Precarización bajo el agua

Precarización bajo el agua

Son los protagonistas de conflictos “de temporada”. Sus reclamos llegan a las pantallas de TV durante los meses del verano, cuando la atención periodística se traslada a las playas. Sin embargo, la precariedad laboral golpea a los guardavidas durante todo el año.

A pesar de las leyes 27155 (nacional) y 14798 (de la Provincia de Buenos Aires), sancionadas a mediados de 2015, y de los convenios colectivos de trabajo, muchos trabajadores del sector siguen en negro, realizan tareas que no les corresponden y reciben salarios muy por debajo de las normas vigentes.

Según el Convenio Colectivo 179/91 registrado y homologado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 21 de octubre de 2016, el valor hora para un trabajador guardavidas en blanco debería ser de 161 pesos. A contramano de los índices inflacionarios, esos valores no sufrieron ninguna modificación desde entonces. Actualmente, en Capital Federal hay clubes, hoteles y piletas que pagan menos de la mitad de lo señalado y en negro.

Ezequiel Collazos, guardavidas egresado de la Escuela Municipal de Parque Chacabuco, denuncia que “en la mayoría de hoteles y clubes están pagando 65 pesos la hora”. Y, en diálogo con ANCCOM, subraya: “En uno cuatro estrellas, ubicado por Recoleta, te ubican de recepcionista en un lugar donde el espejo de agua no se puede ver”. Otros guardavidas de la Ciudad, que prefieren el anonimato por temor a represalias en su lugar de trabajo, trazan el mismo diagnóstico.

Pileta de natación con personas en el agua.

En las piletas privadas la regla es la multifunción. Los empleadores exigen que además de cuidar a los bañistas, los guardavidas den clases de acua-gym o natación.

En mi pueblo somos cinco guardavidas de la Dirección de Escuelas y todos estamos precarizados. Estamos en la pileta como `auxiliar con función de guardavidas` sin reconocimiento de actividad riesgosa ni responsabilidad civil”, relata Silvio Rubén Guisande.

Por su parte, Camilo Rey de la Cabina es categórico: “Levantás una baldosa y hay un guardavidas precarizado”. Y Pablo Haderne, del interior de la provincia de Buenos Aires, señala: “En mi zona hay muchísimos precarizados. Por no decir todos. Sobre todo fuera de temporada”.

En la Ciudad de Buenos Aires, de todas las piletas públicas que funcionan en la temporada de verano, sólo las de los polideportivos Martín Fierro y Parque Chacabuco quedan abiertas para el desarrollo del deporte acuático fuera de la temporada de verano. Así, las demás piletas techadas de la Capital quedan en manos de polideportivos privados que cobran un arancel de entre 700 y 1.000 pesos por mes para pileta libre. Esa situación deja desocupados a los trabajadores guardavidas contratados por el Gobierno únicamente para la temporada.

En las piletas privadas la regla es la multifunción. Los empleadores exigen a sus trabajadores que, además de vigilar y cuidar a los bañistas, también den clases de acua-gym o natación, a pesar de que la Ley nacional 27155 establece en su Artículo 7º, inciso “l”, que el guardavidas debe “limitarse a sus tareas específicas dentro del horario de trabajo”.

Por la misma plata nos hacen pasar el barrefondo, echarle cloro al agua, mover los andariveles de lugar, guardar los elementos que dejan tirados los profesores y revisar los carnet de los socios”, grafica Manuel Giménez, guardavidas de una pileta de la cadena Sportclub.

La ley también afirma que “la jornada laboral será de seis horas diarias corridas”, pero tanto el Estado como los clubes y balnearios incumplen sistemáticamente con esa reglamentación. En Villa Gesell y Pinamar los guardavidas municipales trabajan nueve horas de corrido durante toda la temporada. La historia se repite durante el transcurso del año en la Ciudad de Buenos Aires. “En Club DAOM, (ubicado en el Bajo Flores) trabajamos ocho horas de corrido todos los días porque si no, no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes”, sentencia Marcial López.

El reclamo sindical es una hoja en blanco. ANCCOM no recibió ninguna respuesta de los sindicatos SIGURA Y SUGARA que nuclean a los trabajadores del sector. Quizás esa sea una de las razones por la cual Franco Caligaris, guardavidas en la Ciudad, enfatiza: “No me manejo con los sindicatos, creo que hay distintas formas de protestar o pedir”. Su realidad es la de casi todos los colegas: cobra menos de 70 pesos la hora, tira los químicos cuando cierra la pileta y trabaja nueve horas por día sin siquiera tener recibo de sueldo.

Ezequiel Collazos posa con un salvavidas.

“En un hotel cuatro estrellas, ubicado por Recoleta, te ubican de recepcionista en un lugar donde el espejo de agua no se puede ver” dice Ezequiel Collazos.

 

Actualizada 14/06/2017

Ollas a presión

Ollas a presión

Con el cielo cada vez más cubierto y el pronóstico amenazante de lluvias, cientos de manifestantes se concentran en plena Avenida Mitre. El histórico Puente Pueyrredón es el epicentro de una jornada de protesta que se completa también con cortes en otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en el centro porteño, e incluye ollas populares en distintos puntos del país. La convocatoria de más de 40 organizaciones sociales reúne a más de 150 mil personas, según los organizadores, y tiene como bandera central el reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia Social -sancionada en diciembre del año pasado y reglamentada por Mauricio Macri el pasado viernes 10 de marzo- y medidas urgentes para contener las demandas sociales de los sectores más golpeados por el estancamiento de la economía.

Las respuestas del gobierno ponen el viento en contra: cuatro meses de estancamiento de las medidas prometidas y una fila de efectivos de la Gendarmería preparados para desalojar a los manifestantes. Horas después llegaría la convocatoria al diálogo. El Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a abrir una mesa formal de discusión la semana próxima.

El histórico Puente Pueyrredón fue el epicentro de una jornada de protesta que se completó también con cortes en otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

“Es como que volvimos a remover toda la mierda del 2001, no se llamarán igual pero es lo mismo”, denuncia Roxana, trabajadora de la Municipalidad de Avellaneda, que asegura ver más comedores y merenderos que nunca en su barrio. “La convocatoria es de cada uno, venimos porque vemos que todo está muy mal”, agrega. Y recuerda que si bien ella todavía tiene trabajo, muchos de sus compañeros fueron despedidos entre el año pasado y lo que va del 2017.

La urgencia en la implementación de Ley de Emergencia Social se basa en las medidas que prevé necesarias para enfrentar la situación que atraviesan los trabajadores de la economía informal y desocupados. Entre ellas, la creación de 400.000 puestos de trabajo y el establecimiento de una canasta básica alimentaria de 6300 pesos para todos los programas de trabajo.

Cientos de manifestantes se concentran en plena Avenida Mitre.

Después de veinte minutos de espera al pie del Puente Pueyrredón, los efectivos armados forman y caminan rumbo a tres de sus vehículos, dejando paso a la multitudinaria columna de trabajadores. Más de cuarenta organizaciones sociales, entre ellas la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) son protagonistas de la jornada de protesta y pueden avanzar pese a la tentativa de desalojo, previamente anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.  

Cristian Cervera, del Frente Popular Darío Santillán, afirma que la reglamentación llega demasiado tarde, y que la idea es evitar que la implementación siga el mismo camino.  Lleva a su hija atada en el pecho entre dos telas que hacen de cuna artesanal, y mientras la cubre del humo de un cigarrillo, agrega: “Hay un diálogo abierto que el gobierno habilita porque tiene que buscar formas de dispersar las movilizaciones, pero después reacciona así, poniendo policía”.

La convocatoria de más de 40 organizaciones sociales reunió a más de 150 mil personas, según los organizadores, y tuvo como bandera central el reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia Social.

A la denuncia se suma Caly Flores, integrante de la CTEP. “La reglamentación fue un manotazo de ahogados que el gobierno tuvo que hacer para frenar el avance del pueblo”. Al respecto de la urgencia por las medidas que contempla la norma, Flores afirma que desde diciembre no aumentan los salarios de los trabajadores de la economía popular, que ganan alrededor de cuatro mil pesos por mes, suma que no alcanza para cubrir los gastos básicos de una familia. “Nos dicen que estamos gordos, pero estamos mal alimentados, con una dieta sin proteínas a base de fideos y arroz”, concluye.

En medio del Puente y ya llegado el mediodía, un grupo de mujeres cortan papas y abren latas de arvejas, mientras otras preparan el fuego para la olla popular. La tormenta resiste y los trabajadores mantienen en alto las banderas de los distintos movimientos sociales. Pablo, empleado en una cooperativa, también se autoconvoca al corte de calles para visibilizar su situación económica: “Desde el 2010 que cobro 4.000 pesos por mes”, denuncia y reclama salario digno y obra social para los trabajadores de cooperativas.

“Es como que volvimos a remover toda la mierda del 2001, no se llamarán igual pero es lo mismo”, denunció una trabajadora.

Además de la implementación de la Ley, las distintas organizaciones llaman al paro nacional. En representación de muchas de ellas, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) acompaña la jornada del miércoles en los cortes de calles y llama a un paro general para el 30 de marzo. José “Pepe” Peralta, secretario general de la CTA Autónoma Capital, opina que la Ley de Emergencia salió muy tironeada y todavía está la duda de que realmente se ponga en vigencia. Además, apunta contra la CGT por no haber definido la fecha del paro general la semana pasada: “Esto no es una cuestión de dirigentes, se trata de las necesidades que tiene el pueblo”.

El corte de calles concluye a media tarde en la Ciudad de Buenos Aires, cuando finalmente la tormenta estalla sobre el cemento y las organizaciones se ven obligadas a desconcentrar. Pasada la tarde,  la jornada concluye  con un “ruidazo”, en distintos puntos del país, en protesta por el aumento en las tarifas de los servicios de luz, agua y gas. Y, como respuesta, se escucha una nueva promesa de diálogo.

La tormenta resiste y los trabajadores mantienen en alto las banderas de los distintos movimientos sociales.

 

Actualizado 16/03/2017

“No me alcanza, la guita no me alcanza…”

“No me alcanza, la guita no me alcanza…”

Luego de una asamblea en la que debatieron la situación de precarización laboral que están viviendo, los  trabajadores de AGEA SA-Grupo Clarín decidieron llevar su reclamo a la calle y cortaron Tacuarí –donde se encuentra la sede de la redacción– con termos, cacerolas y otros objetos que golpearon al ritmo de “No me alcanza, la guita no me alcanza…”. El principal problema, dijeron a ANCCOM los redactores, es que la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) firmó un acuerdo paritario que establece una recomposición salarial de 25 a 27 por ciento en 13 meses, mientras que el diario publica en sus tapas que la inflación estimada será alrededor del 45 por ciento interanual. “No solo que no empatás la inflación, sino que además perdés 20 puntos, o sea que estás trabajando prácticamente gratis”, dijo Juan José Marón, periodista de Olé.

Si bien hace tiempo vienen realizando medidas de fuerza para visibilizar su reclamo, en los últimos meses estaban a la espera de una respuesta: “Era un impasse, porque había una mesa de negociación. Pero la propuesta que hicieron fue insuficiente, los sueldos están muy por debajo, incluso algunos pasan la línea de pobreza. Necesitamos que se pongan serios y hagan una propuesta real para todos”, expresó Gerardo Morel, delegado gremial y  trabajador de la sección de infografías de Clarín desde hace 25 años.

En un contexto de crisis, tarifazos y creciente inflación, los trabajadores de Clarín encontraron irrisoria la cifra pactada por UTPBA con la patronal. “Tenemos un problema, el histórico gremio de prensa hace mucho tiempo está cooptado por las propias empresas. Este es el tercer año que va a paritarias solo, sin delegados, y que cierra la peor cifra del país. Este año rompió records, porque mientras todos los sindicatos firmaron un promedio de 25 por ciento para 6 meses, la UTPBA firmó entre 25 y 27 por ciento para 13 meses, ni siquiera para un año”, explicó Francisco Rabini, editor de Clarin.com, delegado de AGEA SA, y dirigente del recientemente creado Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa). Y agregó: “Nosotros lo que denunciamos es que la empresa que publica en la tapa que la inflación interanual supera el 45 por ciento pretende que a nosotros se nos licúe el salario con una recomposición salarial que, anualizada, es menos del 23 por ciento”.

Dardo Villafañe, periodista de Arquitectura, lleva 22 años en la empresa y considera injusto que trabajadores con más de 20 años de experiencia cobren alrededor de 20.000 pesos. Según explicó, la escala salarial es muy variada, incluyendo sueldos de 7.000. “Lo que estamos reclamando es que el acuerdo paritario vergonzoso que firmó la UTPBA no sea tomado como un techo, sino como un piso.  Esta situación ya es el colmo. Y cada vez somos más reclamando, pese a que cada día somos menos. Tres o cuatro personas por día se van del diario, porque se cansan y se terminan yendo. De Olé, Genios, La Razón y de los otros productos gráficos. MUY desapareció y se convirtió en una página web”, concluyó.

El delegado Francisco Rabini también denunció la situación laboral de los redactores. “Nosotros reclamamos que al menos ellos ganen la canasta básica total –que incluye alquiler. En abril estaba 19.000 pesos, y nosotros tenemos redactores que hoy en día están ganando en mano 14.000, teniendo en cuenta que actualmente la canasta básica debe estar bastante más que en abril”, dijo.

Frente al reclamo de los trabajadores, AGEA SA y la UTPBA responden con evasiones o soluciones que no condicen con la situación económica actual. “Hace años que vienen rasgándose las vestiduras. Antes era por la pelea con el gobierno. De 2014 a ahora todo es llorar la carta, siempre es crisis. Ahora hablan de la crisis mundial”, denunció Rabini. Y agregó: “La verdad es que los números de la empresa son públicos, porque cotiza en la Bolsa de Londres, y nosotros sabemos que son buenos. Del grupo Clarín ni hablar, pero de AGEA SA en particular, ya el último cuatrimestre del año pasado fue muy bueno, este primer semestre también lo fue, y la perspectiva es que sea aún mejor en el último semestre. Además, hay que tener en cuenta que la competencia del diario está implosionando”.

En el mismo sentido, Sebastián Díaz –periodista de Olé– manifestó: “La idea de la empresa parece ser patear lo más posible la solución del problema, dilatar lo más posible cualquier tipo de conversación porque pasan los días, pasan los meses, y ellos se favorecen: no te aumentan el sueldo, y en el camino a uno se lo va comiendo la inflación”. Por eso, los trabajadores de AGEA SA exigen que sean los representantes de su comisión interna –y no la UTPBA– los que se sienten a negociar con la patronal de Clarín.

El 8 de junio del año pasado, como respuesta a un gremio vaciado, el nuevo Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) organizó una masiva marcha federal en Buenos Aires. Según explicó Rabini, lo que les falta para poder sentarse a negociar es la personería gremial, ya que la ley argentina establece el unicato: por rama de actividad puede haber muchos sindicatos, pero uno solo tiene la personería gremial, es decir, la exclusividad de la negociación colectiva. De esta manera, hasta que no la consigan, no podrán sentarse a discutir paritarias. “La UTPBA no representa a nadie, nosotros tenemos muchos más afiliados que ellos, pero necesitamos que el gobierno nos dé una compulsa, que el Ministerio de Trabajo haga de árbitro y evalúe quién tiene más afiliados cotizantes. El que tiene más, se queda con la personería gremial”, aclaró el delegado.

Los trabajadores de Tacuarí expresaron su solidaridad con los de Planta Zepita, la otra sede de AGEA SA –encargada de la impresión de los ejemplares de los diarios– que se encuentra hace años en conflicto con la empresa por condiciones de trabajo aún peores. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. Alejandro Ontivero trabaja hace 11 años en esas condiciones y desde que fue elegido delegado en marzo –junto a Bruschini, que es efectivo– no fue llamado a trabajar por 104 días como represalia. Denunciada la empresa por persecución gremial, el Juzgado de Trabajo Nº 4 dictó una cautelar de reincorporación que, como no fue cumplida por el diario, terminó en una multa diaria de 5.000 pesos hasta que Ontivero no fuera llamado nuevamente. Finalmente, la empresa volvió a contactarlo, pero sigue sin ser reconocido como delegado y las condiciones en Zepita permanecen en la misma precariedad.

 

En Tacuarí, la semana próxima se realizará la elección de delegados. “Es el miércoles que viene, y nosotros pretendemos que la empresa nos dé un lugar para hacerla, nos de los padrones, y nos reconozca como legítimos representantes de nuestros compañeros”, dijo Rabini. “Creo que la empresa debería entender que la forma de trabajar mejor, generar mejores contenidos, y tener a la gente bien, es darles condiciones dignas. Es básico, en cualquier trabajo”, agregó el periodista de Olé Juan José Marón.
Actualizada 05/08/2016

Malvenido Manguel

Malvenido Manguel

El discurso de inauguración de la 42º Feria del Libro de Buenos Aires, a cargo de Alberto Manguel, se vio interrumpido por la aparición de medio centenar de usuarios de la Biblioteca Nacional que desplegaron carteles con consignas en contra de la designación del escritor como director de la institución y en repudio de los despidos y el desmantelamiento de la institución. El funcionario, que asumirá su cargo en julio de este año debido a sus compromisos en el exterior, decía que “Pedro de Mendoza además de una cruz y una espada trajo a Argentina un Virgilio, un Erasmo y varios libros más”, cuando los asistentes al acto en el Salón Borges del predio giraron sus cabezas para atender a los hombres y mujeres de pie que alzaban sus brazos sosteniendo pancartas en silencio.

Minutos antes de que el escritor subiera a hacer su presentación, salió de atrás del escenario un refuerzo de seguridad del evento que se repartió por el salón y miraban de reojo los mensajes de celular de algunos asistentes. A simple vista no era posible distinguir a los manifestantes del resto de los presentes, todos habían hecho fila desde las cinco de la tarde para escuchar las palabras de los oradores a cargo de la inauguración: Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela -ciudad invitada de la Feria del Libro-, Pablo Avelluto –ministro de Cultura de la Nación- y Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño.

Las pancartas se mantuvieron alzadas unos minutos. Un sector de la audiencia aplaudía, y el otro gritaba a los manifestantes que se fueran. Una señora se levantó y exclamó: “¡El kirchnerismo ya se terminó!”. En ningún momento Manguel detuvo su discurso. Es posible que gente de la organización hubiera sido advertida de que pasaría algo inesperado, pero a nadie se le pidió que se retirase, probablemente debido a  la tranquilidad con la que transcurrieron los hechos. Los manifestantes habían consensuado que la intervención sería pacífica, sin gritos, ni canciones, ni ruidos.

Paola, una de las organizadoras de la acción -quien prefirió no dar su apellido porque considera que no es importante- explicó a ANCCOM que no se trata de un escrache: “Es una intervención en un panorama de silencio y normalidad para presentar una voz disonante que protesta”, aclaró y agregó: “La Biblioteca no es un depósito de libros, es un lugar donde hay trabajadores de la cultura, que a su vez forman parte de un tejido vivo que tiene relación con el resto de la sociedad”. Los 240 empleados estatales que fueron despedidos de la Biblioteca Nacional, sin explicaciones, durante la nueva gestión no fueron parte de la convocatoria, sino que se trató de gente de la cultura: “Somos docentes de la universidad, directores de teatro, coreógrafos, músicos, profesores de matemáticas: usuarios de la Biblioteca Nacional”.

Si bien medio centenar de los despedidos fue reincorporado,  la gran mayoría sigue a la espera de los resultados de las negociaciones. Uno de los carteles desplegados contenía la pregunta: “¿Quién mató a Esteban Latorre?”. Federico, otro de los integrantes del colectivo que llevó adelante la protesta, contó a ANCCOM que la persona que llevaba ese nombre sufrió un paro cardíaco poco después de haber sido despedido de la institución: “Le llegó un telegrama de despido y tenía tres bypass. Luego recibió un telegrama de reincorporación pero entre ambos comunicados tuvo un cóctel de emociones”. Paola continuó: “Nos parece que no es gratuito, que decisiones como esta afectan a la vida de las personas, afectan a los cuerpos y que hay que intervenir en eso”.

Luego de retirarse del salón Jorge Luis Borges, los manifestantes recorrieron la Feria del Libro en su primer día de actividades, acompañados de miembros de las fuerzas de seguridad. A su paso entregaron volantes a los visitantes que explicaban el motivo de la intervención. Algunos les sacaron fotos, otros aplaudieron. Una señora con bastón les dijo con entusiasmo: “¡Muy bien, chicos!”. Un hombre joven, en cambio, soltó en voz alta que durante la gestión anterior “la Biblioteca funcionaba como una unidad básica”.

“¿Quién dirige la Biblioteca Nacional?”, se leía en otro de los carteles que recorrieron la Feria. Federico precisó: “La crítica no es al Manguel escritor, sino al Manguel director que vino a poner su prestigio en el contexto de este plan de modernización y a normalizar una situación que dejó a 240 personas a la intemperie” y denunció el plan cultural que tienen con la Biblioteca que es “ponerla al servicio  de los monopolios”.

“Se hace énfasis en la idea de que la institución triplicó sus empleados, pero se  omite que también multiplicó sus áreas”, explicó Paola quien advirtió que la idea generalizada de “ñoquis” oculta las políticas de Estado que generaron ampliación de derechos y acceso masivo a la cultura, y perjudica a los trabajadores del área en general.

Una vez fuera del predio de La Rural, Paola, Federico y el resto de sus compañeros festejaron. “Todas las cámaras que estaban apuntando a Manguel de repente nos enfocaban a nosotros”, repetían.

Los trabajadores de la cultura lograron visibilizar su denuncia y generar repercusión en los medios. Si bien Manguel no interrumpió su discurso de inauguración, tampoco pudo obviar la presencia de los usuarios de la Biblioteca Nacional que desplegaron su reclamo en un silencio atronador.

Actualizada 22/04/2016