El Banco Mundial le bajó el pulgar a Rodríguez Larreta

El Banco Mundial le bajó el pulgar a Rodríguez Larreta

El organismo internacional recibió las quejas de la asamblea vecinal, que rechaza el proyecto de un reservorio como aliviador del arroyo Medrano en medio del Parque Saavedra. Retiró los 200 millones de dólares que financiaba la obra.

El Banco Mundial (BM) se puso en contacto con las vecinas y vecinos de Saavedra, que hace meses venían organizándose en contra de la construcción de un reservorio en el parque del barrio, para comunicarles que no financiará el proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad, replicando el pedido de cancelación que la asamblea vecinal había presentado anteriormente.

Desde su Servicio de Atención a Reclamos (GRS por sus siglas en inglés) bajo el asunto “RE: GRS Case Number FY23-GRS-1469; Argentina Flood Risk Management Support Project for the City of Buenos Aires (P145686)” a las 18:51 de este jueves 25, el organismo internacional envió su respuesta al correo emitido en julio por la asamblea vecinal, en el que manifestaba su repudio a la iniciativa del GCBA por no tener como objetivo principal la prevención de inundaciones.  

El proyecto en cuestión proponía la construcción de un reservorio de agua pluvial de 400 metros para “mitigar las inundaciones en la zona” y la creación de un curso de agua a cielo abierto, paralelo al entubado subterráneo, con el fin de “recuperar la relación entre las personas y el agua, centrada en el respeto por la naturaleza, el disfrute y la resiliencia”. 

Anteriormente, en diálogo con ANCCOM, la ingeniera especializada en hidráulica, María Eva Koutsovitis, quien hizo una revisión al informe de impacto ambiental del proyecto había aclarado que “la eficiencia hidráulica como reservorio no está técnicamente justificada y no se analizaron alternativas hidráulicamente más eficientes”, además de alertar sobre las “sustancias contaminantes” con las que estaba previsto que el zanjón se alimentase.

La obra contemplada dentro del Plan Hidráulico, aunque aún no se había realizado el llamado a licitación, disponía de un financiamiento de 200 millones de dólares por parte del BM.

«Luego de los comentarios recibidos durante el proceso de consulta sobre la intervención en Parque Saavedra (audiencia pública) y de las preocupaciones expresadas en su nota del 4 de agosto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) ha manifestado al Banco la necesidad de continuar con el proceso de participación vinculado a la intervención, ampliando así el plazo previsto para dicho proceso, decisión con la cual el Banco Mundial está de acuerdo», señaló la entidad en el correo electrónico enviado a Jorge Marchini, presidente de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, y posteriormente informó su decisión frente a este pedido, ya que «la necesidad de ampliar el plazo se vuelve incompatible con los plazos del proyecto financiado por el Banco Mundial que finaliza en septiembre de 2023, razón por la cual no se utilizarán fondos del préstamo del Banco Mundial para ninguna actividad vinculada a esta intervención».

Finalmente el organismo se comprometió a derivar las «preocupaciones» de los vecinos al Gobierno porteño con el objetivo de que sean “tenidas en cuenta en el desarrollo de las estrategias de participación asociadas a la implementación de esta y otras intervenciones».

Luego de casi un año de reclamos, el rechazo generalizado en las audiencias públicas y manifestaciones junto a otras asambleas vecinales organizadas frente a iniciativas similares del GCBA y el espacio verde de sus barrios, la comunidad vecinal de Saavedra fue logrando hacerse oír. El proyecto de regeneración del Arroyo Medrano tuvo que retroceder hacia una propuesta únicamente de reservorio para la mitigación de las inundaciones. 

A su vez, los vecinos y vecinas insistieron, tanto en las audiencias como en la carta al BM, en la construcción del Reservorio II, una obra cuyos “terrenos ya estaban definidos en el cercano, amplio y mucho más propicio Parque Sarmiento (en terrenos de un exdrive de Golf) en el trayecto del arroyo Medrano, incluido en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de 2006”, indican en la carta. 

En cuanto a la situación actual de dicha obra, los vecinos señalan en el reclamo que el proyecto «ha sido llamativamente marginado, pese a haber sido considerado estratégico por el subsecretario de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Marcelo Palacio, ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires». A su vez apuntan que los terrenos previstos para el reservorio «han sido cedidos ahora al club deportivo privado Belgrano Athletic Club».

José Olivo,  miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Hábitat del Consejo Consultivo Comunal 12 e integrante de Vecinos X Saavedra celebró «el logro de que no hagan una zanja que dividiría el parque» y recalcó que «lo más importante es la organización vecinal».

El súperjefe de gobierno porteño

El súperjefe de gobierno porteño

El jueves 7 se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la Ley de “Emergencia Económica y Financiera”. Con 38 votos positivos y 21 en contra, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta logró un importante avance en el control de los poderes públicos durante una sesión parlamentaria presencial.

El proyecto enviado a la Legislatura por el jefe de Gobierno provocó una gran rechazo por parte de la oposición debido no sólo a su contenido, que delega las facultades legislativas al Poder Ejecutivo; sino también a las irregularidades durante su votación: se aprobó con sólo 38 votos cuando se necesitaban, al menos, 40, y no se aplicó el procedimiento de doble lectura correspondiente a las leyes de excepción (consistente en una primera sanción, una audiencia pública y una ratificación del proyecto).

En un primer momento, el texto incluía la posibilidad del pago escalonado y recorte de los salarios de los trabajadores estatales. Pero a partir de la resistencia de importantes gremios -UTE, ATE, Metrodelegados- y varios diputados -incluidos miembros de la Unión Cívica Radical-, este artículo fue modificado. Lo mismo sucedió con un recorte de 785 millones de pesos para un programa social que atiende a comedores barriales, lo que el gobierno señaló como un “error”.

Sin embargo, el principal punto de cuestión de la ley es la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. “Es algo bastante grave porque a diferencia de Nación, la Ciudad de Buenos Aires tiene absolutamente prohibida la delegación de facultades”, explica Jonatan Baldiviezo, abogado y titular del Observatorio de Derecho a la Ciudad (ODC). “Mucho menos el nivel de facultades que está delegando ahora, que habilita a suspender la vigencia de leyes, y modificar a su antojo contratos o cláusulas contractuales que derivan también de leyes”, agrega.

Dicha delegación está prohibida por el artículo 84 de la Constitución de la Ciudad y no permite ninguna excepción, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde la Constitución permite que el Congreso delegue facultades en materia de Administración y de Emergencia Pública -como sucede en la actualidad.

La legisladora Myriam Bregman denunció recortes en Salud y Vivienda mientras que Seguridad aumentó un 45%.

Según Baldiviezo, “esta concentración de poder público que permite la nueva ley no es algo aislado, es una constante en los últimos años donde el Poder Ejecutivo, de distintas formas, ha ido acumulando y concentrándolo.” El ODC y sectores ligados al progresismo entienden la normativa aprobada como la culminación de un proceso que comenzó atacando a la democracia participativa y ahora da un golpe definitivo a la democracia representativa. Ahora, el gobierno encabezado por Rodríguez Larreta puede, incluso, suspender leyes que fue obligado a cumplir por parte de la Justicia, tales como las que respecta a la creación de parques o al mantenimiento de pauta publicitaria para medios vecinales. “Estos aspectos son bastante graves porque implica, en los hechos, prácticamente cerrar la Legislatura”, sostiene el abogado.

Con la aprobación de la Ley de Emergencia, el gobierno no solo tiene “superpoderes” en lo que respecta a las facultades legislativas, sino que también tiene control total sobre la asignación de partidas presupuestarias, sin límites y sin especificación alguna sobre hacia qué áreas será redistribuido dicho presupuesto. “Ahora, de un plumazo, se le da el manejo de todo los recursos a un gobierno que ha demostrado que no pudo manejar los dos grandes problemas que tuvo la Ciudad de Buenos Aires en el último tiempo: coronavirus y dengue”, sostiene la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. La legisladora, junto a su partido, denunció los recortes en Salud y Vivienda en función de un aumento del 45% en la partida de Seguridad para el presupuesto 2020 que se votó el año pasado. Ahora, a esta disminución, se le añade un recorte presupuestario fijo al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Todo, en el contexto de la pandemia.

Este control absoluto del presupuesto fue otro de los puntos difíciles del debate, por lo que se aprobó la creación de una comisión legislativa que supervise y audite la ejecución de los fondos reasignados a la emergencia. Sin embargo, la flamante Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria es integrada y presidida por legisladores oficialistas. “Nosotros, en nuestra intervención en la Legislatura, en las comisiones y en la sesión denunciamos fuertemente la Ley de Emergencia Económica porque le da poderes supremos a Horacio Rodríguez Larreta con un mínimo ‘control’, que es el de una supuesta comisión que va a controlar qué hace con las partidas, pero que concentra todo el poder en el Ejecutivo”, puntualiza Bregman. En la misma línea, a Baldiviezo le resulta “irrisorio” el hecho de que “no solamente el Poder Ejecutivo va a recibir superpoderes, sino que también se va a controlar a sí mismo”.

Según el titular del ODC, esta falta de contralor parlamentario, sumado a la delegación de facultades delegativas, puede conducir al beneficio de empresas y concesionarias por parte del Gobierno de la Ciudad, así como a concluir procesos de privatizaciones.

En lugar de ayudas, recortes

La ley de Emergencia Económica no sólo se relaciona con el Covid-19 en tanto este es su contexto, sino también en cuanto influye directamente en las consecuencias que está teniendo el virus en la Ciudad. Sobre todo, en los barrios populares.

“El primer caso de coronavirus en el Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31 bis) se confirmó el 21 de abril. El 24 de abril y durante los siguientes 15 días, la falta de agua en el barrio se generalizó impidiendo a sus habitantes llevar a cabo las acciones básicas para afrontar la pandemia: el lavado frecuente de manos. En sólo cinco días, entre el 2 y el 7 de mayo, los casos confirmados aumentaron el 160%”, cuenta María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

¿Cómo se relaciona la nueva ley con esta situación? Lo lógico sería pensar en que parte de la reasignación presupuestaria sería dirigida a planes de acción y políticas públicas que puedan afrontar y mejorar la situación que se vive en los barrios populares y otras zonas vulnerables de la ciudad. Sin embargo, no es así: “Fuera de tiempo, el GCBA impuso un improvisado protocolo donde los criterios de testeos no son claros”, sostiene Koutsovitis, y agrega: “Sin agua potable y sin protocolos adecuados adaptados a la realidad de los barrios populares es imposible afrontar adecuadamente la pandemia.”

Como si fuera poco, la Ley de Emergencia Económica y Financiera del gobierno explicita una reducción al presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo clave en la urbanización y lo que respecta a la cuestión habitacional de la Capital Federal. “Lo grave de la ley es que reduce las partidas para el IVC cuando la creación urgente de viviendas sociales prefabricadas es una de las medidas más rápidas, y hoy tendría que ser uno de los planes urgentes que esté haciendo el gobierno de la Ciudad en los lugares que los vecinos lo determinen, siempre decidiendo ellos el lugar y la manera”, expresa Myriam Bregman al respecto.

Según Koutsovitis, “es sumamente alarmante que la cuestión habitacional en la ciudad no sea relacionada con la fragilidad de la sociedad porteña para afrontar el coronavirus”. “La explosión del coronavirus en los Barrios Populares y ahora en paradores de personas en situación de calle, son una clara muestra que la emergencia habitacional es un elemento esencial para alimentar la aceleración de la propagación del coronavirus.”

Debido a esto, el recorte al IVC y la reasignación presupuestaria que no contempla a los sectores vulnerables no se comprenden dentro de lo que la Ley de Emergencia debería suponer. Y parecería que no es más que un “camuflaje” del Gobierno de la Ciudad para aprovechar el difícil momento en pos de acumular poder público y llevar a cabo negocios que, en otro contexto, no hubiesen sido posibles. “El Estado, con una buena cantidad de recursos como tiene la ciudad, podría estar resolviendo la cuestión habitacional; pero, contrariamente, la ley de Emergencia que se votó se reduce la cantidad de dinero que va al IVC”, expone Bregman, y concluye: “Con lo cual demuestra que la pandemia les interesa poco, y aumentar y concentrar el poder, sobre todo el poder económico, le interesa mucho.”

Larreta puso primera

Larreta puso primera

En el búnker del oficialismo el festejo de la noche del domingo giró en torno a la victoria de Horacio Rodríguez Larreta, reelecto como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El candidato por el partido Juntos por el Cambio obtuvo el 55,9 por ciento de los votos, mientras Matías Lammens, postulado para el Frente de Todos, quedó relegado al segundo puesto con el 35 por ciento. Lejos de estos números quedaron el economista Matías Tombolini de Consenso Federal con el 5,37 y Gabriel Solano del Frente de Izquierda con el 3,65 por ciento.

Luego de que a las 21 se dieran a conocer los primeros resultados, Diego Santilli, vicejefe de gobierno, fue quien subió en primer lugar al escenario de Costa Salguero de la mano de su esposa. Los presentes cantaban “olé, olé, olé, Diego, Diego” acompañando las primeras palabras del funcionario que agradeció a todos los vecinos de la Ciudad. «Hoy la ciudad de Buenos Aires demostró que valió la pena el trabajo, que hicimos posible lo que nadie creía posible», dijo Santilli y al grito de “ganamos Horacio, ganamos” le cedió la palabra a su compañero de fórmula.

Horacio Rodríguez Larreta fue recibido con aplausos y el canto de la multitud que entonaba “borombombón, para Horacio la reelección”. El jefe de Gobierno agradeció a sus compañeros de gestión, a quienes trabajaron en los comicios y a los votantes. “Hoy hicimos historia en la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo Larreta en su discurso y agregó: “Me comprometo a hacer lo que hago siempre, trabajar cerca de ustedes. Ahora más juntos que nunca para seguir transformando Buenos Aires”. El triunfo en primera vuelta del candidato oficialista era esperado dado que la Ciudad ha sido desde siempre uno de los distritos electorales donde el macrismo congrega mayor cantidad de votos, junto con las provincias de Córdoba y Mendoza. Sin embargo, los resultados de estas elecciones fueron contundentes y profundizaron ampliamente los obtenidos en las PASO de cuando Larreta aventajó en 10 puntos al candidato por el Frente de Todos. Este domingo, el reelecto jefe de Gobierno se impuso en todas las comunas porteñas, excepto en las dos más pobres, la 4 (La Boca, Parque Patricios, Nueva Pompeya y Barracas) y la 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano).

En el búnker del Frente de Todos, ubicado en Chacarita, el ambiente era distinto. Desde la tarde el espacio comenzó a llenarse de personas ansiosas por recibir los resultados y se entonó la ya popular canción de “Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés Larreta también”. «Las expectativas están en que lleguen los resultados rápido para poder festejar con tranquilidad», dijo en diálogo con ANCCOM el candidato a senador nacional por la ciudad, Mariano Recalde, dejando en claro las aspiraciones de la jornada. El triunfo presidencial de la fórmula Fernández-Fernández se llevó toda la atención en el recinto y en las calles aledañas, en los emotivos discursos de los dirigentes no se hizo mención de los resultados en favor de Horacio Rodríguez Larreta y tampoco se escucharon discursos de los candidatos a puestos en la ciudad. El acto se centró en las grandes figuras de este domingo comenzando por Axel Kicillof, nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, y luego en Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los electos presidente y vicepresidente, quienes fueron vitoreados por la alegría de las personas que inundaron las calles del barrio porteño. Matías Lammens ni siquiera tuvo lugar en ese escenario de ganadores.

Más allá de la amplia diferencia entre la primera y la segunda fuerza por la Jefatura de Gobierno, estas elecciones permitieron posicionar en el Congreso a funcionarios del Frente de Todos, entre ellos a Mariano Recalde, Pino Solanas y Victoria Donda. Además, la noticia que tuvo mayor resonancia en el terreno legislativo para este partido fue el ingreso de Ofelia Fernández a la Legislatura porteña. De esta manera, la militante se convierte con 19 años en la persona más jóven de la región en ocupar este cargo.

Como tercera fuerza se posicionó Matías Tombolini, representante de Consenso Federal quien denunció el reemplazo de boletas de la lista de Consenso Federal por boletas truchas en la capital. «Alguien se tomó el trabajo de imprimir y reemplazar boletas en colegios de manera deliberada y sistemática. Me comunique con el defensor del pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, que me indicó que nos va a acompañar con esto. Esto se judicializa, porque es un delito penal”,  aclaró Tombolini.

En cuarto lugar, el candidato por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, quien en diálogo con ANCCOM expresó: “Cada voto al Frente de Izquierda es importante para darle legitimidad a la única fuerza política que planteó que la crisis no la paguen los trabajadores sino los capitalistas”. En cuanto a la elección legislativa, el Frente de Izquierda vivió la decepción de no conseguir los votos necesarios para que la candidata a diputada nacional, Myriam Bregman, consiguiera un escaño en el Congreso, aún luego de una fuerte campaña que proponía cortar boleta en su favor.

De esta manera queda conformado el nuevo panorama de la ciudad de Buenos Aires para los próximos años. La victoria de Larreta confirma la importancia del distrito porteño para la coalición de Juntos por el Cambio como uno de los pocos lugares del país donde gana de manera tan pronunciada. El aumento de los votos que se dio desde las PASO para el partido oficialista le permitió evitar el temido balotaje y un nuevo enfrentamiento con Matías Lammens, candidato que superó el techo histórico de oposición al macrismo en la ciudad. Rodríguez Larreta por su parte, asoma como el principal líder el PRO en condiciones de liderar el espacio de la nueva oposición nacional.

 

Cinco hospitales por uno

Cinco hospitales por uno

Una inminente reforma hospitalaria sacude a la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que circulara el proyecto conocido como “Complejo Hospitalario Sur”. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo porteño que implicaría el cierre de cinco hospitales monovalentes para el establecimiento de un único complejo polivalente de alta complejidad, que se construiría en el actual Hospital Muñiz.

Esta semana, mediante el Decreto Nº 297/18, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó que el Ministerio de Salud “propicia el desarrollo del Complejo Hospitalario Sur”.

Es la primera medida de trascendencia pública sobre la iniciativa, ya que no hay un proyecto de ley formal en circulación. Se informó, además, la modificación de la estructura del Ministerio de Salud a los efectos de la puesta en marcha del plan, con la creación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Complejo Hospitalario Sur, que funcionará por fuera de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, con rango, nivel y atribuciones de Dirección General.

El “Complejo Hospitalario Sur” plantea el cierre y transformación en institutos del Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, el Hospital de Oncología Marie Curie, el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), que serán trasladados al predio del Hospital Muñiz. Se trata de un antiguo proyecto que plantea la necesidad de una modernización de los establecimientos de salud dada la antigüedad y mal estado de los edificios, que ya había sido rechazado en dos oportunidades por la Legislatura porteña: en 2008 y 2010. En ambos casos la iniciativa fue impulsada por el Gobierno de la Ciudad, con el actual Presidente Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.

En abril de este año fue presentado nuevamente a los directivos de los hospitales involucrados mediante una presentación de 62 diapositivas. El documento informa que se construirán 50.000 m2 nuevos y se remodelarán otros 10.000 m2 con un costo total de 160 millones de dólares de obra y equipamiento. Para el financiamiento se contempla la venta de los terrenos del Udaondo, Ferrer, Curie e IREP, con lo que se obtendrán 124 millones de dólares, según la tasación realizada en LJ Ramos Brokers Inmobiliarios en diciembre de 2017. No se aclara cómo se financiarán los 36 millones de dólares faltantes. En esa ocasión, el Gobierno comunicó a los directivos que se tomarían todo el año 2018 para evaluar la viabilidad del proyecto. La licitación y el comienzo de la obra serían en 2019, mientras que la culminación y el traslado se prevén para el 2021.

En julio, el Gobierno informó mediante el Boletín Oficial la quita de la condición de patrimonio histórico que tenían varios pabellones del Hospital Muñiz, con el argumento de que el deterioro de los edificios es tal que no pueden prestar servicios sanitarios. Esto habilitaría la demolición de varios de ellos.

Los trabajadores de la salud de los hospitales involucrados se muestran preocupados por las implicancias sanitarias que tendrá la iniciativa y denuncian un millonario negocio inmobiliario detrás. En este marco rebautizaron el proyecto como “plan de hospitales 5×1” y comenzaron a realizar asambleas de trabajadores autoconvocados en cada institución. Las manifestaciones en contra del Complejo Hospitalario Sur incluyeron abrazos simbólicos a los establecimientos, junta de firmas e incluso la conformación de una asamblea interhospitalaria que se movilizó para exigirle respuestas a la Ministra de Salud de la Ciudad, Ana María Bou Pérez, quien -afirman- les cerró las puertas y hasta el día de hoy se mantiene en silencio. La pregunta es cuál sería el costo sanitario, según los trabajadores de salud, de los hospitales involucrados.

Pérdida de la identidad

El Muñiz es uno de los hospitales públicos monovalentes de la Ciudad de Buenos aires, el único especializado en enfermedades infecciosas. Se inauguró en el año 1882 bajo el nombre Casa de Aislamiento dada la insuficiencia de los hospitales existentes al momento para atender enfermedades infecciosas. En 1904 adquirió su nombre actual, Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz. “Son más de cien años de trabajo ininterrumpido e interdisciplinario al servicio de las enfermedades infecto contagiosas, los profesionales médicos y no médicos creemos que esa trayectoria no se puede desechar”, expresa Daniela Sabaj, licenciada en Bioimágenes y representante de la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados del Muñiz, en diálogo con ANCCOM.

El Muñiz sigue siendo en la actualidad el único hospital especializado en infecciosas. “Realizamos diariamente miles y miles de nuevos diagnósticos de tuberculosis y HIV”, cuenta Sabaj. Y subraya la importancia de la atención de estas enfermedades por profesionales especializados: “Por dar un ejemplo, han habido decenas de casos en terapia intensiva de chicas jóvenes con prepaga a las que les habían diagnosticado anorexia nerviosa y en realidad tenían una tuberculosis que se las estaba llevando. Nosotros nos especializamos en eso y lo vemos donde otros profesionales de la salud no lo ven. Para nosotros una tuberculosis es normal, hay profesionales que pasan 40 años trabajando en otros centros de salud y no lo han visto”. El establecimiento funciona, además, como hospital escuela y centro de investigación: “Se forman residentes infectólogos, neumonólogos, dermatólogos que de acá se van a trabajar a hospitales y centros de salud de todo el país”, afirma Daniela.

Profesionales de la salud en asamblea contra el Proyecto de ley «5×1» en el Hospital IREP de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los establecimientos involucrados es el instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP). El establecimiento se construyó en 1949 durante el primer gobierno peronista como la Ciudad Infantil Eva Perón, un hogar escuela donde se albergaba a niños huérfanos o con serios problemas familiares. Tras el golpe militar de 1955, y con motivo de la epidemia de poliomielitis de 1956 y 1957, el lugar comenzó a funcionar como hospital. Se trata de un predio de más de una manzana de extensión en el Bajo Belgrano, que cuenta con tres edificios, y es considerado patrimonio histórico nacional. El instituto se especializa en la atención de patologías del aparato locomotor en su estadio crónico. “Atendemos a pacientes de todo el país y países limítrofes porque no hay otro lugar que se especialice en esto” dice Ricardo Gómez, administrativo del IREP, a ANCCOM. El establecimiento es, además, sede de la Carrera de Medicina Física y Rehabilitación, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Esta es una institución muy reconocida por la formación profesional, hay médicos de todo el país y de latinoamérica estudiando en el hospital. Nos preocupa qué va a pasar con la comunidad hospitalaria de pacientes y estudiantes. ¿A dónde va a ir esa gente?”, afirma Gómez.

“La existencia de hospitales monovalentes o polivalentes -señala Sabaj- es un debate sanitario que hace mella entre los profesionales de la salud y es saludable que exista, pero no a costa de que cinco monovalentes dejen de existir, porque cumplen una función que queda descubierta. El complejo polivalente que plantean no lo cubre”. Y agrega: “Si la Ciudad de Buenos Aires necesita un hospital de alta complejidad, que creo que lo necesita, lo tiene que hacer de cero, en un terreno vacío, con las características, necesidades e infraestructura que se pueden desarrollar en el siglo 21”.

Por su parte, los trabajadores de la Asamblea del IREP coinciden en la crítica al cierre de hospitales. “El IREP fue el último hospital en ser incluido en la reforma hospitalaria, a pesar de que ya había sido remodelado en el 2010. Con este proyecto, cada uno de los hospitales involucrados dejaría de existir. Queda cada vez más claro que la intención del Gobierno de la Ciudad es hacerse de este y los otros predios, no hay una lógica realmente coherente en términos sanitarios”, denuncia Liliana Bidegain, Psicopedagoga del Instituto.

“Lo que está en juego es que dejen de existir cinco hospitales con más de 100 años de funcionamiento y con gran trayectoria”, subraya Daniela. “Además, todos los establecimientos son de relevancia Nacional, atendemos a pacientes de todo el país y países limítrofes. La crisis sanitaria que desataría no tiene precedentes. Este proyecto nos mete a la cobertura universal de salud por la ventana, esto es la reducción al Plan Médico Obligatorio (PMO), la reducción a las prácticas más baratas, el resto se paga. Es un sistema de salud americano”, denuncia Sabaj.

Incertidumbre estructural

Existe una gran incertidumbre por parte de los profesionales de la salud en cuanto a cómo se adaptarán las estructuras de los hospitales en caso de realizarse el traslado al predio del Muñiz. Uno de los puntos críticos es la posible pérdida de los puestos de trabajo. Desde el Gobierno de la Ciudad se argumenta que el Complejo Hospitalario Sur, al ser de alta complejidad, va a necesitar más profesionales y más especializados. Sin embargo, los profesionales denuncian que lo que sucederá es un vaciamiento de las estructuras de trabajo. “Como trabajadores creemos que nos están mintiendo, porque es imposible que un solo complejo absorba las estructuras hospitalarias que tenemos. Creemos que lo que va a pasar es lo que ya hemos visto en otras estructuras estatales: en donde se jubila un trabajador no se renueva la partida, donde se dejan de renovar las partidas, ese servicio se cierra”, reflexiona Sabaj. Desde la Asamblea de Trabajadores del IREP realizaron un pedido de informe amparados en la Ley 104 de Solicitud de Información Pública. La respuesta recibida fue la palabra de que se respetarán los puestos de trabajo, aunque no detallaron qué pasará con las estructuras laborales. “Creemos que con el tiempo se van a reducir la cantidad de puestos y que eso va a ir directamente en detrimento del paciente”, advierten.

La comunidad de trabajadores de la salud denuncia, además, la pérdida de capacidad de absorción de pacientes, dado que se prevé la instalación de solo 500 camas generales. “El Muñiz tiene ahora en funcionamiento 400 camas, cada año son menos por el vaciamiento sistemático del Gobierno que reduce el presupuesto a la salud. Si se hace una sumatoria de la capacidad de los hospitales involucrados, da mucho más que 500”, explica Sabaj. Otro punto crítico es el funcionamiento de la guardia del Hospital Muñiz, que pasaría a ser cerrada. “Hoy funcionamos con guardia abierta: el que se presenta es atendido, puede hacerse estudios, ser diagnosticado y derivado. En el caso del Complejo Hospitalario Sur la guardia pasaría a ser cerrada, esto significa que para ser atendido va a ser necesaria una derivación. Encontramos peligro en eso porque atendemos personas que pululan por salitas, centros, hospitales e incluso obras sociales que no se especializan en enfermedades infecciosas y pueden ser mal diagnosticadas”.

En el caso del IREP, el proyecto no contempla el traslado del polo deportivo y la pileta de natación que es utilizada por los pacientes para su rehabilitación.

Incompatibilidad

Un punto clave de preocupación para los trabajadores de la salud, es el peligro que podría significar la convivencia de las diferentes enfermedades entre sí, ya que la fusión de especialidades implicaría el uso compartido de espacios con pacientes inmunodeprimidos. “El Ferrer tiene pacientes en rehabilitación respiratoria, el Udaondo pacientes oncológicos, el Muñiz con HIV, todos inmunocomprometidos. Esas personas deben estar lo más preservadas posible para no sufrir alteraciones o empeoramientos severos en su condición”, manifiesta Sabaj. En el mismo sentido, Patricia Pastore, Kinesióloga del IREP, suma su preocupación por el uso de áreas compartidas tanto por los pacientes como por los trabajadores: “Se propone que los pacientes de cada especialidad compartan las áreas de imágenes, el laboratorio también será de uso compartido por los profesionales y otros sectores de tránsito como el buffet. Por más que se organice por horarios no creemos que pueda garantizarse la seguridad e higiene para los pacientes”.

Otro punto conflictivo en este sentido es la construcción de salas con camas generales en las que también convivirán las distintas enfermedades. “La ministra dice que habrá habitaciones con presurización negativa y positiva para que esto no sea un problema. Sabemos que existe tecnología para hacerlo pero no creemos que haya presupuesto para una tecnología de esa complejidad, y si lo hay, debería aplicarla para que los hospitales funcionen bien hoy”, sostiene Daniela.  Por su parte, la médica Susana Pirro, perteneciente a la asamblea del IREP, también descree del desarrollo de tecnologías de ese tipo: “¿Cómo vamos a creer que va a poner tecnología de punta una gestión que viene desfinanciando a la salud pública desde hace doce años?”.

“Lo que queremos como  trabajadores es que nuestro empleador nos de respuestas, la ministra de Salud tiene que hablar con nosotros porque somos quienes llevamos adelante la salud todos los días”, dice Sabaj. “Nosotros pateamos todos los días el hospital, sabemos si faltan insumos y los traemos de nuestras casas. Queremos el respeto que merecemos. No queremos que pase como en el Borda, donde vimos topadoras y policía pegándole a trabajadores y pacientes. Pero si nos ponen contra la espada y la pared, ahí vamos a estar: parados frente a la topadora”.

24 horas de marcha

24 horas de marcha

Más de 1.500 personas agrupadas en organizaciones sociales y políticas, y vecinos de barrios humildes comenzaron a reunirse el martes pasado en avenida Rivadavia y Nazca, en el porteño barrio de Flores, para realizar una marcha de 24 horas bajo el lema “Urbanización Ya”, en reclamo de la urbanización de las villas y por el acceso a una vivienda digna. La manifestación culminó este miércoles 24 en Plaza de Mayo, para unirse con el paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en contra de los despidos en el ámbito estatal.

“Vamos a recorrer gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, pasando sobre todo por la zona Norte, dónde viven clases altas, y muchos de los empresarios que hacen negocio con las tierras donde vivimos”, dijo a ANCCOM “Mafalda”, una integrante de Movimiento por la Dignidad.

“Los días pasados, en Villa Celina, Iki -un militante de Movimiento por la Dignidad- sufrió un intento de asesinato por parte de un puntero del macrismo porque los vecinos venían frenando un proyecto inmobiliario”, agregó Mafalda.

Según un informe realizado por la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, el seis por ciento de la población total de la ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios. Aproximadamente 200 mil personas habitan en los más de 30 barrios carenciados de la ciudad, en su mayoría ubicados en la zona sur. En estos barrios, más del 70 por ciento de los hogares habitan en viviendas deficitarias en sus componentes constructivos. A su vez, el 20 por ciento carece de conexión cloacal.

«Decidimos realizar esta marcha, porque en la campaña electoral tanto de (Horacio) Rodríguez Larreta como de (Mauricio) Macri prometieron urbanizar las villas. Además, desde hace más de ocho años hay leyes votadas en la Legislatura porteña en ese sentido y no se ha avanzado ni un milímetro. Como gente trabajadora queremos que se cumpla con la urbanización de nuestros barrios y que terminen con la estigmatización de los pobres «, dijo Nicolás Mayr, integrante de Encuentros de los Pueblo.

“El no tener cloacas, el vivir en barrios donde gracias a la precariedad los gobiernos ocultan a los transas y un montón de negocios ilegales y todo esto es parte de la lucha. Y también para decirle al gobierno que no nos vamos a quedar callados”, sostuvo Mayr.

Estos vecinos también reclaman el tendido eléctrico y la red de gas y agua, plazas, centros de salud y escuelas dentro de los barrios. 

“El 10 de marzo vamos a ir a plaza de Mayo, no solo para reclamar la urbanización, sino por muchos otros reclamos como educación y salud. Ese día se realizarán actos en las 23 provincias del país”, informó Mayr a ANCCOM.