Minería a lucro abierto
El Acuerdo Federal Minero que se firmará el martes próximo entre el gobierno y las provincias tiene como finalidad fomentar el desarrollo de esa actividad e incentivar el aumento de inversiones en el área, según el oficialismo. En sus puntos principales propone el uso compartido de recursos naturales entre el sector minero y el agroindustrial, promueve la incorporación de la temática minera en las currículas escolares y fija tope de regalías a las provincias. El pacto es fuertemente cuestionado por todo tipo de organizaciones sociales, que denuncian que, de implementarse, refuerza un modelo extractivista, sin participación social ni claridad en el respeto a cuestiones medioambientales. Además, el documento propone que se adapten los planes de estudio para que se dé una visión más “amigable” de la actividad.
Las entidades que rechazan el acuerdo elaboraron un comunicado en conjunto que hicieron circular en páginas web y redes sociales en busca de concientización y apoyo popular. Entre los firmantes se encuentran ONG ambientalistas como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y asambleas comunitarias de diferentes provincias.
“El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década del siglo XXI y profundizado en esta gestión a costa de la naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales”, dice en una de sus partes el comunicado.
El nuevo Acuerdo Federal Minero, que fue redactado durante una serie de reuniones realizadas entre autoridades del Ministerio de Energía y Minería, representantes de las provincias mineras, cámaras empresariales y sindicatos, deberá ser firmado por los gobernadores provinciales para luego ser remitido al Congreso nacional y a las legislaturas provinciales. Con su firma, el gobierno busca potenciar el desarrollo de la actividad minera y atraer nuevas inversiones, fijando lineamientos –según dice- que rijan la actividad de forma homogénea en todas la provincias.
Pía Marchegiani, directora de participación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó: “El Acuerdo toma los temas que están en la agenda del sector minero, incluye los temas centrales, pero los toma al revés de la demanda social”.
En tanto, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalitas (AAdeAA), destacó: “Es un acuerdo redactado por las propias transnacionales mineras”. Y agregó: “Nos oponemos porque consolida un modelo minero obsoleto instalado en la década del noventa, un modelo colonial y retrógrado.”
Las asambleas comunitarias de distintas provincias que se oponen al acuerdo expresaron su disconformidad ante un modelo de minería que –consideran- prioriza la cuestión económica por sobre la ambiental y la social. Domingo Jofre, integrante de la Asamblea Jachal No se Toca, de la provincia de San Juan, sostuvo: “El nuevo Acuerdo Federal Minero de Macri y los gobernadores es una aberración, es una burla institucional, es la entrega de los recursos estratégicos no renovables al poder de las multinacionales.”
Las entidades resaltan que el acuerdo ignora la ley de prohibición de la minería que rige en diversas provincias y que no tiene en consideración el derecho a participar y decidir de las poblaciones locales que se verían afectadas por la implementación de futuros proyectos mineros. “Provincias que tienen leyes locales que prohíben la actividad minera a cielo abierto se ven ante la firma de este acuerdo como obligadas a recibir inversiones mineras para explotar en sus territorios. Esto implica un retroceso ambiental grave en cuanto a legislación”. señaló Gonzalo Strano, coordinador de Campañas de Glaciares de Greenpeace. “El Acuerdo –añadió da muy poca relevancia a la consulta popular, a las audiencias públicas, a los plebiscitos, cuestión que para Greenpeace es fundamental. Creemos que cada pueblo tiene derecho a elegir que tipo de ambiente quiere y que tipo de actividades productivas quiere desarrollar en ese ambiente”.
Los organismos coinciden en destacar el carácter regresivo del acuerdo y los daños que produce la minería sobre las poblaciones locales. Enrique Viale recordó: “Nosotros venimos hace mucho tiempo hablando de cómo la gran minería no solo es sinónimo de degradación ambiental sino también de una gran degradación institucional y de un gran trastrocamiento económico, se desplazan economías regionales, se compite con los recursos,- Donde hay gran minería, hay pobreza y esa es un poco la historia de Argentina.”
Por su parte, Strano, de Greenpeace, subrayó: “Se viene a consolidar un modelo claramente extraccionista donde importa muy poco la opinión de los pueblos, donde se beneficia a la empresas mineras permitiendo que avancen sin ningún tipo de control principalmente en relación al cuidado del medio ambiente.”
Otro de los puntos más preocupantes y objetados por las organizaciones es la incorporación, promovida por el Acuerdo, de contenidos en la currícula escolar que fomenten los beneficios del desarrollo de actividades mineras. En el comunicado, las organizaciones remarcaron que “la intervención en la currícula escolar en las provincias con potencial minero, que pretende promocionar ‘las virtudes’ de este tipo de actividad, va en contra de los paradigmas educativos actuales que buscan fomentar en los niños y jóvenes visiones críticas e integrales de los problemas ambientales. Lo importante no es solamente conocer los recursos minerales existentes sino comprender los riesgos asociados a la forma de extraerlos, y discutir si son riesgos que se quiere asumir como sociedad”.
Sobre este tema, Pía Marchegiani de FARN, explicó: “El Acuerdo incita a que todos los programas de educación incorporen elementos geológicos, que se expliquen cuales son los recursos, cuál es su valor económico. El paradigma ambiental habla, en realidad, de desarrollar un pensamiento crítico. La gente tiene que saber el valor de la minería y tiene que saber también los impactos que genera”.
Las organizaciones expresaron su rechazo al Acuerdo y piden apoyo a la ciudadanía. “Acompañamos las luchas que hay y acompañamos a las distintas provincias. Creemos que no puede firmarse este acuerdo, que nosotros resistiremos”, afirmó Enrique Viale. “Desde Asamblea Jáchal No Se Toca pedimos que la sociedad toda rechace tajante e inapelablemente esta muestra de complicidad ante el saqueo, la contaminación y la corrupción que genera la megaminería”, concluyó Jofre.
Actualizada 07/06/2017
