Bernardino Ávila y Juan Pablo Barrientos denuncian la represión policial y detención arbitraria mientras realizaban la cobertura periodística de la protesta de los cooperativistas de MadyGraf.
Múltiples gotas comienzan a caer sobre la vereda, pero éstas no logran detener el agobiante calor de los que las pisan. Dos cámaras de fotos profesionales están apoyadas en una mesa y, detrás de ambas, dos personas figuran en la mira de decenas de cámaras de todos los modelos y tamaños. Se trata de Bernardino Ávila, reportero de Página/12, y Juan Pablo Barrientos, de Revista Cítrica, los trabajadores de prensa que fueron detenidos hace dos días por hacer su labor, el mismo que cumplen los que allí los retratan. El clima y la negativa ante el pedido de Diputados para utilizar la sala de prensa del Congreso no impidieron que los fotógrafos se expresaran en la calle hoy, ni tampoco que hicieran su trabajo.
Tampoco fue un impedimento el miedo a las agresiones, como las que se llevaron a cabo efectivos de la Policía de la Ciudad en la represión del pasado miércoles, mientras la cooperativa Madygraf realizaba un “cuadernazo”, es decir, la entrega gratuita de cuadernos para denunciar las irregularidades por parte del Ministerio de Educación en una licitación a la que se había presentado. “Se vio claramente que la represión fue un ataque a la libertad de expresión y a toda la clase trabajadora. Ni siquiera quieren que se muestre la realidad que se denuncia en todas las manifestaciones. Agradezco a los compañeros por su lucha y porque sin ustedes este tipo de cosas quedarían ocultas y sólo quedaría la voz de los medios oficialistas”, manifestó el diputado por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) señaló que desde la primera marcha por la desaparición de Santiago Maldonado realizada en septiembre de 2017, los trabajadores de prensa empezaron a ser el objetivo principal en las distintas represiones. También indicaron que tres meses después, durante la protesta por la reforma previsional, tuvieron en un sólo día más compañeros heridos que en todo los sucesos de diciembre de 2001, entre ellos a Barrientos, quien recibió veinte perdigones a quemarropa. A diferencia de otras ocasiones, en las que recibían golpes ocasionales por estar cerca del conflicto, ahora también están siendo detenidos e imputados. En este sentido, exigieron que el Estado garantice su posibilidad de trabajar y de realizar el libro ejercicio de comunicar lo que ocurre en el día a día, pero aclarando que ellos no son responsables de las problemáticas que motivan las manifestaciones de las personas.
Los aplausos de los presentes sólo se cortaron por la voz de un trabajador de Madygraf que denunció que mientras se daba la conferencia comenzó otra licitación mostrándose como mejor oferente la empresa gráfica Arcángel Maggio: “La vez pasada se la habían querido dar, pero nosotros salimos primero. Ahora ganaron la licitación ofreciendo 40.000 millones de pesos, es decir, 6 millones menos que la última vez. Esto se da justo ahora cuando está subiendo el dólar y el papel se cotiza en dólares, no hay forma de comprar papel si no es en dólares. No se cómo lo hicieron, evidentemente Maggio hizo magia o hay algún arreglo en coimas”.
Aprovechando aquel comentario Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, reclamó que en los últimos seis años se han perdido 5000 puestos de trabajo en la industria gráfica y que la represión sufrida por los trabajadores de prensa está acompañada de una política que lleva a la quiebra al país: “Lo están desmantelando y desindustrializando y en el camino están dejando un mar de desocupados. Le han sacado la licitación de los cuadernos a los compañeros de Madygraf y se lo han dado a Arcángel Maggio, el taller más negrero de la industria gráfica y visitado sistemáticamente por Macri”.
Finalizada la conferencia de prensa todos se movilizaron frente a las puertas del Congreso, muy cerca de donde Ávila y Barrientos fueron golpeados por la Policía de la Ciudad. Allí se amontonaron todos los reporteros gráficos, pero esta vez el objetivo no fue realizar su labor cotidiano, sino alzar las cámaras bien en alto para gritar: “¡Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode!”.
Ayer la policía detuvo a los trabajadores de prensa Bernardino Ávila de Página 12 y Juan Carlos Barrientos de Revista Cítrica, durante la represión policial en el «Cuadernazo» en la zona del Congreso.
Diversas organizaciones sociales y especialistas en materia de Derechos del Niño de
Argentina y Latinoamérica formularon rotundos rechazos ante el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de un proyecto de ley acerca de un Nuevo Régimen del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La propuesta está alejada de las recomendaciones y normas internacionales e incluye, entre otras medidas, la baja de edad de punibilidad de 16 a 15 años.
Si bien hay acuerdo en la necesidad de cambiar el actual Régimen Penal Juvenil que derogue el decreto ley N° 22278 que data de la época de la dictadura, esta reforma debe hacerse en consonancia con los principios internacionales vinculados a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia que respete los derechos y garantías de este sector etario vulnerable. El intento de bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años –dicen los especialistas- no sólo no es recomendable de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales, sino que es inconstitucional dado que viola el principio de no regresividad, en tanto se estaría retrocediendo en un derecho adquirido.
“Para abordar este tipo de situaciones se requiere de un Estado social y no un Estado penal, que cree programas y dispositivos de prevención, integración y contención de los jóvenes ofreciéndoles alternativas de proyecto de vida y no de cárcel o punición. Para eso se requiere inversión de recursos y no desfinanciamiento ni reasignación de partidas. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno en los últimos tres años de gestión. La opción para ellos es ofrecerle a los pibes la amenaza de la encarcelación como forma de disciplinamiento”, advierte José Machain, referente de la Red Argentina No Baja, quien fue consejero de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en representación por la Legislatura Porteña durante doce años.
Al referirse públicamente sobre los alcances de este proyecto de ley, Patricia Bullrich habló de que “contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo e impedir que avance en la carrera delictual” haciendo alusión a “la gran cantidad de menores involucrados en situaciones delictivas graves”. Esta argumentación causó gran repudio de organizaciones sociales dado que no existen datos públicos a nivel nacional que den cuenta de ello mientras que los números de las estadísticas disponibles dicen lo contrario. Por ejemplo, según la información del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, sólo el 3.6% del total de causas penales iniciadas son atribuidas a menores de edad, de los cuales tan sólo el 0.55% son delitos de sangre. “Es desacertado y falaz lo que dice Bullrich. Es ínfima la cantidad de menores de edad involucrados en delitos graves, de violaciones u homicidios. Entonces, nada tiene que hacer la ministra de Seguridad hablando de medidas socioterapéuticas. No tiene incumbencia en esta temática, como sí la tienen el Ministerio de Educación o el de Desarrollo Social a los cuales este gobierno les ha
recortado presupuesto y reasignado partidas que han sido derivadas justamente a la
Policía Federal y la Gendarmería”, aclara Machain.
“Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala», dijo Maria del Carmen Verdú.
En esta misma línea, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), señala la falta de honestidad de Cambiemos cuando es a este mismo sector etario al que le cierran los secundarios nocturnos y se ve directamente afectado por los recortes que ha habido en Desarrollo Social, tanto de Nación como en Ciudad, concentrados en dos ejes que este gobierno considera descartables: los programas de género, violencias y disidencias así como en los de niñez y adolescencia. “Hablan de reinserción y hasta de un nuevo régimen socioterapéutico pero andá a visitar cualquier instituto de menores donde hay chicos por razones asistenciales, no penales, y contame si alguien se puede reinsertar viviendo en un cubículo de dos por dos, de cemento, sin almohada, con un camastro de material que es lo único que tienen como mobiliario.
«Después se preguntan por qué suceden los suicidios en los institutos de menores”, denuncia Verdú. A su vez señala que el gobierno utiliza una lógica de demagogia punitiva visible en la sucesión de hechos del último mes y medio con medidas que siguen una misma línea disciplinadora y represiva como la habilitación de uso de armas de fuego contra personas desarmadas, la compra de pistolas Taser o el programa Restituir que reincorpora a agentes apartados de las fuerzas de seguridad por haber sido investigados durante años por hechos represivos beneficiados por el sobreseimiento o la absolución fáciles. “Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala. La única forma de enfrentar a estos planes de ajuste y represión es con protagonismo popular en las calles, es el único lenguaje que entienden”, sostiene Verdú.
La relación del anuncio de este tipo de medidas de mano dura con el comienzo de un
año electoral es ineludible. En este sentido, Víctor Ramos, fundador del INADI y presidente de la asociación internacional SOS DISCRIMINACIÓN de Argentina, entiende que existe una especulación por parte del oficialismo sobre un sector de la sociedad reaccionario que tiene una pulsión xenófoba y que siente que la crisis se resuelve con la represión, lo que los lleva a ir detrás de esos votos. “La respuesta que propone el gobierno de bajar la edad punible, es responsabilizar al otro. Buscan un enemigo, un responsable de lo que el estado no ha podido resolver. Es un discurso que lo van profundizando porque, al no tener propuestas ni soluciones a la crisis económica que el propio Macri generó, señala un responsable: el delincuente ¿Quiénes son los delincuentes? Los pibes, los paqueros, los que se drogan. Buscan el eslabón más débil para responsabilizarlo de la ausencia de políticas públicas y de
profundos problemas sociales que no logran resolver”, argumenta Ramos. Además, señala que este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes y dejando de lado que son justamente los niños y adolescentes sobre los que mayor impacto tiene la pobreza, la violencia institucional policial y los recortes en políticas de salud y educación.
En el informe de UNICEF publicado a fines de 2018 sobre “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina”, se daba a conocer que el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres, de los cuales el 20% se encuentra en condiciones de privaciones severas que implican vivir cerca de un basural, en áreas inundables o no haber asistido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. En aquel entonces los medios hicieron gran eco de estas cifras alarmantes, pero al arrancar un nuevo año muchos toman a la ligera la baja de la punibilidad a pesar de que se trata del sector etario más afectado por la crisis económica y social que atraviesa el país.
«Este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes», reflexionó Victor Ramos.
“En lo que hay que ir a fondo es en que el estado realice políticas sociales adecuadas, con mano dura para los funcionarios que no ejecutan sus presupuestos. Llegamos a fin de año y no se ejecutó parte del presupuesto de Desarrollo Social y de Salud. No puede ser que hay dinero no ejecutado, inclusive haciendo recortes, en esos organismos. No lo gastan donde tienen justamente que invertir, en la prevención y en la integración de los jóvenes. Arrancan al final de la cadena cuando el delito ya se cometió”, sentencia Ramos.
En este sentido, la semana pasada UNICEF Argentina ha puesto en circulación un informe con “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, cuatro carillas donde se desarrolla expresamente que bajar la edad de punibilidad no mejora la seguridad, basado en experiencias internacionales que así lo han demostrado. Más bien se recomienda un sistema de justicia especializado cuyo enfoque se centre en la prevención del conflicto con la ley penal en lugar de la represión y donde la estrategia esté direccionada en pos de la reinserción social a través de la oferta de oportunidades educativas, de recreación y laborales que oriente a los jóvenes hacia un proyecto de vida alejado del delito.
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), a su vez, ha emitido un comunicado en el que deja sentada su postura de rechazo a la disminución de la edad punible ya que entiende que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana. Y sin atender centralmente a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.
De debatirse este proyecto de ley en sesiones extraordinarias en el Congreso y de ser aprobado sería la primera vez que un gobierno elegido democráticamente logre bajar la edad punible. En 1954, el segundo gobierno peronista la elevó de 14 a 16 años y sólo se vio disminuida nuevamente a 14 en 1976, durante la última dictadura cívico-militar. Recién en 1983, con el retorno de la democracia, se recuperaron derechos básicos de la población y se aumentó nuevamente la punibilidad a 16 años.
El pesado y acalorado ambiente que predomina en la Avenida de Mayo y la 9 de julio no impide que se congreguen poco a poco múltiples banderas de distintos colores e insignias. El objetivo es marchar en dirección al Congreso de la Nación para luego manifestarse en dos destinos: la Casa de la Provincia de Buenos Aires y la Casa de Córdoba. A todos los motiva un mismo sentimiento, la indignación generada por el asesinato por la espalda de dos integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), con dos días de diferencia entre cada caso.
El asesinato del trabajador textil Rodolfo Orellana ocurrió en la madrugada del jueves, durante un desalojo policial basado en una toma de terrenos en el partido de La Matanza. Ese día también fueron detenidos Mirian Calizaya, Hugo Vedia, Alanes Coria y Wilson Delgado, quienes fueron liberados ayer. El otro caso es el de Marcos Soria, la CTEP denunció que el sábado sufrió una brutal golpiza en un descampado, por parte de dos uniformados, luego resultó ultimado por estos en el barrio Ciudad Obispo Angelleli II, al sur de la ciudad de Córdoba. La versión policial planteó que los disparos efectuados a Soria se realizaron mientras él intentaba huir, luego de cometer un robo con un presunto cómplice, quien se encuentra detenido.
“Las órdenes directas de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, son primero disparar y después preguntar», dijo Luciano Álvarez.
“Hay una escalada represiva avalada por la Presidencia de la Nación porque sino, ¿qué fue la felicitación que Macri le dio a los dos tiros por la espalda efectuados por el agente Chocobar? Nunca se dijo tampoco quién mató a Rafael Nahuel por la espalda ¿Y ahora Orellana y Soria? ¿Se piensan que nos vamos a quedar callados?”, expresa el cineasta y actual senador Fernando “Pino” Solanas a ANCCOM mientras camina al frente de una columna de manifestantes que ya lleva varias cuadras de extensión. A su lado se encuentran los representantes gremiales Juan Grabois, Roberto Baradel, Hugo Yasky y Pablo Moyano. Atrás brindan su apoyo las filas de la CTEP, ATE, CTA, Barrios de Pie, MP La Dignidad, el Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras organizaciones sociales.
“Las órdenes directas de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, son primero disparar y después preguntar, como también primero dispersar la manifestación antes que saber cuáles son los motivos de los reclamos. Pero por más que quieran matar o judicializar a nuestros compañeros, vamos a seguir demostrando el más grande arco de solidaridad en las calles”, descarga Luciano Álvarez, de la organización Los Pibes perteneciente a la CTEP. A los dos costados de la columna, sobre la vereda, se vislumbran transeúntes dispersos y desconcertados ante el masivo movimiento de gente. Algunos se detienen a aplaudir, otros miran para otro lado con indiferencia. Pero nada detiene el andar de los concurrentes que ya llegaron al Congreso de la Nación y se disponen a doblar en dirección a la avenida Corrientes.
Un cordón policial presente en la entrada de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, espera a la muchedumbre, que se detiene para acercarles una base de madera que sostiene la figura de la Virgen María con banderas blancas de la CTEP. Otro cordón se forma al frente de los uniformados, es distinto, ya que están tomados de las manos y poseen chalecos blancos con la insignia de aquella organización gremial. De fondo se escucha a León Gieco por los parlantes de una camioneta: “¡Bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo!”. A continuación, toma la palabra Esteban “Gringo” Castro, secretario general de CTEP: “La muerte de nuestros compañeros y compañeras en los barrios populares son la consecuencia de una política de hambre, saqueo y de represión que lleva adelante el Gobierno. No vamos a mostrar violencia y ser funcionales a su política. Queremos la paz, pero como fruto de la justicia social”.
“Vengo a traer solidaridad y repudio ante la violencia institucional desatada contra el pueblo», dijo Nora Cortiñas.
Si bien la puesta en escena se repitió en la siguiente y última parada, la Casa de Córdoba, la sorpresiva presencia de Nora Cortiñas entusiasmó a la mayoría, que la recibió con cálidos abrazos y cantos: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fue la encargada de concluir la intensa jornada de lucha: “Vengo a traer solidaridad y repudio ante la violencia institucional desatada contra el pueblo. Es una violencia que demuestra el odio y el miedo que las autoridades nos tienen. Hay que resistir en la calle a esa política, impuesta por el FMI y traída con más fuerza por el G-20, que viene a quedarse con nuestras riquezas y nuestra soberanía. Los vamos a mirar de cerca para decirles que vamos a seguir luchando y que no nos vencerán”.
A las dos de la tarde del miércoles, la manifestación convocada por sindicatos, partidos políticos y movimientos populares en contra del Presupuesto 2019 que se debatía en el recinto de Diputados era masiva. La plaza frente a un Congreso vallado y las cuadras aledañas – hasta la Avenida 9 de julio – estaban colmadas de manifestantes. Todos unidos bajo un el mismo grito: No al ajuste y al FMI.
El reclamo había comenzó el martes, cuando diversas organizaciones coincidieron en cuestionar el Presupuesto que se debatiría al día siguiente en la Cámara Baja y advirtieron que las partidas y gastos proyectadas por el gobierno constituyen “la receta del Fondo” con números que contemplan un pronunciado ajuste en áreas como educación, salud, obra pública, ciencia y técnica y seguridad social.
Cientos de personas reunidas en la Plaza de los dos Congresos durante la marcha por el Presupuesto 2019.
En diálogo con ANCCOM, Sebastián Zapata, soldador del Astillero Río Santiago, explicó que decidió marchar porque el presupuesto “encierra todas las problemáticas del año que viene”. Y argumentó: “Estamos trabajando a muy baja productividad, casi paralizados, porque nos faltan insumos. En diciembre vence el plazo de entrega del buque Eva Perón y el Estado va a tener que pagar una multa de veinte mil dólares por día. Falta terminar el 2 por ciento del buque, pero no nos traen los insumos”, comentó.
Cecilia Dinius, docente universitaria, comentó que el presupuesto profundiza la dura crisis que atraviesan las Universidades de todo el país. “Lo que esto trae es mayor ajuste y sobre todo en educación. Ya deja de ser ajuste y es ahogo”, le dijo a esta agencia.
Pasadas las dos de la tarde un pequeño grupo de manifestantes con la cara tapada y sin ninguna identificación partidaria o sindical que estaban ubicados en la esquina de las Avenidas Callao y Rivadavia comenzó a tirarle objetos a la Policía sobre el vallado. Botellas, cartones y palos. Apenas unos minutos después que se arrojó el primer objeto, los efectivos de seguridad efectuaron un disparo al aire.
El disparo inició todo: los encapuchados lo leyeron como una provocación e intensificaron su accionar. La Policía respondió con disparos, chorros de agua y gases lacrimógenos. Apenas sonaron los disparos en esa esquina, en Entre Ríos e Yrigoyen otro grupo pequeño de encapuchados reaccionó y copió la escena que se vivía enfrente. Sin embargo, el enfrentamiento fue más fuerte en la esquina donde había comenzado todo. Los encapuchados encendieron contenedores de basura, rompieron el espacio público para valerse de cascotes y usaron armas caseras contra los efectivos de la Policía de la Ciudad. La masiva movilización quedó a distancia de esa escena.
Policías reprimiendo a los manifestantes con balas de goma, gas lacrimógeno y camiones hidrantes.
Apenas se oyeron los disparos las columnas de militantes se replegaron velozmente y en forma pacífica. Sin embargo, el repliegue no bastó: la Policía profundizó su accionar represivo y llevó adelante un imponente operativo con oficiales motorizados. Distintas fuentes gremiales y políticas lo definieron como una “cacería”. El saldo fue de 26 detenidos – la mayoría reducidos en las inmediaciones de la 9 de Julio. Entre ellos: cuatro periodistas de la revista La Garganta Poderosa;cinco trabajadores del Astillero Río Santiago; representantes de la CTA. También hubo heridos.
Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía y al Argerich.
Esta mañana, el abogado de la CORREPI Ismael Jalil informó que los 26 detenidos fueron liberados en su totalidad durante el transcurso de la madrugada y denunció que muchos de ellos habían sido arrestados a más de un kilómetro de distancia de la zona del Congreso y que entre ellos había por lo menos cuatro ciudadanos extranjeros.
Manifestantes protestando pacíficamente en la Plaza de los dos Congresos.
En el recinto se vivió una película en paralelo. Cerca de las 15:00, la sesión pasó a un cuarto intermedio a raíz de la represión en las calles. Diputados de frentes opositores exigieron que se levantara la sesión que finalmente se reanudó después de que los jefes de bloque se reunieran con el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro.
Los detenidos fueron trasladados a la Alcaldía 9 (ex Comisaría 43) en la calle Chivilcoy 453 del barrio de Floresta. Poco tiempo después de las detenciones, militantes de organizaciones populares, organismos de derechos humanos y partidos políticos se hicieron presentes en el lugar para exigir su liberación. Fueron recibidos con un cordón policial que impidió que los abogados de las agrupaciones pudiesen entrar al edificio. Alrededor de las 20:00 la Policía roció con gas pimienta a varios militantes que forcejearon con los uniformados. El altercado no pasó a mayores gracias a la insistencia de los líderes de las organizaciones en que la permanencia fuera pacífica.
En un primer momento, el fiscal a cargo de la causa, Federico Tropea, informó que no serían liberados durante la madrugada del día jueves puesto que no se les tomaría declaración hasta la mañana siguiente. Sin embargo, tras negociaciones se dio a conocer que todos los detenidos serían liberados en el transcurso de las próximas horas. Efectivamente, así sucedió: a la 1 de la madrugada todos fueron liberados, con la exigencia de hacerse presentes en la fiscalía a las 9 de la mañana del día de hoy.
Manifestante disfrazado protestando contra el Fondo Monetario Internacional.
