Neuquén: Hay aumento salarial pero continúan las demandas

Neuquén: Hay aumento salarial pero continúan las demandas

Autoconvocados de San Martin de los Andes, Junin de los Andes, Zapala y Piedra del Aguila.

Tras dos meses de protestas, los trabajadores de salud de Neuquén consiguieron esta semana un aumento escalonado hasta fin de año que llegará al 53%. El nuevo acuerdo reemplaza al anterior, pactado en las paritarias de febrero, cuando la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) firmó por un 15% de incremento hasta julio. Esa cifra había sido rechazada por el conjunto de los estatales y los trabajadores de la primera línea contra la pandemia alzaron la voz con distintas medidas de fuerza que incluyeron numerosos cortes de ruta en la denominada Ruta del Petróleo.

ATE Neuquén informó que el martes 27 de abril aceptó la oferta salarial enviada por el gobierno provincial el día anterior en el marco del conflicto con el sector de salud que trascendió las fronteras mediáticas de la provincia. El Secretario General de la seccional neuquina de ese sindicato, Carlos Quintriqueo, aseguró a este medio que “en cada seccional se hicieron las asambleas generales y en la Confluencia, donde está el Consejo Directivo (provincial), se hizo la asamblea general de más de 1.600 compañeros de todos los sectores”. Sin embargo, desde el sector de Autoconvocados rechazaron la propuesta y denunciaron maniobras fraudulentas en la asamblea en cuestión.

Desde la zona norte de la provincia enviaron un comunicado de prensa en el que expusieron la situación: “Denunciamos públicamente maniobras fraudulentas y para nada transparentes en la metodología de la conducción gremial de aceptar una recomposición salarial para los trabajadores estatales ya que según se ha podido comprobar en videos que circulan públicamente no se ve reflejada la opinión de seccional ATE Chos Malal con su voto negativo (personal de Salud, EPAS, EPEN, Manejo del Fuego, Delegación de Trabajo, Auxiliares de Servicio, Vivero provincial, Acción Social).”

Quienes también se sumaron a las denuncias contra la conducción provincial de ATE fueron los y las trabajadoras de salud. Según consta en un acta: “La conducción de la asamblea, en las personas de la Sra. María Martínez y Soraya Abraham, no realizó el recuento de los votos por el rechazo de la propuesta salarial y tampoco por la aprobación”.

En igual sentido se expresó en un extenso comunicado Alfredo Marcote, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) – Autónoma, seccional Neuquén: “ATE rechazó el acuerdo, porque las verdaderas asambleas de trabajadores, han rechazado por unanimidad la oferta salarial que el gobierno pre acordara con Quintriqueo”.

Tal como informó este medio, fueron 60 los días en que los reclamos tomaron la forma de notas, cartas documentos, marchas y cortes. En las últimas tres semanas las medidas de acción directa se intensificaron y en asamblea interhospitalaria, ese sector díscolo de la dirección provincial del sindicato de trabajadores estatales resolvió permanecer en la ruta hasta que el gobernador Omar Gutiérrez atendiera sus reclamos.

Tales pretensiones se vieron postergadas por el silencio que mantuvo Gutiérrez durante el conflicto, período en el cual muchos se preguntaban por su paradero. Ante este panorama y con la segunda ola de Covid-19 al acecho, los huelguistas intensificaron las protestas. Con bloqueos en la Ruta del Petróleo, como se denomina a la zona que une los yacimientos productivos. Dichos cortes afectaron los intereses de las operadoras en yacimientos de Vaca Muerta, especialmente las dos principales productoras de gas YPF y Tecpetrol, esta última del Grupo Techint. Según estimaron desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), las pérdidas para las empresas se estiman en más de 27 millones de dólares desde que comenzó el conflicto pero, además, la menor producción de gas obligará al Estado a importar con urgencia más combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) o GNL (Gas Natural Licuado) a través de los barcos regasificadores. Esto implica un costo aproximado adicional para la balanza comercial argentina de 190 millones de la misma moneda.

El lobby del sector no se hizo esperar y comenzó a presionar para que se levantaran las medidas de fuerza. La adhesión social al sector de Autoconvocados, que se hizo muy fuerte dentro de la provincia, actuó como respaldo ante posibles represiones y desalojos. Con las fuerzas de seguridad imposibilitadas de entrar en acción por presión de la opinión pública, el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) se vio obligado a hacer entrar en escena a otro actor: el Fiscal General de la Provincia, José Ignacio Gerez.

Este funcionario, que según cuentan las fuentes del riñón político de Gutiérrez, convocó a una mesa de mediación entre las autoridades provinciales y el sector de Autoconvocados para resolver el conflicto de salud. Tras varias idas y vueltas el gobierno de Gutiérrez, que pertenece al Movimiento Popular Neuquino (MPN,) ofertó un bono de $30.000 -que luego fue elevado a $40.000-  a pagar en cuotas mensuales de $10.000. La oferta fue rechazada de plano por el conjunto de los Autoconvocados, por considerar que “los bonos, como no lo cobran los jubilados, no son remunerativos y tampoco aportan a la caja previsional”, explica Mariana Sarin, trabajadora de la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia.

Tras un cuarto intermedio dictado por el mediador, las partes no volvieron a reunirse. Ahí entró en escena nuevamente Quintriqueo que presionado por las bases, se vio en la obligación de llamar a un paro provincial por tiempo indeterminado para re negociar el acuerdo que había firmado dos meses atrás. De esta manera se llegó entonces a la oferta refrendada por el gremio el pasado martes.

Gabriela Suppicich, referente de Autoconvocados Plottier, se mostró indignada en su cuenta personal y exigió al gobierno que el aumento sea en dos cuotas hasta julio para recomponer el salario que les adeudan del 2020. A pesar de su desacuerdo, la referente se expresó expectante por todo lo conseguido, que “va más allá de lo salarial. No lo pienso como un proceso terminado porque fue un proceso de lucha y hasta acá arrancamos esto, el 53% para todos los estatales. Y que va al básico, pero este proceso tiene que resultar en una organización más estructurada”.

En cuanto al Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe), decidió tras el paro de 48 horas (miércoles 28 y jueves 29de abril) una reunión en la Legislatura con un plenario de dos comisiones: participaron las de Desarrollo Humano y Social y de Asuntos Laborales junto con referentes del SiProSaPuNe y el Sindicato de Enfermería (SEN). Estos últimos buscan impulsar y establecer la carrera profesional para el Sistema Público de Salud. Este encuentro se llevó a cabo en presencia de César Dell’Ali, Noemí Alemany y Roberto D’angelo de SiProSaPuNe y Darío Mas del SEN, quienes insistieron en la necesidad de contar con la ley en tanto herramienta para revertir el déficit del recurso humano profesional en el Sistema Público de Salud.

Por su parte, los trabajadores Autoconvocados de la salud de Neuquén a pesar de haber rechazado el arreglo entre ATE y el PEP decidieron cambiar el rumbo de la lucha. Marco Campos, referente del sector y del hospital Castro Rendón en diálogo con ANCCOM detalló las resoluciones asamblearias: “Analizamos lo acordado entre el gobierno y ATE, y realizamos una contrapropuesta que consta del 53% en dos cuotas que se volvería a revisar en el 2021. Además exigimos una reunión con los trabajadores Autoconvocados para solucionar los descuentos de los días del sumario y los pases a planta permanente“.

Tras levantar los cortes de la zona de Vaca Muerta, los Autoconvocados volvieron a Neuquén Capital en una caravana que recorrió los hospitales de Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario y el hospital Castro Rendón, en la capital provincial. En todo su recorrido fueron acompañados por distintas agrupaciones sociales y políticas, así como también vecinos y vecinas que en todo momento se mostraron a favor de sus reclamos.

 

Al final del recorrido, Campos agradeció a la comunidad por el apoyo y afirmó: “El corte en Villa La Angostura sigue activo, vamos a sostener ese corte hasta que el gobierno nos reciba y podamos charlar sobre estos puntos pendientes. Por lo tanto, vamos a seguir esta lucha con movilización y reclamos por todas las vías y en distintas zonas“.

Por último, el 30 de abril se realizó una protesta en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), donde tiene su oficina la ministra de Salud Andrea Peve, reclamando la devolución de los descuentos por adherir a las medidas de fuerza y la baja de sumarios en Villa La Angostura. En conferencia de prensa los autoconvocados afirmaron: “Los descuentos realizados tienen el único objetivo de acallar nuestro reclamo, vulnerando gravemente los derechos constitucionales de peticionar así como sus derechos laborales». Además, manifestaron: «Las autoridades de salud deben garantizar condiciones salariales y laborales para que volvamos a la primera línea a dar respuesta a la segunda ola de contagios que ya comenzó». Al parecer, el acuerdo salarial no resolvió el problema de fondo. La manija de la sartén está en manos de Gutiérrez, habrá que ver si el gobernador se encuentra a la altura de la circunstancia y se sienta a escuchar un reclamo con licencia social.

«Inaceptable»

 

Tras exigir el llamado urgente a una nueva paritaria, el ministro de Educación Nicolás Trotta finalmente recibió a los representantes del Frente Gremial Universitario, el pasado 7 de abril por la tarde. Sin embargo, para las trabajadoras y los trabajadores la propuesta del gobierno tuvo sabor a poco.

Las organizaciones sindicales que participaron de la negociación fueron CONADU, FATUN, FAGDUT, FEDUN y CTERA, y el reclamo consistió fundamentalmente en el pedido de un aumento salarial del 35% y mecanismos de revisión durante el año en curso para ajustar la cifra de los salarios reales a la inflación. Otra de las demandas fue continuar con el programa de regularización de los trabajadores ad honorem y contratados que no están bajo convenio, en todas las universidades nacionales, una conquista que vio la luz en 2017. Por último, se pidió que para una eventual vuelta a la presencialidad se incluya a los y las educadoras en la discusión de los protocolos para un retorno seguro a las aulas.

Si bien se esperaba que la negociación se extendiera a una segunda jornada, luego de dos horas intensas de debate, el conjunto de las federaciones de trabajadores docentes y no docentes declaró “inaceptable” la oferta del Ministerio. En la misma el gobierno realizó una propuesta salarial de un 33% dividido en cuotas ‒un 5% en abril, 5% en junio, 4% en agosto, 2% en octubre, 4% en noviembre, 3% en diciembre, 6% en enero, y un 4% en febrero‒, sin prever la cláusula de revisión en la que se había puesto especial énfasis.

Pablo Macía, profesor universitario y secretario de Prensa de Conadu, declaró tras la reunión: “Es una propuesta muy fragmentada en el tiempo y nuestra intención es que podamos recuperar un porcentaje sustancial del salario. Y que frente a un contexto de incertidumbre podamos tener la garantía de que vamos a  estar por arriba de la inflación”.

En cuanto a las condiciones de trabajo, se reparó en el avance de otras herramientas técnicas como la garantía salarial. Se trata de un coeficiente aplicado sobre el salario de los docentes de menor antigüedad, jerarquía y dedicación, para que se les establezca un piso salarial. En la misma línea, la norma sirve para aquellos docentes que tienen dedicaciones exclusivas, como los que se dedican a la gestión, investigación o enseñanza.

En 2019 se empezaron a realizar las primeras efectivizaciones de trabajadores preuniversitarios. “Fue una lucha que surge de las demandas de nuestra federación, Conadu. Por eso el respeto a la paritaria y al diálogo entre las partes”, afirmó Christian Dodaro, delegado de Feduba. “Lo valoramos tanto porque es una herramienta de la clase trabajadora. Y por todo lo que nos llevó conseguirlas durante el gobierno kirchnerista, y después durante el macrismo”, agregó.

En el marco de la situación sanitaria, en esta oportunidad el reclamo o implicó una manifestación callejera. Por su parte, la Conadu Histórica llamó a un paro nacional de 48 horas para el martes y miércoles pasado, en repudio a la decisión de la cartera educativa de  excluir al gremio de la paritaria nacional.

En tanto, Macía reconoció la complejidad de la coyuntura, y a su vez destacó el papel solidario que adoptó la Conadu frente a la emergencia sanitaria, tanto con los trabajadores y trabajadoras como con los sectores más vulnerables de la sociedad: “Hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año pasado, no sólo para garantizar la continuidad pedagógica, el derecho a la educación de los estudiantes, sino también en tareas de investigación e iniciativas comunitarias”. Así, según relató Macía, desde el año pasado Conadu impulsa campañas solidarias de recolección de alimentos, útiles, y productos de limpieza para los sectores más vulnerables de la sociedad, que a menudo resultan ser los propios estudiantes.

 “En función de nuestro compromiso con la educación pública reclamamos un salario justo que  permita continuar con nuestras condiciones de trabajo y de vida”, cerró. Se espera que en los próximos días el Ministerio convoque a una nueva instancia para analizar mejores posibilidades.

“No será con nuestra complicidad el ataque a la escuela y universidad pública”

“No será con nuestra complicidad el ataque a la escuela y universidad pública”

Con el comienzo de 2019, el Gobierno sigue firme con la política de no convocar a negociaciones paritarias, lo que provocó manifestaciones por parte de la comunidad educativa en los meses de diciembre y enero, y generó un acatamiento de casi el 90% a un paro nacional el 6, y 8 de marzo, este último día en coincidencia con el paro nacional de mujeres.

El mes de marzo siempre pone a flor de piel diferentes realidades en una Ciudad por momento caótica. Con la vuelta de las vacaciones y ante el inminente inicio de clases, los gremios docentes CTERA, Ademys, la Conadu y SADOP convocaron al cese de actividades por 72 horas. La primera de las gremiales docentes, con Sonia Alesso a la cabeza, estuvo presente, cerca del mediodía, en la Plaza de Mayo para manifestar su repudio a la política educacional del macrismo. Además, en la semana mediante un comunicado, exigió inmediatamente “la recomposición de las negociaciones salariales sin techo, condiciones dignas para enseñar y aprender”, defendiendo así el sistema provisional y al mismo tiempo oponiéndose a la reforma laboral.

El rechazo de la comunidad docentes y las gremiales es hacia el decreto 52/18, que quitó el derecho de la negociación colectiva a todos los docentes del país. Esto incumple la ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075 y pone en riesgo a los alumnos y al ambiente de trabajo. Lo cierto es que Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación, en la reunión con sindicatos nacionales, anunció el aumento del salario mínimo docente a 15.000 pesos. En contraposición, una familia tipo necesita 26.443 pesos -según el INDEC- para no caer en la línea de la pobreza, con respecto a la canasta básica propuesta por el Gobierno.

Mariano Recalde, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, declaró en la marcha a ANCCOM: “Lo que se ve hoy es docentes reclamando cuestiones básicas a un Gobierno que le da la espalda a la educación”. Teniendo en cuenta lo ocurrido con el proyecto de UNICABA, la legislatura porteña se ha convertido en un escenario de lucha, pero que cuenta, luego de muchos años con la mayoría del oficialismo: “La situación es extraña. Es la primera vez que el Gobierno tiene la mayoría absoluta y automática en la Legislatura. Se ha convertido en una escribanía. De todas maneras, estamos dando la pelea ahí, haciendo que se escuche la voz de los vecinos”, explicó Recalde. “La idea es recuperar la inversión, que se construyan las escuelas que se aprobaron por mail. No exigimos los kilómetros de subte, sino que el Estado se haga presente en base a lo que se pautó”, culminó Recalde, exigiendo a la vez declarar la emergencia nacional educativa.

Santiago Gándara, miembro de la CONADU Histórica también dialogó con ANCCOM y se refirió a la facultad de Ciencias Sociales, en la que se desempeña como titular de cátedra de Teorías y Prácticas de la Comunicación II: “Tenemos previsto un plan de lucha y el no inicio de clases para el 25 de marzo”.

Con el sol impactando de lleno en los cuerpos de los presentes en Avenida de Mayo y Bolívar, la marea de banderas no se detuvo en ningún momento, a pesar de ser jueves al mediodía, con una temperatura que superaba los 30 grados. Al costado de las columnas del Cabildo se dispuso un escenario donde tomaron posición los más importantes referentes del movimiento gremial docente. En primer lugar, Carlos De Feo, Secretario General de CONADU abrió el acto exclamando: “Mientras haya un maestro, una maestra, un profesor o una profesora de pie, este pueblo no va a estar de rodillas y seguiremos luchando”. Además declaró: “Este Gobierno fracasó en todo lo que se propuso, pero además fracasó en detener esto porque no nos van a doblegar, vamos a vencer”.

El calor no parecía ser enemigo de una plaza que crecía en caudal de gente con cada minuto que pasaba. Y la cofradía entre públicos y privados se hizo más presente que nunca con el discurso de la secretaria General de SADOP, María Lazzaro: “Le pedimos al Gobierno que nos convoque a paritarias de las que nos ha excluído sin ningún argumento. Hoy los docentes públicos nos han unido reclamando que hay 30.000 docentes que desde el año 2017 no reciben un solo peso de aumento”. Según un relevamiento de los privados, se estima que el acatamiento al paro tuvo un 76% de efectividad por parte de los suyos, cuando en el público se estima un acatamiento del 90% a nivel nacional, según fuentes de la CTERA.

Promediando la una de la tarde, el escenario ya era una postal de hermandad. Todos los gremios docentes aunados bajo un mismo reclamo. Las insignias eran apenas diferencias y los colores conformaban un cuadro de unión frente a aquellos que creen que podrán avanzar sobre la educación pública. Para cerrar, Sonia Alesso, secretaria General de CTERA declaró ante la multitud de alumnos y docentes mancomunados y unidos en defensa de la educación pública: “Estamos nuevamente en las calles para juntos decirle a la sociedad que no será con nuestra complicidad que realicen el ataque a la escuela y a la universidad pública.” Para finalizar sentenció: “Aunque no quieran escucharlo, nuestros pibes y pibas llegan con hambre a la escuela. Aumentó la pobreza y no podemos ser indiferentes ante ese dolor. Nos quieren callados, arrodillados y disciplinados”.

Los recicladores urbanos reclaman mejores ingresos

Los recicladores urbanos reclaman mejores ingresos

Los Recuperadores Urbanos de la ciudad representan cerca de 5.300 trabajadores.

Los cartoneros formalizados y reconocidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como “Recuperadores Urbanos” se encuentran en proceso de reapertura de paritarias debido a la fuerte devaluación y la consecuente inflación de los últimos meses.

En la última movilización a Av. Martín García 346, edificio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, los funcionarios decidieron no responder al reclamo de los cartoneros, que se quejan, entre otras cosas, por la falta de atención. Como respuesta a esta omisión, las cooperativas han decidido no brindar la información que deben transmitir a las autoridades respecto a su trabajo. “Hemos decidido no mandar más información al gobierno. Venimos de la calle, de comer de la basura, y ahora nos tratan peor que la basura”, reclama Cristina Lescano, presidenta de la Cooperativa El Ceibo. “Nos piden que les enviemos información de nuestro trabajo pero no tenemos ni internet para hacerlo, yo tengo que hacer un excel desde el celular o ir a un cyber para enviárselos”, explica Daniela Montenegro, secretaria de la Cooperativa Cartoneros del Sur.

Los Recuperadores Urbanos de la ciudad representan cerca de 5.300 trabajadores y se encuentran agrupados en doce cooperativas que están integradas al servicio público de higiene urbana,  junto a cinco empresas de recolección de basura y al Ente de Higiene Urbana (organismo público). Su labor principal es recolectar todo el material reciclable que se genera, lo cual representa en la actualidad 600 toneladas diarias.

Actualmente se recolectan 600 toneladas diarias de material reciclable.

Estos recuperadores perciben entre 6.500 y 11.600 pesos de remuneración salarial por sus tareas de recolección, transporte, clasificación y comercialización de los reciclables. Además, existe un plus de 4% por productividad, que se paga en función de la cantidad de material recolectado. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público es el organismo a cargo del pago de haberes y de la provisión y mantención de los uniformes, bolsones, carros, camiones y colectivos que se necesitan para que día a día miles de cartoneros puedan cumplir con su trabajo.

Ahora bien, la formalización de las condiciones de trabajo de los cartoneros no ha logrado llegar a las condiciones de cualquier trabajo en relación de dependencia. Todos los recuperadores se encuentran contratados bajo el régimen de monotributo y la carga del mismo pesa sobre el bolsillo de cada uno de ellos.

En lo que va del año, solo el monotributo aumentó un 28% y la inflación general de precios acumula cerca del 40%. A estos números se debe sumar que el valor de los reciclables permanece estancado. Desde las cooperativas de recuperadores urbanos informan que el único material que se incrementó fue el cartón, que pasó de 4 a 4,50 pesos por kilo. “Podríamos generar valor agregado a los reciclables que recolectamos si contáramos con enfardadoras, algunas cooperativas lo tienen, pero otras como la nuestra no”, informa Montenegro. “La suba del precio del combustible también nos afecta muchísimo, la plata que nos dan no se modificó, para miércoles o jueves ya se nos acaba y tenemos que reponer con plata nuestra. Lo mismo ocurre cuando hay que hacer reparaciones a los camiones, se viven rompiendo porque son flotas viejas”, amplía.

Los cartoneros son contratados bajo el régimen de monotributo, que aumentó un 28% este año.

Desde la posición oficial argumentan que el aumento salarial que ofrecen es la máxima posible, dado que ya han ejecutado un 82% del presupuesto aprobado para este 2018 y, según estimaciones, se llegará a ejecutar el 100%. Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran que la situación de las cooperativas y recuperadores es algo fundamental, y por ello, para el próximo año se realizará reformas en el sector. En primer lugar, buscarán que los recuperadores urbanos pasen a ser recuperadores ambientales (RA), con lo que se busca mejorar las condiciones salariales y laborales, este pasaje impone que el salario mínimo sería de 11.600 pesos. En segundo lugar, intentarán cambiar los carros de los recuperadores por rutas de transporte nuevas, para esto se incorporarán 57 nuevos camiones de traslado.

Desde el sector de las cooperativas miran todas estas promesas con recelo, ya que no sería la primera vez que se acercan este tipo de propuestas. Mientras tanto, los ingresos de los recuperadores y los costos de las cooperativas no corresponden con el contexto económico actual.

El Gobierno promete mejorar las condiciones salariales y laborales. Por su parte, las cooperativas miran dichas promesas con recelo, ya que no sería la primera vez que se acercan este tipo de propuestas.

Universidades en pie de lucha

Universidades en pie de lucha

Marcha, obelisco de fondo, carteles y banderas en alto.

CONADU convoca a un paro nacional universitario, el lunes 25 de junio, en confluencia con la CTA y la CGT.

En un panorama socioeconómico que acrecienta su oscuridad desde que comenzó 2018, las universidades reciben golpes en todos sus frentes. En el salarial, el Gobierno Nacional defiende como bandera el 15% en cuotas para cerrar las paritarias, cuando los trabajadores piden un 25% con cláusula de revisión automática. En el frente presupuestario se recortaron 3.000 millones de pesos; y como si fuera poco, la gobernadora María Eugenia Vidal plantea que la creación de universidades públicas en la Provincia de Buenos Aires ha sido inequitativa, porque “nadie que nace en la pobreza”, dice, llega a ellas.

Para el lunes 25 de junio CONADU convocó a un paro nacional universitario, en confluencia con la CTA y la CGT. Y también se anunció un plebiscito nacional, con la propuesta de no iniciar el segundo cuatrimestre. ANCCOM dialogó con Federico Montero, Secretario General de FEDUBA y Octavio “Tato” Miloni, Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, para entender cómo se llegó a este presente, su contexto y el futuro inmediato.

Mujer sosteniendo un cartel en medio de la marcha.

Las universidades enfrentan un fuerte ajuste salarial y recorte presupuestario.

La paritaria comenzó a discutirse en marzo, por lo que quedaba pendiente de 2017 la cláusula gatillo. ”Pero para marzo nosotros lo que queríamos discutir era la paritaria de este año, porque previo a lo que fue la crisis que se vio este último mes, ya había una previsión de inflación muy grande para 2018 con lo que fueron los tarifazos”, explica Montero. Es así que el año comenzó con una agenda cambiada, porque el gobierno quería terminar de discutir lo del año pasado, y los gremios, con urgencia, lo de este año. Los docentes reclaman un aumento del 25% con revisión automática, adaptado proporcionalmente a la inflación, y el gobierno solo propone el 15% en cuotas, a terminar de pagar en enero. “Es importante, la revisión automática, porque hay otra cláusula de revisión que es ‘nos juntamos a discutir qué pasó’ –dice Montero-. Eso lo habíamos tenido en 2016 y no sirvió”. “Nuestro objetivo es no perder con la inflación, que se estima de 30% -expresa Miloni-. Nuestro salario no baja de manera absoluta, pero sí relativa con nuestro poder de compra”. Agrega Montero: “La oferta del gobierno ya era insatisfactoria cuando comenzamos la negociación, pero con los tarifazos, la devaluación, la crisis financiera y el acuerdo con el FMI, ahora esa oferta es más que inaceptable, ya que es imposible prever la inflación”.

En 2017, como dato comparativo, las paritarias se terminaron cerrando el 11 de julio, con una negociación que resultó satisfactoria, por lo que en cuestión de fechas se podría deducir que la situación no es tan crítica. “Lo que no son buenas ahora son las perspectivas, porque nosotros notábamos una actitud de negociación, pero era un momento totalmente distinto ya que había elecciones y económicamente era menos crítico”, explica Miloni. Aunque la propuesta sea del 25%, los sindicatos saben que no lo pueden considerar un porcentaje inamovible, ya que hay que compararlo con otras paritarias. “Tenemos que pensarnos en el marco del Movimiento Obrero, no se puede pensar de que yo voy a sacar lo que pido y la bancaria cierra en el 15 % más adicionales –dice Miloni-. Esto se enmarca en una situación general de negociaciones activas de las diferentes ramas, y vamos a ver cómo se va a dar la pelea”. Otro factor clave para llevar a cabo la negociación es lo que vaya sucediendo con el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, que desde que derogaron la paritaria nacional funciona como una especie de regulador de la paritaria docente, según explica Montero.

Carteles en alto en marcha que con leyenda de paro nacional de docentes universitarios.

Desde que se derogó la paritaria nacional , la provincia de Buenos Aires funciona como una especie de regulador del conflicto salarial docente.

Si abarcamos la problemática en términos más generales, lo salarial es emergente de una situación mucho más estructural de la universidad, que tiene que ver con que el sistema universitario público venía desarrollándose de una forma importante con la creación de universidades entre otras cosas, y en marzo se anunció un recorte presupuestario de tres mil millones de pesos. Este recorte representa un 20% de los gastos de funcionamiento de las universidades, aunque sea solo 3% del presupuesto nacional universitario, ya que no se aplica a salarios, sino a gastos de funcionamiento. Miloni explica que este recorte afecta más directamente a las universidades nuevas, ya que sus creaciones no son decretos que se firman y listo, sino que hay que llevar a cabo el desarrollo de la propia dinámica, y eso requiere nuevos gastos. “Hay algunas que su primera cohorte tendrá tres años, es decir que hay una planta docente acorde a ese tiempo, pero hay que seguir cubriendo los puestos de todos los años de la carrera, que es el contrato académico que el Estado asume con los estudiantes –agrega Miloni-. Por el contrario es muy difícil la proyección de la carrera, es un peligro latente”.

En este marco, aquellas declaraciones de Vidal cuando expresó que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad se pueden anclar como justificación directa de las medidas gubernamentales. Explica Montero: “Es una matriz de pensamiento que es típica de las recomendaciones de los organismos de financiamiento internacional, básicamente del Banco Mundial en los 90, pero también ahora en este gobierno, con la idea de que como los pobres no entran a la universidad, lo mejor que pudiera pasar es que las instituciones públicas dejen de serlo y que haya aunque sea un arancelamiento parcial, con el argumento de que esos fondos serían mejor destinados para la educación inicial, que realmente ahí van los pobres”. Este argumento desplaza la idea de concebir a la universidad como derecho. Los medios masivos apoyan ese argumento oficial y apuntalan a las universidades privadas. “Aunque hagan mucha campaña a favor de la universidad privada, el prestigio de ir a una universidad pública va a ir más allá de lo que digan los medios y el gobierno nacional, que está compuesto por una mayoría de egresados en la educación privada”, concluye Miloni.

Clase pública en la calle, alumnos parados y sentados en pupitres.

Se cumplieron 100 años de la Reforma Universitaria, en el marco de una semana de reclamos.

Con un contexto muy complejo, en consonancia con lo que promueve este gobierno desde el principio pero de un modo mucho más crítico que durante los dos años anteriores, las protestas crecen desde principio de año. La semana pasada se cumplieron 100 años de la Reforma Universitaria que se transformó en una semana de reclamos inaugurada con un paro nacional de 48 horas y tomas de rectorados, y culminó, en La Plata, con una marcha de antorchas hacia el edificio de Gobernación repudiando los dichos de Vidal y sosteniendo el reclamo salarial.

También las protestas se hicieron escuchar en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), una reunión que se produce cada diez años en el marco de la UNESCO, con rectores, docentes, académicos, ministros y secretarios decisores en materia de políticas de educación superior en América Latina. Su objetivo consiste en que los Estados se comprometan en ciertas directrices generales sobre cómo va a evolucionar la política universitaria en los próximos diez años. Esta vez se realizó en Córdoba y en una universidad totalmente alineada al gobierno. ”La inauguración de la CRES fue el domingo 10 de junio y desde los frentes universitarios organizamos un encuentro latinoamericano previo donde articulamos con un conjunto de actores, rectores, el equivalente de CONADU pero en otros países, movimientos estudiantiles, con el objetivo de realizar una declaración e idear puntos de acción para intervenir todos juntos en el marco de la CRES, para sostener la idea del derecho a la educación”, explica Montero.

Allí participaron más de 1.500 personas y al día siguiente se realizó una marcha por las calles de Córdoba, con cerca de siete mil personas, número muy importante para lo que suele movilizar esta provincia. “La marcha terminó en el rectorado histórico de la Universidad de Córdoba, y resultó en que ese día a la tarde, en la inauguración de la CRES el discurso del Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro fuera abucheado por todos los presentes, incluidos los rectores de Argentina y toda América Latina, ya que entienden cuál es el contexto”, explica Montero. Las medidas de protesta tienen el apoyo activo de los movimientos estudiantiles y tanto Miloni como Montero consideran esencial.

El 6 de julio, los gremios convocarán a un congreso extraordinario para analizar el resultado del plebiscito que harán para conocer la opinión sobre el posible no inicio del segundo cuatrimestre. Además de la adhesión al paro del próximo 25 de junio, los gremios resolvieron llamar a movilizar el 9 de julio con la consigna “No al FMI, en defensa de la universidad pública”.

Clase pública, personas sentadas en pupitres en la calle.

Los gremios convocarán a un congreso extraordinario para analizar el resultado del plebiscito que incidirá sobre el posible no inicio del segundo cuatrimestre.