Ene 17, 2019 | DDHH, Novedades
Diversas organizaciones sociales y especialistas en materia de Derechos del Niño de
Argentina y Latinoamérica formularon rotundos rechazos ante el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de un proyecto de ley acerca de un Nuevo Régimen del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La propuesta está alejada de las recomendaciones y normas internacionales e incluye, entre otras medidas, la baja de edad de punibilidad de 16 a 15 años.
Si bien hay acuerdo en la necesidad de cambiar el actual Régimen Penal Juvenil que derogue el decreto ley N° 22278 que data de la época de la dictadura, esta reforma debe hacerse en consonancia con los principios internacionales vinculados a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia que respete los derechos y garantías de este sector etario vulnerable. El intento de bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años –dicen los especialistas- no sólo no es recomendable de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales, sino que es inconstitucional dado que viola el principio de no regresividad, en tanto se estaría retrocediendo en un derecho adquirido.
“Para abordar este tipo de situaciones se requiere de un Estado social y no un Estado penal, que cree programas y dispositivos de prevención, integración y contención de los jóvenes ofreciéndoles alternativas de proyecto de vida y no de cárcel o punición. Para eso se requiere inversión de recursos y no desfinanciamiento ni reasignación de partidas. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno en los últimos tres años de gestión. La opción para ellos es ofrecerle a los pibes la amenaza de la encarcelación como forma de disciplinamiento”, advierte José Machain, referente de la Red Argentina No Baja, quien fue consejero de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en representación por la Legislatura Porteña durante doce años.
Al referirse públicamente sobre los alcances de este proyecto de ley, Patricia Bullrich habló de que “contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo e impedir que avance en la carrera delictual” haciendo alusión a “la gran cantidad de menores involucrados en situaciones delictivas graves”. Esta argumentación causó gran repudio de organizaciones sociales dado que no existen datos públicos a nivel nacional que den cuenta de ello mientras que los números de las estadísticas disponibles dicen lo contrario. Por ejemplo, según la información del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, sólo el 3.6% del total de causas penales iniciadas son atribuidas a menores de edad, de los cuales tan sólo el 0.55% son delitos de sangre. “Es desacertado y falaz lo que dice Bullrich. Es ínfima la cantidad de menores de edad involucrados en delitos graves, de violaciones u homicidios. Entonces, nada tiene que hacer la ministra de Seguridad hablando de medidas socioterapéuticas. No tiene incumbencia en esta temática, como sí la tienen el Ministerio de Educación o el de Desarrollo Social a los cuales este gobierno les ha
recortado presupuesto y reasignado partidas que han sido derivadas justamente a la
Policía Federal y la Gendarmería”, aclara Machain.
“Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala», dijo Maria del Carmen Verdú.
En esta misma línea, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), señala la falta de honestidad de Cambiemos cuando es a este mismo sector etario al que le cierran los secundarios nocturnos y se ve directamente afectado por los recortes que ha habido en Desarrollo Social, tanto de Nación como en Ciudad, concentrados en dos ejes que este gobierno considera descartables: los programas de género, violencias y disidencias así como en los de niñez y adolescencia. “Hablan de reinserción y hasta de un nuevo régimen socioterapéutico pero andá a visitar cualquier instituto de menores donde hay chicos por razones asistenciales, no penales, y contame si alguien se puede reinsertar viviendo en un cubículo de dos por dos, de cemento, sin almohada, con un camastro de material que es lo único que tienen como mobiliario.
«Después se preguntan por qué suceden los suicidios en los institutos de menores”, denuncia Verdú. A su vez señala que el gobierno utiliza una lógica de demagogia punitiva visible en la sucesión de hechos del último mes y medio con medidas que siguen una misma línea disciplinadora y represiva como la habilitación de uso de armas de fuego contra personas desarmadas, la compra de pistolas Taser o el programa Restituir que reincorpora a agentes apartados de las fuerzas de seguridad por haber sido investigados durante años por hechos represivos beneficiados por el sobreseimiento o la absolución fáciles. “Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala. La única forma de enfrentar a estos planes de ajuste y represión es con protagonismo popular en las calles, es el único lenguaje que entienden”, sostiene Verdú.
La relación del anuncio de este tipo de medidas de mano dura con el comienzo de un
año electoral es ineludible. En este sentido, Víctor Ramos, fundador del INADI y presidente de la asociación internacional SOS DISCRIMINACIÓN de Argentina, entiende que existe una especulación por parte del oficialismo sobre un sector de la sociedad reaccionario que tiene una pulsión xenófoba y que siente que la crisis se resuelve con la represión, lo que los lleva a ir detrás de esos votos. “La respuesta que propone el gobierno de bajar la edad punible, es responsabilizar al otro. Buscan un enemigo, un responsable de lo que el estado no ha podido resolver. Es un discurso que lo van profundizando porque, al no tener propuestas ni soluciones a la crisis económica que el propio Macri generó, señala un responsable: el delincuente ¿Quiénes son los delincuentes? Los pibes, los paqueros, los que se drogan. Buscan el eslabón más débil para responsabilizarlo de la ausencia de políticas públicas y de
profundos problemas sociales que no logran resolver”, argumenta Ramos. Además, señala que este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes y dejando de lado que son justamente los niños y adolescentes sobre los que mayor impacto tiene la pobreza, la violencia institucional policial y los recortes en políticas de salud y educación.
En el informe de UNICEF publicado a fines de 2018 sobre “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina”, se daba a conocer que el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres, de los cuales el 20% se encuentra en condiciones de privaciones severas que implican vivir cerca de un basural, en áreas inundables o no haber asistido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. En aquel entonces los medios hicieron gran eco de estas cifras alarmantes, pero al arrancar un nuevo año muchos toman a la ligera la baja de la punibilidad a pesar de que se trata del sector etario más afectado por la crisis económica y social que atraviesa el país.
«Este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes», reflexionó Victor Ramos.
“En lo que hay que ir a fondo es en que el estado realice políticas sociales adecuadas, con mano dura para los funcionarios que no ejecutan sus presupuestos. Llegamos a fin de año y no se ejecutó parte del presupuesto de Desarrollo Social y de Salud. No puede ser que hay dinero no ejecutado, inclusive haciendo recortes, en esos organismos. No lo gastan donde tienen justamente que invertir, en la prevención y en la integración de los jóvenes. Arrancan al final de la cadena cuando el delito ya se cometió”, sentencia Ramos.
En este sentido, la semana pasada UNICEF Argentina ha puesto en circulación un informe con “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, cuatro carillas donde se desarrolla expresamente que bajar la edad de punibilidad no mejora la seguridad, basado en experiencias internacionales que así lo han demostrado. Más bien se recomienda un sistema de justicia especializado cuyo enfoque se centre en la prevención del conflicto con la ley penal en lugar de la represión y donde la estrategia esté direccionada en pos de la reinserción social a través de la oferta de oportunidades educativas, de recreación y laborales que oriente a los jóvenes hacia un proyecto de vida alejado del delito.
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), a su vez, ha emitido un comunicado en el que deja sentada su postura de rechazo a la disminución de la edad punible ya que entiende que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana. Y sin atender centralmente a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.
De debatirse este proyecto de ley en sesiones extraordinarias en el Congreso y de ser aprobado sería la primera vez que un gobierno elegido democráticamente logre bajar la edad punible. En 1954, el segundo gobierno peronista la elevó de 14 a 16 años y sólo se vio disminuida nuevamente a 14 en 1976, durante la última dictadura cívico-militar. Recién en 1983, con el retorno de la democracia, se recuperaron derechos básicos de la población y se aumentó nuevamente la punibilidad a 16 años.
Nov 12, 2018 | Comunidad, Novedades
Mañana se celebrará por primera vez el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, sancionado por el Senado de la Nación el 10 octubre de este año. Las ONG Grooming Argentina y Mamá en línea realizarán encuentros y congresos en todo el país para concientizar a la población.
Ambas organizaciones trabajan por un objetivo común: combatir el grooming entendido como el ciberacoso infantil y educar a padres y niños sobre este delito que crece, como consecuencia del avance de las redes sociales en nuestra sociedad.
El ciberacoso infantil es definido según Grooming Argentina como “el acoso sexual virtual a niños y adolescentes que consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de amistad con un niño con fines sexuales”. En este sentido, desde ambas asociaciones aseguran que las charlas educativas, las aplicaciones para denunciar el grooming y el apoyo de los padres son importantes para prevenir este delito.
La ONG Mamá en Línea está compuesta por mamás y víctimas del ciberacoso infantil y tiene como objetivo alertar sobre los riesgos que pueden enfrentar los menores de edad en las redes sociales. Su directora Roxana Domínguez, en conversación con ANCCOM afirma que “ante el rol que cumplen hoy las redes sociales en donde la interacción de los niños es con muchísima gente, los padres tienen el derecho y la obligación de conocer este sistema de navegación para entender cómo cuidar a sus hijos. No prohibimos el uso de la tecnología, pero sí exigimos su uso responsable”.
Domínguez relata cómo el día después en que se aprobó el Día Nacional de la Lucha Contra el Grooming, decidieron escribir a todos los municipios de Argentina invitándolos a adherirse y a replicar, de alguna manera, la prevención. En este sentido, junto con la concejal Jimena de Lara de la Municipalidad de Malvinas Argentinas presentaron el proyecto por el cual se declara al grooming de interés municipal. También dieron charlas educativas en distintas escuelas de la zona para niños y padres.
“La devolución de los chicos es excelente. Ellos no saben lo que significa grooming, pero cuando la charla avanza saben de lo que estamos hablando”, dice Domínguez. “Contar en primera persona lo que vivimos hace que muchos se animen a hablar de situaciones que han vivido. Incluso pasa que los mismos chicos piden a los adultos que nos llamen para saber qué hacer, cómo denunciar, dónde hacerlo.”
Por otro lado, Grooming Argentina también fomenta la promoción, prevención y erradicación de este tema. Su presidente, Hernán Navarro, en el 1° Congreso Nacional de Grooming y Ciberbullyng, desarrollado hace una semana en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, planteó que siete de cada diez personas desconocen de qué se trata el grooming y que muchos adultos se encuentran ante una situación totalmente desconocida, que no saben cómo manejar o ante la que creen tener una falsa percepción de control.
A pesar del aumento de episodios de ciberacoso infantil, la mayoría de las denuncias se reciben por reportes de la organización Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) -programa de Estados Unidos que tiene un convenio de coparticipación en las causas- mientras que son muy pocas las que llegan directamente de los padres de los chicos.
La Fiscalía de la Ciudad especializada en Delitos Informáticos es la encargada de recibir las denuncias de esta clase de crímenes y en su último informe, del año 2017, registró un fuerte aumento con respecto al año anterior. El registro de denuncias del NCMEC durante el año pasado en la Argentina es de un total de 19.214, que se convirtieron en casos de pornografía infantil y grooming. En comparación con las 8821 denuncias registradas en 2016.
Ante este escenario y a pesar de que el grooming es considerado en Argentina un delito penal desde 2013, gracias a la ley 26.904 que establece penas desde 6 meses a 4 años de prisión, Mamá en Línea insiste en la necesidad de educar en la temática para evitar que los niños, niñas y adolescentes sufran este tipo de situaciones.
En este sentido el senador nacional Dalmacio Mera y la diputada nacional Gabriela Burgos, con el apoyo del Programa de Modernización Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la ONG Mamá en Línea, preparan una jornada de concientización para el martes 13 noviembre bajo el lema de “Hablemos de grooming”. El evento tendrá lugar en el Anexo “A” de la Cámara de Diputados de la Nación ubicado en Avda. Rivadavia al 1841 a partir de las 9:30 hasta las 12.
“Esperamos que en todo nuestro país no queden escuelas sin que toquen el tema, estoy totalmente agradecida a todos aquellos que nos apoyaron”, dice Domínguez. Por otro lado, sumándose a ésta causa Sebastián Bortnik, presidente de Argentina Cibersegura, una organización sin fines de lucro que trabaja para crear un espacio digital protegido, a través de actividades de concientización y educación, informa que los lugares para denunciar los delitos de ciberacoso son la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (4800 – 1120/4370 – 5899) o a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (11 5071 – 0040). También puede acudir al Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana (4309 – 9700) o a la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires (0800 – 33 – 347225).
Jul 5, 2017 | Comunidad
Cientos de personas se reunieron este sábado en Parque Centenario para manifestar su oposición a la baja de la edad de imputabilidad. El encuentro fue en formato de foro de debate bajo el lema “Lxs jóvenes no somos el problema”. La masiva convocatoria fue organizada por el colectivo juvenil No somos el Problema -que engloba a militantes de distintas agrupaciones políticas y organizaciones nacionales- , la Red Argentina No Baja, Unidad Ciudadana y la ATE Capital. Las presentaciones estuvieron a cargo de distintas comisiones de discusión integradas por expertos en cuestiones de Derecho Penal Juvenil y personalidades políticas críticas a la gestión del gobierno de Cambiemos.
Guido Pablo Veneziale, militante de La Cámpora e integrante del colectiv,o declaró a ANCCOM: “Decidimos organizar este foro contra la criminalización juvenil en respuesta a las políticas que el gobierno de Mauricio Macri está llevando a cabo en contra de los jóvenes, como es la quita del (plan) Progresar, la falta de subsidios a la escuela pública y las universidades, y contra la baja de la edad de punibilidad a 14 años. No podemos llevar adelante este debate cuando no se han reformado los institutos de menores ni las cárceles, y estando por empezar las campañas legislativas; porque lo que está en debate es el futuro de nuestra patria”. Y añadió: “En esta convocatoria se reunieron varios espacios. Participan sindicatos, especialistas, ONG, agrupaciones políticas y los campeones de rap a nivel nacional.”
Las presentaciones estuvieron a cargo de distintas comisiones de discusión integradas por expertos en cuestiones de Derecho Penal Juvenil y personalidades políticas. En la foto: Juan Cabandié, Raul Eugenio Zaffaroni, Lorena Pokiok y Leandro Santoro, entre otros.
El debate por la edad mínima de responsabilidad penal, actualmente de 16 años, estuvo presente en la agenda mediática durante los últimos meses, intensificado por la sucesión de dos casos resonantes que involucraron a menores de edad: el crimen de Brian Aguinaco, en diciembre de 2016 en Flores, y el asesinato de un niño de 3 años el pasado 7 de junio en Lomas de Zamora. A raíz de esta polémica, que se suma a la situación de hostigamiento policial sufrida por estudiantes secundarios y docentes de la escuela Mariano Acosta, los integrantes del colectivo “No Somos El Problema” decidieron convocar a la ciudadanía para combatir lo que consideran un atropello a los derechos de los jóvenes por parte del actual Gobierno. Desde este espacio, denuncian que se está produciendo una persecución contra la juventud y advierten que el proyecto de penalizar a los adolescentes a partir de los 14 años, promovido por el ministro de Justicia Germán Garavano, es una propuesta regresiva e ineficaz, ya que advierten que con ello sólo se logrará reforzar la violencia que se pretende resolver, estigmatizar a niños y adolescentes -especialmente de sectores desprotegidos– y profundizar el abandono gubernamental de las políticas sociales, educativas y de salud en función de una mayor represión.
En diálogo con ANCCOM, Daniela Innamorato, de Peronismo Militante, manifestó: “Este es un espacio promovido desde la juventud, y la idea es que todos los jóvenes, más allá de los partidos y las identidades políticas, puedan participar. Decidimos venir porque entendemos que la baja de edad de imputabilidad estigmatiza a la juventud y confunde a la sociedad en términos de criminalizar a los jóvenes desde un lugar ficticio. Buscamos visibilizar el problema y lograr que la juventud se organice en defensa de sus propios derechos.”
El debate por la edad mínima de responsabilidad penal, actualmente de 16 años, estuvo presente en la agenda mediática durante los últimos meses.
A partir de las 14, el encuentro comenzó con una radio abierta de la que participaron varios oradores expertos en el tema como Gabriel Lerner, abogado, ex Secretario Nacional de Niñez y Adolescencia y miembro del Observatorio por los Derechos de la Infancia Eduardo Bustelo, y Gabriela Tozoroni, trabajadora social en ATE Capital en el área de Juventud, entre otros. Más tarde, se realizaron distintos foros de debate, conducidos por especialistas, sobre diversas temáticas: Políticas públicas y seguridad ciudadana, Violencia institucional, Precarización laboral y trabajo infantil, y Derechos Humanos.
A cargo de la primera comisión, Gabriel Lerner expuso: “En la ciudad, en materia de seguridad tenemos una gran inequidad territorial entre el norte y el sur que se corresponde con la enorme desigualdad social. En el caso de los homicidios, la incidencia de los chicos cuando son victimarios es infinitamente menor a la incidencia de cuando son víctimas de los delitos. Esto quiere decir que los pibes no son el problema sino que padecen el problema. No son peligrosos sino que, por la desigualdad social y el accionar policial, los pibes en nuestra sociedad están en peligro.” Y agregó: “El planteo de este Gobierno de legitimar que para tener mayor índice de seguridad hay que ampliar las dosis de represión es una idea nefasta que lo único que produce es mayor sufrimiento popular y que de ningún modo mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Cualquier modificación progresiva en materia de políticas de inclusión social –en iniciativas como Conectar Igualdad, el Plan Qunita y los planes Progresar – tendría mucha mayor incidencia en mejorar los índices de seguridad que bajar la edad de punibilidad.”
A partir de las 14, el encuentro comenzó con una radio abierta de la que participaron varios oradores expertos en el tema.
En la misma línea, Leandro Santoro, politólogo de la UBA y líder del espacio político Los Irromplibles, integrante del mismo foro, afirmó: “Para garantizar seguridad a la ciudadanía se necesitan políticas integrales. La desigualdad es la principal causa de violencia ciudadana y las tensiones sociales que generan la marginalidad, la exclusión y la pobreza terminan provocando situaciones de inseguridad. La gestión de derecha no solo no puede resolver esos problemas, sino que los profundiza. Por eso ellos solamente tienen políticas de seguridad, y limitan la concepción de seguridad ciudadana exclusivamente a la presencia policial. Para los que tenemos una formación de izquierda, la seguridad parte del concepto de igualdad. Si en una sociedad no está garantizada la igualdad, es difícil hablar de estabilidad social.”
Tras finalizar el debate, Santoro expresó en diálogo exclusivo con ANCCOM: “Nos invitaron los chicos para pensar una propuesta programática para la unidad ciudadana, contribuir a la reflexión sobre el debate del futuro político y construir argumentos defensivos frente a una derecha que intenta estigmatizar a los pibes, cuando en realidad el problema de la participación juvenil en el delito es ínfima. Es poner el foco donde el problema no está, asumiendo una posición demagógica y populista a los efectos de darle tranquilidad a un sector de la sociedad que está asustado todo el tiempo porque es víctima de operaciones mediáticas que tienden a hacerle creer cualquiera que es distinto a uno es una amenaza.”
La masiva convocatoria fue organizada por el colectivo juvenil No somos el Problema , que engloba a militantes de distintas agrupaciones políticas y organizaciones nacionales.
Por su parte, Florencia Gentile, socióloga, plenarista del Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes por la Legislatura Porteña e impulsora de la Red Argentina No Baja, manifestó: “El proyecto de bajar la edad de punibilidad es una arista más del avance de la mirada criminalizadora sobre los adolescentes. No nos parece casual la mirada represiva sobre los mismos sujetos sociales que en los últimos años fueron protagonistas. El proyecto de la baja se presenta supuestamente como respuesta al problema de la inseguridad, pero esto es falaz porque, según las estadísticas, los delitos cometidos por los pibes de menos de 16 años son ínfimos. El Estado tiene que intervenir sobre esa problemática a través de las áreas sociales y educativas, y no de las áreas penales.”
Para cerrar el acto, el ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, subió al escenario -acompañado por varios referentes políticos de Unidad Ciudadana y precandidatos a legisladores como Juan Cabandié, Gabriela Cerruti y Leandro Santoro, entre otros– y se dirigió al público: “Pretender aplicarle la legislación de los adultos a pibes de 14 años no es un hecho aislado. Hubo un defecto en la seguridad policial en un barrio que costó la vida de un chico, y de inmediato se les ocurrió que el culpable era un peruanito. Tuvieron una pueblada en una comisaría, y al día siguiente salieron diciendo que lo que había que hacer para evitar que se repita era bajar la edad de responsabilidad penal de los pibes.” A continuación, tomando como evidencia las estadísticas de índices de criminalidad en CABA, el magistrado sentenció: “La realidad que indican los números, tomados expediente por expediente de cada homicidio en la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de varios años, es que de un universo promedio de 200 homicidios por año solo uno es cometido por un menor de 16. ¿Qué es lo que se quiere lograr bajando la edad de responsabilidad? ¿Meter presos a pibes homicidas? Si no hay más que uno o dos por año. Se busca criminalizar a nuestra adolescencia, y esta tentativa es un capítulo más del reforzamiento del aparato represivo del Estado en una sociedad corporativa, donde hay un 70 por ciento de población excluida. Esto no tiene nada que ver con nuestra seguridad; la seguridad es un pretexto.” Tras caer la noche, el encuentro terminó con un festival de hip hop a cargo de los raperos Replik, Trueno y Wos, campeones del género a nivel nacional, que fascinaron al público al ritmo de sus improvisaciones con temáticas sociales en contra de la estigmatización y la persecución de la juventud.
Eugenio Raúl Zaffaroni cerró el acto.
Actualizada 05/07/2017
