Alcances y limitaciones del Salario básico Universal

Alcances y limitaciones del Salario básico Universal

La discusión acerca de la implementación de un Salario básico Universal (SBU) y ampliar así el sistema de seguridad social adquirió notoriedad en los últimos días. ANCCOM diálogo con distintos especialistas para analizar los alcances y dificultades del proyecto.

La discusión acerca de la implementación de un Salario básico Universal (SBU) y ampliar así el sistema de seguridad social adquirió notoriedad en los últimos días. Al proyecto presentado por diputados del Frente de Todos, ahora se le suma el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien puso el tema en la agenda el sábado pasado en su presentación en Ensenada.

El texto de la propuesta legislativa lleva la firma de Itaí Hagman, del Frente Patria Grande, y establece un ingreso equivalente al monto de una Canasta Básica de un adulto, la cual hoy ronda los 14.400 pesos, y alcanzaría para establecer una base de ingresos que permita satisfacer necesidades mínimas.

La medida alcanzaría a personas entre 18 y 64 años que se encuentren desempleados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pobres (es decir, que cobren menos que un monotributista clase A).

Asimismo, uno de los requisitos para acceder sería no percibir prestación por desempleo, tarjeta alimentar o Potenciar Trabajo. Se estima, entonces, que alcanzaría a 7,5 millones de personas y tendrá un 0,7% de implicancia en el PBI.

El Artículo 20 de la iniciativa estipula que los beneficiarios deberán acreditar anualmente una contraprestación como pueden ser los talleres de formación profesional o bien la finalización de estudios primarios. Al respecto, Maia Klein, vicedecana-coordinadora de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Moreno, cree que este punto tiende a estigmatizar a las personas beneficiarias, cargando de responsabilidad a la persona desocupada por no tener conocimientos suficientes.

“La cuestión de la contraprestación parte de no comprender la situación de la población con la que se intenta dialogar”, señala. De esa manera, plantea desde su experiencia profesional cómo en los sectores de ingresos más bajos muchas veces el trabajo informal tiene una carga horaria superior al trabajo registrado. En tal sentido, exigirle al trabajador “en negro” que, además, realice alguno de los programas que el apartado plantea, resulta incoherente.

Para graficar esta situación, agrega datos sobre el estudio de la movilidad social: “En la década de 1940, la posibilidad de tener mejores condiciones de vida que nuestros progenitores era del 90%, en los años 80 era del 50% y en los 2000, del 8%”. Afirma, de esta manera, que es necesario ir más a fondo en la cuestión y revisar las condiciones de empleabilidad en nuestro país.

Para el economista Martín Hourest, en tanto, el proyecto no se trata de un ingreso básico universal, sino de una política focalizada para atender la pobreza, pero que lejos está de ser universal. Para ello, el mismo no debería estar condicionado por el ingreso de las personas o, en todo caso, debería apuntar a una segmentación un poco más amplia.

En ese sentido, plantea que la discusión que debe darse es la del fracaso del mercado laboral, el cual no está preparado para garantizar el trabajo a todas las personas. Una vez que se reconozca esa cuestión, se podrá avanzar en políticas integrales. Al respecto, dice: “Las condicionalidades no deben ser las que se proponen y el programa debe tener un mecanismo de expansión teniendo en cuenta que el mercado de trabajo no va a dar respuestas”, reclamando de esa manera que se reconozca al trabajador informal.

Agustín Mario, economista y director de la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno, reconoce que principalmente entre los años 2003 y 2015, nuestro país avanzó en políticas que garantizaban ingresos a aquellas que no pueden o deben trabajar, tales como niños, personas con discapacidad o jubilados. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la Asignación Universal por Hijo, moratorias previsionales o ampliación de pensiones no contributivas. Sin embargo, existe una deuda de políticas de este tipo en personas económicamente activas.

Critica el concepto de “Salario Básico Universal”, fundamentado en que el salario se recibe a cambio de trabajo y el proyecto no estaría generando esas condiciones. Sin embargo, refiere no oponerse al proyecto en la medida que repercuta en los ingresos de las personas de tal manera que pueda generar un efecto multiplicador en la economía y finalmente pueda redundar en mejoras en el mercado de trabajo. De todas formas, agrega que la experiencia de este tipo de programas casi nunca conduce a mejoras significativas para quienes está destinado.

Respecto a la contraprestación, considera necesario que las personas ingresen al sistema productivo para que la política resulte efectiva, al respecto, sostiene: “Argentina necesita que todas las personas que quieran participar del mercado de trabajo puedan hacerlo y el Estado tiene un rol ineludible en ese sentido”.

Este miércoles, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, declaró que por ahora no será posible implementar un proyecto de este tipo debido a las restricciones del gasto público que vive la Argentina.

Comida para todos

Comida para todos

El desempleo, la precariedad laboral y una creciente desigualdad en la distribución de la riqueza son males que aquejan a la economía mundial. El aumento de la desocupación se ve contrastado con el sobre empleo de los que tienen trabajo; los sistemas de previsión y seguridad social parecen desbordados. Ante este panorama, una vieja aspiración de aquellos que debaten sobre derechos económicos toma fuerza: la Renta Básica Universal (RBU). A diferencia de las tradicionales políticas de asistencia social, la RBU plantea un ingreso para todos los ciudadanos en forma incondicional e indiscriminada. Puede tener diversas formas, dependiendo de las posibilidades de cada país. La propuesta se aproxima más a un derecho como es el derecho al sufragio que a cualquier otra concepción. Busca que toda persona por el solo hecho de nacer tenga asegurada las necesidades básicas para vivir. Hoy, Finlandia lleva adelante un experimento con dos mil participantes en un período de dos años (2017-2018) y cuyos resultados comenzarán a analizarse en 2019.

En contacto vía mail con ANCCOM, el Director de Relaciones Comunitarias de Kela, la institución del seguro social de Finlandia, Olli Kangas, contó cuáles son los motivos que impulsaron la implementación del programa: “El objetivo del experimento es encontrar formas de remodelar el sistema de seguridad social en respuesta a los cambios en el mercado laboral. Se evaluará el efecto de un ingreso básico en diferentes grupos de población y producirá una estimación del costo total”.

“El experimento de ingresos básicos busca respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo podría rediseñarse el sistema de seguridad social para abordar la naturaleza cambiante del trabajo? ¿Se puede reformar el sistema de seguridad social de una manera que promueva la participación activa y brinde a las personas un incentivo más fuerte para trabajar? ¿Se puede reducir la burocracia y simplificar el complicado sistema de beneficios?”

En este sentido, Kangas señala: “Es para obtener resultados confiables, sean cuales fueran, para mejorar la elaboración de políticas basadas en evidencia y para producir datos, hechos para los debates muy acalorados sobre los pro y los contra de la RBU”. Ante el debate planteado, señala que “ahora los argumentos se basan en consignas ideológicas en lugar de hechos. Tratamos de producir hechos”. Como la Administración Tributaria finlandesa no participó en la redacción de la ley, no fue posible realizar ningún cambio en las disposiciones fiscales y la prueba tendrá un costo total de 20 millones de euros.

Finlandia optó por experimentar y obtener información de campo antes de implementar un sistema. ¿Cómo se plantea el tema en nuestro país?

Uno de los precursores de estas iniciativas es el economista Rubén Lo Vuolo, director del Centro Interdisciplinario para el estudio de la Política Públicas. En 2001, Lo Vuolo fue parte del Frente Nacional Contra la Pobreza, donde tuvo su inicio el debate por la Asignación Universal por Hijo.

En primer lugar, Lo Vuolo considera que “ya no se puede confiar en que el empleo sea la relación social por la cual todas las personas puedan acceder a un ingreso que alcance para cubrir sus necesidades básicas”. La RBU puede ser un mecanismo que garantice un piso de ingreso para el conjunto de la población y por lo tanto actuar como estabilizador del consumo”.

Al igual que en la propuesta finlandesa, se plantea la necesidad de reformular el sistema tributario.

Lo Vuolo propone que la Renta Básica debe funcionar como un crédito fiscal, explica que “es decir, implica una reforma del impuesto a las ganancias y hacer una nueva tabla para que, a partir de un determinado ingreso, se tribute hasta el punto que se devuelva. Este concepto es muy importante porque algunos cuestionan que se les dé el ingreso ciudadano a los ricos y se lo damos porque es un derecho universal como el de votar o ir a una escuela pública. Estamos hablando de políticas que hacen a la conformación de un nuevo ethos social que implica este tipo de políticas”.

La propuesta requiere de múltiples discusiones. Conlleva conflictos de intereses que impactan en la política. Lo Vuolo considera que “el análisis de la coyuntura no tiene que trabar este tipo de propuestas. Y hay que ser claros, ninguno de los derechos se obtuvieron de la noche a la mañana. Hoy no es ni política ni fiscalmente posible, pero se puede establecer una gradualidad y discutir cual es el mecanismo para avanzar y no tiene que implicar una gran carga fiscal. Ahora, si la política va a seguir siendo favorable a las minorías obviamente una propuesta de este tipo no va a trascender ni va a ser posible de aprobarla”.

En coincidencia con Ollie Kangas, el economista argentino considera que se potencia la autonomía de las personas. “Con las políticas actuales hay un enorme clientelismo, son herramientas fundamentalmente de control social. Una persona que está permanentemente rindiendo examen para poder recibir un ingreso mínimo para poder vivir y sostener su familia evidentemente es una persona que no puede ni siquiera ejercer con libertad su derecho a voto. Esto se terminaría ya que nadie te podría quitar este beneficio”.