misma tarifa y a querer cobrar el retroactivo por todos estos meses”.
Aranguren respondió con sequedad: “Este gobierno dio señales de escuchar y por eso están presentes en el salón”. Hubo aplausos de la bancada oficialista.
La férrea defensa del “tarifazo” por parte del oficialismo tuvo al jefe de la bancada de Cambiemos en Diputados, Nicolás Massot, como uno de sus protagonistas centrales.
Sostuvo que “a cualquier Estado le gustaría tener una política de subsidio ilimitado” pero que dicha decisión se tomó “en un momento de crisis” pero que luego se transfomó en una necesidad electoral”, en referencia al sostenimiento de los subsidios que mantuvo los gobiernos de Cristina Fernández.
“Lo peor de todo es que decidimos seguir con esa política cuando perdimos el déficit fiscal”, reafirmó Massot.
Actualizada 17/08/2016
Jul 15, 2016 | inicio
Pasadas las 19.45 de ayer la llovizna comenzaba a sentirse en la esquina de Scalabrini Ortiz y avenida Corrientes, en el barrio porteño de Villa Crespo. Cinco vecinas se encuentran y preguntan: “¿vendrá alguien más?” Juntas corren al encuentro de otras personas que se van acercando a esta intersección, motivados por la convocatoria en redes sociales, con el objetivo de hacerse escuchar ante el gobierno nacional y reclamando el cese de los aumentos en las tarifas de servicios públicos.
Una primera pancarta con la leyenda “Macri pará la mano. No al tarifazo” sirve de punto de encuentro para los vecinos que, ya en mayor cantidad, comienzan a acercarse. El compás de algunas bocinas motiva los primeros ruidos y aplausos. Silbatos, cornetas, llaves agitándose, bidones de plástico… todo sirve para hacerse escuchar.
En la esquina de Triunvirato y Monroe, Villa Urquiza, el mal tiempo también conspira contra la convocatoria. Luego de un breve momento de desilusión, pero con el retraso previsto de todos los eventos multitudinarios, comienzan a llegar los carteles, los aplausos, las latas, los redoblantes y algunos bombos. Un hombre trae dos boletas de gas hechas en gigantografía: la previa al aumento, de 700 pesos, y la última, de 5.600. Otro, que viene caminando con él, menciona el caso de un joven vecino que vive solo a quien le llegó un tarifa de 7.000 pesos: “El pibe trabaja en una pizzería… nadie sabe cómo va a hacer con el sueldo que tiene”. Gran parte de las conversaciones giran en torno a la imposibilidad de poder costear estos aumentos. No se habla de una rebeldía deliberada, sino de una inviabilidad de la realidad concreta.
Centenas de personas se reunieron en las esquinas de Medrano y Corrientes y Scalabrini Ortiz y Corrientes.
Mientras golpea con un martillo el poste del semáforo de la avenida Corrientes, bajo una llovizna persistente, Walter relata: “Pasé de pagar 130 pesos de gas a 900. ¡Tienen que retrotraer las tarifas y hacer un verdadero estudio sobre los costos! Los servicios públicos los tienen que subsidiar los que más tienen, no nosotros, los usuarios”.
La convocatoria por redes sociales con el hashtag #NoAlTarifazo #Ruidazo había comenzado hacía un par de días y se esperaba una gran convocatoria, pero la inminente lluvia pronosticada hacía dudar sobre su éxito a los propios asistentes. Sin embargo, pasadas las 20, la avenida Corrientes ya se encontraba cortada en su totalidad por aproximadamente 200 personas. Más pancartas y mensajes hacia el gobierno repetían los reclamos respecto a la suba de los servicios públicos, pero ningún móvil de televisión se acercó a este punto de encuentro en el barrio de Villa Crespo.
A varios kilómetros de ahí, al igual que en el resto de las concentraciones, un cartel expresa uno de los reclamos fundamentales de la manifestación: “Luz – Gas – Agua – No son un negocio. Son un derecho”, mientras una mujer oculta entre múltiples frazadas, personificaba la cotidianeidad de muchos de los presentes, mientras ironiza: “Viste que el presidente ya explicó que no podemos estar en remera y en patas”.
La convocatoria fue movilizada a través de las redes sociales con el hashtag #Ruidazo y #NoAlTarifazo hace pocos días (Foto: Obelisco).
Hacia las 21 la convocatoria en Scalabrini Ortiz y Corrientes logró reunir a más de 400 personas, todas ellas manifestándose con pancartas y cantos respecto a la suba de tarifas. “Che Macri, che Awada: Tiranos una frazada”, se leía en un cartel sostenido por una madre con su hija en brazos, haciendo referencia a las palabras del Presidente en uno de sus últimos discursos donde alentaba a los ciudadanos a moderar el uso de la calefacción en sus hogares para no sufrir los aumentos. Valeria Stagi es empleada de un local que vende artículos de cotillón ubicado en Scalabrini Ortiz 269, a pocos metros de donde se produce el corte de calles. Inesperadamente este comercio se vio beneficiado con algunas ventas en medio de la convocatoria: “Puse algunas cornetas en el mostrador, a la vista, porque varias personas entraron a comprar algo para hacer ruido”, dice. Según cuenta a su local también lo afectó la suba de luz: “Sé que en esta factura vinieron alrededor de pesos 4.000 pesos y el dueño tiene pensado hacer el reclamo a Edenor”.
Gladis Garello es jubilada y fue a la convocatoria acompañada por su marido, también jubilado: “No traje cacerola para no evocar a los antiguos cacerolazos, porque esa forma de manifestarse siempre tuvo que ver con la elite”. Argumenta que le gustaría meterse entre la multitud que supera las 400 personas en Scalabrini Ortiz y Corrientes pero no se encuentra bien de salud y prefiere resguardarse del frío y la llovizna bajo uno de los techos de las paradas de colectivo. “Nosotros somos el pueblo, yo solo traje un manojo de llaves para hacer ruido, aunque sea bajo este techo”, explica. Agrega que en su caso la última factura de gas que le llegó fue de 600 pesos, cuando en la anterior había pagado 100: “Esto es una medida dictatorial. La gente se cansó. En vez de que las inversiones las hagan los empresarios ricos quieren invertir con la nuestra plata, con nuestro esfuerzo”, reflexiona.
Los empleados de Metrogas aconsejaron no pagar esta factura hasta tanto no se sepa realmente si corresponden los aumentos o no (Foto: Zona Obelisco).
Osvaldo vive con su esposa en un PH en Villa Crespo y recuerda que hace un par de días tuvo que acercarse a las oficinas de Metrogas para avisarles que no va a poder abonar la última factura por un monto de 8.200 pesos: “El año pasado para el mismo período pagué 800 pesos. Mi señora y yo trabajamos todo el día y no estamos casi nunca… ¡No puede ser que gastemos eso de gas!”, agrega y completa: “Yo vine a esta misma esquina en diciembre de 2001 a pedir que se vayan todos. Y ahora estoy acá de nuevo. Esto significa lo mal que está la gente, esto es el comienzo”. En charla con ANCCOM reflexiona que fueron los mismos empleados de Metrogas quienes le aconsejaron no pagar esta factura hasta tanto no se sepa realmente si corresponden los aumentos o no.
Luego de dos horas de continuos cantos y ruidosa manifestación, la mayoría de los vecinos de Villa Crespo comenzó a regresar a sus hogares, bajo condiciones meteorológicas hostiles. Se alejan del punto de encuentro en Scalabrini Ortiz y Corrientes mientras continúan aplaudiendo y haciendo ruido. En la esquina solo quedan algunos pocos a la intemperie y contados paraguas resisten la fuerte llovizna y el frío de la noche entonando la última canción: “Ole-le Ola-la, si este era el cambio, el cambio no va más”.
Walter, uno de llos manifestante contó que “Pasé de pagar 130 pesos de gas a 900. ¡Tienen que retrotraer las tarifas y hacer un verdadero estudio sobre los costos!».
En Urquiza, otro jubilado se suma al pogo improvisado entre los más jóvenes: “Vengo pagando los aumentos de agua, luz y gas. Te juro que aunque cobre aguinaldo, las cuentas no las puedo pagar. Porque Macri nos cagó, las tarifas liberó, Aranguren la puta que te parió”. Varios también recuerdan, como el vecino de Villa Crespo, haber estado en esa misma esquina a fines de 2001, pero rescatan que la situación no es la misma. Sin embargo, esta apreciación no se traduce en gran optimismo: “Si esto sigue así, vamos a terminar igual y más rápido que aquella vez”. Esa conciencia estuvo siempre presente y no se diluyó en ningún momento, aunque tampoco lo hizo la fuerza de los cantitos y la presencia sólida de los 400 vecinos y vecinas que estuvieron durante casi tres horas reclamando por sus derechos.
Actualizado 15/07/2016
