Andrea Leonett, integrante del SiSaP, relata su la lucha para defender la prohibición de la megaminería en la provincia de Chubut y cuenta cómo es vivir con una causa penal abierta en la que está procesada junto a otros dieciséis compañeros.
En una causa que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Rawson, a cargo del juez Gustavo Lleral, 16 vecinos de Trelew, Puerto Madryn y Rawson se enfrentan a procesamientos por el delito de entorpecimiento de servicios públicos.
En mayo de 2021, el descontento de la población estalló cuando se mantuvo en curso el proyecto de Zonificación Minera, que finalmente fue aprobado en diciembre de ese año. En este contexto, cientos de vecinos se movilizaron en la Ruta Nacional 3 en la ciudad de Trelew, fueron desalojados por la fuerza policial provincial y en ese momento varios de los manifestantes comenzaron a ser criminalizados por protestar en defensa del agua.
El 13 de junio se realizó una audiencia en la Cámara de Casación de Comodoro Rivadavia por esta causa judicial. Además, se programaron movilizaciones y concentraciones tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires para expresar solidaridad y apoyo a los imputados que ejercen la resistencia frente al modelo extractivista. Este proceso judicial se enmarca en una situación más amplia de represión y criminalización de las luchas y movimientos populares en todo el país, tanto en la región patagónica como en las últimas semanas en Salta y Jujuy. Diversas organizaciones y activistas denuncian esta avanzada criminalizadora y argumentan que responde a una política de persecución que busca disciplinar a aquellos que luchan por la defensa del territorio y la reivindicación de derechos conquistados.
“Siempre fueron manifestaciones pacíficas, en la provincia de Chubut desde hace mucho tiempo el gobierno siempre está reprimiendo las movilizaciones y protestas sociales, y utiliza diferentes mecanismos. Por un lado están las fuerzas policiales, que son las fuerzas represivas del Estado, pero también utiliza fuerzas de choque que son como la tercerización de la represión, son grupos, sindicatos u organizaciones afines al gobierno que van a las manifestaciones a querer romper”, explicó en diálogo con ANCCOM Andrea Leonett, integrante del SiSaP (Sindicato de Salud Pública). Madre de 30 años, comenzó con la militancia cuando se desempeñaba laboralmente como administrativa en un centro de atención primaria de la salud en el barrio Etchepare. Ahora está imputada por su participación en las manifestaciones de 2021.
¿A ustedes los reprimieron con este tipo de fuerzas de choque?
A nosotres, en la ruta nos sucedió con un sector de camioneros, no podemos generalizar a los trabajadores camioneros en su totalidad, sino que fue un sector. Siempre nos sucede que es un sector que responde a otros intereses, a otros fines que, en realidad, tienen que ver con esta intención de desalojarnos por parte del gobierno. De todos modos, nosotres en ese momento teníamos establecido ya un protocolo a seguir y se realizó un cordón de mujeres que impidió que estos varones camioneros pasen y quieran romper y tratamos de llevarlo adelante con el mayor diálogo posible. Y la verdad que después fue un corte totalmente pacífico, la gente entendía, también nosotros utilizamos esa oportunidad para concientizar, para hablar con el resto de camioneros. Además que fue un corte intermitente, cada tanto los autos y camiones pasaban.
¿En qué consistió el Proyecto de Iniciativa Popular?
El proyecto de Iniciativa Popular fue el segundo que se presentó y lo que pretendía era reforzar la Ley 5001, que es la ley que prohíbe la minería en el territorio, pero en uno de sus artículos deja abierta la posibilidad de zonificar. Y esto es lo que estaban buscando desde el Ejecutivo provincial: la zonificación minera. Entonces, la iniciativa popular reforzaba esta ley y prohibía terminantemente la megaminería en todo el territorio de la provincia, por lo tanto nos resguarda de cualquier intento de explotación a gran escala como es la megaminería en Chubut.
¿Por qué consideras que es importante?
Sabemos que la iniciativa popular es un mecanismo de democracia directa que tiene el pueblo para poder presentar un proyecto y que se contemple en la Legislatura. Y es una movida muy grande que requiere de mucha militancia, de mucho recorrer, de juntar firma por firma, de poner la mesita en una esquina, de recorrer las localidades. Para nosotros fue un esfuerzo muy grande, como para que en dos segundos la Legislatura lo descarte y nos deje sin este proyecto del pueblo, porque era un proyecto de la comunidad entera de Chubut.
¿Cuál fue el impacto de la derogación de la iniciativa popular?
En mayo de 2021 es cuando nos tiran a la basura la iniciativa popular, y quedó dentro de la Legislatura el proyecto de zonificación minera, porque en noviembre de 2020, cuando se presenta la iniciativa popular en la Legislatura, ese mismo día entra el proyecto de zonificación minera del Ejecutivo. Por lo tanto, quedaron los dos con estado parlamentario y jugando dentro de la Legislatura. Cuando a nosotres, en mayo, nos quitan nuestra iniciativa nos sacan la posibilidad de tener una ley del pueblo, pero sigue adentro el proyecto de Mariano Arcioni para meter la megaminería en la provincia. Finalmente en diciembre sucedió: la Legislatura de la provincia aprobó la zonificación minera, pero la gente, con una muestra muy digna de lucha y resistencia, salió a las calles durante siete días. Para luego generar una batalla campal con una represión desmedida: el Chubutazo. La gente estaba dispuesta a todo, porque lo que estaba en riesgo era el agua y nuestro territorio. Fueron momentos muy difíciles, pero también muy dignos porque gracias a esa lucha se logró derogar la ley.
¿En qué consistió el Chubutazo?
Fueron movilizaciones inmensas que obviamente no había forma de organizar absolutamente nada, fue algo muy espontáneo y masivo, había mucho enojo del pueblo porque también tenía que ver con el hartazgo de todos. Era la bronca de que nos hayan aprobado la megaminería, pero también era la bronca diaria que vive la gente de los distintos barrios, que la pasa mal, que no tiene para comer, que no tiene trabajo, que la policía los reprime y hostiga constantemente en los distintos barrios. Muchas situaciones que se dieron y terminaron con esta furia en el pueblo en las calles que realmente funcionó, ya que tuvieron que dar marcha atrás.
¿Cómo se vive estando imputada por participar en las manifestaciones?
Son muchas cosas. Por un lado, quienes estamos en la militancia socioambiental nos sentimos muy orgullosos de saber que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que somos quienes estamos llevando adelante la lucha, pero que nos precedieron compañeros y compañeras que hace veinte años vienen caminando las calles y generando conciencia, y eso permitió que en diciembre la gente salga a la calle a derogar esta ley. Entonces, nosotres sentimos que estamos en el camino correcto. Después, obviamente que llevar adelante un proceso judicial no es fácil, porque se te juegan un montón de cosas, pero también es lo que busca el gobierno a través de la justicia: busca individualizar, busca fragmentarnos.
¿Desde el gobierno lograron ese cometido o ustedes han desarrollado estrategias para evitarlo?
Nosotres estamos en el intento constante de no estar solos. Desde que empezó la causa, ya van a ser dos años, que la abordamos de manera colectiva, para que ninguno se sienta solo, para que las dudas, los miedos, los abordemos en conjunto. Porque entendemos que fuimos muchas personas que estuvimos en ese corte de ruta y no es justo que unos pocos se sientan con esa presión de tener que atravesar un proceso judicial. Sin embargo, sabemos que es lo que el gobierno quiere. Busca meter miedo, amedrentar, disciplinar, corrernos de las calles, busca que la gente no vuelva a salir a luchar por nada. Estamos haciendo lo que hay que hacer, hicimos lo que había que hacer y seguiremos en este mismo camino.
¿Qué impacto tienen estos procesamientos en la lucha contra la megaminería y la defensa del medio ambiente en la región?
Sabemos que esta es una traba que nos ponen para corrernos de la calle, pero nuestra idea es poder aglutinar con el resto de los sectores que también están criminalizados, porque no solo son las asambleas o los movimientos social-ambientales quienes están sufriendo esta judicialización, sino también un montón de sectores que están en lucha por diferentes derechos, como la docente Estela Juárez en 2019 o el pasado año el ex dirigente de ATECH, Santiago Gutman. Entonces, no estamos aislados del resto. Esto es un plan sistemático de los gobiernos en convivencia con la justicia que busca disciplinar, que busca dar este mensaje de «paren de luchar porque los vamos a judicializar a todos». No vamos a parar de luchar, porque sabemos que si no somos quienes denunciamos todo lo que está mal, nadie lo va a hacer.
¿Cómo percibís esta de criminalización de la lucha?
Nosotres venimos de un proceso muy largo de lucha en todos los sectores en la provincia del Chubut, porque sufrimos un ajuste estructural desde 2017 y tiene que ver con este intento de aprobar este modelo extractivista. Y por eso es que estamos organizando en la ciudad de Rawson, para el día 4 de julio, una jornada patagónica en contra de la criminalización de las luchas. Esta jornada pretende aglutinar a compañeros y compañeras de los distintos sectores que están criminalizados: docentes, salud, comunidades originarias, la lucha socioambiental y con fuerte presencia de los organismos de derechos humanos. Nuestra idea es cruzar a todos estos compañeros criminalizados con organismos de derechos humanos para ver de qué manera se puede abordar situaciones individuales, pero también pensar de manera colectiva una estrategia para seguir adelante. Porque detrás de compañeros y compañeras que están criminalizades siempre hubo una lucha por algún derecho conquistado o un derecho por conquistar, siempre hubo una defensa digna. El derecho máximo y primero es el derecho a protestar. Entonces no nos pueden arrebatar este derecho a protestar. Es muy grave.
El oeste pampeano se caracteriza por la escasa disponibilidad de agua, pero por donde supo fluir la subcuenca del Río Atuel: un oasis natural en medio de una zona desértica. Si bien hace más de 100 años el río posibilitó la presencia humana y el desarrollo productivo, pero la disminución drástica de su caudal como consecuencia primero de los desvíos clandestinos en la provincia de Mendoza y, a partir de 1947, de la construcción de la represa El Nihuil, ya no cumple tal condición.
“Durante mucho tiempo La Pampa ha sido una tierra olvidada. Si se estudia la evolución o, mejor dicho, la involución del mapa de La Pampa se ve que poco a poco va quedando excluida de la posibilidad de desarrollo. Es una pena tener que usar el tiempo pasado porque uno advierte que allí hubo un crimen contra la naturaleza y el ambiente”, afirmó Walter Cazenave, doctor en Geografía y miembro de la Fundación Chadileuvú, una organización que lucha por el ambiente y los ríos de esa región.
El acelerado proceso de desertificación provocó no sólo la destrucción del ecosistema sino que también “la gente que pobló y que puso en producción ese humedal del Atuel tuvo que irse ya que no había más trabajo”, explicó Cazenave. Al éxodo masivo de la población le siguió el empobrecimiento de la región. Desde entonces, La Pampa -sus gobiernos y la sociedad cada vez más organizada- ha reclamado a la provincia mendocina el caudal de agua que le pertenece, configurando una historia larga y penosa de un litigio aún sin resolver.
La peor crisis en 50 años
El aprovechamiento del río aguas arriba en función del desarrollo y los proyectos mendocinos, provocó un estado de escasez y vulnerabilidad crítica para los pobladores pampeanos de aguas abajo. Las razones alegadas en las instancias judiciales por el gobierno de Mendoza han sido diversas, pero la más reciente apunta a la supuesta insuficiencia del caudal: el agua no alcanzaría para que el río vuelva a fluir como antaño.
“Hay algo que se llama ‘eficiencia de riego’, que es cuánto rinde el litro o el metro cúbico de agua en la tierra. Un estudioso -que era director del Departamento de Agua de Mendoza- llegó a la conclusión de que el agua que usaba Mendoza era del orden del 19%, los demás se perdían o se insumían y después subía como sales, lo cual supone un problema”, explicó el geógrafo.
La provincia de Mendoza se encuentra viviendo, según sus propias autoridades, la crisis hídrica más grande de los últimos 50 años, pero no pareciera estar siendo atendida como corresponde. Si bien los usos del agua han sido siempre diversos -cultivo bajo riego, deportes acuáticos y uso humano, especialmente-, a lo largo de los años se ha avanzado o intentado avanzar con proyectos de megaminería y fracking como Hierro Indio y Cerro Amarillo, entre otros.
Actividades como estas requieren de enormes cantidades de agua para su concreción. Por ejemplo, según el Observatorio Petrolero Sur, el fracking utiliza entre 10 y 30 millones de litros de agua por cada pozo realizado. ¿Cómo es posible, entonces, que haya un cupo de agua semejante para estas empresas en un marco de escasez hídrica y no para devolverle el caudal a La Pampa? Es evidente que el problema no es una cuestión de disponibilidad, sino de intereses económicos y políticos.
Gran parte del agua que se utiliza para el fracking en la provincia cuyana es de la cuenca del río Atuel. Es decir, la contracara de la devastación ambiental, económica y cultural en el oeste pampeano son los intereses de enriquecidas empresas que, con el aval de autoridades políticas mendocinas, atentan contra la posibilidad de un futuro que contemple el desarrollo de una vida digna para quienes habitan estos territorios.
Actualmente, a pesar de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2020 fijó como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite entre La Pampa y Mendoza, sólo basta acercarse a los viejos cauces para encontrarse con otra realidad: en tierras pampeanas el Atuel está completamente seco.
Una tragedia silenciosa (o silenciada)
La ausencia del río en La Pampa ocasionó daños verdaderamente inconmensurables: el corte total de la principal fuente de agua potable de las familias aledañas, la destrucción de una ecología naturalmente equilibrada y el desarraigo de la estructura socioproductiva de la ribera.
“La gente que vive acá sobre los ríos ha tenido que meter los molinos, los jagüeles y a veces hasta los corrales dentro del viejo cauce -por el que ya no corre el agua- para tratar de buscar un poco de mejor pastura o de agua (subterránea)”, afirmó Jesús Fernández, oriundo de Santa Isabel y férreo defensor del derecho al agua en el oeste pampeano. Además, en relación a las sueltas esporádicas y desorganizadas que Mendoza realiza, añadió: “Se va desertificando el cauce durante tantos años de ausencia que, cuando viene, corre por todos lados e inunda todo, rompe todo, se pierden animales, se pudren alambrados”.
Alejandra Domínguez, una criancera por cuyas chacras pasaba el Atuel, relató que “antes llovía cuando tenía que llover, corría viento cuando tenía que correr y en invierno se alcanzaban las heladas. Al no correr el río por el cauce, provoca un desastre porque cambia todo. Las tormentas se empiezan a negar: se viene más seco, viene más viento y es más difícil que llueva”.
Carlos Lucero, puestero que vivió toda su vida a la vera del río, narró también que “acá antes había totoras, juncos, patos, gallareta, cisnes, nutrias. Había todo tipo de bichos de agua y eso se perdió por falta de agua. Ahora los campos no rinden como cuando estaban los “bañados del río”. La hacienda está regular y tendría que estar excelente. La hemos pasado mal, si tuviéramos el agua del río no pasaría esto”.
Si bien varias generaciones crecieron sin agua en los cauces, la lucha aún se transmite de generación en generación, a pesar de tantos años sin respuesta. Actualmente, todo esto se enmarca en un contexto en el que, en distintas provincias argentinas, el pueblo se levanta cada vez más fuerte en defensa de sus bienes naturales, entre ellos el agua. Si bien Argentina en particular y América Latina en general cuenta con grandes cantidades de agua dulce -un tercio del total en el mundo- son en estos mismos territorios donde el capitalismo en su fase neo-extractivista pone en jaque su disponibilidad por los usos indiscriminados.
“El agua es un problema en el mundo y desde siempre lo ha sido en La Pampa. El derecho humano al agua es inalienable pero a lo largo de la historia de la humanidad el problema ha estado siempre vigente”, relató Cazenave. A su vez, en relación a que el agua -ya desde finales del 2020- empezó a cotizar en la bolsa de Wall Street, agregó: “El coste comercial de este bien derrumba su condición de ser inalienable, porque entonces quien no puede pagar no va a tener agua o va a tener un costo fijado por las grandes compañías. El tema es realmente muy enrevesado”.
Hace tan solo unos días Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, advirtió que lo que se viene, luego de los litigios por el petróleo, es “la guerra por el agua”. Estas no son en absoluto cuestiones ajenas entre sí. Todo indica que, cada vez más, grandes intereses estarán atentos, justamente porque el mercado valúa en base a la escasez, es decir, guiado por la certeza de que el agua va a faltar.
Entonces, la defensa de los bienes hídricos, en este caso el Atuel, no es solamente un problema de los pampeanos ni un mero litigio entre estas dos provincias. Se trata de un bien natural, público y, fundamentalmente, de un derecho que -cabe resaltar- no se puede dar por descontado.
La historia de este río robado, una historia de total impunidad, alerta sobre la necesidad de comenzar a repudiar y sancionar delitos como éstos, cuyos autores no titubean en arrasar con los paisajes autóctonos, con los bardinos, los choiques, las copetonas y todo lo que en un momento supo haber y que hoy, aguas abajo, tristemente ya no hay.
La asamblea socio ambiental “El Algarrobo” en el pueblo Andalgalá de Catamarca resiste el avance de la mega minería. Desde el 21 de marzo algunos pobladores se reúnen para impedir el paso de los trabajadores mineros en los caminos que conducen al río y evitar que se inicie el proyecto MARA. Actualmente once asambleístas se encuentran detenidos y todavía no están claros los motivos.
El proyecto es la unión de dos empresas mineras que ya realizaron diferentes extracciones en la provincia: “Bajo de la Alumbrera” y “Agua Rica” que decidieron comenzar el emprendimiento en las cuencas del río Andalgalá, fuente de agua de todo el pueblo.
La fusión minera no tiene permiso de iniciarse legalmente, a pesar de esto hubo distintos intentos para ingresar al cerro eludiendo el bloqueo de los asambleístas que denuncian haber sido investigados y hostigados por la policía. Por este motivo solicitaron un habeas corpus temiendo una represión como la que ocurrió en 2010, pero fue negado. A partir de este momento la violencia comenzó a escalar.
Algunos asambleístas fueron atropellados el 30 de marzo por un auto que conducía un trabajador de la minería, hecho que nunca fue investigado. A pesar de mantener los bloqueos selectivos en los caminos al río, una máquina perforadora ingresó por la entrada a otro pueblo. El intendente manifestó, en medios locales, no tener conocimiento de estos hechos y estar tan sorprendido como todos los pobladores.
Mientras el 10 de abril se realizaba la Caminata por la Vida en contra de la minería, los cantos y pintadas fueron acompañadas por el incendio de las oficinas de Agua Rica y la destrucción de la sede del Frente para la Victoria. Por este hecho siete asambleístas fueron detenidos. En los días siguientes se produjeron violentos allanamientos y la detención otras cuatro personas.
Los asambleístas niegan haber participado en la destrucción y resaltan que siguen siendo perseguidos por autos sin patentes, policías uniformados que los filman y de ser los únicos investigados en este contexto. Mientras tanto, las máquinas ya comenzaron a trabajar en el cerro.
Juan Martearene, integrante de Asamblea el Algarrobo, explica: “Nos ponen muchas etiquetas que somos ambientalistas, antimineros, antidesarrollo, pero somos personas comunes”. Desde hace años, Martearene se dedica a producir membrillo y nueces en su finca, tiene 35 años y estudia profesorado de geografía. En el pueblo no reciben ayuda del Gobierno ante los reclamos. Para Juan se trata de una nueva forma de colonización en Latinoamérica: “Todos los gobiernos hasta el día de hoy son cómplices de la entrega de nuestro territorio”, sentencia.
El extractivismo se fue intensificando en la región desde el menemismo y, al mismo tiempo, la producción regional, que dependía de la ganadería, agricultura y el turismo fue perdiendo fuerza. “Hoy, después de años de explotación, Catamarca es una de las provincias más pobres del país”, expresa.
Uno de los discursos más difundidos sobre la industria minera es que lleva aparejada el desarrollo. Luego de la destrucción de las economías regionales y del medioambiente en nombre del progreso Juan Martearene destaca que esto no es así: “ofrecieron seis mil puestos de trabajo, pero es una mentira. Ya tenemos el ejemplo de Alumbrera que cuando abrieron en 1997 ofrecieron cinco mil puestos de trabajo y el total de andalgalenses que trabajaron allí no alcanzó a ser de 100 personas”.
Al respecto Favio Casarín, abogado y geólogo especializado en el ámbito de la minería, señala: “hay que buscar puntos de equilibrio para que sea una actividad controlada y bien hecha por una sencilla razón, el país necesita la minería”. Asegura que Argentina precisa, para su desarrollo, industrializarse y dejar de ser únicamente proveedor de materia prima. “Si queremos tener una industria que fabrique automóviles, instrumentos quirúrgicos o una construcción avanzada, necesitamos minerales. Y si nosotros los tenemos, pero no los producimos vamos a tener que salir a comprarlos”.
En ese sentido, se refirió al caso concreto de Andalgalá: “este es un proyecto para extraer cobre, hoy un auto común necesita siete kilos”. Asimismo, señaló que los vehículos eléctricos van a servir para tener una energía más limpia con las baterías de litio. “Nosotros tenemos litio y cobre en el noroeste argentino, un auto eléctrico además de litio va a necesitar 70 kilos de cobre, con lo cual necesitamos producir eso, es así”.
Asamblea El Algarrobo de Catamarca
A pesar de esto, América Latina continúa siendo exportadora de metales. Mientras en el territorio argentino se genera contaminación y se explotan los recursos naturales, es en el resto del mundo donde se transforman los productos. Tanto las empresas mineras como el propio Estado Nacional buscan implementar un “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” donde, a través de slogans como “minería sostenible”, se asocia esta industria con la idea de sustentabilidad y responsabilidad ambiental. Pero ¿realmente es posible una minería sostenible?
Científicos/as e investigadores/as de UNSAM, el CONICET, la UBA, y la Universidad de Cuyo, plantean que esto no sería posible, en un documento firmado por 816 académicos que se oponen a la megaminería: “A diferencia de la minería tradicional, esta se encuentra prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos socio-ambientales, debido al uso de químicos tóxicos como el cianuro”.
Sobre esta cuestión José Martiriare explica que los minerales solían encontrarse en las vetas de las montañas, pero ahora se encuentran diseminados. Por eso no hay manera de que se lleve a cabo la extracción si no es a través de la minería a cielo abierto.
En cuanto a la emisión de consignas como “buena minería” o “minería sustentable”, Favio Casarin argumenta que prefiere alejarse de la utilización de esos términos ya que “la minería que no es sustentable no es una minería legal”. Esto lo asegura dado que los proyectos antes de iniciarse deben ser aprobados por las autoridades y recibir una Declaración de Impacto Ambiental que los compromete a remediar cualquier daño que llegue a ocurrir. “Si se da un corrimiento de lo asentado allí, quedará fuera de la ley y estará sujeto a sanciones que la misma ley prevé”, señala.
Sin embargo, los problemas ambientales enumerados en esa zona son varios: el principal, la contaminación del río que es la fuente de agua del pueblo, en una zona que se encuentra en emergencia hídrica. Los asambleístas también destacan que es un área de glaciares y ambiente peri glaciar, que son bienes públicos resguardados por la Ley de protección de glaciares y que pueden llegar a destruirse. A esto se suma que la actividad requiere un uso desmedido de agua que ronda los 20 mil litros diarios, sumado al uso de explosivos que dejan restos en el aire y a causa del viento llegan rápidamente hasta donde vive la población.
La lucha histórica que viene disputando la comunidad contra la empresa minera y el Estado tiene larga data en el ámbito jurídico. En 2016 el reclamo de los vecinos andalgalenses se trató en la Corte Suprema de la Nación y fue validado por la misma, ya que aquella instancia judicial echó luz sobre las irregularidades de la aprobación del proyecto MARA con el Fallo Martínez.
En 2008 el Informe de Impacto Ambiental de la Mina Agua Rica fue llevado a cabo por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Este informe es un requisito obligatorio y concluyó múltiples falencias por parte del proyecto, ya que se observó: riesgo de avalanchas o derrumbes posibles de afectar la ciudad de Andalgalá; avance progresivo de la pluma de contaminación hacia niveles de agua subterráneos con contaminación irremediable; y se declaró que la ejecución del proyecto producirá afectación del aire, ruidos y vibraciones en el área durante 25 o 30 años.
Esta serie de observaciones que deberían haber sido el fundamento de la modificación del proyecto o bien de su repliegue, simplemente no fueron tenidas en cuenta. La Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca aprobó el Informe, de modo que dio luz verde a la empresa minera para que avanzara.
Tras estas evidencias el Concejo Deliberante de Andalgalá dictó una Ordenanza Municipal que prohibía la explotación minera en cualquiera de sus formas en la cuenca del río Andalgalá. Para reanudar el proyecto la empresa minera y la Provincia de Catamarca iniciaron dos causas que alegaban la inconstitucionalidad de dicha Ordenanza. Por un lado, la Provincia sostuvo que estaban vulnerando su derecho a la propiedad de los recursos naturales que establece la Constitución Nacional. Mientras que la empresa minera alegó que una ordenanza está por debajo del Código de Minería, que establece a la industria como actividad lícita.
El caso llegó hasta la Corte de Catamarca. Según explica la abogada de “Asamblea el Algarrobo” Mariana Katz, lo que solicitaban los vecinos no es solamente que la Ordenanza Municipal se declare constitucional, sino que se declare la “convencionalidad”. Esto significa que los Estados deben avanzar respetando los derechos humanos, de acuerdo a los Tratados Internacionales.
Bajo la consigna “el agua vale más que el oro” varios vecinos continúan hoy exigiendo que se escuche su opinión y se niegan a otorgar la licencia social. Sin embargo, el reclamo nuevamente fue desestimado y en diciembre del año pasado la Corte de Catamarca falló a favor de la empresa minera Agua Rica y declaró “inconstitucional” la Ordenanza Municipal que prohíbe la megaminería.
Actualmente, con un recurso extraordinario federal presentado por la Asamblea, la lucha continúa. “La Ordenanza sigue vigente hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte una sentencia”, dice Katz. Por este motivo, los vecinos que se encuentran bloqueando el paso en los caminos mineros tienen su fundamentación legítima: la minería aún está prohibida y atravesando un largo proceso judicial. Al día de hoy se encuentran detenidas 11 personas sin justa causa y se exige la libertad inmediata para: Walter Mansilla, Aldo Flores, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela, Damian Abel, Ailen Saracho Diamante, Jorge Ramos, Eduardo Villagra y Oscar Martearene.
Las movilizaciones en contra de los proyectos mineros en Chubut trascendieron las fronteras provinciales y se multiplicaron en varios lugares del país. Ayer se realizaron manifestaciones, además de en la propia provincia, en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Jujuy, San Juan y Río Negro. Los manifestantes reiteraron su rechazo a la megaminería a cielo abierto que contamina con cianuro el agua potable que consumen los ciudadanos patagónicos.
Las manifestaciones en contra de los proyectos mineros se llevaron a cabo en diferentes provincias del país.
Un grupo de intendentes provinciales elaboró esta semana un proyecto de zonificación para habilitar zonas explotables que intentarán llevar al Parlamento provincial. Según los expertos, esta zonificación viola la Ley 5001. El principal argumento que esgrimen los gobiernos nacional, provincial y municipales, es la delicada situación económica que atraviesa la provincia; los funcionarios expresan que la crisis podría ser superada con la instalación de estos emprendimientos mineros. ANCCOM dialogó con Santiago Igón, diputado por Chubut del bloque del FpV e integrante de la Comisión de Minería de la Cámara, con Eduardo Barcesat, jurista especializado en medio ambiente y derechos humanos, y con chubutenses que participaron de la movilización de ayer en Capital Federal.
Pablo Ceballos, miembro de la Asamblea del No a la Mina de la ciudad de Puerto Madryn, explicó sobre el conflicto en la marcha que se realizó ayer en Plaza Congreso: “Me parece muy importante que el reclamo se empiece a hacer en diferentes puntos del país. En Chubut se hace en casi todas las ciudades, somos una provincia que tiene mucha conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente, pero es fundamental que eso se pueda reproducir para que otros conozcan cual es la problemática que está viviendo hoy nuestra provincia”. Por su parte, Paula Carrizo, una de las organizadoras de la protesta en Buenos Aires y miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, expresó que “la situación política de la provincia es muy compleja, hay problemas económicos y sociales graves y quieren hacernos creer que todo se va a solucionar con la minería”.
En la misma línea, el diputado Igón expresó: “La provincia no está mal económica y financieramente porque no hay minería, lo que significa que tampoco va a estar mejor porque la haya, y mucho menos si uno lo entiende desde el punto de vista económico, porque las disposiciones que se establecen en las normas nacionales no hacen que en la provincia vaya a quedar plata por este tipo de extractivismo”. El legislador sostuvo que si los problemas económicos y financieros de la provincia son graves, lo son todavía más los problemas políticos. “No se puede medir la minería solamente como si fuese un tema de ingreso o egreso de dinero –argumentó-. Lo que hay que poner arriba de la mesa es el daño que puede provocar, no solo ambiental, sino también social. Dicen que si ingresa una cierta cantidad de dinero por la actividad minera la provincia va a poder pagar sueldos y pagarle a los acreedores, pero eso es una falacia, una gran mentira. La minería no va a solucionar esos problemas ni va a hacer que haya más obra pública”, agregó.
Uno de los grandes proyectos que se pretende instalar en Chubut es “Navidad”, a cargo desde 2010 de la empresa transnacional Pan American Silver, que consiste en la explotación minera -a cielo abierto- de plata, plomo y cobre. El Ministerio de Producción de Presidencia de la Nación lo presenta como “uno de los proyectos mineros más importantes del país, mediante el cual Argentina pasaría a ser el quinto productor mundial de plata”, y agrega que “se crearán 570 empleos directos” en la provincia. Explica también que “el Ministerio de Trabajo traerá soluciones integrales para empresas y emprendimientos” y que se formarán ciudades “en donde se fortalecerá el ecosistema emprendedor”.
Sin embargo, para lograr el desarrollo de este proyecto, la única vía es modificar la Ley provincial 5001, que prohíbe la actividad minera a cielo abierto con utilización de cianuro desde el año 2003. En línea con el gobierno nacional y provincial, que buscan fomentar la actividad minera, esta semana un grupo de ocho intendentes de la zona de la meseta chubutense armaron un proyecto que consiste en “zonificar” el territorio para definir áreas en las que se exceptuará la prohibición establecida en el Artículo 1º de la Ley 5001, acción que según la norma debía realizarse en el plazo de ciento veinte días corridos, a partir de la sanción de la misma. El objetivo de fondo es lograr la modificación de la ley para conseguir el ingreso de las mineras transnacionales.
La Ley provincial 5001 prohíbe la actividad minera a cielo abierto con utilización de cianuro desde el año 2003.
“Yo creo que estos proyectos se están impulsando desde el gobierno nacional. En febrero Aranguren visitó la provincia y el objetivo es instalar un proyecto que hace trizas la Ley 5001”, explicó Barcesat.
“El Gobierno nacional es coherente con sus políticas de entrega de las riquezas y recursos naturales contraviniendo la taxativa cláusula de los artículos 1º y 2º de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que son parte de la ley suprema de la nación –agregó el jurista-. Sin consulta con el pueblo de la provincia y sin consulta de la legislatura local, el gobierno nacional impulsa estos proyectos con el pretexto de que, sin esto, la provincia no tiene fondos para atender a sus gastos ordinarios”. Barcesat aseguró que “esto es una falacia que lo único que pretende es beneficiar a las explotaciones de origen extranjero, lo cual significa un agravio para el pueblo de Chubut que se ha esforzado y obtuvo el 82% de votos en contra de la minería en un plebiscito de 2003, cerrando paso a estos proyectos que degradan el agua, la tierra y el aire”.
En cuanto a los problemas específicos que tiene la norma y el proyecto de los intendentes que pretenden modificarla, el jurista apuntó que, “personalmente después de examinar el tema jurídico, llegué a la conclusión de que la Ley 5001 tiene un artículo primero que es perfecto. Pero en el artículo segundo, inciso b, se introduce una excepción bajo invocación de que cuando se haga un plano zonal, se podrán establecer aquellas zonas en que se pueda exceptuar la prohibición establecida taxativamente en el artículo primero”. Barcesat consideró que, “como jurista creo que ese inciso b del artículo dos es un disparate y contradice abiertamente la prohibición total y taxativa que tiene la ley en su artículo primero”.
Por su parte, el diputado Igón opinó que la Ley 5001 es “completamente endeble”. “Se puede perforar por cualquier lado, solamente habla de megaminería a cielo abierto y no tiene en cuenta el riesgo que podría tener, por ejemplo, la mega minería a través de galerías, que es mucho más contaminante”, detalló. Para el legislador, se trata de una ley “obsoleta”, que “nos da un paraguas para defender una postura que tiene gran parte de Chubut, pero tiene fisuras. Creo que hay que reeditarla y hacerla mucho más dura, con más complicaciones para las mineras”.
El gobierno quiere modificar la Ley 5001 para conseguir que las mineras transnacionales ingresen al país.
La semana pasada Barcesat dio una charla debate en la universidad San Juan Bosco de Esquel acerca del “neoliberalismo y el deterioro de la institucionalidad en Argentina” y además se ofreció como asesor técnico y jurídico del movimiento anti minero. “He sugerido, en una asamblea realizada en la plaza de Esquel, promover una acción de amparo tendiente a declarar la inconstitucionalidad del Artículo 2º, inciso b, para suprimir la contradicción y mantener el principio fundamental de la ley que defiende el voluntad del pueblo de Esquel, que ha votado a favor del no a la megaminería. Como medida cautelar se debe suspender todo tratamiento de proyectos que pretendan sortear la prohibición taxativa del Artículo 1º de la Ley 5001”.
Más allá de la cuestión legal, Igón explicó otros factores que están permitiendo el avance la minería a pesar de la resistencia popular. “El problema central está en el lobby que llevan adelante funcionarios políticos y empresarios locales y nacionales para que esas empresas se instalen, es más fuerte el lobby que hacen muchísimas veces los dirigentes y funcionarios políticos que el lobby que ejerce la empresa para instalarse –contextualizó-. Debemos advertir estas cuestiones para tener en cuenta cuál es nuestro verdadero adversario”. En cuanto a la oposición a la minería Igón considera que no se trata sólo de una cuestión partidaria: “Dentro de Cambiemos hay gente que está a favor y gente que está en contra, dentro del FPV lo mismo”, dijo y luego subrayó que “hay que entender definitivamente que no es una cuestión político partidaria y que todos aquellos que hoy estamos en contra de que se instale la mega minería a cielo abierto tenemos que madurar, ponernos por encima de la situación y empezar a trazar lazos que hagan que la fuerza sea mayor a la hora de enfrentar a un gobierno que está avanzando deliberadamente a espaldas del pueblo y frente a los empresarios que claramente tienen intereses meramente comerciales, ni sociales ni ambientales”.
En Plaza de los Dos Congresos, ayer, el asambleísta Ceballos se refirió también a la visita de Aranguren, en febrero pasado, a Telsen, localidad chubutense donde se hizo una “cumbre minera” con intendentes de la provincia. “La presentación que hizo el ministro fue igual a la que leíamos en 2010, cuando nos venía a entregar los manuales y folletos la empresa Pan American Silver, que es quien tiene a su cargo el proyecto Navidad desde esa época”. A su lado Paula Carrizo, referente del movimiento por el No a la Mina, completó el panorama. “Nosotros como vecinos de Esquel sabemos que la minería no va a traer soluciones a los problemas económicos –aseveró-. Porque llevamos 15 años de lucha y de mantenernos informados. Pero la realidad es que hay puntos de la provincia en donde hay menos posibilidades de trabajo y les es más fácil instalar ese tipo de discursos. Por eso es importante que nos informemos entre nosotros y que también ocupemos espacios de difusión nacional para que gente que no vive en Chubut también esté enterada: en definitiva, se trata de un territorio que es de todos”.
