Con la música a otra parte

Con la música a otra parte

El arte callejero es una actividad con miles de años de antigüedad y que forma parte del paisaje de numerosas calles y medios de transporte en todo el mundo. Actualmente, en Buenos Aires, estas manifestaciones culturales se encuentran en alerta por un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña. En respuesta a esta situación, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) decidió realizar una una serie de medidas colectivas y unificadas para alertar sobre el tema

El proyecto de ley 2538, “Ley de artistas ambulantes”, fue presentado en diciembre del 2015 por la legisladora del PRO, Lía Rueda. Según su autora, el objetivo es brindar un marco normativo a los espectáculos que se realizan en espacios públicos, buscando una mejor convivencia con los vecinos y los espectadores que asisten a las funciones. Sin embargo, desde el FAAO denuncian que se trata de un proyecto construido en forma inconsulta y que oculta un reglamento prohibitivo.

“En realidad no es un proyecto de ley, es un reglamento restrictivo, penalizador y de desaliento al arte ambulante. Entendemos que un proyecto que habla del artista callejero no puede estar en cada uno de sus artículos enunciando y desarrollando la posibilidad de penalizar”, señaló Alejandro Cabrera Britos, músico y organizador de la movida.

Entre sus principales artículos, el proyecto establece que las actividades artísticas solo podrán llevarse a cabo mediante un permiso de uso del lugar público. Además, se fijan restricciones temporales y espaciales para la realización de los espectáculos, con sanciones y multas para quienes incumplan la normativa. En una  asamblea de la que participaron alrededor de un centenar de artistas, se discutió sobre cuál es el camino para enfrentar a una ley que consideran perjudicial. “La salida es colectiva y en base a esto presentamos un proyecto alternativo, que simplemente tiene un espíritu despenalizador. Cuenta con 16 artículos pero no habla de permisos sino de posibilidad de registros, no habla de zonificación. Buscamos que no borren lo que se hizo durante más de 30 años, o mucho más, con los artistas callejeros, artistas que ya han dejado historia en la ciudad”, expresó Cabrera Britos.

El proyecto de los artistas es apoyado por el legislador del Frente para la Victoria Pablo Ferreyra, quien define su fin como proteger, propiciar y fomentar la actividad artística en la vía pública, los espacios públicos y subterráneos. “La actividad que desarrollan no requiere de ningún permiso, proponemos la creación de un registro a cargo del Ministerio de Cultura de la Ciudad que no exige requisito alguno para inscripción y no puede ser exigido como permiso para el ejercicio de la actividad”, explicó.

Asamblea artistas callejeros - CTA - Foto: Melisa Molina /Anccom

La legisladora Rueda sostiene la necesidad de una ley al tratarse de actuaciones que no se encuentran reglamentadas. “Creemos que es importante que estén contemplados dentro del ordenamiento legal a fin de que la actividad que se realice en la vía pública tenga en cuenta la vida de los vecinos y las demás actividades que se desarrollan normalmente en una ciudad. Los artistas están y conviven con vecinos, organizaciones, instituciones y comercios. Todos deben respetarse entre sí y no generar molestias o interrupciones a las demás actividades”, expresó.

Al respecto, Cabrera Britos desmintió acusaciones sobre conflictos o inconvenientes con vendedores y comerciantes. “No son enemigos. Cuando hubo algún roce o algo lo resolvimos entre nosotros. Quieren usar eso para reglamentar también un supuesto enfrentamiento en los subtes con los vendedores ambulantes y en la calle con los manteros. Nosotros sabemos que lo podemos resolver entre nosotros”, señaló. Sin embargo, aclara que son actividades incomparables: “Nosotros no somos los manteros del arte. Son nuestros primos pero lo nuestro es muy distinto, eso es lo que hay que entender. Es como una contracultura, algo que está desde siempre. Primero estuvo eso y después todo lo demás”, sintetizó el humorista Fernando Chacovachi Cavarozzi.

En la asamblea se invitó a los participantes a apelar a la simpatía social del público y a advertir sobre la real magnitud del problema que se enfrenta. En ese marco, el malabarista German Welchli remarcó el rol que los artistas cumplen en la cultura y que de aprobarse la ley 2538 no sólo se les quitaría el derecho a trabajar sino que se perjudicaría a la ciudadanía en su totalidad. “Tenemos tres argumentaciones importantes: la primera es que somos trabajadores de la cultura y tenemos derecho a trabajar. La segunda es que somos una de las pocas líneas de acceso a la cultura que tienen los sectores desfavorecidos. Y la última es que tocar a los artistas es tocar los derechos del niño. ¿Cómo el Estado le va a sacar un músico, un malabarista, un mimo, a un niño? ¿Les preguntaste a los niños?”, sentenció.

Actualizada  15/06/2016

Inmobiliaria Buenos Aires, inauguración

Inmobiliaria Buenos Aires, inauguración

El oficialismo macrista en la ciudad de Buenos Aires consiguió ayer aprobar en la Legislatura la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que establece el traspaso al nuevo ente de los terrenos de dominio público para el impulso de obras de infraestructura, que se descuenta serán llevadas a cabo por empresas privadas. El proyecto fue sancionado con 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones. Como se preveía, teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el debate sobre el tema en los últimos meses, el Frente para la Victoria (FpV) se mostró dividido en el recinto y tres de los doce legisladores que conforman el bloque acompañaron el proyecto, mientras que siete lo rechazaron y los dos restantes votaron en abstención. Aún así, con el apoyo decisivo del espacio SUMA + -que en las elecciones de 2015 apoyó la candidatura a jefe de Gobierno del economista Martín Lousteau-, el PRO logró cumplir con la voluntad de su jefe en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y sancionar la ley. “Se trata de la confirmación de que está en marcha un modelo de planeamiento de la ciudad similar al de otros grandes centros urbanos del mundo, basado en la enajenación de patrimonio público para dar rienda suelta a la especulación inmobiliaria», afirmó Patricio Del Corro, legislador del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que votó en contra de la ley. Este paso legal se suma a otras iniciativas del macrismo para concretar la transferencia al capital privado de patrimonio de la ciudad, entre ellas la cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla al club Boca Juniors, tal como informó este medio en anteriores ocasiones.

La de ayer fue la segunda vez que fue votado el proyecto, que había sido aprobado en una primera instancia el 3 de diciembre de 2015; pero al tratarse de asuntos referidos a la desafectación de inmuebles de dominio público y proyectos de edificación, la Constitución de la Capital Federal exige su discusión a través de un procedimiento de Doble Lectura, que consiste en una segunda votación, previa realización de una Audiencia Pública no vinculante, en la que participen los sectores con intereses legítimos alrededor de la propuesta legal. Esa audiencia se realizó el 29 de marzo y más allá de que el tratamiento del proyecto era independiente de su resultado, la misma parecía en aquel momento favorecer un cambio en el curso del destino, porque al no reunir  los votos mínimos para superar la instancia de la Doble Lectura, el PRO decidió retirar el tema de la agenda de la sesión del jueves 7 de abril. «El proyecto había quedado ‘reservado en secretaría’ para en cualquier momento ser tratado en el recinto y eso fue lo que pasó ayer. Nosotros pedíamos el ‘pase a archivo’, lo cual hubiera significado que la ley se caía», detalló Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y miembro de la organización Observatorio del Derecho a la Ciudad. Sorpresivamente, la iniciativa fue reflotada ayer y esta vez no fue posible postergar su sanción.

Si bien en el Anexo del texto legal sólo figuran dos inmuebles que pasarán a ser administrados por la Agencia de Bienes SE –el predio del Tiro Federal, ubicado en el barrio de Núñez, y el centro ferial “El Dorrego”, situado en Colegiales-, las organizaciones que resisten la normativa advierten que en realidad alcanza a todos los lotes de propiedad estatal. “Los legisladores que trataron este proyecto ni siquiera sabían cuántos terrenos de dominio público existían realmente en la Capital Federal. No había un inventario. El único relevamiento que existe lo hicimos nosotros”, advirtió Fabio Oliva, integrante del colectivo Buenos Aires No Se Vende, formado por varias agrupaciones que militan en defensa del espacio público de la ciudad. El listado en cuestión, al que accedió ANCCOM, incluye un total de más de 2.500 inmuebles organizados en las categorías “Edificios industriales”, “Galpones o tinglados”, “Locales (comerciales u oficinas)”, Propiedad Horizontal”, “Teatros”, “Terrenos”, “Viviendas con comercio” y “Viviendas unifamiliares”.

La letra de la ley reconoce entre las “funciones” de la flamante Agencia de Bienes SE la de “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada” y detalla los planes que tiene reservados para los dos terrenos mencionados en el Anexo: el Tiro Federal se convertirá en el “Parque de la Innovación”, que, como define la norma, consistirá en un “centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología” en la ciudad de Buenos Aires; mientras que en “El Dorrego” el gobierno de Rodríguez Larreta pretende crear el “Centro Metropolitano Audiovisual”, para albergar a “los distintos sectores involucrados en la comunicación audiovisual: cámaras de productores; medios comunitarios; universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual”.

Para concretar esos emprendimientos, la normativa admite que ambos predios serán licitados a través de un concurso público, del que surgirán las empresas adjudicatarias de la obra su construcción. Como ocurre cada vez que el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones decide desprenderse de parte de su patrimonio, la ley de Agencia de Bienes SE declara “innecesarios para la gestión” del gobierno de la Capital a los terrenos antes indicados.  Sin embargo, desde Buenos Aires No Se Vende aseguran que el supuesto “carácter innecesario” de los terrenos fue definido por unos pocos actores, que representan intereses minoritarios. “Aunque se decidiera que una tierra pública fuera concedida para una inversión inmobiliaria de una empresa, lo correcto sería que esa decisión la tomaran las comunas, y en este caso, la iniciativa provino lisa y llanamente del Poder Ejecutivo”, insistió Oliva.

La cesión de terrenos linderos a Casa Amarilla fue de las primeras iniciativas del macrismo para transferir el patrimonio de la ciudad a privados .

 

Una Audiencia histórica, pero que no alcanzó

“Esto se sabía desde el lunes pasado y se hizo toda la presión que se pudo para frenarlo”, se lamentó Oliva, arquitecto de profesión, pero comprometido de cuerpo y alma en la preservación de los espacios verdes de la ciudad, cada día más amenazados de extinción. Su actividad lleva ya más de 25 años, cuando comenzó con la lucha para proteger cada uno de los metros cuadrados que dan vida al Parque Avellaneda. Junto con varias agrupaciones vecinales que se especializan en problemáticas similares -Queremos BA, Los Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, el Observatorio de Derecho de la Ciudad, el Movimiento Comunero, entre otros- formaron colectivo Buenos Aires No Se Vende, con el objetivo de articular la oposición desde la sociedad civil al proyecto de ley de Agencia de Bienes Sociedad del Estado.

“Nos unió el espanto contra esta ley”, confiesa, aunque se muestra satisfecho por el funcionamiento exhibido hasta ahora por la comunión de las organizaciones barriales. El 29 de marzo último, en el marco de la Audiencia Pública exigida por la Constitución de la Capital Federal, se produjo lo que Oliva definió como “un gran triunfo”, que luego se traduciría en la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento en Doble Lectura del proyecto de ley, que estaba previsto para diez días más tarde.  “Fue una Audiencia Pública con una inscripción de 200 personas, lo que no es común en este tipo de acontecimientos. Las exposiciones fueron organizadas previamente por BA No Se Vende, hubo más de 100 y ni una sola a favor del proyecto”, describió Oliva, quien definió el evento como “un acto político contundente”.

Por su parte, Baldiviezo recordó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un recurso legal para evitar que la audiencia se realizara porque, según argumentó, “no había suficiente información para las partes” sobre los alcances reales de la norma, pero la respuesta fue negativa. También alertó acerca de que nunca se realizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes, a la hora de llevar adelante obras de desarrollo de infraestructura en terrenos de amplia extensión. De hecho, tal como consta en la Ley N° 123 de la Ciudad de Buenos Aires, debe cumplirse con las diferentes etapas del procedimiento técnico correspondiente hasta llegar al Certificado de Aptitud Ambiental, que autoriza la puesta en marcha de las obras. No obstante, Baldiviezo cree que existe un inconveniente con la reglamentación: “La ley dice que los informes deben hacerse siempre antes de la ejecución de las obras, no antes del proceso de legislación lo cual produce un desfasaje, porque mientras se llevan adelante el proceso legislativo y la Audiencia Pública, hay un tiempo valioso que se pierde, ya que si se practicaran los informes de impacto ambiental desde el momento inicial quedaría claro inmediatamente si el proyecto es viable o no”.

Para Del Corro, la ley no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la ampliación de los derechos de la ciudadanía. “La población de la ciudad hace sesenta años se mantiene estable, pero cada vez son más las que terminan siendo expulsadas hacia las villas y menos las que viven en una casa propia”, señaló el legislador, haciendo referencia a que la nueva ley se desentiende por completo del problema del déficit habitacional y la urgencia de urbanizar los asentamientos precarios. Las prioridades del gobierno porteño, alineado a nivel nacional con el presidente Mauricio Macri, parecen ser otras: “Será una especie de Silicon Valley», resumen los funcionarios del oficialismo cuando hablan de lo que le espera al Tiro Federal, refiriendo a la región californiana que hospeda a buena parte de las compañías líderes a nivel mundial en desarrollo tecnológico. Una confirmación de que desde la llegada del macrismo al poder, el 10 de diciembre pasado, los ojos de la clase política argentina miran hacia el Norte.  

Actualizada 10/06

“¿Y ahora quién cuidará los precios?”

“¿Y ahora quién cuidará los precios?”

Entre el mito del arma sobre la mesa de la gestión de Guillermo Moreno y la confianza en la buena voluntad de los empresarios que proclama el gobierno de Cambiemos, la Secretaría de Comercio desarrolló desde 2013 hasta finales de 2015 diferentes programas para el control de precios y la protección de los consumidores que, en las últimas semanas, fueron desmantelados con despidos masivos en el área.   

Por estos días circulan por las redes sociales videos que retratan la reducción de personal que ya afectó a 400 trabajadores. El modelo se repitió en dos oportunidades, en diciembre y marzo: un supuesto gerente de elegante sport sale de su oficina a encontrarse con la multitud de trabajadores, a punto de ser despedidos algunos, con la noticia confirmada otros. Al principio silencio y brazos cruzados, hasta que los primeros se animan con voces entrecortadas que desafían al poder. Una de las chicas sale del grupo y la cámara gira hacia ella:

– Desde el 10 de diciembre en esta Secretaría no se homologó un sólo acuerdo, no se pagó una sola…

– No se pagó ni una sola multa –la interrumpe otra, completando la idea- porque vienen las empresas y dicen ‘informen un CBU, quiero pagar la multa, ¿dónde deposito la plata?’ ¿Y qué se le contesta? Que en el proceso de cambio de cambio de Ministerio responsable, de Economía a Producción, no tuvieron en cuenta las cajas. No hay una caja donde depositar la plata, por eso no se cobran las multas…

https://www.youtube.com/watch?v=nnAAKGEujkQ&feature=youtu.be&t=3m28s

Las multas del diálogo son los cargos que las empresas deben -o debían- pagar cuando la Justicia falla en contra de una compañía en una mediación por incumplimiento en acuerdos de precios. Esas multas se enmarcan en el programa de consumo protegido, uno de los planes cuyo equipo de trabajo fue desarticulado por la gestión macrista. Y tienen historia.

“El gran avance en materia de defensa de los derechos de los consumidores fue la sanción de la Ley que crea el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, que dio lugar al programa Consumo Protegido”, explica el ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa, en diálogo con ANCCOM.

El programa creó un mecanismo rápido y eficaz de conciliaciones obligatorias ante conflictos relacionados con actos de compra-venta de bienes y servicios.

“El principal objetivo de nuestra gestión fue dotar de mayores herramientas a los consumidores para que puedan ejercer plenamente sus derechos. Hay que tener en cuenta que durante la década del ´90 millones de argentinos fueron marginados de los circuitos de producción y consumo y vieron disminuida su capacidad de hacer valer sus derechos ante los abusos empresarios”, completa el ex funcionario.

Las denuncias en la Secretaría del Comercio por incumplimiento de los empresas habían pasado de 1000 a 50 mil en menos de un año.

A cargo del área desde noviembre de 2013 hasta el final de la gestión kirchnerista, Costa asegura que “en menos de un año, las denuncias en la Secretaría de Comercio respecto a incumplimientos por parte de las empresas pasaron de 1000 a más de 50 mil, lo que muestra el gran éxito que tuvo el sistema.”  Y subraya: “Los consumidores comenzaron a discutir cara a cara con las empresas”.

El programa “Precios Cuidados” fue una de las grandes víctimas de la nueva política de vaciamiento en el área. El plan contemplaba un acuerdo tripartito entre proveedores, cadenas de supermercados y Secretaría de Comercio para garantizar el abastecimiento de ciertos productos a un precio determinado y con una renovación trimestral. “Con los diferentes programas de Precios Cuidados (supermercados, almacenes y comercios de barrios, motos, construcción, telefonía celular) los consumidores recuperaron referencias de precios para poder tomar sus decisiones de consumo”, resume Costa a esta agencia.

En su inicio, el 6 de enero de 2014, el programa contaba con 194 productos pertenecientes a 60 empresas. Para diciembre de 2015, la canasta llegaba a 512 productos de 112 compañías proveedoras. Hoy, el convenio bajó a 300 productos, pero no tiene relevadores ni inspectores que controlen que el acuerdo se cumpla.

También se reemplazaron algunas primeras marcas por segundas. Es el caso de la leche: hasta diciembre la marca que participaba del convenio era ‘La Serenísima’, con un precio de $10,50 el sachet. Una segunda marca (‘Santa Brígida’), fuera del programa, tenía un precio de $8,50.

En la última actualización y primera de la gestión de Miguel Braun, tras reemplazar la primera marca por la segunda que ingresó con un precio de $11,20 (+32%), se liberó el camino para que la primera marca (ahora fuera del programa) defina libremente su precio, hoy en $15,50, 55% por encima de su precio en diciembre.

Falsas promesas, empresas ganadoras

“En la transición entre una gestión y la otra se habló de la necesidad de mantener y extender estas herramientas, que ya se habían incorporado a la vida cotidiana de los consumidores”, recuerda Costa.

Sin embargo, la realidad posterior desmintió los acuerdos y promesas políticas. “Lamentablemente, las nuevas autoridades vinieron con otra idea y desarticularon o le restaron impacto a la mayoría de los programas, respondiendo más a la agenda empresaria y de las grandes corporaciones que a las necesidades y derechos de los consumidores”, subraya.

En los primeros 60 días del gobierno de PRO-Cambiemos, la Secretaría autorizó subas, sacó productos y marcas de convenio y despidió en dos etapas al personal, desde aquellos que se sentaban a negociar un precio con las empresas, hasta los que iban supermercado por supermercado a controlar la presencia de los productos en las góndolas y de los carteles que indican el “precio cuidado”.

El desmembramiento de la Secretaría de Comercio, incluido el programa de Precios Cuidados, se hizo en tres etapas. La primera fue, tras la renuncia de Augusto Costa y los directores nacionales, con el pedido de renuncia a subdirectores y directores de áreas.

Luego hubo dos etapas de despidos masivos. La primera fue el 15 de diciembre con la desvinculación de 150 empleados. La segunda se produjo el  el miércoles 2 de marzo. Ese día -cuando fue grabado el video que rescata esta crónica- fueron despedidos otros 250 trabajadores.  Algunos  no estaban en el listado original, pero fueron despedidos días después por haber filmado o  discutido con directores nacionales por el ajuste en la planta.

Uno de los despedidos de la segunda etapa es Guillermo Rabinovich. Es economista, tiene 32 años y trabajaba en la Secretaría de Comercio desde hacía cinco. A partir del nombramiento de Costa, tuvo a su cargo la negociación con algunas de las empresas que trimestralmente firmaban el acuerdo de un listado de precios. “En enero de 2014 se creó toda una estructura para gestionar y administrar el programa. Yo participaba de la negociación con empresas pero al mismo tiempo tenía otras tareas”, reflexiona.

Las funciones del equipo que trabajaba en Precios Cuidados eran múltiples: la negociación con las empresas, actualización del listado de productos y precios, la relación con las cadenas de supermercados y de un sistema llamado “Alerta temprana” que permitía a los supermercados poner un sustituto cuidando el precio de convenio, ante una falta de abastecimiento. El equipo de relevadores e inspectores era otra pieza fundamental: tenía poder de policía para multar fallas en la señalética, desabastecimientos no informados o cualquier incumplimiento del convenio.

En los primeros 60 días del gobierno de PRO-Cambiemos, la Secretaría autorizó subas, sacó productos y marcas de convenio y despidió en dos etapas al personal.

“Hoy casi no existe ‘Precios Cuidados’ en todas sus variantes y el cumplimiento del limitado esquema vigente es muy pobre”, reflexiona Costa.

Y completa: “No existen inspectores ni relevadores de precios en las calles que puedan garantizar el cumplimiento de los acuerdos, eliminaron las normativas que obligaban a las empresas a informar los cambios en los precios; y se frenó el programa Consumo Protegido, que pasó de atender 300 casos diarios a menos de 20”.

Más allá del programa por el control de precios, las nuevas autoridades también discontinuaron otros planes clave como el de “Fiscalización de rótulos” que apuntaba a evitar que los consumidores sean engañados por pequeños cambios en las etiquetas y que obligaba a que un producto tenga por lo menos un 20 por ciento de la superficie de la etiqueta distinto al anterior.

También quedó sin aplicación el conocido como “SUBEneficio”, un convenio entre la Secretaría de Comercio y algunas empresas (comida rápida, cines, heladerías, indumentaria) para que ofrecieran descuento a los usuarios de la tarjeta SUBE (sistema único de boleto electrónico). Y tampoco sobrevivió el “Sistema Informático del Régimen Informativo de Precios” (SIRIP), un esquema de monitoreo de la cadena de valor de los productos de consumo masivo que permitía saber de forma aproximada cuál era el costo de producción de algunos productos y, en la comparación entre ese costo y el precio de venta al consumidor, evitar los márgenes abusivos. La Dirección Nacional de Precios, a cargo de este programa, también fue desintegrada.

El nuevo gobierno también desmanteló el denominado “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo” (COPREC) que buscaba articular un sistema de resolución de conflictos entre consumidores y empresas por compra de productos defectuosos o con fallas. El equipo fue desarticulado y los 12 mil reclamos acumulados y pendientes de mediación quedaron archivados.

Actualizado 05/04/2015

 

Entrevista a Gabriel Vommaro, radiografía del partido amarillo

Entrevista a Gabriel Vommaro, radiografía del partido amarillo

“El PRO se construyó desde el pragmatismo ideológico. Eso le permite no visibilizar sus aristas antipáticas, ocultar su discurso económico más duro y apelar a los sentimientos y las emociones. Nadie puede decir que Cambiemos o el PRO no esté anunciando lo que quiere llevar  a cabo”. Certero, el diagnóstico pertenece a Gabriel Vommaro, autor, junto a Alejandro Belloti y Sergio Morresi, de “Mundo PRO”, un libro que revela y explora la formación y funcionamiento del partido amarillo y que, publicado en 2015, se convirtió en las últimas semanas en lectura obligatoria para todo aquel que busque respuestas al inédito triunfo electoral de la nueva fuerza de derecha.

En diálogo exclusivo con ANCCOM, Vommaro aceptó repasar y trazar la radiografía del joven partido –recién pudo presentar candidaturas en todos  los distritos del país en las elecciones Primarias de agosto pasado- que logró desplazar al peronismo del poder e iniciar una nueva etapa política en la Argentina. Doctor en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales, escritor, docente e investigador del CONICET, el autor analizó la “anatomía de un partido fabricado para ganar”, y delineó sus tácticas y estrategias para “hegemonizar” el universo opositor.

¿Con qué características se construyó el PRO para estas elecciones?

Hay una muy cuidada construcción en términos estéticos, de comunicación política, pero también discutimos la idea de que signifique solamente un partido de marketing. Justamente, mostramos también sus otras formas de construcción tan importantes, que le permitieron llegar hasta ahora como una fuerza consolidada a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, que fue reelecta dos veces y que logró paulatinamente extenderse a otros distritos del país. De todos modos consideramos que el PRO trabaja muy bien su imagen y la manera en que se presenta públicamente.

¿Se pueden señalar hitos políticos en la construcción de ese proyecto?

Para pensar cómo llega a estas elecciones, en todos estos niveles de construcción, podemos nombrar algunas cuestiones que son muy relevantes. La primera es que, ante la dificultad de nacionalización del partido, es decir, de crecimiento e implantación en los 24 distritos del país, en 2014 terminan de definir su estrategia de alianzas y de orientación hacia el radicalismo, que les permitía conseguir una presencia importante a nivel nacional. Esto a la vez es consistente con varias cuestiones. La primera es que, desde sus orígenes, cuando todavía no era PRO, (Mauricio) Macri trabajó la idea de no dejarse fagocitar por el peronismo, de no ser subsumido por las internas de ese partido. Pero en segundo lugar, junto con esta decisión y con el tipo de partido que se fue conformando, PRO aprendió a ocupar cada vez más el espacio no peronista y, dentro de éste, el más claramente opositor al kirchnerismo. La decisión de unirse al radicalismo les permitió en estas elecciones monopolizar casi todo el voto oponente. Parte de las explicaciones de los buenos resultados que sacó PRO en las primeras elecciones presidenciales, tiene que ver justamente con esta capacidad.

También caracteriza a PRO como una fuerza “pragmática y flexible”, ¿a qué refiere con esa descripción?

Hay una segunda cuestión que tiene que ver con cómo llega PRO a estas elecciones, en términos de propuestas y programa político. Entonces, logra hegemonizar el espacio opositor y el voto no peronista, consigue implantación nacional a través de su alianza con el radicalismo y, al mismo tiempo, como es un partido que nosotros llamamos “postideológico”, con una relación que se puede decir que es flexible y pragmática con las doctrinas y las ideologías, el PRO acepta y entiende que su programa político más opositor tenía menos chances de ser mayoría en estas elecciones, porque hay ciertos consensos construidos durante los años kirchneristas que excedían a ese espacio, incluso al peronista, y oponerse podía significar perder espacio electoral.

Es por eso que en el PRO surgen algunas cuestiones. La primera es hacer del cambio su bandera. Desde el principio establece la dicotomía entre continuidad y cambio, que se impone como ordenadora de estas elecciones. Y en segundo lugar intenta, sobre todo después de ese giro discursivo que da Macri en julio cuando acepta las conquistas de los años kirchneristas, desplazar la agenda social y económica en la que PRO tiende a estar en desventaja con ellos, por tener posiciones más de centroderecha. Con esto quiero decir, aceptar el “triunfo” del kirchnerismo respecto de esa agenda. Eso le permitía, por un lado, bajar el rechazo a una opción de centroderecha y las consecuencias socioeconómicas que ésta pudiera tener en términos de conquistas sociales y de derechos, y centrar su campaña en la agenda que uno llamaría “republicana”, de transparencia, de la gestión, de la división de poderes, del diálogo. Este año se inicia con una agenda republicana, con los hechos confusos de (la muerte del fiscal Alberto) Nisman que instalan la cuestión de la justicia y la transparencia, entonces me parece que en ese sentido este eje desde el cual se construye PRO aparece más central. Eso es posible por este pragmatismo ideológico y también por no visibilizar sus aristas más antipáticas, ocultar su discurso económico más duro por otro de los sentimientos y de las emociones.

Gabriel Vommaro habla sobre la construcción política del Pro en una entrevista con ANCCOM.

Gabriel Vommaro habla sobre la construcción política del Pro en una entrevista con ANCCOM.

De algún modo los partidos se construyen en relación a otro ¿cómo influye el kirchnerismo en la construcción del PRO?

Ahí hay dos cuestiones importantes. La primera es que el PRO y el kirchnerismo son hijos de la misma época. Nacen más o menos en los mismos años, son herederos de tradiciones diferentes y las reivindican, de hecho el PRO reivindica la no tradición. Tienen también diagnósticos diferentes de la época a la que suceden, de la crisis de 2001 y de los años ´90. En ese contexto, el kirchnerismo encarna la propuesta de tratar de reconstruir el Estado, los vínculos sociales y la economía argentina y el PRO, en cambio, de reconstruir el Estado desde la economía y la sociedad civil al servicio de aquellas. Son dos énfasis y dos lógicas muy distintas.

De todos modos, en los años en que el PRO todavía no se había constituido como fuerza política estable y con fronteras definidas, no estaba claro que el otro del kirchnerismo era el PRO y viceversa. En el momento en que terminan los tiempos de la transversalidad y que el kirchnerismo empieza a elegir adversarios en el presente y ya no sólo en el pasado, es que aparece el PRO como su otro elegido. Eso se da más o menos en 2007, en el mismo momento en que el PRO también se define en relación al kirchnerismo.

¿Cómo caracterizaría a las principales figuras del PRO?, por ejemplo María Eugenia Vidal fue un fenómeno sorpresivo en provincia de Buenos Aires…

María Eugenia Vidal es un típico producto de PRO. Es una dirigente política que proviene del grupo Sophia, el think tank de la fundación que tenía Horacio Rodríguez Larreta en los años ´90. Se va formando como la joven profesional en ese mundo y como cuadro de la sociedad civil. Participa con Rodríguez Larreta de todas las funciones que tuvo en ese momento para Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, para la Alianza, fue funcionaria del PAMI y de ANSES. Es parte de esa derecha sensible que le da un tinte social al PRO, porque es una mujer conservadora, de formación católica.

Vidal hizo todo el recorrido formativo del PRO, fue ministra de Desarrollo Social de la Ciudad por cuatro años y luego vicejefa de Gobierno. Lo que le agrega ese tiempo de formación es una capacidad de construir, desde la gestión, vínculos con el mundo de la militancia social barrial y territorial, algo que probablemente la ayudó a hacer una campaña de contacto directo estos meses.

El PRO se caracteriza por ser un partido con empresarios que se meten en política…

En el gabinete de Macri en la Ciudad había muchos empresarios. De todos modos, nosotros mostramos en nuestras investigaciones y en el libro Mundo PRO, que en realidad se trata de un partido heterogéneo, que tiene empresarios, profesionales de ONGs o think tanks como Vidal y políticos de larga data, tanto radicales, peronistas o de la derecha. Todo eso forma la configuración PRO. Es la construcción de una gobernabilidad en alianza con la política más tradicional y una gestión apoyada en estos nuevos políticos.

¿Cuál es el proyecto político de PRO?

Como se trata de un partido no ideológico, no dogmático ni doctrinario, no es un proyecto que esté escrito como un manifiesto, pero están los programas y está su fundación Pensar. Se puede reconstruir muy claramente un modelo detrás de PRO,  que está vinculado con una sociedad con un Estado fuerte pero al servicio del mundo privado y del ´emprendedorismo´ privado, una creencia en las virtudes de la competencia y el mercado, y en que junto con éste se encuentra la sociedad civil, que es un tercer sector que también requiere del sustento y apoyo del Estado. Éste casi que lo que tiene que hacer es fomentar la sociedad civil y el mercado, estar en función de ambas, contra la idea más populista, peronista o kirchnerista de que el Estado es en realidad un agente, un motor de construcción de voluntad política y de producción de procesos políticos en base a una concentración de la autoridad y de aquella voluntad. El PRO cree más bien que hay una cierta verdad previa, que es la del mercado y la sociedad civil, a la cual el Estado tiene que adecuarse. Eso es un punto fundamental, son los postulados básicos de un neoliberalismo moderado.

No creo que se esperen grandes cambios en términos de derecho de género, me parece que eso es más bien una agenda que va a ser impulsada desde afuera, y si pensamos la cultura y la educación, la ciencia y técnica, siempre hay que hacerlo en relación a un Estado en función de la verdad del mercado y de la sociedad civil.

En términos de política exterior también está claro. Macri en el debate se dio “el lujo” de referirse a un tema ideológico no muy habitual, de poco interés para el público en general, como es la cuestión de Venezuela,  y anunció que si ganaba implicaría un desplazamiento de la estrategia y alianzas que tuvo el kirchnerismo hasta ahora, y en cambio buscaría un acuerdo mayor con el eje del Pacífico, con formas de libre comercio con algunos países como por ejemplo Estados Unidos. Cuando Macri dijo eso le hablaba a la Embajada española, a la norteamericana, a los socios de derecha, a esa gente se refería, no al público en general. Entonces hay también un modelo de sociedad, con qué realidad tiene que conectarse Argentina.  La referencia permanente para Macri es Chile y ahora se refiere hasta a Paraguay, sólo porque hay un gobierno de centroderecha, porque la verdad que la realidad paraguaya es bastante compleja para que uno la pueda reivindicar. Tiene problemas sociales enormes, de violencia y narcotráfico. Sin embargo, Macri habla de eso, de aquellos países socios en términos de esa misión de la política exterior más de centroderecha.

Creo que nadie puede decir que Cambiemos o el PRO no esté anunciando lo que quiere llevar  a cabo. Por supuesto que lo hace a su manera afectiva, apelando a sentimientos y emociones, pero junto con el abrazo y el amor dice lo que va a hacer.

 

La complicidad empresaria con la dictadura

La complicidad empresaria con la dictadura

El Senado aprobó, el pasado 25 de noviembre, la creación de una Comisión Bicameral para investigar las complicidades empresarias en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina durante la última dictadura cívico militar.

La creación del organismo fue aprobada por los legisladores del FPV y parte del interbloque socialista liderado por Rubén Giustiniani. El PRO y la UCR, en cambio, se retiraron del recinto.

La nueva comisión estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales, de los cuales tres de cada cámara serán de la primera minoría, uno de la segunda minoría y uno por la tercera minoría. El cuerpo se propondrá confeccionar un documento que identifique a «los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza». Además, la norma crea, dentro del ámbito del Parlamento, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con el objeto de poner a disposición gratuita del público toda la documentación vinculada al tema, utilizada por la bicameral.

El autor del proyecto recientemente convertido en ley fue el diputado nacional del FPV Héctor Recalde y la Cámara Baja lo había aprobado en noviembre pasado. En diálogo con ANCCOM, Recalde dijo que es necesario hablar de la participación y complicidad de los empresarios con los militares, ya sea “marcando” a trabajadores o aportando infraestructura o logística que permitió la violación de los derechos humanos. Según el legislador, estas maniobras tenían un triple fin: ideológico, económico y de sometimiento. “Ideológico porque estaban de acuerdo con el ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, económico porque maximizaban la rentabilidad empresarial, y de sometimiento porque era mucho más fácil para ellos conducir una empresa con trabajadores que no reclamen nada”. Además, especificó: “Hay ejemplos muy claros, uno es Carlos Blaquier, del ingenio jujeño Ledesma, y el otro es Vicente Massot, directivo del diario La Nueva Provincia”.

Hector Recalde en la Carpa de la Resistencia ubicada frente al palacio de tribunales en la plaza Lavalle durante el repudio nacional a "La noche del apagón" ocurrido en Ledesma el 20 de julio de 1976.

Hector Recalde en la Carpa de la Resistencia ubicada frente al palacio de tribunales en la plaza Lavalle durante el repudio nacional a «La noche del apagón» ocurrido en Ledesma el 20 de julio de 1976.

Recalde enumeró otros posibles casos a investigar, algunos de los cuales ya ingresaron en la justicia: Papel Prensa, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, Grupo Bunge y Born, Editorial Atlántida –especialmente las revistas Para Ti, Gente y Somos-, La Veloz del Norte, Celulosa, Grafa, Sociedad Rural de Junín, la ceramista Lozadur Cattaneo, los astilleros Mestrina y Astarsa, y la metalúrgica Bovapi.

Walter Bosisio, sociólogo y co-autor del libro La dictadura del capital financiero, explicó a ANCCOM que la única manera de poder investigar judicialmente las complicidades del sector civil es que aparezcan atadas a delitos de lesa humanidad, dado que no prescriben.

Participación civil

Según Bosisio, el armado de la estructura económica y el manejo de los recursos financieros del Estado estuvieron a cargo de civiles que representaban los intereses del capital privado, tanto nacional como extranjero. A su vez, el autor comentó que el proyecto económico de la dictadura había tenido antecedentes en el gobierno de facto anterior y en las políticas económicas del ex ministro de Economía de Isabel Perón, José Celestino Rodrigo. Pero, subraya, que a partir del 76 se acabaron los escrúpulos: “Esta vez estaban dispuestos a todo. Los derechos humanos se vieron afectados, no solo en el plano civil y político, sino que también los derechos económicos, sociales y culturales porque no había  garantía de nada, ni siquiera del derecho a la vida, ni al trabajo”. En esa misma tónica, Eduardo Codianni, investigador y miembro de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central (BCRA), coincidió con la postura de enfocar la cuestión desde otro ángulo: “La teoría puede ser distinta: el poder económico usó a los militares para imponer un nuevo sistema. La única forma que había para derrumbar la organización de los trabajadores existente en ese momento era mediante la represión.”

Santiago Kosiner, politólogo y también miembro de esa Subgerencia del Central, amplió respecto de la vinculación de las violaciones de los derechos humanos con el sector civil: “Colaboración y complicidad son sinónimos, pero de lo que nosotros hablamos es de participación civil concreta. Acá están Santiago Soldati, Juan Alemann, Alfredo Diz, personas de distintos grupos económicos que estuvieron en el directorio del BCRA, todo el sector privado manejando el órgano de control financiero y haciendo una reforma profunda del sistema desde el Estado que beneficia a los privados”.

Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier  el 23 de mayo de 2015.

Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.

En la conformación del gabinete de Martínez de Hoz puede verse el tejido de alianzas con las grandes corporaciones. Bosisio especificó la continuidad con el presente: “Personas muy cercanas a Martínez de Hoz, como Guillermo Walter Klein -jefe de la Cámara Argentina de Comercio- y Héctor Maidal -abogado especializado en defender a multinacionales-, quedan a cargo de sectores importantes de la economía nacional”.

Estos dos funcionarios se asociaron en un estudio jurídico y hoy forman parte de los bufetes más importantes del país. Entre sus clientes se encuentran corporaciones como Citibank o CEO de multinacionales como el flamante ministro de Energía, Juan José Aranguren. Bosisio explicó que Maidal y Klein  tenían un doble juego:, mientras ocupaban cargos públicos, defendían desde sus estudios jurídicos a las multinacionales y sobre todo a bancos extranjeros.

Otro nombre rutilante acusado de complicidad con los militares es el de Jorge Zorreguieta -padre de Máxima, la reina de Holanda-, quien fuera miembro de la Sociedad Rural, a cargo de la Secretaria de Agricultura. También pueden agregarse el primer interventor del BCRA, Alfredo Cassino, y su sucesor, Alfredo Diz, un economista neoliberal discípulo de Milton Friedman. También formaron parte del aparato económico estatal el dueño de la fábrica de electrodomésticos Longvie, Christian Zimmerman, quien fuera viceministro de Economía; Narciso y Juan Ocampo –autoridades del Banco Ganadero Argentino- que asumieron al frente del Banco Nación y Juan Alfredo Echebarne –mano derecha de Martínez de Hoz y amigo del por entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy- que estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Valores.

Los Ocampo, además, fueron investigados por el secuestro y los tormentos sufridos por los hermanos Iaccarino, empresarios que fueron extorsionados para desprenderse de sus bienes económicos. Por su parte, Echebarne se encuentra actualmente en prisión por haber sido cómplice de delitos de lesa humanidad en el caso Banco de Hurlingham. La situación de este último funcionario fue estudiada a fondo por Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Bosisio en una investigación publicada en 2013 por la Comisión Nacional de Valores. Estos aportes permitieron documentar que Echebarne presenció torturas y extorsiones: “Empresarios secuestrados reconocen las voces de Echebarne y René Garris, y si bien no saben si aplicaron ellos las torturas, estuvieron presentes y preguntaban. Por ende, son partícipes de delitos de lesa humanidad. Los militares sabían qué preguntarle a los militantes, pero no a los empresarios, entonces llegaban los técnicos y participaban. Veían un cuerpo torturado, cómo se violentaban los derechos humanos y no decían ni hacían nada para detener eso porque son partícipes”, detalló Bosisio, y agregó: “Con el informe que nosotros armamos, mostramos con pruebas cómo hubo participación directa en la toma de decisiones de favorecer a una empresa u otra. Cabe suponer que beneficiaron a algunos grupos y hasta aprovecharon la información extraída bajo tortura para tomar ciertas decisiones. En ese sentido, la justicia pudo obrar y meterlo preso a Echebarne, pero a Garris todavía no, y uno puede suponer que como él hubo otros personajes similares”.

Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.

Marcha y escrache de agrupación HIJOS a Vicente Massot y Carlos Blaquier el 23 de mayo de 2015.

Casos notables

Entre los casos paradigmáticos, aparecen en primera instancia los vinculados directamente a Martínez de Hoz como empresario: la siderúrgica Acindar y la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. En la primera firma, Martínez de Hoz abandona el directorio dos semanas antes de que se diera el golpe y deja en su lugar al general retirado Alcides López Aufranc a cargo de la empresa. López Aufranc –fallecido en abril de este año- participó de la represión en una huelga ocurrida el año anterior a su asunción y poco después se jactaba de que 23 empleados ya no darían problemas porque “estaban bajo tierra”. “En el caso de la Ítalo –explica Kosiner- Martínez de Hoz era uno de sus accionistas. Y en un momento en que la política militar se caracterizaba por reducir el gasto público, decidió contradictoriamente estatizar la empresa y pagar cuatro veces más de lo que valía. El Estado compró cables viejos que no tenían ningún valor, hicieron un negociado enorme”.

En el caso del Banco de Hurlingham, veintinueve personas correspondientes al directorio de la entidad fueron secuestradas y llevadas a Campo de Mayo. Allí fueron torturadas e interrogadas por miembros de la Comisión Nacional de Valores, dato que fue corroborado por el juez federal Daniel Rafecas en 2010, a partir de una nota en la cual el Teniente Coronel Raldes agradecía al organismo por los servicios prestados de cuatro técnicos de esa institución.

El caso de Papel Prensa –que permitió el despegue de Clarín hasta obtener una posición dominante en el mercado- también es paradigmático. En ese caso, Lidia Papaleo de Graiver denunció haber sido secuestrada y obligada a vender a precio vil su paquete accionario, tanto ella como los demás socios. Casos como los de las automotrices Ford y Mercedes Benz, donde desaparecieron obreros sindicalizados y militantes, también marcan una clara participación entre los civiles y los militares para la violación de derechos humanos.

Futuro

Celeste Perosino, titular de la subgerencia de derechos humanos del Banco Central, opina que es necesario continuar abriendo la agenda de los derechos humanos: “Hay que saldar deudas históricas y mirar para la dictadura, porque aquellas políticas proyectaron continuidades en democracia. De hecho, por ejemplo, en la CNV muchos de los que llegaron con los militares siguieron trabajando hasta los 90”. Codianni complementó: “Cuanto más se hable de las cuestiones, más se abran los archivos, más servirá. Aunque sea para la historia y para que las cosas no se repitan. Y, por supuesto, se juzgue lo que tenga que juzgarse”.

El proyecto de Recalde recientemente aprobado había recibido el rechazo de las grandes corporaciones: los primeros en quejarse fueron UIA, IDEA, AEA y la Cámara Argentina de Comercio.  Una de las críticas fundamentales fueron que se buscaba perseguir y estigmatizar a los empresarios y que el Poder Legislativo buscaba suplir funciones del Judicial. “La comisión bicameral –respondió Recalde- no juzga, ni lesiona garantías constitucionales ni afectan la división de poderes establecida por la Constitución”.

“Uno podría preguntarse por qué ahora –completa Perosino- Me parece que tiene que ver con una cuestión histórica, hubo otras urgencias de investigar antes de meterse en la pata económica. Hubo que tapar otros baches, tratar de avanzar por lo más urgente, y me parece que eso también tiene que ver con un cambio de poder y hurgar en la pata cívica del asunto”.