Especialistas, académicos e investigadores critican y rechazan el decreto presidencial que dispuso la intervención de Telam, Radio Nacional, TV Pública, entre otros medios. ¿Qué significa la amenaza de la privatización?

La soberanía del país está en jaque. Este lunes se publicó el decreto 117/2024 en el Boletín Oficial de la Nación, donde el Gobierno nacional oficializó la intervención de los medios públicos. La misma ya se encuentra activa en la agenda y se enmarca en un pretendido “reordenamiento” de empresas públicas. Aquí se ven afectadas la agencia de noticias Télam, Radio Nacional y Televisión (RTA) y Contenidos Públicos y la plataforma Educ.ar. El presidente Javier Milei puso a cargo de las empresas estatales al jefe de Gabinete Nicolás Posse, dándole plena facultad para reestructurar estas instituciones, desde el personal y directorio hasta en las estrategias de comunicación y contenidos.

Frente a este escenario surgen algunas interrogantes que algunos especialistas y protagonistas del tema comentaron a ANCCOM. “Los medios públicos son un símbolo de soberanía comunicacional y cultural, que han llevado la voz a cada rincón de nuestro país”, sostiene Daniela Rodríguez, trabajadora de Radio Nacional y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Rodríguez plantea que los medios públicos están presentes allí donde los medios privados no llegan, defendiendo la cultura incluso en las fronteras y teniendo un papel vital para las provincias argentinas. Son eslabones clave de la democracia que garantizan la pluralidad de ideas y voces. En este sentido Ezequiel Rivero, especialista en medios públicos y becario posdoctoral del CONICET, destaca la labor de canales temáticos como Encuentro, PakaPaka, y DeporTV y admite que la TV Pública enfrenta críticas que la acusan de parcialidad política, falta de independencia editorial, y gestión ineficaz de recursos públicos. Él mismo valida algunas de estas críticas e insiste en la urgencia de abordarlas para mejorar el desempeño de los medios estatales. No obstante, cree evidente que el actual gobierno utiliza estas debilidades como excusa para justificar la violencia institucional que ejerce mediante su intervención. Y señala que no existe un plan para el crecimiento o mejora de los medios estatales, sino más bien un interés en reestructurarlos, con vistas a una privatización o la entrega de ese patrimonio a otro tipo de negocios.

Por otro lado Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, explica que en 2015 la facultad hizo una medición de la calidad de la TV Pública a través de un conjunto de indicadores propuestos por la UNESCO pensados para analizar a de este tipo de emisoras. Allí se evaluaban gestión y programación entre otras cosas. El resultado de la misma fue muy bueno para el caso de Argentina. Sin embargo, hoy, nadie tiene en cuenta esta evaluación, señala Kejval. “Aquí lo que está puesto en cuestión es la propia existencia de los medios públicos, es decir, si el Estado argentino, sea el gobierno que sea, debe tenerlos”. Y sostiene que no se puede prescindir de medios que tienen la capacidad de llegar a todo el país son sus propias programaciones sin estar pendientes del mercado, con calidad educativa, y donde se expresan diversas voces, intereses y preocupaciones que quizás no son rentables necesariamente.

“Todos los Estados que el presidente dice emular tienen sus robustos medios públicos –afirma Kejval–. En todo caso, las medidas tendrían que enfocarse en robustecer estos medios y no desarmarlos o privatizarlos”.

Rodríguez destaca que la información no puede ni debe ser una mercancía que dependa de los intereses económicos de las diferentes empresas privadas. Para Rivero la privatización conduce a la conversión de los medios estatales en activos del sector privado de servicios audiovisuales, o peor aún del sector inmobiliario. “Están especulando con el valor de nuestros inmuebles donde están emplazadas la TV Pública, cada una de las emisoras de Radio Nacional y la planta transmisora de la radio”, expresa la delegada de ATE.

Kejval sigue la misma línea: “Esto es un plan económico de saqueo en el menor tiempo posible, saquear a nuestro pueblo de sus recursos”. E insiste en que la medida del Gobierno gestiona una apropiación privada de los grupos concentrados de ciertos recursos y un vaciamiento cultural de las herramientas que la sociedad tiene para ejercer sus derechos, ejercer la soberanía nacional y desarrollar pensamiento crítico y todo lo que hace mejor a un pueblo y nación.

“Los desafíos legales asociados a una privatización no representan un gran impedimento para un oficialismo que parece distanciarse de los principios republicanos”, expresa Rivero, que también se desempeña en el Centro de Investigación de Industrias Culturales, Políticas de Comunicación y Espacio Público (ICEP) de la Universidad de Quilmes (UNQ).

El oficialismo también señaló al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) como un obstáculo para que los argentinos tengan más conectividad y mejor acceso a servicios básicos como Internet en todo el país. Según Rivero, la intervención a esta institución no está relacionada con estas cuestiones: “El obstáculo desde la óptica oficialista no es el Enacom sino la presencia de representantes de otras fuerzas políticas en su directorio”, asevera.

En contraposición a lo que afirma el gobierno, el Enacom financió la mejora en la cobertura y calidad del servicio de internet a una variedad de proveedores de esta red en todo el país, sostuvo el programa de internet en barrios vulnerables y financió la conectividad de centros de salud primario y escuelas de todo el territorio, comenta Rodríguez, y agrega que esas acciones fueron fundamentales para las poblaciones más vulnerables. También advierte que siguiendo las medidas que desea el oficialismo no se podrá acceder a contenidos de calidad de forma gratuita.

Pospandemia se desarrollaron muchos programas relacionados al acceso y la conectividad. “En el libro Conectividad Popular damos cuenta acerca de cómo las políticas públicas permitieron el fortalecimiento y acompañamiento de redes comunitarias de internet y cooperativas de tal modo de que se pueda llegar a muchos lugares del país donde el mercado no llega, porque no le es rentable prestar el servicio”, cuenta Kejval y agrega que para ello fue y es fundamental el sostenimiento de la Red Federal de Fibra Óptica con activa participación del Estado que en este caso sería la Empresa Estatal Argentina de Telecomunicaciones (ARSAT).

Rivero cree que la intervención es innecesaria, ya que vuelve al organismo aún más dependiente del Poder Ejecutivo, que ahora puede vincularse con sectores económicos estratégicos como las telecomunicaciones, la conectividad y el audiovisual, de forma directa, discrecional y sin rendir cuentas.

Esta visión es compartida con el ámbito académico. La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (Redcom) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos) presentaron ante los legisladores una carta en contra del avance de las medidas del oficialismo. La misiva se encuentra firmada por César Arrueta, presidente de Fadeccos y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, y de Aixa Boeykens, presidenta de Redcom y decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Además obtuvo el apoyo de más de 50 carreras de instituciones públicas y privadas.

 El escrito advierte el daño que supone llevar a cabo las medidas que plantea el gobierno en materias de derecho a la comunicación, democracia y soberanía. También destaca que la historia de los medios públicos en nuestro país es inmensa y rica, siendo el sistema de medios públicos más grande y federal de América Latina. “Se quiere convencer a la sociedad argentina de que las privatizaciones y cierres significan un ahorro que beneficiará al país cuando ya se ha demostrado en diferentes oportunidades que los fondos en cuestión resultan nimios para el déficit fiscal”, se asevera en la carta, donde también se plantea que la intervención no es más que un capricho ideológico que busca dañar aquello que represente o pueda representar visiones antagónicas a la del capital concentrado.

Uno de los puntos del texto menciona la importancia de la Defensoría del Público. Kejval destaca tareas fundamentales que realiza esta institución: “Su papel es profundamente formativo y ha desarrollado una sensibilización con respecto al derecho a la comunicación”, explica, y cuenta que han hecho foco en las infancias, juventudes, migrantes, mujeres, salud mental, en definitiva, en las diversidades. Uno de sus trabajos fue el de elaborar materiales para la formación periodística con el fin de ejercer la profesión de una manera más respetuosa. Observación que Kejval considera clave, ya que uno de los lugares que históricamente ha estereotipado a muchos actores han sido los medios de comunicación. Su disolución, asevera, sería una enorme pérdida.

El objetivo final del Gobierno no está muy claro, pero sí es evidente que en la intervención de los medios estatales hay un interés económico y la posibilidad de anular la representación y eventual contrapeso de otras fuerzas políticas dentro del directorio, especialmente en el caso de Radio y Televisión Argentina S.E. “Si el gobierno de Macri se ocupó de bajarle el volumen a unos medios estatales que habían sonado fuerte durante el kirchnerismo, el de Milei tiene todos los condimentos para terminar de apagarlos”, expresa Rivero.

Mientras tanto, la realidad de los trabajadores de los medios es delicada. El escenario de los mismos oscila entre amenazas de cierre, despidos multitudinarios, difamaciones, sueldos congelados por decreto y todo esto con sólo dos meses de gobierno de Milei. “Nuestra realidad como trabajadores de medios públicos empeora día a día y mucho más rápido que durante cualquier otro gobierno neoliberal”, cierra Daniela Rodríguez.