En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Parque Patricios, 106 familias temen por su inminente desalojo

En Casa Santa Cruz, se agotan las esperanzas y no aparecen las respuestas del Gobierno de la Ciudad. En CABA se produce un desalojo por día.

A la falta de políticas públicas para promover el acceso a la vivienda en CABA se suma un Estado que prioriza los negocios inmobiliarios. Los desalojos representan la máxima expresión de las problemáticas habitacionales, pero lejos de ser una excepción, ocurren permanentemente. En estos días 106 familias que viven en Casa Santa Cruz, en el barrio de Parque Patricios, pueden sumarse a una estadísticas que asustan.

 Un desalojo por día

Cuando una persona es desalojada recibe una derivación del BAP (programa Buenos Aires Presente) para cobrar un subsidio habitacional y costearse, se supone, una habitación de hotel. Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, organización que aborda la problemática del acceso a la tierra y la vivienda, asegura que en el último año en CABA hubo aproximadamente 365 desalojos. La información se obtuvo a través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección General de Atención Integral Inmediata, para conocer la cantidad de derivaciones para cobrar subsidios habitacionales otorgados por desalojos.

Este organismo brinda asistencia a personas en situación de calle y gestiona una red de alojamientos “.para atender la emergencia habitacional en la ciudad”, tal como detallan en su página web. La respuesta fue que llegaron 137 derivaciones a personas o familias desalojadas. Krein aclara: “Esas cifras solo incluyen desalojos formales a los que hay que sumar también los desalojos en piezas de hoteles, villas, y pensiones, que suceden sin juicio mediante, y a aquellos que recibieron la derivación y no cobraron el cheque. Así, estimamos que en 2022 en CABA hubo un desalojo por día”.

Casa Santa Cruz

La estadística de la situación habitacional en CABA dará un salto repentino de concretarse el desalojo de las 106 familias que viven en el edificio ubicado en la calle Santa Cruz al 140, en Parque Patricios. Los vecinos y vecinas transitan un proceso judicial de desalojo desde el 2010.

El edificio se encuentra en la manzana situada entre las calles Santa Cruz, Finochietto, Uspallata, y Juan Carlos Gómez, frente al Parque Florentino Ameghino, sus habitantes le dieron el nombre de Casa Santa Cruz. El predio funcionó como fábrica de toallas de la empresa textil SELSA hasta su quiebra a mediados de los noventa. Entre los años 2002 y 2006, la crisis económica y social del país obligó a vecinos y vecinas de la zona a refaccionar el predio y habitarlo para evitar vivir en la calle.

En el año 2010, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny compró por 1.550.000 pesos el inmueble habitado por 106 familias a través de una subasta. Su objetivo era hacer un negocio inmobiliario de alquileres temporales por lo que inició el juicio de desalojo de inmediato. Jonatan Baldiviezo, el titular del Observatorio de la Ciudad, que acompañó a los vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz en los conflictos a lo largo de los años, señala en su informe sobre el caso: “Ratuschny aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales”.

En el 2014, a raíz de la denuncia de desalojo, las familias de Casa Santa Cruz registraron la cooperativa de viviendas Papa Franciso en el marco de la Ley N° 341 de CABA. Un año después, a pedido de los habitantes, se organizó una audiencia en donde estuvieron presentes representantes de la cooperativa, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el dueño para plantear la posibilidad de una compra. Según el informe del Observatorio de la Ciudad, Ratuschny en esta ocasión valuó la propiedad en 30.000.000, mientras el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por la entonces Secretaría de Hábitat, lo hizo en $8.000.000. Así las cosas, no se llegó a un acuerdo.

Estado ausente

Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papa Francisco, cuenta: “Nosotros hemos agotado los recursos judiciales. Solo nos queda esperar a que el oficial de justicia programe un día y envíe la orden de desalojo”. Agrega que la única propuesta que les han ofrecido es un subsidio habitacional de 13.000 pesos para alquilar una habitación en un centro de alojamiento permanente, propuesta que rechazaron por considerarla insuficiente: “Además, en los hoteles familiares suelen no alquilar a personas con niños”, añade Llanos.

            El informe del Observatorio de la Ciudad afirma que funcionarios del IVC, responsables de la operatoria de la Ley N° 341 informaron a representantes de Casa Santa Cruz que el programa estaba desmantelado, desfinanciado, y con un presupuesto asignado que no llegaba a cubrir el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que tienen viviendas en proceso de construcción. Según llanos, estas respuestas evidencian la falta de voluntad política para solucionar el problema: “Además del juicio de desalojo, venimos cursando otro juicio que le hacemos desde Casa Santa Cruz al gobierno por no dar respuesta a nuestros reclamos”. Y concluye: “lLs vecinos y vecinas de Casa Santa Cruz no nos vamos a ir, vamos a resistir y luchar para conseguir la tierra que nos deben”.

            El barrio en donde se encuentra Casa Santa Cruz, Parque Patricios, representa un espacio tentador para los negocios inmobiliarios. La creación de los distritos de Tecnología, de las Artes y de diseño, la construcción del Archivo General de la Nación donde se encontraba la antigua Cárcel de Caseros, la extensión de la línea H de Subterráneos, que incorporó las estaciones Parque Patricios en 2011, y Hospitales en 2013, y la inauguración de la nueva sede de Jefatura de Gobierno porteño, son algunos de los proyectos que valorizan el espacio y facilitan los negocios especulativos de construcción de viviendas restringidas a los sectores medios-bajos, agravando la crisis habitacional.

Gigi Krein, referente de Consejerías de Vivienda, apunta: “Existen cerca de 200.000 viviendas vacías en CABA, y todavía hay gente viviendo en la calle”. Y cierra: “Los remates son un negocio redondo para los desarrolladores inmobiliarios, que muchas veces compran en pesos para construir y vender en dólares”.

Sin un Estado presente que nivele un poco las cosas, los ciudadanos de Buenos Aires con menos recursos quedan a merced de un negocio que avanza por todos los barrios: solo les queda exponer sus propios cuerpos.

Una pedaleada contra la privatización de la costa porteña

Una pedaleada contra la privatización de la costa porteña

Es un domingo soleado cerca del puerto de la ciudad. El asfalto aumenta la sensación de calor. Decenas de personas, muchas de ellas con bicicletas, rodean la entrada de Costa Salguero, predio de la ciudad conocido por sus boliches nocturnos y lugares gastronómicos. Al canto de “el río no se vende”, se escuchan palmas y se ven bicis alzadas en repudio al proyecto de venta de terrenos públicos en Costanera Norte.

Con las consignas centrales “Parque sí, torres no” y “Defendamos nuestro río”, organizaciones ambientales, ciudadanas y políticas convocaron a las puertas del predio concesionado hace treinta años. Ese acuerdo termina el próximo año y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ya proyectó su próximo destino: un emprendimiento inmobiliario con viviendas de lujo y acceso privilegiado al río de la Plata.

En caravana de bicicletas desde Plaza Almagro y de autos desde el Planetario, los manifestantes repudiaron la ley aprobada por la Legislatura porteña el 8 de octubre que autoriza la venta del predio y la construcción del exclusivo emprendimiento inmobiliario.

“Se quiere hacer una privatización definitiva y vender el terreno para hacer un proyecto inmobiliario. Estos predios fueron cedidos de Nación a Ciudad para que sean destinados a un parque público”, señala para ANCCOM el referente del Observatorio de Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo. La Legislatura porteña, con mayoría de la alianza Cambiemos, aprobó la ley impulsada por el gobierno de Larreta donde se establece la rezonificación de los predios costeros y se autoriza la construcción de un barrio con viviendas para sectores de alto poder adquisitivo.

Desde el gobierno y sectores simpatizantes, el proyecto fue recibido como algo mejor que lo que está ahora: un predio de puro cemento, sin verde ni acceso al río. Sin embargo, el abogado Baldiviezo niega esta versión. “El gobierno genera esa extorsión de que, para hacer espacios verdes, tiene que vender terrenos públicos. Hay una primera mentira: van a vender todo el predio. La parte verde va a quedar en manos privadas. A lo sumo restringirán la construcción sobre esos espacios pero en el futuro el privado podrá solicitar a la Legislatura seguir construyendo”, advierte.

La venta de terrenos ribereños va en contra del artículo 8 de la Constitución porteña que establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. Baldiviezo a su vez recuerda que ningún poder ejecutivo ni legislativo puede ir en contra de este acuerdo político. “No queremos que haya un nuevo muro de edificios que desconecte a la ciudad del río. Este complejo inmobiliario justamente va a generar esa perpetuidad de la desconexión como pasó con Puerto Madero”, concluye.

La venta de terrenos públicos, que podrían transformarse en espacios verdes en una ciudad donde los índices ambientales y sanitarios están en rojo, es una constante. Para el político, economista y director del Banco Central de la Nación Claudio Lozano, el macrismo apalanca sus negocios y asociaciones con el mercado inmobiliario a través de la venta de tierras públicas. “Están pasando por encima de la Constitución de la ciudad y contra todas las recomendaciones urbanas a nivel mundial. Lo que hay detrás es el intento de armar una ciudad ribereña para los ricos y dejar al resto en una situación complicada en términos ambientales”, analiza.

En una ciudad donde la cantidad de espacios por verde es de seis metros cuadrados por habitante, diez metros menos de los recomendados por organismos internacionales, la venta y construcción de viviendas de lujo profundiza la problemática.

Desde la coordinadora “La Ciudad somos quienes la habitamos”, compuesta por más de 120 organizaciones, presentaron un proyecto de ley llamado “Nuestro Río”, para el desarrollo de un parque multifunción. “Recuperar los humedales autóctonos, incorporar una estación meteorológica experimental para controlar las variables climáticas, relacionadas con el cambio climático, y una producción agroecológica”, señala los principales pilares la referente de la cátedra de ingeniería comunitaria María Eva Koutsovitis.

Para la ingeniera, la situación en la ciudad es crítica: “Estamos en emergencia habitacional, ambiental y climática. Tenemos seis metros cuadrados de espacio verde por habitante pero este número es más dramático en las villas y asentamientos, donde hay solo un 0,1. En esta situación de crisis ambiental y climática, es un contrasentido absoluto privatizar y cementar el borde costero”, indica.

Con respecto al afán inmobiliario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el referente de Jóvenes por el Clima Bruno Rodríguez señala que se condena la posibilidad de un desarrollo urbano sobre pilares sostenibles. “La avanzada en pos de rematar terrenos de todos los y las porteñas, que podrían ser espacios verdes, lamentablemente es una reiteración del gobierno porteño. El proyecto es muy simple, es una venta directa de la costanera a empresas inmobiliarias para la construcción de torres”, indica.

El cambio climático no es algo que afecta solamente a los polos, lejos de las ciudades. El avance de proyectos inmobiliarios y el déficit de espacios verdes trae consecuencias como mayor efecto de isla de calor, inundaciones por falta de absorción de los suelos (algo que regulan los humedales y la vegetación) y también aglomeraciones en parques y plazas que se observaron durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

El verde ecológico de la ciudad al parecer solo queda en los slogans y afiches de las calles. El militante ambientalista señala: “Estamos ante un punto en que la costanera se convierte en un predio completamente privatizable. No se realiza la construcción de espacios urbanos que tengan el objetivo de mitigar y adaptarnos al cambio climático, de crear una mejor calidad de vida de la ciudadanía local. Todas las organizaciones aquí presentes repudiamos este proyecto”, concluye.

Habrá una audiencia pública el 24 de noviembre donde se apuesta revertir la decisión del poder ejecutivo y legislativo sobre la privatización de la costa. “Hace 25 años todos los gobiernos de la ciudad vienen sosteniendo que esto se transforme en un parque. Hasta Mauricio Macri lo sostuvo cuando aprobó la Ley Urbano Ambiental. Se está tirando este plan a la basura. Queremos solicitar a la ciudadanía que vengan a apoyar para que la legislatura archive el proyecto inmobiliario y declare la nulidad de las leyes que decretaron la venta”, detalla Baldiviezo.