Ago 29, 2017 | Comunidad
Cumplir la ley. Ese fue el pedido de trabajadores de emisoras FM sin fines de lucro, el viernes pasado, ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en octubre de 2009 pero aun sin su plena ejecución. Es que, entre sus diversos artículos, no se está cumpliendo con uno de los objetivos establecidos por la ley: “La administración de espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”. Y en este sentido, el 33 por ciento del espectro radioeléctrico destinado a los medios privados sin fines de lucro, como se dispone en el artículo 89, no se ha ejecutado en la práctica. De aquí, el pertinente reclamo de los trabajadores de medios comunitarios al ENACOM.
El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro. Unas quince personas -la pequeña cantidad fue intencional debido a que la idea no era lograr una llamativa movilización, sino reclamar de la forma más pacífica posible- se reunieron alrededor de las 10 de la mañana, ante la atenta mirada de los policías encargados de la seguridad del ENACOM. Inés Farina, periodista de Radio Sur, contó a ANCCOM instantes previos a la presentación del escrito: “Antes de ingresar al ENACOM para presentar el reclamo, nos juntamos afuera y la policía nos vino a preguntar quiénes éramos. Después, cerraron las puertas de acceso pero nos dijeron que nos iban a dejar pasar”. A su vez, otro trabajador de Radio Sur, Leonel Martín, planteó: “Vinimos a hacer una presentación formal de pedido de apertura de concurso para radios sin fines de lucro, porque está vigente el artículo de la ley que establece que el Estado debe garantizar y reservar un 33 por ciento del espectro para las emisoras sin fines de lucro y esto no se está cumpliendo”.
El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro.
Finalmente, pasadas las 10.30, cuatro trabajadores pudieron ingresar al ENACOM. En la cobertura del hecho, el único medio audiovisual que se hizo presente fue Barricada TV, otro medio alternativo y popular que logró, a finales de junio de este año, salir al aire con alcance hacia toda la Ciudad de Buenos Aires. Natalia Vinelli, fundadora de Barricada TV y pionera en los estudios sobre comunicación alternativa, también estuvo acompañando el reclamo. En diálogo con ANCCOM manifestó: “Siempre vamos a exigirle al Estado que se abran los concursos de licencias para las radios comunitarias. Los canales comunitarios tienen todo preparado para la apertura de los concursos, que es, en definitiva, la demanda histórica del sector”. Consultada por la importancia de los medios alternativos, explicó que se trata de la posibilidad de que “circulen otras voces y, sobre todo, otras fuentes que no suelen ser consultadas por los medios tradicionales”. Y enseguida agregó: “Sin medios comunitarios, no hay democracia, porque los medios comunitarios pueden poner en circulación opiniones, miradas del mundo, perspectivas, que no son las que habitualmente nos encontramos en los medios tradicionales y que, en general, son el elemento que constituye la opinión pública”.
A las 11, los trabajadores representantes de las radios comunitarias salieron del edificio. Entre algunos aplausos y saludos, Mariano Randazzo relató la experiencia: “Vinimos a pedir que el Estado legalice nuestra experiencia de comunicación. Las radios comunitarias, alternativas y populares, son alegales, es decir, tienen la vocación de ser legales pero el Estado no arbitra mecanismos para que esto suceda”. Sin embargo, luego reveló cuál fue el verdadero objetivo de la presentación escrita: “Sabemos que no nos van a dar la licencia pero queremos tener un paraguas legal porque en el contexto de este gobierno, nuestras radios corren peligro. Esto se ha visto en otras emisoras en las que se han incautado equipos”. Ante la pregunta de si percibía una posible presión de los medios comerciales para que no se cumpla la ley, Randazzo contó que el espectro radioeléctrico está saturado y que los medios comerciales están excedidos en su potencia: “El Estado, como un actor imparcial, debería limitar esas potencias, llevar a cabo el plan técnico y reservar un tercio del espacio para los medios sin fines de lucro. Queremos que la ley nos incluya, queremos ser legales. Nosotros existimos, queremos que el Estado nos reconozca”, cerró el referente de la concentración.
“Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”.
Otro de los puntos del reclamo fue el pago del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un dinero que el Tesoro Nacional destina, a través de la LSCA, a fomentar la comunicación sin fines de lucro. Es que los FOMECA 2015 no se han terminado de pagar en su totalidad, mientras que los correspondientes al 2016 fueron convocados recién en este año, tras una movilización de los trabajadores de emisoras comunitarias. Ni hablar de los FOMECA 2017. “Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”, señaló Leonel Martín y continuó: “Todo esto en contra de una política que consiste en un mecanismo redistributivo, que puede favorecer la democratización de la palabra y de los medios”. Inés Farina se expresó en el mismo sentido: “Me parece que se está siguiendo una línea política nacional y es lo que se observa en el recorte de los FOMECA”. “Con la creación del ENACOM, se hace un organismo mucho más dependiente del Poder Ejecutivo, con mucho menos participación de otros sectores que no sean del gobierno y por lo tanto, menos democrática la aplicación de las políticas que debe regular el ENACOM”, sintetizó Martín.
La periodista Farina hizo saber a ANCCOM: “Un pueblo democrático es un pueblo que pueda garantizar que la gente se junte y pueda tener proyectos colectivos y eso enaltece a un sociedad. No es que somos comunitarios porque no nos queda otra, somos comunitarios porque lo elegimos”.
Actualizada 30/08/2017
Jul 26, 2017 | Trabajo
El ajuste que aplica el gobierno afecta también a los medios de comunicación. En los casos del diario Página 12 y de Radio Del Plata lejos de caer sobre los dueños, perjudica a sus trabajadores. Pago de salario en cuotas y con demora, adeudamiento de aguinaldos y retraso en el pago de haberes previsionales son los mayores problemas con los que deben lidiar, por lo que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) exige una solución inmediata.
Tanto Página 12 como Del Plata tenían afinidad editorial con el kirchnerismo, que distribuía la pauta oficial de manera diferente a la que lo hace el gobierno encabezado por Mauricio Macri y permitía que hubiese medios que se sostuvieran con ese ingreso primario. Fernando Dondero, secretario general de Sipreba, destacó esto como uno de los disparadores de la crisis y dijo: “Se da un quiebre con la gestión de Cambiemos y cómo manejan la pauta oficial”. Además, en el caso de Del Plata agregó: “La radio recibía bastante dinero porque tuvo un uso político”.
Aparte de secretario general, Dondero es delegado de Sipreba en Página 12 y en ese rol expresó que, si bien tienen trato con los directivos del Grupo Octubre, de Víctor Santa María (titular del sindicato de porteros y del Partido Justicialista porteño), no responde a sus demandas. “La patronal está abierta al diálogo, pero no se soluciona el problema. Con quién más nos reunimos es con el director ejecutivo del grupo, Francisco Meritello”, afirmó.
Reclamo salarial de los trabajadores de Radio Del Plata.
Ana Paoletti, otra delegada de Sipreba en Página 12, contó que hace dos semanas se canceló el aguinaldo pagado en cuatro cuotas y también se solucionó la falta de viáticos para los fotógrafos que los llevó a hacer un paro el 7 de julio. Sin embargo, aún tienen reclamos sin respuesta y destacó: “Deben pagar un 12% de aumento correspondiente al insuficiente acuerdo que hicieron con la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) del 20% firmado en mayo (se dará en tres cuotas) y es retroactivo desde ese mes hasta hoy, pero no lo han hecho. Además, se comprometieron a blanquear a los compañeros del portal digital Diario Z y que dependan de Página/12 desde agosto”.
Paoletti dijo que los problemas se desataron el año pasado a partir del pago diferido de sueldos y aguinaldo en cuotas y relató que el Ministerio de Trabajo los convocó varias veces, pero no les ofrecen soluciones concretas. Debido al conflicto, han tomado distintas medidas de fuerza. “Hemos hecho paros, ediciones con retiro de firmas, una mateada en la puerta y hay asambleas constantes”, expresó. Además, marcó que la primera semana de agosto deben pagarles los sueldos y saldarles lo adeudado, “si no cumplen, vamos a seguir con los reclamos hasta que brinden una solución real”, añadió.
La situación en Radio Del Plata es un poco más compleja. Desde diciembre de 2015 se iniciaron las irregularidades, con el pago en cuotas de los salarios. Al principio, si bien fraccionaban el sueldo, pagaban su totalidad dentro del mes, pero a partir de febrero de este año reina la incertidumbre y los trabajadores no saben cuándo van a cobrar. Se les adeudan tres meses de salario, dos aguinaldos, hay falta de pago de haberes previsionales y de obra social que llegan al año. Este último ítem constituye un delito penal, pero pareciera no ser tomado en cuenta.
“La patronal está abierta al diálogo, pero no se soluciona el problema», dijo el delegado de SipreBa.
El miércoles pasado hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo para exigir que intervengan y les den respuestas a los trabajadores damnificados. En esa reunión, los dueños se comprometieron a pagar algunas deudas, pero no han cumplido. “La patronal alega que busca compradores para la radio y que se hagan cargo de la deuda porque no tienen dinero”, dijo Dondero.
La empresa responsable de Del Plata es Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta. Legalmente, el dueño es el Grupo Empresarial Argentino S.A. que componen Sebastián Ferreyra, Santiago Acosta, hijos de los ya citados, y otros accionistas minoritarios como el Swiss Medical Group, de Claudio Belocopitt, y Marcelo Tinelli.
Los 150 trabajadores de la radio (entre contratados y efectivos) esperan una definición de la situación de una emisora que parece agonizar. Paros rotativos y que no salga la programación completa son algunas de las medidas de fuerza que se han tomado durante el conflicto. “Del Plata llegó a ser cuarta en cantidad de oyentes y esto la afectó. Se le fueron conductores, columnistas y se achicó el personal porque algunos se consideraron despedidos por falta de pago”, expresó Dondero.
El viernes pasado otro conflicto gremial de prensa se hizo público, cuando se viralizaron las imágenes de un ruidazo en la redacción del bisemanario Perfil, la forma que utilizaron los periodistas de reclamar el pago atrasado de su aguinaldo.
El secretario general de Sipreba alertó que hubo 1.400 despidos en el área de prensa en la ciudad y 2.500 en el país durante los últimos dos años. “Hay peligro de que se pierda el pluralismo y se escuchen solo unas pocas voces. Sin trabajo no hay libertad de expresión”, reflexionó.
Actualizada 26/07/2017
Jul 18, 2017 | Trabajo
Enzo Moreira, periodista de la agencia estatal Télam, preguntó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre las denuncias de sobreprecios en la obra pública de su gestión. Al día siguiente, el trabajador de prensa se quedó sin trabajo. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunciaron que el caso es un “un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento”, mientras que las autoridades niegan que haya sido así y alegan que finalizaba el plazo de su contrato.
Los trabajadores despedidos son Moreira y Alejandro Ledesma, ambos del sector audiovisual, y a ellos se le suma Andrea Holgado, dejada sin trabajo con anterioridad. “Coarta la libertad de prensa y disciplina a los demás -afirma Francisco Basualdo, delegado de Sipreba en la agencia-, porque si ves que eso le pasa a un compañero, ¿cómo salís a trabajar y preguntás libremente? No podés”.
Durante la cobertura del anuncio de la demolición del “Elefante Blanco”, el edificio de Lugano que hace setenta años se pensó como un hospital pero donde se terminó estableciendo un barrio de emergencia hace décadas, Moreira le había preguntado a Rodríguez Larreta sobre denuncias que proliferaron acerca del pago de sobreprecios en la obra pública. Tras el episodio, las autoridades le reprocharon su accionar. Y al día siguiente, la gerenta de su sector, Magdalena Cash, le informó que no se le renovará su contrato. Argumentó razones presupuestarias.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunciaron que el caso es un “un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento”.
En las únicas declaraciones que dio sobre lo sucedido el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, le negó a Romina Manguel, en su programa de Radio Nacional, que existiera el reproche. Pousá aseguró: “La pregunta desde el punto de vista periodístico es correcta” y añadió: “El periodista no fue despedido, tenía contrato por tres meses y a los dos implicados se les vencía el 10 de julio y no se les iba a renovar”. Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, que tiene bajo su órbita a la agencia, estuvo de acuerdo con Pousá y hasta sugirió que la pregunta pudo haber sido formulada por Moreira con la intención de permanecer en Télam a pesar de saber que terminaba su contrato.
Desde Sipreba rechazaron los dichos de Lombardi y señalaron que Pousá miente respecto a que no hubo recriminaciones y que a los periodistas no se les iba a renovar el contrato. Raúl Ferrari, otro delegado de Sipreba, afirmó: “Al día siguiente de los reproches por la pregunta a Larreta le dijeron a Moreira que no venga más. Hasta ese momento iba a continuar, de hecho, estaba acreditado para la cumbre del Mercosur que se hace esta semana (del 17 al 21 de julio) en Mendoza”. Los sindicalistas de prensa cuestionan la validez de los contratos temporales; aducen que el convenio colectivo del sector marca que después tras 28 días de labor el periodista debe ser incorporado a la planta permanente del medio.
A raíz de los despidos, los trabajadores de Télam realizaron una asamblea y decidieron hacer un paro el martes pasado desde las 15 hasta las 22. También hubo un cese de actividades durante dos horas el jueves. Las demandas, según tres delegados de Sipreba son: que reincorporen a los periodistas despedidos, que se abra la discusión sobre la paritaria y el rechazo al proyecto oficial de achicar el área publicitaria. Por su parte, otro delegado, Mariano Suárez, añadió: “(las autoridades) pretenden que Télam tenga la misma agenda que Clarín y La Nación. Quisiéramos participar en los contenidos de la agencia”.
Respecto al reclamo sobre el sector publicitario, Basualdo señaló: “El proceso administrativo y contable de la pauta oficial aún estaba en Télam, si bien se fue descentralizando hace varios años. Hoy, por decisión de la Jefatura de Gabinete, ese trabajo pasa a sus manos”. Ferrari, por su parte, teme un vaciamiento del sector y destacó: “Entre 100 y 120 trabajadores están sin funciones por esa medida, hay incertidumbre de lo que pueda pasar tras las elecciones por el ajuste del que se habla”.
Los delegados esperan negociar con las autoridades y obtener soluciones. Sin embargo, advirtió Basualdo: “Asumimos como comisión gremial interna en octubre pasado y Pousá nos recibió una sola vez” y Ferrari concluyó: “Vamos a esperar el llamado del Directorio, sino en diez días vamos a llamar a otra asamblea y veremos qué se decide”.
A raíz de los despidos, los trabajadores de Télam realizaron una asamblea y decidieron hacer un paro el martes pasado desde las 15 hasta las 22.
Actualizada 18/07/2017
Jul 6, 2017 | Trabajo
El viernes pasado, a última hora, la Comisión Nacional de Valores anunció la fusión entre las empresas de Telecom Argentina (Fintech Advisory) y Cablevisión Holdings (Grupo Clarín). Si bien el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aún no se expidió sobre el caso, fuentes cercanas al organismo dejaron trascender que la autoridad regulatoria no se opondría a la operación, con lo cual la responsabilidad podría quedar en manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia luego de que las dos empresas formalicen la fusión por absorción. ANCCOM dialogó con los especialistas en materia de comunicaciones, Glenn Postolski, Fernando Krakowiak y Diego Rossi, para comprender el impacto social y político de esta fusión sin precedentes en la historia de los medios de comunicación en Argentina.
«La fusión con Telecom constituye la consumación definitiva del triunfo político del Grupo Clarín sobre quienes buscaron impulsar una regulación capaz de ponerle freno a la concentración del mercado audiovisual. Si bien el desmembramiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya había significado un punto de quiebre, esta compra posiblemente convertirá a la sociedad que surja de la fusión en la empresa argentina más grande del país”, explicó Krakowiak, periodista de Página/12 y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. En la misma línea, Rossi, maestrando en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, y profesor de la UBA, opinó que “desde el DNU 267 de 2015, el gobierno de Cambiemos fue tomando medidas que permitieron que esto sea posible. Invocando la libre competencia, han producido una concatenación de compromisos políticos que vienen desde la campaña presidencial. Puede ser un buen negocio para Clarín y David Martínez (empresario mexicano titular de Fintech), pero si lo vemos desde el lado de lo público existe un conflicto de intereses. Los que perdieron fueron todos los argentinos. El gobierno negoció su autonomía y su capacidad regulatoria en función de los intereses de estos medios”.
Por su parte Postolski, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales y titular de la materia Políticas y Planificación de la Comunicación, sostuvo: “que el principal grupo multimedios se posicione como una de las empresas dominantes, formando un conglomerado de comunicaciones que pasa a ser una de las principales empresas del mercado, -tanto en la producción de contenidos como en la distribución- distorsiona o genera condiciones para que las corporaciones tengan cada vez mayor peso”.
Socios desde 2005 por la compra de Cablevisión, la composición accionaria de la nueva firma tendrá como accionista mayoritario a Fintech, con un 41% de las participaciones, mientras que el Grupo Clarín obtendrá un 33% del capital accionario. El resto de las posesiones cotizarán en el mercado. La nueva unión entre las empresas apunta a una estrategia de complementariedad de servicios que le permite reforzar sus posiciones en el mercado. El Grupo Clarín, a través de Cablevisión Holdings, ingresará definitivamente al mercado de la telefonía móvil; en tanto que Telecom, podrá acceder al segmento de televisión por cable. “En realidad es la primera vez que va a suceder, porque regulatoriamente estaba prohibido que las telefónicas brinden televisión paga; con esa prohibición efectiva el cuádruple play no se podía brindar – apuntó Krakowiak -. Lo que estableció el ente regulador es que a partir de enero de 2018 las telefónicas puedan brindar televisión paga, entonces en este caso Telecom/ Clarín van a poder ofrecer un combo (eventualmente, no digo que lo vayan a ofrecer) en el cual incluyan televisión paga, telefonía móvil, telefonía fija y banda ancha. Ahí estaríamos frente a la oferta de lo que se conoce como cuádruple play”.
Monopolio en el interior del país:
Los tres especialistas coincidieron en que uno de los principales puntos de conflicto que traería la consolidación de esta nueva estrategia de negocios por parte de ambos conglomerados comunicacionales sería que, en muchas zonas del país, la empresa puede funcionar como la única prestadora del servicio de internet por banda ancha. “Hay muchas localidades del país donde Telecom y Cablevisión son las únicas dos empresas que ofrecen el servicio, y en esos casos va a quedar un solo operador –señaló Krakowiak-. Es probable que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, al momento de evaluar la aprobación de la operación de concentración económica resuelva fijar algunas exigencias para la aprobación y puede ser que desinviertan en algunas de estas localidades o ver la posibilidad de que ese mercado sea desafiable por otros operadores. Todo dependerá de la voluntad política del gobierno. Hasta ahora no ha demostrado ser muy exigente para con ese grupo”.
La situación del monopolio, según Postolski, traería como una de las consecuencias que “sólo ellos tendrían capacidad de llegada y capacidad de imponer los precios, lo cual es un condicionante para el acceso a la información de una buena parte de la sociedad, en particular de esas localidades”. En tanto, Rossi consideró que este escenario “es insostenible porque existen zonas donde no habría competencia”, de modo que “la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debería anularlo y exigirles a los actores abrir el panorama, si no se produce una convergencia asimétrica”.
Espectro y convergencia, sus flexibilizaciones
La asignación de espectro dispensada por el Estado en los últimos meses, según indicó Krakowiak, “si bien se hizo en el marco de una negociación, fue de manera poco transparente la forma en que el gobierno la llevó a cabo tanto con Clarín como con las tres grandes telefónicas, una de las cuales ahora es de Clarín”. El problema es que el espectro fue asignado – aunque aún no adjudicado- por el Estado tanto a Clarín como a las telefónicas, a demanda y no mediante una licitación pública, en donde debe haber una puja por el precio, para que de esa forma el Estado pueda incrementar los ingresos del activo que vende. Krakowiak explicó que “con Clarín hubo una jugada polémica porque compró unas empresas que tenían un espectro destinado a un determinado uso y una vez que tenía asignado ese espectro y esas empresas, pidió el cambio de función de ese activo”. Es decir, el espectro que compró no era apto para brindar telefonía móvil, pero una vez adquirido pidió cambiar su función y utilizarlo para esos fines. “Cuando lo compró lo pagó a un precio mucho más bajo que lo que se tendría que haber pagado si se vendía para brindar telefonía móvil”, subrayó el especialista, y agregó: “No está mal, de por sí, otorgar el espectro a las empresas, el tema es qué contraprestaciones se fijan a cambio de ese espectro. No sólo en cuanto a lo que pagan esas empresas para hacerse de ese activo, sino también por los posteriores compromisos de inversión que asumen para mejorar el servicio a partir del uso de ese espectro”.
Si bien no hubo muchas declaraciones por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, expresó en el programa radial «Y ahora quién podrá ayudarnos», que estaba de acuerdo con que hay que tener cuidado con la concentración de medios pero que “hoy en el mundo tener servicios de Internet separados de los de la telefonía no tiene futuro, esto es la convergencia».
En referencia a esto Postolski explicó que “lo que aparece como parte de un discurso tecnológico, donde la convergencia es una panacea, en realidad se busca por detrás que exista una empresa con una posición cada vez más consolidada en los distintos sectores del mercado de las telecomunicaciones y la comunicación, lo cual termina siendo una barrera para la aparición de otros competidores”.
En relación a este tema, Krakowiak aclaró que “no necesariamente brindar servicios convergentes es sinónimo de brindar servicios de manera monopólica o dominante. Podrían brindar servicios convergentes varias empresas. Está claro que en el mundo no hay decenas de empresas en los mercados que se repartan en porciones iguales, siempre son dos, tres o cuatro y depende de la regulación y de los límites que se impongan a la concentración del mercado”. Para el caso argentino, explicó, “esos límites que ponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se flexibilizaron, y entonces la responsabilidad de regulación que tiene el gobierno queda en manos de la Oficina Nacional de Defensa de la Competencia”.
En cuanto al rol del Estado como interventor, Postolski sostuvo que “tiene como objetivo mejorar el servicio y evitar posiciones monopólicas. Yo creo que en un mercado que concentra cada vez más la lógica de negocio, donde todo está pasando por la telefonía celular, bien vendría repensar cuál debería ser el rol de la intervención del Estado en ese sector. Regularlo y generar condiciones de servicio universal y de abaratamiento para mejorar el servicio para el conjunto de los ciudadanos”.
Actualizada 06/07/2017
Jul 6, 2017 | Trabajo
A poco más de 48 horas de la intervención al sindicato dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, los trabajadores del gremio de repartidores de diarios se reunieron en asamblea frente a la sede ubicada en Venezuela 2365 y declararon el estado de alerta y movilización. El secretario general desplazado, Omar Plaini, volvió a repudiar la medida: “Hay una intención jurídica y política, porque esto es cosa juzgada. Además, es incomprensible porque el juez no tiene facultades, es un juez penal correccional”, dijo en diálogo con ANCCOM.
La asamblea de los canillitas contó con el apoyo de la CGT, a través del Movimiento de Acción Social Argentino (MASA) y la Corriente Federal, las regionales de la CTA, las juventudes sindicales de diferentes centrales obreras y otras organizaciones sindicales como aeronáuticos, curtiembre, dragado y balizamiento y alimentación. Con el de los repartidores de diarios ya suman cuatro los sindicatos que fueron intervenidos por la Justicia desde que Mauricio Macri asumió como presidente.
En la calle Venezuela, entre Alberti y Pichincha, se montó un escenario en el que, luego de enumerar las organizaciones sociales, políticas y sindicales que manifestaron su solidaridad, Plaini se dirigió a sus compañeros. El dirigente se refirió a la tradición de lucha del gremio y enumeró las seis intervenciones anteriores sufridas entre 1955 y 1989.
Además, cruzó al gobierno nacional por sus políticas, señaló el aumento de la pobreza, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la deuda. Finalizó con una convocatoria a la unidad de los dirigentes gremiales de cara a un “cese de actividades con movilización”.
Consultado por los motivos políticos detrás de la intervención, Plaini declaró a ANCCOM: “Este es un sindicato comprometido que ha peleado contra los grandes monopolios de la comunicación y se ha expresado públicamente a favor de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en el frente de Unidad Ciudadana. Estas cosas después te las cobran”.
La orden judicial se cumplió el lunes cuando más de cien efectivos de Gendarmería allanaron el edificio que al día de hoy permanece ocupado por esa fuerza. Solo quedaron disponibles para los trabajadores la planta baja y el primer piso, necesarios para el funcionamiento de la obra social. La decisión de Martínez de Giorgi se basa en una causa del año 2013 a raíz de una impugnación de las elecciones de ese año presentada por una lista opositora, que derivó en una denuncia en el fuero laboral. La elección fue convalidada por la Cámara 10 de dicho fuero y luego apelada. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia se expidió de manera unánime a favor de las autoridades electas.
Desde que asumió en 2006, la actual conducción mantuvo un enfrentamiento con el Grupo Clarín por los porcentajes del precio de tapa y los días no laborables para los trabajadores del gremio. Gracias a la lucha, los canillitas lograron tener libre su día, el 7 de noviembre, lo que se consagró por ley en el año 2007.
Con el apoyo de organizaciones sociales, políticas y sindicales, Plaini aseguró que darán pelea para recuperar el sindicato y señaló que trabajarán en una doble vía con ese objetivo. “Por un lado las presentaciones en la causa penal y en el fuero laboral, y por el otro la calle”, puntualizó. Todavía sonaban los aplausos y voces de aliento.
Actualizada 06/07/2017
