Trabajadores  cartoneros

Trabajadores cartoneros

La Cooperativa Cartonera del Sur está conformada por 60 personas que iniciaron su labor de recolección de manera independiente y ahora la cogestionan con la Ciudad. Un modelo de reciclaje reconocido en el mundo pero que a ellos los invisibiliza y los malpaga.

Es el primer día más caluroso del año. En el punto verde de la Cooperativa Cartonera del Sur, en Constitución, los trabajadores y trabajadoras llegan desde Guernica, una localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires, para cumplir con sus respectivas tareas. “Actualizo la cuenta del banco cada dos segundos para ver si me depositaron”, se queja entre risas uno de ellos. En ocasiones sucede que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tarda hasta cinco días en pagar sus sueldos.

Después de que se hayan terminado de preparar, alrededor de las 9:30, los recuperadores urbanos —comúnmente conocidos como “cartoneros”— suben al mismo micro que los trajo desde Guernica, con los bolsones que utilizan para recolectar residuos reciclables. Así, se dirigen hacia su lugar de trabajo: la calle. 

Bety termina su cigarrillo y se dirige al micro. Tiene 57 años y hace 15 es cartonera. Forma parte de Cartonera del Sur desde antes que se organizaran en una cooperativa. En el camino aprovecha para conversar con sus compañeros lo que no pudieron durante el viaje desde Guernica hasta al punto verde. Ante las quejas de algunos por las altas temperaturas, Bety responde que prefiere este clima antes que el frío, donde tiene que llenarse de ropa que le impide moverse como el oficio lo demanda.

Generalmente, el recorrido suele ser más largo y consiste de más paradas, pero, como afirmó Maximiliano Andreadis, trabajador directo del Gobierno de la Ciudad en la cooperativa y quien controla el presentismo, hay días en los que algunos no van a trabajar.

Cuando bajan todos en el único destino, Avenida San Juan y Defensa, en el barrio de San Telmo, arman una superficie con ruedas que los ayuda a trasladar sus bolsones durante su trabajo. Esa es la alternativa que encontraron desde que el Gobierno de la Ciudad prohibió los históricos carros. Se separan y cada uno se dirige a la zona que le corresponde para emprender sus cuatro horas de trabajo. Bety comienza su jornada laboral solitaria.

“A nosotros no nos ven”, reflexiona Lidia, a quien todos conocen como Bety. Pero ella se encargó de que, en su área designada, no pase desapercibida. Bety recorre una manzana perfecta: Avenida Garay, Bolívar, Avenida Brasil, y Defensa. Como una manera de marcar territorio y para poder juntar más de lo que su cuerpo puede llevar, ata uno de los bolsones al semáforo de la esquina de Defensa y Avenida Garay.

“Siempre hago el mismo recorrido desde hace ocho años, todos saben que estoy acá, todos saben que este bolsón es mío”. Cuenta que son muy pocas las veces que algún cartonero independiente sacó material de su bolsón. Se cruza con algunos de sus compañeros de la cooperativa con los que no deberían superponerse, pero elige no discutirles.

Andreadis explicaba que los recuperadores que tengan la suerte de que en su zona designada haya algún generador grande de residuos, como alguna cadena de supermercados, podían juntar mucho material sin la necesidad de recorrer demasiado. La primera parada de Bety es el Carrefour Express que debería llenarle más de un bolsón, pero sólo recolecta pocas cajas de cartón. Lo mismo sucede con el supermercado Día de la calle Bolívar, que, aunque a diferencia de otras veces, accede a darle material, es una cantidad no equivalente a lo que produce una empresa de ese porte y hasta se lo entregan sucio y mojado. Para ella, los grandes generadores son otros.

“Buen día, Bety, acá tenés”, la saluda un vecino encargado de un edificio mientras le da una bolsa grande de reciclables. “Él viene a traerme material todos los días, él sí que sabe reciclar”, Bety remarca el gran desconocimiento que tiene la gente sobre la manera de gestionar los residuos.

“Las viejitas”–como las llama ella– del edificio de enfrente del semáforo donde reposa su bolsón, a veces la saludan desde el balcón y otras bajan para alcanzarle las bolsas. El “Supermercado Chino” es otro de sus generadores más grandes y frecuentes, le llena un bolsón y medio cada día. Bety cuenta que costó mucho tiempo e insistencia para convencerlo de que separara los reciclables. Todos los mediodías pasa por la puerta del almacén y el hombre ya tiene preparado su material. Este tipo de arreglos de horarios –y hasta de días– se repite con otros: con un colegio, con una empresa de logística, con un bar y un centro cultural.

Las veredas angostas y el tránsito pesado que caracterizan al barrio de San Telmo, se vuelven un obstáculo para el paso de Bety con su bolsón, y hacen que a veces deba caminar por la calle. Un taxista, por ejemplo, le toca bocina a la par de un grito y una seña de indignación. Bety, sin enterarse de la situación, continúa el recorrido con normalidad.

Tiene nueve hijos y veinte nietos. Asegura que le encanta pasar el poco tiempo que le queda entre el trabajo y las tareas del hogar, con ellos. Llega a su casa muy cansada y sólo alcanza a bañarse y cocinar. Las caminatas con kilos de material encima dejan consecuencias en el cuerpo. Bety tiene problemas en las rodillas y en la cintura y eso le pesa a la hora de trabajar: “Todos los días tomo algún remedio que me calme los dolores porque llega la noche y no puedo ni moverme”.

 

El funcionamiento de la cooperativa

Las cooperativas de recicladores urbanos son asociaciones de cogestión entre sus trabajadores y trabajadoras organizados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cada barrio de la ciudad, opera una cooperativa distinta. Tanto Cartonera del Sur como otras cooperativas como El Álamo, están integradas al Servicio Público de Higiene Urbana de la CABA. Estas se encargan de recolectar –de forma exclusiva– los materiales reciclables secos como cartón, plástico y papel.

Los recuperadores urbanos están formalizados. Pagan un monotributo social que les permite acceder a una obra social y a realizar aportes jubilatorios. Pero Bety asegura que esa jubilación no le va a alcanzar cuando la necesite.

Los elementos necesarios para cumplir con su trabajo, como los uniformes, bolsones, camiones y colectivos, son garantizados por el Gobierno porteño. El hecho de formalizar a los recicladores urbanos estableció una nueva logística en el circuito de los residuos, donde se pasó de la separación de la basura en la vía pública a la clasificación en los centros verdes.

Tanto los materiales reciclables que se depositan en los contenedores verdes de la ciudad como los que son recolectados puerta por puerta por los recuperadores urbanos, son llevados a los centros verdes para su procesamiento. Hoy, existen ocho de estos centros gestionados por las cooperativas de cartoneros.

En el caso de Cartonera a del Sur, algunos trabajadores al finalizar su jornada se acercan hacia el lugar caminando con sus bolsones debido a que trabajan por esa zona. A otros que operan más lejos, los pasa a buscar el micro mientras que a sus bolsones un camión. Una vez que llegan al centro, ubicado en Solís al 1900, cada uno pesa sus bolsones: “Los lunes y viernes junto más de 150 kilos, por ejemplo, pero varía dependiendo el día”, relata Bety.

Además de su sueldo base de 90.000 pesos, los trabajadores tienen un incentivo de 40 pesos por kilogramo de material recolectado. Maximiliano Andreadis asegura que algunos de los recuperadores a veces llegan con mucho menos de lo que juntan porque una parte la venden por su cuenta “para ganar unos pesos de más”. Según Bety, el incentivo que le pagan es muy bajo con relación a lo que sale realmente vender cada material.

Al día siguiente, los operarios de planta –que trabajan ocho horas– se encargan de jerarquizar los materiales que acopiaron los “cartoneros” y clasificarlos según su tipo: plástico PET de color por un lado y transparente por otro; papel de diario; otros tipos de papelwa y cartones. A estos últimos se los enfarda en una pequeña máquina para que se compacte aún más su tamaño y se pueda comercializar a un mayor valor; porque el cartón, cuando se los interviene con esta técnica, se vende directamente a la papelera, sin intermediarios.

Julio Herrera, balancero de la Cooperativa. 

De la cooperativa también forman parte las promotoras ambientales, que pertenecen al Programa Promotoras Ambientales de la Ciudad. Son quienes se encargan de concientizar e informar sobre reciclaje a los vecinos y vecinas de los distintos barrios y también de capacitar sobre diferentes temas a los trabajadores de la cooperativa. Por ejemplo, se ocupan de explicarles a los encargados de los edificios cómo separar los residuos y cuáles son los que le deben dar a los recuperadores urbanos de su zona.

Los encargados cobran un bono por clasificación de residuos que puede llegar a tener un valor de 18.000 pesos. Para cobrarlo, deberían darle un remito al Gobierno que compruebe que le hayan entregado el material a los cartoneros y si no se lo presentan serán multados. Los recuperadores son los que hacen estos remitos para los encargados.

Cuenta Bety que una vez le vinieron a pedir constancia sin siquiera haberle entregado un cartón. “Hasta que no me des algo, no te voy a dar ningún papel”, le dijo Bety al encargado y lo recuerda con gracia. Si nadie los controla, los materiales reciclables que por ley deberían juntar todos los vecinos de un mismo edificio no terminan su cadena de reciclaje.

“Estoy segura de que algunos encargados me dan solamente la basura que hacen ellos y no la de todos los vecinos. Piensan que somos ignorantes o analfabetos porque trabajamos en la calle y que por eso no entendemos cómo funcionan las cosas”, señala.

 

Daniela Montenegro, secretaria de la Cooperativa. 

Historia larga

“Yo era costurera y mi pareja cartoneaba por Constitución, abajo del puente. Cuando me dejó de rendir ese oficio, él me convenció para que hiciera su mismo trabajo”, explica Bety sobre sus comienzos como recuperadora. Así conoció a Graciela, la que tiempo después fundó, junto a otras compañeras, la cooperativa. “Graciela siempre fue la jefa”, cuenta sobre la que hoy es la presidenta de Cartonera del Sur.

Graciela, Bety y otros cartoneros y cartoneras venían desde Guernica en el tren Roca. Todos juntos con sus carros ocupaban un vagón entero. En su ciudad, el trabajo, para ese entonces, escaseaba. Ser cartoneros fue la salida más redituable que encontraron. “Tiraban los carros” abajo del puente y volvían a sus casas. Al ser informales, no tenían un lugar donde dejarlos ni tampoco un recorrido asignado.

“Un día vi un cartel en un edificio del Gobierno que decía algo sobre una cooperativa, dejé mi carro afuera y entré a preguntar qué significaba, cuando me explicaron supe que quería armar una”, señala Graciela. Después de eso, reunió a muchas de sus compañeras –la mayoría, mujeres– y las convenció de buscar la forma para lograr ese objetivo.

Supieron que se tenían que presentar a un Concurso Público y para eso debieron escribir un proyecto. Con la ayuda de muchas personas ajenas al grupo de recuperadoras, escribieron 180 páginas y participaron. “Llegué con mis 180 hojas y veía a otras personas con cajas enormes llenas de documentos. Me dio vergüenza, quería volverme”, confiesa Graciela. Por eso, al momento de enterarse que ganaron, no lo podía creer.

La historia no finalizó ahí. Una vez que se constituyeron como cooperativa, en 2012, necesitaban un lugar propio donde funcionar como grupo de trabajadores. Así es que algunos meses después, emprendieron su búsqueda: consiguieron un edificio en la calle Solís al 1900, alguna vez utilizado por el GCBA como depósito de protocolo y ceremoniales. “Rompimos el candado, nos metimos y nos recibieron millones de pulgas”, destacó la presidenta de la cooperativa. Como el Gobierno no lo usaba, se los asignaron como espacio de trabajo y funcionamiento del centro verde.

Una de las promotoras ambientales denuncia que, aunque en la Ciudad de Buenos Aires los recuperadores urbanos estén formalizados e incorporados al sistema, hay una invisibilización constante de su existencia en las campañas oficiales del Gobierno. Mientras que el sistema de reciclaje de CABA es premiado y reconocido globalmente por su funcionamiento, los recuperadores urbanos, las personas fundamentales en este proceso, consideran que su trabajo necesita ser más reconocido públicamente. La lucha todavía no terminó.

Ahora viene la lucha por la Ley de Envases

Ahora viene la lucha por la Ley de Envases

Por Delfina Villa

Fotografía: Guido Ieraci

Este jueves 28 de octubre, trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) realizaron una movilización para acompañar la presentación del proyecto de la Ley de Envases con Inclusión Social en la Cámara de Diputados. La marcha partió a las 10 de la mañana desde el Obelisco y concluyó en el Congreso de la Nación junto a un acto de cierre donde participaron dirigentes como Jacquelina Flores -cartonera, miembro del MTE y la CTEP-, María Castillo -directora de la Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-, Sergio Sánchez -presidente de la FACCyR-, Juan Grabois -abogado y militante del MTE- y el ministro de Ambiente y Desarrollo  Sostenible, Juan Cabandié.

El proyecto de ley está basado en el principio de “responsabilidad extendida al productor” (REP), la cual plantea la obligación de los productores sobre el destino posconsumo de los envases que se introducen en el mercado nacional. Para ello, se propone la implementación de una tasa ambiental destinada a las empresas que los colocan en el mercado, beneficiando a aquellos productores que elijan utilizar materiales más fáciles de reciclar. Lo recaudado será destinado a la implementación de un Sistema de Reciclado con Inclusión Social que permitirá llevar adelante la recuperación de los envases para destinarlos nuevamente a la industria, generar nuevos puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales para los trabajadores cartoneros.

Desde el Ejecutivo habían anunciado que la ley se trataría en 2020. Pero aún no ocurrió.

Desde el Poder Ejecutivo se había determinado que la ley sería tratada en el mes de agosto del año 2020. Pero aún no pudo ser discutida dentro de la Cámara de Diputados. ‘’Nos pasa que en muchos municipios nos dicen ‘no hay plata’, ‘más adelante’ y la necesidad de nuestro sector ya viene atrasada hace tiempo’’, comentó Jonathan Castillo, presidente de la cooperativa Recicladores Unidos de Avellaneda y referente de la FACCyR. ‘’Nosotros necesitamos que nos entiendan, porque el reconocimiento de nuestros compañeros y la tarea viene atrasada hace años y siguen diciendo ‘vamos a esperar’. La misma burocracia de siempre. Tenemos que empezar a cortar con eso porque las necesidades de nuestros compañeros se tendrían que haber tratado antes. Yo estoy esperanzado que está ley que se presenta hoy se trate lo antes posible’’, agregó.

 La ley no solo es fundamental para el sector cartonero, sino también para la política ambiental del país. En Argentina el 35% de los residuos que se generan por día terminan en basurales a cielo abierto u otros sitios de disposición irregular, lo cual genera la liberación de los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La implementación de la REP permitiría aumentar de manera significativa la cantidad de envases reciclados y la recuperación de los residuos. ‘’Se debería haber pensado antes en nuestra casa común, en el medio ambiente. Nosotros, lo que proyectamos, más allá del reconocimiento económico de todos nuestros compañeros, es el cuidado de nuestra casa común’, señaló Castillo.

 El reconocimiento del trabajo realizado por los trabajadores cartoneros sigue siendo una deuda pendiente. ‘’El sector cartonero estuvo siempre en la marginalidad, en la desigualdad y siempre es la lucha constante’’, expresó Brenda, coordinadora del turno mañana del predio Saavedra del MTE Rama Cartonera. La discusión de la ley significaría un avance en este reconocimiento, brindaría respuestas a sus reclamos y daría cuenta de todo su trabajo y crecimiento. ‘’Queremos el reconocimiento de que el laburo es tan digno como un recolector de basura o un barrendero’’, sostuvo Castillo.

La pandemia de covid-19 que se desató en el mes de marzo del año 2020 afectó duramente al trabajo que realizan los trabajadores cartoneros. ‘’ El ‘quedate en casa’ no es posible para un compañero porque nuestra fuente de trabajo está en la calle. Si el cartonero no sale a la calle no le alcanza, está muy por debajo de la canasta básica y se complica para saber si vas a comer o no vas a comer’, dijo Brenda.
Las malas condiciones laborales de los 150.000 cartoneros y cartoneras ya estaban presentes previamente al desarrollo de la pandemia. Muchos de ellos realizan su trabajo en basurales sin baño, sin agua y sin techo para cubrirse del sol o la lluvia. La imposición del aislamiento fue imposible de cumplir para el sector, por las tareas que realizan, lo que agudizó aún más la problemática. ‘’Tenemos dos realidades muy diferentes: un compañero independiente no ha podido comprar barbijos y lo único que podía hacer era ver si podía comer. Los compañeros que están organizados en una cooperativa tuvieron los insumos, pudieron quedarse en casa a hacer la cuarentena. El compañero independiente no podía quedarse en su casa, aún teniendo covid. Ni el Estado pudo garantizar muchas cuestiones necesarias’, manifestó Castillo.

1.340 puestos de trabajo

Con la implementación de la Ley de Envases con Inclusión Social se garantizaría la generación de puestos de trabajo calificados en recolección, clasificación y acondicionamiento de los reciclables. Se estima que cada $1000 millones recaudados podrían garantizarse 1.340 puestos de trabajo y se reforzaría el Sistema Local de Gestión de Residuos, mejorando las condiciones en las que cartoneros y cartoneras  llevan adelante su trabajo.

Un Aconcagua de basura

Un Aconcagua de basura

Comprar y comer, cocinar, vestir, maquillar, perfumar, decorar, plantar, vaya uno a saber cuántas actividades, hasta limpiar implican ensuciar. Es que a todo, básicamente todo, lo contiene alguna cáscara, tela, plástico o vidrio (en este planeta hasta se consigue aire enfrascado), por no mencionar que todo envoltorio desechado lleva otro envoltorio que lo contiene. La basura se empaqueta para ser basura y hay tanta e inimaginable cantidad de residuos generados diariamente que pensar en ese número nos aplastará.

En Argentina, según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), cada habitante produce 1,15 kilogramos de residuos sólidos urbanos por día. Cada dos segundos, Argentina produce una tonelada de basura. Dos segundos, el tiempo que le tomaría al país entero decir dos veces «dos segundos». Anualmente se generan 16,5 millones de toneladas en Argentina, una pirámide de basura cuya base sería de 85 m2 y cuya altura sería similar al Aconcagua. 

Actividades cotidianas como cocinar dejan una montaña de residuos que, así como para existir dependen de los seres humanos,  también son ellos quienes pueden reutilizarla o, fruto de su indiferencia, dejarla contaminar la tierra, el agua y el aire por  años, por días, por semanas, por años, por décadas o por veintena de décadas, dependiendo del tipo de desecho que se trate.

La separación de residuos y su tratamiento es fundamental para  que esa gigantesca e inimaginable tonelada producida por segundo que entendemos como basura, no destruya el medioambiente. La separación y tratamiento de residuos contribuye a que esa tonelada indescifrable pueda clasificarse para saber qué está caduco y qué puede reusarse o reformularse.

En nuestro país, el hábito de clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU) es practicado de manera desigual. Hacia 2017, el MAyDS estimaba que en promedio solo el 37% de todas las localidades de todas las provincias contaban con sistema de separación de residuos sólidos urbanos. Solo siete de las provincias poseían la mitad o más de sus jurisdicciones con sistemas de clasificación. Cuatro de ellas alcanzaban, como máximo, el seis por ciento.

De todas formas, e indistintamente de que cada casa separe los residuos según su tipo, hay un colectivo de trabajadores y trabajadoras que basan su actividad en la recolección y posterior discriminación de desechos. En 2019, existían  alrededor de 49 mil recuperadores urbanos, según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Más de cien son las cooperativas que, a lo largo y ancho del país, nuclean a quienes trabajan en transformar lo indiscriminado en reciclable y no reciclable y dar un respiro a la tierra que sostiene y sufre los basurales a cielo abierto, esos espacios que reciben el 65% de esa tonelada generada cada dos segundos en nuestro país.

Alicia Montoya es responsable del equipo técnico de El Álamo, una cooperativa de recicladores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, y define a su organización como socio-laboral, ya que además de colaborar en la disminución la cantidad de residuos haciéndose cargo del reciclamiento de desechos, ofrece a quienes recogen y reciclan esos desechos la posibilidad de volver esa tarea una forma de trabajo digno y organizado. “Previamente a la cuarentena, en El Álamo procesábamos 400 toneladas diarias de residuos reciclables (papeles, cartones, plásticos tipo film y PET, latas de aluminio y vidrios) provenientes solo de los barrios porteños de Agronomía, Parque Chas, Villa Devoto y Villa Pueyrredón y los shoppings de la Ciudad”, explica Montoya. Es decir, las manos de El Álamo procesaban residuos reciclables diariamente, hasta la irrupción del Covid-19, casi cuatro veces el peso del avión más grande de la flota de Aerolíneas Argentinas (el Airbus A330-200).

Igualmente grande en tamaño y pesada debe ser la incertidumbre de los 197 trabajadores de la cooperativa por la disminución de basura procesada, debido a la imposibilidad y dificultad para circular y recolectar reciclables. El Álamo procesa hoy cien toneladas mensuales. Son estos últimos datos aplastantes. Por una parte, resulta asombroso que solo cuatro barrios y algunos centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires produzcan tamaña cantidad de residuos (y se cuenta únicamente aquellos reciclables). Por otra parte, la gran importancia que tienen los desechos, aunque sean indeseados, para un sector de la economía de nuestro país.

De dónde vienen 

La separación cumple dos funciones. Por un lado, permite que se sepa qué hacer con cada desecho generado (cómo tratarlo, si reutilizarlo o bien se busquen las condiciones para que perezca lo menos nocivamente para el medio ambiente) y, por otro, llevar adelante una estadística que permita conocer qué tipo de desechos ponderan de acuerdo al consumo de nuestra sociedad y cómo poder la vasta cantidad de basura que nos rodea. Discriminar permite saber que, por ejemplo, aproximadamente el 49% de los residuos generados en Argentina son orgánicos (comestibles, biodegradables, etc.), 14% papel y cartón (ampliamente reutilizables) y el 15% plásticos.

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 41% de los desechos son comida. Eso representa entre 200 y 250 toneladas diarias. 

Clasificar para transformar

Mientras se genera conciencia, hay que pensar también sobre las diferentes maneras de aprovechar ese volumen de residuos generados por impresionante que resulte. Un ejemplo del potencial aprovechamiento puede encontrarse en CEAMSE, la empresa pública destinada a gestionar los residuos generados en el AMBA. En sus cinco estaciones de transferencia y tres rellenos sanitarios propios y dos más en calidad de contratista, mil quinientos trabajadores clasifican y procesan toneladas y toneladas de residuos diarios. Secos o húmedos, reciclables; papeles, cartón, vidrio o plásticos, todo sin metal. Lo que es reciclable se enfarda, lo no reciclable va a los rellenos; los orgánicos (comida y restos de podas) se estabilizan por tres semanas.

Todo eso significa la producción de residuos del 36% de la población del país que se sitúa en el conurbano bonaerense, un promedio de 20.400 toneladas aproximadas de procesamiento diarias en 2019 y un acumulado de casi tres millones y medio de toneladas procesadas en lo que va del 2020.

Lo novedoso es la utilización del biogás resultante de la descomposición de los residuos en los rellenos sanitarios para la generación de energía eléctrica. Marcelo Rosso es ingeniero y gerente en el Área de Nuevas Tecnologías y Control Ambiental de CEAMSE y explica a ANCCOM el proceso: «Dispuestos los residuos en los rellenos sanitarios generan una emisión gaseosa (biogás), una mezcla de metano, dióxido de carbono y otros oligogases. Si a esa mezcla se la depura de humedad y material particulado y se traslada hacia motores a combustión que generan movimiento, tenemos energía eléctrica. Esa energía se estabiliza en media tensión y se brinda, mediante un electroducto, al sistema interconectado nacional de distribución de electricidad. Producimos 20 megavatios por hora, lo suficiente para abastecer a una población de doscientos mil habitantes en el mismo período de tiempo».

 

Tanto el dióxido de carbono como el metano generados por la descomposición de los residuos sin tratar, por ejemplo en un basural a cielo abierto, son altamente inflamables y contaminantes. Pero por otro lado, en CEAMSE no solo tratan esos residuos con estrictas maneras de seguridad, que evita esa contaminación, sino que además generan una energía verde. Es decir, poblaciones como las de Gran San Luis, San Fernando del Valle de Catamarca o José C. Paz podrían ser abastecidas solamente con la energía eléctrica generada, aprovechando la descomposición de ciertos residuos. Lo más importante, de todos modos, es reducir. Y cuando se habla de políticas de Estado sobre la generación de residuos se habla de medidas destinadas a los productores de bienes materiales a reflexionar sobre la nocividad que supone adornar cada bien que producen. Es decir, si vale la pena usar tanto plástico, tanto papel, tanto cartón, tanto vidrio, tanta tinta.

Otros usos 

En 2019, entró en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (o Ley de Envases), que centra la responsabilidad del manejo de residuos y su financiación del manejo  en los productores y que, de aprobarse, disminuiría los aportes de la ciudadanía para la gestión de residuos. Rosso argumenta sobre la importancia de este proyecto de ley. “Sería de gran valor una ley semejante -que se aplica en países vecinos como Brasil, Chile o Uruguay- por dos motivos principales. Por un lado, porque los productores o importadores costearían parte de la logística de captación, tratamiento y reciclaje o reutilización de los embalajes introducidos en el mercado. Pero, además del financiamiento, también eso contribuye a evitar la disposición final de esos embalajes en rellenos sanitarios”. Por su parte, Montoya, concluye: “Es un proyecto de ley fundamental para avanzar en materia de reciclaje. En nuestro país se está discutiendo desde 2005, pero siempre queda en propuesta”. Paradójicamente, es un proyecto que nunca se aprueba pero siempre se recicla.

Otro proyecto es el presentado también en Diputados en 2018 sobre Educación Ambiental que busca unificar criterios en torno a una ley y estrategia federal sobre los residuos, la creación de espacios de formación, intercambio y producción de enfoques tanto de concientización como, principalmente, de acción. El objetivo es evitar la disparidad en la implementación de sistemas de separación de residuos sólidos urbanos en los distintos departamentos a lo largo y ancho de cada una de las provincias y generar el hábito de reciclaje en aquellos lugares donde es casi inexistente.

Por último, en septiembre el presidente Alberto Fernández acompañado del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, anunció un Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, que se estiman en cinco mil en todo el país y suponen la forma en que los municipios eliminen su basura, que generalmente carecen de medidas mínimas de seguridad que eviten la contaminación del agua, la tierra o el agua. Este proyecto busca, como solución, la construcción de más complejos socioambientales para tratar diferenciada y eficientemente a los residuos dependiendo de su naturaleza, así como también la provisión de equipamiento de protección para los recuperadores y recicladores urbanos de todo el país. Este proyecto demandará, aproximadamente, 250 millones de dólares para su concreción. Desde el MAyDS aseguran que es el primer intento de un gobierno nacional de encarar una problemática que, como se expuso, hasta hoy se concibe como de competencia municipal.