Habrá una nueva inspección ocular en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel

Habrá una nueva inspección ocular en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel

La ordenó el tribunal y se hará en el territorio donde fue baleado el joven mapuche hace seis años, en Villa Mascardi, Bariloche. Algunos de los prefectos acusados estarán presentes.

El Tribunal Oral Federal de General Roca, Río Negro, ordenó para el 24 de octubre a las 15 la realización de una nueva inspección ocular en el lugar en el que Rafael Nahuel, a sus 22 años, fue asesinado -según la imputación- de un disparo en la espalda por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en la Lof (comunidad) Lafken Winkul Mapu, durante un operativo represivo posterior al desalojo realizado en el marco de una denuncia por usurpación hecha por Parques Nacionales. Luego de las audiencias de esta semana, restan nada más 16 testimonios de los más de cien previstos al inicio del juicio.

El juez federal Alejandro Silva, presidente del tribunal, definió acelerar y agilizar lo restante de la prueba testimonial ofrecida por la Fiscalía y la defensa para la próxima semana. El martes 10 y miércoles 11 de octubre tendrían que declarar los últimos testigos del cronograma, casi todos prefectos colegas de los cinco oficiales imputados.

En comunicación con ANCCOM, el abogado querellante Ezequiel Palavecino expresó que fueron fuertes las declaraciones de los testigos presenciales Johana Colhuan, Fausto Jones Huala, y Lautaro González Curruhuinca, todos integrantes de la comunidad a la que pertenecía Rafael Nahuel y quienes lo acompañaban el día del asesinato. Colhuan además era su prima y fue una de las heridas. “Los testimonios de la semana que viene son más que nada de ‘actuación’ y gente de a pie, que estaba en la ruta” agregó. Con respecto a la inspección ocular que está por realizarse en el lugar del homicidio manifestó que va a ratificar los relatos de los testigos presenciales y colocará a los jueces en el lugar del hecho.

 

Durante las audiencias de este tramo las declaraciones de los testigos fueron más acotadas. Entre los testimoniantes hubo civiles, efectivos de la Policía de Río Negro y la Policía Federal Argentina que participaron en los operativos o que transitaban por la Ruta Nacional 40 el día del crimen.

El homicidio ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en un territorio disputado por la comunidad Lafken Wilkun Mapu y el Parque Nacional Nahuel Huapi. A mediados de diciembre de ese año se hizo una primera inspección en la que se recolectaron 31 vainas servidas que pertenecían a disparos realizados con munición 9mm de armas oficiales. Los cinco imputados que pertenecían a la Agrupación Albatros de la PNA están siendo juzgados en instancia oral y pública desde el pasado 15 de agosto.

El nuevo reconocimiento ocular fue aceptado por los jueces a petición del Ministerio Público representado por el fiscal Rafael Vehils Ruiz. De los cinco imputados, participarán los albatros Juan Obregón y Sergio García, defendidos por las abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti. Los otros tres, Guillermo Cavia, Carlos Sosa y Francisco Pintos, representados por Marcelo Rochetti, adelantaron su ausencia sin dar fundamentos. También estarán presentes quienes acompañaban a Nahuel en el momento de su asesinato: Colhuan, Jones Huala y González Curruhuinca.

El operativo busca establecer el lugar donde fue el homicidio de Nahuel, pues según entienden los abogados querellantes, el grupo de los mapuches fue perseguido por los Albatros más allá de los límites del territorio que había reclamado y ocupado la comunidad.

«Los muertos siempre los ponen los mapuche»

«Los muertos siempre los ponen los mapuche»

Testigos clave relataron cómo fue la muerte de Rafael Nahuel en sendas audiencias del juicio por este homicidio, en el que están siendo juzgados cinco miembros de la Prefectura Naval Argentina.

En una nueva audiencia que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, el martes 26 de septiembre dieron sus testimonios Johana Colhuan y Lautaro González Curruhuinca, quienes presenciaron el momento en que el joven mapuche recibió un disparo por la espalda. Por tanto, sus testimonios eran esperados por todas las partes involucradas en el homicidio ocurrido en territorio recuperado en Villa Mascardi, el 25 de noviembre de 2017. Además de ellos, María Nahuel, tía de la víctima, también declaró como testigo. «El pueblo mapuche es preexistente al Estado y los muertos siempre los ponemos los mapuche», dijo sobre el asesinato de su sobrino.

En sus testimonios, Colhuan y González Curruhuinca afirmaron que aquel día un contingente del grupo Albatros de la Prefectura interceptó a un grupo mapuche, abriendo fuego y persiguiéndolos. Rafael Nahuel resultó herido de bala en la espalda, mientras que Colhuan y Gonzalo Coña también sufrieron heridas. Los testigos negaron haber disparado con armas de fuego y afirmaron que se defendieron arrojando piedras.

La audiencia incluyó la declaración indagatoria de dos prefectos, Juan Ramón Obregón y Sergio García, procesados como partícipes necesarios del homicidio. Estos efectivos argumentaron que se vieron superados en número por los mapuches, quienes desconocían el terreno y los atacaron con «lanzas, piedras y disparos de armas de fuego». Afirmaron que tomaron medidas previas al uso de armas letales, como disparos disuasorios con marcadoras de pintura y el lanzamiento de una granada de aturdimiento.

Lautaro González Curruhuinca

La declaración de Johana Colhuan agregó detalles sobre su encuentro previo con Rafael Nahuel en la sede de la Policía Federal de Bariloche –donde estaban detenidas las mujeres tras el desalojo del 23 de noviembre– y su participación en llevar comida y abrigo a los hombres que se habían refugiado en la montaña. Ella y Nahuel fueron testigos de un ataque armado por parte del grupo Albatros.

Por último, Colhuan recordó a Rafael Nahuel como una persona «excelente» que luchaba por mejorar su vida. También reveló que en ocasiones, «él no tenía suficiente leña para calentar su casa en invierno», lo que resaltó las dificultades que enfrentaba.

Lautaro González Curruhuinca declaró con el propósito de proporcionar información sobre la muerte de Nahuel para que sus padres pudieran conocer la verdad sobre su fallecimiento. Él confirmó que fueron atacados a balazos por la Prefectura y que se defendieron con piedras. Nahuel les pidió que lo dejaran morir en el lugar, pero decidieron bajarlo en busca de atención médica. No llegaron a conseguir esa ayuda porque el joven murió mientras lo bajaban del cerro.

 

Johana Colhuan

 

Este miércoles, en una nueva audiencia, Fausto Jones Huala declaró que él y otros miembros de la comunidad mapuche llegaron primero al lugar, donde los disparos resonaban constantemente. Decidieron tomar piedras y lanzarlas hacia quienes disparaban. «Los disparos eran uno tras otro», relató.

En un momento, Gonzalo Coña corrió hacia ellos, herido. Nahuel, a la izquierda de Jones Huala, también fue alcanzado. «Sí, lo vi caer», dijo Fausto. «Al final, Joana también se detuvo a mi lado y vi que se agarraba el hombro».

La confusión reinaba en el lugar mientras las personas gritaban que Nahuel estaba herido. Nadie sabía dónde había sido impactado. «Recuerdo que solo podía agarrarse la ropa y parecía que le costaba respirar», añadió Jones Huala.

Fausto Jones Huala

 

Finalmente, cuando lograron que Nahuel se pusiera de pie, se dieron cuenta de la gravedad de la herida. «Le levantamos la remera y vimos un globo violeta en ese lado», describió Fausto. Rápidamente, improvisaron una camilla con tablas y troncos para llevarlo a un lugar seguro. «Rafa no quería irse, quería quedarse ahí. El peñí se tiraba de la camilla y hacía todo lo posible por no ser trasladado», recordó Fausto. Fue necesario atarlo.

«Creo que habremos tardado unos 40 minutos más o menos, en bajarlo desde el lugar que recibió el disparo»,  dijo Fausto. Mientras descendían, los disparos continuaban, era una amenaza constante.

Fausto también contó sobre como efectivos de la Prefectura Naval Argentina se abalanzaron sobre ellos, los esposaron y los mantuvieron boca abajo durante horas. «Los precintos de las esposas apretaban las manos de Lautaro, causándole dolor».

Horas después, al anochecer, los trasladaron nuevamente y les cambiaron las esposas. Les tomaron muestras de residuos de disparos. «Me dejé tomar las nuestras para que se sepa la verdad, que nosotros en ningún momento habíamos disparado», aseguró Jones Huala, reafirmando su inocencia en medio de la confusión y el caos.

Además, coincidió con el testimonio de Zombory sobre las reiteradas veces que movieron el cuerpo de Rafael: «En ese momento estábamos rodeados solamente de efectivos de Prefectura y eran los que le levantaban la ropa que tenía, le tapaban la cara.». Sobre el tiempo dijo que no sabía precisamente cuántas veces fueron, pero «sí me acuerdo por lo menos que en cuatro o cinco oportunidades que vi, se acercaba gente y miraba».

A lo largo de las dos jornadas hubo momentos de tensión cuando el abogado de la defensa de tres de los prefectos imputados, Marcelo Rochetti, pidió un traductor porque no entendía la palabra «lamien» que los testigos repetían, y que significa hermano o hermana. También se opuso a que describieran cómo era Nahuel, a lo que el presidente del tribunal, el juez Simón Bracco, le recordó que además de testigos eran víctimas y familiares del asesinado.

Como evaluación de estos testimonios clave, el abogado de la querella Sebastián Feudal dijo que los cuatro fueron «claros y contundentes».

Condenada por rasguñar a una policía en un desalojo

Condenada por rasguñar a una policía en un desalojo

La joven mapuche Jéssica Bonnefoi fue sentenciada por el hecho ocurrido en 2017 en Villa Mascardi.

El Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche condenó a la mujer mapuche Yessica Bonnefoi Carriqueo Antimil a seis meses de prisión en suspenso. La joven fue imputada por rasguñar a una agente de la Policía Federal en 2017 durante un desalojo ocurrido en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche. Ella se encuentra detenida desde el 11 de agosto en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Río Negro, y según el fallo emitido ayer por el juez federal Hugo Greca debería haber recuperado su libertad. Sin embargo, seguirá presa porque está imputada en otras causas vinculadas a la lucha mapuche por la tierra.

 Uno de sus abogados defensores, Eduardo Soares, dijo a ANCCOM que “aún no será liberada, estamos a contrarreloj pidiendo su libertad por la última causa, la de Los Radales y toda la causa nueva de usurpación”. Estos procesos imputan a Bonnefoi por usurpación en el exhotel Mascardi, La Escondida y en el predio Los Radales, donde se produjo el incendio de una casilla de Gendarmería. Por estos hechos, los vecinos acusan a los mapuche, y ellos sostienen que fueron responsables los grupos de derecha alentados por el PRO y la gobernación provincial.

 Tras la publicación del fallo, Soares enfatizó su disconformidad con la separación de la causa y afirmó que en realidad se trata de un mismo expediente que empezó el 23 de noviembre de 2017 y terminó dos días después con la muerte de Rafael Nahuel, quien fue asesinado el 25 de noviembre de un tiro en la espalda -por lo que está imputado el prefecto Francisco Javier Pintos- durante la represión y desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en la zona del lago Mascardi, en Río Negro. “Es una sola causa. La recuperación, que ellos llaman usurpación, con incidentes como el de Jéssica, en el que aparece una denuncia de lesiones, y finalmente la muerte de Rafita Nahuel. Todo es un solo hecho concatenado” expresó. Además, aseveró que al notar que sería contraproducente para las fuerzas de seguridad tratar en un solo juicio todos los hechos, la fiscalía decidió separarlo en partes, ya que “las mismas pruebas en contra que tenían en la causa de Bonnefoi, las tenían también en contra de los miembros de la Prefectura acusados en la causa de Rafita Nahuel”. 

Jéssica Bonnefai, entre sus abogados, Laura Taffetani y Eduardo Soares.

La joven mapuche lleva 43 días detenida. Durante más de dos semanas se mantuvo en huelga de hambre hasta que fue publicada la fecha del juicio que se llevó a cabo el 18 y 19 de septiembre. La medida de fuerza y las condiciones precarias en las que se encuentra encerrada deterioraron su salud, y ha tenido fiebres y malestares en su cuerpo. Su abogado comentó en qué condiciones la vio el martes 19, último día de sesiones antes de que se emitiera el fallo: “No estaba muy bien, Tenía muchos dolores renales. Hablamos con ella y nos dijo que el médico la estaba atendiendo”. Asimismo, comentó las condiciones del lugar en el que se encuentra encerrada Bonnefoi “Las condiciones de detención en la PSA donde está no son las mejores. Es un calabozo para gente que pueda estar apenas unos días, pero no tanto tiempo. No es un lugar de detención, es apenas de paso” denunció.

 Según el fallo judicial, la acusadora María Florencia Pérez, agente de la Policía Federal Argentina, sufrió lesiones leves en su rostro provocadas por Bonnefoi “quien atentando contra la integridad física de la funcionaria, pretendió resistir su intervención policial”. También confirma que el hecho ocurrió tras materializarse la orden de allanamiento y desalojo dictada por el entonces juez subrogante Gustavo Villanueva. “Puntualmente, tras ingresar al predio (…) el personal de la Policía Federal Argentina actuante procedió a la aprehensión de las personas halladas en el interior, entre las cuales se encontraba la aquí imputada” explica el documento al que accedió ANCCOM. Sin embargo, los abogados defensores alegaron la falta de pruebas que demuestren que las lesiones sufridas por la agente fueran realizadas por Bonnefoi. El documento detalla que Pérez sufrió “una lesión excoriativa lineal de trazo vertical de unos 5cm. de longitud sobre región de tercio externo de pómulo derecho y de la mejilla derecha y una lesión excoriativa de 1.5cms (…) a nivel del surco nasogeniano derecho” estas lesiones, aclara el fallo, se habrían de curar en un lapso menor a un mes sin incapacidad laborativa alguna. En su alegato, la defensa había afirmado que la policía Pérez mintió y todo el proceso fue una “causa armada”.

 Otro de los puntos conflictivos durante el juicio tiene que ver con las irregularidades en el proceso de allanamiento e identificación ordenado por el juez Villanueva. La abogada defensora Laura Taffetani enfatizó que no es lo mismo la identificación que la detención y que esta última solo es autorizada en caso de resistencia a obedecer la orden. “La fuerza de seguridad actuante debía agotar los medios para que interviniera personal especializado en menores de edad” recordó. Por otro lado, resaltó que aún cuando la orden de allanamiento decía que el procedimiento debía ser filmado y fotografiado, esto no se cumplió. Al final de su exposición recalcó que la última persona que identificó a Bonnefoi como la agresora fue la agente Pérez y ningún otro testigo. Incluso, uno de ellos dijo que Bonnafoi vestía atavíos mapuches, mientras que la acusada la identificó como usando un jean con un pullover. El también defensor Eduardo Soares concluyó que no existen motivos para creerle a Pérez y descreerle a Bonnefoi, al menos que se elija hacerlo porque una es policía y la otra es mapuche. 

En tanto, en varias ciudades de la Patagonia, como por ejemplo en Neuquén, hubo manifestaciones por la libertad de Bonnefoi.  

Además, la Red de apoyo Bariloche por la libertad de la lamien Yessica Bonnefoi Carriqueo Antimil emitió un comunicado sobre la “injusta detención la lamien (hermana) vuelve a tener problemas de salud que le están afectando su cuerpo, en el marco de la represión que dio paso al asesinato de Rafael Nahuel”. Desde ese colectivo de organizaciones y militantes sociales resaltaron que “mientras la policía reprime a mujeres Mapuche junto a sus hijos e hijas, incluso asesina a un joven Mapuche que solo defendía su identidad, nuestra lamien Jéssica tiene que esperar un juicio, que pareciera un mal chiste del sistema, en un calabozo prácticamente en situación de castigo, que hace aumentar sus problemas de salud y, además, separada de sus hijos”. La Red destacó que Bonnefoi “no pertenece a ningún movimiento, es una mujer Mapuche autónoma que, actualmente, lucha por su libertad, lucha por estar junto a sus hijos y seguir defendiendo su identidad como Mapuche”. 

«Al cuerpo de Rafael Nahuel lo movieron bastante»

«Al cuerpo de Rafael Nahuel lo movieron bastante»

El legislador de Río Negro, Antonio Ramón Chiocconi, recordó conversaciones con testigos mapuches que afirmaron que las víctimas recibieron heridas por la espalda. Carolina Zombory, a su vez, declaró cómo manipularon al cuerpo de la víctima.

Antonio Ramón Chiocconi, actual legislador de Río Negro, compartió sus recuerdos en la audiencia número 11 del juicio por el homicidio de Rafael Nahuel. Chiocconi, quien también es médico, subió a la montaña donde ocurrió el asesinato hace seis años.

Chiocconi recordó lo que conversó con los miembros de la comunidad mapuche, quienes fueron testigos oculares de los hechos. «Contaron que ellos fueron baleados y en los tres casos recibieron heridas por la espalda», mencionó. También reveló que Rafael Nahuel «se acababa de agachar para agarrar una piedra» cuando fue herido.

El médico estuvo en la montaña después de que el cuerpo de Nahuel fuera trasladado al hospital de Bariloche. Allí, conversó con unas 15 personas y notó la angustia y el miedo en el lugar.

En la audiencia también declaró el perito balístico de Salta, Héctor Barboza, quien afirmó que la pistola Pietro Beretta calibre 9mm de Guillermo Cavia fue la que disparó el proyectil letal, contradiciendo una pericia anterior que señalaba al subfusil MP5 de Francisco Pintos como el arma homicida.

El perito químico José Luis Manzano, también de Salta, mencionó que encontraron residuos de disparo en Nahuel, Jones Huala y González, pero destacó ciertas irregularidades en los procedimientos que podrían haber afectado los resultados. Juan Manuel Mandagarán, quien participó en la pericia balística de Gendarmería, declaró que no hubo representantes de las querellas en esa diligencia y que solicitaron la presencia de un abogado para esa parte, pero se les negó.

El miércoles, durante la doceava audiencia, dieron testimonios clave médicos y miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a la que pertenecía “Rafita”, como le decían. 

El testigo Víctor Hugo Parodi relató que cuando llegó al lugar, «pedían ambulancia por dos o tres heridos». Pero al llegar al lugar, observaron a dos personas bajando a Rafael Nahuel en una camilla desde la montaña y dejándolo al costado de la ruta. Así fue como Parodi confirmó la muerte del joven de 22 años, que ya no tenía signos vitales.

Carolina Zombory, testigo ocular, no presenció el momento en que bajaron a Nahuel de la montaña, pero fue testigo de los procedimientos realizados por la Policía de Río Negro y Criminalística. Describió la escena como caótica, «estaba todo muy alterado, muchísimos ruidos y gritos por todos lados». 

Cuando el cuerpo de Nahuel fue destapado, Zombory notó que «lo revisaron. Lo movieron bastante. Me llamó la atención cuánto lo movieron, lo dieron vuelta una y otra vez». Además, mencionó que se demoró en colocar bolsas para proteger las manos de Nahuel. «Fue bastante manoseado el cuerpo en sí». También señaló que pasó bastante tiempo hasta que tomaron muestras de residuos de disparos tanto a los detenidos como a Nahuel.

Lautaro González y Fausto Jones Huala, quienes bajaron a Nahuel de la montaña, fueron vistos esposados dentro de un móvil policial, donde les tomaron las muestras de residuos de disparos en las manos. El proceso fue largo y Zombory y el chofer de la ambulancia estuvieron como testigos durante horas.

El martes próximo se espera que declaren los testigos mapuche: María Nahuel, tía de “Rafita”, Johana Colhuan, Lautaro González y Fausto Jones Huala. Estos dos últimos fueron quienes bajaron el cuerpo moribundo de Nahuel desde el cerro.  

Testigos mapuche acompañados

El werken (vocero) del parlamento mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, convocó a las comunidades y organizaciones sociales a movilizarse para acompañar a los testigos de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que estarán presentes en el juicio en los próximos días.

El vocero expresó que “la última semana de septiembre comienzan a llegar los testigos de la comunidad. Tiene que ser el momento de mayor movilización, estas semanas estamos acompañando las audiencias junto a otras comunidades y organizaciones sociales. Cuando lleguen los testigos tiene que ser contundente el acompañamiento y ni hablar con los alegatos, en ese momento hay que marcar una fuerte presencia, algo que quisieron evitar desde un primer momento” remarcó el referente.

Además, reiteró el reclamo y repudio por llevar el proceso judicial a la ciudad de General Roca. “Cuestionamos que se haya hecho en Fiske Menuco, es atípico porque los imputados no están presentes en la sala y la familia de Nahuel no puede llegar y lo siguen desde Bariloche”.

“No hay evidencia de enfrentamiento o tiroteo, si bien no sabemos en qué va terminar, nos queda la sensación de mucha injusticia porque se podría haber evitado el asesinato de Rafael Nahuel si el Estado atendía el reclamo de las comunidades de la zona andina” concluyó.

Los peritos declararon que la pólvora hallada en el cuerpo de Nahuel pudo haber llegado por contaminación

Los peritos declararon que la pólvora hallada en el cuerpo de Nahuel pudo haber llegado por contaminación

En una nueva audiencia del juicio que investiga el asesinato del joven mapuche, los investigadores aportaron a la hipótesis que solo dispararon los gendarmes. Piden una inspección ocular en el lugar de los hechos.

La orden de la inspección ocular, solicitada después de seis años del suceso, siembra expectativas en las partes para avanzar en sus teorías del caso. Los tres testigos que declararon el miércoles terminaron concordando en un punto central para la hipótesis de las querellas: los residuos de pólvora hallados en Nahuel y sus compañeros pueden haber sido producto de transferencia o contaminación ambiental por el aire, o incluso por el propio disparo.

El homicidio de Rafael Nahuel tuvo lugar el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, en un terreno ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. El Tribunal Oral Federal a cargo del juicio por este caso ha decidido realizar una nueva inspección ocular en el sitio del crimen con los cinco miembros de Prefectura acusados del hecho. La primera había sido realizada en diciembre de 2017 y arrojó como principal resultado la recolección de 32 vainas correspondientes a disparos efectuados con proyectiles 9 milímetros, pertenecientes a las dos armas que portaban los efectivos del grupo Albatros: pistolas Beretta y subfusiles MP5.

Esta medida, solicitada por el Ministerio Público y programada para noviembre, tiene como objetivo principal determinar con precisión la ubicación exacta de los disparos efectuados por los uniformados. «La medida resulta manifiestamente útil», aseguró el presidente del tribunal federal Simón Bracco en la jornada de debate. 

Esta nueva inspección ocular se llevará a cabo aproximadamente seis años después de la trágica muerte de Rafael Nahuel. La solicitud para esta diligencia fue presentada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien consideró que era necesaria para «esclarecer los detalles mencionados en los testimonios» de testigos pertenecientes a varias fuerzas de seguridad presentes en el lugar, aunque no están siendo acusados en el caso.

En palabras de Vehils Ruiz es necesario que los imputados “den detalles de dónde estaban en cada uno de los momentos» en los que transcurrió la agresión contra los integrantes de la comunidad mapuche”.

Entre ellos se encuentra Sergio Cavia, miembro del grupo Albatros de Prefectura, quien enfrenta cargos por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa». También se espera que participen sus compañeros acusados: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, quienes han sido procesados como partícipes necesarios. También asistirían dos testigos clave, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes estaban presentes junto a Rafael Nahuel en el momento del disparo y ayudaron a trasladarlo hacia la ruta en busca de atención médica.

Las querellas que representan a la familia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación respaldaron la solicitud del fiscal y consideraron valiosa la posibilidad de que los protagonistas del hecho vuelvan al lugar del crimen para realizar esta inspección.

El representante de la Secretaría, Mariano Przybylski, dijo que le parece «necesario que el Tribunal observe las características del terreno». Sobre la topografía del lugar, Przybylski sostuvo que la distancia de cien metros en la que aparecieron dispersas las vainas de los proyectiles debe ser entendida como una extensión mayor, en razón de los accidentes del terreno. «Caminando son mucho más, ya que se trata de un sendero zigzagueante y con muchos obstáculos», puntualizó.

Por otra parte, el abogado Marcelo Rocchetti, defensor de los prefectos Cavia, Pintos y Sosa, se opuso a la solicitud por considerarla «extemporánea e innecesaria», argumentó que la inspección ocular es una actividad propia de la etapa de instrucción de un caso y señaló que el terreno en el que se llevará a cabo es «agreste, boscoso y salvaje, y cambia constantemente». «Estamos a cinco años de un hecho ocurrido en un lugar cuya vegetación no paró de crecer y esas acciones van a hacer que sea absolutamente distinto de aquel del que se sucedieron los hechos», objetó Rocchetti, y adelantó que sus defendidos no participarán de la diligencia. 

En la primera inspección ocular el perito Enrique Prueger informó que no se encontraron indicios de otros disparos en el terreno o en los árboles que no fueran atribuibles a los prefectos.

¿Quién fue el autor?

En las audiencias previas del juicio habían declarado los peritos de las dos primeras pruebas balísticas. Esta semana fueron interrogados dos licenciados en criminalística que participaron como peritos en la tercera pericia balística, realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta, que contradijo los resultados del primer estudio del que resultaba el cabo Pintos como autor del disparo.

Martín Spotorno -perito de parte de la defensa y testigo solicitado por la defensa de García y Obregón- y Agustina Oberti -perito por la querella- defendieron el resultado de la tercera pericia balística, que arrojó como resultado que el proyectil 9 milímetros que mató a Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo 1º Cavia.

La abogada defensora de dos de los prefectos investigados, Anabella Schmidt, consultó al licenciado en criminalística Spotorno cuál podía ser la explicación para que dos pericias de ese tipo arrojaran resultados divergentes. Spotorno defendió la actuación de los peritos de la tercera diligencia, aunque reconoció que la opinión sobre la coincidencia entre los proyectiles era de «carácter subjetiva». Dijo, también, que en los estudios balísticos pesa la «experticia, capacitación, entrenamiento, formación, experiencia» de los peritos intervinientes, así como el equipo que utilizan para los análisis.

Finalmente, Spotorno manifestó que había encontrado «gran coincidencia» entre el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y la bala testigo obtenida de la pistola Beretta que portaba Cavia, aunque luego reconoció: «Al fin y al cabo uno se puede equivocar».

Todas las pruebas analizadas hasta el momento en este proceso confirman que el grupo mapuche perseguido no tuvo armas de fuego en su poder.

Mapuches desarmados

Este miércoles 13 de septiembre, comenzó la décima audiencia con el testimonio del gendarme Báez, “en algunas muestras dio positivo para residuos de disparo y en otras había dado negativo”, respondió Báez, pero aclaró tras las preguntas que: «Eso no implica que sí o sí haya disparado».

Luego continuó Alejandro Converso, jefe de laboratorios forenses de Gendarmería nacional. «Si hay más armas, y más disparos se van a generar de manera proporcional más residuos de disparo que se van a estar aportando al medio ambiente», reveló el doctor en Bioquímica. 

Converso estaba a cargo de la división de Análisis Instrumental de Gendarmería Nacional al momento de realizar la pericia y explicó hoy que se utilizó la técnica microscopía electrónica de barrido basado en la Norma ASTM 1588.

«Siempre que haya una superficie contaminada y en contacto con otra, puede haber transferencia (de residuos de pólvora)», respondió Converso y agregó que también puede ser por aire, cuando salen las partículas tras el disparo y se liberan al medio ambiente; y depende del clima como será su dispersión. 

«Suponiendo que se disparen gran cantidad de disparos de arma de fuego, más de 100 disparos y circulen personas por ahí, ¿se puede transferir los residuos?», preguntó el querellante Mariano Przybyksky. «Sí, si se encuentran cerca de la pluma de disparos», respondió Báez entre silencios prolongados. 

Finalmente declaró Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, quién fue confrontada de manera agresiva por el abogado defensor de tres prefectos, Marcelo Rocchetti. «La forma que se está dirigiendo que sea con respeto», pidió el juez Simón Bracco en un momento del testimonio.

Para Serquis; el hallazgo de residuos de pólvora puede indicar varias cosas: «O disparó o estuvo cerca o estuvo en contacto con alguien que disparó. Existe algo que se llama la transferencia», y habló sobre la existencia de superficies contaminadas como pueden ser los móviles policiales. Los residuos de disparo bien podrían haber llegado a las manos de Nahuel y los dos detenidos, Lautaro González y Fausto Jones Huala; por transferencia luego de ser esposados, por la manta con la que se tapó el cuerpo y por superficies contaminadas en el móvil policial donde fueron demorados.

En definitiva, todas las pruebas analizadas hasta el momento en este proceso confirman que el grupo mapuche perseguido no tuvo armas de fuego en su poder, algo que en su momento fue afirmado en la mesa de la conductora Mirtha Legrand por parte de la exvicepresidenta Gabriela Michetti.