Una guerra indefinida por el poder en Perú

Una guerra indefinida por el poder en Perú

La derecha parlamentaria sostiene a la presidenta Dina Boluarte, cuya promesa de llamar a elecciones antes de fin de año se diluye mientras mantiene una agenda afín a las grandes empresas y alejada de los intereses populares.

Colín Fernández, abogado y militante del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN).

Colín Fernández, abogado y militante del Partido REgionalista de Integración Nacional (PRIN) del Perú.

En medio de la convulsión social que se vive en Perú, con más de 60 personas asesinadas por la represión desatada por el régimen de Dina Boluarte -aunque la cifra es imprecisa porque se considera que algunas no fueron contabilizadas-, ANCCOM dialogó con Colín Fernández, abogado y militante del flamante Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), un espacio que se define como “de centro”. Desde Lima, donde dirige un estudio jurídico y está por concluir un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fernández afirma que “no se percibe un quiebre constitucional” y, cuando se le requiere su opinión sobre las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas tras la caída de Pedro Castillo, manifiesta que se trata de “críticas aisladas”. “Se habla de lo autoritario –agrega–. Son las voces de los opositores que antes apoyaban a Castillo y quieren ver al gobierno de Boluarte como dictatorial”. Para Fernández, los acontecimientos de los últimos meses se tratarían de un eslabón más en una problemática institucional de larga data.

¿En qué momento comenzó la crisis política en Perú?

Nuestro país ha vivido una historia muy convulsionada desde su fundación. Lo ha caracterizado la desunión. Y la situación actual empezó en el momento en que el Gobierno no ha tenido articuladores efectivos en el Congreso de la República y se produjo, por consecuencia, esta “contención” que se viene dando desde el gobierno de Pablo Kuczynski (2016-2018), con Ollanta Humala (2011-2016) también se visualizaba esa tensión pero no era tan fuerte y por eso que no lo llegaron a destituir. Lo mismo sucedió con Alejandro Toledo (2001–2006) que lo quisieron vacar pero, a último momento, no consiguieron los votos porque él comenzó a articular e hizo alianza con el partido de Fernando Oliveira, lo mismo hizo Alan García (2006-2011). Alberto Fujimori, sin embargo, tenía comprado todo el Congreso.

Al Pedro Castillo se le atribuye una estrecha relación con Vladimir Cerrón (dirigente del partido Perú Libre y ex gobernador), hoy condenado por corrupción, ¿qué opina al respecto?

No sé si error o acierto, pero Castillo llegó a la presidencia con el partido de Cerrón, se supone que para formar parte de un partido político hay que conocer a su líder. Cerrón ha sido sentenciado por hechos de corrupción en su gestión como gobernador regional de Huancayo, donde hay gran descontento. Se dice que no ha hecho nada por su provincia. Castillo, al inicio de gobierno, trató de tomar distancia de Cerrón, pero no del todo, y más se notó en el segundo gabinete que lideró Mirta Vásquez. Ella es izquierdista, pero una de las más progresistas. Aparentemente, Castillo intentó desligarse de Cerrón no por convicción sino por la presión mediática, y los resultados están allí: no pudo hacer sentir su poder en los ámbitos del Estado porque no tenía detrás una estructura sólida. En el ámbito político, se necesita articular con las diferentes fuerzas y, para esto, hacen falta personas que representen y ayuden con ese rol. Quienes estaban alrededor de Castillo eran técnicos, alejados del quehacer político, mientras que los que le podrían haber sido más útiles él los ahuyentó en su indecisión de alejarse o no de Cerrón, y la presión mediática estaba puesta en que se alejara. A fin de cuentas, tomó distancia por esa presión. Castillo nombraba ministros y también por presión mediática los hacía renunciar. Se tiene que entender que si el Poder Ejecutivo y el Legislativo están en contienda, uno de ellos va a caer, como ya ocurrió en el gobierno de Vizcarra.

¿Qué se percibe en los peruanos en relación a sus gobernantes?

La gran mayoría del país, conformada esencialmente por las provincias, quiere que los congresistas se vayan, mientras que los congresistas niegan la realidad y parece que viven en un mundo paralelo, y creen que el pueblo los ama y se van a quedar hasta el 2026. Hay descontento de un gran sector de la población que no ven realizadas sus aspiraciones y ven que su Estado no está acompañando a forjar el bienestar común, uno de los objetivos por los cuales ha sido creado el Estado. Históricamente, la zona norte del país se siente más identificada con el capitalismo, con las ideas proempresa, de salir adelante, el emprendimiento, a diferencia de la zona sur, donde nos encontramos con un ciudadano más insatisfecho en sus reclamos al Estado y que tiene una cierta influencia de un sector de la izquierda. Hay que tener claro que la política es la lucha por el poder. Para amainar a los contrincantes, hay que hacer ciertas concesiones y eso es normal. Alan García hizo una articulación en el Congreso con el fujimorismo, y por eso tuvo esa convivencia de cinco años. Luego los gobiernos pasaron a resquebrajarse. En los últimos meses del gobierno de Humala ya se venía dando esta situación. Y en el de  Kuczynski ya se complicó todo.

¿Cuál es el mayor reclamo al régimen de Dina Boluarte?

Boluarte llegó a prometer que si sacaban a Castillo, ella renunciaba a la presidencia. Esas declaraciones, el pueblo peruano se las restriega en la cara. El gobierno de Boluarte está en piloto automático y no está chocando con las grandes empresas, no aporta nada nuevo y se está dejando llevar por lo que hicieron los anteriores gobiernos. Se percibe una inercia. Se limita a cumplir la agenda sin grandes cambios.

¿Convocará a elecciones antes de fin de año como también dijo?

No. No cumple sus promesas. Estos días, con los desastres naturales (aluviones y el ciclón Yaku), las protestas han menguado y aún no se sabe si se van a reactivar, pero como no hay una notoria convulsión social en Lima y las otras provincias, entonces ellos se sienten que ya han ganado esta lucha. No olvidemos que muchos de estos congresistas han llegado con préstamos bancarios y también con favores que tienen que devolver. Boluarte se va a querer quedar aunque hay partidos políticos que se están preparando para esas supuestas elecciones.

¿Cómo ve a Dina Boluarte como presidenta?

Es una pieza de ajedrez utilizada por el Congreso para permanecer hasta el 2026. Si al Congreso no le sirviera la presidenta, ya la hubieran sacado. El tema es que si Boluarte renuncia o la sacan, la Constitución vigente, de 1993, dice que inmediatamente el presidente del Congreso asumiría la presidencia, pero sólo para convocar elecciones. Hay congresistas que se han atrevido a reinterpretar a su manera la Constitución diciendo que en ese caso sólo se convocaría a elecciones para presidente, pero no para el Congreso. Están gobernando a espaldas de los intereses  del país. Hay una realidad capitalina y otra provinciana. La provinciana muchas veces no es atendida por las autoridades nacionales que están centradas en la realidad capitalina, tal es así que cuando las autoridades de provincia tienen que aprobar un presupuesto, la autorización llega desde Lima. Y en general, si  el provinciano quiere mejorar su calidad de vida, tiene que venir a Lima. 

¿Boluarte está a salvo de la vacancia?

Hay una moción para el 2024 que aún no ha sido ratificada y si no se ratificada, no se va a realizar. Para que sea admitida en el debate se necesita un 40 por ciento (52 votos a favor). Si se admitiera el debate luego se necesitaría 87 votos, los dos tercios, para ser vacada. La vacancia está siendo promovida por un grupo minoritario de izquierda, donde está Perú Libre. La derecha y centroderecha, que son mayoría, están respaldando a Boluarte. Dina está para rato, a menos que aparezca algún tema de corrupción que la comprometa. Su popularidad sigue bajando. Y la del Congreso asciende a un 91 por ciento. Mientras tanto, la incertidumbre sobre nuestro país sigue presente.

 

Perú duele

Perú duele

ANCCOM recorrió las calles del centro de Lima y habló con los manifestantes que se animaron a hacerlo. El país sigue en tensión y la represión continúa. La presión popular será determinante para los próximos acontecimientos.

“La mayoría de los medios nos tildan de terroristas. Al contrario: acá hay un terrorismo de Estado”, protesta Delgado, una estudiante de provincia que vino hasta Lima para ser parte de la marcha y prefiere no dar su primer nombre por seguridad. “Esta prensa es una basura. Hay infiltrados que se meten para producir el enfrentamiento. Los medios tienen un guion, pero los testigos que están ahí cuentan lo que realmente está sucediendo”.

Desde que asumió el expresidente Pedro Castillo, hubo diferentes investigaciones sobre supuestos casos de corrupción contra él y su familia. Su gobierno duró desde el 28 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso de la República lo sacó por “incapacidad moral» con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Su cargo pasó a ser ocupado por la vicepresidenta Dina Baluarte. Las marchas en su contra se intensificaron a partir de ese momento, la represión también: ya suman, por lo menos, 58 los manifestantes muertos desde diciembre pasado.

ANCCOM recorrió la zona céntrica de Lima que rodea el Palacio de Gobierno y la plaza central, donde no está permitido manifestarse. En la zona habló con la gente para intentar comprender qué hay más allá del cerco mediático. Así encontró que las personas que tratan de llevar una vida “normal”, como si no hubiera manifestaciones, se muestran renuentes a tocar temas políticos, más aún si la consulta proviene de un periodista. Quienes sí se atrevieron a hablar, dieron su versión de cómo ven la situación política, social y económica actual.

En el centro de Lima, en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia, a tres cuadras de la Central Operativa de Investigación (DIRINCRI) que se suele vallar cada vez que hay una manifestación, cerca de las 20:30, miles de manifestantes se hacen presentes. “La policía nos reprime, nos provoca nos detiene brutalmente y nos patea las piernas. Hay videos que lo muestran. Esto no es justo”, continúa Delgado. Minutos después, su padre se acerca para decirle que no debe dar explicaciones a desconocidos: que primero demuestren que no son de Perú porque «podrían ser soplones del Estado o la prensa».

Por otro lado, un taxista aclara que “no puede dejar de trabajar porque tiene que alimentar a su familia”. Vive “al día” y no está de acuerdo con las protestas. “Los que participan en la marcha rompen las calles y hacen destrozos. Se tiene que reponer y son millones de soles”, opina. En el transporte público uno de los pasajeros cree que “el Estado está vendiendo al país a las empresas extranjeras y debería revisar los contratos que van a ser renovados. Si las condiciones no son más favorables para el Perú, no deben continuar en el país. Y eso es lo que pesa hoy. Hay muchos intereses económicos de por medio”, dice.

En una agencia de viajes está Juana, de 38 años. Viene con sus cuatro hijos y su nieta desde el estado de Trujillo, Venezuela, y va rumbo a Chile. Todo su viaje es por vía terrestre: cuenta que se encontró con numerosas rutas cortadas y manifestaciones. “Desde que cruzamos la frontera entre Ecuador y Perú tuvimos muchos problemas porque somos novatos en estas cosas. A medio camino los manifestantes tiraron piedras a los buses. Ya en la segunda traba que tuvo el bus nos tuvimos que bajar y caminar para luego tomar otro transporte. En ese ínterin tuvimos que usar los alrededores como baño y comer golosinas”, cuenta Juana.

La ruta se complicó cada vez más y la agencia no se responsabilizó de la situación; por eso ella y otros quince venezolanos debieron pagar una combi. El costo normal es de 100 soles hasta Lima, pero debido a la situación política les cobraron 205 soles, poco más de 50 dólares. Juana se muestra sorprendida de que Dina Baluarte considere a los manifestantes como, “personas que no tienen oficio”. Esto le recuerda a Venezuela donde, según ella, desde el gobierno afirmaban que quienes marchan son de la oposición porque, en realidad, “todo está bien”: “Las personas se manifiestan porque la situación no está bien. La presidenta no quiere soltar el poder por intereses propios”, reflexiona.

Un abogado de unos 30 años, quien prefiere que no se le identifique, asegura que en Perú hay mucho abuso por parte de las empresas multinacionales y las leyes siempre favorecen a los que están en el poder. Los trabajadores no tienen el conocimiento suficiente para que se le reconozcan sus derechos. Según él, “los que marchan no tienen un argumento sólido y se necesita que en los centros de estudio se hable más de estos temas porque, en parte, todo esto tiene que ver con el cambio de Constitución», agrega.

En el céntrico Parque Juana Alarco de Dalmet los manifestantes de provincia se juntan alrededor del mediodía para almorzar en una olla popular. Percy Chino Quispe, un joven del departamento de Cuzco, explica: “Dina Baluarte había dicho que si Pedro Castillo se iba, ella también se iría. Ahora lo que queremos es que cumpla su palabra, que renuncie. Ahora han sacado las fuerzas armadas y es como si estuvieran trayendo un asesino para que nos maten. No hay terroristas: si hubiera hace rato declararíamos la guerra. Nosotros estamos marchando sin armas. Baluarte está engañando al pueblo. Ya no queremos más muertes, queremos que renuncie y tengamos nuevas elecciones”. Para este joven el Ejército está “infiltrado”: se visten de policías y eso no está permitido.

Al ser consultado, un policía dice que va a opinar como peruano, no como policía: “Definitivamente esto no debería estar sucediendo. Si bien es cierto que los problemas no son de este año, sino de años atrás, los reclamos son justos y válidos, pero no es la forma. Tampoco tienen claro qué es lo que quieren los manifestantes. Ellos quieren cerrar el Congreso, una nueva Constitución. Pero qué quieren cambiar, no lo saben”. Para él debe haber un diálogo entre el gobierno y las provincias para ordenarse.

Hay más de 100 policías en los cruces de 9 de Diciembre y Vía Expresa, frente al hotel Sheraton, cuando nuevamente se acercan miles de personas con pancartas que dicen, entre otras cosas: “Joven estudia, no seas policía”, “Mi lucha es por mi patria, el pueblo ya lo sabe”, y “La sangre derramada, jamás será olvidada”. Para entonces, el policía que hablaba como ciudadano, es convocado por sus superiores y solo alcanza a concluir: “Que se sienten los líderes con el gobierno y lleguen a una conclusión de un punto neutro”. Para este policía los manifestantes intentaron realizar atentados en los aeropuertos de Arequipa, Cuzco y Puno, y quemar comisarías.

Las marchas son pacíficas pero cada tanto se producen enfrentamientos, que algunos consideran producto de las infiltraciones de provocadores. Las opiniones sobre los manifestantes, como pudo verse, son variadas. La mayoría de los manifestantes son de Puno, Cusco, Cajamarca y otras provincias del sur de Perú. De Lima también hay, pero se perciben menos, probablemente porque quienes acampan no son de la ciudad y su presencia es más visible.

El domingo 29 a horas de la noche, la presidenta en ejercicio dio un mensaje a la Nación afirmando que su “deber es proteger a todos los peruanos, salvaguardar la seguridad del país y garantizar la paz social”. Para Baluarte depende del Congreso de la República que se adelanten las elecciones. En el caso que no se de, el Poder Legislativo debatirá una reforma constitucional para que las elecciones generales sean este 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda vuelta, si es necesario, en diciembre. Seguramente la presión popular en las calles será fundamental para acelerar los tiempos.

Migrantes, comunicación y derechos

Migrantes, comunicación y derechos

La investigadora Wanda Fraiman publicó el libro «Derecho a la comunicación y migraciones: circulación informativa en el caso de las comunidades bolivianas, paraguayas y peruanas de la Ciudad de Buenos Aires». ¿Qué pasa cuando las radios comunitarias son comerciales?

 

La investigadora Wanda Fraiman publicó Derecho a la comunicación y migraciones: La circulación informativa en el caso de las comunidades bolivianas, paraguayas y peruanas de la Ciudad de Buenos Aires (IEALC-Editorial El Colectivo), un libro orientado hacia la indagación del ejercicio del derecho a la comunicación por parte de estos colectivos residentes en la Capital Federal, a través del estudio de la circulación informativa que tuvo lugar en las radios de esas comunidades durante el año 2014. La obra, disponible en formato ebook, fue elaborada en base a la investigación realizada para su tesis de Magíster en Investigación en Ciencias Sociales.

“Parte de reconocerse como sujetos de la comunicación, implica tanto acceder a la información, como expresarse en y a través de los medios de comunicación”, dice Fraiman, quien además es docente e investigadora en Derecho a la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

 

¿Cómo surgió la idea de investigar sobre el derecho a la comunicación y las migraciones?

Mientras cursaba la Maestría reconsideré el proyecto de investigación original y cambié el enfoque; pasé de una tesis que trabajaba más sobre el discurso mediático vinculado a las migraciones, a lo que tuviera que ver con la circulación informativa, donde tienen mucha preponderancia las organizaciones y los medios pero también el Estado, que es el garante de los derechos. Años después, surgió la posibilidad, a través del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), de publicar el libro, presenté la propuesta y fue aceptada, luego fue un trabajo extenso de convertir la tesis a una publicación. Espero que no solo sea de lectura del campo académico sino general, destinada a hacer un diagnóstico de la circulación informativa vinculada a la comunidad de migrantes y así poder aportar desde mi rol a que haya un mejor desarrollo de la sociedad, más equidad y justicia y plantear algunas cuestiones que habría que modificar o ajustar para que sean mejor ejercidos los derechos; siempre basándonos en la idea de la información como un insumo primordial para el ejercicio de todos los derechos humanos.

 

¿Cómo fue esa búsqueda para llegar a estas tres colectividades en particular?

A partir de las estadísticas que nos proveían las fuentes oficiales que fueron el censo y los datos que procesa la Dirección Nacional de Migraciones, encontré que estas eran las tres comunidades que tenían mayor preponderancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el lapso que hice la investigación que fue el año 2014. También me pareció importante hacer dialogar los medios de esas comunidades con las organizaciones que nuclean a estas comunidades de migrantes.

¿Cuánto tiempo tardó toda la investigación, y cuánto fue el proceso de escritura? ¿Fue en paralelo o la escritura fue después?

En el marco de la investigación académica se aconseja analizar los datos de manera retrospectiva, porque sincrónicamente pueden estarse modificando; si bien la investigación la hice en 2014, durante el año 2015 y 2016 estuve analizando los datos -que sería tanto lo trabajado con los medios de comunicación de las comunidades migrantes, como lo hablado con los y las líderes de las organizaciones- que había relevado para hacerlos dialogar con la bibliografía  y el marco teórico.

 

Dentro de todo el proceso de investigación, ¿hubo algún descubrimiento que le sorprendió, algo que no se esperaba encontrar?

Lo más llamativo fue encontrar la forma en que estas comunidades llamaban a estas radios “comunitarias”, puesto que no coincidía con la noción de “libro”. En el acuerdo internacional se denomina a las radios comunitarias a aquellas que son gestionadas por la comunidad;  entonces me di cuenta que esa manera de llamarle no solo era un problema de denominación, sino que también generaba un sentido que no era el esperado, ya que eran radios comerciales, con objetivos comerciales, con una organización comercial y una toma de decisiones comercial. En el marco académico, el sentido que genera el término al interior de las comunidades no se corresponde con el que se plantea en el acuerdo internacional;  la lógica de la radio comunitaria es trabajar para el desarrollo de las comunidades en las cuales se inserta y esto no era lo que sucedía.

¿Por qué tomó las radios como unidades de estudio?

Trabajé con medios radiofónicos porque me pareció que era interesante en el alcance y en la posibilidad de acceso que tenían muchos trabajadores y trabajadoras mientras llevaban a cabo sus tareas. En muchas de las zonas en donde trabajan las comunidades migrantes están puestas las radios -en los talleres, en los comercios, en las fábricas- y me pareció que eran de acceso cotidiano, algo que no sucede con la prensa escrita.

 

¿Qué problema representa para las comunidades migrantes no contar con medios de comunicación no comerciales?

La importancia de la información como un bien en sí mismo, pero además, como una condición para el ejercicio de otros derechos, nos hace dar cuenta que es necesario que circule entre y al interior de las comunidades la información necesaria para ejercer sus derechos. Si encontramos que no existen medios propios de las comunidades -medios comunitarios- ni medios comerciales que tengan como objetivo acercar esa información, finalmente el diagnóstico lo que nos arroja es que hay falta de información en el marco de las comunidades migrantes para que las personas ejerzan sus derechos. Es necesario que existan radios comunitarias tanto para el desarrollo de cada una de las comunidades a nivel colectivo, pero además, a nivel individual para que se pueda ejercer los derechos cotidianamente.

 

¿Hubo una mayor xenofobia en materia de regulación de derechos para la migración regional en comparación con el proceso experimentado por la migración transatlántica?

Sí, de hecho cuando se reformó la Constitución en el año 1994 no se quitó el artículo que recibía con beneplácito a las migraciones europeas, así que en términos normativos sigue existiendo ese enfoque. A nivel social, tanto lo que dice la literatura académica como los líderes migrantes en las entrevistas, es que es sobre todo en los momentos críticos, aquellos que ponen en jaque la tranquilidad social o la sociedad en general, que se vuelve a remitir a ese discurso xenófobo de echar culpas sobre algunos fenómenos vinculados al trabajo, la salud, la economía, etcétera.

 

¿Hace falta un mayor conocimiento sobre qué es una radio comunitaria para que los migrantes las reconozcan como tales y sepan el rol importante qué cumplen?¿La vulneración de derechos de residencia y laborales pueden relevar a un segundo plano el derecho al acceso a la información para los migrantes?

Por un lado es necesario que conozcan los trámites y los pasos para tener una radio comunitaria, pero es importante primero que las comunidades migrantes se reconozcan como sujetos de derecho a la comunicación, como sujetos que tienen mucho para decir y que tienen necesidades en torno a la comunicación. No es algo simple gestionarlos en términos de recursos y conocimientos, porque tienen su complejidad y es necesario conocer esas herramientas. También urge que el Estado los reconozca como sujetos de la comunicación. Parte de reconocerse como sujetos de la comunicación, implica tanto acceder a la información como expresarse en y a través de los medios de comunicación. En la urgencia que tienen las personas de resolver situaciones críticas, no podemos pedir una reflexividad sobre distintas dimensiones del problema que tienen, por ejemplo, el del acceso a la información. Por eso es importante que el Estado trabaje con los colectivos y con las organizaciones en el diagnóstico de cuál es la información que hace falta, cómo circula la información y también en cómo los medios hablan de los colectivos migrantes. El Estado escindido de las organizaciones no va a poder cumplir con la garantía de los derechos,

 

Una de las preguntas que se planteó al inicio de la investigación fue la de cómo se da la participación de los colectivos de migrantes en el espacio público. ¿Qué encontró como respuesta?

La definición que trabajo de ciudadanía comunicacional implica que para poder ejercer los derechos individuales y colectivos es necesario que se participe en las discusiones públicas. Con esto me refiero a las áreas de debate de los temas que hacen a nuestra vida cotidiana, cuestiones vinculadas al transporte, educación, economía y a todas las dimensiones de lo social. Cuanto menos puedan participar en los distintos temas en los debates públicos, más difícil va a ser que puedan hacer valer sus derechos individuales y colectivos.

 

¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas para dar cuenta de la circulación informativa en y a través de los medios de comunicación de las comunidades?

Fue un trabajo arduo en términos de que la materialidad de lo radiofónico no es igual a cuando trabajamos con prensa escrita. En este caso era un desafío porque implicó tanto la escucha de los medios como visitas a los mismos, en los casos qué fue posible. También hablé con periodistas que no pertenecían a esos medios, pero que me hacían conocer como circulaba la información y cómo era el vínculo entre medios y organizaciones. Después implicó largas conversaciones con los líderes de las comunidades para conocer cuál era la relevancia de esos medios al interior de los colectivos y cuál era la relación en términos de circulación e información; fueron espacios que lejos de estar aislados los tenía que poner en vinculación, pero que eran absolutamente abstractos e inmateriales y eso fue todo un desafío ya que esas vinculaciones y puntos de relación los tenía que hacer yo, porque no estaban dados de por sí en una superficie discursiva.

Un Castillo de esperanzas

Un Castillo de esperanzas

Perú ha sido sin dudas uno de los países latinoamericanos más convulsionados a nivel político en los últimos años. Desde el gobierno de Alberto Fujimori, electo en 1992, devenido en autogolpe de Estado, y hoy condenado y preso por crímenes de lesa humanidad, pasando por Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), las figuras de corrupción y de impeachment -vacancia, como le dicen allá-, imperan con fuerza en el país andino. El pasado 6 de junio los peruanos eligieron a quien será su nuevo presidente a partir del 28 de julio de este año. En medio de un clima de gran apatía política, inmerso en una profunda crisis sanitaria y económica, sumado a importantes tumultos en las calles en noviembre último y a la inestabilidad política que llevó a tener tres presidentes en una semana; el pueblo peruano tuvo que decidir el pasado domingo en un ballotage entre los dos candidatos antagónicos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo.  

Los menos esperados

El 11 de abril se llamó a elecciones generales, de la que participaron un total de 18 candidatos. Se esperaba que pasaran a segunda vuelta la ya anteriormente candidata Verónika Mendoza del partido de izquierda Juntos por el Perú, el derechista Hernando de Soto y Yohny Lescano, de Acción Popular. Keiko Fujimori se posicionaba en el último lugar junto al único contrincante de Mendoza, Pedro Castillo, con menos de un 8% de intención de voto cada uno. Sin dudas, los resultados que llevaron a un ballotage entre estos dos últimos candidatos fueron una sorpresa para todos, incluso para ellos mismos. Castillo pasó con apenas el 19% de los votos, mientras que la ultraderechista Fujimori llegó a segunda vuelta con tan solo el 13% de los votos. 

Keiko Fujimori, de 46 años y miembro del partido Fuerza Popular, no es sólo la hija mayor de Alberto Fujimori y hermana de Kenji, congresista del mismo partido y que detenta gran influencia en el recinto, sino que también fue tres veces candidata a presidenta y tres veces perdedora en el ballotage: en 2011 con Ollanta Humala, en 2016 con PPK, y hoy -con más del 99% de los votos escrutados- con Pedro Castillo, quien sería el nuevo presidente de Perú. Imputada por corrupción en el caso Odebrecht por recibir una importante suma de dinero de parte de la constructora para financiar su campaña en 2011, Fujimori pasó más de un año en prisión preventiva, y más de cinco meses encerrada en 2020 antes de ser liberada a causa de la pandemia. Durante su campaña propuso el reinicio de obras de infraestructura que habían sido interrumpidas, y un modelo neoliberal de libre mercado para el país. 

Pedro Castillo Terrones, de 51 años, es docente y sindicalista. Proveniente del campesinado, lideró la resistencia campesina en los 90 contra Fujimori, y formó parte de la huelga de maestros de 2017. Izquierdista, el candidato de Perú Libre se erige hoy como el nuevo presidente del Perú. Sin embargo, su figura es controvertida en algunos sentidos: si bien aboga por una mayor estatización, por una Asamblea Constituyente que responda a las demandas de una nueva Constitución por parte de la sociedad, como así también por los derechos de los siempre postergados durante los gobiernos derechistas, Castillo es también conservador en cuestiones de índole social como el matrimonio igualitario, la igualdad de género o el aborto. Durante su campaña se lo ha visto dando polémicas declaraciones en torno a estos temas, que los colectivos feministas y LGBTIQ+ no recibieron con agrado. Algunos de sus detractores lo vinculan con el brazo político de Sendero Luminoso, la organización armada de extrema izquierda, a la cual se le atribuyó el pasado 23 de mayo, la masacre y asesinato de 16 personas en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), y que dejó un supuesto mensaje a la población a votar en blanco o a anularlo en las elecciones de junio. Tiempo antes, Castillo había pedido la liberación de los líderes de Sendero Luminoso. “Yo creí que ese hecho podría haber significado el fin de la candidatura de Castillo”, dice Jois Mantilla, periodista y comunicador peruano y agrega: “Sin embargo, ha habido algún interés, no solamente del sector de la prensa sino de autoridades del gobierno mismo, en tratar de no agitar ese tema y tratar de contenerlo para que no afecte. Incluso la misma presidenta del Consejo de Ministros dijo, a los pocos días de esa masacre, que no tenía que utilizarse con fines políticos”.

Mantilla opina que ambos candidatos no han ganado las elecciones por sus propios méritos o por su popularidad -en lugar de Castillo, de hecho, se veía en primera vuelta a la única candidata con potencial para derrotar a la derecha, a Verónika Mendoza-, sino que llegaron más bien por la polarización y revanchismo extremo que hay en el país, que se tradujo como antivotos en estas elecciones:” Los dos candidatos han recogido antivoto. La propia Fujimori tiene un tremendo antivoto que hasta hace algunos meses llegaba hasta el 70 y tanto por ciento, como consecuencia de los últimos años en que gobernó en el Poder Legislativo a través de 73 congresistas en el parlamento. Nunca en la historia de Perú había tenido ningún político con esa cantidad de representantes”, sigue Mantilla. “Ese poder que tuvo lo despilfarró, lo utilizó pésimamente, para proteger a personajes corruptos, jueces corruptos, magistrados de todo tipo, fiscales, y para protegerse de alguna manera a ella también de las acusaciones que tiene sobre la nuca por lavado de activos, y por lo cual ha sido condenada: Están pidiendo 30 años de prisión para ella”, detalla, y agrega: “Y el señor Castillo, recibió el antivoto también de los sectores de derecha, de los sectores que ven en él la amenaza comunista, muy similar a la que se implantó en Venezuela y en Cuba”. 

El sufragio en las regiones rurales y campesinas tuvieron un peso significativo a favor de Castillo.

Esperas, fraude y empate técnico

Con tres candidaturas presidenciales sobre su espalda, Keiko Fujimori se manejó durante esta campaña con mucha más prolijidad y organización que la improvisación vista en los actos y discursos del representante de Perú Libre: “A pesar de esto nadie se esperaba, ni Vladimir Cerrón ni el mismo Castillo, que pudiera llegar a la segunda vuelta y menos aún a la presidencia”, agrega Mantilla. “Es una agrupación inorgánica, que no tiene bases, todo se ha creado en el camino, muy informal. Por eso, hay esos pleitos al interior. Por eso, durante esta segunda vuelta, Castillo ha presentado casi tres equipos técnicos, y varios miembros han desertado”. 

La tendencia entre ambos candidatos fue durante casi todas las elecciones tan parejas, que incluso se llegó a hablar de empate técnico. Esto generó grandes incertidumbres en la sociedad, que ya había tenido que esperar cerca de cinco semanas para conocer oficialmente a los candidatos que irían a ballotage. Desde este lunes, se vieron en las calles algunas manifestaciones en pedido por los resultados del escrutinio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de uno de los comicios más polarizados en décadas. “Las normas electorales dictan que el ONPE solamente pueda contabilizar las actas físicamente. El ONPE tiene que tener el acta física, y se envía desde el extranjero por valija diplomática”, explica Jois Mantilla, como una de las causas de esta espera. “Y a nivel nacional tienen que llegar las actas desde las regiones más lejanas, en algunos casos tiene que recorrer alguna ciudad y llevarla a otra donde haya aeropuerto, y de ahí tienen que llevarla en avión. No basta ya con un escaneo o foto del acta. Lo que tarda más son las actas que se impugnan, que son más o menos 1.100 o 1.200”, explica.

Rondando siempre de uno a dos puntos de diferencia entre ambos candidatos, los votos del extranjero fueron otro factor que lograron acercar cada vez más entre sí a estas fuerzas políticas antagónicas: en el resto del mundo, Fujimori recibió el 66.48% de los votos, y Castillo el 33.51%. Esto hizo que la poca diferencia entre ellos, se achicara aún más. Hoy, con el 99.82% de las actas procesadas, Pedro Castillo recibe el 50.19% de los votos, y Keiko Fujimori, el 49.80%. En las regiones de Lima, Lambayeque, Piura y Tumbes, Fujimori encabezó los resultados, mientras que, en la región del Amazonas, Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno, Castillo fue el más votado. El sufragio en las regiones rurales y campesinas tuvieron un peso significativo. 

Veinticuatro horas después de haber pedido prudencia a la población en espera de los resultados, Fujimori organizó una rueda de prensa en la que denunció fraude e irregularidades en el escrutinio. Sin embargo, no presentó prueba alguna para sostener esta teoría. Mientras tanto, pudo conocerse pública y explícitamente la postura de distintos personajes. Los ex presidentes José “Pepe” Mujica y Evo Morales, prestaron inmediato apoyo al candidato de Perú Libre, mientras que el nobel de Literatura Mario Vargas Llosa expresó sus “deseos ardientes de que Keiko Fujimori gane la elección”. La población, por su parte, vivió estas elecciones en muchos casos de una manera mucho más apática. De los 32 millones de peruanos, sólo concurrieron a votar el 52.56%. Los números de la primera vuelta mostraron cifras similares. Esto se traduce en la gran división que sufre el país por parte de una triple crisis: sanitaria, económica y política. “Ha habido mucha apatía en las elecciones pasadas, ha sido muy notoria. Tanto por el tema de la pandemia, y porque la oferta de los 18 candidatos no satisfacía sus expectativas, es que hay muchos que decidieron no ir. Sobre todo los sectores más acomodados del país, preferían pagar su multa que perder el tiempo votando”, continúa el periodista peruano. “Otra razón es que esta campaña ha sido en condiciones de pandemia, donde hay temores de contagio”, señala. Perú es hoy el país del mundo con más muertes por cantidad de habitantes a causa del Covid-19. “En lo económico ya ha habido alzas, problemas, aumento de precios, se ha caído la bolsa -completa-, no sólo por la inestabilidad que genera la elección, sino también por la desidia, por la avaricia y también por la pandemia. La gente está preocupada por conseguir oxígeno, camas y cuidarse de no contagiarse”. 

Si no hay contratiempos, la ceremonia de asunción será el 28 de julio.

Hoy la República del Perú tiene un nuevo presidente que reemplazará este 28 de julio al gobierno de transición de Francisco Sagasti. Siempre y cuando no haya ninguna maniobra desestabilizadora de la fuerza de Fujimori. Pedro Castillo tendrá que enfrentarse no sólo a una crisis sanitaria y económica, sumado a una crisis de representatividad y desconfianza por parte de la sociedad, sino también a problemas de fondo que azotan en términos de desigualdad y distribución al país vecino. “Se necesitan mejoras para que los beneficios del crecimiento económico que ha tenido Perú, llegue a más personas que han estado mucho tiempo postergadas y de alguna manera forman el grueso de los votantes de Castillo. Porque desde hace muchos años están postergados, y los beneficios macroeconómicos que recibe el Perú, que es visto desde afuera como una de las joyas de Latinoamérica, por su crecimiento económico, por sus avances, libertades y todo lo demás, a algunas personas no les llega”, continúa Mantilla. “Sin ir muy lejos, avanzas 100 kilómetros y encuentras otro Perú: donde falta agua, donde faltan colegios, donde no hay servicios, donde no hay Internet. A una hora de Lima. Esta población es el grueso que han votado por Castillo, y que están hartos de la desigualdad, de ser postergados, de que siempre son los mismos los que están en las elecciones, siempre los mismos participantes. Y de que siempre hay corrupción. Ellos creen que Castillo borrará estas desigualdades porque es uno de ellos”. 

Al interior del Congreso, hay una fragmentación que no garantiza la mayoría efectiva de ninguna bancada, pero que puede derivar en una contienda entre la oposición y el nuevo presidente. Pedro Castillo tendrá que gobernar con sólo 37 diputados en un recinto de 130. “Veo días todavía más complicados. Porque el gobierno de Perú Libre no va a ser sencillo, tiene a la gran mayoría de las otras fuerzas en su contra y la mayoría de los otros sectores del parlamento se van a aliar, como ya lo han expresado durante esta segunda vuelta, a Keiko Fujimori. Y sumados van a tener un número importante. Los aliados de Perú Libre van a ser bancadas pequeñas, de tres, cuatro o cinco, que no van a significar mucho”, analiza el periodista. “Así que veo la revancha de Fujimori. Creo que va a haber bloqueo. La resaca de la campaña electoral se va a llevar durante varios meses, sino años. Con lo polarizado que ha quedado el país desde la vez pasada en las elecciones de 2016, y en estas, yo veo todavía conflictos, rencillas, rivalidades y venganzas. Muy probablemente van a obstaculizar y hacerle difícil al gobierno de Castillo”, finaliza. 

A partir de mañana aparecen nuevos desafíos para la sociedad peruana, que lejos está de haber resuelto los problemas que estallaron en noviembre del año pasado como consecuencia de la vacancia de Martín Vizcarra. El nuevo presidente tendrá que hacer frente a todas estas cuestiones para poder garantizar por fin la estabilidad democrática, tanto en el período de transición como en los cinco años de gobierno que tiene por delante.

Votos, ceviche y tamales en Buenos Aires

Votos, ceviche y tamales en Buenos Aires

Voto de la comunidad peruana radicada en Argentina en la Escuela Técnica N25, de la Ciudad de Buenos Aires.

Las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo fueron las más caóticas del Perú. Con 18 candidatos sin un resultado asegurado, ninguno se ubicaba cómodamente como favorito. La decisión frente a las urnas se volvió compleja y tediosa, en una jornada que encontró a la mayoría de los peruanos cansados e indiferentes tras 5 años de crisis política, social y -ahora- sanitaria, con una acentuada pérdida en la credibilidad sobre la dirigencia partidaria. Al cierre de esta edición, el gremialista de izquierda Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori serían quienes disputarían el próximo balotaje para definir quién gobernará el próximo mandato.

¿La novedad? Por primera vez se elegirá a congresistas que representarán al millón y medio de peruanos que viven en el exterior. Buenos Aires es la ciudad extranjera con el mayor número de habitantes del Perú, por lo que esta noticia fue bien recibida por la comunidad residente.

La escuela Técnica N° 25 del barrio porteño de Once abrió sus puertas a los sufragantes desde las 9 para recibir a los peruanos que colmaron la entrada desde temprano. Aunque el ingreso fue ordenado, con seguridad privada y voluntarios encargados de cumplir los protocolos sanitarios, las largas filas y la llegada de varios vendedores de comida típica -una costumbre en fechas electorales- hicieron que con el pasar de las horas la aglomeración de personas fuera inevitable. Así las cosas, entre ofertas de ceviche y tamales, el regreso a la tradición embelleció la agitada jornada.

María Briseño cuenta una década en Argentina y, aunque no tiene intenciones de volver a Perú, afirmó extrañar todo de su país natal. “Aunque fue difícil elegir candidato, estoy segura de no votar a los corruptos y a quienes tengan juicios políticos en Perú”, aseguró antes de entrar al cuarto oscuro.

“Desde el 2016 el Perú ha estado golpeado por tanta corrupción e ineptitud de parte de los gobernantes, quienes sólo sacan leyes para la propia casta política. Esto genera que exista un rechazo de la población hacia los candidatos”, afirmó Eleazar Chavez, un joven estudiante de medicina que vino a Buenos Aires hace 3 años y, actualmente, trabaja como enfermero. 

Chávez considera un acto de responsabilidad ciudadana del peruano que reside en el extranjero acercarse a votar más allá de las dificultades y aunque se trate de personas que decidieron hacer su vida en otro país porque entiende que deben tomar esta decisión para que los familiares que están en Perú tengan una mejora en su calidad de vida. 

Además de la corrupción, la mayoría de los entrevistados coincide en que los principales puntos que debería solucionar el próximo presidente electo son la economía, la educación y el sistema de salud, desgastado y al borde del colapso sanitario debido a la pandemia ya en fase de segunda ola.

Ecuador

A diferencia de las elecciones peruanas, en donde se habilitaron 9 colegios electorales debido a la gran cantidad de empadronados, los ecuatorianos residentes sólo debieron acercarse al Consulado ubicado en el barrio de Recoleta,  a pocas cuadras de la Plaza Francia. 

Con apenas 5 mesas habilitadas y 2048 votantes inscriptos, la jornada resultó tranquila y ordenada. No hubo vendedores ambulantes de comida ecuatoriana, pero el rasgo distintivo lo mostró la vestimenta con los colores de su bandera. La decisión fue más sencilla por tratarse de una segunda vuelta entre dos candidatos: el correista  Andrés Aráuz y el anticorreísta Guillermo Lasso, un banquero quien finalmente fue electo con el 52% de los votos para profundizar el modelo neoliberal que ejecuta el presidente saliente, Lenin moreno.. 

Al consultarlo por la gestión del presidente actual Lenin Moreno, un graduado de la Carrera de Filosofía en Argentina sentenció que fue “el gobierno más desastroso en la historia actual” y que nadie se encuentra feliz con la gestión, sin importar de qué ideología política seas. En su argumentación, David Mosco consideró que  “sería importante tener otras opciones que se alejen de la tradición correísmo sí o correísmo no, y que la discusión realmente sea qué tipo de política queremos”.

Por su parte, Ivana Gimenez cree que la gestión actual es una “payasada” y espera que el próximo presidente “haga mejor su trabajo”. Según esta ecuatoriana, el mandatario actual demostró que está “vendido” a los intereses de la derecha, alejándose de los ideales del partido al que originalmente pertenecía, una agrupación de izquierda impulsada por el expresidente Rafael Correa.

Otro dato llamativo en estas elecciones fue la incorporación por primera vez de urnas electrónicas, algo que no sucede ni en Ecuador ni en Argentina. El cónsul  ecuatoriano en Buenos Aires, Álvaro Garcés, explicó a ANCCOM que se trató de una de las pruebas piloto que está realizando en Consejo Nacional Electoral (CNE) “con el objetivo de ir modernizando el sistema de votación”. 

Respecto a la cantidad de votantes en Ecuador, Garcés estimó una proyección de votantes cercana al 40% del total de empadronados, mucho menos del  70% habitual, debido a la situación sanitaria que atraviesa el país y al aumento de casos por Covid positivo. Frente a esto comparó al suyo, con países como Chile, en donde cancelaron las elecciones para constituyentes a diferencia de Brasil que la realizó con “normalidad”.

Este domingo electoral con variantes latinoamericanas tuvo en Buenos Aires una radiografía de la región que marca aún una política errática sobre los momentos más oportunos para elegir presidente en tiempos de pandemia.

Mientras tanto Perú asegura una segunda vuelta y, por casa, aún no sabemos si estaremos en condiciones sanitarias para celebrar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Estas experiencias en la marea de la segunda ola seguramente servirán como antecedente.