Ago 3, 2018 | Novedades, Trabajo
Según la Ley Nacional 25054, los fondos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios provienen del aporte obligatorio del cinco por mil, que deben realizar todas las compañías aseguradoras del país. Ese dinero debe ser transferido al Ministerio de Hacienda, el cual se encarga de repartirlo en partes iguales a los más de 1.000 cuarteles, 25 Federaciones Provinciales y al Consejo Nacional de Bomberos. Los bomberos no solo reclaman al gobierno nacional la incorporación al presupuesto 2018 de 614 millones de pesos que no fueron contemplados en la partida original, sino que también piden el pago del excedente de recaudación que hubo el año pasado, en relación al presupuesto votado para el 2017.
El desfasaje de los números denunciado está poniendo en peligro la prestación del servicio público que se brinda de manera voluntaria en el 80% del país. A través de un comunicado, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios se ha declarado en “estado de alerta y movilización”, y en ese contexto realizaron hoy un “sirenazo” frente al Congreso Nacional.
Luis Goenaga, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Bomberos Voluntarios de Luján, afirmó: «Nosotros contamos con otros ingresos, pero hay cuarteles que su único sustento es este subsidio y no lo están cobrando». El cuartel funciona desde 1956 y cuenta con una ordenanza municipal promulgada en 1987 que consiste en que un porcentaje de la factura de luz se destina al sostenimiento del Cuerpo de Bomberos de Luján. El Presidente también señaló: «De la Municipalidad no recibimos ningún tipo de ingreso. Nos sostenemos gracias a la cooperativa de luz y a las colaboraciones que hacen los vecinos».
Por su parte, Fernando Aguirre, jefe de Bomberos del cuartel de General Rodríguez, comentó que «todo lo que recibimos lo utilizamos para la compra de material y esta situación hace que no podamos invertir para mejorar los servicios». En cuanto a los ingresos que reciben agregó: «Nosotros contamos, además, con un subsidio municipal y dinero que recibimos de los socios, pero hay cuarteles que les pesa más y no cuentan con otras entradas de dinero». Los cuarteles de las ciudades que tienen menor cantidad de habitantes son los más perjudicados ya que cuentan sólo con el subsidio nacional y no lo están cobrando.
En cuanto al cuartel de bomberos de Moreno, su jefe, Ariel Barcala, afirmó: “La ley 25054 establece que se nos debe pagar en el primer semestre, sin embargo muy pocos cuarteles recibieron el subsidio. Además, el Estado nos quiere descontar el 40% de ese monto, se trata de un recorte significativo». Como respuesta, el gobierno nacional les hizo saber que esta reducción forma parte de la necesidad de reducir el gasto público. Pero Barcala agrega: “Esto no es un gasto público porque la plata no sale del Estado sino de las aseguradoras”. El cuartel cuenta con un bono contribución que venden todos los años y otros servicios extras. Sobre el gasto anual señaló: “El año pasado cerramos en 8 millones de pesos. Este año con los aumentos estaremos más o menos con un presupuesto de 11 millones”.
Vocación de servicio
“Nosotros trabajamos sin esperar nada a cambio”, afirma Damián Goenaga, que hace 31 años integra el cuartel de Luján. Arrancó a los 7 años con la Brigada infantil de 1987, su abuelo fue uno de los impulsores de la creación del cuerpo de rescate, en 1956. “Nací siendo bombero, es parte de mi vida. No me imagino siendo otra cosa. El cuartel es mi casa».
No hay una recompensa económica por el trabajo que realizan pero siempre se llevan el reconocimiento y los agradecimientos de los vecinos. La mayoría de ellos cuenta con un trabajo que los sostiene económicamente pero, de todos modos, destinan sus horas libres para estar en el cuartel. Maximiliano Chivel, bombero de Luján desde el 2010, comenta que “lo único lindo de ser bombero es el reconocimiento, lo demás son desgracias ajenas. La gente siempre se muestra agradecida con nosotros y eso nos llena el alma”.
Esta vocación destinada al servicio a la comunidad también incluye la formación para los futuros bomberos. Néstor Fernández se dedica a esa actividad desde hace 18 años y es subdirector de cadetes de la Federación de la Provincia de Buenos Aires. Su principal tarea consiste en capacitar a las nuevas camadas e inculcarles el respeto por el otro y el compañerismo.
“Estoy a cargo de 1.052 cadetes que tienen entre 12 y 18 años. Principalmente hacemos hincapié en el trabajo en equipo y en guiarlos para el futuro”. Gracias a sus 18 años de experiencia sabe aconsejar y orientar a los más jóvenes. Destaca que “no solo salimos a apagar incendios o socorrer víctimas. Acá también estudiamos, la capacitación es constante”.
Ellas también forman parte
Se estima que en Argentina hay más de 43 mil bomberos voluntarios. Dentro de esa cifra más de 7.000 son mujeres. Una de ellas es Soledad Rodríguez, tiene 32 años y entró al cuartel de General Rodríguez a sus 26. No es la única, la acompañan 17 bomberas más. Principalmente se encarga del mantenimiento edilicio, como por ejemplo la reparación de luces y demás refacciones. Con mayoría de bomberos en su familia no dudó en hacer el curso de ingreso para sumarse al cuartel. “Nunca me encontré con comentarios machistas. Trabajamos a la par de los hombres”.
Además de ser mayor de 18 años y residir dentro de la zona, quienes quieran ofrecerse como voluntarios deben hacer una prueba psicofísica para poder desempeñarse correctamente. Luego, deben pasar por un curso de ingreso que dura nueve meses donde se los capacita y entrena. Posteriormente los aspirantes rinden un examen para poder sumarse al cuerpo activo. Las inscripciones se suelen hacer año por medio.
“En el curso no se nos exigió de manera diferenciada a varones y mujeres -cuenta Soledad- Todos hacíamos las mismas pruebas”. Además, señala que las diferencias en tareas tienen que ver principalmente con la cantidad de años que tienen de experiencia.
Aylin Ojeda es otra de las bomberas del cuartel de Rodríguez. Con sus 19 pasó el curso e ingresó al cuerpo activo. Con un año de experiencia comenta que no es una tarea fácil porque cuesta adaptarse. En cuanto a cómo es trabajar en un campo mayoritariamente masculino, coincide con Soledad y señala que «la división de tareas tiene que ver más con un tema de experiencia, no con una diferencia entre hombre y mujer. Desde que entré se nos exige por igual».
Abr 26, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Con largas filas desde las primeras horas del día, la Plaza Congreso amaneció este miércoles con otro paisaje. El reclamo de los panaderos por los aumentos en insumos y tarifas que en las últimas semanas pusieron en jaque al sector fue multiplicado por las cientos de personas que se acercaron para apoyar la protesta y, además, llevarse una bolsa gratis. El “panazo” frente al Parlamento terminó ayer con la entrega de 7 mil kilos de pan.
Motorizada por los panaderos de la provincia de Buenos Aires, la acción se originó en el reciente aumento del bolsón de harina -los 50 kilos aumentaron un 50 por ciento entre enero y abril- que complicó la situación de un gremio que registra una caída de ventas cercana al 70 por ciento. El tarifazo en los servicios públicos dispuesto por el gobierno nacional hizo el resto: la luz sumó un aumento del 1.490 por ciento, el gas trepó un 1.297, y el agua el 996, según datos del Centro de Industriales Panaderos del Oeste.
“Queremos que, de una vez por todas, el Gobierno entienda que hay 40 mil panaderías a lo largo y ancho del país. Son 400 mil puestos de trabajo y, si empiezan a retroceder las ventas, no va a quedar otra que dejar gente en la calle”, argumentó Rodolfo Silva, presidente del organismo, en diálogo con ANCCOM.
La elección del lugar de la protesta no fue casual. Además de un llamado de atención al gobierno, los panaderos dirigieron el reclamo al Congreso donde oficialismo y oposición continúan con la pulseada por los alcances y regulación de los aumentos en las tarifas. “Vinimos al Congreso para que el Gobierno y el Estado nos escuchen. Necesitamos que nos brinden tarifas diferenciales para nuestras industrias. Esta situación también va a afectar a la gente. Si mañana aumentamos el kilo de pan a 80 pesos, muchas personas dejarán de consumirlo porque no lo van a poder pagar”, explicó Alejandro Ovando, de la Cámara de Panaderos de Almirante Brown.
En representación del Centro de Panaderos de San Fernando y Tigre, Máximo Zamorano advirtió que “si el aumento salvaje de las tarifas continúa, se deberán trasladar los costos a un precio irreal sobre el pan”. Y sentenció: “Tanto los ciudadanos como los empleados de las panaderías serán los principales afectados”.
Las panaderías generan 400 mil puestos de trabajo a lo largo del país.
Apoyo y reclamo ciudadano
El “panazo” quedó amplificado en el testimonio de los vecinos que se acercaron a respaldar el reclamo y llevarse un poco de pan. “No vine hacer la fila sólo para retirar el pan, más bien me acerqué hasta aquí para apoyar la protesta, para que vean que el pueblo está con la lucha de los panaderos”, comentó Rubén, del barrio de Villa Crespo.
Fueron muchos los que aprovecharon el contacto con la prensa para expresar su rechazo al tarifazo. “Yo voté a (Mauricio) Macri más que nada por la inseguridad y aún tengo esperanzas de que la situación del país mejore en los dos años de mandato que le quedan. De todas maneras, me siento engañada por el Gobierno, tengo cargo de conciencia por haberlo votado y estoy angustiada por cómo estamos viviendo”, explicó Claudia, del Bajo Flores. Luego de retirar su bolsa de pan, la mujer también se sumó por un rato a una protesta de los docentes de la Provincia que se realizaba en otro extremo de la Plaza: su hijo se recibirá de maestro el año próximo.
Llegado desde La Matanza, José, trabajador de una cooperativa en territorio bonaerense, advirtió que el Gobierno está “matando” a ese sector de la economía. “La guita que nosotros nos ganamos producto de nuestro trabajo, la estamos invirtiendo en los impuestos. Es una vergüenza, pretenden que los ciudadanos nos pongamos contentos con pagar los servicios en tres cuotas”, subrayó.
En la fila también se agruparon trabajadores desempleados. “Sinceramente, vine porque te dan una bolsa de pan gratis. Para los que estamos desocupados y tenemos una familia significa una gran ayuda”, dijo Lorena, de Valentín Alsina.
“En este momento estoy sin trabajo, desde las diez estoy haciendo la fila para retirar pan. Vine también a apoyar a los panaderos; cuantos más ciudadanos seamos más visible será la protesta y el Gobierno tendrá que tomar nota de lo mal que estamos viviendo”, explicó Guillermo, de Flores.
La protesta siguió los pasos de las acciones que en los últimos meses también realizaron productores de fruta y verdura en el centro de la Ciudad, también con una alta adhesión ciudadana.
Ago 2, 2017 | Comunidad
Productores de Formosa, Jujuy y Salta regalaron 30 mil kilos de bananas en la Plaza de Mayo para protestar por la importación “indiscriminada” y a bajo precio que atenta contra las economías regionales. “Vinimos a Buenos Aires para hacer visible esta realidad: la crisis de la producción bananera en la Argentina, causada por el ingreso masivo de bananas extranjeras baratas o en épocas de cosechas nuestras”, explicó Pánfilo Ayala, director de la Federación Agraria Argentina (FAA) de la Laguna Naineck, Formosa, a ANCCOM.
Ayala subrayó que los productores exigen que “el Estado intervenga en el cupo de ingreso de la banana extranjera”. Y precisó: “A los productores de las provincias de Salta, Formosa y Jujuy nos están pagando la banana a $1.50 el kilo. Con ese precio no estamos cubriendo ni siquiera el costo de valor de producción y no podemos seguir existiendo como sujetos agrarios de la producción bananera”.
Productores de Formosa, Jujuy y Salta regalaron 30 mil kilos de bananas en la Plaza de Mayo.
Después de las protestas del “yerbatazo”, los “verdurazos”, y el “pescadazo”, la Plaza de Mayo fue escenario de una nueva movilización de un sector golpeado por el modelo económico. Esta vez, los productores entregaron tres kilos de banana por persona para alertar sobre la necesidad de limitar la importación.
“Hemos agotado todas las posibilidades de comunicarle al gobierno lo que venía pasando, no pudimos acercarnos a aquellas personas que deben tener una decisión política para regular la importanción”, le dijo Gladys Asselborn, directora de Alimentos Mita, a esta agencia.
Los productores entregaron tres kilos de banana por persona para alertar sobre la necesidad de limitar la importación.
Si la intención de los productores consistía en llamar la atención lograron su objetivo. Desde las 5:00 de la mañana comenzó a formarse una larga fila de personas para llevarse una bolsa de bananas. La entrega comenzó a las 10:00. Muchas de ellas se enteraron del “bananazo” por la radio o por la televisión, otros de manera casual, camino a su trabajo.
“Me enteré por la radio. Suelo comprar y comer mucho esta fruta, por eso aproveché en venir a buscar las bananas gratis que entregan a modo de protesta. Hice la cola enseguida, no tuve que esperar demasiado, y me entregaron la fruta sin mayores inconvenientes”, explicó Sofía.
Desde las 5:00 de la mañana comenzó a formarse una larga fila de personas para llevarse una bolsa de bananas.
Gastón también se sumó a la larga fila. “Vengo desde Nuñez, me enteré por la televisión. Vengo a buscar las bananas sobre todo para mi abuela que las necesita por los huesos. Me parece lamentable la medida de los productores, estas acciones te demuestran que el mercado está depresivo, que a la gente no le alcanza la plata. Están matando todas las economías regionales”, advirtió.
Los productores de la Federación Agraria Argentina (FAA) repartieron volantes con una breve historia de las diferentes etapas de la crisis del sector. “Desde el año 1990, el aumento indiscriminado de bananas importadas produjo la disminución de ventas de frutas argentinas en desmedro de las plantaciones nacionales. Se disminuyó la superficie de cultivo en un 60 por ciento sin que ningún gobierno haya realizado hasta la actualidad acción alguna para impedirlo», explicaron.
Los productores de la Federación Agraria Argentina (FAA) repartieron volantes con una breve historia de las diferentes etapas de la crisis del sector.
“Pretendemos que el presidente Mauricio Macri tome nota de esta situación. El consumidor hoy está abonando $25 el kilo en la verdulería, mientras que el productor a su vez apenas recibe $1.50 por lo que produce en las chacras”, razonó Agustín Pizzichini, productor de Córdoba y vicepresidente segundo de la FAA.
“Vinimos a Buenos Aires para hacer visible esta realidad» explicó Pánfilo Ayala, director de la Federación Agraria Argentina de la Laguna Naineck.
Actualizada 03/08/2017
Ago 24, 2016 | inicio
Los extremos de una cadena de comercialización que rara vez se ven la cara se encontraron este martes en el marco de una peculiar protesta. Productores y chacareros viajaron con sus camiones desde distintas regiones de Río Negro y Neuquén y se plantaron frente a la Casa Rosada para regalar fruta a quienes se acercaban a la Plaza de Mayo. El objetivo: que se visibilice el pedido de medidas de protección al sector frutícola y que el presidente Mauricio Macri los reciba en una audiencia.
Vicente Santiago Jara, productor del Alto Valle de Río Negro, estuvo presente en la plaza. “Nos da vergüenza saber lo que está pagando el consumidor final por un producto que hacemos nosotros con nuestra materia prima. Tenemos de costo de producción entre cuatro y cinco pesos y los grandes monopolios de la cadena nos están pagando entre tres y cuatro. Y no nos pagan de una vez sino que lo hacen en diez cuotas, por eso hasta ahora hemos recibido solo un peso por kilo entregado”, indicó Jara y agregó: “Venimos a pelear por un precio justo, queremos que el Estado, por ley, establezca lo que es justo para cada quién. Y nos ayude; no con subsidios sino con préstamos a tasas que nos permitan seguir produciendo”.
“Nos da vergüenza saber lo que está pagando el consumidor final por un producto que hacemos nosotros con nuestra materia prima», confesó Vicente Jara, productor de manzanas.
El presidente de la Cámara Frutihortícola de Cervantes, Carlos Ilú, es otro de los productores que atendía cada solicitud de la prensa. Cuando se le consultó sobre el estado de los productores de peras y manzanas dijo sin titubeos: “Es desesperante”, y explicó: “Éramos diez mil familias de productores y hoy quedamos 2.500 porque no resisten su posición en el circuito comercial. Por eso, solicitamos una ley que dé un margen de beneficio por encima del costo de producción”.
Para graficar la situación detalló: “Un kilo de fruta se vende en góndola a 30 pesos el kilo. El Estado recauda el 10,5 por ciento en concepto de IVA, que es alrededor de 3,1 pesos, y el productor recibe menos de 3 pesos por kilo de fruta producida. Esto implica que hay un desfasaje de 1,5 pesos por kilo producido. Veníamos de ocho años en que producíamos con un dólar a 15 pesos y vendíamos con un dólar a 7 pesos. Hoy la paridad cambiaria es igualitaria, pero aún no llegan los beneficios al productor primario sino que va directo al sector exportador. Este sector exportador se queda con los beneficios de una paridad cambiaria mejor y con los reembolsos que se sustentan a través de los puertos patagónicos, que rondan el 7 por ciento, más la derogación de las retenciones que suma otro 5 por ciento”.
“Es desesperante. Éramos diez mil familias de productores y hoy quedamos 2.500 porque no resisten su posición en el circuito comercial», explicó el presidente de la Cámara Frutihortícola de Cervantes, Carlos Ilú.
Un productor de uvas de Mendoza, Daniel Domínguez, se acercó para apoyar la protesta y aprovechó el espacio para describir el mismo problema en su provincia: “El año pasado me pagaban 50 centavos el tacho de uva, que no alcanza ni para pagar el fertilizante. Y hay familias que no tienen ni para renovar el par de zapatillas que se la gastan en el viñedo. Todos los productores tendríamos que apoyarnos entre nosotros mismos, para hacer más fuerte al sector. Todos los productores tendríamos que estar acá. Pero somos muy grandes, somos viejos. Somos productores por vocación, por incidencia de los padres, no por rentabilidad. A las nuevas generaciones no les interesa, se van a la mierda, porque no vale la pena tanto sufrimiento”.
Por otra parte, el crecimiento de las importaciones, acelerado a partir de las medidas tomadas por el actual gobierno, también repercute en los productores de frutas. De acuerdo a un informe realizado por la consultora Radar, que conduce la economista Paula Español, advierte que han ingresado fuertes cantidades importadas de naranjas y pomelos de Chile, España es Israel. Por caso, durante el primer semestre se importaron 181 toneladas de limones del exterior, mientras que en el mismo período del año anterior no había ingresado ninguna.
Peras, manzanas y personas
Cientos de personas formaron hileras que surcaban Plaza de Mayo. Vinieron de González Catán, de Moreno, de Monte Grande, de Villa Madero, y también de Villa Soldati, de Mataderos, de Liniers, entre otros puntos de la Ciudad y del Gran Buenos Aires. Según declaró uno de los chacareros, había personas mayores desde las cuatro de la mañana haciendo cola, a la espera de las manzanas y las peras que trajeron los productores patagónicos desde sus pagos y que regalaron a modo de protesta contra los intermediarios. Había también muchas madres con changuitos, bolsas y mochilas. Mientras todos esperaban al calor de un cielo abierto, alguno se animó a declarar que tenía dificultades para cubrir sus gastos a fin de mes. En menos de dos horas, cerca de 10 toneladas de fruta ya habían sido repartidas.
Nora había llegado a la plaza a las ocho de la mañana, “bien temprano para ayudar en la economía de mi familia, que tengo cuatro nietos que tienen a su mamá desocupada”. Juan Domingo, de unos 70 años, había hecho un viaje de dos horas para llevar fruta a un comedor al que asisten a 60 vecinos de González Catán, en la provincia de Buenos Aires. Mientras que María del Carmen comentaba que tiene la sensación de vivir un contexto parecido al de la crisis del 2001.
“Cada habitante consumía alrededor de 14 kilos de manzanas y peras per cápita por año; hoy se están consumiendo seis kilos», afirmó Ilú.
Por su parte, Ilú, también miembro de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, mostró el contraste con otros tiempos. Para él, hace unos años, “cada habitante tenía alrededor de 14 kilos de consumo de manzanas y peras per cápita por año; hoy se están consumiendo seis kilos. Nosotros queremos que la gente coma más y para eso hay que cobrar un precio razonable”.
Todos los productores coinciden, además, en que los intermediarios son los grandes formadores de precios. Ilú es más elocuente: “Los intermediarios son una cadena de parásitos que ganan plata por el solo hecho de intervenir. Son los grandes supermercados que compran en cantidad el Mercado Central y luego lo distribuyen en las verdulerías y en los supermercados más chicos, y lo venden al precio que quieren”.
También acuerdan en que no hay políticas ni nacionales ni provinciales que regulen con equidad el precio que se tiene que pagar por la materia prima, que, a su vez, afirma Jara, “es lo que genera el motor de cualquier economía regional”, y completa: “Esto no es nuevo, venimos mal hace años”.
Luis Aznar y Damián González, chacareros de la localidad rionegrina de Cervantes, indicaron que otra de las razones de su presencia en Buenos Aires es explicarles cara a cara a los consumidores la realidad de los costos de producción de las frutas y la incidencia negativa del sector intermediario. “Con Cristina Fernández teníamos algunos subsidios, que ayudaban pero tampoco eran la solución. Una solución más de fondo es que se designe un precio básico de cosecha, como se hacía antiguamente en el monte, en la chacra”, explica Aznar.
“Con Cristina Fernández teníamos algunos subsidios, que ayudaban pero tampoco eran la solución», detalla Luis Aznar, chacarero de Cervantes.
José Alberto García preside la Cámara de Productores de General Roca. “Hay supermercados que cobran la fruta a 50 pesos, y no quiero ser mal pensado, pero parece que hay una gran amistad entre los supermercados y el Gobierno”. Y especifica: “Eso explicaría que el Gobierno no interceda a favor de los productores que están desapareciendo, que abandonan las chacras, que dejan las cosechas sin podar, que no hacen la tarea de cultura necesaria”.
“Promediamos los 65 años y si no nos dedicamos a esto ya no tenemos otra cosa para hacer. Somos reacios a desaparecer: solo queremos seguir con la producción y seguir manteniendo los puestos de trabajo que quedan y empezar a generar nuevos empleos a partir de algo tan importante como son los alimentos”, completa García.
Actualizado 24/08/2016
