La cosecha del veneno

La cosecha del veneno

Vecinos de Pergamino denuncian que la producción agrícola contamina con glifosato el agua que consumen. Señalan altos índices de cáncer en la población.

A 222 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Pergamino es uno de los núcleos sojeros más importantes del país, con las tierras más cotizadas de Argentina. Estas condiciones traen aparejada la presencia de las empresas más poderosas del agronegocio, que en función de sus intereses económicos utilizan sustancias sumamente contaminantes, no solo para el medio ambiente, sino también para los habitantes de la localidad.

Argentina lidera el ranking mundial en lo que respecta al uso del glifosato, superando los 300 millones de litros cada año. Fernando Sánchez, ingeniero agrónomo, subraya que “el producto mayormente usado para fumigar es el glifosato, con lo que matamos el 95 o 96 por ciento de las malezas”.

Alejado de los ruidos del centro, donde se despliega la mayor parte de la vida pergaminense, se encuentra Santa Julia, un barrio calmo al sur de la ciudad. Con sus veredas arboladas y sus casas de mitad de siglo XX, después de las 16, cuando culmina la hora de la siesta, los negocios locales abren sus puertas, los niños salen a jugar a la calle o se encuentran en la placita del barrio, y los vecinos se sientan en las puertas de sus hogares con sus reposeras rayadas a charlar con quien pase por allí, hasta que el sol comienza a caer. Pero, tras esta fachada encantadora, se oculta una realidad que muchos, consciente o inconscientemente, ignoran: el agua que beben y usan está contaminada con 19 agrotóxicos diferentes como consecuencia de las fumigaciones que se realizan en los campos cercanos.

Alejandra Bianco es una prueba viviente de ello. Docente, vive en el barrio desde hace casi 30 años, a la vuelta de la parroquia. “Yo tomo consciencia de lo que estaba pasando cuando se enferma Sergio, que era mi pareja –recuerda–. Sergio empezó a tener problemas de salud hasta que, finalmente, le diagnosticaron cáncer de páncreas y de hígado, y fue el médico que iba a hacerle la biopsia quien me dijo si yo no tenía alguna sospecha de que lo que sucedía no era una cosa aleatoria, que no podía ser casual que toda mi familia estuviera sufriendo alguna patología, todas diferentes, mis dos hijos, Sergio, y yo”.

Alejandra comenzó denunciando el mal funcionamiento de un transformador cerca de su hogar, luego de recibir aviso de un empleado de la Cooperativa Eléctrica. “Lo denuncio primero en una radio, y al día siguiente viene un canal local a hacerme una nota, donde sacaron al aire la imagen del transformador”. La escena, transmitida a través de Canal 2 de Pergamino, llegó al otro lado de la ciudad hasta Sabrina Ortiz, habitante del barrio Villa Alicia, quien llevaba ya varios años denunciando las fumigaciones que se realizaban a pocos metros de su casa y que habían enfermado a todos los integrantes de su familia.

Después de oír el relato, Sabrina decidió contactarse y no dudó en tenderle una mano a Alejandra. Nadie mejor que ella sabía lo que era levantarse en contra de las compañías más poderosas del agro en una localidad donde el campo es “palabra santa”, y donde quien decide enfrentarlo, encuentra su mayor adversario en el silencio cómplice de todos aquellos que tienen la posibilidad de ayudar. “Hablo de los médicos, de los abogados, de todos los que tienen una voz autorizada, no hay toxicólogos, que no es casualidad, no hay un área ecológica, que en una ciudad de producción sojera donde están contaminadas todas las napas de agua no haya una historia clínica ambiental no es algo azaroso”, expresa Sabrina, indignada.

La misma indignación se instaló en la vida de Alejandra, luego de que Sabrina le explicara que, muy probablemente, los problemas de salud que sufría su familia y el número creciente de fallecidos de cáncer en Santa Julia se debieran a los agrotóxicos aplicados en zonas cercanas. De esta manera, y frente a la indiferencia y la inacción del Municipio, decidió llevar adelante una encuesta dejando en los negocios barriales unas planillas para que completaran quienes hubieran padecido alguna enfermedad o fuesen cercanos a algún fallecido por el mismo motivo. “En mi cuadra era muy llamativo, porque los vecinos de al lado de mi casa murieron los dos de cáncer, otro vecino que aún vive tiene cáncer en los intestinos, al lado de ellos otra mujer que ya falleció hace dos años y medio, el señor de la casa de al lado de ella con leucemia, también fallecido, y así te puedo nombrar infinidad de casos”, detalla Alejandra, mientras cuenta con los dedos. Los resultados fueron estremecedores: en dos manzanas se habían registrado 53 casos de personas con enfermedades diversas.

 

Volver justa la injusticia

Desde 2014, una ordenanza prohíbe fumigar en los primeros 100 metros cercanos a las urbes y 500 metros donde sólo se permitía aplicar productos que fuesen menos nocivos. Sabrina, decidida a salvar a su familia, se recibió de abogada, y en 2018 logró que su caso llegara a la justicia federal. “Acá hay abogados, pero ninguno de los que se hacen llamar ambientalistas me quiso acompañar, porque son los mismos que hacen los contratos agrarios, que asesoran a las empresas, y son los mismos que hoy representan a quienes están procesados por envenenamiento”, sostiene.

La participación de Alejandra en el juicio contra la Municipalidad comenzó después del acercamiento de Sabrina. “Ella me ofreció trabajar juntas, y como yo estoy en la otra punta de Pergamino, ser querellante de la causa por el Barrio Santa Julia”, puntualiza Alejandra. Así empezó, se encargó de recolectar y llevar a la ciudad de San Nicolás 30 historias clínicas de diferentes vecinos, las cuales fueron presentadas ante el juez Villafuerte Ruzo, a cargo del expediente, quien ordenó la distribución de agua apta para el consumo en el barrio de Alejandra. La medida fue apelada. “Para la Municipalidad no hay tantos casos de cáncer, una falta de respeto hacia el dolor de los vecinos y la pérdida de nuestras familias, una falta de respeto después de haber hecho el censo”, se queja Alejandra.

El actual intendente, Javier Martínez, de Juntos por el Cambio, se lava las manos. Según él, se está gastando “dinero de los pergaminenses injustamente” y asegura fervientemente que “toma agua de la canilla”. Más allá de la apelación, el Municipio debió cumplir con la medida, sin embargo, tal como relatan los vecinos, no funciona correctamente. “A veces pasan, a veces no, hacen lo que quieren, a mí me han desaparecido bidones y nadie nunca se hizo cargo”, cuenta María Lorena Bertora, quien vive frente al Jardín Santa Julia junto con sus dos hijas de 17 y 8 años. “La mayoría de las veces lo que nos dejan no alcanza y tenemos que tomar el agua de la red, no nos queda otra”, se lamenta.

 

La cultura del campo

A pesar de todo esto, se sigue negando la toxicidad de los químicos y cómo pueden afectar a la población. El ingeniero Fernando Sánchez afirma que “el porcentaje de agroquímicos que contaminan el agua es muy poco, porque cuando tocan la tierra se desactivan. Hay mucha polémica con el tema del glifosato, pero no saben que éste se desactiva automáticamente cuando toca la tierra, por eso hay muchos que lo discuten”.   

Cualquiera podría llegar a la conclusión de que es una obviedad la postura que toma el Municipio en un caso como este, teniendo en cuenta que es una ciudad cuya economía gira alrededor de la producción agropecuaria, y que no va a ceder frente al reclamo de unos pocos vecinos.

Esto último es lo que más duele a quienes llevan la lucha adelante: la ignorancia de los pergaminenses, el poco interés que muestran en lo que, quieran o no, es un tema de salud pública.Seguimos así tranquilos, sin movernos, sin hacer nada, por eso yo tampoco empecé ninguna campaña más acá, porque me sentí muy sola, acompañada por muy pocos vecinos y siempre los mismos, no participan de la lucha, así que lo sigo haciendo, pero desde otro ámbito, con Sabrina, cada vez que se necesita algo, respondiendo entrevistas cada vez que puedo, pero es muy triste ver lo que pasa en el barrio, que la gente aún no reaccione”, manifiesta Alejandra con un dejo de resignación.

La cultura del campo cala muy hondo en la ciudad, muchos habitantes pertenecen a familias rurales. “Nos criamos pensando que el campo es el motor de la ciudad, el que nos da de comer, el que nos da trabajo, y no está mal, está mal que nos digan que está todo bien cuando no es así, cuando sabemos que hay otros métodos de producción que pueden ser compatibles con la salud”, explica Sabrina.

Los productores tienen otra visión del tema. “Si existe algún método menos nocivo para la salud, no lo sé, pero en algún momento tenés que aplicar los químicos, pulverizar, no hay otra, no hay métodos que te permitan no hacerlo, no existe en Argentina, y si no tendríamos que volver a la época de 1930 que se hacía todo a mano, y no estamos en condiciones de hacerlo en este momento”, dice Sánchez. Si no se habla de métodos alternativos ni desde la industria, ni desde la Secretaría de Salud, las víctimas del agronegocio ignoran, no sólo la posibilidad de incorporar medidas que atenúen los efectos de la contaminación, sino también la existencia de ella.

Un ejemplo llamativo es el de la Fundación Leandra Barros, que desde 2011 organiza una maratón con el objetivo de recaudar fondos para colaborar con personas de Pergamino que padecen enfermedades oncológicas. Lo curioso es que la carrera está auspiciada por algunas de las más reconocidas empresas del agro.

Contra un panorama que no parece ser el más favorable, Alejandra no se da por vencida. Desde los espacios que habita intenta aportar a la causa y visibilizar la problemática, para así llegar a quienes aún desconocen lo que sucede con el agua en Pergamino. “En mi profesión como docente realizo una concientización sobre el tema todo el tiempo –señala–. Me han hecho muchas notas por radio, en los periódicos, en los medios virtuales, he ido a dar charlas a escuelas secundarias, al Instituto de Formación Docente, y en cada invitación que tengo y que puedo, porque trabajo mucho, por supuesto que también asisto”. 

Quienes participan activamente de esta lucha, esperan con ansias la elevación a juicio contra tres productores que incumplieron las medidas de seguridad y de dos funcionarios municipales que, a pesar de estar encargados del control de la aplicación de fumigaciones terrestres, protegieron al fumigador, aun cuando eran conscientes de que había violado la cautelar.

Las batallas contra los agrotóxicos

Las batallas contra los agrotóxicos

El sábado pasado murió Ana Zabaloy, docente rural que había denunciado las fumigaciones indiscriminadas con agroquímicos y que había sufrido en carne propia los efectos del glifosato. El hecho actualizó las consecuencias de su uso en las zonas agrícolas y ANCCOM relevó distintos puntos de conflicto entre los vecinos, los productores y las autoridades.

En una reciente visita a Entre Ríos,  el presidente Mauricio Macri expuso su postura ante el conflicto por la utilización de agroquímicos en el proceso agroproductivo. Catalogó de “irresponsable” al fallo que hizo lugar al amparo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná para que se dejara sin efecto el Decreto Provincial Nº 4.407/2018 que permitía la fumigación en las zonas donde se ubican escuelas rurales. Para que no quedaran dudas de la postura oficial, agregó: “El Gobierno de Entre Ríos tiene que tener en claro que no tiene que destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico.”

Aldana Sasia, abogada especializada en derecho ambiental, integrante del Foro Ecologista de Paraná y de la Coordinadora Basta es Basta-Por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos, asegura que el amparo fue acompañado de una recopilación de casi diez años de imágenes realizadas por el ambientalista Emilio Vitale. Ese material demuestra la escasa distancia de los campos fumigados respecto a los patios de las escuelas. “Acompañamos estudios científicos en gran cantidad y estudios de las escuelas de algunos departamentos que daban cuenta del grado de contaminación que existía en la tierra, agua y aire -señala-; ofrecimos testimoniales y dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, del Comité Internacional de los Derechos del Niño y del relator por el Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas. Todos eran informes, desde el año 2012 al 2018, que alertaban sobre la situación de los niños en la Argentina por la exposición a los venenos del agro”.

El 28 de marzo aquel amparo fue concedido. Dejó sin efecto los artículos del decreto que disminuían las distancias exigidas entre la actividad de fumigación y las escuelas y mantuvo la vigencia de una separación de protección mínima terrestre de mil metros y de tres mil metros para la distancia aérea.

De todos modos, desde las organizaciones ambientalistas aseguran que la solución de fondo vendrá con un cambio en el modelo productivo: «Por este fallo el campo no se va a despoblar. ¡Es mentira que no se puede producir! Sí se puede, sólo que sin venenos, agroecológicamente. Como lo menciona el llamamiento de la Food and Agriculture Organization de los primeros días de mayo, en los que insta a la modificación urgente del modo de producir y ante la necesidad de producir alimentos para el mundo y no forraje, ya que en el mundo sigue existiendo el hambre y cada día se cultiva más«, afirma Sasia.

En tanto, Pergamino es otra zona en la que trascendieron los problemas causados por el glifosato. Allí, el juez Nicolás Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ordenó la suspensión de la fumigación con agrotóxicos en los campos que rodean los barrios de Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida. La medida se tomó en en respuesta a las denuncias presentadas por Sabrina Ortiz, vecina del barrio Villa Alicia e integrante de la organización “Madres de Barrios Fumigados de Pergamino”. El fallo fue apelado por el gobierno municipal pero la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de Villafuerte Ruzo.

Ortiz inició sus reclamos en el año 2011, cuando médicos especialistas determinaron que tanto ella como sus dos hijos tenían valores muy elevados de glifosato en sangre, poniendo en peligro sus vidas. Sabrina y su familia tuvieron que abandonar su casa para alejarse de las zonas fumigadas, ya que los médicos de sus hijos le indicaron “sacarlos de la línea de fuego”, según cuenta. Mudarnos no fue una decisión -afirma-, entendí que tenía que irme. Nuestros sueños quedaron dormidos en esa casa.” Actualmente, los análisis médicos demostraron que posee 58 veces más de lo tolerable del  ácido derivado del glifosato en sangre, su hija 100 veces más y su hijo 120.

La mujer, víctima de la contaminación, sostiene que si bien ella tomó cierta distancia de las zonas fumigadas, otras familias que no llegan a cubrir las necesidades básicas, no pueden recibir la atención médica especializada necesaria y mucho menos mudarse. Al respecto, Ortiz  cuenta que vecinos de un barrio privado de Pergamino hicieron tan sólo dos denuncias y la fumigación en los campos lindantes fue suspendida “En cuanto a la salud, hacen diferencia de clase. Eso es criminal. Aprietan con el hambre”, denuncia.

Por otro lado, Santa Fe y Córdoba son claros ejemplos de provincias en las cuales la Justicia no avanza, o hasta retrocede, ante este grave problema que afecta la salud de la población En la primera de las provincias, diversas organizaciones ambientalistas luchan para revocar la Ley Nº 11.723, que regula el uso de agrotóxicos desde el año 1995; normativa que no sólo ya no se adecua al sistema de utilización de esas sustancias, sino que además no da cuenta de la peligrosidad que implica su aplicación.

En Córdoba, en tanto, el 30 de abril, el intendente de Cosquín Gabriel Musso vetó la ordenanza Nº 3735, aprobada el 17 de ese mismo mes en sesión extraordinaria, que prohibía el uso y la comercialización del glifosato en esa ciudad.

En el año 2017, el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, quien actualmente integra el grupo activista “Red de Médicos de Pueblos Fumigados”, se desempeñaba como Subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba y tuvo que enfrentar un gran problema sanitario en el barrio periférico de Ituzaingó: 200 vecinos habían contraído cáncer en el último tiempo. Rigurosos estudios demostraron que la enfermedad era contraída por la exposición a agrotóxicos. “Antes era una problemática restringida a los aplicadores, a las personas que los usaban, eran enfermedades laborales, pero con el desarrollo de las semillas transgénicas en Argentina, se ha generalizado su uso extensivo, lo que generó un nivel de contaminación elevado en el ambiente”,  señala Ávila Vázquez.

Múltiples estudios científicos demuestran que enfermedades respiratorias, infertilidad, abortos espontáneos, niños que nacen con malformaciones y cáncer, son sólo algunos de los problemas de salud a los que están altamente expuestos los pueblos fumigados.

La doctora en Ciencias Biológicas, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto y genetista de laboratorio, Delia Aiassa, sostiene que “los trabajos realizados muestran que existe un aumento de daño en el material genético en las poblaciones que habitan localidades rodeadas de campos de cultivo donde se pulveriza con mezclas de agroquímicos con respecto a poblaciones donde no existen estas condiciones ambientales”.

Las autoridades ya no pueden mirar hacia otro lado: el nivel de daño que provocan los agrotóxicos es tan profundo que, según Ávila Vázquez, mientras en nuestro país la principal causa de mortalidad son los problemas cardiovasculares, las personas que habitan ambientes expuestos a la utilización de esos productos mueren a causa del cáncer. Como Ana Zabaloy.

 

Antorchas contra la injusticia

Antorchas contra la injusticia

Por la peatonal pergaminense caminan policías rumbo a “la Primera”. Dejan sus autos a un par de cuadras, llegan en transporte público o caminando. Son las 16:30 del lunes 2 de octubre y en una hora se inicia una marcha en la plaza para reclamar justicia por los siete jóvenes masacrados. Los policías arman dos vallas en las esquinas contiguas a la seccional mientras fuman, dialogan y se ríen.

Madres, padres, amigos, hermanas, hermanos, parejas, hijos, nietos, abuelos y grupos de jóvenes llegan a la Plaza Merced, a una cuadra del lugar de la masacre en la que murieron siete jóvenes detenidos tras el incendio de la Comisaría 1º de Pergamino, el pasado 2 de marzo. Con la Iglesia Merced y el Palacio Municipal como testigos, la columna empieza a tomar forma. Unos 70 carteles sostenidos por palos, colgados del cuello o colocados en las mochilas piden justicia, no olvidar y Nunca Más.

Silvia, madre de Fernando Latorre, uno de los fallecidos, afirma que “la gente de Pergamino no tiene conciencia de las cosas que pasan. Marchás y te miran con cara de bicho raro, la indiferencia te pega un poco”, se lamenta y agrega: “Hay muchos que juzgan por el lugar en el que los chicos estaban (la comisaría). No decimos que sean inocentes, pero estaban al cuidado del Estado y queremos justicia por eso”.

La multitud permanece allí media hora exigiendo castigo a los culpables. “No es un policía, es toda la institución”, sostienen y el bombo que acompaña la marcha se escucha cada vez más alto. Mientras tanto, en el sexto piso del edificio lindero a la comisaría, una mujer de camisón se asoma al balcón, mira, vuelve a entrar y cierra con fuerza la puerta ventana. Los transeúntes que “pasean” por el centro, al toparse con la manifestación, pegan la vuelta o apuran el paso hasta cruzar la concentración. Un hombre de unos 60 años sale del bar de la esquina, observa la escena con el ceño fruncido, niega con la cabeza, se mete de nuevo en el bar, se sienta de espaldas a la calle y pide un café.

Familiares de las víctimas sosteniendo una bandera con la inscripción "Justicia" en el frente.

A siete meses de la masacre de Pergamino, la justicia sigue amparando a los victimarios.

“¡Mamá, vení rápido porque nos mata la policía!”, “Hagan quilombo porque nos matan”, los mensajes de texto que los chicos enviaron aquel 2 de marzo todavía resuenan en el corazón de sus madres, que los recibieron. La prima de Fernando Latorre, Ludmila Díaz, apunta al accionar de la policía: “Eran personas y los dejaron morirse, estaban afuera sintiendo los gritos de dolor, sintiendo cómo se quemaban, la peor manera en la que puede morir un ser humano”. Silvia, la mamá, se refiere al maltrato que padecen desde el primer momento: “Los canales nacionales estaban dando los nombres de nuestros chicos antes que nos enteremos nosotros”. Y también culpa a la Bonaerense: “Las pericias muestran que el incendio se inició en el pasillo, no en las celdas. Pasaron 40 minutos hasta que se dio aviso a los bomberos y no desde la comisaría. Lo que pasó en ese tiempo muestra su intencionalidad. Obstruyeron a los bomberos diciendo que habían perdido las llaves de las celdas con las que previamente las habían cerrado, incluso las que debían permanecer abiertas. Como mínimo podrían haberles habilitado el agua de las duchas de las celdas y no lo hicieron, por eso los cuerpos se encontraron todos amontonados en el baño”.

Del otro lado de las vallas, los familiares de las víctimas obtienen lo mismo que les ha dado el Poder Judicial y la Gobernación durante estos siete meses: silencio e indiferencia. Cristina Gramajo, madre de Sergio Filiberto, acusa directamente al Estado: “Tiene una intención claramente marcada respecto a las fuerzas de seguridad que a una la lleva a pensar en la época de la dictadura. Cuando fuimos a la marcha contra el gatillo fácil algunos policías dijeron: `Acá hacen falta 15 gatillos fáciles más´. Esto lo único que genera es dolor y miedo porque sé que mis hijos y mis nietos están en peligro”. Y, en referencia al presidente Mauricio Macri, remata: “Habla de paz y pretende construirla con gente violenta en las calles”.

La marcha continúa hasta la avenida principal. Durante el trayecto, de la misma manera que la policía miraba de afuera cuando los siete pibes morían calcinados, los comerciantes y vecinos miran la escena, sin siquiera un aplauso o una palabra de aliento a las familias. Al llegar a la avenida, un hombre en moto quiere cruzar a través de la gente pero una joven lo frena para que no provoque un incidente. El motociclista, actuando indignación, protesta: “¿Te molesta que quiera pasar? ¡A mí también me molestan ustedes!”

Familiares de las víctimas marchan por las calles con antorchas encendidas.

«Marchás y te miran con cara de bicho raro, la indiferencia te pega un poco”, dijo Silvia, madre de una de las víctimas.

Quizás para exorcizar el humo y el fuego que siete meses atrás se llevaron la vida de los siete pibes, que esperaban su condena alojados en condiciones infrahumanas, unas 40 antorchas se encienden y los manifestantes preguntan “¿Dónde está?” No preguntan por Santiago Maldonado –cuyo rostro los acompaña en carteles, pines y remeras–, sino por el principal responsable de la masacre, el comisario Alberto Sebastián Donza, prófugo hace más de seis meses.

Sobre la vereda, un padre sale de la mano con su hijo de una juguetería con una bolsa y un paquete en la mano. Se quedan parados un momento hasta que pasa la gente para retirar su auto estacionado. En la vidriera del comercio se ofrece un “kit de policía” compuesto por pistola, esposas, walkie talkie, gorra y garrote.

Al llegar a la Plaza 9 de Julio, la marcha se detiene y los familiares aprovechan para decir las últimas palabras e invitar a hablar a otras personas. La primera es Mirna Gómez, mujer de Andrés Núñez, uno de los primeros casos de gatillo fácil, allá por 1990. Recién este año comenzará el juicio oral al comisario Luis Raúl Ponce, acusado del asesinato de Andrés. Ponce estuvo prófugo 22 años. Mirna pide que tengan fuerzas porque “esta es una lucha que tenemos que trasladar a toda la sociedad”.

Mediante una llamada telefónica, Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre en el Pabellón Séptimo, ocurrida en la cárcel de Devoto en 1978, sostuvo que “hay que seguir luchando para que la sociedad deje de incorporar el relato policial de `motín´ ante estas masacres”. La última en dirigirse al público fue Andrea Álvarez, quien pidió no olvidar a su hijo Iván Álvarez, fallecido luego de un choque producto de una persecución policial iniciada por la brigada motorizada GAM del Comando de Patrulla, sin motivo determinado. “Basta de las carreras de la muerte contra los chicos, basta de las persecuciones de la policía motorizada”, reclamó.

Mientras el comisario Donza sigue prófugo, el juez de Garantías a cargo de la causa, César Solazzi, le concedió arresto domiciliario a los cinco efectivos imputados que se encontraban detenidos con prisión preventiva: Sergio Rodas, Alexis Eva, Carolina Guevara, Matías Giulietti y César Carrizo.

La resolución fue apelada por el fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los familiares de las víctimas, pero aun así la Cámara de Apelaciones respaldó la decisión del magistrado salvo en un caso. Ahora mismo, los recursos interpuestos por la CPM y la fiscalía se encuentran bajo estudio de la Sala V del Tribunal de Casación Penal. El argumento de queja es simple: los acusados no pueden estar en sus casas vigilados por sus propios compañeros de fuerza. A siete meses de la masacre de Pergamino, la justicia sigue amparando a los victimarios.

Personas en la plaza sosteniendo pancartas, reclamando justicia.

“Esta es una lucha que tenemos que trasladar a toda la sociedad”, dijo Mirna Gómez , mujer de Andrés Núñez, víctima de gatillo fácil.

Dos antorchas encendiéndose.,

Se encendieron 40 antorchas para reclamar la aparición de Alberto Sebastián Donza, principal responsable de la masacre.

Actualizado 4/10/2017

 

Justicia por los siete

Justicia por los siete

“El dolor y el reclamo de ustedes también es nuestro”, dijo a los familiares de las víctimas del incendio de la Comisaría 1ª de Pergamino el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien participó el lunes de una importante marcha para exigir justicia junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y al cura Pedro “Pepe” Di Paola, los tres en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Previo a la movilización –que comenzó a las 19– se reunieron con los familiares, les expresaron su apoyo moral y les ofrecieron el patrocinio legal del organismo.

La convocatoria de ayer, la cuarta en un mes en memoria de los siete jóvenes, superó con amplitud a las anteriores. Se acercaron familiares, amigos y referentes de Capital Federal, La Plata y hasta de Salta. Entre ellos, miembros de la Red Contra la Violencia Institucional, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino.Fueron cientos de personas caminando lentamente y en silencio desde la Plaza 9 de Julio hacia el centro de la ciudad, cada familiar con una fotografía de su ser querido en la mano. Los rostros de los muertos se multiplicaron en remeras y carteles. Cada dos cuadras, la multitud rompía el silencio para nombrarlos: Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera, Fernando Emanuel Latorre. “¡Presentes, ahora y siempre!”, gritaban.

Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el cura Pedro “Pepe” Di Paola, los tres en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y el cura Pedro “Pepe” Di Paola, los tres en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Diego Filiberto recordó haber visto a su hermano Sergio “durmiendo en un pasillo de la comisaría, un lugar inhabilitado”, y no sólo a él, “eran nueve chicos en un calabozo de tres por tres, con los colchones en el suelo y sin luz”. Su madre, Cristina Gramajo, con la poca voz que le quedaba, se preguntó: “¿Dónde está la gente que tenía que controlar?”. Y agrega: “Mi hijo estaba pagando su error, pero no en condiciones de seres humanos”.

Al llegar al centro de Pergamino, la marcha tomó por la peatonal en dirección a la Comisaría 1ª, donde sucedió el incendio. Comerciantes y clientes, en las puertas de los locales, miraban pasar a los manifestantes que empezaban a subir el volumen de su reclamo. En la calle Dorrego, donde se encuentra la seccional, un vallado y unos 50 policías armados, con cascos y escudos, les impedían seguir. Los familiares pegaron las siluetas de los siete jóvenes en el vallado y evocaron sus nombres, una y otra vez.

Nora Cortiñas pidió que nadie quede impune en este hecho y eso implica, según dijo, no olvidarse de los jueces que “son grandes responsables al abandonar a los jóvenes en las comisarías. Y en este caso, los siete eran personas que no tenían una condena y estaban ahí bajo un juez de Garantía”.

Los familiares pegaron las siluetas de los siete jóvenes en el vallado y evocaron sus nombres, una y otra vez.

Los familiares pegaron las siluetas de los siete jóvenes en el vallado y evocaron sus nombres, una y otra vez.

La marcha continuó su recorrido dos cuadras más, hasta la Fiscalía de la ciudad. Allí, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, mantuvo una reunión de media hora con la fiscal de la causa y los familiares. “Se libró la orden de detención de cinco policías (los oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti, el sargento César Carrizo y el teniente primero Juan Rodas), que ya están bajo custodia y del comisario (Alberto Donza) que está prófugo”, señaló García, quien apuntó a que “la información se filtró previamente, lo que provocó que hoy no esté detenido”. La Fiscalía se comprometió a “hacer todos los esfuerzos para encontrarlo”.

García pidió por “la protección de los testigos que están detenidos en Junín” y enfatizó en que se investigue a los funcionarios políticos que “permitieron que la comisaría estuviera en esas condiciones”, ya que “hay 80 informes de fiscales que señalaron que era un desastre”. Asimismo, la CPM solicitó al intendente Javier Martínez (del PRO) la creación de un espacio de memoria en la comisaría porque no sólo murieron “estos siete chicos sino que allí también funcionó un centro de detención clandestina durante la dictadura”.

En el final de la marcha, los familiares formaron una ronda, encendieron una vela cada uno y agradecieron la compañía. En palabras de Silvia, madre de Ernesto Latorre: “El apoyo de hoy fue muy importante para que la sociedad empiece a ver que no son siete lacras menos, eran siete pibes en una comisaría al cuidado del Estado”.

Actualizado 04/04/2017