Renunció el juez que llevaba la causa de Arshak Karhanyan

Renunció el juez que llevaba la causa de Arshak Karhanyan

El caso había sido expuesto por Leandro Santoro en el debate entre candidatos a Jefe de Gobierno. La familia del policía desaparecido en 2019 cuestionaba al magistrado por la parálisis de la causa.

Conferencia en el Congreso al cumplirse cuatro años de la desaparición de Arshak Karhanyan.

El lunes 2 de octubre el abogado de la familia del policía Arshak Karhanyan había pedido el reemplazo del juez Alberto Baños por no avanzar en la investigación. Esto ocurrió luego de que en el primer debate entre los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad, el postulante de Unión por la Patria, Leandro Santoro, interpelara al candidato oficialista Jorge Macri, en una caso extraño que lleva cuatro años cajoneado.  Karhanyan, había trabajado en la División Exposiciones que custodiaba las escuchas ilegales durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Solicitamos el apartamiento del juez Baños de la causa de Arshak Karhanyan quien acaba de renunciar hace unos días. Eso cambia el panorama. Ahora vamos a hacer nuevas presentaciones ante un magistrado nuevo para ver si podemos avanzar con la causa”, dijo Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos y representante de la familia de Arshak. Luego de su entrevista con ANCCOM se conoció que el titular del juzgado en lo Criminal y Correccional Nº27 de Capital Federal había presentado su renuncia y que la misma fue aceptada el 22 de septiembre pasado. 

Una semana después –el 27 de septiembre– , durante el debate de candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Santoro recordó:  «Hace cuatro años que falta un policía. Falta Arshak. No hemos logrado que el jefe de Gobierno reciba a su madre. No existe una imagen de Arshak en ningún patrullero ni comisaría. Es asombroso que en una ciudad como esta nos falte un policía, y la mayoría de ustedes se está enterando por mí. Es crucial que la verdad salga a la luz y que le informemos a la madre sobre el paradero de su hijo».

Arshak Karhanyan, oficial primero de la Policía de la Ciudad, tenía 28 años al momento de su desaparición, vivía en un departamento alquilado en Caballito y estaba estudiando ingeniería informática en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Fue visto por última vez el domingo 24 de febrero de 2019 luego del mediodía mientras estaba de franco. Su hermano mayor, Tigran, fue a buscarlo al día siguiente y no lo encontró. Hizo la denuncia 48 horas después en la misma comisaría donde trabajaba y le dijeron que esperara hasta el miércoles a la mañana, cuando le tocaba volver al servicio, al que nunca regresó.

Rosa Karhanyan, madre de Arshak.

Una cámara de seguridad captó ese domingo a Arshak teniendo una tensa charla de treinta y seis minutos en la vereda de su casa con Leonel Herba, quien había sido su compañero en la División de Exposiciones de la Policía porteña. Salió de su departamento, dejó sus dos teléfonos celulares y su moto en la puerta. Aparentemente portaba su arma reglamentaria y su placa. Llevó su tarjeta de débito y otros elementos que jamás fueron hallados. Un rato más tarde, fue a un cajero Link cerca de la estación Primera Junta de la Línea A del subte donde sacó dos mil pesos, cambió su clave, y se dirigió a un supermercado Easy donde compró una pala de punta que pagó en efectivo y guardó en su mochila. A partir de allí, no existen más filmaciones que permitan conocer su ubicación.

La fiscalía pidió preservar todas las filmaciones a cinco cuadras del local y de la casa del policía desaparecido, pero cuando pidieron las del día y hora de la desaparición la Policía de la Ciudad mandó a la fiscalía las de dos días después. El primer rastrillaje de la fuerza de seguridad porteña duró pocos minutos y lo hicieron con poco personal. El peritaje sobre el celular personal de Arshak fue realizado por la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad –creada por el exministro de Justicia y Seguridad Eugenio Burzaco– que devolvió el teléfono con un cartel que decía “desactivado” y así no se pudo saber con quién habló en los días en los que desapareció.

El principal cuestionamiento que denuncia la familia y los organismos de derechos humanos es que la Policía de la Ciudad, principal sospechosa del hecho, sea la encargada de realizar la investigación y el peritaje en la causa. Sin embargo, el juez Alberto Baños lo desestimó. También rechazó el cambio de carátula a “Desaparición forzada” para que pueda ser tratado en un juzgado federal, así como el pedido de citar a declarar como imputado a Herba, argumentando que no había suficientes pruebas, a pesar de que en las conversaciones con su pareja Jazmín Soto, obtenidas en la intervención de su celular. ella le dice: “Y a vos que te buscan por hacer desaparecer gente, yo no te voy a cubrir más”.

“Al nuevo juez en primer lugar le vamos a pedir que reciba a la mamá de Arshak. También va a ser bueno tener una audiencia y ver algunas medidas pendientes. La idea es retomar las pruebas que Baños había desestimado y pedirle que aparte a la Policía de la Ciudad de la investigación”, continuó Mariano Przybylski y, agregó, que “lo último que queríamos que haga Baños era pedir a Gendarmería o algún otro organismo sistematizar la información de ADN de personas no reconocidas que hay en otras causas judiciales para hacer una comparación de perfil genético con Arshak”, una pesquisa también eludida en la causa.

Según entiende Przybylski, a  partir de ahora resulta posible abrir línea investigativa en relación con otros expedientes en proceso, como los caratulados como NN. “También vamos a volver a pedir que citen a Herba a indagatoria”, subrayó.

Según cuentan sus familiares, Arshak no estaba contento dentro de la policía. En su círculo íntimo comentaba que algunos de sus compañeros ingresaban a la fuerza para robar y hacer negocios. “Estuvo trabajando durante un tiempo en la División de Exposiciones, que se encarga de allanamientos, operativos en la vía pública, cosas un tanto especiales, porque ahí también se guardaban las escuchas telefónicas ilegales que había ordenado Macri en su momento. Una de las hipótesis es que posiblemente haya visto algo que no sólo comprometía a un superior, sino a alguien de mucho más nivel como un funcionario de mucha jerarquía. Algo vio, algo sabía y se quiso abrir”, dice en diálogo con ANCCOM el periodista Eduardo Silveyra, autor de La Gorra. Prontuario de la Policía de la Ciudad.

“Es muy sintomático todo el proceder del Gobierno de la Ciudad, como entregar los registros de las cámaras de seguridad de otros días. Y otra cosa llamativa que es parte del diseño que tiene esta fuerza para ocultar cosas o entorpecer la investigación”, explica Silveyra. “La causa cayó en el juzgado de Baños, un juez sumamente experimentado en entorpecer y cajonear causas. Una de sus primeras fue la profanación del cadáver de Perón. El tipo hizo todo lo posible para que la causa no avanzara y al final prescribiera”, cerró el periodista especializado.

De momento, la continuidad del proceso depende del juez subrogante Martín Yadarola hasta la designación de un nuevo magistrado.

«Hay una decisión política de perseguir a ciertos sectores de la sociedad»

«Hay una decisión política de perseguir a ciertos sectores de la sociedad»

Ciento siete casos de violencia policial en un año, un sistema de encierro sobrepoblado y aumento de prácticas represivas, tal es el balance del nuevo informe del Mapa de la Policía, plataforma que visibiliza el accionar de la fuerza de seguridad porteña.

“La diferencia fundamental de la Policía de la Ciudad con el resto de las fuerzas es que desde su origen hasta hoy ha sido conducida por la misma alianza política”, afirmó la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú.

Lo hizo durante la presentación del Tercer Reporte del Mapa de la Policía, la plataforma que tiene como objetivo visibilizar casos de abuso policial. Verdú explicó la decisión de empezar por localizar la herramienta en territorio porteño: “No es casual que sea la fuerza de seguridad con el porcentaje más alto de muertes por gatillo fácil con el funcionario fuera de servicio pero con su arma reglamentaria”.

A un año de su lanzamiento, el último informe del Mapa –que abarca el primer semestre de 2023–, registró un total de 236 denuncias, de las cuales se decidió visibilizar 107. De estos casos, eligieron destacar e investigar la muerte del manifestante Facundo Molares como consecuencia de la represión policial.

“Queríamos desmentir con claridad la hipótesis que levantaban los medios de que había muerto por cuestiones que no tienen que ver con el accionar de la policía”, subraya Stephanie Darling, integrante del Equipo de Investigación Política (EdIPO), en diálogo con ANCCOM.

Con la herramienta colaborativa del Mapa buscan darle luz a prácticas reiteradas en materia de seguridad porteña. “No se trata de un policía particular, sino de una decisión política de perseguir, amenazar o violentar a ciertos sectores de la sociedad”, remarcó Ofelia Fernandez, la impulsora del proyecto, durante la presentación, realizada el pasado 26 de septiembre en FM La Tribu.

Además del caso de Facundo Molares, el Tercer Reporte considera que la elección de Gerardo Morales como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, días después de la represión al pueblo jujeño, fue el otro punto clave que evidenció una “sobreactuación” represiva del actual jefe de Gobierno porteño, que lo llevó a perder la interna con Patricia Bullrich, la principal representante del punitivismo en Juntos por el Cambio. Esta “carrera” electoral, según Ofelia Fernández, tuvo “un costo excesivamente alto”: el asesinato de Molares y 170 heridos en las movilizaciones de la provincia norteña.

Con un aumento del 900 por ciento en relación a 2020, hoy 1.400 personas están detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. “Están en condiciones indignas, las alcaidías no son espacios preparados para que las personas puedan alojarse. Que una persona esté privada de su libertad, no quiere decir que daba ser privada de todos sus derechos”, denuncia Stephanie Darling.

Frente a estos datos, el informe del Mapa de la Policía se pregunta el porqué del fenómeno. La respuesta es por la suba de presos durante el período 2015-2019, debido a la aplicación de leyes de endurecimiento penal, que se trasladan al Sistema Penitenciario Federal (SPF) porque CABA no cuenta con cárceles propias. “Y cuando el SPF cierra el ingreso, como hizo en 2020 para bajar su superpoblación, se empiezan a acumular en las comisarías y alcaidías”, consignan en el reporte.

Este tipo de medidas punitivas y los casos de violencia policial, para Ofelia Fernández, se relacionan con la inseguridad: “A veces la negligencia y el abuso policial explica la ausencia de seguridad en situaciones en donde hay demanda. Hay una conexión entre lo que se hace de más y lo que se hace de menos”.

La legisladora porteña opina que se debe abordar esta discusión de manera más profunda para no permitir que la dicotomía sea “seguridad o delincuentes”, y define al Mapa como un mecanismo para aportar datos y análisis concretos.

“Preferimos que los policías tengan miedo de ser denunciados en plataformas de estas características a que lo tenga un vendedor ambulante mientras hace su laburo», dice Ofelia Fernández.

El Mapa de la Policía funciona como una red de cuidados entre ciudadanos. “No queremos hacer una herramienta en contra de la Policía, pero es muy importante que todos tengamos la información necesaria sobre quién es la policía, qué debería cumplir y cuándo se trata de violencia policial”, precisa Stephanie Darling.

Tal como dijo Fernández, la creación de esta herramienta es una declaración política: “Preferimos que los policías tengan miedo de ser denunciados en plataformas de estas características a que lo tenga un vendedor ambulante mientras hace su laburo, o una persona que se está movilizando, o una mujer trans caminando por la calle”.

«Larreta es responsable»

«Larreta es responsable»

Miles de personas se concentraron en el Obelisco para reclamar contra la violencia de la policía de Horacio Rodríguez Larreta, tras el asesinato del militante y fotoperiodista Facundo Molares. Todos apuntaban a la responsabilidad del jefe de Gobierno porteño.

Son indefendibles, ¿vos viste los videos?”, se comentaban dos integrantes del Polo Obrero sobre el actuar policial, mientras armaban sus banderas y carteles que exigían justicia por Facundo Molares, asesinado debido a la represión, sin razón alguna, de la Policía de la Ciudad.

 Miles de personas de distintas organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y autoconvocados se congregaron en el Obelisco, el mismo lugar donde se produjo el asesinato, para pedir justicia. Se trató de un reclamo de urgencia y con poca organización pero con una demanda que exigía rapidez, “ni un muerto más por luchar”.

 Facundo Molares era un militante de izquierda y fotoperiodista, quien se encontraba en el Obelisco realizando una asamblea junto a compañeros para debatir la situación actual del país. Era un grupo reducido de militantes de la agrupación Votamos Luchar y Rebelión Popular que exponían a viva voz su cuestionamiento a las elecciones del domingo, a las que definían como “farsa electoral”.

 En medio de la manifestación, que transcurrió de modo pacifico y sin interrupción del tránsito, la Policía lo reprimió brutalmente hasta asesinarlo. Los videos que circularon en tiempo real mostraban a un agente aprisionando con su rodilla en el piso a Molares mientras este demostraba dificultades para respirar. Sus compañeros advertían a la policía que se estaba ahogando, sin que mediara el uso de la fuerza desproporcionada. Poco después, el militante dejó de reaccionar. La imagen hizo recordar el asesinato del afrodescendiente estadounidense George Floyd, que recorrió todo el mundo.

A través de sus redes sociales, el gobernador de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que el fallecimiento se debió a una “descompensación”. Además agregó: “quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia”. 

A pesar de la versión transmitida por el candidato de Juntos por el Cambio, los videos difundidos por los medios muestran todo lo contrario. Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda, declaró a ANCCOM: “Todos vimos los videos que circularon de cómo golpearon brutalmente a Facundo y sus compañeros. La responsabilidad es de la Policía de la Ciudad de Rodríguez Larreta”.

“Pero si en la tele dijeron que ya estaba enfermo”, opinó una joven, ajena a la movilización, a quien apenas se lograba escuchar entre los bombos, redoblantes y cantos que decían “se ve, se siente, Facundo está presente”.

Dentro de los distintos relatos que intentaron justificar lo sucedido, se mencionó que Facundo poseía enfermedades preexistentes, lo cual explicaría el motivo de su muerte. Ante estas interpretaciones, Romina del Plá, diputada del FIT explicó a este medio que “no se pueden disimular los crímenes de Estado por más que intenten presentar como justificación las condiciones de salud preexistentes”. 

Si bien desde distintos sectores se intentó disminuir la gravedad de los hechos y evitar señalar responsables, para los miles de manifestantes que colmaron la 9 de Julio lo sucedido estaba más que claro. Con pocas palabras y fuerza para poder expresar el dolor, pero con la necesidad y urgencia de reclamar que no se vuelva a repetir, levantaron sus carteles que decían “Larreta es responsable”.

La marcha se realizó de forma pacífica, con participación de personas de distintas edades y que se movilizaron desde distintos puntos de Buenos Aires. Entre las banderas que decían “ATE”, “Partido Obrero”, “MST” y “Movimiento Popular”, fue posible divisar la wiphala, que como representa uno de sus colores, se solidarizó con la causa.

Hacia el final de la movilización la situación se tornó tensa. En medio de la desconcentración que se realizaba de manera calma y organizada, un par de personas, señaladas por los propios manifestantes como infiltrados, intentaron oscurecer un reclamo y comenzaron a arrojar piedras. 

De estos hechos se tomaron los medios comerciales, una vez más, para criminalizar y exigir orden sobre  una protesta que en su totalidad se había desarrollado de manera tranquila. 

El ambiente quedó mezclado de sensaciones, tristeza, bronca e indignación. Lamento por la pérdida de un militante inocente. Enojo por la forma en la cual sucedió. Irritación por las excusas que intentaban tapar los hechos, la falta de empatía  y las nulas respuestas por parte de un Estado cuyo rol, se supone, es cuidar a los ciudadanos. Todas estas emociones se acoplaron bajo el grito de “¡justicia por Facundo!”.

 

«Nos dijeron que a personas como nosotros nos tenían que pegar un tiro»

«Nos dijeron que a personas como nosotros nos tenían que pegar un tiro»

En el juicio a 14 policías porteños por el asesinato de Lucas González, declararon los padres del adolescente baleado y los amigos que viajaban con él en el auto. La contundencia y emotividad de sus declaraciones fueron demoledoras.

La familia reclama justicia frente a los Tribunales en noviembre de 2022.

“Vos siempre confiá en la policía, le decía a Lucas”, dijo Cintia Janina López que, con sus dedos, retorcía la botella de agua que tenía entre sus manos. El craqueo del plástico doblado es lo único que logró acompañar la voz de los testigos mientras daban sus declaraciones en el auditorio sumido en silencio. La mamá del joven asesinado fue la primera en declarar en la segunda audiencia del juicio que investiga la muerte de Lucas González.  

La sala estaba llena de personas. Tres cuartos de ella estaba ocupada por los catorce policías imputados y sus defensores, y un cuarto por la familia, los tres amigos de Lucas y sus abogados. Detrás de los vidrios, los familiares y la prensa escuchaban atentos las declaraciones y las preguntas de los letrados. 

“Yo a la noche siempre le dejaba a Lucas preparado su desayuno para el día siguiente que se iba a entrenar, ese día también le había dejado todo preparado”, dijo Cintia que pausó y tomó agua, no podía hablar llorando. “Justo esa mañana pasaron por la tele que habían agarrado a cuatro delincuentes: a dos los habían agarrado, uno se había dado a la fuga y al otro lo habían abatido o disparado. Y yo le digo al papá: ´Mirá, cerca de ahí entrena Lu´. Y bueno quedó en la nada porque eran delincuentes. Yo sabía quién era Lu, yo sabía a quién habíamos criado y ese no era mi hijo. Esto pasó a la mañana y nosotros nos enteramos recién como a las dos de la tarde. Nadie nos dijo nada”. 

Héctor González, el padre de la víctima, también declaró en esta audiencia. Camionero, “Peca” -como le dicen sus amigos- iba con su camisa negra y roja y con su pin de “Justicia por Lucas”.  “Diego, mi amigo, llega a mi casa y me dice llorando: ´Vamos que le pasó algo a Lucas´”, dijo mientras contaba cómo se habían enterado que su hijo estaba en el hospital.

“Cuando llegamos al Hospital Penna no nos dejaban verlo, había como cinco policías de la Ciudad custodiando a mi hijo. Cuando entré y pude verlo fue lo peor que me pasó en la vida, ver a mi hijo, tener que destaparlo y tener que verle los tatuajes, porque él estaba irreconocible -declaró Cintia, apenas conteniendo las lágrimas-. Lo destapé todo para ver si tenía más marcas además de la de la cabeza y me di cuenta que tenía una aureola en la mano, esta era de una quemadura reciente de cigarrillo, para ver si estaba vivo o muerto creo yo”. 

“´Los chicos de ahora no le dicen nada a los padres y andan en cosas raras´, me decían los oficiales y yo no lo podía creer. ´A su hijo le volaron el frasco´, me dijeron. Escuchar que dijeron que le volaron el frasco me dolió en el alma. Era su cabecita”, clamó la mamá. Sentada en el banquillo con su remera con la cara de Lucas, levantó un botin negro que tuvo en su falda durante toda la declaración, y siguió: “Dijeron que Lucas tenía un arma, dijeron que por eso lo perseguían, por eso traje esto. Esta era el arma, este era el juguete de Lucas: sus botines” .

“Yo no sé qué hago acá, Lucas debería estar entrenado ahora. A Lucas me lo asesinaron. Y sí, son asesinos, porque lo vieron, los buscaron y lo acribillaron -dijo Héctor- ¿Porque tenía una visera? ¿Porque era marrón? O negro como ellos dicen. ¿Por eso era chorro? Yo tenía miedo que le roben los que se suponía le tenían que robar, pero los que tenían que cuidarlo me lo mataron”. 

“Yo quiero que la justicia por favor actúe de la forma que tenga que actuar pero yo quiero que hagan algo. Yo no odio a la policía, no odio a nadie. Lo que quiero es justicia. No es que matás a alguien y la vida sigue, para nosotros la vida no siguió”, dijo la mamá de Lucas. Hector cerró su declaración también pidiendo: “Justicia por Lucas”, para después abrazarse con Cintia y sentarse detrás de sus abogados para escuchar el resto de la audiencia. 

Amigos y familiares marchan días después del asesinato de Lucas. 

En el juicio también declararon los amigos de Lucas: Julián, Joaquín y Niven. Los adolescentes no solo declararon como testigos del asesinato, sino que también actúan como querellantes del encubrimiento y la detención ilegal que sufrieron. 

Los tres contaron cómo esa mañana fueron a las canchas a probarse para entrar al equipo de fútbol de Barracas Central, cuando salieron los cuatro se subieron al auto que manejaba Julián y saliendo del predio pararon a comprar un jugo en el kiosco de la esquina. 

Julián Alejandro Sánchez fue el primero en declarar. Con diecinueve años, de suéter negro y camisa blanca, se sentó en el banquillo de los testigos. “Todo comenzó cuando salimos de entrenar los cuatro del predio”, dijo referenciando a la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando ellos tenían diecisiete años y todavía iban a la secundaria. “Hablábamos de cómo nos fue y cómo iba a ser nuestro próximo entrenamiento a futuro, por fin íbamos a compartir plantel los tres (Joaquín, Lucas y Julián) -contó el joven de rostro serio inflexible.-. De repente, veo que un vehículo se me empieza a acercar y lo primero que hago es tocarle la bocina porque pensé que estaban distraídos. Veo que las personas se bajan con un arma y yo pienso que me quieren robar. Cuando se bajan, el conductor empieza a disparar, sin sentido alguno. Yo lo que hago es volantear y me subo un cordón. Y en ese momento me nublé y no sé cuántos fueron los tiros. Cuando empiezan a gritar por Lucas, que lo habían matado, que le habían pegado un tiro, ahí es cuando me dejo de nublar”.

“Nos dijeron villeros, negros de mierda, nos preguntaron de donde veníamos, les dijimos que de Quilmes y de Florencia Varela y nos respondieron: ´Ah altos negros de mierda´», relató Joaquín, uno de los amigos de Lucas González.

También Joaquín Zuñiga, con su remera blanca, pelo negro y diecinueve años, saludó a los jueces y se sentó a declarar: “Íbamos muy tranquilos hasta que de repente levanté la cabeza y había algo extraño, estaban todos alborotados. Yo estaba con el celular y vi que un auto se nos cruzó. Veo a la derecha y había una persona apuntándonos con un arma. Me agaché y siento que salimos y estuve así hasta levantar la cabeza y ahí vi a Luquitas que estaba lastimado. Empecé a gritar ‘a Lucas lo mataron, a Lucas lo mataron’”. 

“Vemos a dos mujeres policías y les pedimos ayuda -explicó Julián-. Nos dicen que bajemos del vehículo y yo llamo a mi mamá y a mi papá para contarles lo que había pasado. Ahí estaba Joaquín contra la reja, yo dejo el celular y me acerco. A lo que viene un policía a maltratarme. Cuando nos tiraron al piso y nos empezaron a maltratar no entendíamos nada. Cada vez que les contábamos lo que había pasado se reían y nos maltrataban. Les intentábamos contar lo que había pasado pero no podíamos. No entendíamos lo que estaba pasando, para nosotros simplemente escapábamos de un robo”. 

“Yo tenía una remera negra, ¿Puedo mostrarla?”, preguntó Julián y ante la aprobación del juez sacó la remera rota y pasó la mano atravesando los agujeros grandes que le habían dejado. “Nos dijeron villeros, negros de mierda, nos preguntaron de donde veníamos, les dijimos que de Quilmes y de Florencia Varela y nos respondieron: ´Ah altos negros de mierda´ y ahí nos dijeron que a personas como nosotros nos tenían que pegar un tiro en la cabeza, como lo hicieron con nuestro amigo”, contó Julián mientra sus cejas se elevaban y juntaban, su mandíbula se tensaba y las comisuras de sus labios descendían.

Cuando les digo que soy de Varela me dicen ‘ah sos de Varela villero de mierda, lo mataste vos a tu amigo’. Uno me gritó fuerte en la cara ‘villero de mierda’. Venían y me preguntaban ‘¿Dónde está la falopa? ¿Dónde está el arma? ¿A dónde se fue el otro que salió corriendo?’ A todo esto Lucas seguía ahí”, contó Joaquín. Cuando le preguntaron si podía reconocer a las personas que lo maltrataron él dijo: “No podía reconocer a quienes me esposaron, porque estaba tirado boca abajo, pero sí al que me maltrató”, y prosiguió a señalar a Sebastián Jorge Baidón que estaba sentado con los demás imputados mientras los chicos declaraban.  

Las caras serias de los catorce policías imputados, con sus ojos fijos en el banquillo de los testigos, se mantuvieron durante las casi diez horas de audiencia, acompañando a las declaraciones de los padres, de los chicos y las preguntas de los abogados querellantes y defensores. 

“Nadie tenía las llaves de las esposas que nos estaban lastimando y resulta que cuando llegó el padre de Joaquín vinieron y lo primero que hicieron fue sacarnos las esposas”, dijo Julián. “Después se acercó mi papá, y por suerte, porque si nos pusieron un arma de juguete y nos maltrataron así no sé qué más podrían haber hecho -aclaró Joaquin-. Cuando mi papá les intentaba explicar la situación no daban bola, le querían hacer entender a mi papá que éramos ladrones, pero mi papá tenía bien en claro que no”. 

“‘Vamos a proceder a retirar un arma’, cuando dijeron eso se me vino el alma abajo, porque yo sabía que los querían engarronar. Un circo hicieron alrededor del arma -contó Javier Alejandro Salas, el padre de Julián quien, a continuación de los chicos, dio su declaración de los hechos de ese día-. A ellos hoy los están juzgando pero ellos, ese día, condenaron a Lucas. Lo condenaron con dos balazos en la cabeza”. 

“Lo peor de todo es que nosotros nos fuimos al Inchausti sin novedades de Luquitas, yo no sabía nada. Y nos tuvieron toda la noche ahí. Pasé la peor noche de la vida, se escuchaban gritos, era un horror. Fueron dos días tristísimos, porque al otro día se me fue, se me fue Lucas”, contó Joaquín que hablaba angustiado, con la voz tomada y las lágrimas que empujaban para salir. 

Niven Huanca, recién iniciado en la mayoría de edad, pasó a declarar tercero. “Esta declaración puede ser importante. Dicen que él puede llegar a reconocer a los que dispararon”, se escuchó en la sala donde estaba la prensa. 

De remera blanca y ojos caídos, Niven hablaba serio: “Íbamos normal en el auto, yo estaba con el celular. De pronto veo que baja la velocidad, levanto la cabeza  y veo que sacan el arma. Yo lamentablemente, ya había vivido con mi papá asaltos acá en Buenos Aires y esto fue igual. Salieron con el arma a dispararnos. Yo vi dos, el que salió detrás del conductor y el copiloto, después cerré los ojos. Primero sentí los balazos y después el volantazo de Julián. Ahí veo que la cabeza de Lucas se está cayendo para el lado de Julián. Y escucho que alguien grita ‘Mataron a Lucas. Nos están siguiendo, nos van a matar.’” 

 “Corro. Yo no conocía por ahí, no sabía dónde estaba. Me miré la campera y tenía las manchas de sangre de Lucas. Estaba en shock -dijo contando el camino que atravesó para llegar a su casa-. En el departamento, cuando llega mi primo le conté que me habían robado y que habían matado a mi compañero, y en la tele vi que decía ‘Tiroteo en Barracas’ y estaba la foto de Joaquín y Julián tirados en el piso. Éramos delincuentes para ellos y para todos. Éramos delincuentes para todos, hasta que pudimos hablar”. 

Los rostros de Julián, Joaquín y Niven aparecían en la pantalla grande del auditorio mientras declaraban. La tensión en la sala cortaba, afilada con palabras técnicas de los abogados y jueces. Los vidrios separaban a los imputados de los familiares y la prensa. La seguridad cubría toda la sala, “SPF” se leía en todos los chalecos de los guardias del “Servicio Penitenciario Federal”.  

A los jóvenes les preguntaron: “¿Escuchaste un ‘alto policía’?”, “No”, respondieron los tres, “¿Una sirena previo al hecho?” “No”, “¿El personal estaba uniformado?, ¿Usaban chaleco de alguna naturaleza?” “Nada”. “Fueron chorros directamente -dijo Niven-. Bajaron directo a apuntar a Lucas que tenía el vidrio bajo”.

Luego de las declaraciones, comenzaban las preguntas tanto de los abogados querellantes como de los defensores. Preguntas que iban desde la aclaración de algunos hechos y repaso por anteriores declaraciones, hasta otras que tenían que ver con la elección del horario de entrenamiento o en qué consistía el mismo. 

“Lo que yo quiero simplemente no se puede. Porque yo quiero tener a mi amigo acá al lado, pero ya no está más”, dijo Joaquín mientras cerraba su testimonio. 

«Un mocazo»

«Un mocazo»

Comenzó el juicio por el fusilamiento del adolescente Lucas González, baleado en Barracas por tres integrantes de la Policía de la Ciudad en noviembre de 2021. Otros once miembros de la fuerza son acusados por encubrimiento. En la primera jornada se escucharon los audios de los involucrados dando cuenta de los hechos.

 

Comodoro Py se llenó de camisetas rojas y blancas, de remeras con la frase “Justicia por Lucas”, todas estampadas con la cara de un pibe que asesinó la Policía de la Ciudad: Lucas González. Sus familiares, amigos y compañeros también de Joaquín, Julián y Niven -los otros tres chicos baleados- se concentraron fuera de los tribunales para exigir justicia. Empezaba la primera audiencia por el juicio que busca reparar de alguna manera la injusticia de su asesinato.

Con la representación de Gregorio Dalbón actuaron como querellantes tanto la familia de Lucas, como los tres amigos que iban en el auto con él, ya que ellos también fueron perseguidos, amenazados y torturados por los uniformados porteños. 

Era 17 de noviembre de 2021, cuando Lucas fue asesinado por agentes de la Policía de la Ciudad. Esa noche, ANCCOM estaba junto a la familia, escuchando sus reclamos contra el gatillo fácil. Fue recién al día siguiente cuando los medios más grandes cambiaron sus titulares: de “Barracas: tres detenidos tras una persecución y tiroteo con la policía. El hecho ocurrió en la calle Luzuriaga, cuando policías de la Comisaría C4 porteña interceptaron y persiguieron a delincuentes en medio de un tiroteo” a “Persecución policial y tiroteo en Barracas: la familia del adolescente baleado denunció ‘gatillo fácil’”.

Ayer, afuera, con cuarenta grados de sensación térmica, llegaron desde Florencio Varela, media hora antes de que iniciara la audiencia, dos colectivos llenos de personas que fueron a abrazar y sostener a los pibes y a sus familias. Remeras blancas y rojas del Club de Barracas Central, donde jugaban Lucas y sus amigos, y verdes y blancas de Defensa y Justicia, la institución de lal cual Lucas era hincha, se mezclaban con otras que leían “Justicia por Lucas”. Entre banderas, botellas de agua y ojos llorosos, Comodoro Py se rodeó del fuerte reclamo por justicia. 

Tanto el padre Héctor «Peca» González como los hermanos de Lucas se presentaron al juicio, mientras que la madre no pudo ir porque se encontraba internada con problemas de salud. Previo al inicio de la audiencia, el papá de Lucas dijo: «Lo que hicieron con nuestras vidas estas basuras es imperdonable, nos arruinaron por completo. Vamos a buscar justicia, no venganza». «No queremos una Justicia ejemplificadora», agregó Dalbón, marcando diferencia explícita con el tratamiento del caso de Fernando, llevado adelante por el abogado Burlando.

La familia y los amigos de Lucas reclamaron justicia frente al Palacio de Tribunales en noviembre de 2021.

Dentro de la sala fría, de luces blancas y cortinas marrones, ojos rojos, piernas inquietas y remeras blancas con las letras grandes que decían “Justicia por Lucas”, ocuparon las sillas en el sector del público. Los familiares y amigos de Lucas, acompañaron durante toda la audiencia a los querellantes escuchando las declaraciones de los policías imputados. 

Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu Romero, se sentaron en las sillas negras frente a los abogados, imputados y querellantes. Los jueces que integran el Tribunal Oral Criminal N°25 dieron comienzo al juicio alrededor de las 10 de la mañana. 

En las pantallas grandes de la Sala AMIA se vieron los rostros de los imputados que pasaron uno a uno al estrado para dar sus declaraciones de indagatoria. Ni el padre, ni los tres chicos estuvieron presentes porque, según explicaron los jueces, no se les permitía dado que al momento ellos no habían declarado todavía. Una nube de tensión cubrió toda la sala cuando declararon los primeros policías que persiguieron a los cuatro chicos y fusilaron a Lucas: el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva. Los tres repitieron en orden la misma corta declaración: “Actúe en cumplimiento de mi deber, en legítima defensa y no cometí ningún delito”. Las voces de los familiares y amigos de Lucas se escucharon desde arriba. Susurros de indignación en un lugar donde vociferar no es posible. “¿Defensa propia?”, se escuchó, con asombro y bronca.  

Representados por Fernando Soto, abogado defensor de Luis Chocobar, están acusados de delito de homicidio agravado “por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”. 

Los 11 uniformados restantes, imputados por encubrimiento y torturas hacia Joaquín, Julián y Nieven, variaron en sus declaraciones sobre el día del asesinato. Estos fueron Héctor Claudio Cuevas, Roberto Orlando Inca, Jose Horacio Romero, Fabian Alberto Du Santos, Daniel Alberto Santana, Ramón Jesús Chocobar, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos, Daniel Rubén Espinosa y Rodolfo Alejandro Ozán. La mayoría decidió no declarar, por lo cual se hizo un repaso de declaraciones anteriores. Solo declararon Juan “El Perro” Romero y Roberto Orlando Inca, comisario y subcomisario de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4.

“¿Qué pasa Rodo, se mandaron un moco?”, la voz del comisario Du Santos retumbó en los parlantes del auditorio. El contraste entre la formalidad de las declaraciones dejaron consigo una gélida sensación en el auditorio, cuando por pedido del abogado querellante se pasó la conversación entre Du Santos y Ozán, conseguidas del peritaje al teléfono del primero. “Un mocazo”, contesta Ozán, quien procede a pedir que llame al “Perro” Romero para “emprolijar la situación”. La incomodidad no era una característica en los policías que declararon, acostumbrados a rondar por los tribunales, a diferencia de varios de los que se encontraban allí. 

La jornada se extendió por cerca de diez horas dentro de las salas del tribunal de Retiro. Las declaraciones que se esperaban del papá de Lucas y de los tres amigos se pasaron para la próxima audiencia debido a la falta de tiempo. La semana siguiente contarán lo que vieron ese día y cómo se desarrolló lo acontecido. Con tensiones entre los abogados, esta fue la primera de lo que se espera sean once audiencias, repartidas una por semana hasta el mes de julio.  

A la salida de Comodoro Py, sentados en silla, echados en el piso, parados a un costado cubriéndose del sol, los familiares y amigos que fueron a apoyar a la familia de Lucas, a Joaquín, Julián y Niven, no se movieron hasta que finalizó la audiencia. El abrazo de los vecinos de Florencio Varela, de los miembros de Barracas Central y de Defensa y Justicia, de los amigos y compañeros y de los padres, tíos y hermanos de los chicos, no soltó fuerza en ningún momento.