La discriminación a la mujer en el periodismo y la publicidad

La discriminación a la mujer en el periodismo y la publicidad

El 78% de las empresas de medios está dirigida por varones.

Como un reflejo de lo que sucede en toda la sociedad, las trabajadoras de medios periodísticos y de la industria de publicidad sufren tratos sexistas y estigmatizantes en el ámbito laboral. “Para mañana ponete una minifalda que tenemos una presentación”. “Vos tenés que agradecer este trabajo porque está complicado conseguir en publicidad y vas a terminar en una peluquería”. “Te ves más bonita cuando no se te escucha”. “Las mujeres son menos creativas que los hombres”. “Las mujeres no tienen sentido del humor”. “En Cuentas contratamos a mujeres porque son más fáciles de manejar”.

Estos comentarios son una constante para las trabajadoras de la publicidad que durante mucho tiempo han soportado “tratos discriminatorios, dichos al paso sobre su aspecto físico, chistes y burlas machistas, y las sugerencias de falta de capacidad por ser mujeres”, sostiene el estudio ​Organizaciones de medios y género​, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad ​y la ​Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS​), con apoyo de la ​Fundación Heinrich Boll, que recoge los resultados de 50 entrevistas realizadas a directivos de medios, dirigentes sindicales, directores de carreras de Comunicación, trabajadoras y trabajadores de medios y especialistas en el tema de Córdoba y Buenos Aires. El informe será presentado en el marco del Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad a realizase este jueves y viernes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Culturalmente a la mujer se la ha encasillado en determinados roles y los ámbitos laborales reproducen determinadas normatividades que confluyen en la segregación temática dentro del periodismo o áreas dominadas por varones en la publicidad. “En relación a los temas abordados dentro de la redacción periodística de acuerdo a la identidad de género de cada persona, la división tradicional de roles ha hecho que las mujeres mayormente se ocupen de los temas de la agenda ‘fríos’ y aparentemente menos relevantes: cultura, sociedad, salud, educación, sociales y la agenda de género; y los varones de las áreas ‘calientes’ más importantes: economía y política”, puntualiza el informe.

En la industria de la publicidad sucede algo parecido. Por ejemplo,  las áreas creativas están dominadas por hombres, mientras que las mujeres quedan relegadas a los puestos de administración y cuentas.  El estudio denuncia esta situación: “Existen mujeres capaces, competentes, con trayectoria y experiencias pero deslegitimadas por las estructuras laborales machistas para ocupar puestos jerárquicos. El margen de oportunidades que brindan los medios de comunicación a las mujeres interactúa con los privilegios que los varones todavía no están dispuestos a abandonar o con los prejuicios de género, lo que termina discriminando a las periodistas mujeres”.

Ninguna de las empresas que participó en el estudio dispone de oficina o Área de Género, como así tampoco de un sector específico para la resolución de problemas de violencia de género y/o acoso y abuso laboral y sexual. “Ante situaciones de esa índole se opta por el cambio de área o por la desvinculación de la empresa. He conocido un solo caso, que tomó esa decisión. No tanto de acoso sexual, sino de mobbing (maltrato laboral) de parte de un jefe hacia una chica, haciendo hincapié en sus ‘debilidades’”, manifestó una de las entrevistadas en la investigación, quien pidió preservar su anonimato.

El estudio pone en evidencia la profunda disparidad y tratos sexistas que sufren las trabajadoras en los medios de comunicación y la industria publicitaria. Solo el 28% de los cargos jerárquicos en periodismo están ocupados por mujeres. “En las empresas y organizaciones de medios hay una enorme concentración de poder por parte de los varones. Esto impacta tanto en prácticas laborales sexistas como en la agenda de los temas y la forma de abordarlos, con una perspectiva solamente masculina de la realidad”, resalta la investigación. La conclusión surge a partir de los índices elaborados que muestran que el 78% de las empresas de medios está dirigida por varones. También son mayoría en las secretarías sindicales y las distintas áreas más valoradas de los medios que, no casualmente, son las mejores remuneradas.

Estos índices son aún más llamativos si se tiene en cuenta que el 69,04% de los egresados de las careras de Comunicación son mujeres frente a un 30.96% de hombres. Sin embargo, a la hora de la inserción laboral estos índices se invierten: el 70% de quienes trabajan en empresas periodísticas son varones.

 Solo el 28% de los cargos jerárquicos en periodismo están ocupados por mujeres.

Si bien las casas de estudio manifiestan preocupación por la dimensión de género, esto no se traslada a la currícula de grado obligatoria. Solo en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA) está prevista una materia sobre género obligatoria en quinto año. En las demás carreras de Comunicación, el alumnado puede optar por seminarios optativos vinculados a la temática. En la carrera de Publicidad ninguna de las instituciones consultadas ofrece una materia específica obligatoria que aborde los estudios de género como parte central de sus contenidos.

«Hay docentes que tienen iniciativas puntuales dentro de su cátedra, pero no hay un anclaje desde lo académico, desde lo estructural, que acompañe. Pasa porque nuestros docentes son jóvenes, están viendo que hay una necesidad y un requerimiento de quienes están participando de la clase. Pero no como determinación desde la Dirección. No está plasmado tampoco en los programas de docentes”, señala una representante de una empresa radicada en Córdoba, citada en el estudio.

Las estadísticas del informe visibilizan el vacío de información en la construcción de conocimientos: más del 80% de los y las estudiantes de carreras de Publicidad, profesionales del área y docentes conoce sobre el enfoque de género en la comunicación, sin embargo sólo un 22% accedió a esos saberes en su formación académica. ¿Cómo se quiere cambiar la estructura sexista de pensamiento si a quienes trabajarán en ese ámbito no se les brindan las herramientas teóricas para ello?

En este contexto, la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad brinda distintos cursos y capacitaciones virtuales certificadas por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. “Tenemos varias áreas de trabajo cuya finalidad es incidir en la comunicación para democratizarla, fundamentalmente, desde un punto de vista e género”, explica a ANCCOM Sandra Chaher, directora de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, quien a su vez estuvo a cargo de la investigación. “Tenemos el área de asesoramiento empresarial para las instituciones que quieren mejorar la comunicación interna y externa de la empresa y que están en este proceso de saber qué es el género, qué son las relaciones desiguales de género, qué es la violencia de género entonces aparecen requerimientos de ese tipo también”, puntualiza Chaher egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

¿Cuál  es el camino a recorrer para revertir los altos índices de disparidad de género? Chaher lo sintetiza de la siguiente manera: “Primero tenés que reconocer que hay un problema y hacer un diagnóstico sobre él. Una vez identificado, hay que empezar a ver cómo se corrige. Para eso, se debe crear un espacio donde discutir los temas de género, no solo en las empresas, sino también en los sindicatos y en las universidades porque inequidades hay en los tres ámbitos. Después, a partir de ver cuáles son las inequidades generales y específicas, hay que generar políticas  para equilibrar las desigualdades”. Este es un trabajo que integra al conjunto de la sociedad y donde la naturalización cultural sobre las desigualdades de género está siendo cuestionada. El primer paso está dado.

Un fallo a favor de las personas con discapacidad

La Justicia dio marcha atrás en la aplicación de un viejo decreto menemista que había aplicado Cambiemos.

Devolver las pensiones por discapacidad eliminadas por el gobierno desde 2016, de acuerdo a un viejo decreto menemista que no se aplicaba. Y suspender la resolución que generaba un engorroso circuito para demostrar ante las autoridades, en un plazo de 10 días,  que se cumplían los requisitos para obtener aquellas. Esas son las consecuencias del fallo de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, ante el recurso de amparo que presentó la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI).

El pasado 15 de marzo, ese tribunal declaró inconstitucionales los artículos del Decreto 432/97 que imponen restrictivas condiciones para obtener una pensión por invalidez. También lo hizo con la Resolución 268/18 de la ANSeS, que  fija un circuito administrativo de notificación ante la suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez, en la que el afectado posee 10 días para ofrecer las pruebas necesarias. De no cumplir este paso en tan poco tiempo, su pensión era dada de baja.

Ayer, en una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el presidente de REDI, Marcelo Betti, declaró: “Algo que caracteriza al colectivo de personas con discapacidad es su nivel de bajos ingresos consecuencia de la poca oferta genuina de trabajo tanto en el sector privado como en el público. Este último no cumple con la reglamentación de cupo laboral vigente que es del 4 por ciento. Por otro lado, es un colectivo que suele tener mayores gastos que el promedio de la población porque muchas  personas necesitan algún tratamiento o incurren en gastos adicionales para el cuidado de su salud.”

  Según datos preliminares elaborados por el INDEC a partir del estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, en Argentina hay 3.571.983 personas de seis años o más que padecen algún tipo de discapacidad, lo cual representa  el 10,2 por ciento de la población total. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término discapacidad abarca las deficiencias entendidas como problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad -es decir, dificultades para ejecutar acciones o tareas- y las restricciones de la participación.

“Discapacitado es aquella persona que necesita distintas apoyaturas pedagógicas, sociales, económicas, culturales, para poder llevar adelante el normal desarrollo de su vida”, explica Andrea Finkelberg, psicopedagoga especialista en discapacidad y ex directora de la Escuela 508 para personas sordas e hipoacúsicas, ubicada en la localidad bonaerense de Sarandí. “Las pensiones que se han querido quitar –agrega- no son un beneficio que otorga el Estado. Son un derecho de las personas con discapacidad y por lo tanto tiene el Estado la obligación de proporcionarlo”.

Desde el 2016, el Ministerio de Desarrollo Social viene quitando arbitrariamente pensiones no contributivas por discapacidad y poniendo trabas burocráticas a la hora de acceder a ellas.  La aplicación del decreto menemista de 1997 y la resolución del ANSeS que exige demostrar en 10 días que se cumplen los requisitos para tener la pensión (previo llamado obligatorio a una línea telefónica), forman parte del mismo proceso.

Marcelo Betti señala: “Esos menores ingresos y mayores gastos hacen que las personas con discapacidad sean uno de los colectivos  más excluidos, vulnerados y al mismo tiempo invisibilizados por el común de la sociedad. El promedio de las personas con discapacidad está bajo la línea de pobreza, con necesidades muy significativas. En ese marco es que el Estado nacional comenzó con la quita indiscriminada de pensiones no contributivas”.

 

Varina Suleiman, abogada de REDI, agrega: “La sentencia declara que es inconstitucional la exigencia de pedir turno al 130 y saca a su vez una medida cautelar suspendiendo los efectos de esta resolución. Quien haya recibido una carta a documento que decía que debía iniciar ese trámite, ha quedado sin efecto. El Estado deberá sacar una resolución que sea respetuosa del debido proceso”, explicó.

Asimismo, las incompatibilidades, por las cuales las pensiones se darían de baja, se detallan en el Decreto  N° 432/97 que exige, entre otras condiciones para poder acceder a una pensión por invalidez, que la persona no debe poseer bienes, ingresos o recursos que permitan su subsistencia ni tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos. Tampoco debe encontrarse incapacitado de forma total y permanente, es decir, que su capacidad laboral se haya reducido en un 76 por ciento a causa de su invalidez. Se destaca que la sentencia baja ese porcentaje al 66%.

“Para que el fallo se cumpla se necesita presupuesto. A partir de la sentencia, las personas que perdieron sus pensiones en el 2016 por los recortes masivos y arbitrarios, tienen derecho al resarcimiento de esas pensiones. Si bien la Ley de Presupuesto Nacional ya está sancionada, el Jefe de Gabinete de Ministros tiene facultades para reasignar partidas presupuestarias y necesitamos que el Congreso respalde los derechos de las personas con discapacidad”, sostiene Suleiman y remarca: “Necesitamos hacer realidad esta sentencia y empoderar a las personas para que ningún otro gobierno liberal se las quiera llevar puestas”. ¿Cumplirá el fallo el Poder Ejecutivo?