Mar 12, 2021 | DDHH, Novedades
Fotografía de archivo.
El alegato de la querella unificada en el juicio de lesa humanidad conocido como Contraofensiva Montonera finalizó ayer con las palabras del abogado Pablo Llonto en una jornada histórica. La querella intentó evidenciar en su exposición la coautoría que imputa a los acusados en los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1981. Llonto pidió perpetua en cárcel común para todos ellos.
Los crímenes cometidos contra los militantes políticos que participaron de la Contraofensiva Montonera descansaron, hasta este momento, en la impunidad. Las treinta y seis familias de los montoneros desaparecidos continúan pidiendo justicia y rastreando información que les indique dónde están sus seres queridos. La investigación solo fue posible gracias a la búsqueda implacable de todos los documentos que pudieran probar lo que había ocurrido. Durante todos estos años los acusados vivieron sus vidas en sus casas, muchos de ellos en countries y barrios privados.
Uno de los rasgos más destacados de este juicio es la implicancia de las cuatro piezas de la maquinaria del Ejército: La Jefatura 2 de Inteligencia, el Batallón 601, el Destacamento 601 y la Inteligencia del comando del Instituto de Militancia. El Juicio de las Juntas fue el único en el que estuvieron involucradas todas anteriormente.
13º audiencia del Juicio en 2019.
Llonto explica cómo funcionaba esta maquinaria: “Todas estas piezas encrestaban perfectamente como los engranajes de un reloj y se alimentaba con información. Si no era preciso el funcionamiento, el reloj no podía andar”. Usaban como energía las órdenes y la logística que permitía el accionar: autos, armas, municiones, dinero, pasajes. Siempre avalados por la impunidad y muy organizados.
Los acusados son seis, aunque faltan muchos otros por investigar. Uno de ellos, Jorge Apa, se desempeñó como jefe de la División Inteligencia «Subversiva Terrorista» entre 1979 y 1980. Cuando fue interrogado había declarado ser solo un órgano asesor, pero su nombre se encuentra involucrado en varios documentos sobre tareas específicas confirmando que eso no era cierto.
El Batallón 601 se encargaba de proveer los interrogadores y toda la información que utilizaban las Fuerzas Armadas. Aquí estaban involucrados Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas quien, entre otras tareas, difundía en medios de comunicación las operaciones de prensa. Y Juan Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad en el Batallón.
Todos los secuestrados de la Contraofensiva Montonera eran trasladados al centro de detenciones Campo de Mayo. Allí se esperaban Jorge Bano y Eduardo Ascheri quienes integraban la Sección Operaciones Especiales (SOE) y Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.
De todos los acusados, solo Courtaux y Firpo se encuentran detenidos en centros penitenciarios. Este último por haber sido descubierto violando la prisión domiciliaria el año pasado, en Mar del Plata. El resto se encuentra en su casa mirando el desarrollo del juicio por computadora y solo Ascheri está sentado en el tribunal de manera presencial.
Las historias que forman parte de este Juicio son rememoradas por el abogado. Muchas de ellas con elementos comunes: hombres sin identificarse que entran a la fuerza a las casas y secuestran para torturar y desaparecer a los “subversivos” y trasladarlos junto a algunos de sus familiares a Campo de Mayo.
Llonto señala que uno de los acusados, Cousteaux, estuvo involucrado en una de las historias más fuertes que se han relatado durante el juicio. Es el caso de la familia Lanuscou, integrada por el matrimonio de Roberto y Amelia y sus tres hijos: una nena de cuatro años, un niño de seis y una bebe de seis meses llamada Matilde. Hombres armados entraron a su casa el 4 de septiembre de 1976 y allí mismo asesinaron a la niña mayor, al niño y a sus padres. Matilde aún continúa desaparecida. Cousteaux había sido nombrado por otro militar en su relato de lo que ocurrió esa fatídica noche.
Por este caso y todos los relatados se pide prisión perpetua efectiva en un centro penitenciario, sin goce de domiciliaria. Los motivos que sustentan este pedido y los hace coautores son cuatro para Llonto. Primero el hecho de que todos tenían el mismo objetivo: “El exterminio de la subversión”. También el diseño de un plan común que facilitaba todo el trabajo. A la vez que estaban todos al tanto de los hechos que se iban a realizar. Los imputados tenían el claro propósito de que el plan de exterminio tuviera éxito y no fracasara. Día a día hacían algo por este objetivo.
Tal como explica Llonto, los delitos de lesa humanidad no pueden entenderse con la teoría del delito individual. El abogado adelantó lo que la defensa iba a alegar al respecto: el principio de legalidad y la retroactividad. Al respecto aclaró que la desaparición forzada de personas es un crimen permanente que no cesa hasta conocerse el verdadero destino de la persona. Y es aun hoy que todos los acusados se niegan a revelar información sobre el paradero de las víctimas. Es un delito que continua cometiéndose todos los días.
“Pretenden ocultarse bajo la máscara de la cordura, tratar de dar lastima a los jueces para manejar información y controlarla porque son fríos y calculadores -expresó Llonto-, se los transforma en enfermos y en abuelitos para que los jueces no vean los delitos. Se marginan los crímenes y se logra una suerte de empatía”.
El Juicio se transmite en vivo a través de La Retaguardia.
La posición de la querella es que los acusados que tengan dolencias tratables en hospitales penitenciarios tienen que estar en prisión condenados por los crímenes de lesa humanidad y no en sus casas. Llonto advierte: “¿Quienes piensan que van a celebrar una sentencia condenatoria si escuchan que no se revocan las prisiones domiciliarias?”.
Finalmente, luego de una larga exposición Llonto terminó su discurso emocionado aclarando que la justicia no es utópica. “Queremos que sepan que atrás, en este camino hacia la justicia, vienen nietas y nietos, otras juventudes, otro pueblo que va a seguir reclamando por esos jóvenes que dieron todo y no pidieron nada, que tenían esperanza y apelaron a la resistencia, por esos jóvenes que creyeron en la fraternidad y en la igualdad. Ellos pedían lo mismo que nosotros: justicia”.
Jun 6, 2019 | DDHH, Novedades
Desde la primera audiencia del juicio, los familiares de las víctimas llenan la sala a la espera de justicia.
“Estaba haciendo el servicio militar a los dieciocho años cuando me secuestraron y me llevaron a Campo de Mayo”, relató Jorge Omar Sosa, el primer testigo de la sexta audiencia de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio, que se encuentra tramitando los casos de los obreros secuestrados y desaparecidos de Mercedes Benz. “Me pusieron una venda y me metieron en un calabozo. Me di cuenta de que estábamos ahí porque tenía una novia en Don Torcuato y conocía el sonido del tren. Se escuchaba cerca”, recordó.
La historia parece repetirse en un sin fin de casos similares: su hermano había sido detenido y nadie sabía nada de él. Una tarde golpearon la puerta y la tiraron a abajo. Era gente de civil y del Ejército. Los insultaron mientras preguntaban por su hermano. “Nos pusieron revólveres en la cabeza y me decían que se iban a llevar a mi mamá y a mí, que iba a estar desaparecido, así de una”, contó. Su mamá estuvo secuestrada y escuchaba la voz de su hijo mayor, al lado, diciéndole que tenía miedo. “Ella decía que era como si se escuchara una grabación, no como si fuera él. La torturaban psicológicamente”, rememoró.
Uno de los días de su detención, vio bajar de un camión a varias personas. Entre golpes y gritos los escuchó decir que eran delegados y secretarios de Mercedes Benz. “Uno se quiso escapar y le tiraron un perro para que lo mordiera. Nunca supe si falleció o si lo llevaron al hospital de Campo de Mayo”, declaró conmocionado. Además de confirmar la presencia de obreros de la fábrica automotriz, también aseguró que varios “vuelos de la muerte” salieron del predio. “Cuando me hacían limpiar los calabozos, veía unos tubitos con un líquido rojo. Eran para dormir a los que llevaban a los aviones”, sostuvo mirando al juez. “Sabía eso porque escuchaba las hélices y vi muchos tambores azules, los que se usaban en la construcción y con los que tiraban a la gente”, añadió.
En la sexta audiencia del juicio, los testigos revelaron la complicidad de la empresa Mercedez Benz con la última dictadura.
La segunda en declarar fue Hilda Fernández que se desempeñó como secretaria del ex director de Asuntos Jurídicos de Mercedes Benz, Rubén Pablo Cuevas, durante la dictadura militar. “La empresa siempre tuvo contacto con el Ejército”, explicó, mencionando que tenían acuerdos comerciales tanto con las Fuerzas Armadas argentinas como con los de otros países. “No veía usualmente militares en la fábrica. Una mañana vi a un general que estaba al frente del Regimiento 602. Se llamaba Balín y había ido a ver a Cuevas”, agregó haciendo referencia a su jefe.
Las preguntas de la querella, compuesta por Pablo Llonto, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo y las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, buscaban reconstruir los secuestros a los obreros de la fábrica y las tensiones que se crearon entre los trabajadores y los altos mandos de la empresa. “Más tarde me enteré que habían desaparecido a los de la comisión interna”, agregó Hilda Fernández. En la misma línea, Rubén Aguilar, ex delegado negociador del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), declaró que varios años después otros compañeros le contaron sobre la desaparición de trabajadores. “Secuestraron a los de la comisión interna; a los delegados. Descabezaron a toda la actividad sindical”, cerró.
El último testigo fue Hugo Corsatto, trabajador de Mercedes Benz desde 1971 a 1976. “Había un clima de malestar al interior de la fábrica por el tema de los salarios”, describió. Las tensiones entre los obreros y los empresarios iban en aumento durante los años previos de la dictadura. “En el 74 ya estaban haciendo listas de trabajadores que querían sacarse de encima. Yo pude rescatar una de la oficina de mi jefe de sector”, mencionó y entregó como evidencia una fotocopia con nombres escritos a mano. “Las empresas ya estaban preparando el golpe desde mucho antes. Yo me salvé porque visibilicé la lista al interior de la fábrica”, agregó.
Mientras los conflictos iban en aumento, la participación de los cargos jerárquicos aportando nombres a los militares para la desaparición de personas se hacía más evidente. “En abril del 76 se llevaron a un compañero. Entraron, preguntaron por él y lo fueron a buscar”, dijo Corsatto, remarcando su desconcierto ante la situación porque no había manera de que los militares supieran en qué sección estaban. “Recuperó su libertad. Y lo curioso es que cuando llegó a la casa, tenía un telegrama de la empresa del día anterior donde le decían que por lo que le había pasado, le daban quince días de licencia”, remató con ironía.
Entre las declaraciones de los diferentes testigos, las preguntas de la querella y las objeciones de la defensa, hubo un cuarto intermedio para debatir una oposición de Juan Carlos Tripaldi, abogado de varios acusados en la causa. La estrategia de la defensa se entretejió con el entorpecimiento a las preguntas de la querella. Sin embargo, el debate abrió nuevas aristas para seguir investigando las causas y la participación de la empresa Mercedes Benz con el terrorismo de Estado. “Fue importante porque los testigos confirman la participación de los cargos jerárquicos en la desaparición de trabajadores al apuntar nombres de los militantes más sindicalizados y con conciencia de clase que los molestaban”, remarcó Pablo Llonto, abogado especialista en derechos humanos. “Aunque acá sólo se juzga la responsabilidad de los militares, es necesario entender lo previo para explicar el odio y la voluntad represiva contra el sector de la clase trabajadora que luchaba con dignidad y honestidad por los derechos de los laburantes”, cierra.
¨Para la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Carolina Villella, “fue muy ilustrativo en cuanto a la conflictividad que había en la empresa por la participación que tenían los trabajadores en la actividad sindical”.
May 16, 2019 | DDHH, Novedades
Los acusados apelaron a su edad y sus enfermedades, para tratar de conmover al Tribunal.
“Sólo me resta pedirle al Señor que preside esta asamblea desde lo alto, que ilumine con la luz de su verdad a sus señorías para que puedan aplicar la justicia verdadera con mayúscula”, exclamó Luís Del Valle Arce, imputado por 23 crímenes de lesa humanidad vinculados al centro de detención clandestino Campo de Mayo. El debate oral y público, celebrado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, abrió con la declaración del acusado, leída como una proclama. Caminó con su bastón hasta el estrado y rechazó responder preguntas. Su defensa se sostuvo en la imposibilidad de haber cometido los delitos porque tenía licencia y vacacionaba en Santiago del Estero: “Difícilmente podría haber estado en Campo de Mayo al mismo tiempo», declaró.
La megacausa se inició con el caso Mercedez Benz que agrupa diferentes secuestros a obreros de la fábrica entre 1976 y 1978. La querella está compuesta por Pablo Llonto, abogado y periodista especializado en juicios de lesa humanidad y el Centro de Estudios Legales y Sociales. También querellan Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, involucrados también con las causas denominadas Colegio Militar, Ferroviarios y Área 400.
Las estrategias discursivas estuvieron a la orden del día, pero la apelación a la emotividad latía debajo de cada palabra. “Hoy, con noventa años y a más de cuarenta de los supuestos hechos, con enfermedades crónicas y propias de la edad, soy privado de la libertad sin juicio previo”, sostuvo Arce, con la voz quebrada y una mano aferrada a su bastón. Carlos Villanova, acusado de 70 casos de secuestro, tortura y homicidio, se comunicó con el tribunal por videoconferencia desde Córdoba donde está en prisión domiciliaria. “Tengo dos caminos: o me defiendo y demuestro que todo esto es falso, y en eso se me puede ir la vida; o me apego a ella y resguardo la poca salud que tengo”, comentó.
En la próxima audiencia comenzarán las declaraciones testimoniales.
Ramón Vito Cabrera, imputado por tres hechos ocurridos en 1976, aceptó responder preguntas solamente de la defensa y fue su abogado, Juan Carlos Tripaldi, el que guió su declaración. “Tenía encargada la seguridad exterior e interior y el control interno del personal de la fábrica militar de Tolueno, Campana”, dijo y aseguró que no tenía tiempo para salir del predio e ir al Mercedes Benz. “Patrullábamos para que no ocurrieran incidentes o actos delictivos”, respondió cuando Tripaldi le pidió que aclarara cuáles eran las tareas que hacía en Tolueno, y agregó: “Nunca se detuvo a nadie en los doce días que estuve y gracias a Dios, no tuvimos problemas con el enemigo subversivo”.
La victimización, las enfermedades y la edad se entretejían con el discurso de la “guerra interna” que justificaba cualquier acción. “Una de las formas de realizar una operación ofensiva es aniquilar las fuerzas enemigas y privarlas de los recursos necesarios”, explicó Cabrera con sus libros de estrategia militar en la mano y mirando siempre a su abogado. “Éste aspecto era el que yo cumplía: les prohibía que accedieran a las instalaciones de la fábrica, donde estaba el combustible y los explosivos, porque podrían dañar a la ciudad y al país”, cerró.
En el público estaban familiares de víctimas desaparecidas, miembros de organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y un colegio secundario de la zona que fue a presenciar la audiencia bajo el programa “la escuela va a los juicios”. Durante la larga espera hasta que iniciara el debate, los chicos conversaron con diferentes personas ligadas a la causa, llenos de preguntas e ilusiones. Algunos querían ser abogados, otros se interesaban por lo social. Cuchicheaban sentados frente al tribunal y se explicaban mutuamente el funcionamiento del sistema judicial. “Las palabras de los testigos y sobrevivientes construyen un relato que muchas veces nos guió a encontrar nietos e hijos expropiados o reconstruir historias”, les explicó Gabriel Abinet, tío de la nieta restituida Elena Gallinari Abinet. Ante el voto de silencio de los militares, la memoria, la verdad y la justicia se alzan con mayúsculas.
Abr 30, 2019 | DDHH, Novedades
Más de 750 testigos declararán en el juicio oral y público que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Campo de Mayo.
“Desde que se empezaron a desarrollar estos juicios sentimos una reparación. Más allá de las condenas, desnudan las verdades, y clarificar lo que pasó, Permite dejarle a las futuras generaciones nuestra verdadera historia”, afirmó conmovida María del Carmen Pérez, quien estuvo secuestrada en Campo de Mayo en 1977, tras la finalización de la primera audiencia. Ella, como todo el público que llenó la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, permaneció en completo silencio escuchando los requerimientos de elevación a la instancia oral que relataban situaciones aterradoras y escalofriantes.
El tribunal, que deberá presenciar la declaración de unos 750 testigos, está conformado por Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nadia Flores Vega. En la causa se investiga lo acontecido con 323 víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado Nacional entre 1976 y 1978. Se indagará en las desapariciones de trabajadores ferroviarios de las líneas Mitre y Belgrano; de miembros de las comisiones internas de la automotriz Mercedes Benz; de víctimas provenientes del Colegio Militar, y de agrupaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Todas pasaron la Zona de Defensa IV, ubicada dentro del centro de detención y exterminio más grande del país, Campo de Mayo.
De los 22 imputados, 13 hasta ahora no fueron condenados por su participación en la última dictadura cívico-militar.
Son 22 imputados, todos ex integrantes del Ejército, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, y 13 de ellos no tienen condenas previas por delitos de lesa humanidad. Para que esto sea posible resultaron clave los testimonios de sobrevivientes de Campo de Mayo que recordaban los apodos de sus secuestradores, y luego de un largo trabajo de investigación se pudo identificar a cada uno de ellos.
Un ejemplo es Carlos Villanova, policía retirado que fue detenido en 2014. El alias de Villanova era “Gordo 1”. El de otro acusado, Julio Fusco, detenido en 2015, era “Pajarito”. Benito Omaecheverría, ex jefe del Departamento Personal del Comando de Institutos Militares, Miguel Ángel Conde, Francisco Agostino, Luis Del Valle Arce y Mario Domínguez completan la lista de quienes por primera vez deben comparecer ante la justicia.
Lorena Battistiol, hija de Juana Colayago y el ferroviario Egidio Battistiol, ambos desaparecidos, y que aún busca a un hermano o hermana nacido en cautiverio, sostuvo: “Les vamos a reclamar [a los imputados] que nos digan dónde están y qué hicieron con nuestros familiares para poder seguir con el camino de memoria, verdad y justicia que iniciaron las Madres y las Abuelas”. “Era impensado esperar tantos años para llegar a este juicio”, agregó, en referencia a las sucesivas postergaciones, la última hace seis meses.
Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo –una de las partes querellantes junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia y el abogado Pablo Llonto–, argumentó que esta demora se debió a cuestiones de la burocracia judicial: “Este tribunal tuvo dificultades para conformarse porque pasó mucho tiempo sin tener la cantidad de jueces necesarios para un juicio de estas características. Otro factor fue la complejidad de la etapa de investigación. A lo largo de la causa se iban haciendo elevaciones parciales que quedaban en lista de espera, a la expectativa de acumular información hasta que sea factible la celebración de un juicio único”.
En el juicio se investigarán los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 323 víctimas.
En Campo de Mayo funcionaron, entre 1976 y 1983, cuatro centros clandestinos por donde pasaron más de cinco mil detenidos: El Campito, La Casita, el Hospital Militar y la Cárcel. Además, la maternidad clandestina fue central dentro del predio, donde aproximadamente treinta mujeres secuestradas dieron a luz a niños que posteriormente fueron apropiados y que hoy, la mayoría, siguen siendo buscados por sus familias biológicas. Y desde la base frecuentemente despegaban los “vuelos de la muerte”, una de las formas de exterminio practicadas por el terrorismo de Estado.
El 15 de noviembre del 2018, por un decreto presidencial firmado por Mauricio Macri, Campo de Mayo fue declarado “Reserva Natural”. Al respecto, Battistiol opinó: “El Estado Nacional hizo las cosas al revés, sin contemplar que tal vez, debajo de lo que quieren convertir en reserva, puedan estar los cuerpos de nuestros familiares. Varios testimonios hablan que allí hubo enterramientos. Por eso primero queremos que se resuelvan las investigaciones y después pensar qué se puede hacer con este espacio”.
Según Villella, la conversión de Campo de Mayo en un parque ecológico no cambia las investigaciones ya que rige una medida cautelar para la preservación de los sitios de memoria dentro del predio. No obstante, afirmó que hay que estar alerta “para que no haya ninguna modificación que perjudique la búsqueda de la verdad”.
Las audiencias se realizan todos los miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden presenciar el juicio presentando el DNI.
