Mar 4, 2020 | Comunidad, Novedades
A los chicos sin vacantes hay que sumarles otros 12 mil que asisten a Centros de Infancia y de Desarrollo Infantil.
El problema de la falta de vacantes en el sistema público educativo de la Ciudad de Buenos Aires presenta larga data y se profundizó en los últimos años, en paralelo a la crisis económica y a la decisión de muchas familias de llevar a sus hijos e hijas a escuelas públicas por no poder sostener los costos de una educación privada. Aunque la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ha declarado a lo largo de los años que “no hay faltante de vacantes en la Ciudad porque el Gobierno está obligado a brindar vacantes a partir de los 4 años”, la Constitución de la Ciudad lo desmiente. En su artículo 24 reconoce que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.
Hoy 16.364 chicos, chicas y adolescentes están en lista de espera para obtener una vacante, según datos que relevó Tiempo Argentino. La gran mayoría corresponde al Nivel Inicial (12.370), luego al Nivel Primario (3.355) y, por último, al Nivel Secundario, con 639. A esta cifra se suma la cantidad de chicos y chicas que están en los Centros de Primera Infancia (CPI) y Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), unos 12 mil. En suma, el número de chicos sin vacante en el sistema educativo público alcanza los 28.364.
Los CPI de la Ciudad de Buenos Aires dependen del área de Desarrollo Social y no tienen un abordaje educativo en el cuidado de los niños y las niñas. Según el informe “Derechos vacantes” del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), “estas instituciones están en un escenario de desigualdad de recursos con respecto a las escuelas públicas, denegando de esta manera el ejercicio efectivo de un derecho universal”.
“Tengo un amparo judicial contra la Ciudad por negar la educación pública para mi hija», dice la mamá de Jazmín.
Patricia Pines, docente y voluntaria en Vacantes Para Todxs, una organización que ayuda dando herramientas y acompañamiento a familias perjudicadas por la falta de lugar en las escuelas dijo a ANCCOM que “los Centros de Primera Infancia surgieron en la provincia de Buenos Aires para suplir la ausencia estatal”. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires estas instituciones proliferaron en los últimos años. “Pasaron de ser alrededor de 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual no es que el Estado está ausente, el Estado tiene una política pública que es de precarización, de vaciamiento y de privatización de la primera infancia en las escuelas públicas y la derivación de esa matrícula a escuelas privadas”, sentenció Pines.
La zona sur de la Ciudad de Buenos Aires históricamente es la más afectada. El informe de OUBA informa que “el mapa de la distribución de los CPI marca la abrumadora presencia de estas instancias paliativas en la zona sur, donde se encuentra la mayor cantidad de familias que están atravesando una fuerte crisis económica. Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza aún más su situación de exclusión social”. Sin embargo, Pines aclara que este año recibió quejas de muchos otros lugares de la ciudad. “Eso antes era algo casi exclusivo de zona sur, no pasaba en otros barrios. Pero ahora esta problemática se extendió”, dijo.
Otros problemas se suman al de la falta de vacantes. “Paralelamente no se construyen escuelas infantiles, se intenta el cierre de los institutos de formación docente y se cierran escuelas infantiles como la del Hospital Ramos Mejía. Es un combo que en realidad apunta a tercerizar la escuela pública”, afirmó Pines a este medio. Desde 2018, el Gobierno de la Ciudad buscó trasladar la Escuela Infantil Nº 6 del Hospital Ramos Mejía al establecimiento de la Manzana 66, creado para que funcione un nuevo jardín gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas. De esta manera, las nuevas vacantes que se pensaban abrir quedaban en gran parte ocupadas por los chicos y chicas que iban a ser trasladados: se abría una escuela para cerrar otra y el problema de las vacantes queda sin solución aparente. Ayer, a partir del incansable esfuerzo de madres y padres y el amparo colectivo que presentaron contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial dictaminó finalmente la nulidad absoluta del cierre, fusión y/o traslado de la escuela.
“Si se van a construir nuevas escuelas que no sean nuevos edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas donde se construya y se habilite más matrícula”, dijo en diálogo con ANCCOM Micaela López Rodríguez, una de las fundadora de La Vacante es un Derecho, otra organización que acompaña y asesora a familias víctimas que no pueden inscribir a sus hijos en los establecimientos estatales. Además, sostiene que es necesario “hacer un seguimiento sobre lo que pasa con aquellos edificios donde funcionaban escuelas que se mudan a establecimientos nuevos, que deliberadamente el Gobierno de la Ciudad deja caer en pésimas condiciones para después derribar las construcciones y rematarlas a amigos del poder de turno”.
Los Centros de Primera Infancia pasaron de ser 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Dentro del problema de la falta de vacante surge uno particular vinculado a la cuestión de género. Según Mónica Tarducci, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, “en su enorme mayoría son las mujeres las que están a cargo (del cuidado de la infancia)”, y son ellas quienes se ocupan de lo relativo a los traslados y del “acompañamiento en los pedidos de las escuelas o la comunicación con las y los docentes”. Micaela López Rodríguez señala que “el problema de la falta de vacante lo terminamos resolviendo en la mayor parte de los casos las feminidades: el problema afecta directamente en el trabajo o las ocupaciones de la mujer”. A su vez agrega: “Poder conseguir vacantes a nuestros hijos no es solamente algo que viene a hacer respetar los derechos de los niños, sino también a dignificar las tareas de cuidado y a entender que todas las personas que ejercen estas tareas tienen la misma necesidad de trabajar, de desarrollarse profesionalmente o de descansar y tener tiempo de ocio”.
Este es el caso de Jazmín, madre que se encuentra en la lista de espera para conseguir vacante para su hija de un año en el jardín maternal del Hospital Tornú: “En este momento me encuentro con un amparo judicial contra el Gobierno de la Ciudad porque niega la educación pública para mi hija y me obliga a tener que caer en la educación privada, lamentablemente”. Un proceso similar vive Carolina, madre de una hija de dos años y medio, que quiso buscar este año vacante para ella pero por segundo año consecutivo le fue negada. Su situación, como la de muchas madres y familias es complicada. “Actualmente soy madre soltera, y desempleada –cuenta-, lo que me dificulta horrores conseguir un trabajo. No tengo familiares disponibles que la puedan cuidar, todos trabajan, y pagar una niñera o un jardín privado menos, porque no cuento con los recursos económicos para hacerlo y poder salir a conseguir trabajo”.
La solución, sostiene Micaela López Rodríguez, no tiene que ver únicamente con construir nuevas escuelas. “También es necesario frenar la política de construcción de Centros de Primera Infancia en detrimento de la de escuelas públicas, no construir edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas que habiliten más matrícula y poner el ojo sobre el presupuesto educativo y la cantidad enorme de partida presupuestaria que sustenta a la educación de gestión privada a través de subsidios”, dijo a este medio.
Nov 30, 2017 | Novedades, slider
El reciente dato, proporcionado a la fuerza por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de un recurso de amparo presentado por Miryam Bregman y Patricio del Corro (FIT), indica que en 2017 quedaron sin vacante para las escuelas públicas porteñas 11.958 chicos y chicas de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Lejos de revertir la crítica situación de 2016, en la que 11.432 padecieron la misma suerte, el panorama educativo de la Ciudad empeoró, tanto cuantitativa, como cualitativamente.
“El chico que no tiene educación desde temprano tiene cincuenta por ciento menos de probabilidades de no terminar el colegio. Faltan jardines de infantes en Argentina y desde el PRO vamos a construir 3.000 jardines infantes en cuatro años”, prometía el entonces candidato Mauricio Macri en un programa de televisión previo a las últimas elecciones presidenciales.
Transcurridos casi dos años de su presidencia y tras diez de gestión de su mismo partido político en la Capital Federal, con leyes nacionales que instan –y obligan- al Estado a asegurar el derecho a acceder a una educación pública, laica y gratuita, las conclusiones a las que llega el informe Seguimiento del dispositivo de tramitación de vacantes escolares denominado ‘Sistema de Inscripción en Línea’, de la Defensoría del Pueblo de CABA indican que “se ha incrementado el porcentaje de niños, niñas y adolescentes aspirantes a los tres niveles educativos, sin vacante confirmada, al inicio del ciclo lectivo”. La proyección es la siguiente: 39,8 % (ciclo lectivo 2014); 41 % (2015) y 54,05 % (2017).
Esta inquietante realidad de miles de familias hizo que se movilizaran el último miércoles 22 a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad, para hacer llegar el reclamo y la exigencia de hacer cumplir lo que es un derecho: la vacante –el ingreso- a la educación. De diversos colores, las respuestas que allí reciben por parte de los funcionarios son, año tras año, las mismas. En diálogo con ANCCOM, Patricia Pines, madre organizadora de la multisectorial “Vacantes para Tod@s en las escuelas públicas” y docente del Mariano Acosta, afirmó que Juan Pedrazzi, asesor del secretario de Carrera Docente (que atendió los reclamos en la calle), “no tiene mucha injerencia en esta problemática, promete solucionar los casos, pero no cumplió el año pasado. Nunca reconoce que faltan escuelas, siempre nos bicicletea con que ‘bueno, estamos trabajando para solucionar el problema’”.
Lo que no especifica el funcionario es exactamente en qué están trabajando, ya que en los estudios que demuestra el ex legislador Patricio del Corro, hasta mitad de año se ejecutó tan solo un 34% del total asignado para la Dirección General de Infraestructura Escolar.
Inscripción en línea
Una de las causas que se aducen a la ineficiencia en la asignación de vacante es, justamente, el sistema de inscripción, que desde el 2013 -para el año lectivo de 2014- es online. Patricia define esa operatoria como arbitraria y expulsiva, porque “como todo lo que hacen, son medidas inconsultas, y porque el que no tiene computadora no puede inscribir a sus chicos en la escuela; y el que la tiene, la primera semana nunca funciona (el sistema) entonces vos tenés que ponerte el despertador a las 2, 3 de la mañana para enganchar el sistema y tratar de que la inscripción entre y cuando vas a llevar los papeles a la escuela, algo que ellos mismos te obligan, en la institución no hay Internet, no hay facilitador, no hay computadora”. Entre los miles de casos de inscripciones azarosas, Patricia recuerda el de tres hermanos, a los que ubicaron en tres escuelas diferentes. “¿Cómo hace la mamá para llevar a tres pibes a tres escuelas distintas a la misma hora?”.
Esta modalidad contribuye a generar, por ejemplo, un proceso de alejamiento en la relación entre la institución asignada y la familia ya que, en muchos casos, los padres y las madres deben terminar optando entre las posibilidades que les brinda el sistema, que no siempre se ajustan a sus preferencias y/o búsquedas pedagógicas. Así, el Estado nuevamente incumple un mandato, expresado en el artículo 23 de la Constitución porteña: “(la Ciudad) asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo, respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias …”.
La despersonalización del sistema de inscripción online conlleva en muchas familias a tener que aceptar desesperadamente lo que hay, que en la mayoría de los casos no se corresponde con sus propias búsquedas para sus hijos e hijas. Así, se observan diferencias entre las preferencias y la asignación final –en el mejor de los casos- en cuanto al tipo de jornada (simple, extendida o completa), a la propuesta pedagógica de la institución, a la cercanía del hogar o del trabajo de los padres y las madres. De esta manera, el periplo de la inscripción y asignación de vacantes, en su expresión digital, queda relegado a un mero acto administrativo, desconociendo su impronta pedagógica que involucra, entre otros aspectos, las expectativas familiares proyectadas para la trayectoria escolar de sus niños, niñas y adolescentes, es decir, para sus futuros.
Sin un plan integral de construcción de escuelas, especialmente en aquellas zonas críticas de la Ciudad, como la zona sur, en la que abunda la desescolarización de nivel Inicial y Primario, a las familias que no corren la misma suerte de aquellas que consiguieron por lo menos una vacante -aún lejos de sus barrios, de sus “convicciones y preferencias”- no les queda más opción que tener que inscribir a sus hijos en escuelas privadas. Esto explica, entre otras cosas, el aumento de la matrícula de ese sector. A la pregunta de cómo se podría solucionar la falta de vacantes en la educación pública, Pines es tajante: “No hay voluntad política para solucionar el problema, sino para profundizarlo. Muchas veces estuvimos en la Legislatura exigiendo la aprobación del Proyecto de Construcción de Escuelas, que se ejecute el presupuesto.”
¿Alcanza con la asignación de un lugar?
La foto sobre el estado de situación muestra que en el presupuesto nacional de 2017 hubo una pérdida de los fondos asignados a la participación de la función educación de un 13% en relación al presupuesto 2016. La película completa expresa un deterioro en las condiciones de acceso, permanencia y finalización de los estudios en los respectivos niveles de la educación pública nacional, signado principalmente por la falta de inversión en infraestructura, en recursos materiales y humanos.
Patricia lo grafica con sus palabras: “Este año costó muchísimo obtener datos, mucho más que los años anteriores. Hasta el año 2016 venían respondiendo los pedidos de informe de la Legislatura y este año no lo respondieron. Teníamos hasta el año pasado la información de que en los últimos diez años se había sub-ejecutado el presupuesto en 850 millones de pesos. Eso equivale, más o menos, a 60 escuelas. Ese dinero estuvo destinado a infraestructura escolar, pero no sabemos en qué se utilizó. Sí sabemos que no se usó para crear escuelas y entendemos que tampoco se utilizó en mejorar la infraestructura de las instituciones educativas porque todos los años es noticia que los techos se caen, que faltan estufas, ventiladores y los vidrios están rotos. Entonces no sabemos para qué se utilizó.”
En cuanto infraestructura edilicia, a la promesa de construcción de 3.000 jardines de infantes, el Gobierno respondió especialmente con los Centros de Primera Infancia (CPI), los cuales no dependen del Ministerio de Educación, sino del de Desarrollo Social, funcionando como guarderías sin proyectos pedagógicos y con escaso personal docente, contratado en condiciones precarias. Hasta la primera semana del mes de junio 2017, el informe El derecho a la educación en Argentina, ¿hacia dónde van las políticas educativas actuales?, realizado en julio de 2017 por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), arroja que han sido ejecutados 506 millones de pesos, sólo el 9% del total presupuestado para la construcción o ampliación de jardines de infantes ($5.592 millones), siendo hasta el momento la más baja ejecución de las 19 partidas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
Actualizado 28/11/17
