Jun 9, 2021 | Comunidad, Novedades
A comienzos de junio, el CONICET volvió a ser elegido como la mejor institución gubernamental de ciencia de América Latina, y la número 13 en el mundo respecto a sus indicadores de Investigación e Impacto Social dentro del universo de 1587, con financiamiento público. Esto surge del ranking SCImago, que evalúa más de 7533 instituciones y universidades de todo el mundo, en donde el CONICET se posiciona en el puesto 195.
No se trata de un dato menor ya que el organismo sufrió profundos recortes presupuestarios entre 2015 y 2019, bajo el gobierno macrista que recortó su financiamiento y puso límite a la incorporación de científicos. El organismo reúne a más de 10 mil investigadores, más de 10 becarios de doctorado y postdoctorado, con 16 Centros Científicos Tecnológicos (CCT), 11 Centros de Investigaciones y Transferencia (CTI) y un Centro de Investigación multidisciplinario, además de los 300 Institutos y Centros exclusivos del CONICET, de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones.
Barbijos para todos
Hechos de tela antiviral, tratada con bactericidas y fungicidas que elimina el virus en cinco minutos, Los barbijos del CONICET se convirtieron en una especie de hit, tanto en rosa como en su nueva versión en color gris, con tamaños para adultos y niños.Los productos de cuidado fueron desarrollados junto a ATOM PROTECT, testeados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y por el Instituto de Virología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Pero también existen otros proyectos impulsados por el máximo organismo que nuclea a científicos argentinos y que no han tenido tanta difusión. En marzo del año pasado, la red de laboratorios que pertenecen a un instituto del CONICET que trabaja con diferentes moléculas de ARN participó de una convocatoria lanzada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MinCyT), para obtener subsidios destinados a iniciativas vinculadas a la lucha contra el coronavirus. Con ese incentivo, se avanzó en un método de detección del covid-19 e inactivación del virus, de manera de que no corran riesgos quienes deben manipular las muestras. “Investigando en qué consistían los métodos usados a nivel mundial y qué equipamiento se necesitaba para diagnosticar la presencia de este virus en individuos potencialmente infectados, nos pareció que podíamos aportar nuevos elementos tratando de facilitar los protocolos”, explica la doctora en Ciencias Biológicas, Anabella Srebrow, participante del proyecto.
Inactivar una muestra de laboratorio facilita su manipulación sin necesidad de un equipo de protección excesivo, permitiendo al operador trabajar en distintos contextos que cuenten con menos infraestructura. “Nosotros queríamos participar del diagnóstico pero al no contar con el equipo de protección apropiado, no pudimos. Para bajar el nivel de bioseguridad necesaria, priorizamos la inactivación de las muestra”, cuenta el doctor en Ciencias Biológicas, Ezequiel Petrillo. El método consiste en utilizar una solución de inactivación que rompe las partículas virales pero deja el ARN protegido de la degradación.
Este avance fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El CONICET ya firmó convenios para que pueda comercializarse en el país.
Soluciones inteligentes para un país en crisis
Por otro lado, el mismo equipo, creó un kit “casero” de detección del coronavirus que tiene como objetivo reemplazar el kit comercial, bajar los costos y aprovechar los recursos disponibles en el país. La prueba consiste en juntar una muestra de saliva que no requiere la acción de un operador. “No se necesita personal capacitado ni protección específica, a diferencia del hisopado y, además, es más rápido”, afirma Srebrow.
Después de inactivar la solución, se analiza la presencia de ARN viral con métodos de detección por PCR con reactivos y equipamiento menos sofisticado, disponibles en Argentina. La efectividad de estos procedimientos alternativos fue testeada por el Instituto Nacional de Microbiología Doctor Malbrán, donde se utilizaron en paralelo a las reacciones que suelen usar y se compararon los resultados.
Otro de los productos que lleva el sello de los científicos nacionales es el ya conocido suero equino hiperinmune anti-SARS-CoV-2, utilizado para el tratamiento de pacientes adultos con enfermedad grave o moderada de COVID-19. Su aplicación logró disminuir las internaciones en terapia intensiva un 24%, redujo las muertes un 45% y el uso de respirador un 36%, según explica el CONICET en su sitio.
El spray nasal con carragenina es otro de los métodos probados , tanto para prevención de la enfermedad como para su tratamiento. La carragenina es un componente químico hallado en algas que genera una barrera para que el virus no logre entrar al epitelio nasofaríngeo. “El spray se usa para tratar casos de resfríos, especialmente en los niños. Hay varios trabajos que demuestran que la carragenina es antiviral. Frente a eso nos pusimos a trabajar en un proyecto para probar si tiene efectos sobre el covid”, dice el doctor Osvaldo Uchitel del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias UBA-CONICET.
El medicamento es de venta pública, está aprobado por la ANMAT y se produce en 18 países. Se utilizó en un estudio doble ciego que demostró que “una dosis mucho menor de la que se aplica en la fosa nasal era muy efectiva”, agrega el neurocientífico. El mismo se realizó en personal de salud en contacto con pacientes enfermos de Covid y constó de la aplicación del spray o placebo en cada fosa nasal, cada 6 horas durante 21 días, demostrando una efectividad del 80%.
“Esto no fue nada sencillo porque como es un producto que no tiene patente, el laboratorio que lo produce no tiene mucho interés en invertir para promoverlo. La inversión es grande y la ganancia pequeña”, explica Uchitel. Además, en La Rioja, se está aplicando carragenina a todos los pacientes con la enfermedad para probar su eficacia en la prevención de casos graves. Los 60 pacientes tratados hasta el momento, no entraron en una situación respiratoria complicada..
Por último, el investigador resalta las dificultades que tiene el sistema médico argentino para desarrollar este tipo de estudios. “Yo me pregunto, si el país produce vacunas, va a tener que probarlas y el sistema de salud no está preparado para eso. Producir medicamentos es un tema y hay mucho apoyo pero probar después que sean efectivos es muy complejo y un desafío muy grande por delante”.
Jun 2, 2021 | DDHH, Novedades
En la provincia de Buenos Aires alrededor de 45 mil personas están siendo ignoradas en los planes de vacunación contra el coronavirus. Se trata de las personas alojadas en cárceles y comisarías. En el 2020 murieron 28 detenidos por covid-19 y hasta marzo solo se realizaron 345 testeos en esos ámbitos. En todo el territorio argentino se llevaron a cabo más de 12 millones de testeos sobre una población de 45 millones. Si se usara la misma vara para personas detenidas como se hizo con el resto de la sociedad, se deberían haber realizado más de 12 mil hisopados en las unidades penitenciarias.
Frente a esta marcada diferencia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un reclamo para que se tenga en cuenta en el Plan Nacional de Vacunación a la población que habita los centros de encierro. El pedido se sustenta en el respeto al principio de igualdad ante la ley.
En el último registro de la CPM se denunció que hay 44.584 personas detenidas alojadas en 20.804 plazas penitenciarias en las cárceles bonaerenses, la situación es alarmante ante la segunda ola del coronavirus en el país. La sobrepoblación llega al 114%, atentando contra toda recomendación sanitaria y humana. Los que forman parte de este grupo son olvidados tanto para el acceso a una vacuna como para otros derechos básicos.
La pandemia expuso una realidad que viene de larga data: la deficiencia del sistema de salud carcelario. La Dirección de Salud Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia, históricamente no brindó las condiciones mínimas y necesarias para que las personas privadas de libertad transcurran sus días en un ambiente adaptado que cumpla los requisitos sanitarios.
La CPM recorrió 27 unidades penitenciarias en toda la provincia, y sus representantes observaron que la falta de vacunación de la población de riesgo se suma a otras problemáticas que pueden agravar el momento delicado que se vive por la segunda ola. El escenario se repite en las distintas unidades repartidas en Buenos Aires, la sobrepoblación, el hacinamiento, el acceso nulo a la salud básica en la mayoría de los casos, la falta de testeos y elementos de limpieza e higiene hacen de las instalaciones de encierro un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades, no solo covid-19, sino también de otras infecciones fácilmente tratables tras los muros. “Los presos en la provincia de Buenos Aires se mueren de tuberculosis. Cuando se detecta se los lleva a una celda de aislamiento en condiciones pésimas que empeoran la salud de las personas –detalla a ANCCOM, Laura Maccarrone, socióloga especialista en sistema penal y derechos humanos-. Hay ciertas enfermedades que en la cárcel tienen una mayor prevalencia o frecuencia y producen más muertes que en el afuera”.
Del otro lado de los barrotes se ha hecho efectiva la vacunación al personal de las fuerzas que brinda servicios en las cárceles y comisarias, pero esto no soluciona un problema que es estructural, en realidad no hace más que visibilizar la discriminación que cae sobre las personas en contexto de encierro.
¿Distanciamiento social?
La recomendación primera para evitar el contagio de covid-19 es el distanciamiento social, imposible de llevar a cabo en las cárceles y comisarías de la provincia donde las instituciones duplican su capacidad máxima de alojados, sin una estructura que lo soporte. Y una plaza penitenciaria no se reduce solo a una cama o habitación, incluye todos los aspectos necesarios para que la vida de una persona en un espacio sea digna: servicios sanitarios, médicos, profesores, agua potable, iluminación natural, etc. En las comisarías la situación es peor, la CPM denuncia que hay aproximadamente cuatro personas en espacios donde debería habitar una, 4.678 personas se hacinan en 1.200 calabozos en comisarías, muchas de ellas, clausuradas.
Maccarrone y Nicolás Maggio toman los datos relevados entre mayo y junio del 2020 por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD). En el informe titulado ”La Post Salud Carcelaria” denuncian el incumplimiento de los derechos en materia de habitabilidad y la ausencia del sector de Salud, una falta de accionar que viene repitiéndose hace años. Con la pandemia ha habido un intento de refuerzo al principio, pero los testeos han sido pocos y las medidas sanitarias fracasaron en rigurosidad y frecuencia. Los números son alarmantes, se registró que por m2 conviven dos personas y hasta, a veces más, comparten el mismo colchón. En estas condiciones todos los detenidos en las unidades penales bonaerenses pasan a formar el famoso “grupo de riesgo”, por lo tanto deberían tener su lugar en el plan de vacunación. El hacinamiento extremo que padecen se combina con malas condiciones materiales: humedad en las paredes, inodoros que no desagotan -si con suerte los hay-, falta de vidrios en las ventanas, conexiones eléctricas precarias, goteras e inundaciones en las celdas y, por supuesto, la falta de barbijos y elementos de higiene personal. “Las cárceles las mantienen las familias. Los elementos de higiene, la comida y la medicación los llevan las familias. Cuando se inhabilitaron las visitas, el sistema entró en crisis porque se puso en evidencia todo lo que está transferido a las familias”, subraya Maccarrone. Es un escenario que se asume como norma.
El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPT) aprobó por Resolución N° 16/2021 el documento “Estándares mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios”. En él se establecen criterios mínimos respecto de las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios en materia de habitabilidad, lo que incluye dimensiones físicas de los espacios de alojamiento y de espacios comunes, salubridad e higiene, iluminación y ventilación, entre otras. Esto se enmarca en una de las diversas acciones que el CNPT desarrolla para revertir la situación de hacinamiento. No se estarían cumpliendo.
Desatención médica
La cifra oficial de testeos totales que aporta el Ministerio de Salud, es decir desde el comienzo de la pandemia, registra 12 millones de testeos en un país que se acerca a los 45 millones de habitantes. Se podría traducir en un 26, 67% de personas testeadas. Hasta marzo de 2020 en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires solo se testeó un 0,79%, muy por debajo de la centésima parte del total de detenidos. Maccarrone asegura que teniendo registros del accionar de la Salud carcelaria ante otras enfermedades, no se puede esperar que con el brote de covid-19 se haya hecho algo muy distinto y más cuidadoso de lo que se hacía antes. “El Ministerio de Justicia nunca produjo datos” denuncia la socióloga.
Las personas detenidas difícilmente llegan a ser asistidas por los operadores de la salud de las cárceles. Existen problemas en la provisión de medicamentos, no reciben atención especializada y no les realizan revisiones clínicas. Los sectores destinados a atender la salud de las personas detenidas están alejados de los pabellones y no son accesibles para ellas. “Nueve de cada diez descripciones de los espacios de ´sanidad´ carcelarios (espacios de internación y atención de pacientes) los definen como lugares donde no hay nada, malísimos, pésimos, fríos, sucios, sin agua caliente, sin cama/colchón, húmedos”, sintetiza el informe La Post Salud Carcelaria.
En las notas enviadas a los ministerios de Justicia y Salud, la CPM exige que se aprovisione de manera regular y periódica de elementos necesarios para prevenir los contagios: barbijos, jabón, lavandina y alcohol en gel. La Dirección de Salud Penitenciaria depende del Ministerio de Justicia pero la CPM insiste en que quede bajo responsabilidad de la cartera de Salud.
En la provincia de Buenos Aires la población en las instituciones de encierro ni siquiera ha sido tomada como grupo prioritario, mientras que sólo cinco provincias presentaron datos de vacunación a personas privadas de libertad: Mendoza, Corrientes, Catamarca, Neuquén y Formosa, esta última vacunó a más de mil personas detenidas. El resto deberá esperar a que los ministerios respondan y tomen las medidas necesarias. “En todo este tiempo aún no hemos tenido respuesta por parte del gobierno a nuestro reclamo”, le señaló a ANCCOM el abogado Roberto Cipriano García, quien actúa como secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
Jun 2, 2021 | Novedades, Trabajo
El rubro de los técnicos y staff escénicos es, sin dudas, uno de los más afectados por la pandemia del covid-19 debido a la suspensión de la mayoría de los espectáculos masivos desde las primeras restricciones, en marzo de 2020.
Este imponderable, también, deja al descubierto una generalizada situación que viene dándose en la industria del espectáculo: la precarización e informalidad laboral de muchos de estos trabajadores, lo que motivó que un grupo de técnicos creara hace relativamente poco tiempo el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE), cuya personería fue reconocida por el Ministerio de Trabajo en julio del 2015.
Fabio “Toby” Peralta (54) es vocal del gremio y un referente en el mundo de los técnicos escénicos. Su trayectoria, de casi cuarenta años, incluye trabajos con María Martha Serra Lima, Los Enanitos Verdes, Zas, Sumo, Memphis La Blusera, Los Ratones Paranoicos y Las Pelotas. Desde hace 22 años es sonidista de Los Pericos. Tony, obviamente, no saldrá indemne de esta crisis que lleva más de un año: “Hicimos [con Los Pericos] apenas dos shows en enero y febrero y gracias a eso estoy aguantando la situación. Esta pandemia nos dejó mal porque, si bien, hemos pasado cosas parecidas en épocas de poco laburo, igual te la arreglabas trabajando con otros grupos. Ahora todas las opciones de trabajo están cerradas. Se frenó todo. Algunos compañeros han tenido que vender sus cosas para bancarla… En mi caso, por suerte, Los Pericos me pagan dos shows por mes fijos, independientemente de que se hagan o no. Pero no todos tienen esa posibilidad. Esta pandemia dejó al descubierto la precarización de nuestro oficio”.
Hasta la creación del SATE nunca se había planteado seriamente la vulneración de los derechos laborales que afecta a los técnicos: “Esto siempre fue muy informal. Con el correr del tiempo todos los ámbitos del espectáculo se fueron profesionalizando menos nosotros, los técnicos. Nuestro trabajo quedó bajo la forma de una changa. Ese es el gran problema que tenemos al día de hoy y que tiene que cambiar porque salvo alguna que otra empresa que tiene empleados en blanco, los demás somos todos monotributistas. Y en esta época de pandemia quedamos en una situación de mierda, sin siquiera poder reclamarle a nadie. Y la verdad es que somos trabajadores y merecemos los mismos derechos que cualquier otro”, comenta Peralta.
Según censos realizados por el SATE, el 85% de los técnicos escénicos están precarizados: “Históricamente, este fue un oficio de amigos. Cuando nos pusimos a pensar en qué iba a pasar con nuestras jubilaciones o en el caso que nos llegara a pasar algo, nos dimos cuenta de la precarización y de que nuestras familias quedarían muy desprotegidas en este marco”, acota Peralta.
La salida improvisada para muchos fue comenzar a trabajar en otras actividades para poder sobrevivir. Algunos de remiseros, otros se han puesto una verdulería, o hacen comidas y repartos. “Entre los que somos sonidistas, salvo por algunos que son técnicos operadores y han podido hacer streaming y por ahí, manejar la situación de otra manera, son pocos los que han podido aguantar sin cambiar de rubro. Hay gente que ha cambiado directamente de oficio, esperando ver si el año que viene empieza a cambiar un poco la situación. Ahora mismo, hay gente que, trabajando en lo poco que hay, está ganando lo mismo que en 2019 y hasta menos”, informa Peralta.
Un caso paradigmático en este punto es el de Mario Samper, un histórico stage manager de 49 años, que trabaja con Las Pelotas, como productor técnico, y como stage de Lali Esposito y del grupo pop MYA pero, en este momento, hace trabajos de herrería. Samper empezó en este ámbito como plomo, en 1991, y ha conocido altas y bajas durante los años pasados junto a Fabiana Cantilo, Illya Kuryaki, Los Pericos, Árbol y los espectáculos de Cris Morena pero no vivió nada parecido a la crisis actual: “Esta situación dejó al descubierto todas las problemáticas de nuestro trabajo. Hace dos años me compré una soldadora e hice un curso de herrería. No lo hice con la intención de trabajar pero cuando empezó la pandemia empecé a hacer trabajos de herrería a través de un amigo que me recomendó a un vecino y así sucesivamente. No llego a tener un sueldo que sea suficiente todavía pero sí me está salvando. Tengo dos hijos. Por suerte mi mujer tiene un trabajo estable en relación de dependencia, entonces con su sueldo –ajustados- podemos seguir viviendo. Hay gente en este mismo rubro que vive sola y que esto es lo único que sabe hacer y que está en verdaderos problemas.”
Nahuel Rodríguez (27), que trabaja como operador de monitoreo de Nahuel Pennisi y productor técnico de MYA, cuenta su difícil situación: “Hasta el año pasado vivía en Villa Devoto pero debido a la falta de trabajo volví a Florencio Varela. El año pasado hicimos apenas dos shows con MYA. Por eso, al tercer mes de iniciadas las medidas por la pandemia empecé a vender pizzas con unos amigos. Con eso fuimos cubriendo algunos gastos hasta que un colega de iluminación consiguió trabajo en una distribuidora de café. En aquel momento, entramos varios del rubro a esa empresa. Trabajamos durante seis meses que fueron eternos. Nos fuimos en septiembre del año pasado y terminaron de pagarnos el último mes trabajado, hace dos meses. Fue traumático más que otra cosa. Ahora estoy haciendo alguna changuita de electricidad, algún arreglo de aparatos electrónicos. Vivo al día, recontra apretado pero la vamos llevando”.
Para el stage manager Alejandro Bertoli (59), la situación actual es peor que la crisis del 2001. Él, que trabajó durante años con Los Paralamas, Los Abuelos de la Nada, Zas, Fito Páez, Charly García, Baglietto, en México con Tania Libertad, Caifanes, Maná, ahora vive de prestado porque se le cortó los trabajos que tenía como stage freelancer y de alquiler de tarimas para espectáculos: “Me ayudan a subsistir mi familia y algunos amigos con la esperanza de que se los pueda devolver en algún momento, cuando todo se reacomode. La verdad es que la situación es crítica. Desde marzo del año pasado, se me acabó todo. Hice el Loolapalooza en 2019 como stage manager del escenario principal del Festival e íbamos a hacer la edición de 2020 y se canceló”.
Mario reflexiona sobre lo angustiante que es perder el trabajo al que uno se dedicó toda su vida: “Una persona de casi 50 años como yo, es muy difícil que encuentre trabajo de otra cosa. ¿Qué podría hacer yo? ¿Abrir un quiosco? Si lo único que sé hacer es esto. Hay compañeros que, incluso, tienen más edad que yo y que hasta tienen menos posibilidades porque no saben hacer otro trabajo que el que hacen con las bandas. También hay gente nueva, pero el 90% estamos pasando por la misma situación”.
Parece un panorama bastante incierto y sin un horizonte claro. Peralta comenta: “Desde el sindicato estamos ayudando a los compañeros, haciendo todo lo que se pueda para ver en qué momento podemos regularizar la actividad. A eso apuntamos nosotros, a los beneficios de cualquier actividad regulada: vacaciones, aguinaldo, tener una ART, estar cubierto, tener una jubilación… lo importante es que esté en un papel. Muchos de nosotros no sabemos ni siquiera si nos vamos a poder jubilar, y en el caso de hacerlo, ¿qué tendríamos que cobrar? ¿La mínima? Porque cobrar la jubilación del monotributo es una locura después de tantos años de haber laburado en el glamour, en el espectáculo, etc…”.
Nahuel, el más joven de los entrevistados, está evaluando la posibilidad de trabajar full time en otra actividad: “La verdad es que nuestra industria estaba destruida y con todo esto va a quedar peor. Ahora, esta situación blanqueó un montón de cosas y vemos lo maltratados que estábamos en distintas posiciones. No creo que cambien mucho esas cosas. Uno se esmeró por hacer las cosas bien, trató de capacitarse, y hoy, no sirve de nada… Nuestro rubro fue bastante ingrato, al margen del coronavirus. Así y todo, me dolería mucho tener que dejarlo. Todos los que trabajamos en esta industria lo hacemos porque lo amamos. Hay una pasión muy grande. Igualmente, siento que es tiempo de encontrar alguna otra cosa para hacer que sea un poco más segura”.
Más allá de lo que pueda afectar una pandemia a cualquier rubro productivo o comercial, lo que esta crisis puso de manifiesto, en nuestro país, es una situación de larga data presente en la industria del espectáculo que, en definitiva, la trasciende, y por ello, permite pensar en la necesidad urgente de incorporar el tema de la regularización laboral del sector a la agenda pública.
May 26, 2021 | Culturas, Novedades
Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el “aislamiento social preventivo y obligatorio” en marzo de 2020, el teatro se paralizó por completo. El cierre de las salas le generó al sector graves consecuencias económicas que aún le impiden reactivar su dinamismo, sumado a que será de las últimas actividades en volver a la normalidad.
Para conocer el impacto que sufrió el teatro durante los primeros meses de 2020, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica (APDEA), realizó un censo en base a 833 obras de todo el país. Los resultados muestran que 421 cancelaron funciones, 351 se suspendieron y 61 giras no se llevaron a cabo, lo que afectó a 5.637 artistas, de los cuales 4.686 pertenecen a Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.
Respecto a las repercusiones económicas, el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA), hizo una medición a través de la Cuenta Satélite de Cultura y observó que las industrias culturales fueron el tercer sector más impactado. El informe que contempla datos de los primeros trimestres del 2020, indica que la caída del 27% del Valor Agregado Bruto (VAB) cultural, repercute en la participación de la producción total de la economía, donde el sector industrias culturales pasó de representar un 2,6% del VAB en el primer trimestre, al 2,1% en el segundo.
El balance de una crisis prolongada
Luego de una larga espera, el teatro retomó su actividad en Buenos Aires en noviembre del año pasado. A pesar de la urgencia por la reactivación, el regreso se dio paulatinamente por el tiempo de preparación que requieren las producciones, y por la adecuación de los espacios al nuevo protocolo.
Sebastián Blutrach, propietario del teatro El Picadero y actual asesor de contenidos, programación y producción artística del Teatro Cervantes, en diálogo con ANCCOM, define la situación general de la cultura como “crítica”, pues sólo el teatro cayó el año pasado un 80%. No obstante, para Blutrach la crisis inició durante los últimos años del gobierno anterior, a causa de los recortes y la pérdida del poder adquisitivo. “La educación, la alimentación y la salud van por delante, y si queda algo va para la cultura, el ocio y el entretenimiento; por lo tanto, ya veníamos golpeados. La pandemia fue un golpe social, no nuestro en particular, pero a nosotros nos golpeó de lleno”, explica.
En relación a la crisis actual, Gonzalo Pérez, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), también considera que la situación angustiante que viven las salas independientes, se generó en años anteriores. “Ya veníamos de 4 años de decadencia y con una gran lucha para mantener la mayor cantidad de salas posibles, ya que el gobierno anterior pegó fuerte al sector”, afirma Pérez.
El cierre también implica para las salas, la suspensión de las clases, ensayos y talleres. Luego del regreso, según un relevamiento realizado por ARTEI, solamente el 20% de sus 110 salas había realizado funciones durante el 2020 y hasta febrero de 2021, ya que muchas no cumplían con los protocolos. “Algunas salas empezaron a hacer funciones para poca gente, primero los que tenían terraza y patios, después con menor cantidad de aforo los que podían cumplir con el protocolo, pero fue una parte mínima del sector independiente y lo hacían en general por mantenerse activos”, explica Pérez.
El protocolo de la Ciudad permite realizar trabajo administrativo y de mantenimiento, así como retomar ensayos, entrenamientos y prácticas teatrales. Salvo por el cierre excepcional por el que volvimos a Fase 1 por el último rebrote de mayo que terminó en colapso sanitario, existe una voluntad de apertura hacia el sector.
Durante los primeros meses del 2020, 421 obras de teatro cancelaron sus funciones y 351 las suspendieron.
El aforo va desde un 50% para los espacios de hasta 2000 personas, al 20% para aquellos que superen los 4.000 espectadores. Establece entre otras cosas, distanciamiento de dos metros, tickets con antelación, uso de tapabocas y una declaración jurada de salud.
Roberto Bisogno, director artístico del Teatro Apolo de Buenos Aires y presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), asegura que el protocolo ha funcionado perfectamente: “El personal de nuestras salas tiene claras instrucciones sobre su cumplimiento y no se relaja en ningún momento, pero el problema no es el teatro, sino llegar hasta el teatro, irte del teatro, ahí quizás es donde está el riesgo”.
“Estuvimos muchos meses hablando sobre perspectivas, que fueron los meses del año pasado antes de llegar a noviembre, luego de esos meses abrimos los teatros y charlamos sobre qué esperábamos de la vuelta y cómo de a poco la gente se iría acercando, hasta que llegó este nuevo parate en el contexto de una emergencia sanitaria mucho más intensa que la del año pasado, por eso hoy hablar de las consecuencias para la industria es hasta irresponsable”, agrega Bisogno.
La digitalización teatral
La digitalización de la vida social y económica, también llegó al teatro. Las distintas actividades artísticas, las clases y los talleres, se trasladaron a las plataformas online, mientras que la trasmisión de obras y espectáculos por streaming, se convirtió en una alternativa recurrente para generar cierta rentabilidad y mantener el contacto con el público.
Entre las iniciativas digitales está el Cervantes On Line, que permite ver de forma gratuita obras ya estrenadas, nuevas producciones en formato audiovisual, y charlas con actrices, actores, directoras y directores teatrales. Otra opción es Teatrix, la primera plataforma digital del país creada antes de la pandemia, y donde se pueden mirar obras nacionales e internacionales a través de una suscripción.
Al principio de la pandemia, se tuvieron que levantar 61 giras.
“Nadie va a reemplazar el teatro por verlo a través de una pantalla, pero funciona como complemento para ver obras que ya no están en cartelera o para alguien que está en otra provincia o país. Con el teatro independiente puede complementarse, aunque es más difícil porque hay que tener las herramientas y la inversión para una buena calidad”, comenta Pérez sobre las opciones digitales.
Para Pérez, el streaming durante el inicio de la pandemia tuvo que ver con la necesidad de dar vida a la actividad teatral y, aunque permitió solventar algunos gastos, no compensa las pérdidas. “Este año estamos con mucha incertidumbre porque no teníamos muchos proyectos apuntados a la virtualidad, sino a la presencialidad, y ahora con los nuevos cierres nos quedamos sin una cosa y sin la otra”, asegura con las cuentas en la mano.
Aunque el streaming ayudó a muchos artistas, Bisogno considera que es una alternativa que ya pasó, porque entiende que “fue algo muy comentado al principio de la pandemia, pero la verdad que no reemplaza al teatro y a la música en vivo,pero si genera algún ingreso es algo bienvenido y se debe apoyar”.
El apoyo estatal y la segunda ola
El Ministerio de Cultura de la Nación tomó medidas junto a otros organismos del Estado, para contener los efectos que tuvo el aislamiento preventivo sobre el sector cultural. La inversión hecha durante la emergencia sanitaria superó los 1.000 millones de pesos, y posteriormente con el Plan Federal de Cultura, se amplió a más de 2.000 millones.
Son varias las líneas creadas para sostener la actividad, entre ellas está Fortalecer Cultura, destinado a las trabajadoras y trabajadores del sector, y el programa Impulsar para el sostenimiento del espectáculo en vivo. Además, los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Cultura dieron financiamiento a PyMEs, mientras que el Fondo Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura de la Nación, otorgó las Becas Sostener Cultura I y II.
En línea con los mecanismos para atenuar la crisis, el Teatro Nacional Cervantes realizó el concurso de obras cortas inéditas “Nuestro Teatro”, que con un presupuesto de 20 millones de pesos generó trabajo para personas vinculadas al quehacer escénico. Para Blutrach, desde un inicio se intentó que el Teatro Nacional sea un músculo de contratación. “El año pasado firmamos 33 obras que nos permitieron contratar alrededor de 330 agentes culturales. Me parece que el Estado tiene esa tarea en un momento de debilidad del privado, y de seguir aportando contenido y marcando el camino”, subraya.
El cierre por la segunda ola resulta necesario para Blutrach, pero considera que pone de nuevo a las salas en una situación difícil. “Estoy preocupado porque el Estado nacional no tiene los recursos necesarios, y este nuevo cierre es un desafío que deberemos abordar con las autoridades y grupos que forman el tejido cultural, para poder llegar todos juntos al final de este nuevo encierro y que se puedan mantener las salas, grupos y espacios abiertos”.
Lo más importante para Pérez, es la rapidez con la que se realizan las ayudas, en ese sentido reconoce la efectividad que tuvo el Ministerio de Cultura de la Nación al inicio de la pandemia, aunque la situación se complicó después y los tiempos se alargaron. Con el Gobierno de la Ciudad fue distinto, afirma Pérez, ya que durante todo el año pasado la ayuda llegó tarde y fue muy poca, sólo hubo un aporte extraordinario y para el año 2021, se anunció que no se contaría con los fondos necesarios.
“La mayoría de salas accedimos a distintas líneas pensando en que al regresar íbamos a reactivarnos, pero ahora estamos en esta situación dramática. Desde ARTEI hay una mirada general que se debe priorizar la salud y que, tanto el Gobierno nacional como el de la Ciudad, deben atender al sector, ya que es uno de los pocos que estuvo absolutamente cerrado todo este tiempo”, comenta Pérez.
Bisogno considera que el Gobierno apoya y hace lo que está dentro de sus posibilidades, pero que la situación sanitaria es desesperante y afecta a toda la sociedad. “Nos reunimos con el Presidente de la Nación, fuimos a su despacho. Las ayudas se están materializando, aunque entendemos que no tenemos los mismos subsidios que puede tener un país como Inglaterra o Alemania. Los gobiernos hacen lo que pueden, y tampoco es responsable salir a hacer reclamos individuales”, se lamenta.
Luego de una aparente calma en el nivel de contagios, la segunda ola triplicó los casos en el pasado mes de abril, siendo el Área Metropolitana de Buenos Aires la región más afectada.
“Cuando nos dijeron de parar acatamos, guardamos nuestras escenografías, nuestros actores se fueron a sus casas, y paramos. Y sí, muchos nos fundimos y muchos se fundirán, pero las medidas sanitarias no se discuten”, concluye Bisogno respecto de la segunda ola.
Para Blutrach la situación se podrá normalizar con la llegada masiva de las vacunas, pero en el mientras tanto el nuevo cierre es un golpe durísimo para el sector teatral en tanto señala que “en este momento tenemos que hacer el aguante a la situación general y sentarse con las autoridades, para negociar las ayudas necesarias para este tejido de las artes escénicas que costó tanto años construir”.
Además, el productor y empresario cree que si no hay una asistencia fuerte y una apertura pronta, la situación puede ser muy delicada, aunque reconoce que no será posible bajar los contagios si cada actividad pone por delante sus propios intereses. Hay alrededor de 4.000 mil personas ligadas al espectáculo en vivo en Argentina, por eso Blutrach asegura que actualmente hay conversaciones con el Estado para que brinde el apoyo necesario a las nuevas producciones, en un momento donde la actividad teatral está claramente deprimida.
May 19, 2021 | Novedades, Vidas políticas
El gobierno nacional envió el lunes pasado al Congreso de la Nación el proyecto de ley conocido como “Emergencia Covid”, que busca crear parámetros epidemiológicos y definir las facultades de las diferentes jurisdicciones para establecer restricciones sanitarias. La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene mayoría propia, y espera ser aprobada antes del 21 de mayo, cuando vencen las actuales medidas decididas al comienzo del mes.
La estrategia será avanzar en los consensos necesarios, de acuerdo a la postura que cada jurisdicción mostró en las últimas reuniones de los Consejos Federales de Salud y de Educación, en las cuales la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza quedaron aisladas defendiendo la presencialidad en las escuelas y rechazando las cuatro etapas de riesgo propuestas. La especulación pasa por el apoyo de los oficialismos provinciales del Frente De Todos, sumado a los mandatarios radicales de Jujuy y Corrientes.
El proyecto define los parámetros de situación epidemiológica según la cantidad de casos cada cien mil habitantes: bajo riesgo (50 a 150 casos); mediano riesgo (150-200); alto riesgo (250-500); y Alarma Epidemiológica Sanitaria (más de 500 y 80% de ocupación de unidades de cuidado intensivo-UTI), única instancia en que se suspende la presencialidad escolar. Además, avala la disposición de restricciones de acuerdo a la gravedad de cada lugar y aclara que las decisiones del PEN serán de “forma razonable y proporcionada”, previa consulta con la jurisdicción correspondiente. También brinda potestades a la Jefatura de Gabinete para ampliar o reducir la circulación nocturna, la virtualidad en empleos públicos y las limitaciones sobre el transporte, mientras que las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización.
La iniciativa sigue las variables ya establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287/2021, que se encuentra vigente y dentro del marco normativo actual. Las etapas se definen por tres criterios principales, que son la incidencia y la velocidad de los contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva. En diálogo con ANCCOM, Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Sanatorio Otamendi y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), analiza que “frente a una situación epidemiológica que no ha mejorado lo suficiente y frente a la discrecionalidad que hay” se impone un instrumento que “pone pautas objetivas para la implementación” de medidas sanitarias. “Es importante definir taxativamente que estamos en un contexto de colapso” en el cual la “intubación fuera de UTI es un determinante independiente de mortalidad”, completa Dubin.
Primera parada: Senado
El martes, al día siguiente de la presentación del proyecto por parte del oficialismo, se realizó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara Alta. María de los Ángeles Sacnun, senadora por Rosario y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales que condujo el plenario, indicó a ANCCOM que el proyecto “se funda en las facultades que otorga la Constitución Nacional (CN) en los Artículos 41 y 42 y en los pactos internacionales a los que se comprometió el país”. Además, agrega que “se basa en datos objetivos y la previa consulta sostiene el federalismo”, en línea con lo que apuntó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo sobre las clases presenciales.
La iniciativa, que no tuvo modificaciones, obtuvo dictamen favorable para ser tratada durante esta semana. Si bien el oficialismo cuenta con mayoría propia, resaltó la postura de Alberto Weretilneck, senador de Juntos Somos Río Negro y usual aliado, que adelantó su rechazo al sostener que la ley es “en respuesta al fallo de la Corte”. Está la posibilidad de que se apruebe con ciertos cambios para llegar con más apoyo a la Cámara Baja.
El rechazo de Juntos por el Cambio fue total y Humberto Schiavoni, senador por Misiones, expresó que “hay absoluta unanimidad dentro de la alianza en el tema”. El problema pasa por lo que entiende el oficialismo y toda la oposición por federalismo de concertación, en relación al acuerdo que debe haber entre Nación y cada provincia. Para Schiavoni, si la consulta “no es vinculante entonces es inconstitucional”, por lo que consideró que, de nuevo, se “entrará en un conflicto de poderes”.
Acuerdo o judicialización
Al igual que en la postergación de las PASO, el centro de atención está puesto en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo depende del consenso con otros bloques para lograr su aprobación, sobre todo por el acelerado tratamiento que busca darle. En Juntos por el Cambio ya habían anticipado su rechazo y advirtieron que intenta otorgarle “superpoderes” a Alberto Fernández. Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica que se ocupó de la revisión de los fundamentos, lamentó la calificación y afirmó que el objetivo es “dejar atrás la herramienta del DNU y pasar a una ley como marco, donde el Presidente sólo pueda intervenir después de que una Gobernación haya adoptado medidas y chequeado su resultado”. Por su parte, Cecilia Moreau, vicepresidenta del Frente De Todos en la Cámara Baja, puntualizó que los criterios “no deben estar atados a la subjetividad y al uso político”. Sostuvo que “no toda la oposición es la misma” y que “una parte comprende la situación”.
Luego de su aprobación en Senadores, el proyecto será girado a las mismas dos comisiones de Diputados y, de esa manera, la fuerza oficialista entrará en una disputa voto a voto para llegar al quórum de 129 voluntades. Los principales cuestionamientos pasan por el consenso necesario con los gobernadores, los límites a la delegación de facultades y una temporalidad determinada. En el texto se establece que las medidas se revisen a los 21 días y establece su propia vigencia hasta el 31 de diciembre, de acuerdo a lo establecido por los decretos 260/20 y 167/21. Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y del bloque radical, criticó que “puede durar hasta que termine la pandemia”, cuando el artículo 76 de la Constitución Nacional “exige que toda delegación tenga plazo fijado para su ejercicio”, mientras “el Ejecutivo viene decidiendo por DNU la duración de la emergencia sanitaria”.
A pocos días del vencimiento del DNU, acuerdan nuevas restricciones para el AMBA.
Negri considera que se “pretende actuar como si fuéramos un país unitario” y que los gobernadores, según establece el artículo 128 de la Constitución son “agentes naturales facultados para velar por su cumplimiento de la Carta Magna”. Juan Manuel López, que lidera a la Coalición Cívica, advierte que el Congreso “no puede delegar facultades que no le pertenecen” y su par del PRO, Cristian Ritondo, evalúa que “el presidente ya tiene bastante poder y se ha extralimitado”. De esta manera, los votos deberán ser buscados en el resto de las bancadas.
El poroteo
El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, encabezado por José Luis Ramón, pretende más claridad en los plazos y la terminología, cuestiones que ya fueron comunicadas. Si se resuelven, acompañaría la iniciativa y podría sumarse el apoyo de Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social de Tucumán. El interbloque Federal, presidido por Eduardo Bucca, continúa mostrando una postura heterogénea. Alejandro Rodríguez, y los otros dos legisladores identificados con Roberto Lavagna, adelantaron que rechazarán la medida. A Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, le parece que el sentido es “sólo contradecir a la Corte” y también se mostró en contra. Por el lado del Socialismo, Enrique Estévez considera que, además del consenso y las limitaciones, “debe haber más elementos científicos”. Las mismas inquietudes son compartidas por el bloque Justicialista y el Frente Progresista Cívico y Social, que podrían contribuir con tres votos.
El oficialismo le estará prestando atención a los legisladores de aquellas provincias que lo acompañaron en los Consejos Federales, en especial a quienes representan a Jujuy y a Corrientes, y al diputado Luis Di Giacomo, que responde al senador Weretilneck. A él se suman las dos bancas del bloque Acción Federal, que conduce el riojano Felipe Álvarez, y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino en manos de Alma Sapag.
Por último, restará saber que harán los dos representantes de la izquierda trotskista: Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, y Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas. El primero piensa que “no propone ninguna medida para cuidar la vida de los trabajadores” y que “cambia los parámetros de la Sociedad Argentina de Pediatría para suspender la presencialidad escolar”. El segundo deslizó que, si bien “el semáforo epidemiológico se puede considerar”, su partido “rechazó históricamente” los “superpoderes”. Otra vez, el tiempo le juega contrarreloj al Gobierno Nacional y la posibilidad de consensos disminuye, cuando todo debe resolverse en una semana o Alberto Fernández tendrá que apelar a la extensión de las actuales restricciones sanitarias.
