Jul 21, 2022 | Destacado 1, Vidas políticas
Los movimientos sociales realizaron 60 cortes en todo el país en reclamo de la aprobación del Salario Básico Universal, presentado por un sector del oficialismo. En Puente Pueyrredón, una masiva concentración se topó con el bloqueo de uniformes y realizó el acto en el mismo lugar. Fuerte reclamo al Gobierno nacional para alcanzar la cobertura mínima para más de 7 millones de personas, en medio de una profunda crisis económica.
Banderas gigantes de telas rasgadas con los nombres de las organizaciones convocantes cubrieron la avenida Mitre en la mañana del miércoles 20 de julio. “Hoy estamos en la calle por este reclamo que en definitiva es justicia social para la Argentina -se escuchó por los parlantes del camión estacionado en medio de la avenida-. Hay más de 60 cortes en todo el país para decir muy fuerte y desde la calle que el hambre es un crimen ¡Salario Básico Universal ya!”.
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA); Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); La Poderosa; la Federación Argentina de Cartoneros; el Frente Popular Darío Santillán, el Partido Piquetero y el Frente Social Migrante, entre muchos otros, convocaron una vez más a movilizarse por un Salario Básico Universal. En Avellaneda, punto principal de concentración, llegaron de las intersecciones, con pecheras de todos colores, grupos a pie que se sumaron a la columna que se preparaba para avanzar hacía el Puente Pueyrredón.
En medio de la multitud, Nacho Levy, dirigente de la Garganta Poderosa dijo: “Esta es una jornada importantísima que, de alguna manera, condensa en la calle lo que las distintas asambleas, las distintas barriadas y los distintos grupos comunitarios vienen denunciando hace un montón de tiempo. Me parece que si los anuncios de la ministra (de Economía, Silvina Batakis) tuvieron que ver con calmar a los mercados o al FMI, esta es la muestra más clara que todavía faltan los anuncios que vengan a calmar a estos últimos, que hasta hoy siguen siendo siempre los últimos”. Mientras tanto, detrás, más personas se incorporaban a la columna que iba creciendo lentamente con el paso de los minutos. “Si hay que discutir el déficit fiscal, habrá que discutirlo con el FMI, con los que evaden, con los que fugan. De ninguna manera con las cocineras comunitarias de nuestros barrios que les pusieron el hombro a la pandemia y que todavía siguen bregando por un salario mínimo con el que poder alimentar a su familia”, agregó Levy.
La presencia de Juan Gabrois rodeado de cámaras, dejó nuevamente en evidencia la insistente división oficialista y la resistencia a votar el proyecto de ley por el Salario Básico Universal presentado por la CTA. Dina Sanchez, referenta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) dijo: “Lo que nos impulsa a estar hoy en las calles es que mucho se habla pero no se concreta nada. Hay que pelearla. Que salga por decreto, que salga por donde salga, pero que salga”.
Una fila de trabajadores con cascos amarillos levantaron el mismo cartel y se colocaron en la delantera. “Es el momento de usarla. Salario Básico Universal”, decía y debajo una foto de una lapicera. Al mismo tiempo, uno de ellos sostuvo una lapicera celeste de dos metros que decía “Salario Básico Universal” en letras blancas. “Lo único que falta es que usen la lapicera para firmar el decreto de Salario Básico Universal” – gritan desde el escenario- “con una sola firma pueden terminar con la indigencia”.
La tensión y expectativa se notó en la espera a que llegaran todos los compañeros convocados. “Hay compañeras de toda la zona sur que todavía no pueden llegar porque cortaron todos los trenes. Hay compañeras que están viniendo caminando pero se está haciendo difícil. Esperamos poder subir al puente, pero no sé, hay mucha cana”, explicó Dina.
Las movilizaciones fueron el resultado de más de 450 asambleas que se hicieron el miércoles anterior en los barrios populares y ruralidad pobre de todo el país. “Las asambleas fueron muy importantes porque escucharon de nosotros y nosotras mismas, las personas que estamos impulsando el salario básico universal -dijo Dina- Se hicieron con el objetivo de romper con lo que algunos grandes medios hegemónicos plantean, que los planeros quieren más planes, que no quieren trabajar, que cortan las calles, bla, bla. Por eso era importante hablar con vecinos y vecinas, ir más allá. Hoy ellos saben por nuestra boca por qué estamos en la calle, no por la tele”.
Al costado un grupo con pecheras sentados miraban atentos esperando las indicaciones de sus compañeros.
“¿Arrancamos?, dice uno.
“¿Vamos?”, pregunta el compañero.
“Vamos”, confirma el último.
Se levantaron y comenzaron a caminar hacia la columna.
“Vamos compañeros, vamos compañeras!”, gritaron desde el camión. Adelante de todo, la música. Tambores se golpearon con tiras de manguera usadas como baquetas y resonaron el grave tamborileo que hizo vibrar el piso y marcó el ritmo de los pasos. El sonido creció cada vez más rápido y más fuerte, advirtiendo el comienzo de la marcha.
Los carteles se levantaron. “Nacionalizar los recursos evita que el FMI se lleve todo”, decía uno.“Ya tenemos dignidad y trabajo ¡vamos por el Salario Universal Básico!”, decía otro. Las personas comenzaron a caminar.
Envuelta en su bandera multicolor Roxana frenó a un costado de la columna con dos compañeros, y explicó que estaba ahí por “un futuro mejor, trabajo y dignidad para todos”. Luego saludó y marchó hacia la barredora del “Movimiento indigena plurinacional de trabajadores ABYA YALA”.
Detrás, entre tambores y trompetas, se escucha del altavoz del camión: “Unidad/ de los trabajadores/ y al que no le gusta/ se jode/ se jode. Unidad/ de las trabajadoras/ y al que no le gusta/ se jode/ se jode”
Claudia “la Negra” Albornoz, referenta de La Poderosa, explicó que “entender la pobreza o la indigencia, la informalidad laboral es entender la necesidad y la urgencia de este salario básico universal. Estamos hablando de 14.400 pesos, que es el ingreso mínimo para vivir, osea la canasta básica de alimentos para un adulto o una adulta. Eso implicaría los 15.000 pesos del Salario Básico Universal. Y estamos hablando de un 0.7 por ciento del PBI o sea que no estamos hablando de algo que va a comprometer el presupuesto nacional de ninguna manera. Por eso nos parece fundamental que se pueda escuchar este reclamo. Son 9 millones de personas las que necesitan un piso mínimo para vivir. De ellos solo 1 millón 200 mil reciben un programa social que se llama Potenciar Trabajo, pero necesitamos que ese ingreso básico llegue a los otros 7 millones y medio de personas que no está llegando”.
Una bandera argentina de diez metros flameó acompañada de las manos de decenas de trabajadores del MTE, vestidos con su uniforme azul y con cascos amarillos. Rieron, bailaron y se abrazaron mientras avanzaban sobre la avenida.
La extensa columna llegó al Puente Pueyrredón alrededor de las once y media, donde la esperaban cuatro filas de uniformados que impedían el acceso al puente. Con más de 10 camionetas de Prefectura a los costados, la tensión se sintió en las caras serias y atentas.
El camión frenó en la entrada al puente y se decidió comenzar con el acto allí mismo. Con toda la gente reunida enfilando al escenario, la comparsa tocó el himno y los dirigentes de las organizaciones dieron sus discursos. El hambre como crimen y cuatro comidas al día como derecho fue el reclamo del día. Los trabajadores organizados de la economía popular siguieron presionando por una respuesta universal, por un Salario Básico Universal.
Jul 15, 2022 | Destacado 1, Vidas políticas
Movimientos sociales de la economía popular reclamaron frente al Congreso mientras que los enrolados con la izquierda lo hicieron en Plaza de Mayo. Los separaban las formas pero los unían las consignas: medidas para que los sectores populares puedan enfrentar la crisis económica.
Desde el mediodía de ayer, organizaciones de la economía popular se congregaron frente al Congreso para comercializar sus productos y reclamar políticas que favorezcan al sector.. Simultáneamente, en Plaza de Mayo, una multitud exigió al gobierno mejoras en su calidad de vida al son de las históricas consignas de izquierda como “Basta de ajuste y ataques a las organizaciones sociales”. Existieron puntos en común entre ambos reclamos, como el aumento del salario mínimo vital y móvil; pero la principal diferencia radicó en las formas.
Rodeando las rejas del Monumento a los Dos Congresos, bajo gazebos de distintos colores, el ME.CO.PO, la U.T.E.P, el Movimiento Evita, el Movimiento Nacional Campesino, la Federación Nacional Campesina y el Frente 22 de Agosto, entre otras organizaciones de diferentes rincones del país, crearon una feria que reunió verduleros, alfareros, pasteleros, artesanos, talabarteros, costureros y carpinteros, quienes comercializaron sus productos. Las intenciones, además de vender, se pueden resumir en tres puntos: 1) borrar los estigmas que hay con respecto a las personas que reciben algún tipo de ayuda o asistencia estatal, 2) reclamar políticas sociales y económicas para paliar la inflación, como un salario mínimo vital y móvil universal, la ley “Tierra, techo y trabajo”; un bono equitativo al aguinaldo; salud y educación, entre otros y 3) visibilizar en los ciudadanos de a pie la manera de trabajar de las distintas organizaciones, así como el enorme papel que cumplen en la transmisión de conocimientos que devienen en oficios.
Por otro lado, en Plaza de Mayo, una multitud convocada por organizaciones de izquierda como el Polo Obrero, el MST, el FOL y el MTR, reclamaban una audiencia con la ministra Silvina Batakis. Las palabras del líder del P.O., Eduardo Belliboni, resumen la iniciativa: “Universalización o apertura de los programas sociales, trabajo genuino y aumento en el Salario Básico Universal que se toma para pagar el Potenciar Trabajo”, enumeró su reclamo y sumó la necesidad de “herramientas y máquinas para cooperativas”. Ante la posibilidad de no ser convocados a una reunión con la ministra, un sector anticipó la posibilidad de un acampe; sin embargo, no todos estaban de acuerdo ni al tanto. ANCCOM recogió testimonios en ambas plazas, para dar cuenta de la posibilidad de la convergencia entre ambas iniciativas, los puntos en común y las diferencias entre ellas.
Fernando Bermúdez tiene 43 años y trabaja en una cooperativa de aberturas que emplea a 20 personas. Exhiben sus productos en un stand improvisado sobre la esquina de Virrey Cevallos e Hipólito Yrigoyen. Su idea no es generar una relación de paternalismo con el Estado: “Nuestro objetivo, de acá a un lapso, es agradecer al Estado por el Potenciar (el pan Potenciar Trabajo) y seguir con nuestro rumbo”. Respecto del reclamo en Plaza de Mayo, propone que “Obviamente que uno acompaña. Ahora, hay formas que no podemos compartir”. Y agregó: “Vamos a acompañar, pero en el caso de acampe no, porque entendemos que, si estamos reclamando por un salario para los compañeros, por herramientas, por trabajo, no es digno hacerlos venir por la madrugada para que tiriten de frío, es contradictorio. ¿Es justo el reclamo?: sí. ¿Es la forma? No”.
Ángel milita en el Frente Popular Darío Santillán congregado en Congreso, y trabaja en el área de la construcción. Respecto de la manifestación frente a La Rosada y la posibilidad de una unificación, dijo: “Creo que, si esto sigue así, que cada vez la plata alcanza menos, que no hay comida, acá las organizaciones se van a unificar todas para salir en una organización conjunta”. Esa organización conjunta es uno de los grandes anhelos de Celeste Fierro, dirigente nacional del MST, organización que propone la ruptura con el FMI. En sus palabras: “Quienes están en el Congreso son organizaciones afines al gobierno, mientras que acá somos organizaciones de Izquierda. El día de mañana va a haber una reunión, para conformar la unidad de quienes hoy están saliendo a pelear para denunciar el ajuste que se está llevando adelante, y esa unidad se va a llevar adelante con las organizaciones también afines al gobierno. Creemos que es clave unir los reclamos”, sentenció, antes de proponer una posible salida a la crisis: “Tocando los intereses de los que más tienen, que ninguno de los que gobierna ahora o ha gobernado se ha animado, porque gobiernan para los banqueros, para las corporaciones y las patronales y no para la mayoría del pueblo trabajador”.
Al son de bombos y redoblantes, rodeando una pequeña tarima frente a la Pirámide de Mayo, Sandra Vilan coordina al MTL rebelde. Dice que la economía popular es de subsistencia, ya que no está regulada ni asegura un salario básico, aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios, “Ven en la economía popular una forma de solución, mientras nosotros lo que creemos es que la economía popular es pura subsistencia”, sentenció. Además, destaca el crecimiento del movimiento de izquierda en el último tiempo, una de las razones es que “un sector de la CTEP que está en el gobierno, ha dejado de luchar en la calle y la gente ante la necesidad sale, y sale organizándose”.
Ya sea desde la venta de sus productos en el Congreso, o desde la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo con amenazas de acampe, los sectores populares reclaman mejoras. Mejoras en la calidad de vida, mejoras en el acceso a bienes básicos, a la alimentación, reclaman el acceso a la tierra, denuncian el pago de la deuda, la limosna disfrazada de asistencialismo, el aumento de la desigualdad. Se piden herramientas y enseñan oficios, pero sobre todo se pone de manifiesto un sector popular cada vez más organizado, que produjo una de las congregaciones más grandes del año. ANCCOM fue testigo de la desolación, la incertidumbre e inestabilidad, que por supuesto se traducen en la gobernabilidad. Madres y padres, que luchan por el presente, pero, sobre todo, luchan por un futuro para sus hijos e hijas. “Nosotros queremos laburar, pero queremos trabajo digno, un sueldo digno para darle de comer a nuestros hijos. No que tengan que venir a la calle a reclamar todas las veces porque el gobierno hace oído sordo”, explicó Rosa Ocampo, 41 años, madre de dos niñas.
Jun 15, 2022 | Destacado 5, Trabajo
Sancionada en 2014, la Ley de Agricultura Familiar carece aún de presupuesto, entre otras cosas imprescindible para crear el banco de tierras que establece la normativa.
La Ley de Agricultura Familiar fue sancionada en diciembre del 2014 y aún no tiene presupuesto. Si bien marcó un triunfo para las organizaciones sociales y se han reglamentado muchos puntos, como el Registro Nacional de Agricultura Familiar, la falta de financiación no permite atender los ejes centrales: la creación de un banco de tierras para el sector, a través del cual el Estado organice y entregue terrenos fiscales a los productores, y los fondos para proyectos que impliquen un cambio hacia un modelo productivo sustentable. Si bien su aplicación no va a resolver los problemas de fondo, sería un paso que implica la reparación estatal frente al reclamo histórico sobre los territorios sustraídos a los pueblos originarios y campesinos.
Matías Bohl, integrante de la Federación Nacional Campesina, considera que hay una falta de decisión política para asignar el presupuesto, más allá del avance en algunos artículos. “Una Ley sin el presupuesto necesario para atender todos los puntos de la norma, es palabra muerta”, dice. Además, subraya que “nos miran pero no ven al sector de la agricultura familiar porque hay intereses muy poderosos en pugna en Argentina; hay miles que molestamos en el campo. Necesitan sacarnos de los territorios para seguir desmontando y plantando los cultivos extensivos que, si bien generan divisas, también generan hambre en millones, desarraigo y éxodo rural. Hay muchas presiones de los poderes reales para que la ley no se reglamente”.
En ese sentido, las organizaciones señalan que hay una lucha por la identidad del campo y por cómo se visibiliza al sector en los medios de comunicación. Se entiende que el único campo que existe es el que integran quienes hicieron la movilización en Capital, “El Tractorazo”, pero existe otro que es el del trabajador que produce en condiciones muy complejas y tiene otra relación con la tierra.
Marcos García, militante del Movimiento Evita e integrante del frente agrario de la UTEP, menciona que “hoy el eje central está en el acceso a la tierra. Además, necesitás recursos para pagarle a técnicos, comprar maquinaria, construir escuelas y repoblar lugares. Para nosotros, la clave es el Ministerio de la Economía Popular, para que la ley tenga sustento territorial y se preocupe de los pequeños productores”.
García agrega: “La Ley va a estar financiada mañana y, todavía, va a faltar”. Sin embargo, resulta fundamental “incluir a la ciudad en esta discusión porque es el alimento que después llega a las góndolas”, dice. La construcción de los precios de los alimentos que se consumen en las urbes tiene un incremento desde que sale de la quinta al mercado que no es percibido por el productor.
En comunicación con ANCCOM, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Miguel Gómez, señala: “Estamos avanzando hasta que se reglamente la ley. El trabajo ya está terminado y fue construido con las organizaciones a través del Consejo de Agricultura Nacional, falta que se define un monto para poder desarrollar la ley”. En dos años de gestión, la Secretaría se reconstruyó técnicamente y ahora espera el presupuesto ante la urgencia de incidir en los precios. Según Gómez, “la reglamentación también implica repensar nuestra territorialidad y la responsabilidad del Estado en desconcentrar la producción de alimentos”. En ese sentido, menciona que “esta ley presenta la posibilidad de un banco de tierras que tiene el Estado nacional bajo su órbita, promoviendo el acceso a la tierra y, después, los mercados de cercanía”.
Por otra parte, señala: “Estamos trabajando con varios ministerios para poder abordar integralmente las problemáticas del sector a partir de diferentes ejes. Tenemos que pensar nuevos paradigmas productivos que tengan proyección a largo plazo y esto implica reconocer la potencialidad tanto de la agricultura familiar como la pesca artesanal, para garantizar una vida digna a las futuras generaciones”. Y por último consideró que “el proceso productivo tiene que recuperar los saberes ancestrales de los modos de producción en confluencia con los saberes de la ciencia. El nuevo paradigma productivo tenemos que construirlo con lo que tenemos”.
Martín Simón, Coordinador General de Fundapaz, considera que la ley fue abordada de manera integral, pero al tratar sólo el acceso a tierras fiscales, se ignoran los problemas que hay con los poseedores. En este sentido, indica que “en caso de llegar el caso a juicio, el juez toma una decisión y podría darle toda la tierra al poseedor, darle todo al titular dominial o cualquier situación intermedia. Ocurre que los jueces desconocen bastante esta materia y el peso del título como prueba es muy potente. Frente al título, los poseedores entregan documentos que demuestren que están en la tierra desde hace 20 años de forma pacífica. Es decir que el juez tiene de un lado el título y del otro los documentos probatorios de posesión. Y debe dictaminar. No es raro que lo haga a favor del titular dominial, dejando a los campesinos sin nada”.
El seguimiento de las organizaciones sobre la ley es constante porque, una vez que cuente con los fondos, se tendrá que aplicar como corresponde. Simón remarcó que nadie pide que se regale plata, sino que a través de los proyectos presentados por aquellas puedan desarrollarse iniciativas de acceso a la tierra, el agua y la producción sustentable. “Queremos llegar a la reglamentación y que el 70% de la plata vaya para las organizaciones campesinas e indígenas”, señala, y agrega: “Mientras que el 30% pueda quedar dentro de la estructura técnica de la Secretaría. Si esto ocurriera, las organizaciones se beneficiarían”.
Nov 18, 2021 | Destacado 2, Vidas políticas
Fotografías: Camila Meconi, Guido Ieraci, Diego Castro, Sofía Barrios
Más de cien mil personas se movilizaron para conmemorar el Día de la Militancia. Alberto Fernández fue el único orador de un acto que buscó relanzar su gobierno y dejar atrás la pandemia. Mirá las fotos de ANCCOM.
Ago 8, 2021 | Novedades, Trabajo
Este sábado, bajo la agenda de “tierra, techo y trabajo”, se desarrolló una movilización convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Como viene sucediendo desde la primera convocatoria ocurrida en el año 2016, contó con la participación de numerosas agrupaciones sociales, políticas, gremiales y representantes de comedores comunitarios.
A propósito de la coincidencia con la fecha de homenaje a la figura de San Cayetano, patrono del pan y trabajo, y en el contexto de la gravísima crisis económica agudizada por la pandemia, la concentración inició a las 8 de la mañana en la Iglesia de este santo en Liniers, donde se unieron con la peregrinación de los Misioneros de Francisco quienes venían caminando desde el miércoles desde Luján. Luego partieron rumbo a Plaza de Mayo con tres paradas previas en Flores, Once y en la Feria de Plaza Congreso, respectivamente.
En Plaza de Mayo, una multitud de personas de distintas organizaciones político-sociales esperaban a la columna que llegaba de Liniers. Mientras tanto, desde el escenario preparado para el acto central, se incitaba constantemente al uso correcto del barbijo y a mantener la distancia. Una vez arribada esta última columna, y tras entonar las estrofas del Himno Nacional, se dio lectura de un documento en el cual, al tiempo que se habló de las nuevas injusticias sufridas por los sectores populares en el contexto pandémico, se exigió la aprobación de un salario mínimo universal, un abordaje integral de la economía popular, políticas de inclusión para las personas en situación de calle, acceso a créditos no bancarios y cumplimiento de la ley de góndolas, entre otras cuestiones.
Luego fue el turno de los oradores. El primero en hacer uso de la palabra fue Gildo Onorato, secretario general adjunto gremial de la UTEP y miembro del Movimiento Evita, quien celebró el reciente reconocimiento de aquella organización gremial como sindicato y destacó la labor del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, aclarando que a pesar de las diferencias siempre escuchó los reclamos de los trabajadores. En este sentido se encargó de brindar su apoyo a la candidatura como diputado nacional de Arroyo, explicando que con él la agenda de los trabajadores populares tendrá su lugar en el Congreso. Al mismo tiempo, expresó su deseo de que las cooperativas tomen preponderancia en la producción, accediendo a nuevos mercados de consumo y adquiriendo reservas con el objeto de reactivar la economía desde abajo, otorgándole protagonismo al polo obrero.
En segundo lugar habló Norma Morales, secretaria general adjunta de Somos Barrios de Pie, quién apuntó contra las acusaciones mediáticas que afirmaban que la marcha era en contra del gobierno actual y un foco para la propagación del virus. Por el contrario, aseguró que los movimientos sociales fueron los primeros en asistir, cuidar y proteger a las personas de los barrios populares de la información falsa. Además, reclamó por el reconocimiento económico a las mujeres que realizan tareas esenciales dentro de los barrios y que están invisibilizadas. Al mismo tiempo, aclaró que la categoría de “planeros” es una falta de respeto, ya que lo que se está pidiendo es el acceso a una vida y salario digno.
Posteriormente tomó la palabra Dina Sánchez, secretaria general adjunta de UTEP e integrante del Frente Popular Darío Santillán, quien en un ferviente discurso celebró el retorno de los militantes a las calles y el valor del nuevo sindicato para todos los trabajadores que hasta el momento estaban excluidos del sistema. Aseguró que la única salida para la situación que atraviesan las economías populares es el trabajo colectivo, y propuso a los actuales candidatos discutir la agenda de tierra, techo y trabajo.
El cierre estuvo a cargo de Esteban Castro, Secretario general de la UTEP y militante del Movimiento Evita. Al igual que el resto de los oradores, destacó la importancia de tener un sindicato, valoró el esfuerzo de las columnas que marcharon desde San Cayetano y le pidió a este santo que bendiga a todos los asistentes. Finalizó su discurso, celebrando la unidad en la lucha por los derechos de los excluidos.
El eje de esta marcha, que se replicó en distintas áreas del país, fue el concepto de trabajo digno para los sectores populares. Los interlocutores coincidieron en manifestarse en contra de la actual concentración y extranjerización de la economía, que –señalan- es totalmente opuesta a la idea de la construcción de una Argentina con menos pobreza. Así y a partir de esta movilización buscan que el presidente Alberto Fernández y sus asesores se hagan eco de estos pedidos, en clave de visibilizar la defensa social y económica de las distintas organizaciones comunitarias.
