“Los pibes están en peligro”

“Los pibes están en peligro”

Cientos de personas se reunieron este sábado en Parque Centenario para manifestar su oposición a la baja de la edad de imputabilidad. El encuentro fue en formato de foro de debate bajo el lema “Lxs jóvenes no somos el problema”. La masiva convocatoria fue organizada por el colectivo juvenil No somos el Problema -que engloba a militantes de distintas agrupaciones políticas y organizaciones nacionales- , la Red Argentina No Baja, Unidad Ciudadana y la ATE Capital. Las presentaciones estuvieron a cargo de distintas comisiones de discusión integradas por expertos en cuestiones de Derecho Penal Juvenil y personalidades políticas críticas a la gestión del gobierno de Cambiemos.

Guido Pablo Veneziale, militante de La Cámpora e integrante del colectiv,o declaró a ANCCOM: “Decidimos organizar este foro contra la criminalización juvenil en respuesta a las políticas que el gobierno de Mauricio Macri está llevando a cabo en contra de los jóvenes, como es la quita del (plan) Progresar, la falta de subsidios a la escuela pública y las universidades, y contra la baja de la edad de punibilidad a 14 años. No podemos llevar adelante este debate cuando no se han reformado los institutos de menores ni las cárceles, y estando por empezar las campañas legislativas; porque lo que está en debate es el futuro de nuestra patria”. Y añadió: “En esta convocatoria se reunieron varios espacios. Participan sindicatos, especialistas, ONG, agrupaciones políticas y los campeones de rap a nivel nacional.”

 

Las presentaciones estuvieron a cargo de distintas comisiones de discusión integradas por expertos en cuestiones de Derecho Penal Juvenil y personalidades políticas. En la foto: Juan Cabandié, Raul Eugenio Zaffaroni, Lorena Pokiok y Leandro Santoro, entre otros.

El debate por la edad mínima de responsabilidad penal, actualmente de 16 años, estuvo presente en la agenda mediática durante los últimos meses, intensificado por la sucesión de dos casos resonantes que involucraron a menores de edad: el crimen de Brian Aguinaco, en diciembre de 2016 en Flores, y el asesinato de un niño de 3 años el pasado 7 de junio en Lomas de Zamora. A raíz de esta polémica, que se suma a la situación de hostigamiento policial sufrida por estudiantes secundarios y docentes de la escuela Mariano Acosta, los integrantes del colectivo “No Somos El Problema” decidieron convocar a la ciudadanía para combatir lo que consideran un atropello a los derechos de los jóvenes por parte del actual Gobierno. Desde este espacio, denuncian que se está produciendo una persecución contra la juventud y advierten que el proyecto de penalizar a los adolescentes a partir de los 14 años, promovido por el ministro de Justicia Germán Garavano, es una propuesta regresiva e ineficaz, ya que advierten que con ello sólo se logrará reforzar la violencia que se pretende resolver, estigmatizar a niños y adolescentes -especialmente de sectores desprotegidos– y profundizar el abandono gubernamental de las políticas sociales, educativas y de salud en función de una mayor represión.  

En diálogo con ANCCOM, Daniela Innamorato, de Peronismo Militante, manifestó: “Este es un espacio promovido desde la juventud, y la idea es que todos los jóvenes, más allá de los partidos y las identidades políticas, puedan participar. Decidimos venir porque entendemos que la baja de edad de imputabilidad estigmatiza a la juventud y confunde a la sociedad en términos de criminalizar a los jóvenes desde un lugar ficticio. Buscamos visibilizar el problema y lograr que la juventud se organice en defensa de sus propios derechos.”

El debate por la edad mínima de responsabilidad penal, actualmente de 16 años, estuvo presente en la agenda mediática durante los últimos meses.

A partir de las 14, el encuentro comenzó con una radio abierta de la que participaron varios oradores expertos en el tema como Gabriel Lerner, abogado, ex Secretario Nacional de Niñez y Adolescencia y miembro del Observatorio por los Derechos de la Infancia Eduardo Bustelo, y Gabriela Tozoroni, trabajadora social en ATE Capital en el área de Juventud, entre otros. Más tarde, se realizaron distintos foros de debate, conducidos por especialistas, sobre diversas temáticas: Políticas públicas y seguridad ciudadana, Violencia institucional, Precarización laboral y trabajo infantil, y Derechos Humanos.

A cargo de la primera comisión, Gabriel Lerner expuso: “En la ciudad, en materia de seguridad tenemos una gran inequidad territorial entre el norte y el sur que se corresponde con la enorme desigualdad social. En el caso de los homicidios, la incidencia de los chicos cuando son victimarios es infinitamente menor a la incidencia de cuando son víctimas de los delitos. Esto quiere decir que los pibes no son el problema sino que padecen el problema. No son peligrosos sino que, por la desigualdad social y el accionar policial, los pibes en nuestra sociedad están en peligro.” Y agregó: “El planteo de este Gobierno de legitimar que para tener mayor índice de seguridad hay que ampliar las dosis de represión es una idea nefasta que lo único que produce es mayor sufrimiento popular y que de ningún modo mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Cualquier modificación progresiva en materia de políticas de inclusión social –en iniciativas como Conectar Igualdad, el Plan Qunita y los planes Progresar – tendría mucha mayor incidencia en mejorar los índices de seguridad que bajar la edad de punibilidad.”

A partir de las 14, el encuentro comenzó con una radio abierta de la que participaron varios oradores expertos en el tema.

En la misma línea, Leandro Santoro, politólogo de la UBA y líder del espacio político Los Irromplibles, integrante del mismo foro, afirmó: “Para garantizar seguridad a la ciudadanía se necesitan políticas integrales. La desigualdad es la principal causa de violencia ciudadana y las tensiones sociales que generan la marginalidad, la exclusión y la pobreza terminan provocando situaciones de inseguridad. La gestión de derecha no solo no puede resolver esos problemas, sino que los profundiza. Por eso ellos solamente tienen políticas de seguridad, y limitan la concepción de seguridad ciudadana exclusivamente a la presencia policial. Para los que tenemos una formación de izquierda, la seguridad parte del concepto de igualdad. Si en una sociedad no está garantizada la igualdad, es difícil hablar de estabilidad social.”

Tras finalizar el debate, Santoro expresó en diálogo exclusivo con ANCCOM: “Nos invitaron los chicos para pensar una propuesta programática para la unidad ciudadana, contribuir a la reflexión sobre el debate del futuro político y construir argumentos defensivos frente a una derecha que intenta estigmatizar a los pibes, cuando en realidad el problema de la participación juvenil en el delito es ínfima. Es poner el foco donde el problema no está, asumiendo una posición demagógica y populista a los efectos de darle tranquilidad a un sector de la sociedad que está asustado todo el tiempo porque es víctima de operaciones mediáticas que tienden a hacerle creer cualquiera que es distinto a uno es una amenaza.”

La masiva convocatoria fue organizada por el colectivo juvenil No somos el Problema , que engloba a militantes de distintas agrupaciones políticas y organizaciones nacionales.

Por su parte, Florencia Gentile, socióloga, plenarista del Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes por la Legislatura Porteña e impulsora de la Red Argentina No Baja, manifestó: “El proyecto de bajar la edad de punibilidad es una arista más del avance de la mirada criminalizadora sobre los adolescentes. No nos parece casual la mirada represiva sobre los mismos sujetos sociales que en los últimos años fueron protagonistas. El proyecto de la baja se presenta supuestamente como respuesta al problema de la inseguridad, pero esto es falaz porque, según las estadísticas, los delitos cometidos por los pibes de menos de 16 años son ínfimos. El Estado tiene que intervenir sobre esa problemática a través de las áreas sociales y educativas, y no de las áreas penales.”

Para cerrar el acto, el ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, subió al escenario -acompañado por varios referentes políticos de Unidad Ciudadana y precandidatos a legisladores como Juan Cabandié, Gabriela Cerruti y Leandro Santoro, entre otros– y se dirigió al público: “Pretender aplicarle la legislación de los adultos a pibes de 14 años no es un hecho aislado. Hubo un defecto en la seguridad policial en un barrio que costó la vida de un chico, y de inmediato se les ocurrió que el culpable era un peruanito. Tuvieron una pueblada en una comisaría, y al día siguiente salieron diciendo que lo que había que hacer para evitar que se repita era bajar la edad de responsabilidad penal de los pibes.” A continuación, tomando como evidencia las estadísticas de índices de criminalidad en CABA, el magistrado sentenció: “La realidad que indican los números, tomados expediente por expediente de cada homicidio en la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de varios años, es que de un universo promedio de 200 homicidios por año solo uno es cometido por un menor de 16. ¿Qué es lo que se quiere lograr bajando la edad de responsabilidad? ¿Meter presos a pibes homicidas? Si no hay más que uno o dos por año. Se busca criminalizar a nuestra adolescencia, y esta tentativa es un capítulo más del reforzamiento del aparato represivo del Estado en una sociedad corporativa, donde hay un 70 por ciento de población excluida. Esto no tiene nada que ver con nuestra seguridad; la seguridad es un pretexto.” Tras caer la noche, el encuentro terminó con un festival de hip hop a cargo de los raperos Replik, Trueno y Wos, campeones del género a nivel nacional, que fascinaron al público al ritmo de sus improvisaciones con temáticas sociales en contra de la estigmatización y la persecución de la juventud.

Eugenio Raúl Zaffaroni cerró el acto.

  

Actualizada 05/07/2017

Los nuevos delitos de lesa humanidad

Los nuevos delitos de lesa humanidad

Un equipo multidisciplinario de setenta y cinco expertos y expertas de cuarenta países de América, Europa y África, presentó los “Principios de Madrid-Buenos Aires”, en el marco del II Congreso Jurisdicción Universal de  siglo XXI desarrollado en el Teatro Nacional Cervantes durante el 9 y 10 de septiembre. El eje del documento es la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales que, por su gravedad, dejan de concernir a un Estado soberano en particular, para afectar a la humanidad en su conjunto.

“Lo que estamos buscando es una protección integral de los ciudadanos y ciudadanas del mundo y de la propia naturaleza, no pedimos ni más ni menos”, expresó el juez Baltasar Garzón, máximo impulsor y director del Congreso organizado por FIBGAR, la fundación internacional que lleva el nombre del magistrado español y que trabaja por la defensa internacional de los derechos humanos. “Estas iniciativas –completó el anfitrión- tienen también un efecto de prevención, de educación, de aprendizaje, de pedagogía, de saber que el lenguaje común de toda la humanidad es el de los derechos humanos”.

“Cuando los Principios de la Jurisdicción Universal del siglo XXI se pongan en circulación a partir de mañana, comenzaremos su defensa palmo a palmo, país a país, institución a institución, un año, dos años, tres años, los que sean necesarios, al final ganaremos esa partida, porque es la partida de la humanidad”, prometió Garzón y rescató la incorporación en el documento de nuevos delitos de persecución universal, como aquellos que atenten contra el medio ambiente o que son de naturaleza económica y violan sistemáticamente los derechos más básicos de la sociedad civil.

Los Principios Madrid-Buenos Aires también contemplan como crímenes de lesa humanidad al genocidio, a los crímenes de guerra, a la piratería, la esclavitud, la desaparición forzada, las torturas, el tráfico de seres humanos y las ejecuciones extrajudiciales.

Baltasar Garzon, juez y presidente de  FIBGAR

Baltasar Garzon, juez y presidente de FIBGAR

 

Entre las distintas actividades que se desarrollaron a lo largo de las jornadas se destacó la conferencia La protección jurídica del medio ambiente, que estuvo a cargo de Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado de la Corte Suprema de Argentina. El magistrado expresó que los actuales estándares de consumo son insostenibles y que estamos muy cerca a una situación de no retorno. Advirtió que el mercado funciona aumentando el consumo de ese 30 por ciento que son los que más tienen, mientras que el 70 por ciento de la población mundial no posee lo indispensable para sobrevivir. En declaraciones exclusivas a ANCCOM señaló el camino a seguir para que estos delitos económicos y medioambientales se tipifiquen y lleguen a ser aplicados en todo el mundo: “Es necesario que alguien los haga parte de un proyecto en el plano internacional, en Naciones Unidas, y que con el correr de los años se haga un tratado y luego que los congresos lo ratifiquen. A medida que vayan pasando catástrofes vamos a ir haciendo estas cosas”.

Por su parte Héctor Sejenovich, Premio Nobel de Paz compartido con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de 2007, profesor universitario e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, habló sobre medio ambiente e intereses económicos. Declaró que hay una necesidad de reestructurar el concepto de desarrollo y de una intervención conservativa, ya que se necesita un desarrollo verdaderamente sustentable que no reduzca el activo ambiental. “La deriva actual del capitalismo pone en riesgo la supervivencia del planeta y nos lleva a la autodestrucción”, subrayó. Asimismo declaró a ANCCOM sobre el impacto que causaría lograr el consenso sobre los delitos económicos y medioambientales al ser considerados de lesa humanidad: “Sería casi como la creación de los derechos humanos. Pero, ¿la declaración de los derechos humanos sirvió para la lucha por los derechos humanos? Sí, sirvió, pero no por eso se aplicaron. Se concretaron por otras relaciones sociales progresivas que se impusieron en cada país, pero el hecho de tenerlos ya significó una mejora de la situación”.

Mencionó, además, la importancia que los abogados empiecen  a conocer el tema ambiental: “Lamentablemente no tenemos un código ambiental, no tenemos una justicia ambiental, sino que es una justicia general”, reflexionó y agregó: “Es positivo que se incluya lo medioambiental como parte de los crímenes de lesa humanidad, pero hay que profundizar, porque no es solamente afectar a una especie, sino afectar a todo un sistema, a una cantidad de interrelaciones”. El Premio Nobel, a su vez, ejemplificó con el cultivo de la soja: “Está arrasando y ahí hay una afectación a los derechos humanos de las poblaciones que viven cerca, que han sido fumigadas y que tienen problemas de cáncer. Eso está en total colisión con estos principios, entonces de alguna forma se tienen que hacer cargo”.

Rigorberta Menchú en el Congreso Jurisdicción Universal en el Siglo XXI

Rigorberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, fundadora y presidenta Vitalicia de la Fundación Rigoberta Menchú Tum y destacada dirigente en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Contra la impunidad

El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  Horacio Verbitsky y Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado participaron en el panel Lucha contra la impunidad en Argentina. “Si no hay compromiso, militancia, participación, estos avances no hubieran pasado. Lo importante es denunciar las voces que hay detrás de los que quieren intentar la impunidad”, declaró Verbitsky.

Auat, a su vez, manifestó que la impunidad es la punta del iceberg de toda una estructura de injusticias que aparecen por debajo: “No hemos terminado con la impunidad, la justicia no es igual para todos, no es igual para el oprimido que para el opresor. Lo que está en juego es la moral de toda la humanidad”. El funcionario retomó conceptos del filósofo alemán Walter Benjamin y resaltó la importancia de cómo comunicar estas discusiones, de cómo usar el lenguaje y del modo de leer el pasado.

Información y privacidad

A través de una videoconferencia desde la embajada ecuatoriana en Londres, también participó de las jornadas realizadas en el Cervantes el periodista de investigación, programador, y ciberactivista australiano Julian Assange, autor del ya famoso sitio WikiLeaks. Desde la pantalla gigante expresó que los derechos básicos de la ciudadanía, como la libertad de información y la privacidad, están en peligro por la acción de algunos gobiernos de controlar los movimientos de sus ciudadanos. En relación a la criminalidad económica  y su impacto en las condiciones de vida de millones de ciudadanos denunció: “Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea están impulsando un gran bloque de comercio mundial que se escapará a cualquier tipo de control democrático y no tendrá en cuenta el cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos”.

El desafío

Sobre el tema Debate hacia un nuevo marco de Jurisdicción Universal, Hugo Cañón, ex Fiscal General de Bahía Blanca y ex presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, habló sobre los riesgos de las propuestas que se plantean y ejemplificó con el intento por parte de George W. Bush al asumir en 2002 de anular la firma de Bill Clinton sobre el Tratado de Roma para lograr la inmunidad de su país.

Al respecto de este nuevo marco de Jurisdicción Universal declaró a ANCCOM: “Ahora viene una etapa fundamental de difusión de los principios, de darlos a conocer en los ámbitos judiciales, en las fiscalías, en los claustros académicos y desde ahí comenzar una gestión ante las diversas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos políticos para demandar en cada uno de los países la posibilidad de instalar normativas jurídicas que adopten estos principios”. Manifestó que es un trabajo a largo plazo y que se debe hacer eje en los países del cono sur, ya que en este momento tienen una gran potencia para confrontar con los poderes más fuertes del mundo: “Evidentemente van a poner obstáculos e impedir que exista esta posibilidad de juzgamiento a todo aquello que tenga que ver con crímenes económicos y la afectación del medio ambiente porque, en última instancia, los responsables de estas políticas son las grandes corporaciones económicas que están en los países centrales y no en nuestros países”.

Con respecto a los valores en los que están asentados los 22 principios que conforman el documento promovido en el Congreso, opinó: “Toda esta política de Jurisdicción Universal está asentada en una ética sólida de defensa de la dignidad del ser humano. Somos personas y como tales merecemos el respeto y la dignidad que fue avasallada por las grandes tiranías, por los grandes negocios económicos, por ese poder concentrado que en última instancia apunta a la defensa de sectores minoritarios a nivel planetario”.

Antes de llegar al final del Congreso, disertó la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, fundadora y presidenta Vitalicia de la fundación que lleva su nombre y destacada dirigente en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y las mujeres. 

La guatemalteca recordó una resolución de Naciones Unidas de 1979, en la que se advertía sobre las grandes violaciones a los derechos humanos pero en ningún momento se reconocía la reparación sobre las víctimas. En este sentido, aludió a los atroces hechos ocurridos en la masacre en la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde fueron calcinadas 39 personas, entre ellos su padre. “Sabíamos todo eso y sin embargo parecía que nadie creía en las víctimas. Lo que pasó en Guatemala quizás pueda ser la esencia de la crueldad de los genocidas en todos los países del planeta y es la esencia de lo que son los delitos de lesa humanidad”.

Raúl Zaffaroni durante la lectura conjunta de los nuevos principios de Jurisdicción Universal en el cierre del Congreso.

Asimismo, explicó el contexto en el que se desarrollaron los delitos contra la humanidad en su país: “Por supuesto que se sabía que existía un plan que se llamaba Contrainsurgente y una estrategia de los militares guatemaltecos que tenía una relación con el plan global de estrategia de Estados Unidos en América Latina como es el Plan Cóndor”.

Explicó que el involucramiento de las víctimas en esta causa no es un tema personal sino que responde a una memoria colectiva que exigía un juicio de reconocimiento de la verdad, ya que siempre fueron acusados de farsantes. “Había una ofensiva ideológica para frenar las ideas de las propias víctimas, no es solo la verdad individual sino jurídica, institucional, de un tribunal que pueda dar un ejemplo del cumplimiento del derecho con el debido proceso: no sabíamos que había reglas que nos podrían defender y con este aprendizaje fuimos aportando en la doctrina de la jurisdicción universal”.

Menchú Tum describió que en su país hubo un gran debate entre víctimas y victimarios con respecto a si hubo genocidio o no. “Dijeron que todo lo que hacíamos era pura venganza y tuvimos que acudir a una investigación profunda, no sólo teníamos un derecho sino que debíamos fundamentarlo. Si queremos mirar hacia el futuro, tenemos que recuperar esa memoria de la justicia universal aplicada en el terreno de los hechos”.

Al respecto de la experiencia de violación de derechos humanos en América Latina expresó: “Cuando se pueden juntar las herramientas jurídicas y las técnicas de investigación con la verdad de las víctimas, hay un impacto extraordinario. En América Latina tenemos una experiencia inmensa y debemos legar a las nuevas generaciones, porque la lucha contra los delitos de lesa humanidad no tiene fin, porque se puede repetir en décadas”.