Las televisoras comunitarias recusan a uno de los jueces invitados por Clarín a Lago Escondido

Las televisoras comunitarias recusan a uno de los jueces invitados por Clarín a Lago Escondido

El magistrado Pablo Cayssials debe fallar en una causa abierta contra el Grupo encabezado por Héctor Magnetto por desobedecer la ley que lo obliga a incluir a las señales comunitarias en la grilla del cable. Ya había sospechas de parcialidad.

La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) recusó, a través de una presentación realizada por el canal Barricada TV, al juez federal Pablo Cayssials luego de las filtraciones que lo involucran en el escándalo de los viajes a Lago Escondido. Actualmente, el magistrado se encuentra a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, el mismo despacho donde está radicada una causa que enfrenta a las televisoras comunitarias y el Grupo Clarín.  “No existe la imparcialidad en un Juez que mantiene un vínculo tan estrecho con la empresa contra la cual debería fallar”, señaló a ANCCOM Lucía Maccagno, integrante de Barricada TV y, por lo tanto, de la entidad que realizó el pedido de recusación.

CONTA requirió a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la separación del juez, toda vez que, en la información surgida en los últimos días, se revela el vínculo entre Cayssials y directivos del Grupo Clarín tales como Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom, y Jorge Rendo, Director de Asuntos Exteriores del Grupo. Los tres participaron de un viaje costeado por el Grupo Clarín a la estancia que el magnate Joe Lewis posee en Lago Escondido, junto a otros magistrados, exmiembros de la AFI y el ministro de Justicia porteño Marcelo D´Alessandro.

En el expediente en cuestión, el canal comunitario Barricada TV de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (32.1 de la TDA) demanda a los operadores de cable Telecom (Grupo Clarín) y Telecentro para que lo incorporen a sus grillas, tal como obliga una norma del ENACOM que les ordena transportar a todas las señales abiertas de cada localidad, que en el AMBA son tres: Barricada TV, Urbana y Comarca.  

Maccagno sostiene que “las cableras consideran inconstitucional a la normativa vigente y, con la complicidad del Poder Judicial que las apaña, mientras tanto no la cumplen”. Haciendo referencia a la filtración de chats que develaron las maniobras espurias para ocultar el viaje, agregó que espera que la difusión que se dio del tema en los últimos días contribuya con la separación de Cayssials del expediente.

Para la representante de Barricada TV, es importante que se logre el apartamiento del juez, aunque al mismo tiempo exige que quien ocupe su lugar resuelva favorablemente el litigio en favor del canal comunitario. “Solo exigimos que se cumpla la normativa vigente, lograr la inclusión en la grilla y poder encontrarnos con nuestra audiencia y seguir construyendo una comunicación soberana”, agregó.

En tanto, Milcíades Peña, Director de Urbana TV, sostiene que el reclamo iniciado por CONTA se fundamenta en lo que ya era evidente desde el inicio de la causa y es que el juez Cayssials actuaba con parcialidad manifiesta en favor de Telecom y agrega: “Para nosotros no es ninguna novedad su accionar, solamente quedó groseramente al descubierto. Cayssials debería dar un paso al costado por su propia cuenta.”

Para Peña, el accionar del magistrado es una muestra más de la impunidad del Grupo Clarín, avalada por el Poder Judicial. En esa dirección, menciona otro de los conflictos judiciales que la Coordinadora mantiene con Clarín y es el caso de Pares TV, señal que transmite los partidos de Luján y Flandria y que sufre un bloqueo por parte de la empresa Triesa S.A. (Clarín), a pesar de la vigencia de la Ley 26.522 que los habilita a difundir los eventos de forma gratuita.

Si bien se mostró optimista respecto al resultado de la recusación, Peña remarca la importancia de continuar dando batalla en el campo comunicacional más allá de lo que ocurra en el plano judicial. “Nuestra pelea es por la construcción de un sentido distinto al de los medios hegemónicos a través de la comunicación popular y comunitaria. Esa pelea también debe estar acompañada por políticas de Estado que la promuevan”, agregó. 

Diego Gusmerini, integrante de Pares TV, coincide en que no es sorpresiva la connivencia entre el juez y el Grupo Clarín. “Hace 15 días, Cayssials había rechazado toda la prueba presentada por Barricada TV sin ningún tipo de fundamento. La cuestión de los viajes a Lago Escondido no hizo más que exponer algo que ya sabíamos”.

El referente de Pares TV también hizo hincapié en la importancia de que los canales alternativos se incorporen a la grilla, tanto en el nivel de audiencia como en los ingresos económicos: “La incorporación es fundamental porque en nuestro país el cable se encuentra instalado en gran parte de los hogares. Asimismo, nuestros medios se mantienen mayormente a través de la publicidad y ese ingreso podría ser mayor si estamos dentro de la grilla”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro años de (in)comunicación macrista

Cuatro años de (in)comunicación macrista

A las pocas semanas del inicio del mandato actual gobierno, Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015, aprobado el 6 de abril de 2016, que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la Ley Argentina Digital (27.078). En este contexto, el jefe de gabinete Marcos Peña sentenció: “Hoy se termina la guerra contra el periodismo y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones”. Pero ¿a qué periodismo hacía referencia el funcionario? Los especialistas en la comunicación detallan las abrumadoras consecuencias en materia comunicacional de las políticas por acción y por omisión del macrismo y cómo el periodismo al que apuntó favorecer desde sus inicios hasta hoy se encuentra vinculado directamente con los medios más concentrados.

Una política presidencialista

La política comunicacional de Cambiemos se caracterizó por el uso abusivo del dictamen de DNUs y resoluciones, obturando de esta manera el debate público a cambio de decisiones tomadas directamente desde el Ejecutivo. En este marco, a su vez, el nombrado DNU 267/2015 disolvió los entes regulatorios sectoriales Afsca y Aftic creados a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y conformó, en su reemplazo, al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un ente dependiente totalmente del Poder Ejecutivo. Bernadette Calífano, Investigadora del CONICET, sostiene que la conformación del ente “contradice todos los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos” Y agregó: “Los miembros no requieren idoneidad en sus cargos, desaparece cierta representación federal, no es independiente, no tiene estabilidad en sus puestos y el presidente los puede remover por cualquier motivo y sin causa.”

Por otro lado, un acontecimiento de gran relevancia que denota el sesgo verticalista de la gestión oficialista fue la intervención de la Defensoría del Público Audiovisual (creada con la Ley 26.522) por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización,  presidida por el senador Eduardo Costa en septiembre de 2018. Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es ex Director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los motivos que lo llevaron a dejar su cargo fueron “la política de censura, el hostigamiento personal, el malestar y la incertidumbre laboral.” En su puesto, Marino recibió la directiva de no poder dar entrevistas sobre el trabajo de la Defensoría y le ofrecieron la renovación de su contrato por un mes. A partir de la intervención se nombró a Emilio Jesús Alonso como defensor a cargo, un hombre del que no se le conocen antecedentes en el rubro. Desde este momento, relata Marino, la Defensoría tomó un nuevo rumbo pese a que venía funcionando con relativa normalidad: se dejaron de hacer capacitaciones y audiencias públicas o se dilataron los períodos entre una y otra de manera notable.

Hernán Lombardi fue la cara visible de la política de medios de Cambiemos.

La concentración como norma

En conjunto con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se modificó la Ley Argentina Digital. En este sentido, Calífano explicó que “el mismo decreto modificó el hecho de que la televisión por cable fuera considerada en vez de un servicio audiovisual, un servicio de TIC, es decir, pasó a ser considerada dentro de Argentina Digital. Eso implica que a la televisión por cable no se le pueden aplicar todas las restricciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el límite en la cantidad de licencias, el porcentaje que la ley establecía como tope de mercado, las cuotas de programación sobre contenidos, etc.”

Por otro lado, la fusión Cablevisión Holding-Telecom marcó un hito difícil de revertir en materia de concentración. Este hecho se explica dentro de un contexto de políticas que avalan y fomentan la acumulación sin límites y sin regulación equitativa. Al respecto, Diego Rossi, investigador en políticas y planificación de la comunicación de la UBA detalló: “En audiovisual básicamente desatendieron a la Televisión Digital Abierta y avalaron los movimientos de los prestadores de televisión por cable. Estos prestadores quisieron avanzar en otros servicios: básicamente Internet, porque telefonía móvil les resultaba complicado ya que es una gran inversión. Salvo para uno de esos prestadores que es Cablevisión Fibertel, el cual venía dando Internet y avanza con la megafusión después de hacerse de espacio radioeléctrico a partir de la compra de Nextel.”

Los noticieros televisivos del fin de semana de la TV Pública fueron eliminados.

Hacia una convergencia impostora

La ansiada y admirada convergencia no se hizo notar en estos cuatro años de gestión. Si bien Cambiemos alza la bandera de la convergencia como rumbo al que hay que llegar y, de hecho, creó una comisión para redactar una Ley de Comunicaciones Convergentes, los proyectos en esta materia se vieron congelados y sin avances.

En este sentido, la conectividad en las escuelas públicas es una cuenta pendiente. Mariela Baladrón, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), dijo que “Cambiemos hizo un acuerdo para desarrollar un programa de pisos tecnológicos con escuelas donde se había entregado un monto muy alto (600 millones de pesos) para la primera parte de un programa que se entregó a educ.ar. Sin embargo, Enacom finalmente tuvo que suspender ese programa porque nunca se rindió cuenta de qué tipo de implementación se hizo o cómo avanzó ese programa.”

Por otra parte, Baladrón nombró el caso emblemático del desarrollo del Plan Conectar Igualdad. Este fue renombrado bajo la gestión macrista como Aprender Conectados y si bien las capacitaciones se mantuvieron en algunos casos, lo que marcó la diferencia fue la suspensión de la entrega de dispositivos. En este punto, la investigadora agregó que “en muchos lugares del país el único dispositivo de la familia era justamente la Netbook que se entregaba a los chicos que estaban en etapa escolar.”

Tras un fallo judicial, el gobierno debió reincorporar a los 354 trabajadores despdidos de Telam.

Soberanía satelital y medios públicos

La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) posee actualmente dos satélites geo-estacionarios: ARSAT-1 y ARSAT-2. Pese a que hacia fines del 2015 estaba planeada la creación del tercer satélite ARSAT-3 –pensado para abarcar todo el continente americano-, esta se vio definitivamente suspendida bajo la dirección del ex titular de ARSAT Rodrigo de Loredo. Baladrón explicó que “con la nueva gestión se empezó a autorizar a operar satélites extranjeros que entraban en competencia con los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 y no sólo eso sino que empezaron a operar satélites que directamente prestaban los servicios para lo que se estaba pensando el ARSAT-3.” Y agregó: “Esto es una forma de discontinuar totalmente una política pública de soberanía satelital que se venía llevando adelante con una empresa satelital propia.”

En cuanto a los medios públicos, a partir de la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos se sientan las bases para una concentración hacia el interior del Estado- Así,  distintos proyectos diferentes entre sí -Canal 7, Radio Nacional, Canal 12 de Trenque Lauquen, todos las emisoras que dependían del Ministerio de Educación y otros proyectos culturales como Tecnópolis, el CCK y demás- quedaron comprendidos bajo este nuevo espacio de carácter ministerial con sesgo presidencialista.

A su vez, los medios públicos han sufrido recortes presupuestarios extraordinarios. Según la Resolución 672/2019 el déficit operativo y financiero de la TV Pública y Radio Nacional para 2019 es de $3.860.773.784. Por otra parte, desde el inicio de la campaña, la agenda de los informativos viró hacia el oficialismo. “De los 880 cables publicados en la sección Política referidos a las elecciones generales, que la agencia [Télam] despachó desde el 7 de septiembre –inicio formal de la campaña- hasta el 7 de octubre, el 55% tiene como protagonista a algún referente de Juntos por el Cambio”, señaló Ezequiel Rivero, magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión de la UNQ y licenciado en Comunicación de la UNC. A esto se agrega el despido masivo de 354 trabajadores al interior de la agencia a mediados de 2018 bajo la gestión de Hernán Lombardi, que gracias a la lucha sindical y gremial de los trabajadores logró retrotraerse. “También se anularon los informativos de la TV Pública los fines de semana y se restringió la programación de Radio Nacional que dejó de transmitir programación propia y retransmite ahora programación de Buenos Aires”, agregó la investigadora cordobesa Daniela Monje.

El olvido de los medios comunitarios y de la federalización

La comunicación como algo que no es estrictamente comercial recién existe en Argentina desde 2005 y se termina de formalizar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. “En este período, los medios cooperativos y comunitarios dependen mucho de los fondos del Estado para poder funcionar. Entonces, la política de dilación que tuvo el gobierno con la entrega, la convocatoria a concursos y el pago de los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual (FOMECA) generó en algún momento la asfixia financiera de muchos actores de este sector que se mantenían básicamente con fondos concursables del Estado”, explicó Rivero.

“Además –agregó- se da la paradoja de que le toca a este gobierno que denostó a la Ley Audiovisual y que ignoró durante buena parte de su gestión a las radios comunitarias, al sector cooperativo y demás, ser el que finalmente otorga las primeras licencias definitivas a un montón de medios en los últimos meses. Es casi como un acto de hipocresía porque lo hacen sin haber hecho antes un plan técnico de ordenamiento del espectro radioeléctrico.”

Por otro lado existe una deuda actual e histórica en cuanto al federalismo de las políticas comunicacionales en Argentina. Ana Müller es docente de las cátedras Comunicación Popular y Alternativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta y se especializa en medios rurales. En diálogo con este medio nombró algunas de las dificultades que atraviesan las regiones que no son Buenos Aires. Muchos de los trámites y reclamos deben hacerse con domicilio en Buenos Aires y además tienen que iniciarse de manera virtual.

En este punto, Müller destaca un dato que recabaron desde el Relevamiento de Radios y Televisoras Comunitarias, Populares, Alternativas, Cooperativas y de Pueblos originarios de Argentina, realizado por la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP): “Hay un 10% de las radios y televisoras que actualmente en Argentina no tiene acceso a conectividad porque no existen redes en sus localidades o porque los costos son tan altos que es imposible acceder.” Y añadió: “Ningún ciudadano ni ciudadana de este país quiere solamente ser enunciado por medios de otros lugares que ni siquiera reconocen cuál es la situación de cada contexto. Todos queremos hablar con voz propia.”

Criminalizan a los medios de comunicación comunitarios

Criminalizan a los medios de comunicación comunitarios

 

Natalia Vinelli, la directora de Barricada TV, fue la primera en ser citada a declarar por la Fiscalía porteña.

Referentes sociales y trabajadores de prensa se manifestaron ayer frente al Ministerio Público Fiscal, en respaldo a Natalia Vinelli, la directora del canal comunitario Barricada TV,  quien junto al dirigente social Juan Grabois y otras personas fueron imputados judicialmente por una protesta realizada en diciembre pasado en la playa de estacionamiento de Canal 13, en reclamo de que el Grupo Clarín incluya a esa emisora en la grilla de Cablevisión.  La comunicadora fue la primera en ser citada por la Fiscalía porteña que investiga el caso.

“El Grupo Clarín es el que está atrás de esto”, dijo Vinelli al salir del organismo y encontrarse con un grupo de apoyo solidario que la esperaba sobre la calle Beruti al 3300 con la bandera que clamaba ‘Sin medios comunitarios no hay democracia’. “Es una causa ridícula, pero es importante sentirnos acompañados porque es difícil pararse frente al grupo de medios más importante del país a decirles ‘cumplan con la ley’, que es en definitiva lo que hicimos”, apuntó la comunicadora luego de haber realizado sus descargos.

Barricada TV tiene licencia desde 2015 y está habilitado para ser incluido en la grilla de los cableoperadores desde junio de 2018, pero Cablevision y Telecentro se niegan a darle el alta (en la misma situación se encuentra Pares TV, de Luján, otro canal comunitario que cuenta con licencia). Vinelli afirma que desconocen el argumento para que los canales no sean incluidos en la grilla, dado que las dos empresas se negaron sistemáticamente a concretar una reunión para abordar el tema.

Cablevisión y Telecentro se niegan a incluir a los canales comunitarios en sus grillas, tal como ordena la ley,

El 17 de diciembre, líderes sociales, políticos y de los medios comunitarios y alternativos acudieron a la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para protestar por la exclusión de esos canales de la grilla de los cableoperadores Telecentro y Cablevisión. Terminada la concentración en ese lugar, el grupo se dirigió a Canal 13 con el objetivo de visibilizar el conflicto y lograr un encuentro con directivos del Grupo.

La reunión no se pudo concretar a pesar de la gestión de algunos trabajadores del Canal y la Policía levantó un acta por una contravención que firmó Grabois, referente del movimiento Patria Grande y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). “Todos coinciden en que el hecho fue pacifico, que no hubo ningún problema, e incluso cuando llegó la Policía y les informó que el Canal quería que se retiraran, la movilización finalmente se desconcentró”, afirmó Martín Alderete, el abogado de Vinelli.

La semana pasada Vinelli fue sorprendida con una citación a declarar en una causa que tiene como carátula «Derecho de Admisión». “El canal hizo una denuncia en las fiscalías penales y contravencionales de la Ciudad y las fiscalías entendieron que existió una violación al Derecho de Admisión. Lo cierto es que ese artículo contravencional está pensado para locales cerrados donde el titular tiene la facultad de decidir quién no puede permanecer en ese lugar”, aclaró el abogado sobre el proceso.

Miembros de Pares TV, Radio Gráfica, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el dirigente social Juan Grabois también fueron denunciados por el Grupo Clarín.

La directora de Barricada TV fue la primera en ser citada a declarar en la causa que también están imputados Juan Grabois (CTEP); Omar Zanarini y José María Di Bello, de Radio Gráfica; Pablo Antonini, del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); y Tomás Eliaschev del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA). “Intentan forzar figuras penales para perseguir, deslegitimar y desacreditar a los referentes de las organizaciones populares”, dijo Alderete y finalizó: “No tiene ningún asidero legal la acusación que se les hace”.

“Nos encontramos frente a una gran empresa que tiene poder de veto, poder de regulación, que decide qué leyes cumple, qué leyes no. No quiere levantarnos en la grilla y es lo que dice la norma. No nos atienden y cuando vamos a protestar tampoco lo permiten. Necesitamos construir un mapa de medios que pueda contrapesar, limitar y terminar con la concentración porque si no la historia la van a seguir contando un grupo de empresas facinerosas”, declaró Vinelli a los comunicadores que se hicieron presentes.

Canal 13 basó su denuncia en “filmaciones de las cámaras de seguridad” y en “declaraciones de tres empleados y de un policía”. Pero, según Alderete, “acá no hay delito posible” porque en ningún momento se ingresó al Canal. “Les molesta la visibilidad publica de un reclamo en contra de ellos y frente a eso en vez de dialogar, en vez de cumplir con las disposiciones legales que tiene que cumplir lo que hace es denunciar para tratar de desacreditar a los que reclaman”.

La Fiscalía deberá citar a declarar al resto de los imputados para continuar con el proceso. “Veremos cómo sigue esto. Es un hito más, estamos acostumbrados a que se intente criminalizar a los luchadores y las luchadores populares”, dijo Alderete. En tanto, Vinelli afirmó: “Tenemos que fortalecer y hacer crecer los medios populares, es fundamental profundizar en las conquistas que nosotros y nosotras obtuvimos. La defensa del 33 por ciento del espectro para los medios comunitarios, alternativos y autogestivos está más vigente que nunca”.

 

Medios comunitarios porteños: desfinanciados y apercibidos

Medios comunitarios porteños: desfinanciados y apercibidos

A medida  que avanzan los ajustes en el país, sus consecuencias afectan, cada vez más, a  los medios comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Golpeados por un recorte de la pauta publicitaria en febrero, un grupo de ellos, además, recibió una serie de apercibimientos por parte de las autoridades, ante lo cual denunciaron una “persecución política”.

 En febrero del 2018 el subsecretario de Comunicación Social del Gobierno porteño,  Máximo Merchensky, firmó la resolución 813, la cual rebajó en un 19 por ciento la pauta publicitaria que corresponde a los medios vecinales,  de acuerdo con la ley 2587 sancionada hace más de diez años, y afectó la forma de calcular el monto que se debía otorgar a aquellos medios. Mientras que el valor antes correspondía a un porcentaje del valor de la página 7 del diario de mayor tirada de la ciudad- en este caso Clarín- la resolución cambió  la forma de cálculo.

“En un país que está proyectando una inflación mayor al 35%, nos estaban disminuyendo el precio de la pauta en un 20%, eso afecta en el sostenimiento de nuestros programas, de los periódicos barriales, las páginas web y hasta incluso el registro de medios cuenta con un canal de televisión, Barricada TV. Los 269 medios, cada uno en la proporción que le corresponde, vieron afectado el valor de la pauta que recibía mes a mes. De alguna manera, un corte como ese es una de las maneras de desfinanciamiento”, afirma Maximiliano Diomedi de FM La Tribu.

Como agravante a este recorte, en agosto de este año, el Registro de Medios Vecinales- creado por la Ley 2587- dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  apercibió a 39 producciones radiofónicas, la mayoría pertenecientes a radios comunitarias.

Un apercibimiento corresponde a una advertencia, informando que no se está cumpliendo la ley. Mientras que el apercibimiento es el primer paso, si se continúa incumpliendo los pasos siguientes serían la suspensión y la tercera instancia una expulsión del registro. Esto además afecta a la hora de inscribirse al registro -entre junio y agosto de cada año- ya que no se sabe si ese apercibimiento va a ser utilizado como justificación para no entrar al registro del 2019.

“Entonces lo que nos preocupa más que el apercibimiento en sí mismo, es un incremento del avance que estamos viendo, primero la rebaja, después los apercibimientos y después no queremos que nos digan que 15 medios quedan afuera”, expresa Fernando Tebele de FM La Retaguardia, una de las emisoras  apercibidas por uno de sus programas.

Entre las razones de esas medidas se encuentran la supuesta falta de contenido propio o vinculado a la Ciudad de Buenos Aires. Las radios afectadas denuncian la arbitrariedad con la que se realizaron estas medidas y la injusticia de la evaluación que determinó esa sanción.

“Cuando nosotros pedimos los expedientes, nos dimos cuenta que los que habían evaluado lo habían hecho de una manera injusta. De un programa de cuatro horas, habían escuchado una hora y de un programa que se transmite de lunes a viernes lo habían escuchado únicamente un día. No había criterio. Es injusto porque nosotros cumplimos de sobremanera”,  afirma Lucas Molinari de Radio Gráfica, otra de las emisoras intimadas por el gobierno porteño.

Las radios afectadas denuncian la arbitrariedad con la que se realizaron estas medidas y la injusticia de la evaluación que determinó esa sanción.

Por su parte, Diomede, de La Tribu, también afectada por el apercibimiento, expresa: “Un 90 % de la producción es propia y un gran porcentaje tiene que ver con cosas que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas porque tenemos un vínculo con los barrios, las comunas, los centros culturales que es muy fuerte. Nosotros visibilizamos un montón de conflictos de la Ciudad, que los grandes medios no toman, eso es lo que hace importante también el rol nuestro y nuestro vínculo con el barrio.”

Por estas razones, los medios radiales afirman que se trata de un tema de persecución política, ya que la mayoría de los apercibidos eran radios comunitarias y eran los que estaban de alguna manera construyendo la protesta por la baja de la pauta publicitaria. Por su parte, la Justicia determinó este lunes 13 de agosto, a través de un fallo del juez Guillermo Scheibler, la suspensión de los efectos de la resolución  813.

Martín Bustamante, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, explica los argumentos de la cautelar impulsada por el juez Scheibler. “En primer lugar el gobierno no se ajustó al principio de jerarquía normativa, ya que una resolución no puede modificar una ley, que tiene un rango más elevado”. También afirma que “se afecta a la libertad de expresión y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, justamente porque la comunicación es un derecho humano. Por último, se lesionan los derechos culturales reconocidos en el Artículo 32 de la Constitución de la Ciudad y en la Ley 2176,  que afirma que hay que proteger a los medios vecinales y que su sustentabilidad está garantizada por la ley de medios vecinales”.

Después  de la denuncia de persecución política realizada ayer, según los integrantes de las emisoras comunitarias, el subsecretario Merchensky se comprometió a evaluar algunos casos puntuales y,  si esos estuvieron mal sancionados, prometió dejar sin efecto la medida, además de revisar el resto de las situaciones.

 

Sin aire

Sin aire

Febrero de 2017. Al estudio de FM Ocupas 88.3, ubicado en el Barrio Cuatro Vientos, de Moreno, llegan miembros del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informando que deben cerrar la transmisión en tres días si no encuentran una solución a una interferencia que, según las autoridades, mantiene con la señal establecida para el aeródromo de Moreno. La organización que lleva adelante el proyecto presenta un informe técnico y puede retomar su actividad. Febrero de 2018. Aquel organismo del Estado nacional vuelve a la carga, señala que la radio no dispone de ningún papel que avale su condición de medio comunitario y así llega el cierre de las emisiones radiofónicas.

Mariano Sánchez, 34 años y director de la radio dice: “El reclamo del Enacom no tiene justificación porque nosotros disponemos de papeles que confirman lo contrario y salimos sobreseídos de la causa”. Por su parte, Susana Rubino, de 57 años y coordinadora de  la radio declara: “Nos hicieron cerrar sin darnos explicación, sin ningún motivo, sólo nos advirtieron que si no cumplíamos con sus condiciones desmantelarían el equipamiento de la radio”.

FM Ocupas, una radio integrada por personas con discapacidad, se había presentado al empadronamiento realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante el gobierno anterior, como gesto para mostrar su voluntad de ser reconocida.

Actualmente, FM Ocupas ofrece una transmisión de radio desde su página web (www.fmocupas.com.ar). Sin embargo, como señala su administradora Marta Rombola muchas personas que antes podían tener una comunicación directa con ellos, con la clausura, se encuentran excluidas a causa de no tener internet. Ismael Vera, miembro y cocinero de la organización, comenta: “Intentamos solventar los gastos de la radio, haciendo actividades como rifas entre los vecinos, y también animamos a los chicos para que no se preocupen por la situación y seguimos adelante”.

Mariano Sánchez aclara que la lucha que enfrenta a la radio con ENACOM, ha impedido que pudieran soportar los gastos de manera regular, y que como el equipo de FM Ocupas siempre ha tenido un perfil comunitario, nunca han emprendido sus actividades para generar dinero. Diego Tassi,  colaborador en el área de prensa, cuenta que “no estar en el aire repercute en un montón de cuestiones, por lo que tenemos que planear ciertas estrategias para poder seguir creciendo”.

En relación a estas estrategias, los miembros de la radio disponen de abogados para establecer sus asuntos legales,  y visualizar el caso para que ninguna otra radio de Argentina tenga que pasar por ésta situación. También cuentan con el apoyo de  la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO) , entidad que ayuda a emprender nuevas estrategias para seguir adelante con la reapertura de la emisora. Suárez explica otros métodos para impulsar el reclamo: “Fuimos a ENACOM a hacer una radio abierta, establecimos una asamblea en la locación de la radio, y fuimos a la Legislatura”.

Los integrantes comprometidos con el restablecimiento de la radio expresan que las  problemáticas que enfrentan no sólo implican al cierre injusto de su transmisión, sino que  además afectan derechos de los chicos con discapacidad. La problemática de la radio por la clausura ha tenido el apoyo de medios comunitarios de la provincia y del país. También, muchas instituciones públicas, como escuelas y universidades, han expuesto en sus propios medios, el reclamo por el restablecimiento de la transmisión de FM Ocupas. Una radio que sólo busca ayudar a la comunidad y brinda apoyo a los chicos que concurren con entusiasmo, todos los días para expresarse libremente. Y que desde hace meses lucha para recuperar su aire.