Del “hambre cero” al hambre para todos

Del “hambre cero” al hambre para todos

Figura de perfil de un niño llevándose a la boca un tenedor con comida. Frente a un plato de fideos humeando

Comedor Copa de leche «El Maná» Libertad, Merlo, Provincia de Buenos Aires.

Mientras en la calle diferentes organizaciones sociales reclaman al Congreso Nacional la sanción de una Ley de Emergencia Alimentaria, la anulación de los tarifazos y la creación de puestos de trabajo para los miles de desempleados del país, en los diferentes partidos del Gran Buenos Aires los comedores comunitarios tratan de brindar ayuda a aquellos que más la necesitan.

Sandra Sierra ofrece su hogar para el funcionamiento del comedor comunitario “El Maná”, ubicado en la localidad de Libertad, Merlo. Allí da almuerzo y merienda a 70 chicos y respectivas madres los martes, jueves y sábados. También provee apoyo escolar, entre otras múltiples actividades. Sandra está desempleada y el principal sostén del lugar es su marido -albañil de oficio- ya que las ayudas que recibe de los vecinos y de la Municipalidad de Merlo no sacian la creciente demanda de alimentos. En esta línea afirma que “desde que todo está más caro viene más gente” y que cerca de su casa “mucha gente tomó varios terrenos y vienen a comer acá”. Como resultado, otro comedor abrió sus puertas cerca del suyo. A él asisten más de 100 personas.

Sobre las familias que ayuda, Sandra agrega que “varios vecinos están presos, otros desempleados y las mamás quedan solas.” Una de ellas es Natalia, que acude con sus dos hijos desde hace un año. “Mi marido no trabaja, desde hace un año vamos al comedor porque no nos alcanza la plata”, cuenta. Asiste a El Maná sólo el fin de semana porque se dedica a la venta callejera, la cual le es insuficiente. Similar es lo que le ocurre a Nélida, que lleva a sus pequeñas hijas todos los días y está a cargo de dos hermanos. “El papá de mis hijos es albañil y hace changas, pero no sale mucho trabajo. Todo está mal”, expresa.

Dentro de un ambiente de ladrillo a la vista, se puede observar, mesas con jarras de jugo y vasos de plástico. Alrededor de las mesas, algunos niños y mujeres sentados.

Sandra Sierra ofrece su hogar para el funcionamiento del comedor comunitario “El Maná”.

Mientras que el Ejecutivo nacional celebró a fines del año pasado que el INDEC haya registrado una reducción del índice de pobreza durante 2017, el Instituto de Investigación, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) estima que en el Gran Buenos Aires la pobreza hoy es más alta con respecto a las cifras de diciembre de 2015. Además, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), indica que en el país 6 de cada 10 niños son pobres, sufriendo privaciones de derechos como el acceso a una vivienda, alimentación, salud y educación. Al respecto de esto, Sandra observó el estado de salud de los chicos: “Con una nutricionista comprobamos que algunos están desnutridos”.

Para el economista Emiliano Arévalo “los comedores son una señal de qué es lo que sucede en la sociedad en materia de pobreza”. En este sentido, considera que la crecida de la inflación “perjudica a los sectores de ingresos más bajos” y le atribuye un origen monetario, una consecuencia de la emisión de dinero por parte del Estado. Si bien cree que los ajustes en la economía “tienden a aumentar la pobreza”, asegura que “la reducen paulatinamente en el largo plazo”. No obstante, reconoce que en los meses venideros se espera un alza del costo de la Canasta Básica de Alimentos y de la pobreza a “niveles un poco superiores a los actuales”.

Olla popular que contiene fideos con salsa. De la que se una mano levanta una cuchara con el alimento.

En el lugar se da almuerzo y merienda a 70 chicos y respectivas madres los martes, jueves y sábados.

Desde otro posicionamiento ideológico, el economista e investigador del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), Esteban Sánchez, afirma que “la inflación es producto de los aumentos tarifarios, la devaluación y la falta de control sobre los formadores de precios”. Incluso, piensa que las políticas económicas del actual gobierno “han generado la caída de los salarios reales, del consumo y de la producción, lo que incide negativamente en la economía de muchas familias, que terminan por ir a los comedores”.

“Veo el hambre en sus caritas”, cuenta una trabajadora de un merendero creado el pasado año en la localidad de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, que pidió reserva de su identidad. Los martes y viernes recibe a 74 niños, aunque hace pocos meses eran 17. Todas son familias de bajos recursos que sólo cuentan con ayudas sociales y envían a sus hijos al comedor escolar. Sin embargo, hasta este último se ve limitado frente a las necesidades de esos niños: “Los sábados y domingos, los chicos no tienen comedor escolar. Por eso los viernes queremos que se lleven la panza bien llena porque tienen mucha escasez de comida en la casa”, describe la mujer.

En 2016, Pamela Gómez y Alejandra Ruiz fundaron “Tatas 88”, un comedor del partido de Moreno que cada fin de semana acoge a 50 chicos y 15 madres. Su base de apoyo son los vecinos, cuya contribución actualmente se ve limitada.  “Ahora la gente no te puede donar mucho. Antes recibíamos carne y hoy te pueden dar alitas de pollo”, enfatizó Pamela, y Alejandra sumó que “los nenes antes comían un plato y ahora repiten tres”. La situación de ambas no evade este panorama, ya que trabajan en escuelas públicas –Pamela es psicopedagoga y Alejandra maestra- y no perciben su sueldo desde hace meses. Debido a ello, en poco tiempo pasaron de contar con una reserva de alimentos a tener que arreglarse con lo justo. Muchas veces, cuando falta la papa para el guiso o las facturas de la merienda, justo aparece un voluntario para aportarlas.

Niña sentada a la mesa con un plato de comida

El Instituto de Investigación, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) estima que en el Gran Buenos Aires la pobreza hoy es más alta con respecto a las cifras de diciembre de 2015.

Martín Gianico, encargado del “Programa de Desarrollo Infantil” de la Municipalidad de Moreno, comenta: “En los comedores la matrícula es mayor. De 30 personas por cada uno pasamos a 60 para arriba y los merenderos saltaron de 25 en 2015 a 241 en 2018”. En localidades como Cuartel V, la obesidad infantil se elevó, siendo el 80% de estos casos niños enfermos, debido al auge de la ingesta de harina. Sus pares del Departamento de Acción Social del Municipio de Merlo, Federico Bachino y Elio Curto, dijeron que en el partido hay más de 100 comedores y 5000 chicos acuden a ellos. También aseguraron que esta demanda es nueva, puesto que antes había 25 por comedor y hoy son más del doble, a la vez que “se están sumando algunas mamás y abuelos”.

Mientras entidades como el ISEPCi estiman para todo 2018 una suba de la Canasta Básica de Alimentos del 28,37%, el incremento del precio de servicios elementales como gas, electricidad, agua y transporte no hacen más que arrojar combustible al fuego. Al respecto, Sánchez es determinante: “Los aumentos de tarifas han sido uno de los principales motores de la inflación, deterioran el ingreso de los hogares y encarecen los costos de la producción local. Todo esto repercute en la caída general del consumo, lo que es muy recesivo en términos económicos”.

Mujer sosteniendo tela, en donde se lee "copa de leche El Maná"

Para el economista Emiliano Arévalo “los comedores son una señal de qué es lo que sucede en la sociedad en materia de pobreza”.

“En la cuadra a todos nos sacaron el medidor de luz porque no podemos pagar. Acá cerca hay un señor al que le vinieron 3.600 pesos de gas”, enfatiza Sandra, que sufrió la quita de su medidor por no poder abonar la boleta. Lo mismo le ocurrió a Natalia: “No puedo pagar y por eso me quitaron el medidor. Tenía uno prepago, pero le ponés 500 pesos y no alcanza”, declara. Si bien el contexto de Pamela y Alejandra es distinto porque afrontan los gastos del servicio eléctrico a medias con otros integrantes de la sociedad de fomento, no por eso es más fácil: “Antes les dábamos 200 o 300 pesos por la parte que nos correspondía y ahora tenemos que pagar entre 1.000 o 1.500”, explicó Pamela.

¿Qué depara el futuro? Ante la negativa del oficialismo a retroceder con su programa de ajuste económico, parece que las condiciones de las capas sociales más vulnerables no cambiarán demasiado. Entre tanto, los comedores en el conurbano bonaerense se erigen como los principales contenedores de la complicada situación social de miles de familias.

Entidades como el ISEPCi estiman para todo 2018 una suba de la Canasta Básica de Alimentos del 28,37%.

Un internado de chicos desaparecidos que hoy es universidad

Un internado de chicos desaparecidos que hoy es universidad

El terrorismo de Estado ejecutado por la última dictadura se desplegó no solo en cuarteles y comisarías. Sus tentáculos también llegaron hasta los institutos de menores. Así, por el Instituto Mercedes de Lasala y Riglos pasaron hijos de detenidos desaparecidos luego del secuestro de sus padres. En ese mismo lugar, hoy funciona la Universidad Nacional de Moreno, y fue señalizado como sitio de memoria, en cumplimiento de las leyes que ordenan indicar aquellos lugares en donde se violaron los derechos humanos.

El hogar de menores funcionó dependiendo del Estado nacional, pero con autoridades eclesiásticas, desde 1944 hasta la década del 90. Durante ese período se ocupó de la asistencia de miles de chicos huérfanos. A partir del regreso de la democracia, por sus pasillos circulaba el rumor de que éste sitio había sido uno de los lugares donde se ocultaba a hijos de desaparecidos, que quedaban desamparados tras el accionar de la represión.

Héctor Brachi, interno del Instituto entre 1980 y 1982, recorre después de muchos años el lugar: “Por lo poco que más o menos recuerdo, el patio de juegos estaba apenas entrás. A veces venían los familiares y  nos encontrábamos ahí. Después, los comedores estaban para el lado de la derecha. En el primer y segundo piso había dormitorios y la cocina estaba en el fondo de los pasillos largos”, cuenta. Y agrega que él no conocía la historia real detrás de esas paredes, pero el rumor estaba siempre presente: “En su momento, mi mamá (adoptiva) tenía miedo de que yo hubiera sido hijo de desaparecidos, no tenía bien mi legajo”, explica.

Hector Brachi, ex interno del instituto Riglos, en la calle.

Héctor Brachi fue interno del Instituto entre 1980 y 1982.

Andrea Herrera, docente de la escuela N°35, junto a Martha Ibarra, representante de Moreno por la Memoria y algunos estudiantes, llevaron a cabo la investigación que derivó en la señalización como sitio de la memoria, realizada el año pasado. Martha cuenta cuáles fueron los primeros pasos: “Partimos de la hipótesis de que acá habían pasado hijos de desaparecidos, y lo comprobamos desde testimonios que hay en Internet sobre los juicios de la ex ESMA, estaban las declaraciones de Yamila Zavala Rodriguez, Nicolás Koncurat Urondo”. Andrea agrega: “Ellos tenían conocimiento de que después de que sus padres desaparecieran, habían pasado por acá.”

ANCCOM se contactó con Yamila, quien vive actualmente en Mar del Plata. Agradecida  sobre la iniciativa de señalizar como sitio de memoria al ex Instituto Lasala de Riglos, dice: “Estos jóvenes, que hicieron un maravilloso trabajo de investigación, transformaron realidades, porque hicieron que yo, y tantos otros hijos de desaparecidos volviéramos ahí, a lo que fue el instituto Riglos de Moreno, que siempre fue una cosa pendiente.” Yamila recuerda su historia, aunque solo tenía 3 años:  “Ese día, el 22 de diciembre de 1976, en Lambaré y Corrientes, nos quedamos con mi hermana, nos dejaron en la calle, llevándose a nuestra madre y asesinando a nuestro padre. A partir de ese día nos llevaron a una comisaría, y de ahí al instituto Riglos en la localidad de Moreno, estuvimos hasta mediados de marzo del 77, alrededor de 3 meses, detenidas desaparecidas, porque nadie sabía dónde estábamos. Finalmente nos encontraron por un dato que se dio en anonimato”.

Yamila agrega: “Por los legajos que después me entregaron de la Dirección de Niñez, ahí decía que estábamos a disposición del Ejército, que incluso no se podían recibir visitas”.

Mirtha Ibarra y Andrea caminan por las calles de Moreno.

«Los hijos apropiados tenían conocimiento de que después del secuestro de sus padres, habían pasado por acá», dice Martha Ibarra, de Moreno por la Memoria.

La señalización oficial la realizó en septiembre pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y,  antes, desde el proyecto “Jóvenes y memoria” llevaron a cabo una señalización artística. A ambas asistieron algunos de los hijos de desaparecidos que pasaron por el lugar, como Camilo Ríos, Nicolás Koncurat Urondo y, la misma Yamila. “Estuvimos, participamos y fue muy emocionante”, recuerda ella.

Gabriela Díaz, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno se enteró de la historia del edificio al momento de la señalización: “Me dio mucha tristeza saber que estoy pisando un lugar donde ocurrió algo ilegal. Que este lugar se haya convertido en universidad, en un edificio histórico y reconocido, es fuerte”, afirma.

Marta Ibarra cree que la tarea de concientización no termina con señalizar la vieja sede del Riglos: “En realidad estas investigaciones deberían hacerse en todos los institutos de menores, este es el primero en el que se hace, pero en todos deben de haber pasado hijos de desaparecidos”, explica. En la misma línea, Víctor Caro, interno del Riglos en la década del 50, relata: “Estoy muy conforme con el hecho de que haya sido señalizado como un espacio de la Memoria, creo que habrá muchos colegios, institutos, internados para señalizar”. Y, por último,  Yamila Zabala Rodríguez señala, que la señalización de estos espacios es “una batalla cultural que hemos ganado”.

 

Los pobres también pueden

Los pobres también pueden

Al igual que ocurrió con aquella frase del actual presidente Mauricio Macri sobre la creación de universidades en el conurbano bonaerense, la actual gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, reavivó un debate que promueve fuertes cuestionamientos a la legitimidad de la expansión del sistema universitario público argentino. En los sucesivos días, rectores y profesores de diferentes Universidades Nacionales repudiaron los dichos de la mandataria. Ahora es el turno de los estudiantes y especialistas en educación. ANCCOM recolectó los testimonios de jóvenes que ven a la educación superior como una oportunidad de consumar aspiraciones que a sus padres les resultaban imposibles de concretar.

“¿Es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad?”, se preguntó Vidal el pasado 30 de mayo en un almuerzo organizado por el Rotary Club en el Hotel Sheraton, al reprochar la creación de universidades públicas en el Gran Buenos Aires.  Sin embargo, los datos la contradicen. Según un estudio elaborado en 2016 por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), en 2015 asistían unos 315 mil residentes del conurbano a las 14 Universidades Nacionales de la zona. De esa cifra, el 12% son estudiantes pertenecientes al 20% más pobre de la población de la región. Muchos de ellos acuden a nuevas universidades como la de Avellaneda (UNDAV), de Moreno (UNM), Arturo Jauretche (UNAJ), del Oeste (UNO), de José C. Paz (UNPAZ) y de Hurlingham (UNAHUR).

Las universidades también llevan a cabo actividades de extensión y grupos de investigación.

“Yo soy hijo de los 90.  Viví rodeado de ollas populares, de comedores infantiles”, recordó Andrés Chamorro, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Producción de Medios Audiovisuales de la UNPAZ. El universitario declaró que le costó verse a futuro como un profesional debido a la situación de su familia durante la crisis del 2001. Sofía Bellene, cursante de la misma carrera, habló de las limitaciones que sufren las familias trabajadoras a la hora de querer estudiar: “Hay personas de mi entorno que no pueden hacer una carrera porque trabajan, porque tienen hijos, porque es otro presupuesto y porque les queda lejos”. En relación con esta situación, Andrés contó que asistió a la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero abandonó por el gran viaje que implicaba. “Dejar una carrera te lleva a pensar cosas como que la universidad no es para vos. Pero la verdad es que las condiciones para que uno pueda estudiar no son óptimas”, dijo.

A pesar de esta realidad, el mismo informe de la UNIPE señala que entre 2008 y 2015 la matrícula de estudiantes de la porción más pobre del conurbano creció un 47%, justo en medio de la última ola de creación de Universidades Nacionales. Al respecto, Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Doctora en Educación, explica: “Tener la universidad a pocas cuadras o poder ir en bicicleta son factores que atraen a las personas. Si a eso le sumás proyectos de permanencia, de egreso, de acompañamiento pedagógico, de becas o comedores estás acercándote a los sectores más empobrecidos”. Vinculado a esta cercanía territorial, un estudio realizado por el equipo de Chequeado.com en 2016 arrojó que el 72% de los egresados de la UNDAV era primera generación de universitarios en sus familias, mientras que el 85% de los estudiantes de la UNAJ era primera generación.

La matrícula de estudiantes de la porción más pobre del conurbano creció un 47%, justo en medio de la última ola de creación de Universidades Nacionales.

“´El pibe´, el ´negro villero´, la ´mamá luchona´, la ´que cobra el plan social´, todos van a la universidad del conurbano. El pibe ese que algunos se cruzan en la calle y se cambian de vereda está estudiando para ser otra persona. Eso es lo que a algunos sectores les molesta y a la vez tanto nos empodera, porque la universidad pública cambia la vida de las personas”, enfatizó Enzo González, estudiante de Letras de la UNAHUR. Por su parte, Laura Quinteros Gvay, graduada en Actividad Física y Deporte de la UNDAV, expresó “que la universidad esté cerca de los chicos significa la reducción de gastos en transporte público, el tener menos tiempo de viaje y más de estudio”.  Por último, Sofía, otra estudiante, comentó que para su familia “ir a la universidad es un orgullo y una forma de progreso”.

Justamente, “lo que tiene que ver con la educación la gente lo vive como algo positivo y que le resulta positivo”, asegura Mónica Pini, Doctora en Educación (University of New Mexico, EEUU) y directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación Cultura y Sociedad (CEIECS) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Sobre ello, Leila Mariani, graduada en Trabajo Social de la UNM, relató que sabe “lo que significa estudiar en una universidad pública. Y eso es la posibilidad de futuro”.

En la misma línea que a Sofía, de la UNPAZ, Laura, de la UNDAV, afirmó: “Mi papá me decía que, como él no pudo estudiar, yo tenía que hacerlo. Lo hice al máximo y cursaba entre cinco y seis materias por cuatrimestre”.  Lo que empezó como una beca luego pasó a ser una oferta laboral y ahora trabaja en la Secretaría de Bienestar Universitario. “La universidad cambió mi vida. Me dio amigos, colegas, poder viajar. Me perfeccioné afuera, hice investigación y cubrí un juego olímpico”, remarcó.

Un informe de la UNIPE señala que entre 2008 y 2015 la matrícula de estudiantes de la porción más pobre del conurbano creció un 47%

A lo largo de la historia, la creación de universidades públicas estuvo ligada a la necesidad de acercarlas a las localidades. En efecto, se pasó de tener a inicios del siglo XX sólo tres universidades (Córdoba, Buenos Aires, La Plata) a 56 hoy, con al menos una en cada provincia. Y con cada expansión la matrícula creció, como lo indica la investigación de la UNIPE. Sobre ello Morgade subrayó: “Las universidades que se crearon en el conurbano nacieron como un proyecto político y universitario particular, intentando identificar y atender necesidades y características del desarrollo social, económico y político local.  En general, hubo una atención hacia las demandas de cada comunidad”.

De igual forma, Pini expresa que “las universidades también llevan a cabo actividades que comprenden grupos de investigación que estudian diversas problemáticas. Por ello, no sólo se trata de los estudiantes sino también de las áreas de investigación, extensión y todo lo que dinamiza a las comunidades, por lo que no tiene sentido decir que sobran universidades”. Un ejemplo de lo que significa la educación pública para una comunidad es el caso de Enzo, que está muy entusiasmado de poder dar clases el año que viene. “Soy de Hurlingham, estudio en Hurlingham y cuando me reciba voy a devolverle todo a la población de Hurlingham”, sostuvo emocionado.

“Las universidades públicas del conurbano vinieron a cicatrizar una herida profunda de marginación histórica en los sectores populares”, reflexiona Andrés Chamorro, de la UNPAZ.  Para él la educación superior es un “trampolín” de la movilidad social. Porque más allá de las ventanas del Sheraton, en las zonas más populosas y humildes de la Provincia de Buenos Aires, las universidades nacionales tratan de devolver la dignidad a miles de familias que han sido excluidas socialmente. Al respecto, Leila, hoy con trabajo gracias a su carrera, comenta: “Yo tuve muchos compañeros de una pobreza extrema que lograron estudiar a duras penas, pero lo hicieron con una gran satisfacción. Una compañera mía, el día que se recibió, gritó en la puerta de la universidad: ¡¿Vieron que los pobres se pueden recibir?!”.

Muchos estudiantes afirman que la universidad «les cambió la vida».

La escuela de la calle

La escuela de la calle

Una escuela en malas condiciones no puede garantizar el aprendizaje de los alumnos, especialmente si no cuenta con la infraestructura necesaria. En distintas zonas del Conurbano existen instituciones escolares con muchos problemas edilicios, lo que atenta contra el derecho a la educación. ANCCOM recorrió escuelas del oeste suburbano con problemas de toda clase.

Clase pública en la Escuela 66 de Francisco de Alvarez

La escuela pública N° 66, de la localidad de Francisco Álvarez, es una. Los alumnos, durante distintas épocas del año, sacaron bancos y mesas a la calle para tomar clases en la vía pública , ante los problemas de infraestructura. La situación del establecimiento se agravó cuando desbordó el pozo séptico y llenó de mal olor las aulas. La comunidad del barrio hace años que reclama al Consejo Escolar local, pero sólo consiguió que un camión atmosférico acuda para vaciar el pozo en lugar de hacer  uno nuevo. La directora del colegio no quiso hacer declaraciones al respecto.

“Hay un pozo para la primaria y otro para la secundaria. Uno está desmoronado, por eso se llena el otro rápidamente. Los reclamos vienen del año pasado”, dijo Lautaro, empleado de un negocio vecino a la escuela.

Vivian es madre de cinco hijos y todos son alumnos de la Escuela 66. Detalló varios problemas que tiene el establecimiento: “¿Problemas? El pozo séptico, los vidrios rotos, las puertas no tienen manija, en los baños no andan las canillas, siempre está goteando y están sucios. Este año se perdieron la mitad de las clases por eso. Yo hablé con el director de secundaria y me dijo que nadie se hace cargo, le dije que mi marido iba a ir a arreglar la puerta pero se lo negaron. Mis hijos directamente ya no quieren ir, para ellos no es normal copiar la tarea y venir para hacerla en casa. Le están cerrando el paso a los chicos con mesas para que no se acerquen a los pozos”.

Pablo es uno de los padres que colaboraba en los arreglos de la escuela, hasta que le impidieron continuar. “¿Sabés lo que hacen los directores? Cuando hablamos con ellos, nos ayudan, pero los sancionan. Hay pérdidas de agua por la pared, ¿qué pasa si un chico queda electrocutado? ¿Quién se va a hacer cargo? Los directores están reclamando desde 2015. La escuela no tiene la culpa, es el Estado”.

Las condiciones de infraestructura impiden que las clases puedan realizarse normalmente.

El Artículo 85 de la Ley de Educación Nacional establece en  el capítulo VI, referido a los derechos y deberes de los estudiantes: “Los alumnos deben desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo”. Sin embargo, la realidad es distinta a la letra de la ley.  Quien debe ocuparse de la situación de las escuelas es el Consejo Escolar de cada municipio, un órgano descentralizado  que depende de los fondos que envía la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para infraestructura, servicio alimentario y seguridad e higiene.

En el predio del Jardín 964 del Barrio Los Hornos ya no hay más espacio. La solución que ofreció el Gobierno provincial es la construcción de aulas modulares para “inaugurar” así la Escuela Primaria N° 84, tras siete años de reclamos de los padres. Pero el acceso desde la calle Portugal es imposible debido al estado de las calles: cuadras llenas de barro, pozos, piedras de gran tamaño bloqueando el camino, restos de árboles y falta de veredas imposibilitan la llegada. Una vecina dice: “No se puede acceder, todo el barrio es igual. Hay barro por todos lados y las calles están destruidas”.

En tanto, en la Escuela N° 6 Juana Azurduy, del Barrio San José, Dayra, vocera del Centro de Estudiantes, describe los problemas de su escuela y los motivos que conllevaron a una toma del establecimiento: “Nuestra escuela cuenta con problemas edilicios desde 2012. Todo el sector de la entrada tiene las paredes que se electrifican. Quien se encargó principalmente de arreglarnos los problemas eléctricos y que ahora están haciendo el contrapiso y refaccionando nuestra nueva entrada provisoria es la Cooperativa de Trabajo Tupac Amaru. Se solidarizan personas que no tienen nada que ver con nuestra escuela. Y quien realmente se tendría que hacer cargo, no lo hace”.

Toda la comunidad reclama por las mejoras en el establecimiento.

Jésica es una ex alumna de la escuela, pero su familia tiene un kiosco dentro del establecimiento: “Soy una ex alumna; terminé el año pasado. Desde que empecé tercer año estamos luchando para mejorar la escuela. Íbamos al Consejo Escolar una vez por mes, nunca tuvimos respuesta. Hay días que llovía, se mojaban las aulas y se suspendían las clases”.

Dayra además agregó a su testimonio un incómodo momento que les hizo pasar Gendarmería: “Cinco años después del proyecto de obra, tomamos la escuela, pero del lado de afuera. Nos mandaron a Gendarmería Nacional,  que sacó fotos de todos los menores de edad”.

También denunciaron todo tipo de problemas de infraestructura, los familiares de alumnos de escuelas como la 27 de Trujuy, la 45 de Francisco Álvarez y la 46 del Barrio La Victoria.  El  Consejo Escolar de Moreno, al que corresponden las escuelas, fue intervenido el mes pasado por las autoridades bonaerenses, por un plazo de 180 días. Mientras la anterior conducción del Consejo, elegida junto a los comicios provinciales y nacionales, denunció intencionalidad política como causa de la intervención, la Gobernación contraatacó al difundir supuestas irregularidades registradas en el pasado reciente. En el medio, los chicos…

Con las defensas altas

Con las defensas altas

“En la primera denuncia que hice no tenía idea de cómo se hacía, tenía dos hijos chiquitos, de 4 y 5 años, no tenía con quien dejarlos así que salí y me fui a la comisaría. No sabía ni qué carajos estaba haciendo cuando le comenté al cana lo que quería hacer. Y encima andaba con un miedo terrible de que los chicos contaran donde habíamos estado; tuve que ir con ellos porque no tenía con quien dejarlos”. La que habla es Daniela, 45 años, víctima de violencia de género.  Su historia es solo una entre tantas que existen, y la pregunta que se formuló es la de muchas:  ¿Qué hacer? ANCCOM indagó en un recorrido institucional posible en la zona oeste del Conurbano.

“En el oeste está el agite”, dicen algunas frases pintadas en aerosol que retoman una canción de Divididos. Uno las puede ver desde el Ferrocarril Sarmiento, cuando está a punto de finalizar su recorrido en el  partido de Moreno. En la estación cientos de personas van y vienen, miles de historias que circulan en silencio, tal vez queriendo ser escuchadas, tal vez queriendo ser rescatadas. Como la de Daniela, que cuenta:  “Hubo un tiempo en que como él trabajaba en seguridad, tampoco quería hacer la denuncia pensando en que los chicos eran chiquitos y él podía llegar a perder la fuente de trabajo. Entonces, no hice una denuncia no pero sí una exposición, para que si pasaba algo por lo menos que la gente que después empezara a investigar supiera  lo que en realidad ocurría, si es que llegaban a investigar y si es que pasaba algo”, dice.

El Programa Nacional Ellas Hacen, surgido en el año 2013, fue pensado para incluir a aquellas mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad dentro de una iniciativa laboral y de formación. El programa  prioriza principalmente a madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género,  las ayuda a completar sus estudios y les brinda la oportunidad de formarse en algún oficio, como así también en diferentes temáticas como talleres de prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva.

El Programa Nacional Ellas Hacen se convierte en una herramienta para el empoderamiento femenino al darles una oportunidad de independencia y realización personal. Foto Archivo ANCCOM.

La psicóloga e integrante del Ellas Hacen, Yanina García López,  explica que “las mujeres que sufren violencia de género muchas veces tardan en hacer las denuncias, a veces hasta años, y por lo general es por miedo. Porque reciben amenazas, muchas veces no tienen dónde ir porque la casa que habitan es la que comparten con el victimario”. Por eso,  el Programa se convierte en una herramienta para el empoderamiento femenino al darles una oportunidad de independencia y realización personal.

Micaela Guaricuyú, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, trabaja hace cuatro años dentro del programa y explica: “Nosotras las acompañamos en todo el proceso; desde lo legal y lo personal, porque hay mujeres que por ahí una vez que denuncian no tienen adónde ir, o no tienen qué comer, o tienen problemas de salud. En esos casos las acompañamos al médico,  como compañeras. Armamos un bolsón solidario de mercadería el cual hacemos rotar para las compañeras más necesitadas. También colaboramos con ropa, remedios y trabajamos con la salita barrial, tramitando los turnos para atender a esas mujeres o chicos que muchas veces también son golpeados.”

A pesar de que el programa esté orientado sobre todo a aquellas mujeres más vulnerables, no realiza un seguimiento de los casos, ni brinda un acompañamiento hacia las víctimas. Por esa razón, muchas de las cooperativistas del Ellas Hacen decidieron organizarse y fundar el  Frente de Compañeras, hace cuatro años. Organizamos reuniones donde no solo nos informamos sobre qué hacer sino también sobre los derechos de cada una, como así también cada vez que tenían que asistir al juzgado que le correspondía. Nosotras íbamos y las acompañábamos”, dice Guaricuyú, quien también comenta que el Frente logró agilizar la realización de los informes forenses de las víctimas, ya que el trámite en Moreno demoraba demasiado o, incluso, debían realizarse en el partido de General Rodríguez.

Daniela, después de intentar suicidarse, finalmente decidió denunciar a su abusador. Horas y horas en comisarías y fiscalías junto a sus hijos pequeños, soportando el destrato por parte de aquellos que debían protegerla. Hasta fue ella misma quien tuvo que notificarle a su golpeador que debía retirarse del domicilio.

Muchas de las cooperativistas del Ellas Hacen decidieron organizarse y fundar el Frente de Compañeras. Foto archivo ANCCOM.

“El programa Ellas Hacen fue el que me ayudó a darme cuenta de lo que estaba pasando, las vivencias, el empezar a relacionarme con otra personas, el empezar a escuchar, ir transitando. Me ayudó a darme cuenta de lo que estaba viviendo, me dio las herramientas  y también me permitió armar el círculo de contención que pude armar. Por eso, también salí de mi casa, porque él no se iba… me fui y alquilé durante tres años”, recuerda.

En Moreno también está presente Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala). Ayelén Kelly, coordinadora zonal, dice: “Hemos sido parte del acompañamiento de varias mujeres en el distrito, hemos acompañado a Ailén y Marina,  que son dos hermanas que estuvieron privadas de su libertad durante dos años por defenderse de un acosador en la calle, luchamos y exigimos su inmediata liberación.”

Las secuelas siempre las acompañan a las Danielas, tal como lo explica García López. “La violencia psicológica tarda mucho en sanarse, muchas veces pasan años y años y siguen teniendo pesadillas o teniendo miedos. Muchas veces tienen periodos buenos y después recaen en los miedos.  Al llevar tanto tiempo se convierte como en una enfermedad crónica y las secuelas siempre están, yo creo que de por vida, solo que algunas por ahí no se ven tanto”, afirma.

Actualizado 24/10/2017