Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

La mayoría de los casos son al voleo, cuando finalizan las manifestaciones. Los casos de mayor resonancia ocurrieron en CABA, durante el debate de la Ley Ómnibus. Pero también los hubo en Mendoza y Jujuy.

En el marco de las protestas sociales que se realizan desde la semana pasada en todo el país en contra de la Ley Ómnibus, los casos de detenciones confeccionaron una lista tan larga como arbitraria. La administración Mlei-Bullrich reflota una modalidad que ésta última ya había puesto en práctica en 2017, cuando integraba el gabinete de Mauricio Macri: los arrestos son al voleo, mucho después de terminadas las marchas, y luego de una cacería por parte de las fuerzas conjuntas que intervienen: Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad (o provincial) y Policía Federal. Desde la asunción de Javier Milei como presidente la Coordinación contra la represión policial e institucional (Correpi) ha registrado 37 personas privadas de su libertad.

Uno de ellos es Martín Rodríguez, reconocido dirigente sindical y miembro del Polo Obrero, detenido en la provincia de Mendoza luego de participar de la marcha del 24 de enero convocada por la CGT. Luego de casi una semana se lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional que se hará efectiva si no cumple con lo pedido: no volver a protestar.

Según el fiscal Fernando Giunta la detención no fue arbitraria si no que se debe a una reiteración en sus delitos: “Tiene ocho causas por el delito de entorpecimiento del transporte. Como esos delitos son in fraganti y la reiterancia está clara, se procedió a la detención.” El Código Procesal Penal de Mendoza, modificado por Alfredo Cornejo, establece la reiteración como causal de detención y mantenimiento en prisión hasta que se produzca una sentencia. “Es una figura inventada” declaraba hace un año Víctor Da Vila, otro miembro del Polo Obrero quien también se vio afectado por las detenciones de la marcha de la semana pasada, pero fue liberado bajo fianza. “Cualquier persona puede denunciar a un vecino reiteradas veces y esa persona ya es detenida”.

Martín Rodriguez. Foto de Archivo / PRENSA OBRERA

El martes 6 de febrero por la mañana se realizó la audiencia de Martín Rodríguez en el Primer Juzgado Penal Colegiado de la provincia. La misma respondía a casos anteriores de cortes de calle, por las cuales se encontraba en libertad con caución y condiciones, a las que se le sumaron los hechos de la semana pasada. La abogada de Rodríguez, Liliana Alaniz, planteó a ANCCOM que no consideran que “movilizarse por sus derechos sea un delito. Seguimos proclamando que el Artículo 194 que reprime con prisión al que impide o estorbe el funcionamiento del transporte es inconstitucional y está siendo aplicado para extorsionar”. Alaniz considera que están frente a una persecución encabezada por Cornejo y la justicia, pero que es acorde a una política de Estado. “La justicia se convirtió en un pelotón de fusilamiento, nos impusieron un juicio que no tuvo una pena de prisión efectiva, pero que sí tiene unos ribetes incómodos para lo que es la actividad de Martín. Seguimos luchando y reivindicando nuestro derecho a manifestarnos”.

El día anterior a su liberación, en las cercanías de la Casa de Gobierno de Mendoza se realizó una conferencia de prensa para pedir por este “rehén, quien no creemos que haya cometido ningún delito”. También se manifestaron contra el protocolo de Bullrich y la política represiva de Cornejo y Juntos por el Cambio. Y reclamaron que Mendoza no sea la avanzada represiva. Entre los presentes se destacaban Romina del Pla y Christian Castillo, diputados nacionales por el Frente de Izquierda, junto a Alejandrina Barry quién es legisladora de CABA por el FITUnidad/PTS y militante de Derechos Humanos; Vilma Ripoll, representantes del Serpaj, de la Secretaría Gremial de la CGT Mendoza y de la AGD-UBA, entre otras organizaciones.

También en la Ciudad de Buenos Aires

Siguiendo con la lista pero ahora en CABA, otros dos detenidos fueron Aníbal Maidana y Facundo Caamaño quienes, además, recibieron una orden de restricción perimetral por parte del fiscal Martín Pellocori, que los obliga a mantener una distancia de mil metros con el Congreso de la Nación. Una medida inaudita, pero que tiene su antecedente en el caso de Marina Schiffrin, docente de Río Negro quien fue detenida en 1997 por interrumpir el tránsito en un puente ubicado en la entrada de Bariloche en una manifestación en defensa de la escuela pública. El resultado fueron tres meses de prisión y la prohibición de concurrir a manifestaciones públicas por dos años.

En diálogo con ANCCOM, el abogado de ambos detenidos, Juan Manuel Combi contó que sus defendidos no pertenecen a ninguna organización y que se encontraban manifestando de forma pacífica contra la Ley Ómnibus cuando recibieron la represión de un grupo de policías motorizados lo que resultó en el impacto de siete balas de goma en el cuerpo de Facundo. Estuvieron detenidos 12 horas en una centro de detención con reclusos de hechos comunes, “luego fueron puestos en libertad ―una libertad entre comillas, vigilada― ya que tienen que concurrir una vez por mes a un juzgado, no pueden salir del país y no pueden ejercer su derecho de protesta”.

Párrafo aparte merecen las detenciones de cuatro mujeres el miércoles 31 por la noche en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se manifestaban en contra de la Ley Ómnibus. Minutos después de ser apresadas, se viralizó un video de una de las detenidas, la militante radical Ivana Bunge, en donde contaba que fueron arrestadas por cantar el Himno Nacional mientras estaban sentadas de forma pacífica en la vereda y que las hicieron dar “dar vueltas” con el patrullero en la madrugada.

 

Un caso más escandaloso aún es el de los jujeños Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas quienes sufrieron una detención el pasado 4 de enero por tuitear y compartir flyers y memes sobre el exgobernador Gerardo Morales.

También lo fue el de Maximiliano Sosa, un hombre en situación de calle y con problemas de salud mental que fue apresado junto a once personas durante las protestas bajo la carátula de presunto atentado y resistencia a la autoridad. Gracias a la ayuda de un grupo formado por abogadas, asambleas barriales, organizaciones y autoconvocados, se presentó un Habeas Corpus que lo puso en libertad el pasado domingo. Sosa fue recibido por Proyecto 7, una organización de personas en situación de calle en el Hogar Monteagudo. Como señala el abogado Combi en relación a sus defendidos: “Conjuntamente tenemos que trabajar para que de alguna manera vivamos en un país un poquito más justo. Yo apunto a la racionalidad y a que el pueblo argentino pueda darse cuenta que estas detenciones pueden pasarnos a cualquiera”.

 

 «Es un protocolo claramente inconstitucional»

 «Es un protocolo claramente inconstitucional»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una normativa antipiquete que avanza sobre los derechos a la libertad de expresión, a la protesta y a peticionar a las autoridades. Además, habilita mecanismos de inteligencia interna prohibidos por la legislación. El objetivo: generar temor para inhibir protestas ante un ajuste inédito.

El martes, Luis Caputo, ministro de Economía, presentó una feroz devaluación y medidas de ajuste. Para controlar los efectos de ese paquete económico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó este jueves el segundo anuncio del nuevo gobierno: el protocolo antipiquetes. “Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este Ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean totales o parciales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir”.

“La resolución 943/23, dictada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y conocida como ‘protocolo antipiquetes’, tiene un problema estructural muy serio: su ilegalidad e inconstitucionalidad”, dijo Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, en diálogo con ANCCOM. Recordó que los derechos puestos en juego son parte de la ley porque están incorporados a la Constitución por la adhesión a tratados internacionales. “Sólo podrían ser regulados mediante una ley del Congreso nacional, que sería el único instrumento jurídico que podría regularlos, no un acta administrativa del Ministerio de Seguridad. Es un instrumento ilegal que debe ser tomado inmediatamente por la Justicia para impedir su aplicación”.

En la presentación, Bullrich justificó el protocolo represivo con las molestias y tardanzas que generan los cortes de calle: “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz y llegar a sus trabajos, escuelas o adonde tenga que ir”. Frente a esto, Andrés Gil Dominguez, abogado constitucionalista, clarificó: “Ante una posible colisión determinada por el modo de la protesta entre el derecho de tránsito y el derecho de reunión corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”. Asimismo, añadió que el derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión y sindical, el derecho de reunión, de huelga y de petición, entre otros.

En la lectura del protocolo , Bullrich declaró: “Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar los vehículos, sus conductores y todas las infracciones administrativas y/o penales existentes. Se va a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se pronunció en contra del anuncio realizado por la ministra de Seguridad: “Las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política. Hasta regula un registro de organizaciones habilitadas a protestar. Pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías”. Además, con la derogación del protocolo garantista de Nilda Garré consideraron que “más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”.

Cipriano García agregó que mandar a las Fuerzas de Seguridad a hacer acciones de inteligencia, como el registro de las organizaciones y quiénes las integran, está expresamente prohibido. “Es un protocolo claramente inconstitucional que avanza sobre derechos fundamentales y sobre una tradición largamente arraigada en nuestra democracia que es la posibilidad de la manifestación pública frente a las arbitrariedades y decisiones que afectan a nuestro pueblo que dictan los distintos gobiernos”.

Hacia el final de su discurso, la ministra también advirtió la creación de un registro de las organizaciones que participan y que hacen de voceros de los movilizaciones. En la misma línea, el abogado Roberto Gargarella, aportó: “Es un nivel de improvisación y de prejuicio ideológico y con el enojo tan desatado de los primeros días, le diría que calme un poco el ánimo y vuelva a aferrarse al derecho”.

También, Gargarella argumentó: “El derecho a la protesta es el que sostiene los demás derechos. Si cortamos ese, lesionamos todos los demás. Eso no quiere decir que en su nombre puedo hacer cualquier cosa. Todo lo que se está haciendo hoy es consagrar como si hubiera derechos de un solo lado, como si estuviéramos en una situación bélica, como si el que ejerciera los derechos de protesta fuera un delincuente y no… es más bien lo contrario”.

“Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas las Fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”, afirmó la excandidata de JxC y actual ministra de Seguridad.. 

Mauro Benente, doctor en Derecho y docente de las universidades de Buenos Aires y de José C. Paz, recordó: “Para el Sistema Interamericano y para el Comité de Derechos Humanos ‘las calles y plazas son lugares privilegiados para la expresión pública’ y las protestas ‘pueden tener un efecto perturbador inherente o deliberado y requerir un grado de tolerancia considerable’”.

En la red social X, “#MileiEsUnaEstafa” y “Estado de sitio” se volvieron trending topic. María del Carmen Verdú, abogada y militante de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), señala: “En 2017 decíamos algo similar: impusieron un estado de excepción sin declararlo. Acá ya te lo declararon, no formalmente, pero sí en el mensaje transmitido”.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, Bullrich presentó un protocolo antipiquete “con la particularidad de que ella era el ala más dura y más reaccionaria junto con Petri, Kravetz y Wolff. Hoy, frente a Milei y Villarruel, explícitos reivindicadores y apologetas de la dictadura cívico-militar-eclesiástica y del terrorismo de Estado, no es lo más duro. Con lo cual es lo mismo, pero peor: viene con un empaquetamiento político a partir del poder acumulado por el actual presidente, por 54% de los votos además, que lo hace muchísimo más grave y sustentable. Aquel lo pudimos frenar”, declaró Verdú con preocupación agitada a ANCCOM.

Por otro lado, el protocolo permite el control represivo en medios de transporte público por las fuerzas de seguridad  y plantea que se envíen las facturas de “todos los costos vinculados a los operativos de seguridad a las organizaciones o individuos responsables”. En este sentido, Verdú sintetizó: “Además de que te van a cagar a palos, cagar a gases, meter en cana y armarte la causa, todavía vas a tener que pagar el desplazamiento de la Policía, de la Gendarmería, de la Prefectura y del Servicio Penitenciario”.

Verdú consideró que el miedo a la represión es válido y en el caso de Bullrich está fundado por cifras concretas y lamentables, pero también apuntó a no desmovilizar. “El punto es cómo hacemos para que ese miedo, desde el punto de vista colectivo de las organizaciones, no nos paralice tampoco. A cuidarse y movilizar con criterio”, concluyó.

La reforma, con sangre entra

La reforma, con sangre entra

Tras 17 horas de debate ininterrumpido, a las 7.08 de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó por 127 a 117 la reforma previsional que, entre otras cosas, cambiará la manera de calcular el haber jubilatorio, la Asignación Universal por Hijo y las pensiones de discapacitados y ex combatientes de Malvinas. De esta manera, el Gobierno pone en marcha un recorte en la seguridad social que, según quién lo calcule, va de 70.000 a 100.000 millones de pesos. La nueva ley se aprobó tras masivas movilizaciones de repudio que se prolongaron hasta la madrugada y, sistemáticamente, terminaron con represión y detenidos.

Con un Congreso vallado desde las 21 del domingo, más de 500 mil personas se movilizaron ayer al mediodía en contra de la reforma previsional impulsada por el Cambiemos, según estimaron algunos gremialistas que ayer convocaron. El operativo estuvo a cargo de la Policía Metropolitana y no, como ocurrió el jueves pasado, de Gendarmería. La brutalidad fue la misma: gases, balas de goma, un centenar de detenciones y sesenta heridos.

“¿Qué golpe? Si tienen los medios de comunicación, el poder económico, fuerzas de seguridad y encima el Poder Judicial. ¿Pero sabés lo que pasa? No le da la cara para sacarle a los que más tienen pero sí a los jubilados”, reflexionaba un periodista de radio mientras relataba cómo la Plaza de los Dos Congresos comenzaba a llenarse de agrupaciones políticas y gremiales.

Mientras la bancada oficialista lograba quórum y daba inicio a la sesión, las columnas de la Asociación de Trabajadores del Estado, Unidos y Organizados, La Cámpora, Nuevo Encuentro, El Hormiguero, Proyecto Popular, sindicatos docentes, partidos de izquierda, el colectivo Ni Una Menos, organismos de derechos humanos, entre muchas otras, nutrían la enorme manifestación de repudio a la baja de los haberes jubilatorios propuesta por Cambiemos. Los manifestantes ocupaban toda la Plaza de los Dos Congresos y la Avenida de Mayo hasta la calle Piedras, nueve cuadras bien abigarradas.

La violencia institucional se respiraba en el aire antes de que los gases lo volvieran, en efecto, irrespirable. “Desde la Defensoría del Pueblo me pidieron que venga con la pechera como ‘mediadora de conflictos’. Hace 20 minutos me avisaron que ya la Policía le pegó a un par de compañeros”, contaba una mujer. “Si el jueves le dieron a los diputados, ¿no les van a dar a ustedes?”, preguntaba otra. “¿Qué onda? Re intimidatorio”, remataba una tercera.

Mientras, una joven miraba el helicóptero policial que sobrevolaba la zona. Segundos después, los militantes de La Cámpora empezaron a retirarse, lo que desconcertó a compañeros de otras organizaciones que estaban allí. “Compas, con tranquilidad, vayan dándose vuelta”. Cuatro referentes de otras agrupaciones pasaron corriendo con estruendos de fondo que no se sabía de donde provenían: “¡Replieguen las banderas! ¡Caña acá compañero, por favor! ¡Comencemos a desconcentrar!”.

Una lluvia de piedras cayó sobre la policía desde la primera fila de la marcha. El polvo blanco del gas lacrimógeno se esparció desde el centro de la plaza hacia los extremos y rápidamente la gente se cubrió las caras con sus pañuelos verdes por el aborto legal, rojos, cuadriculados blancos y negros, o con las remeras guardadas. “Dos años atrás era impensado todo esto. ¿Cómo puede ser que haya cambiado tanto? Ahora que te llegue un mensaje de cómo cuidarte y qué estrategias de prevención tener en una marcha es algo normal”, dijo un joven.

Ante la represión, la multitud respondió con cánticos que, al contrario de otras movilizaciones, fueron masivos y al unísono: “Unidad de los trabajadores y al que no le guste ¡se jode, se jode!”, o el tradicional. De manera organizada, las columnas comenzaron a desconcentrar, intentando protegerse del accionar, otra vez desenfrenado, de las fuerzas de seguridad.

A medida que en los manifestantes se dispersaban por las fuerzas de seguridad, el debate en el interior del Parlamento se calentaba. El diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, detalló, números en mano, que con la nueva ley los jubilados solo recibirán un tercio del aumento estipulado en comparación con la legislación actual. Y denunció la represión que se vivía afuera: “Quieren tapar con cámaras de televisión toda la gente que se moviliza, y, oh casualidad, sólo muestran a los infiltrados que nunca agarran”.

Victoria Donda, de Libres del Sur, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “La única paz que puede existir (con ella) es la de los cementerios”, afirmó. La experimentada jefa de bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, subrayó que “la legitimidad no es una foto de una elección, sino que es una serie de acontecimientos que deben hacer al grupo político”. Y rechazó “a los violentos de afuera pero también a los de adentro porque no es la primera vez que ponen infiltrados”, dijo.

Uno de cruces más picantes se dio entre Agustín Rossi, jefe de bancada del Frente para la Victoria, con la diputada oficialista Elisa Carrió, quien se retiró del recinto: “Te hubieses ido cuando eras funcionaria de la dictadura en el Chaco, mientras que a nuestros compañeros los mataban en Margarita Belén”, le dijo Rossi. Y añadió: “Nunca habíamos tenido el Congreso militarizado desde el regreso de la democracia”, y responsabilizó a Patricia Bullrich por el operativo.

A una cuadra de allí, desde la calle Bartolomé Mitre, salían personas con las caras irritadas y los ojos inyectados en rojo por los gases. Una mujer se acercó y les ofreció agua, otra les  aconsejó ponerse limones en la boca. Cerquita, a unos metros, un chico tirado boca arriba hacía señas de que encontraba bien pero que necesitaba estar tranquilo un rato.

“Ailín no contestó todavía si está bien, ¿no?”, pregunta una amiga. “Están pidiendo levantar la sesión porque están tirando con balas de plomo”, alerta otro. Las versiones, en medio de la represión, se multiplican, igual que los cuidados entre compañeros.

Héctor, 68 años, jubilado, estaba sentado a la sombra de un árbol en la esquina de 9 de Julio y Bartolomé Mitre con un cartel: “Los jubilados son la patria. No los traicionen. Ellos los votaron Señores Diputados”. Mientras se secaba el rostro con un pañuelo, recordaba que hace tres años podía llegar a fin de mes: “Vine con un amigo que le sacaron más de la mitad de los medicamentos, no nos podíamos quedar en casa. Yo fui obrero náutico toda mi vida, no pido riqueza, sólo dignidad”. Y con impotencia reflexionaba sobre los medios y periodistas que a esa altura, casi en cadena, mostraban únicamente el show de las piedras y las balas: “Nos mienten, ¿pero sabés una cosa? Lo que no pueden es borrarte la memoria. Yo en el 2001 vi a mis hermanos cartonear. No puedo explicar lo que fue eso”.

Por Avenida de Mayo, tomados de la mano, Daniel y Verónica se manifestaban como lo habían hecho el jueves anterior. Ambos de 62 años, él profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicaba: “El problema es la situación que esconde todo esto, la desinversión en materia de seguridad social”. Luego se levantó la remera y mostró los dos balazos de goma que le acababan de dar una hora atrás sólo por defender sus derechos.

Después de siete horas de represión, ya no había manifestantes en la zona del Congreso. Sin embargo, cerca de las 21.00 comenzaron a tronar las cacerolas en diferentes barrios porteños, bonaerenses y en algunas ciudades del interior, como Rosario y Santa Fe. Miles de personas, después, marcharon con ollas y cucharones a realizar una vigilia frente a las vallas que cercaban el Congreso. Como exactamente hace exactamente 16 años volvieron a sonar, espontáneamente, en repudio a la sordera y la insensibilidad del poder. El mensaje del pueblo es claro: “Si se meten con los viejos / qué quilombo se va armar”. Cerca de las 4 de la madrugada, otra vez los gases policiales lograron la dispersión. Tres horas más, los diputados aprobaron la nueva ley que cumple con  las tres exigencias del Fondo Monetario Internacional: cambio a la baja en la fórmula de sustitución, cambio en forma de actualización y prolongación de la edad jubilatoria.

Actualizado 19/12/2017